Felipe Trillo Alonso: Continuará: Otra vuelta de tuerca a eso del Espacio Europeo de Educación Superior

Felipe TrilloFelipe Trillo Alonso: Continuará: Otra vuelta de tuerca a eso del Espacio Europeo de Educación Superior
(Ponencia presentada en la UNED el 17-X-2006, en Jornadas sobre Grados y Postgrados en el EEES organizadas por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación)
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago de Compostela

(Recibido por correo electrónico)

En fin, he decidido divulgar esta ponencia por si tuviera algún interés. Es un texto más “oral” que otra cosa, con dos partes bien diferenciadas: una muy crítica con la situación actual y otra que, pese a todo, quiere ser posibilista. Aquí empieza.

Ya se que el título de esta intervención no es muy académico. Pero puedo justificarlo.

Lo de “continuará” tiene dos explicaciones: la primera es que, francamente, el proceso seguido hasta aquí desde hace ya cuatro años presenta en ocasiones los visos de un culebrón televisivo, uno de esos que nunca se acaba; la segunda, más particular, es que recientemente la Sociedad Española de Historia de la Educación ha publicado en su revista Cuadernos de Historia de la Educación un trabajo mío “El proceso de renovación de los títulos de educación en el marco del EEES. Una crónica a 16 de Julio de 2006”, que adopto como punto de partida pues lo que presento aquí es su continuación hasta este 17 de octubre.

Lo de la “vuelta de tuerca”, en fin, es un recurso para evocar lo siguiente. Cualquiera que haya apretado una tuerca sabe que pueden pasar tres cosas: que quede floja y no cumpla su cometido, que te pases de apretar y la rompas dejando inservible lo que sea hasta que “traigas otra” (¡Dios no lo quiera!), o que por fin lo dejes todo adecuadamente ajustado. Y la cuestión es: ¿en cuál de estas tres situaciones nos encontramos a partir de la propuesta del MEC del pasado 26 de septiembre para “La organización de las enseñanzas universitarias en España”?

Finalmente, ese “eso”, es de nuevo un recurso para compartir ahora más un sentimiento que otra cosa. Tiene dos interpretaciones posibles que se complementan.

La primera alude al desconcierto que supone haber pasado por estas tres etapas: iniciamos el proceso con la idea de “converger” con un EEES que desde la ignorancia se imaginaba preexistente pero que no había; seguimos con la idea más light de “adecuarnos”, desde la presunción de que todos los países estaban regulando ad limitem sus normativas universitarias en la misma dirección y de ahí la presión ordenancista del MEC; para llegar ahora a justo todo lo contrario, a una propuesta “poco intervencionista que otorga mayor autonomía a las universidades” -en palabras de la propia Ministra, Pfra. Mercedes Cabrera-, que aparentemente (¡cuidado con esto!) nos otorga un margen tal de maniobra que nos lleva a sospechar que no hay ni hubo ni habrá modelo común en parte alguna. Y de ahí, la incógnita sobre que será “eso”, ¡a estas alturas!

La segunda interpretación expresa una emoción compleja muy extendida mezcla de cansancio, decepción y hasta rabia por el esfuerzo y el tiempo quizás perdido. Es preciso reconocer que la comunidad universitaria que se ocupa y preocupa de estas cosas (una minoría), aprecia ante el EEES y los “designios” del MEC, coartados por una sopa de letras CCU, CASUE, CRUE, CCAA, una impredicibilidad de tal magnitud, que la ansiedad nos ha sobrevenido y hoy por hoy es más del tipo inhibidora, paralizante, que facilitadora, ya no nos anima a actuar.

Siendo así, es posible que lo del EEES resulte inevitable, pero lo que hace falta es que resulte ilusionante. De otro modo, todo quedará en mera reforma normativa impuesta verticalmente e implementada de manera técnica y burocrática, en vez de en una auténtica innovación educativa adoptada y compartida horizontalmente e implementada conforme a una racionalidad práctica (personal y deliberativa) y crítica (colaborativa y transformadora de las condiciones institucionales y estructurales de la Universidad).

Los que hacen política en la UE, el Ministerio, las Consejerías y los Rectorados, debían ser conscientes de esto.

