Los resultados académicos de los universitarios serán públicos

Los resultados académicos de los universitarios serán públicos
El Senado aprueba la nueva LOU con sólo el voto en contra del PP

Los resultados de las evaluaciones de los profesores, investigadores y alumnos de las universidades españolas serán públicos sin necesidad de que los interesados den su consentimiento. Éste es uno de los cambios que ha introducido la tramitación en el Senado de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La Cámara Alta aprobó anoche el texto con el único voto en contra del Partido Popular.

Garantizar la transparencia, que esa información fundamental sobre los resultados de las universidades no se quede en los campus, es la razón esgrimida por los socialistas para impulsar la enmienda. Su intención es la de negociar con la Agencia de Protección de Datos la fórmula para conseguir que en algunos casos esas evaluaciones se publiquen con nombres y apellidos. Además, también serán públicos los currículos de los miembros de los tribunales de acreditación, la nueva prueba de méritos que los docentes universitarios deben pasar para poder formar parte del cuerpo de funcionarios.

Los cambios aprobados ayer han reforzado sobre todo uno de los tres objetivos de la reforma, el que pretende impulsar la investigación en la universidad y la transferencia de sus descubrimientos a la sociedad (los otros dos son dar más autonomía a las universidades y ofrecer a los docentes una carrera profesional). Los docentes funcionarios podrán ser propietarios mayoritarios de empresas de innovación tecnológica. También se ha extendido a los profesores con contrato indefinido, pero sin plaza de funcionario, la posibilidad de pedir una excedencia para desarrollar, un máximo de cinco años, sus descubrimientos en empresas públicas o privadas sin perder su plaza. Además, los investigadores, al final de un contrato temporal, podrán ser contratados de forma indefinida por estas entidades si los científicos han recibido evaluaciones positivas, medida que afecta a los del Programa Ramón y Cajal.

El País, 22/03/07

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