Galicia: Los sindicatos acusan al bipartito de agravar la línea privatizadora del PP
Recuerdan a PSdeG y BNG su compromiso de zanjar la Administración paralela heredada del Gobierno de Fraga
Las cuatro centrales mayoritarias inician una campaña contra la proliferación de «chiringuitos» en el Gobierno
La unidad sindical que no concitó el pacto por el empleo que impulsó el bipartito en el inicio de la legislatura fraguó ahora en torno a la defensa de los servicios públicos y la denuncia de la política de privatizaciones en la Xunta. CC.OO., CIG, CSI-CSIF y UGT emprendieron ayer una campaña «en contra das privatizacións e da proliferación de chiringuitos» en la Administración. La campaña culminará el 26 de junio con una manifestación en Santiago, que arrancará de la entrada principal de San Caetano.
Los sindicatos han aguantado tres años antes de romper la cuerda, cuando el adelanto de las autonómicas a marzo solo está pendiente del anuncio oficial de Touriño. En una primera comparecencia de prensa, los representantes sindicales pusieron sus cartas sobre la mesa, con alusión incluida a los compromisos que los socios del Ejecutivo adquirieron en su programa. Denunciaron «a deriva do Goberno do PSdeG e BNG coa externalización da xestión de múltiples servizos públicos na Xunta, que vai en contra da filosofía emprendida por partidos progresistas, e ademais é contraria ao recollido expresamente no acordo programático de goberno». Recordaron que en ese acuerdo, firmado el 23 de julio del 2005, Touriño y Quintana se comprometieron a apostar por la profesionalización de la función pública, por el refuerzo de los servicios esenciales y la eliminación de la Administración paralela heredada de Fraga.
«Lamentable realidade»
Frente a aquellas promesas, los sindicatos pasaron al bipartito la factura de la «lamentable realidade». Sostienen que las fuerzas coaligadas no solo no han cumplido, sino que han agravado la situación que dejó el PPdeG: «Manteñen as mesmas políticas neoliberais do PP; crean máis e novos entes e chiringuitos, ademais de manter os existentes; deixan degradar os servizos públicos esenciais; permiten o empeoramento das condicións de traballo do persoal; promoven sistemas clientelares no acceso aos postos de traballo; e encarecen con máis custo os servizos privatizados».
Ante este diagnóstico crítico, las organizaciones sindicales emplazan a Touriño y a Quintana a abrir una negociación para «determinar e fixar os servizos públicos esenciais na Administración galega, así como a revisión daqueles entes, chiringuitos ou privatizacións que deben formar parte dunha Administración moderna, profesional, transparente, eficaz e ao servizo de todos os cidadáns».
La Xunta afirma que se organiza como quiere para ganar eficacia
El Gobierno gallego replicó a las críticas sindicales con una defensa del derecho a «organizarse como considere conveniente» para ofrecer servicios a los ciudadanos de la manera «máis eficaz posible». La Consellería de Presidencia cree que el debate debe centrarse en la calidad de la prestación del servicio «e non no vínculo xurídico que ten un traballador coa Administración». En este sentido, pone por delante las cartas de servicio, aprobadas en el último Consello de la Xunta.
El departamento que dirige José Luis Méndez Romeu sostiene que calificar de chiringuitos «formas alternativas» como las agencias «é argumentar contra a evolución da ciencia da administración, da xestión dos servizos públicos e o dereito administrativo».
La consellería subraya que el Gobierno bipartito ha suprimido las fórmulas que consideró «ineficaces», como las fundaciones hospitalarias, y las ha sustituido por «mecanismos de xestión directa pola Administración ou por outros, cando o estudio da situación amosou métodos máis apropiados», matiza.
Presidencia pone de relieve que los entes creados están sometidos a todos los controles, tanto en materia de personal como de financiación. Esgrime además que, en la contratación, se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y que algunos están cubiertos por personal funcionario y laboral y otros por trabajadores de los propios entes.
La Voz de Galicia, 28/05/08
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