José Andrés Fernández: Qué es y qué supone la Declaración de Bolonia (II): reconversión industrial

José Andrés Fernández: Qué es y qué supone la Declaración de Bolonia (II): reconversión industrial
Los créditos ECTS y las agencias de calidad, ajenas al ámbito académico, asemejan la Universidad a una empresa

• José Andrés Fernández: Qué es y qué supone la Declaración de Bolonia (I): financiación

Hace unas semanas, Guillermo Bernabéu, Representante Español ante la Comisión de Seguimiento del Proceso de Bolonia, declaraba en una entrevista: "Hubo un momento, quizás, de parón, de duda… Pero creo que ahora ya no hay dudas sobre lo que significa la puesta en marcha del proceso de Bolonia". Efectivamente, existe un percepción bastante extendida y fidedigna sobre qué es y qué supone el proceso de Bolonia: una reconversión industrial.

En última instancia será una reconversión industrial del conocimiento, como ha dado en en bautizarlo Carlos Sevilla, coautor de €uro-universidad. "Así como otros sectores (la industria del carbón o del acero o la industria siderúrgica) han sido reconvertidas en los años 80 o anteriormente, ahora le toca a la industria del conocmiento". Ahora bien, para poner en funcionamiento la industria del conocimiento antes hay que reconstruir aquellos sitios donde éste se encuentra: universidades y centros de investigación públicos. Así pues, esa reconversión industrial del conocimiento se cimentará en una reconversión industrial de la universidad. "Hace falta una universidad distinta, lo que nososotros decimos que es la universidad empresa. Pasamos de la universidad de masas a la universidad empresa, lo que implica necesariamente una serie de reformas que supone el Proceso de Bolonia, que son básicamente, la reforma de la estructura de las titulaciones, para acomodarlas a la precariedad laboral por un lado, y construir un canal de formación para élite, en segundo lugar la introducción de los créditos ECTS, como un mecanismo de disciplinamiento del tiempo de trabajo del estudiante, es decir, para que el estudiante interiorice que los ritmos de trabajo y la disciplina del mundo del trabajo es lo que se va a hacer a la universidad, y por lo tanto parar el tiempo, el potencial tiempo crítico de autoformación y transformarlo en tiempo alineado del trabajo; en tercer lugar es el establecimiento de mecanismo clásicos de la producción, como las agencias de calidad para medir los resultados de la misma, lo que ya implica un criterio puramente empresarial; y por último, la transformación de las instituciones, de los Ateneos, de los órganos de gobierno de la universidades en estructuras más similares a los consejos de administración de las empresas privadas. En definitiva, es una reconversión industrial de la universidad para adecuarla a la sociedad existente que nos ha tocado vivir".

Se trata, pues, de gestionar y regir la universidad como si fuese una empresa, por lo que aquellos que la integran, los universitarios, serán tenidos por trabajadores de la empresa. Para ello se crearon los créditos ECTS (European Credit Transfer System), que se introdujeron en el Proceso allá por 1998, con la Declaración de la Sorbona. El crédito se define como la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante y aúna teoría y práctica (clases lectivas), actividades académicas dirigidas (seminarios, prácticas, proyectos) y las horas de estudio y trabajo. En el sistema europeo ECTS el trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico se cuantifica en 60 créditos. Si entendemos que un curso académico consta de 40 semanas de actividad por año y que cada semana implica 40 horas de trabajo, resultarán 1.600 horas de trabajo a tiempo completo para que el estudiante salde el curso. Aplicar la lógica taylorista (volumen total del trabajo, división del mismo o las -ya casi añoradas- 40 horas semanales de producción) a la actividad estudiantil supone, amén de la inherente estructuración de la universidad tal que empresa y la concepción del estudiante como trabajador, una degradación de la formación y los derechos del mismo. Entender la tarea estudiantil como un trabajo a tiempo completo supondrá establecer las clases obligatorias y multiplicar las actividades académicas dirigidas lo que significará, para todos los estudiantes que lo necesiten, la imposibilidad de realizar cualquier otro trabajo con el que financiarse sus estudios. Las nuevas becas-préstamo, préstamos-renta y el aumento de tasas, harán que ese grupo de estudiantes que necesiten trabajar para asegurar sus condiciones materiales pase a ajustarse con el grueso de los universitarios. Esta es la primera criba, la que limitará el acceso a la universidad sólo a grupos pudientes, y cuyo resultado será la criba intelectual de los futuros profesionales que hayan de acceder a un puesto de trabajo: la jornada intensiva que introducen los créditos ECTS impide, desde la raíz, emplear el tiempo en la autoformación y la creación de conciencia política o saber crítico; sin una cobertura eficiente ni digna de becas, sin una renta para el trabajador-estudiante, con una jornada de trabajo-estudio a tiempo completo y con la precariedad laboral a la que tendrá que asirse para financiar todas las cargas asociadas al curso académico, el estudiante carece de tiempo para la autoformación intelectual, crítica y política, por lo que las empresas dispondrán de un ejército de becarios sin capacidad de cuestionamiento y con los ritmos de trabajo capitalistas muy bien aprehendidos durante su formación.

