Comunidad Valenciana: Bajo el síndrome del barracón pese a la paz salarial
La interinidad del profesorado y las carencias en infraestructura siguen siendo un lastre para el sistema educativo

Para bien o para mal, las competencias en materia educativa están transferidas desde 1984 a las comunidades autónomas y el margen de maniobra del Gobierno central, que es lo está en juego en las elecciones del 9 de marzo, es más bien estrecho. Eso no quiere decir que sus decisiones no vayan a tener consecuencias. En la legislatura que ahora toca a su fin, el PSOE ha aprobado la LOE y tiene intención de mantenerla si vuelve a gobernar; mientras el PP, que ha boicoteado esta ley en todas las comunidades autónomas en las que gobierna -así lo ha reconocido públicamente y la Comunitat Valenciana no ha sido una excepción- ya ha adelantado que la derogará si gana en las urnas.

Como es sabido, el Ejecutivo autonómico no está al final de la legislatura, sino al principio de una nueva, y según Alfonso Rodríguez, secretario de la Federación de Enseñanza de CC. OO., las carencias más alarmantes en este momento están en el ámbito administrativo. "Desde hace un año, la Conselleria está desorganizada a todos los niveles por los cambios de puestos y la falta de personal en los servicios territoriales es muy grave, especialmente en la de Alicante, porque tiene repercusiones tanto para los centros, que también sufren las consecuencias de las carencias en sus servicios administrativos, como para el profesorado y para quienes llevan a sus hijos a los centros públicos".

El caso es que lo más positivo se produjo al final de la pasada legislatura, en plena campaña electoral para las elecciones locales y autonómicas, cuando la Generalitat y los sindicatos firmaron los acuerdos del 8 de mayo de 2007. Ese documento no sólo permitió equiparar las retribuciones del personal docente con las de aquellas autonomías con los convenios más elevados, sino que según recuerda Rodríguez, "también reconocía temas de salud laboral y antigüedad, implantaba al fin un modelo retributivo que acaba con cualquier arbitrariedad, así como algunas medidas sociales como el reconocimiento de la conciliación de la vida laboral y familiar".

La paz salarial sofocó el conflicto, pero no el malestar de una comunidad educativa hastiada por tener que seguir haciendo frente a males endémicos como la temporalidad tanto en los recursos materiales, caso de los barracones, como humanos, con una tasa de temporalidad entre el profesorado que sobrepasa cualquier límite razonable. En ambos casos, la provincia de Alicante es la que peor parada sale en el contexto de la Comunitat Valenciana, donde 25.000 alumnos estudian en barracones, un tipo de aulas que algunos alumnos no han abandonado en todo su ciclo formativo de Primaria y Secundaria.

La mitad de las prefabricadas de la Comunitat Valenciana están en Alicante, según sostiene el representante de CC. OO. "Tenemos una provincia en la que por el boom del ladrillo hay una especulación enorme y hay lugares con problemas para habilitar solares. Eso ha incrementado la tendencia a mantener centros grandes y así los institutos están muy por encima en número de unidades de cómo se crearon en su día porque en lugar de crear nuevos centros de Secundaria se opta por ampliar los que hay dada la falta de suelo", apunta el sindicalista.

La ciudad de Alicante padece casos verdaderamente sangrantes como el colegio Benalúa o el 8 de marzo. "Y eso que ya desaparecieron los barracones del Figueras Pacheco y Mare Nostrum, pero se ha intensificado la política de la ampliación de los centros, que se hace a costa de eliminar espacios como bibliotecas o salas multiusos, que también son necesarios", recalca Rodríguez.

Para acabar con las asignaturas pendientes, CC. OO. reclama la elaboración de un mapa escolar que incluya los nuevos centros educativos para el periodo 2007-2011 y también los que siguen pendientes de la legislatura anterior.

La tendencia a ampliar centros en detrimento de la construcción de otros nuevos es preocupante en Secundaria; sin embargo, los colegios de Primaria son los más necesitados de reformas y no precisamente de ampliación, sino de rehabilitación.

Rodríguez apunta que las reformas urgen "en los centros de Primaria, pero también en Infantil y EPA (Escuelas para Adultos), conservatorios de Música, Escuelas Oficiales de Idiomas o, Cefires (centros de formación de profesorado), porque se han quedado muy anticuados".

Queda el consuelo al menos de que la adscripción a institutos de aquellos alumnos que seguían cursando Secundaria en centros de Primaria está prácticamente resuelta a excepción de un caso, el del colegio San Nicolás de Bari de Alicante. Este centro está al lado de un instituto, el Jorge Juan, al que deberían ir por proximidad, pero no pueden hacerlo porque ya no cabe un alfiler y debe haber una readscripción.

El otro gran lastre del sistema educativo es el elevado porcentaje de interinos que hay en las plantillas docentes, lo cual impide a los centros mantener una continuidad en su planificación y en sus departamentos. "Siempre hemos criticado la escasa Oferta de Empleo Público (OEP), que provocan que haya cada vez más escasez y rotación del profesorado, pero si a eso se le añade la existencia de unas comisiones de servicio que adjudican plazas a dedo nos encontramos con que Alicante concentra la proporción más alta de temporalidad", precisa Rodríguez. Las estimaciones de CC. OO. apuntan a que el 30% del profesorado de la Comunitat es interino, pero en la provincia de Alicante esa cifra supera el 40%. Por eso y por el caos administrativo, las sustituciones siguen dando muchos quebraderos de cabeza porque se cubren tarde, mal y cada vez más veces, nunca.

Otra asignatura pendiente es la implantación de una red pública de centros de 0-3 años, que hasta ahora se ha despachado con parches como el cheque para derivar a los niños a los centros privados.

Los presupuestos asignados a la Conselleria de Educación tampoco están a la altura de las expectativas sindicales. "Aspiramos a un 7% del PIB cuando ahora estamos en torno a un 4,2 o 4,3%, lo que nos sitúa incluso por debajo de otras regiones más pobres", señala Rodríguez. Por lo que respecta al ámbito universitario, sigue pendiente el acuerdo de financiación, aunque comparado con las tensiones en el resto de ciclos es una balsa de aceite. No en vano, la desaceleración de la matriculación en las universidades públicas ha desahogado las aulas y mejorado la ratio profesor-alumno y también la de inversión por estudiante.

Las Provincias, 04/03/08

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