Pero no es a ellos a quienes me dirijo (o al menos no directamente) sino a mis colegas, responsables de centros y profesores de universidad. Gente normal, diría yo, honesta intelectualmente y por eso autocrítica (destaco lo de “auto”) con las condiciones actuales de la universidad española en la que llevan trabajando varios años, conscientes por lo tanto de las carencias, contradicciones y reiteradamente frustradas esperanzas de renovación que la caracterizan pero que, pese a todo, están (o estuvieron) dispuestos a hacer el esfuerzo (una vez más) de contribuir a su mejora. Muchos de ellos, además, comprendieron desde un inicio que el modelo de universidad subyacente al EEES no era el que habían soñado algún día pero, interiorizando el pragmatismo propio de este inicio del siglo XXI al que llegaron (llegamos) ya maduros, admitieron que aún así podía ser un buen impulso para el cambio y aceptaron participar en el empeño. Colegas a los que -todavía a día de hoy-, la idea de sacudirse el localismo y ampliar el horizonte de la universidad les atrae más que la homologación, a los que la racionalidad de los perfiles les gusta mucho más que los catálogos de competencias, a los que reinventar un estudiante que aprenda de manera autónoma les entusiasma más que los ECTS, a los que la posibilidad de reformar las metodologías de enseñanza les anima más que lo del Suplemento Europeo al Título, a los que la responsabilidad del grado les puede más que la codicia de un postgrado. Colegas cuya trayectoria profesional se caracteriza más bien que mal por un cierto prurito en cuanto al rigor epistemológico, la experiencia investigadora y la vocación pedagógica de su actuación docente, y para quienes cualquier disputa por un puñado de créditos les parece simplemente mezquino.

Es pues, a todos estos, que sin duda están más a pié de obra, a quienes me dirijo. Conste que los hay, y que no son pocos. Y lo hago, conforme a lo que se me ha solicitado, con la intención de ayudar a responder a esta inquietante pregunta a 17 de octubre de 2006: ¿y ahora, qué?

Pues bien, termino ya esta larga introducción planteando que, reconocido y/o admitido cuanto he dicho (que no es poco), en el momento actual sólo caben dos cosas: o bien proseguir por la vía de la indignación, que sólo nos lleva al retraso o a quedarnos como estamos, o bien avanzar por la vía del posibilismo, que nos lleva de nuevo a ponernos manos a la obra.

Yo opto por la segunda. Pese al cansancio, pese al escepticismo, pese al potencial ridículo de ser considerado ingenuo. Claro que –debo admitirlo-, también es posible que decir esto ahora me resulte más fácil pues dentro de unos pocos días dejo todas mis obligaciones en materia de política académica.

Sea como sea, resuelto por la segunda opción lo que corresponde es analizar los pros y contras de la nueva situación en la que nos encontramos una vez divulgado el documento de trabajo que recoge la propuesta del MEC para la organización de las enseñanzas universitarias en España, tratando de ver, claro, cómo se puede aprovechar cuanto hicimos en este nuevo marco.

Cuanto sigue es pues la reflexión en voz alta de un profesor que como Decano y, especialmente, como Presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación hasta hace diez días (del 18 de noviembre de 2005 al 6 de octubre de 2006), disfrutó de una situación privilegiada para conocer de primera mano los avatares de las exigencias ministeriales y su eco en la comunidad universitaria que representan los centros integrados en la Conferencia. Son opiniones, sólo eso, pero con algún fundamento.

-Dicen que es una propuesta, también de mayor autonomía, pero ¿para quién?

No es irrelevante que el documento se titule “Documento de Trabajo. Propuesta …”. Hace tiempo que lo que recibimos del MEC no presentaba este carácter de algo provisional, debatible y por tanto revisable. Recuérdese que la metodología tuning de los Libros Blancos era de obligado cumplimiento -no se reconocía otra vía para su realización-, y que las Fichas Técnicas, aunque cabía presentar alegaciones (sobre todo en los descriptores), se presentaron de hecho como un marco regulador de un porcentaje de troncalidad, con denominaciones de materias y créditos asignados casi inamovibles. Es cierto, pero no importa al caso que no respetáramos de hecho ese carácter impositivo pues en nuestras contrapropuestas (me refiero a las presentadas por la Conferencia de Decanos y Directores sobre los grados de Maestro y el Master de Formación Inicial del Profesorado de Secundaria), aunque muy comedidos (mucho), alteramos varias cosas. Es cierto que consintieron y secundaron que elaborásemos otras Fichas Técnicas (las de Pedagogía y de Educación Social), lo que hicimos, pero conforme a los cánones. Pero, lo que deseo destacar es que ahora a lo que se nos invita es a debatir esta propuesta, si bien con una precipitación nada recomendable (apenas un mes, de septiembre a octubre de 2006 y la CASUE se reúne esta misma semana).

