Alfonso Conde Cotes: El rumbo de la universidad pública

Colombia
Alfonso Conde Cotes: El rumbo de la universidad pública

“La universidad... cumple un papel decisivo en el fortalecimiento del fundamento esencial de la sociedad que no es otro que la vida, por eso, cuando ella se dedica y dirige sus esfuerzos a objetivos distintos al perfeccionamiento de la vida, como por ejemplo a la imposición de la técnica como objetivo último en el mundo de la modernidad, « universidad acrítica » ella se desdibuja, pierde su razón de ser”

Corte Constitucional, Sentencia Nº C-220/97,VI Consideraciones de la Corte

¡Se compran y se venden los derechos ciudadanos!

El neoliberalismo imperante ha convertido en mercancías aquellos bienes y servicios necesarios para la vida individual y colectiva. La educación superior, que amerita cada día más el calificativo de indispensable y constituye un derecho ciudadano reconocido por la constitución colombiana, no escapa a este tratamiento mercantil bajo el gobierno de Uribe Vélez con el beneplácito de los negociantes que buscan su lucro a partir de las necesidades humanas y sociales. Al fin y al cabo, un negocio potencial de $5 billones anuales en ventas no es, en absoluto, despreciable.

El tratamiento no es fruto de la inventiva nacional. Se trata de una concepción incubada por aquellos acumuladores trasnacionales y nacionales de capital que, ante la disminución del ritmo de creación mundial de riqueza, buscan nuevas fuentes de lucro entre aquellos bienes y servicios de consumo necesario para la población. Gobiernos como el colombiano simplemente acatan y apoyan, sumisos, el mandato del capital. Para eso los hicieron elegir.

La garantía de un mercado libre sin distorsiones exige la eliminación de los “subsidios” a la oferta, léase financiación estatal a la universidad pública; por eso se plantea desde las esferas oficiales la reducción paulatina de los aportes gubernamentales, que deberán ceder paso al cobro de la mercancía en su valor real y a la búsqueda, en las instituciones estatales, de fuentes alternas de financiación.

Como una garantía para los comerciantes de la educación el gobierno nacional ahora facilita el estudio del mercado del producto: se institucionalizó el Observatorio Laboral (¿hay o no hay mercado para una profesión y para los egresados de una institución?) creado por la ley del Plan de Desarrollo, cuyo concepto resulta ser la base para la acreditación de cualquier programa académico; el contenido deberá ajustarse a las normas que identifican el producto en el mercado globalizado, sin lugar a la aplicación del concepto constitucional de autonomía académica. La verificación del cumplimiento de los estándares se realiza por medio de los exámenes llamados ECAES que administra el ICFES, versión nueva del ICONTEC para el negocio universitario.

Consecuencias de la mercantilización de la educación superior

La primera consecuencia de tal tratamiento es la negación del derecho para aquellos ciudadanos que no puedan financiarlo. La educación-mercancía sólo podrá ser adquirida por quién, además de demandarla y tener capacidad para recibirla, cuente con recursos suficientes para comprarla. El ofrecimiento gubernamental del llamado subsidio a la demanda (créditos blandos para cubrir los costos de matrícula) no es más que el intento de generalización de la intermediación del sector financiero para “facilitar” la adquisición del derecho, es decir, para acrecentar sus costos con aquellos de tal intermediación mientras se reduce de manera gradual la destinación de recursos del Estado al sostenimiento de la universidad pública.

La segunda consecuencia del nuevo tratamiento es su efecto sobre la calidad de la educación superior: se quiere imponer, al igual que para cualquier mercancía, el criterio de máxima rentabilidad, que incluye la minimización de los costos de producción con la única restricción del cumplimiento de una calidad aceptable para el mercado. La competencia en un mercado libre obliga a la imposición de ese criterio. El tratamiento conduce, y esta afirmación se desarrolla a continuación, a una drástica reducción general de la calidad de la formación universitaria.

La pregunta natural es entonces ¿Cuál es esa calidad mínima aceptable? La respuesta a ese interrogante pasa por la discusión de la concepción de universidad que deba aplicarse en nuestro medio.

¿Para qué es la universidad?

Circulan al menos tres versiones en debate acerca del objetivo de la educación superior:

  • Capacitación individual para el mercado laboral
  • Generación de conocimientos
  • Formación de capacidad individual y colectiva de transformación

Capacitación para el mercado laboral

La primera concepción de objetivo, que equipara la universidad a un instituto de capacitación en artes y oficios, parece ser la dominante entre los funcionarios de gobierno y entre algunos directivos universitarios impuestos de manera ilegítima por el mismo. Según ella, la institución debe “enseñar” lo requerido por el oficio para el cual se prepara ese individuo o esa herramienta de trabajo; aquello que se aparte de este adiestramiento es superfluo y debe por tanto ser excluido del currículo. Lo importante no es el ser humano y el desarrollo de su potencial sino su posibilidad de inserción en el mercado del trabajo.

