UV: El Tribunal Supremo anula la sociedad que construyó y gestiona Ciudad Universitaria

UV: El Tribunal Supremo anula la sociedad que construyó y gestiona Ciudad Universitaria
En la sentencia estima un recurso de UGT contra su constitución, aprobada por la junta de gobierno de la Universidad en 1999.

La constitución de Ciudad Universitaria S.A., la entidad que promovió las infraestructuras del campus de As Lagoas-Marcosende, fue un acto ilegal. El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a la sociedad, de consecuencias aún por determinar, al fallar a favor de un recurso presentado por la federación de Enseñanza de UGT. La resolución respalda el argumento del sindicato, que denunciaba que el acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad adoptado el 24 de junio de 1999, por el que se creó la sociedad, "se dictó sin motivación", ya que no se presentó "ningún tipo de informes en derecho", ni se aludió [en la sesión] "al extremo de cómo iban a financiarse las actuaciones, obviamente con repercusión en el presupuesto universitario".

La sociedad fue constituida con la participación de la Universidad (50,5%), Caixanova (25%), Zona Franca (20%), Concello (2,25%) y Diputación (2,25%). Nació para gestionar las nuevas infraestructuras del campus, plasmadas en un proyecto de Enric Miralles valorado en 21 millones de euros, y promovió desde entonces la construcción del Edificio Miralles -luego vendido a la Universidad por 2,5 millones-, el teatro, el centro comercial y la piscina. Estos últimos son explotados por la entidad.

Gestión polémica

El modelo de Ciudad Universitaria S.A. provocó una sonora derrota en el Claustro del anterior rector, Domingo Docampo, sólo un año después de la constitución de la entidad. El máximo órgano de la institución le instó por abrumadora mayoría -63 votos a favor frente a 9- a liquidar la sociedad para recuperar el control, por parte de la Universidad, de la urbanización y gestión de las infraestructuras mediante un ente público sin ánimo de lucro.

Docampo se negó en redondo al argüir que el acuerdo no era vinculante, y un año después la ratificó en una acalorada sesión del Claustro en la que los detractores se ausentaron en masa.

Ahora el Supremo admite en casación el recurso contencioso de UGT, que había sido desestimado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Éste lo rechazó por "falta de legitimación" del sindicato, al entender que defendía "un interés por la legalidad en general y en abstracto".

Contra este veredicto, el Tribunal Supremo avala la legitimidad del recurso, puesto que UGT tenía un miembro en la Junta de Gobierno y la creación de Ciudad Universitaria repercute en los servicios de la institución, su personal y el presupuesto. También suscribe, en un demoledor párrafo, que se vulneró el procedimiento al acordar la constitución: "El acto se dictó sin motivación, no se incorporaron a la resolución informes en derecho. Tampoco se hicieron cálculo ni estimación ni razonamiento alguno respecto al presupuesto, y únicamente se llevó el asunto al orden del día", reza.

El sindicato recurrente prevé "repercusiones importantes" por el fallo

El sindicato UGT, que promovió el recurso de casación ante el Supremo por la creación de la sociedad anónima Ciudad Universitaria, vaticinó ayer "repercusiones importantes" por el fallo del alto tribunal. Los responsables de la sección sindical de Enseñanza se mostraron parcos a la hora de precisar las consecuencias de esa sentencia, a la espera de un informe que han encargado a sus servicios jurídicos y que darán a conocer la próxima semana en rueda de prensa.

José Barreiro, secretario de la sección sindical de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de FTE-UGT en la Universidad, señaló la "falta de transparencia" que presidió la constitución de la mencionada sociedad en julio de 2000 que, recordó, pidió un crédito inicial de 18 millones de euros. "El Claustro estuvo debatiéndola durante toda una mañana, y acordó la disolución de esa sociedad, pero la junta de gobierno, presidida entonces por Domingo Docampo, recusó el acuerdo del Claustro". Para este sindicalista, la sentencia prueba que hubo una "voluntad clara de hacer las cosas mal".

Faro de Vigo, 12/05/07

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