Eduardo Nava Hernández: Universidad pública y apropiación del conocimiento

México
Eduardo Nava Hernández: Universidad pública y apropiación del conocimiento
La siempre anunciada pero incumplida reforma en la Universidad Michoacana debe pasar por remover los obstáculos que se oponen a la mayor socialización del conocimiento que la nación mexicana, y en particular de Michoacán, requiere para garantizar su desarrollo

¿Qué se quiere decir cuando se habla de la defensa de la educación superior pública y, en particular de la defensa de la universidad? ¿De qué se habla
cuando se refiere la existencia de asechanzas contra las instituciones de educación superior y su carácter público? No se trata, como a veces llega a pensarse, de que los campus y edificios que hoy ocupan las instituciones de educación superior puedan ser puestos en venta al mejor postor, ni de que la educación en su conjunto sea asumida por el capital privado. Se trata, en cambio, de otras formas de privatización que implican lo más importante con que cuentan estas instituciones, el conocimiento, como el recurso más valioso y apreciado que el capital privado codicia para elevar sus posibilidades de competir en los mercados.

Ciertamente, la intensa campaña que pretende desprestigiar el papel de las instituciones públicas de educación superior (y de la cual forma parte el intento del gobierno calderonista de disminuir el presupuesto asignado a éstas) tiene como objetivo ampliar los espacios de mercado que las empresas educativas privadas pueden ocupar, a costa de una disminución de la oferta de las instituciones públicas; pero en ese caso se trata simplemente de la disputa por un espacio donde esas empresas mercantiles puedan ofrecer sus servicios, y que es el mismo donde operan las instituciones de educación superior pública atendiendo a su misión social.

En la sociedad contemporánea -que no en balde ha sido llamada, precisamente, del conocimiento por la capacidad que éste despliega para generar valor- el conocimiento es el producto más importante del proceso educativo y de investigación que las universidades pueden real o potencialmente aportar a la sociedad a la que pertenecen, pero que puede ser también apropiado por el interés privado, en ocasiones, ilegítimo. Los cuadros científicos y técnicos -en tanto que portadores concretos de ese conocimiento, que no existe de manera abstracta ni general- formados por el sistema educativo sostenido con los recursos nacionales son reclutados por empresas internacionales o instituciones de alto nivel en el extranjero, la sangría intelectual que conocemos como fuga de cerebros y que se origina en las insuficientes oportunidades de desarrollo científico en el país.

Otra modalidad, que opera desde hace tiempo en diversas instituciones (y que en el caso de la Universidad Michoacana fue proclamada públicamente como «salvación financiera» por más de uno de los aspirantes a la Rectoría en el reciente proceso de renovación de la autoridad) es la de la venta de servicios a las grandes empresas privadas. Los recursos de los que la institución dispone -instalaciones y laboratorios, pero sobre todo personal altamente capacitado y profesionalizado- y que se sostienen con los subsidios provenientes de las finanzas públicas, se convierten por esa vía en sucedáneos de las inversiones que el capital privado no puede o no tiene interés en hacer para impulsar la investigación científica y tecnológica. El subsidio público a las universidades y centros de investigación se puede transferir así sin dificultad a las empresas privadas, que de ese modo pueden adquirir ventajas en la competencia.

Y si bien no es ilegítimo que las instituciones educativas y de investigación apoyen al sector productivo nacional, se trata de que, en ejercicio de su autonomía, se cuide el orientar tales esfuerzos con un sentido auténticamente social y no meramente lucrativo. La irrenunciable naturaleza social de las instituciones educativas resulta prioritaria frente a los apremios económicos y el sofocamiento presupuestal que los gobiernos neoliberales han impuesto como penitencia a las instituciones educativas; para éstas el mercado no es ni puede ser una auténtica alternativa financiera.

Al menos desde los años 80, y con más intensidad desde los 90, las restricciones presupuestales, los topes salariales, los sistemas de estímulos académicos, el discurso de la eficiencia (medida, preferentemente, con los parámetros empresariales de productividad) y otros mecanismos han sido la vía para, sin quebrantar formalmente la autonomía de las instituciones de educación superior, reorientar el conocimiento hacia los fines que el capital y su representación política estatal determinan.

Hacia el interior de la universidad, la apropiación del conocimiento asume la forma de elitización y patrimonización, que lo convierte en dominio exclusivo de determinados grupos cuyo común denominador, más que el alto nivel de preparación y especialización, es la selección tecnoburocrática que les permite reproducirse. Escuelas, facultades e institutos de investigación se ven dominados, con demasiada frecuencia, por el cacicazgo académico como expresión del predominio de esos intereses. En la Universidad Michoacana esto ha significado la permanencia de determinados personajes al frente de las dependencias gracias a su habilidad para surcar en el ambiente administrativo y de gestión que por sus méritos académicos. El caso más grave y conocido por la opinión pública es el del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, que ha desembocado en un penoso caso de tipo penal; pero otras situaciones similares se han derivado del trapicheo de influencias y recursos para beneficio particular de muy pocos.

Los centros de investigación con frecuencia han sido concebidos como cenáculos que no responden a auténticas necesidades sociales o académicas sino a las particulares concepciones o necesidades de quienes los comandan, y duplicando esfuerzos y aun planes y programas de estudios, con el consiguiente dispendio de recursos para la institución. Algunas dependencias surgen por compromisos de las autoridades centrales de la universidad o para satisfacer proyectos personales, y se reservan para iniciados o catecúmenos de la aristocracia académica: doctores con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y de los programas de estímulos académicos, pero que se desvinculan crecientemente de las tareas de docencia, las de mayor alcance y penetración en la comunidad universitaria, o pretenden dominarlas imponiéndoles sus criterios. Aun el discurso crítico y en apariencia defensor de la academia como el más alto valor de la universidad pública encubre con frecuencia prácticas excluyentes, selectivas y patrimoniales de apropiación del conocimiento, contrarias al espíritu y a las motivaciones de una educación genuinamente popular.

El conflicto, en consecuencia, y no la colaboración entre dependencias ha sido la forma dominante de la relación en el medio académico. En la UMSNH, violentando la normatividad estatutaria pero con el beneplácito de rectores y del Consejo Universitario, diversos institutos de investigaciones han abierto y administran planes de estudios paralelos a los que ofrecen las escuelas y facultades o, como ocurre en este momento en el conflicto entre el Ininee y la Facultad de Economía, heredado por el rector Jaime Hernández Díaz a su sucesora, se pretende imponer sin debate académico ni planeación universitaria una nueva licenciatura, aprobada por el Consejo Universitario antes de que fuera conocida siquiera por la planta académica de la segunda dependencia.

La siempre anunciada pero incumplida reforma en la Universidad Michoacana debe pasar por remover los obstáculos que se oponen a la mayor socialización -entendida como difusión y extensión- del conocimiento que la nación mexicana, y en particular de Michoacán, requiere para garantizar su desarrollo en la difícil y competida era que se inicia. Esa vía pasa por la planeación académica pero sobre todo la democratización de las instancias encargadas de tomar las decisiones acerca de la generación, transmisión y difusión del conocimiento.

Milenio, 07/02/07