Algo ha cambiado. Aún así, reconozco que las prisas, nuestro propio cansancio e incredulidad, la misma indefinición de la propuesta y en buena medida “la pertinaz sequía” de debate a la que nos someten la mayoría de los rectores, es probable que nos dejen en dique seco. Y eso es malo.

Con todo, como quien se agarra a un clavo ardiendo añado que si dicen que es Propuesta, no importa que sean o no sinceros, lo han dicho y lo que corresponde es debatirla. Hagámoslo. Exijamos, quizás, un par de semanas más y movilicémonos: esta es mi primera conclusión. Por ejemplo, yo he pedido a mi Rector (precisamente en el transcurso de una reunión a la que él nos convocó para hablar de esto) que de un paso más y solicite formalmente a los centros que organicen sesiones deliberativas sobre el Documento de Trabajo del MEC para hacerle llegar nuestras conclusiones (no acuerdos de Juntas de Facultad que nos encastillen); que de las recibidas nos hagan partícipes a todos y que nos presenten la postura de síntesis y/o de gobierno que la Universidad (la mía, la de cada uno) llevará al CCU. Esto sería participar, esto sería transparencia.

En definitiva, quiero insistir en que, pese a todo, este es un buen momento para que las propuestas de reforma de la universidad en el marco del EEES se encarnen de verdad en las comunidades de base que representamos los centros universitarios. Si no lo aprovechamos, todo esto seguirá siendo un coto privado de los rectorados, cuyo centralismo denuncio y cuyos criterios – lo recuerdo (pues hay quien lo ignora)- no tienen porque ser infalibles ni tampoco obligatoriamente compartidos. Mi Facultad se reunirá dentro de dos días, el 19.

Pero, se preguntarán, toda esta tensión que parece que pretendo suscitar, ¿para qué? Bueno, básicamente para que algo de esa autonomía que se predica como principal leitmotiv del nuevo marco llegue también a los centros, a riesgo de quedarnos sin nada. Porque, de otro modo, pareciera que se nos otorga un mayor margen de maniobra al liberarnos de la férula del MEC, pero, en realidad, a lo que se nos arroja, es al albur de los rectorados y de las Comunidades Autónomas.

Veamos: Hay que leer lo que el Documento dice sobre la Verificación e Implantación del Plan de Estudios. Aquí está el meollo de la cuestión. Y es determinante. “El Gobierno comprobará que el título propuesto cuenta con la autorización de la Comunidad Autónoma”, como paso previo al reconocimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el registro oficial. Y añade: “Superado el trámite, la Comunidad Autónoma correspondiente autorizará, en su caso, la implantación de las enseñanzas”. A lo que sigue: “Cada Comunidad Autónoma establecerá sus condiciones para la implantación de una titulación”. O sea, hay que contar con dos permisos de la Comunidad Autónoma, primero uno para solicitar ser registrado y después otro para poder ser implantado.

Antes -y dependiendo de las expectativas que cada uno tenga respecto al proceder de su Comunidad Autónoma unos dirán “por si fuera poco” y otros “menos mal”-, ocurre que previo al Registro, el Consejo de Coordinación Universitaria verificará si el título propuesto se adecua a los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Otro documento, de calado, que muy recientemente he podido comprobar que casi nadie conoce –que los decanos de la USC recibimos hace tiempo por gentileza de nuestro Rector- y cuya complejidad - no digo más- nos ha llevado a la Conferencia de Decanos a solicitar un curso de formación ad hoc.

Así las cosas, de qué autonomía hablamos y, sobre todo, de la de quién.

En fin, ya se que es políticamente incorrecto y que supone nadar contra corriente, pero ¿será necesario recordar también que la descentralización no es garantía de acierto? Más aún: a la vista de los datos del reciente Informe de la CRUE sobre las diferencias en materia de financiación de las universidades por Comunidades Autónomas, ¿es insensato que alguien pueda sentir ahora mismo y por anticipado nostalgia ya de un modelo común para todo el Estado?

Recientemente he escrito que el MEC, incapaz de meter en vereda a las universidades y comunidades autónomas (léase rectores y consejeros), resolvió no mandar nada adhiriéndose a aquello de “a quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga”. O dicho de otro modo, si la universidad lo asume y la comunidad autónoma lo paga el MEC lo registra.

