Roberto Rodríguez Gómez: UNAM, el secreto de la Junta

Roberto Rodríguez GómezRoberto Rodríguez Gómez: UNAM, el secreto de la Junta
Publicado en Campus Milenio, núm. 248, noviembre 8 de 2007

Concluido el periodo de audiencias ante la Junta de Gobierno de la UNAM, su presidente dio a conocer la selección de ocho entre 27 académicos nominados, así como la decisión “de convocarlos a entrevista y recibir la documentación que los formaliza como candidatos” (El Universal, 31-10-2007). Los invitados fueron José Antonio de la Peña, Gerardo Ferrando Bravo, Luis Javier Garrido, José Narro Robles, Fernando Pérez Correa, Rosaura Ruiz, Fernando Serrano Migallón y Diego Valadés. Esta semana ocurrieron las entrevistas, la próxima la Junta deliberará, votará y llegará a un resultado, dándolo a conocer antes del lunes 19 de noviembre, día de inicio del cuatrienio rectoral 2007-2011.

La Junta no dio explicaciones, nada la obliga, sobre su primera selección, aunque la mayoría de los nombres cayeron en lo previsto. En las semanas que duró la consulta hubo pronunciamientos de distintos grupos y personalidades en favor de los candidatos. Pero ¿cuál fue el criterio que determinó el corte final: el número de apoyos, su calidad, o más bien el peso académico y político de los respaldos? En plena era de la transparencia no es dable conocer ese dato elemental. Quizás tampoco se conozcan los argumentos y los criterios que encaminen la resolución final.

No es motivo de preocupación, por cierto, ni la responsabilidad ni la prudencia del colegiado para tomar esa decisión. De seguro se considerarán los perfiles, los proyectos y los apoyos recibidos por los aspirantes y será decantada la mejor opción para dirigir la universidad. Eso no se duda. Sin embargo, como la deliberación y la votación son confidenciales, hasta el peso relativo de los factores podría quedar en el secreto de la Junta.

Desde su formulación en la vigente Ley Orgánica de 1944-1945, el cónclave ha permitido articular y mantener equilibrios de gobernabilidad institucional. También se ha cuidado un principio básico de la autonomía, al menos en su forma. Si en algún momento el Ejecutivo federal incidió en la elección de rector, si en otro tuvo eco la opinión del rector saliente, o si determinados factores económicos o políticos jugaron en las elecciones, ello quedó en el corazón de la Junta, no en el registro histórico documentado. Tal es la razón de ser del secreto, pero no su única vertiente. También interesa fortalecer la investidura del rector que inicia funciones. El titular llega al cargo respaldado por la unanimidad y no traslucen, más allá de especulaciones, las razones de fondo que, en cada caso, derivan en consenso.

Tal forma de actuar ha demostrado eficacia, pero también límites. ¿No será tiempo de que la UNAM revise y ponga al día la forma en que se elige al “jefe nato” de la institución? Hay quienes piensan que sí y los que opinan distinto. En lo personal me inclino por la primera postura, aunque lejos de calificar de antidemocrático o ilegítimo un procedimiento aprobado por la legislatura federal.

Una postura conservadora, que argumenta que la Ley Orgánica de la UNAM no debe ser sometida a revisión, ni en éste ni en otros aspectos, sostiene la existencia de un contexto político desfavorable. Frente a un Congreso dividido ¿cómo evitar que el debate se desborde?, ¿cómo contener el interés de los partidos en el control de la norma? Sin menoscabo del fundamento racional de este punto de vista, queda por resolver un enigma: Si hoy que la universidad ha logrado público reconocimiento no fuera posible armar el acuerdo requerido para definir, sin injerencias, el contenido de la reforma normativa ¿entonces cuando? ¿Se piensa acaso que volverán los tiempos del poder corporativo unitario? Esos días, como las golondrinas de Bécquer... no volverán.

Las intenciones de cambio se combaten también con remembranzas de experiencias superadas o con imágenes de escenarios catastróficos en que el rector es electo en votaciones generales. Sin embargo, en el vasto espacio intermedio entre la elección secreta y el sufragio universal, bastantes universidades han logrado operar fórmulas congruentes con propósitos de representación comunitaria, control académico y eficacia política.

Para ilustrar diversidad, no para recomendar prácticas, algunos ejemplos. En la Universidad de Buenos Aires el rector se elige en la Asamblea Universitaria, formada por el consejo superior y los consejos directivos de facultades, ambos órganos con representación de autoridades, académicos, estudiantes y graduados. En la Complutense de Madrid, a partir de la reforma estatutaria de 2003, la elección procede por votación de los catedráticos activos. En la Universidad de Sao Paulo, el gobernador del estado designa titular a partir de una terna definida por votos, en dos rondas, al seno de la Asamblea Universitaria.

En las universidades públicas de Francia el nombramiento recae en un órgano elector, el consejo de administración de cada institución, con delegados de autoridades, académicos, estudiantes, egresados, y desde este año también con representantes sociales. No sobra decir que ninguna de estas soluciones está exenta de debates, confrontaciones e incluso pugnas políticas, con distintos grados de intensidad según el contexto y las circunstancias. No son fórmulas perfectas, pero son más abiertas que la nuestra.

Las cosas no son eternas, algún día se reformará la Ley Orgánica de la UNAM. Mientras eso llega, un mínimo sentido de realismo político y sensibilidad social debería llevar a la Junta a entregar a la comunidad universitaria y al público en general una explicación razonada, fundada, amplia, no tautológica y clara de sus decisiones. Al menos de esta decisión. No hay obligación pero tampoco impedimento, ojala se hiciera.

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