Es claro que para el cumplimiento de esta función no se requieren académicos dedicados a la labor universitaria, de aquellos que concursan por esa opción de vida según su formación y sus méritos; bastan aquellos que, a destajo, ofrecen servicios de instrucción. Así se viene reduciendo la planta de académicos en las universidades públicas colombianas para reemplazarlos con personal temporal, de libre nombramiento y contrato por períodos semestrales.

Para esta función se considera válida la formación a distancia y el uso de los actuales medios de comunicación; al fin y al cabo se trata de garantizar respuestas uniformes a preguntas siempre iguales para construir herramientas confiables, como aquellas requeridas en las operaciones de maquila. La imaginación, la crítica y la creación son importantes, tal vez, pero en otras esferas.

El adiestramiento a distancia, vía Internet, cuenta además con la característica de sus bajos costos en relación con los actuales de la formación universitaria, siendo así factible la ampliación del mercado potencial de la nueva mercancía una vez se generalice su aceptación como “educación superior”, es decir, como el nuevo “estándar de calidad”.

Esa norma o “estándar de calidad” es siempre impuesta por el proveedor más poderoso y en el caso que nos ocupa, él afirma (EEUU) y lo recogen y repiten funcionarios de gobierno y rectores universitarios, que en Colombia “se enseña demasiado”. Ya los áulicos de los mercantilizadores de la educación superior, como Marco Palacios, ex-rector de la Universidad Nacional de Colombia, y sus sucesores, trabajan acuciosamente para adecuar las universidades colombianas a este esquema. La reducción de los créditos académicos y del tiempo de estudios transita por ese camino.

Generación de conocimientos

Esta segunda visión, sostenida por algunos universitarios y utilizada complementariamente en el discurso por otros del grupo anterior con el fin de enmascarar su posición aniquiladora de la universidad, deshumaniza también la educación superior al establecer su centro no en el ser humano sino en el conocimiento como producto.

Los institutos de investigación, que pueden o no formar parte de la estructura de una universidad, tienen como objetivo el conocimiento. Se organizan con ese fin e incluyen en su nómina individuos de formación académica diversa, aquellos útiles para el cumplimiento del objetivo. Pueden incluir, y en efecto incluyen en la mayoría de los casos, estudiantes y profesores universitarios, los unos como auxiliares de investigación y los otros, por su formación, como orientadores fundamentales de la tarea de generación de conocimientos.

La universidad, de otra parte, se estructura de manera ineficiente para esa labor de generación de conocimientos que también tiene que desarrollar pero no como su objetivo fundamental sino como parte del currículo en la formación de capacidad creativa. La mayor parte de su trabajo se dirige a la formación de jóvenes y adultos y otra, menor, a las labores concretas de investigación o divulgación a la comunidad. Ella investiga por cuanto debe contribuir a formar capacidad de creación.

Formación de capacidad individual y colectiva de transformación

¿Qué debe ser entonces la universidad pública?

Ante todo, y no es una perogrullada por cuanto forma parte del debate actual, debe ser una entidad educativa. Ello significa que el objetivo central de su labor es el ser humano y su potencial de desarrollo como individuo y como partícipe de una colectividad. No es entonces la creación de conocimiento la misión esencial de una universidad, como sí lo es para un instituto o centro de investigación.

En segundo término, es una entidad educativa superior. Ello significa que más allá de instruir o adiestrar, tiene la misión de contribuir a la construcción de la capacidad individual y colectiva de transformación y creación. Para el cumplimiento de esta tarea presenta y cuestiona el conocimiento y su evolución, los métodos para su construcción y realiza, además como tarea de primera magnitud, la práctica, el laboratorio de la creación; es decir, realiza labor investigativa como actividad formativa de la capacidad de creación, cuyo producto: el conocimiento, es sin duda un derivado fundamental. Así, la formación para la transformación es prioritaria y el conocimiento generado en cumplimiento de esa tarea es su subproducto. En desarrollo de la actividad referida, y dada la división del conocimiento en áreas por la incapacidad humana de abarcarlo todo, la universidad capacita para el ejercicio de profesiones.