Opción política, desde luego, que representa para mi un proceso de desregulación del sistema universitario público con el que no estoy en absoluto de acuerdo porque introduce criterios ajenos y que nos enajenan del modelo de Universidad en el que me reconocía. Criterios propios de la iniciativa privada con una excesiva orientación mercantilista (tantos beneficios económicos rindes tanto vales) que junto a la presión de un modelo externo de evaluación institucional para seleccionar nos arrojan como efecto perverso a los acantilados de los ranking, que es tanto como decir de los agravios comparativos, sobre todo si no se tienen en cuenta y se compensan las desiguales condiciones de partida.

Y para muestra lo que nos ha ocurrido recientemente con los postgrados en los que se ha puesto de manifiesto lo que en su día anticipé sobre las ambiciones desatadas. ¿Quiénes se los llevaron? ¿Cómo se diseñaron?

Conste, en cualquier caso, que mi desacuerdo no quiere decir que no sea partidario de separar el grano de la paja, es decir, que no esté conforme con superar un estado de cosas en el que no pocos profesores, sobre todo profesores (incluso agrupados por familias), pervierten el compromiso de la universidad con la docencia y la investigación sometiéndolo a sus intereses espurios o relegándolo por incompetencia y desidia. Pero, a mi modo de ver, la acción de gobierno no puede ser mirar para otro lado y soltarnos un “¡qué Dios reparta suerte!” justo antes de arrojarnos a una lidia de todos contra todos. Reconocer sin ambages cual es la situación real de la universidad española, cuales son sus carencias en materia de financiación, de adecuación a sus territorios y de proyección internacional (mejor proyección que competitividad) en los asuntos que le son propios (docencia, investigación, extensión), y proponer ¡no se! “un plan quinquenal” para resolverlas es lo que yo entiendo por acción de gobierno. Arreglar la propia casa antes o en todo caso al mismo tiempo que nos incorporamos de pleno derecho al EEES, es lo que esperaba que se iba a hacer.

Pues sólo si se hace ese esfuerzo primero de mejorar lo propio, podrá ser norma moral antes incluso que legal aquella, según la cual, por rigor y solidaridad con la distribución de recursos, es bueno que no se descarte andando el tiempo la limitación de titulaciones e incluso el cierre de algunos centros. De otro modo, esa posibilidad se vivirá de inmediato como una amenaza, como una trampa que con la coartada del EEES nos tiende el estado liberal deseoso de soltar lastre en materia de responsabilidad social. Y siendo así, auguro, que el EEES dará lugar a una Universidad en España digna del “Lazarillo de Tormes”.

Como ejemplo probable de lo que digo, que todas las exigencias para registrarse (no por descontextualizadas menos rigurosas) terminen por resumirse de manera grosera en que la titulación que deseamos implantar tenga potenciales alumnos que la demandan, se corresponda con salidas profesionales reconocibles en el mercado laboral y pueda llevarse a cabo a coste cero (sin más profesores y sin apenas gastos de infraestructuras). Por supuesto, si fuera así, casi todas serían aprobadas, pero la precarización de la universidad se haría evidente de inmediato.

¿O cabe pensar que no todas serían aprobadas? En cuyo caso, si el primer criterio fuera contar con alumnos, por qué sucede - me pregunto- que casi todos piensan siempre en las filologías o en la filosofía pero no en las matemáticas o en la física, que también tienen cada vez menos alumnos.

Precisamente de esta duda arranca este otra desviación posible: que las universidades se especialicen en beneficio de las titulaciones con una orientación tecnológica y una mayor incidencia en el sector productivo, de forma que progresivamente algo de las ciencias sociales y mucho de las humanidades se relegue sin piedad a un papel testimonial, casi arqueológico.

Yo creo que hay que evitar llegar a una situación como esa. En consecuencia, si se quiere que seamos de verdad responsables es preciso que la autonomía llegue a todos creando un inicial marco general de equidad que hoy no tenemos ni inter ni intrauniversidades. ¿O no es cierto que en la Universidad Pública Española coexisten centros y departamentos sobrados de recursos humanos y/o materiales frente a otros asfixiados y tercermundistas? En fin, en un contexto de partida como este, con titulaciones mimadas frente a otras ninguneadas, lo único que se consigue al hablar de responsabilidad son víctimas o culpables.

Pero, en fin, dejemos esta reflexión sobre las condiciones estructurales de esta reforma y pensemos por ahora en aquello que, pese a lo dicho, podríamos hacer ya, es decir, en aquello que se corresponde con las condiciones institucionales de la reforma.

