Jorge Rey Valzacchi: La liberalización de la educación superior y el GATS

Jorge Rey Valzacchi: La liberalización de la educación superior y el GATS

Hay temas que, con sólo nombrarlos, generan posiciones contrapuestas y en muchos casos irreconciliables. El que nos ocupa es uno de éstos: la comercialización de los servicios educativos, en especial el segmento de la educación superior, dentro del Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS, por su sigla en inglés) bajo el auspicio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La comercialización de estos servicios supone una industria aproximada a los mil millones de dólares (esto es lo que está en juego realmente), e incluye cuatro puntos específicos: a) la captación de estudiantes internacionales, b) el establecimiento de campus universitarios en el extranjero, c) la prestación de servicios mediante franquicias, y d) el aprendizaje a través de Internet.

Surgido en la Ronda de Uruguay en 1995, el GATS incluye doce campos a considerar y negociar entre los países: administración, computación, comunicaciones, construcción, distribución, educación, ambientales, financieros, salud, turismo, cultura, transporte y otros no incluidos. La educación pasó "desapercibida hasta" 1998. Desde entonces, y en función de los avances que se van estableciendo en las rondas de negociaciones (que preveen su finalización en enero de 2005), "apocalípticos e integrados" han hecho conocer sus posiciones al respecto: en tanto los primeros sostienen que la educación superior es un "bien público" y una función ineludible del gobierno, que no debe ser comercializado, ya que permitirá a proveedores extranjeros la captación de los mejores estudiantes y los programas más lucrativos, y eventualmente socavaría la cultura nacional del país; los segundos sostienen que una mayor cantidad de proveedores aseguraría un crecimiento acelerado y acceso a los mejores programas, en especial en aquellos países con poco desarrollo en esta área.

Lo cierto es que, independientemente de las posturas, las innovaciones tecnológicas han abierto un campo totalmente nuevo, como el de la educación virtual, que cambia sustancialmente las formas de impartir educación en su sentido más amplio.

En los últimos años han aparecido nuevos proveedores (las universidades corporativas son un claro ejemplo de esto, véase nuestro Editorial Nro.24) que ofrecen sus "servicios educativos" más allá de cualquier frontera física. En contraposición a este avance, algunos gobiernos (presionados por las universidades "tradicionales") están levantando "barreras" para dificultar este tipo de comercio.

Más allá de los países y sus banderas, es claro que las universidades no quieren perder un ápice en su histórica hegemonía en sus respectivos países en el aspecto de la certificación, y que cualquier negociación sólo puede ser hecha entre las propias universidades de distintos países, como actualmente sucede, sin necesidad de la intervención del GATS. De hecho, la comercialización de la educación entre universidades existe desde hace muchos años. Por eso no extraña que las Asociaciones de Universidades de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, no estén de acuerdo con esta liberalización del sector educativo de la educación superior, aún cuando los representantes de sus países sí lo estén (ver al respecto la Declaración Conjunta sobre la Educación Superior).

En el otro extremo, y haciendo un fuerte lobby, se encuentran los nuevos proveedores de una pujante industria como la del e-Learning, conformando una gran maraña en la que se confunden los idóneos con los improvisados y oportunistas. En tanto no se produzca una natural decantación entre ellos, la mala imagen de algunos contagiará a otros.

A nivel de países, como en toda negociación, se necesitan negociadores idóneos para que ambas partes ganen y se sientan satisfechas con los resultados. En algunas áreas, como el comercio de alimentos, los países de Latinoamérica han sido sumamente permisivos para la entrada de productos extranjeros, en tanto que países con gran desarrollo y una mentalidad muy liberal para la exportación (como Estados Unidos o Francia) son enormemente proteccionistas a la hora de la importación. ¿Ocurrirá lo propio en el campo educativo?

Hay otras preguntas que también merecen atención:

a) El hecho de que eventualmente exista una cantidad considerable de proveedores extranjeros, ¿exime al gobierno de financiar la educación pública?

b) Las nuevas camadas de alumnos, ¿se manejarán por la demanda del mercado y los cursos ofrecidos, o por las "certificaciones" que aprueben los gobiernos?

c) Se habla también de que la intromisión de proveedores privados mellaría la calidad de la educación, pero ¿está garantizado ese nivel de excelencia en las universidades públicas de Latinoamérica en la actualidad?

d) ¿La soberanía y los valores culturales de un país están en un Master en Diseño Gráfico impartido por un proveedor de otro país?

En definitiva, lo importante es que los educadores conozcan fehacientemente cuál sería el impacto de la liberalización del servicio educativo en la educación superior, a fin de poder determinar con certeza cuáles son los beneficios y cuáles las amenazas que podrían establecerse con un modelo como el propuesto por el GATS.

El debate está abierto, y es importante que próximamente, en cada país, se establezcan espacios de discusión entre los actores principales, a fin de lograr una política que favorezca a los ciudadanos. No seamos ni lo suficientemente inocentes como para pensar que esta liberalización está pensada "para ayudar a los menos desarrollados", ni lo decididamente obtusos como para rechazar de plano cualquier posibilidad de cambio.

(Editorial de la revista Magazine de Horizonte Nº 37, diciembre de 2002)