Miguel Fuster: La educación valenciana según la ley de Murphy
Miguel Fuster, Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Facultat de Filologia. Universitat de València

Si hay una autonomía donde los peores presagios puedan cumplirse aplicando la archiconocida ley de Murphy, esa es la valenciana. En una de sus versiones, la agorera ley dice que si algo puede ir mal irá peor. Y puede aplicarse al dedillo a la gestión educativa, pues las cosas van francamente mal, y lo que se avecina, a pesar del incomprensible optismimo mediático del que alardean nuestros gobernantes, es peor.

Hay sobrados índicios de que la educación, a cualquier nivel, ni ha sido ni es prioritaria en el País Valencià y a las pruebas me remito. A pesar del imparable ascenso de nuestra población y del envidiable crecimiento económico de los últimos años, el ritmo de construcción de centros públicos ha ido siempre muy por debajo de las necesidades. Eso sí, nos hemos convertido en el paraíso de las prefabricadas. Sin embargo, las peores amenazas se ciernen sobre esos PAIs emergentes, que cuentan con la autorización de su conselleria correspondiente. Co-mo muestra les invito a acercarse a Torrent, a su Parc Central, donde miles de jóvenes parejas han elegido vivir. Ya son varios los edificios acabados y cientos los que allí habitan. La realidad de este nuevo barrio es que en su entorno no hay ni habrá en años venideros ni un solo centro público.

Otro indicio de que la cosa no pinta bien lo encontramos en los despropósitos del Plan Éxit que, a tenor de lo que vamos sabiendo, mejor llamarlo Pla Fracàs, ya que nunca se pensó invertir ni un céntimo de euro en ese voluntarioso plan. La triste realidad es que muy pocos van a ser los centros que lo pondrán en marcha. ¿Y qué me dicen del follón que han armado con Educación para la Ciudadanía, mediante la interpretación torticera de una ley estatal, con la dudosa justificación made in Font de Mora de fomentar el inglés entre los escolares con clases o trabajos? Pues del inglés olvídense, pura palabrería. No existe ningún plan serio para su fomento en las escuelas, y seguiremos con los planes experimentales per secula seculorum. La EpC sirve a la conselleria exclusivamente para cabrear al Gobierno de Madrid. Eso sí, con su ocurrencia -no será la última-, propinan una estupenda patada en el sufrido trasero a todos los padres y madres valencianos.

Pero eso es pecata minuta si lo comparamos con nuestro galopante fracaso escolar. A fecha de hoy, nuestros gestores no rinden cuentas del monumental fracaso en sus centros públicos, el cual se sitúa en un peligrosísimo 50%, y tenemos la certeza más que absoluta de que en la frontera del año 2010 no se cumplirá el ambicioso compromiso europeo firmado hace años de lograr que el 90% de los estudiantes de la ESO consiga su graduado escolar, o que el 80% obtenga un título de postgrado; y de la calidad mejor no hablemos. Es sencillamente imposible porque el ritmo inversor no le ha acompañado ni le acompañará.

Y como muestra de esta desorientación podría hablarse de la universidad. Estas semanas hemos visto cómo la conselleria se bate denodadamente con nuestros rectores hasta extremos ridículos con el único propósito de racanearle la millonaria deuda acumulada, y todo eso justamente cuando se está acometiendo el cambio del mapa de titulaciones en la educación superior más ambicioso de los últimos treinta años en España. Por contra, se tiene la osadía de anunciar costosos proyectos en edificios de universidades virtuales de cuestionable necesidad. Esa es la particular interpretación que el conseller hace de los acuerdos de Bolonia.

Vemos pues que la ley de Murphy se viene cumpliendo inexorablemente en el País Valencià, no podría ser de otro modo, y a pesar de que nuestros gobernantes insistan en negarlo, o aseguren unas veces que la culpa es del agua, o bien de la discriminación presupuestaria. Quién sabe, a lo mejor la culpa es del cha-cha-chá.

Levante, 06/06/08