Andalucía: El reparto no es lo que importa

Andalucía: El reparto no es lo que importa

El nuevo modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas, que regirá sus cuentas hasta 2011, es pionero en España, ya que anticipa el sistema de pago en función de resultados que quiere imponer el MEC en el resto del territorio. Sin embargo, y a pesar de que esta innovadora propuesta de dar más dinero público a las universidades más productivas o competitivas ha estado en el punto de mira de muchos medios de comunicación, lo que de verdad ha centrado –e incluso enconado– el debate entre rectores y Junta de Andalucía no ha sido el cambio de modelo sino la cifra global; es decir, el techo financiero al que estaba dispuesto a llegar la Consejería de Innovación para 2011.

Dos reuniones previas y una larga cena el pasado jueves en Sevilla, a la que asistieron los diez rectores y el consejero Francisco Vallejo, fueron suficientes para alcanzar el consenso. El pulso fue ganado por los rectores, quienes consiguieron que la Junta aumentase su primera oferta en un 10 por ciento. La propuesta inicial de financiación para el periodo 2007-2011 fijaba la cota máxima a aportar por el Gobierno autonómico en el 0,96 por ciento del PIB, exactamente en el mismo porcentaje que la Junta afirma otorgar ya en 2006 a las universidades. Al final de la noche, el trato acabó por cerrarse en el 1,05 por ciento del PIB para dentro de cinco años.

Se sellaron así las protestas de los rectores, quienes en los últimos meses habían reiterado en diversos foros que la Junta no había alcanzado en 2006 el objetivo del 0,96 sino que se había quedado en el 0,82. La razón de este incumplimiento, aseguraban, estaba en el crecimiento del PIB andaluz por encima de las previsiones hechas por la Junta desde el año 2002, lo que habría llevado a moderar el aumento de los presupuestos universitarios, fondos que, sin embargo, se han duplicado en cinco años, pasando de los 607 millones de euros de 2001 a los 1.270 de 2006.

Además, los rectores consiguieron inmortalizar negro sobre blanco, con la rúbrica del propio presidente Manuel Chaves, el cotizado objetivo del 1,5 por ciento del PIB para financiación universitaria en 2011, una cota, recomendada por la UE, que habían declarado como "irrenunciable". En virtud del acuerdo, la diferencia entre el 1,05 y el 1,5 del PIB deberá ser aportada por las propias universidades a través de contratos con empresas, tasas de matrícula y proyectos de investigación financiados por otros organismos, públicos y privados, como el MEC o la UE. De este modo, la Junta se ocupará del 70 por ciento del ansiado 1,5 del PIB en 2011 y el 30 por ciento restante será responsabilidad de las propias universidades. ¿Es este un objetivo alcanzable? El rector de Cádiz ha manifestado ya sus dudas, alegando las particularidades de su universidad, diseminada en cuatro campus, para justificarlas. Otras universidades lo tendrán aún más difícil pues su cuota de ingresos propios no llega en la actualidad al 12 por ciento. Situación que contrasta con las que han hecho los deberes y cuentan con una posición de partida cercana al 20 por ciento marcado como objetivo por la Junta para 2006.

El debate sobre el nuevo modelo presupuestario en función de la calidad, el mérito y el esfuerzo de profesores, alumnos y de la universidad quedó en un segundo plano una vez cerrado el gran tema del 1,5 por ciento. A los rectores no les cogió por sorpresa un cambio de modelo que fue avanzado por Vallejo en una sesión parlamentaria del pasado mayo sin que nadie diese la voz de alarma.

Los términos que se barajan en la actualidad vinculan entre un 25 y un 30 por ciento de la aportación de la Junta a la consecución de unos objetivos de calidad en la formación, la investigación y la innovación, que se medirán con indicadores por concretar. Con la negociación aún por cerrar, queda claro que ninguna universidad se quedará a cero en este capítulo, ya que entre los indicadores se incluyen algunos –número de materias troncales, el coste medio del profesorado a tiempo completo y gastos del PAS– en las que todas sumarán puntos.

Así las cosas, y dado que el compromiso de la Junta es que todas las universidades reciban al menos lo que ya tienen asignado en 2006 más el aumento relativo al IPC, lo que falta del reparto de la tarta no será tan decisivo. Las universidades ganarán más o menos, pero no perderán. Las que cumplan con los baremos –algunos tan llamativos como el número de egresados que encuentran trabajo en su campo o la valoración que los alumnos hacen de sus profesores– cobrarán más. Todavía hay que ver cuánto.

Diario de Cádiz, 04/10/06

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