Todos a la cárcel
El fiscal general defiende que las agresiones a profesores y sanitarios sean «atentado»
El PP pide que se tipifiquen como delito en el Código Penal y se trate a los docentes como «autoridad pública»

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apoyó ayer el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de tipificar como atentado las agresiones a maestros y médicos, al objeto de «reforzar la seguridad» del profesorado y quienes son «indebidamente agredidos».

Conde-Pumpido, que inauguró ayer en Granada unas jornadas sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, manifestó a los periodistas que lo que ha hecho la Fiscalía de Cataluña es «recordar la existencia de los preceptos penales» que figuran en el Código Penal porque a veces, las normas, «aunque estén vigentes, es necesario ponerlas en primer plano», informa Efe. Precisó que otras fiscalías han hecho también este recuerdo sobre la necesidad de aplicar normas penales «más duras» y recordó que la Fiscalía General del Estado ya dictó en el ámbito escolar una instrucción para proteger a los menores de los abusos de sus compañeros y para reforzar la seguridad de los profesores.

Al respecto, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana aseguró que «tenemos que analizar si efectivamente eso ya está incluido en el Código Penal y simplemente no se estaba aplicando; si es una interpretación que es adecuada a la ley o no; o si es que hay que hacer alguna otra modificación legal». El secretario de Educación subrayó que el Ministerio «no puede entrar en el ámbito de acción de la Justicia, sino que son los fiscales y los jueces los que deben interpretar la ley».

En Madrid, las reacciones han sido de todo tipo. Mientras que el sindicato ANPE apoya la iniciativa de Cataluña y pide al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se persigan como atentado a la autoridad estas agresiones, la FET-UGT matizó que «esto no significa que todas las situaciones de falta de convivencia tengan que judicializarse».

El Código Penal, que recoge el delito de atentado, castiga con penas de prisión de 1 a 3 años «a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». La pena es de 2 a 4 años de prisión si se considera que el atentado es contra la autoridad.

Según el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) está estudiando si el Código Penal es «suficiente» ante las agresiones a profesores o si se debe hacer «alguna modificación legal».

El Partido Popular también ha puesto en marcha un equipo de expertos para analizar el asunto porque sí aboga por tipificar el acoso escolar como delito en el Código Penal y considerar al profesor como «autoridad pública». Pero esto sólo es una propuesta de las muchas del partido de la oposición que también quiere que el docente pueda tomar medidas inmediatas en caso de problemas, que los procedimientos sancionadores se agilicen y que los derecho de los agredidos se antepongan a los de los agresores. En otras palabras «que no sea la víctima la que tenga que abandonar el centro educativo». Así lo explicó ayer la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, tras reunirse con consejeros de educación de comunidades autónomas gobernadas por su partido para presentar un plan para la prevención en las aulas.

«Creemos que el acoso escolar debería estar tipificado como delito, pero que no somos quienes todavía para proponerlo sin antes tener un informe completo y exhaustivo», añadió. Además, prosiguió, «tenemos que recoger qué opinan los padres, alumnos y profesores, pues es a ellos a quien irían dirigidos estos cambios normativos».

Asimismo, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular reclamó al Gobierno que elabore una Ley Integral para la promoción de la convivencia y la prevención del acoso escolar al entender que «la Ley de Educación del Gobierno socialista no ha avanzado en estos dos aspectos», por lo que «es necesario que se aborden» a través de medidas integrales. El PSOE, por el contrario, cree que las medidas de LOE, en vigor desde mayo pasado, y otras iniciativas en marcha institucionales -como el plan estatal de convivencia- y jurídicas -como las iniciativas fiscales- son «de momento más que suficientes», según el portavoz socialista de Educación del Congreso, Raimundo Benzal.

Pastor asegura que hacen falta más cosas. Considera necesario un seguro de derecho de atención jurídica para profesores, un programa de formación de padres extendido de forma general en el país, y equipos especializados de intervención rápida.

Pero uno de los aspecto que más recalcó fue el que «los padres tengan derecho a ausentarse del trabajo a requerimiento del colegio para atender las necesidades educativas de sus hijo». Tal y como adelantó este periódico, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP también explicó que en el curso 2007-2008 las comunidades en donde gobierna su partido tendrán en todos sus centros educativos «planes individualizados de convivencia», algo que ya funciona «al cien por cien» en algunas de ellas.

Sanitarios

Las reacciones a la decisión del fiscal no sólo se produjeron en el ámbito educativo. El sindicato de enfermería SATSE aplaudió ayer la orden del fiscal jefe de Cataluña de tipificar como atentado las agresiones contra los profesionales sanitarios y reclamó que la medida sea seguida por otras comunidades y se haga extensiva a todo el territorio nacional.

Para SATSE, esta iniciativa responde a la campaña «La agresión no es solución», que lanzó el año pasado para concienciar a los usuarios que los fallos en el Sistema sanitario no son culpa de los profesionales sanitarios que en él trabajan.

El sindicato subrayó que las agresiones contra los profesionales sanitarios, «cada vez más comunes, están originando un clima laboral que dificulta la adecuada prestación asistencial al resto de usuarios, afectando a la salud física y mental de los enfermeros, y originando efectos tan negativos como la desmotivación y la desconfianza de los profesionales».

La Razón, 16/11/06