José María Asencio Mellado: Privatización y control de la Universidad

José María Asencio Mellado: Privatización y control de la Universidad
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la Univesidad de Alicante

El proceso de Bolonia y las sucesivas reformas que se están imponiendo en la Universidad tienen un fin concreto y meditado, aunque sea a medio o largo plazo: la privatización de la institución, la subordinación de ésta al mercado y la creación de una élite de estudiantes que, lejos de acceder por méritos a los estudios superiores, lo será, fundamentalmente, por los recursos con que cuenten.

Sólo hay que ver lo que se esconde tras los objetivos perfilados al momento del diseño de Bolonia que no fueron, aunque éste sea el explicitado con profusión, los de unificación europea del espacio universitario. Junto a éste, loable desde luego, aparecen los de subordinar la Universidad a las exigencias del mercado y los de modificar la financiación, minorando la inversión pública y aumentando la privada, siendo mecanismos destacados al efecto de modo expreso los de incremento de los precios de las matrículas, acercándolos al valor real del servicio y los de sustitución de las becas por préstamos a devolver en el futuro. Todo muy bien, si no fuera porque los recién licenciados suelen ser mileuristas que bastante tienen con pagar, si les llega, la hipoteca.

Que sea el mercado el que diseñe la Universidad constituye un criterio economicista que, más allá de suponer una relegación del conocimiento a la utilidad y el beneficio, implica que será el mercado el que determine qué carreras son útiles y cuáles merecen ser suprimidas, siendo las de humanidades, poco rentables económicamente, aunque lo sean importantes para el desarrollo humano, las que estarán en grave riesgo. Igualmente, será el mercado el que determine el número de alumnos de cada estudio, pues sólo se admitirá a aquellos que el mercado pueda absorber. Y, en fin, que los curricula se deberán articular, más allá de la adquisición de los conocimientos plenos de una carrera, atendiendo a criterios de especialización que hagan maestros absolutos de un poco e ignorantes del todo.

Nadie podrá ejercer profesión alguna con los cuatro años de las llamadas diplomaturas, pues para acceder a una profesión se exigirá una maestría (máster es palabra extraña a nuestro idioma) y las maestrías, como acredita la experiencia española y foránea, digan lo que digan, nunca podrán ser asumida por la Universidad con sus medios y a precios públicos. Serán privadas y con costes elevados. Decir lo contrario, cuando el Estado y las CC AA no piensan aportar ni un euro al nuevo modelo y cuando nuestras universidades están al borde de la quiebra, es una burda mentira que sólo pueden creer los que viven en la confianza en quienes han acreditado que no la merecen.

Reformar la Universidad es necesario, pero toda reforma debe hacerse atendiendo a unos objetivos y con unos medios que en este caso son el primero rechazable y, el segundo, inexistente. Que los métodos de docencia han de modificarse es algo que nadie discute y que, en todo caso, ya se está haciendo desde hace tiempo sin que nadie lo imponga, pues las evaluaciones continuas son un fenómeno cada vez más extendido. El problema es que nadie ha enseñado a profesores y alumnos método ninguno de enseñanza diferente a aquel en el que todos los que hoy estamos en la Universidad hemos aprendido, desde niños. Nos hemos formado en la clase magistral y en la superación de exámenes desde pequeños y no sabemos hacer otra cosa. Lo intentamos, pero los resultados, como mucho, son fruto del puro voluntarismo. Ni nosotros sabemos, ni los alumnos, en su mayoría, están preparados para asistir a clases al estilo norteamericano. No es el modelo que conocen y dominan. Una reforma del modelo educativo exige preparación y tiempo, algo similar a la EpC en inglés. Yo practico, sin que nadie me lo haya exigido, sino por convencimiento, el modelo Bolonia desde hace dos años, no hago exámenes, sigo evaluaciones continuas, los exámenes son prácticos. Puedo hablar, pues, con conocimiento de causa. Y doy fe de las extremas dificultades.

El profesorado está siendo sometido, paralelamente, a sistemas de control, llamados de calidad, que no sirven al efecto, sino sólo para reducir drásticamente el acceso de los jóvenes y, al fin, el número de profesores. Con sueldos bajos, mileuristas, pretenden mantener en puestos inestables a personas con edades cercanas a los cuarenta años que acumulan méritos tales como ser licenciados, doctores, premios extraordinarios de doctorado, con libros y artículos publicados, con becas en universidades extranjeras, etcétera. Y, a muchos que cuentan con estos méritos, les niegan la promoción sin que nadie, absolutamente nadie, lea sus trabajos, pues el control no se hace sobre la calidad de lo hecho, sino sobre estándares externos y medidos a peso, destacando más que la docencia o la investigación, la labor burocrática realizada y todo ello, de manera absolutamente inconstitucional, apreciado por personas anónimas, pues los informes sobre los que se hacen las valoraciones son redactados por sujetos desconocidos que actúan en la más absoluta impunidad. Es más, dichos evaluadores tampoco son de la materia valorada, de lo que cabe inferir que no son las obras lo que se analiza, sino un conjunto de criterios que nada tienen que ver con el mérito. Y en muchas ocasiones los que informan y valoran poseen muchos menos méritos que los evaluados, pues son designados a dedo, no por sorteo, por el Ministerio de Ciencia o la llamada ANECA, organismo privado ¿cómo no? que cumple las directrices gubernamentales. A dedo y anónimos. Y, en fin, los criterios de evaluación no constan ni en la ley, ni en los reglamentos, sino en decisiones internas de aquella agencia, careciendo de valor normativo, no obstante lo cual los anteponen, en clara infracción del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, a las disposiciones legalmente establecidas, incluso con efecto retroactivo. Inquisición pura de un modelo incomprensiblemente propiciado por el actual Gobierno que, tarde o temprano, tiene que estallarle en las manos.

Por supuesto que el anterior sistema de acceso tenía graves inconvenientes y que había de ser desterrado, por las corruptelas de todos conocidas. No lo apoyo. Pero, entre aquel con sus deficiencias y el actual, oscurantista y que no atiende a los contenidos de los trabajos, sino a criterios estrictamente formalistas y discrecionales, con electos a dedo, no por sorteo y sin analizar el trabajo hecho en sus contenidos, prefiero el primero.

Malos tiempos para la Universidad y malos para la enseñanza en general. Al igual que sucede en la Justicia, hay que invertir en medios materiales y personales, saber qué se quiere y hacia dónde se camina. Genialidades todos las tenemos. Lo importante es sabernos limitados en nuestras invenciones y que no se aplauda a quien no está asistido de razón, por muchos pasillos ministeriales que recorra en detrimento de los que, al dedicarse a trabajar, carecen de disponibilidad de tiempo para tan ardua labor de intriga.

Y quien esto firma, no tiene ya que someterse, afortunadamente, a dichos controles. Mis opiniones, pues, son libres y desinteresadas.

Información, 09/12/08