La universidad no reconoce la existencia de dogma o verdad última puesto que todo conocimiento es, al menos, perfectible, y por tanto tampoco reconoce a sus eventuales “poseedores”. Sólo la realidad, el conocimiento, la razón y el debate son criterios que orientan su accionar. Por ello requiere AUTONOMÍA entendida como la capacidad colectiva de autodeterminación y DEMOCRACIA como método para la adopción de hipótesis de trabajo y porque, debiendo formar para ella, no puede hacerlo en medio de su negación.

En tercer lugar, se trata de una institución estatal, creada y sostenida con el aporte de toda la sociedad. Ello significa que su labor debe tener un norte claro: aquel que represente el beneficio de la sociedad. Para esta labor es requisito el conocimiento de la misma sociedad, de su historia, de sus problemas y posibilidades y sus expectativas. Lo último obliga al debate permanente sobre alternativas de orientación del colectivo, desde la cátedra, el programa, la Facultad, la Sede y la Universidad, sin negar los espacios, más bien estimulando la discusión espontánea o programada por dentro y por fuera de los ámbitos anotados.

Lo anterior incluye a la misma institución estatal como objeto de debate permanente en la búsqueda de la orientación que se deba adoptar como hipótesis de trabajo. Excluye la injerencia definitoria del “iluminado” poseedor de la “verdad”, dotado a veces de espurio poder formal, que se crea con derecho a decidir, por encima de todos, el futuro del colectivo.

En cuarto lugar, el sistema de universidades públicas es un ente estatal del orden nacional. Debe por tanto enfocarse hacia el beneficio de toda la Nación. La universidad pública existe en relación con la Nación y debe conocer su realidad para contribuir a su transformación.

La realidad indica una muy alta y creciente concentración de la riqueza, unos índices de pobreza e indigencia alarmantes, niveles de desempleo, subempleo e informalidad en aumento, una producción industrial y agropecuaria per capita decadente desde comienzos del 90, un afán por mercantilizar las necesidades humanas, incluida la misma educación, un individualismo general que hace caso omiso de la opinión y necesidades de los otros, una sociedad que se transforma aceleradamente en una suma inconexa de individuos, una democracia cada vez más restringida, la criminalización de la inconformidad, y una prioridad excluyente: el beneficio del capital rentista nacional e internacional.

Frente a esa realidad y para contribuir a su modificación sustancial tiene que actuar la universidad pública. No se trata de insertarla dentro del mercado globalizado de la nueva mercancía de alta rentabilidad: la educación superior, para lo cual se adoptan los estándares académicos de otras latitudes como lo ordena a los entes “autónomos” universitarios el Decreto 2566/03 y se verifica el cumplimiento de las “normas de calidad” del producto por medio de su examen (ECAES). Se trata de estimular realmente el pensamiento crítico que se origina a partir del pensamiento científico en todas las áreas del conocimiento; de orientar la labor académica hacia la transformación de la realidad, incluidos aquellos laboratorios de creatividad que hoy se quieren suprimir por “ineficientes”; de permitir y estimular la posibilidad de creación en todos los niveles y áreas de la educación superior; se trata de estimular la democracia interna, si se quiere formar para ella como requiere la Nación. No se concibe entonces la propuesta de enseñar a hacer para después, y solo para algunos privilegiados, enseñar a pensar. No se concibe que la universidad se plantee la formación actual como un exceso de “entrega” de conocimientos y presente la decisión de restringir el tiempo de labor académica. No se concibe el tránsito institucional hacia un centro de formación para el trabajo y el abandono de su meta real: la educación superior pública.

La universidad pública a construir

Sobre la base de lo expuesto, la universidad pública que le sirve a este país debería contar con algunas características esenciales:

