El ojo que casi todo lo ve

El ojo que casi todo lo ve
La proliferación de cámaras de vigilancia reabre el debate entre seguridad y derecho a la intimidad

Están por todas partes: aparcamientos, edificios públicos, centros comerciales, estaciones de tren, empresas y entidades bancarias. Como un ojo indiscreto que mira sin cesar y casi todo lo ve, la cámara de videovigilancia se ha convertido en el dispositivo estrella de la seguridad pública. A veces, pasan desapercibidas. Otras no. En especial, cuando saltan a la cornisa de algún edificio y enfocan un trozo de calle, invadiendo el espacio público. La decisión del TSJC de autorizar, por primera vez, la instalación de cámaras en urbanizaciones de Sitges, ha reabierto el debate sobre la extensión de este sistema para combatir el delito; es decir, sobre el equilibrio entre la necesidad de sentirse seguro y el derecho a preservar la propia imagen.

La plaza que George Orwell tiene dedicada en el Barri Gòtic de Barcelona se ha convertido en paradigma de lo que el propio escritor y periodista británico denunció en su archiconocida novela 1984: el riesgo de convertir el mundo en un lugar bajo la permanente mirada del Gran Hermano. Una cámara de videovigilancia pequeña, negra y abombada registra lo que ocurre en la plaza -paseos, besos y juegos, pero también peleas y tirones de bolso- durante las 24 horas del día.

Las imágenes grabadas llegan hasta la sala de mando que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana comparten en Montjuïc. Allí, varios agentes se encargan de observar las pantallas y, en caso necesario, envían una patrulla a la zona. La videocámara de la plaza de George Orwell funciona desde 2001 y, en su día, provocó un gran revuelo. Hoy casi se ha fundido con el paisaje urbano. El Ayuntamiento de Barcelona obtuvo el permiso necesario para instalar la cámara tras demostrar que se trataba de una zona conflictiva, en la que se cometían numerosos delitos.

De hecho, el proceso es siempre el mismo en el caso de las videocámaras que las autoridades tienen en la calle por motivos de seguridad: la policía local de un municipio -o la policía autonómica- tiene que solicitar una autorización al Departamento de Interior. Para ello debe redactar un escrito motivado; es decir, tiene que demostrar que existe un "riesgo razonable" para la seguridad pública, según fija la Ley Orgánica 4 / 1997, que regula la utilización de videocámaras.

Estudio "caso por caso"

Aun así, la Generalitat no decide. Es la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia -órgano independiente creado en 1999- la que emite informes preceptivos (o sea, de obligado cumplimiento) sobre todas las peticiones que llegan a Interior. "Estudiamos caso por caso para determinar qué prevalece: si el derecho a la seguridad o el derecho a la intimidad y a la propia imagen", explica la presidenta de la Comisión, que lo es también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret.

En su última sesión, la Comisión dio el visto bueno, por vez primera, a la instalación de cámaras fijas en diversas urbanizaciones aisladas de Sitges (Garraf). El Ayuntamiento de esta localidad turística lo había solicitado como medida preventiva ante la alarma social creada por la ola de robos en casas de la zona. "Eso no quiere decir que ahora pueda haber cámaras en todas las urbanizaciones. La videovigilancia es un recurso aislado, que no se puede generalizar", matiza Alegret.

En una línea similar -buscar el equilibrio entre derechos que chocan irremediablemente- se expresa el secretario de Seguridad Pública de la Generalitat, Joan Delort. "Hay que preservar los derechos fundamentales. Por eso, las cámaras se instalan sólo cuando hay una inseguridad real, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad". Delort dice que existen alrededor de 20 cámaras de videovigilancia en toda Cataluña destinadas a velar por la seguridad en las calles. Esta cantidad la considera moderada en contraste con el furor que despierta este sistema en otros países, como Reino Unido. Cuatro de esas cámaras están en el casco viejo de Barcelona, en la confluencia de la calle de Escudellers con La Rambla, la de Via Laietana con la calle de Princesa, la de la calle de Montcada con la de Princesa y la ya citada plaza de George Orwell.

El número es en efecto reducido si se tiene en cuenta que las cámaras destinadas al control del tráfico -que no requieren del beneplácito de la comisión- suman alrededor de medio millar. De ellas, 108 están en Barcelona. Por otra parte, nadie sabe con precisión (aunque se intuye que son muchas) cuántas cámaras existen de uso estrictamente privado. Más aún: los ciudadanos se han acostumbrado a la presencia de los ojos digitales gracias, en parte, a las cámaras privadas que pueblan centros comerciales, estaciones del metro y hasta puestos de trabajo. Así lo cree al menos la empresa del ramo ADT. El Pulsómetro ADT de Seguridad señala que el 81,5% de los barceloneses cree que la instalación de cámaras aumenta la sensación de seguridad, si bien es verdad que el 16,5% de los 200 encuestados considera que este sistema viola su intimidad, mientras que otro 5% opina que podría ser utilizado con otros fines ajenos a la seguridad.

Dispositivos ilegales

"La imagen captada en el espacio público no es indiscriminada, sino que se utiliza para un fin de seguridad concreto; de ahí que prevalga el derecho a la seguridad", juzga Enric Enrich, presidente de la sección de propiedad intelectual y derechos de imagen del Colegio de Abogados de Barcelona.

Pese a las garantías que ofrece la normativa, en ocasiones se producen irregularidades. Antes de 1999, algunos municipios ya habían instalado cámaras para combatir algún problema reiterado de delincuencia. Sin embargo, se olvidaron de someter la instalación al visto bueno de la Comisión de Videovigilancia, por lo que algunos de esos aparatos no están declarados aún hoy y funcionan sin autorización. En otros casos se produce un uso indebido. El Departamento de Interior está investigando si el municipio de Matadepera utiliza cámaras de tráfico con fines de seguridad ciudadana.

Obligados a informar

De acuerdo con la normativa, la Administración está obligada a informar de forma "clara y permanente" de la existencia de videocámaras, aun sin especificar el lugar concreto de su emplazamiento. Idéntica obligación tienen las empresas y entidades con cámaras de videovigilancia. En este caso, y a partir de una instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos, tienen que colocar un cartel para que los ciudadanos sepan que están siendo grabados.

Todavía no existe, sin embargo, una ley que regule el uso de cámaras en el ámbito privado. Esta situación, a juicio de Cristina Dietrich, de la Agencia Catalana de Protección de Datos, es intolerable. "No puede ser que la policía necesite una autorización y una empresa, no", sostiene.

El País, 25/03/07