Debo hacer notar pues que cuanto he dicho se refiere a posibles desarrollos indeseados que es preciso conjurar, pero que una vez advertidos y, con suerte, evitados más o menos, uno no puede, o mejor, no debe estigmatizar el proceso de cambio iniciado pues presenta también propuestas muy aprovechables.

-Planes de estudio, ¿hacer o no hacer?

Yo digo que sí, y ya.

Sobre todo porque el Documento del MEC despeja por fin el horizonte posible. Esto hay que reconocerlo. Aunque no es menos cierto que muchos pueden decir, no sin razón, que no moverán un dedo hasta que les aseguren que los tiros van a ir por ahí, no vaya a ser que les cambien otra vez las cosas y el trabajo no sirva para nada. De hecho ya hay quien se pregunta qué pasará con todo esto si se adelantan las elecciones generales. Pero no voy a entrar en futuribles.

Lo único que digo es que aquello que no nos dejaron hacer cuando los Libros Blancos, y lo que nos trataron de imponer con las Fichas Técnicas, ahora por fin está en nuestras manos (con las limitaciones antes dichas), y que la tarea en este momento son los planes de estudio.

Y aquí es necesario diferenciar claramente ente el Grado y el Postgrado.

Centrémonos primero en el Grado. Comenzaré confesando que, francamente, la posibilidad de que los títulos de magisterio y educación sean pioneros, dado lo mucho que ya hemos trabajado, me resulta muy tentador, casi atractivo.

Pero veamos. En esto hay varios asuntos de especial relevancia:

En primer lugar, la revalorización del Grado. Siempre pensé que la Universidad se justificaba sobre todo por este nivel; que todo lo demás venía por añadidura. Siempre sentí que había como una especie de huída hacia arriba que iba pareja de una injusta desconsideración de los primeros ciclos. Celebro por lo tanto que, también entre líneas, de lo leído y escuchado se desprenda esa revalorización. Pero además, lo celebro también porque eso hace inevitable que se resuelva de una vez el modelo de organización de las universidades. Los grados han sido siempre responsabilidad de las Facultades y las Escuelas. Es posible que no lo hiciéramos tan mal después de todo teniendo en cuenta que pasar por ellos es conditio sine qua non para todo lo que sigue. Por lo tanto, reivindico que de una vez por todas la organización universitaria pivote sobre los centros existentes, Facultades y Escuelas, mejorándolos en lo que sea preciso, en vez de confundirnos con la creación de nuevas alternativas de más que dudosa necesidad.

En segundo lugar, lo que se refiere a la duración de los estudios. Pues aunque todavía se mantiene el dilema de si 180 o 240 –en la CRUE no se ponen de acuerdo- la voz del MEC es ahora muy clara respecto a apoyar la opción de los 240. Y creo que no es necesario insistir pues en los Libros Blancos ya dimos muchos argumentos a su favor.

En tercer lugar, lo que se refiere a aportar “modelos de referencia de universidades de reconocido prestigio o estar avaladas por redes de colaboración académicas o profesionales, nacionales o internacionales”. Justamente aquí veo la mejor posibilidad de aprovechar cuanto hemos hecho hasta en los Libros Blancos y las Fichas Técnicas. Desde luego eso exigiría garantizar, no ya porque nos lo imponen sino porque de mutuo acuerdo lo decidimos, un porcentaje alto de materias comunes, a partir del cual tiene cabida una oferta de optatividad peculiar de cada centro, sin menoscabo de resolver también en cada centro algunos de las cuestiones que en su día suscitaron una mayor disparidad. Pienso, por ejemplo, en lo que ya dije sobre la necesidad de una mayor formación en orientación educativa, educación especial, organización escolar y lenguas para los títulos de Magisterio. Pero no es más que un ejemplo.

En cualquier caso, de una tarea así salen reforzadas las redes como la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. Sería pues una lástima que por intereses de área o celos particulares se echara por tierra lo que puede que no sea perfecto, pero que tiene el valor añadido de lo acordado. No cabe, por lo tanto, revisar si los dos títulos de Magisterio o vuelta a los ocho existentes; tampoco, creo, lo de uno común. Se impone, por otra parte, proseguir con el debate y aprobación si procede de las propuestas para Pedagogía y Educación Social.