Parece, pues, evidenciarse un cambio del que surgirán dos nuevos híbridos (universidad-empresa, estudiante-trabajador) que se administarán bajo el único criterio de la productividad. Para ello, los organismos y administraciones públicas encargadas de dirigir esa nueva sociedad del conocimiento de la que habla la Declaración de Bolonia han de basarse en los principios de la gestión privada. Esto se ha intentado encubrir alegando la necesidad de establecer mecanismo de reconocimiento mutuo entre países de garantía de la calidad (acreditación académica). La red europea de acreditación de la calidad (ENQA), en la Declaración de Bergen de 2005, presentó un informe a petición de los ministros presentes en la conferencia ministerial de Berlín de 2003, en el que apuntaba a la necesidad de auditorías externas. En España, merced a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), se creó la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), quien supervisará la evaluación y la acreditación y los criterios de promoción y garantía de la calidad en las universidades. La ANECA, agencia externa a la universidad, será quien evalúe, certifique, acredite y juzgue cualquier tipo de actividad académica en base a sus propios criterios, que por naturaleza, también serán externos a los de la universidad.

Pero el papel de la ANECA en la universidad no es el único caso de intrusismo que se vive hoy día en nuestra Educación. La Secretaría de Universidades ha abandonado el ,ya extinto, MEC (Ministerio de Educación y Ciencia) para integrarse en el recién creado MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). La investigación, el desarrollo y la innovación (el I+D+I), la tecnología, la habilidad… la rentabilidad empresarial, en definitiva, vuelve a ser la prioridad para los países miembros de la UE a la hora de trazar sus políticas, en este caso educativas -como ya se revelaba en la estrategia económica del Consejo de Lisboa de 2000-. La financiación competitiva de las universidades, combinada con este mecanismo de acreditación de la calidad, conllevará una clasificación de las universidades en función de las cuales se las proveerá de fondos, lo que, por extensión, supondrá el cainismo entre las mismas en aras de conseguir la mayor productividad posible sacrificando para ello el conocimiento, enfrentado con estos criterios. La universidad, así pues, se adecúa a esa "sociedad existente que nos ha tocado vivir" de la que hablaba Carlos Sevilla, cediendo su autonomía académica al sistema capitalista actual al delegar la responsabilidad de decidir estructualmente sobre ella en instituciones que le son ajenas.

Con otro tono, otro enfoque, pero con el mismo aplomo, sin pizca de esas dudas de las que hablaba Bernabéu, el filósofo y escritor Santiago Alba Rico explica, sentencia, para laRepública.es qué significa esa puesta en marcha del proceso de Bolonia, centrando su discurso, al igual que Carlos Sevilla, en la repercusión que el Proceso tendrá para con el conocimiento, para con el saber. "El Proceso de Bolonia forma parte de un proceso general de privatización que incluye todo lo existente, todo el tejido de lo existente. Y en este sentido hay que aclarar que privatización lo que quiere decir es sencillamente biologización; es decir, vivimos en una sociedad capitalista en la cual cada gesto, cada fenómeno, cada expresión, cada símbolo, cada esfuerzo… se limitan a cumplir una función de reproducción biológica de un sistema de acumulación ampliada ilimitado, infinito, pero que naturalmente se alimenta de recursos limitados y finitos. En este proceso de biologización el saber también tiene que ser biologizado, tiene que ser deglutido, digerido, por las grandes empresas. Las consecuencias que esto puede tener para la conservación misma de la humanidad son terribles; es decir, privatizar el saber es el equivalente a suprimir en un sólo minuto decenas de miles de especies animales o de árboles; biologizar el saber supone impedir radicalmente su existencia puesto que el saber se inscribe de entrada y como condición de posibilidad en el terrreno público; allí donde el saber si privatiza, el saber se volatiliza. El saber, por lo tanto, pasa a formar parte de este complejísimo organismo, de este complejísimo sistema digestivo, y el Plan Bolonia lo que hace es poner todo el patrimonio científico y filosófico de la humanidad al servicio de esas mismas multinacionales que están matando millones de personas en el Congo, impidiendo que se cure la malaria, envenenando, como Monsanto, con dioxinas a una enorme parte de la poblacón mundial… El Plan Bolonia tiene un doble objetivo, cada uno de cuyos elementos es inseparable del otro: de lo que se trata por un lado es de poner el saber al servicio del aparato digestivo del capitalismo; y, haciendo eso, precisamente en la medida en que el saber siempre ha sido la condición misma del espacio público y de la defensa del espacio público, lo que se consigue es dejarnos sin defensa frente al proceso digestivo del capitalismo. Por lo tanto, se pretende rentabilizar el saber y mientras se rentabiliza el saber, privarnos de ese arma fundamental que hasta ahora, y durante al menos 2.500 años, nos ha permitido precariamente defendernos".

La República, 22/07/08