  • su objetivo fundamental debe ser la construcción de la capacidad individual y colectiva de crítica y transformación; en ese camino debe generar conocimientos y capacitar para el ejercicio de profesiones;
    para lo anterior presenta y debate el conocimiento, su evolución y el método para su construcción; la investigación es parte fundamental del currículo en el camino de formar capacidad de creación;
  • debe ser plural; es decir, admitir en su seno todas las vías razonadas de aproximación al conocimiento del mundo, en el reconocimiento de la ausencia de la verdad absoluta y de la presencia del proceso de su construcción;
  • en desarrollo de lo anterior debe institucionalizar la libertad de cátedra que permita la confrontación de las ideas, sin restricciones diferentes a aquellas que impone la razón;
  • debe operar basada en la autodeterminación colectiva como consecuencia del reconocimiento de la ausencia de la verdad y de la inexistencia de sus poseedores; la autonomía será entonces ejercida por los actores fundamentales de la educación superior: los universitarios;
  • como método para la adopción de políticas y planes debe operar en la democracia si quiere, además, formar para ella;
  • como institución creada por la sociedad, para su servicio, debe conocer la nación y la región y enfocar su atención hacia su transformación en favor de la colectividad;
  • su sostenimiento y desarrollo debe lograrse con recursos provenientes de toda la sociedad, a través del Estado, receptora de los beneficios de la actividad formativa y creadora; no corresponde a la universidad la generación de recursos para su funcionamiento ni el cobro al estudiante de los costos del servicio por cuanto la sociedad, a través de los impuestos, ya ha cubierto el costo del derecho a la formación y al conocimiento;
  • por su origen y su fuente de sostenimiento debe estar sujeta a control social;
  • su cobertura debe ser universal, sin discriminaciones económicas, religiosas, étnicas, políticas o de ninguna otra clase. El derecho ciudadano a la formación y al conocimiento no es privilegio de ninguna región, raza o estrato social, sino que corresponde por igual a los colombianos. El Estado está obligado a brindar el servicio formativo de manera que cualquier ciudadano que califique desde el punto de vista académico pueda tener acceso a la universidad pública.

Cada universidad estatal, en ejercicio de su capacidad colectiva de autodeterminación, debería someter periódicamente a la discusión de los universitarios la definición de sus políticas y los planes que las desarrollen; esto es, en procesos de debate institucional que culminen en Congresos, Claustros, Colegiaturas o bajo cualquier denominación pero con carácter decisorio, la comunidad deberá evaluar el accionar universitario general y particular para redefinir el rumbo institucional. Tales procesos deberían estar acompañados por voceros del resto de la sociedad, no solo por el valor de sus aportes sino en uso parcial del derecho de la sociedad a evaluar el comportamiento de su universidad y contribuir a su redireccionamiento.

La dirección universitaria, de otro lado, tendría como tarea fundamental el desarrollo, la responsabilidad de la ejecución, de las políticas y planes decididos por el colectivo. La correspondencia entre lo ejecutado y la decisión colectiva debería ser observada y corregida por un ente veedor representativo de la comunidad, escogido por ella misma.

La ley (en alguna Nación se trata de orden constitucional) deberá garantizar la financiación adecuada en proporción a los recursos nacionales.

Las distintas instituciones estatales hoy existentes deberían compartir las políticas generales y coordinar su accionar en la búsqueda del cumplimiento del derecho mencionado. La existencia descoordinada actual de múltiples instituciones estatales con idéntica misión atenta contra la eficacia del proceso que cada una realiza. La complementación, la cooperación, el enriquecimiento producido por el intercambio y debate de experiencias, la planificación concertada, la adopción también concertada de políticas comunes (que no necesariamente de métodos) son elementos que deberían estar siempre presentes entre instituciones de igual misión e igual origen (social – estatal) y ese enlace debería ser orgánico y no espontáneo. Dicho enlace no lleva implícita la eliminación de diferencias que, antes que perjudicar, benefician al conjunto: es claro que las manifestaciones culturales deben desarrollarse en su diversidad, como es claro que la especialización regional es función de la geografía y la misma cultura y que no existe la tendencia “verdadera” que deba prevalecer frente a todas las demás. Las instituciones mencionadas deberían conformar un sistema orgánico que trabajara armónicamente por el cumplimiento de la misión común. Ello redundaría en el fortalecimiento del conjunto de universidades estatales.

Las tareas necesarias

La contradicción entre la concepción aniquiladora compartida por el gobierno nacional y algunas direcciones universitarias, y las otras, incluida aquella enfatizada en este escrito, merece una solución en favor del derecho de los colombianos a una formación de calidad.

En uso del criterio constitucional de la autonomía conferida a las universidades, (“capacidad de autodeterminación ajena a la injerencia del poder ejecutivo” Corte Constitucional, Sentencia Nº C-220/97,VI Consideraciones de la Corte) corresponde en primer lugar a los estudiantes y profesores, pero también a toda la sociedad, la reapertura del debate y el ejercicio de la capacidad de decidir, al margen de las políticas oficiales y de los poderes espurios impuestos sobre la universidad pública desde fuera de ella. Como sigue diciendo la Corte Constitucional en la sentencia referida, el acatamiento acrítico de las políticas gubernamentales y el derrotismo de la inevitabilidad en las universidades “... implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente”.

El derecho constitucional a la autodeterminación colectiva está plenamente establecido. Se trata ahora, más que nunca, de la necesidad de convertirlo en realidad.

El debate, la organización y la movilización forman el camino.

UpinióN, Sepriembre de 2006