En cuarto lugar, lo que se refiere a las directrices generales por grandes áreas de conocimiento. Esto es algo que el propio Secretario de Estado reconoció que habían expresado mal y que nada tiene que ver con un curso común ni selectivo. Así, aún admitiendo que sobre esto todavía puede haber sorpresas, tal y como lo entendí se trata de un primer curso propio de una titulación específica, pero en el que se cursarían materias que a su vez son propias de esa como comunes a otras varias titulaciones. Pongo por caso en educación, y escribo esto a vuela pluma (o sea que habrá que meditarlo con calma) una materia de Psicología Básica, de Sociología General, de Antropología Cultural, etc., o, simplemente, varias Introducciones a lo que sea, que sean de interés general pero también particular de una titulación en concreto. Si es así no resultará tan problemático; curiosamente, es volver a algo que ya tuvimos antes de la especialización.

En cualquier caso, queda por resolver, si la relación de ramas de conocimiento para promover esa parte de estudio común se ampliará facilitando que se haga con criterios de mayor afinidad; algo que, oído lo que le oímos al Secretario de Estado, intuyo que es más que una posibilidad. Entonces el único problema será ese de que lo títulos se denominarán y expedirán por ramas seguidas de la especificación; propuesta cuya necesidad y oportunidad no se me alcanza y que habrá que discutir.

En quinto lugar, por último, habrá que esperar a saber qué entienden por directrices específicas de profesiones reguladas. Cuáles serán esas directrices y si nos gustan e, incluso, lo que es más urgente, cuales son las profesiones reguladas, pues hay quien dice que desde una perspectiva estrictamente legal pueden serlo casi todas; por ejemplo: Notario, Registrador, Juez. Si bien, no hay dudas respecto a que las profesiones de Maestro y Profesor de Secundaria lo son.

En definitiva, molesto por la sensación de haber dado muchas vueltas innecesarias, preocupado por el futuro de la Universidad en general, el trabajo de hacer los planes de estudio sin embargo lo veo factible, incluso positivo y, francamente, casi un alivio, teniendo en cuenta el momento en el que estamos.

Por lo que se refiere a los Postgrados.

Lo primero que se me ocurre es agradecer que por fin suceda aquello por lo que tantos tanto suspiramos: que primero resolvamos los grados y después los postgrados en vez de mezclarlo todo a un mismo tiempo. El Documento y sus portavoces, el Secretario de Estado, Miguel Angel Quintanilla y el Director General, Javier Vidal, dicen eso, o al menos eso es lo que yo entiendo entre líneas de sus declaraciones. Considérese además que se espera la reforma de la LOU y que después, lógicamente, se modificarán los decretos de grado y de postgrado -¡tan ordenancistas, tan complejos y tan conflictivos!-. (Y ahora, entre paréntesis, permítaseme la maldad de disfrutar por el modo como presumiblemente se les van a torcer las cosas a muchos que en muchas universidades organizaron una normativa de postgrado a su imagen y semejanza para garantizarse, siquiera de partida, una situación de privilegio. Pero reconozco que esto es una maldad).

En fin, a mi me parece muy bien que podamos olvidarnos del galimatías de los postgrados oficiales y no oficiales, con precios públicos o no, para reemplazarlos por la posibilidad de tener cursos de especialización, Master profesionalizadores y Doctorados como siempre hemos tenido orientados a la investigación, y que entre los dos segundos se pueda además tender un puente que aproveche lo aprendido en los master cursados (completos o no). Esto a mi me resulta más inteligible.

Dicho lo cual, habrá que ver como queda el Master de Formación del Profesorado de Secundaria, con directrices específicas por conducir a una profesión regulada. A lo que cabe añadir, como es sabido, que también en esto tenemos mucho andado. Si bien la cuestión de definir el centro que debe ocuparse de su organización y coordinación permanezca por el momento sin resolver.

Y termino.

-Estación Término: ¿La Arcadia o la Alcarria?

A ver, yo celebro que las cosas hayan mejorado mucho desde que Camilo José Cela pasó por allí por vez primera, pero permítaseme la licencia literaria de evocar con el segundo destino la posibilidad de que nuestro futuro inmediato sea un páramo, yermo, estéril.

Y lo será, me temo, si se hace justo lo contrario de cuanto hasta aquí he sugerido, esto es, no trabajar desde ya y no ponerse de acuerdo entre todos. Por más que se, desde luego, que tampoco puedo asegurar que si lo hacemos nos aguarde el primer destino más feliz. No lo se, en efecto, del mismo modo que no se si llegaré en mi dorna a puerto una noche de lluvia, con fuerte marejada de proa, mar de fondo de costado, la vela rota y el motor estropeado, pero eso no debe ser disculpa para dejar de remar y achicar.

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