Miguel Ángel Andrés: La necesidad de comprender Bolonia

Miguel Ángel Andrés: La necesidad de comprender Bolonia

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pretende, oficialmente, la armonización de las titulaciones, la movilidad estudiantil y laboral y la adopción de un sistema universitario de calidad. Sin embargo, estos objetivos no explican la esencia del proceso, sino que existen otros fines, condiciones y circunstancias que ponen en serio peligro la integridad de la universidad pública. El Proceso de Bolonia no es -como ha llegado a afirmar algún cargo público- un documento de dos folios, en referencia a la Declaración de Bolonia de 1999. Se trata de la culminación evolutiva de la política educativa de la Unión Europea y de una aspiración que ha transcurrido por varias etapas. En esa dinámica es interesante observar el papel de un grupo de grandes empresarios, la ERT, y su influencia en los postulados de la Comisión Europea y en la configuración de las bases del EEES.

Asimismo, con la Agenda de Lisboa (2000) se produce una instrumentalización de la enseñanza universitaria para alcanzar en Europa la economía más competitiva del mundo. En este contexto, podemos entender las dificultades de las Humanidades para sobrevivir, y la introducción del aprendizaje basado en competencias, concepto procedente del mundo empresarial y profesional. Así, para responder a las necesidades formativas de las empresas en un mercado laboral cambiante e imprevisible, el de la llamada Sociedad del Conocimiento, se impone la formación en competencias, habilidades y destrezas en detrimento de la lógica académica y de las exigencias teóricas de las disciplinas.

Por otro lado, se ha asumido de forma acrítica que existe una necesidad de incrementar la financiación privada de las universidades, tal y como promueve, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión Europea sobre invertir eficazmente en educación y formación. Bolonia significa, también, profundizar en la colaboración entre universidades y empresas, lo que puede subordinar los intereses de las primeras hacia los de las segundas. Su lenguaje reitera hasta la saciedad vocablos como eficiencia, eficacia o competitividad, y, en cambio, olvida otros como equidad, igualdad y justicia social. Para la historia parece haber quedado el objetivo de la convergencia en becas, que sí se menciona en la Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1988). La introducción en nuestro país del préstamo-renta, para afrontar el encarecimiento que conlleva el postgrado, confirma la creciente tendencia de trasladar el coste de la Educación Superior al gasto privado, ya que los estudiantes, al contrario de lo que sucede con las becas tradicionales, terminan sufragando el precio de sus estudios. Además, como han demostrado diversos estudios, las clases más desfavorecidas, debido a su mayor aversión al riesgo, no suelen solicitar estos préstamos. Tampoco en el ámbito de la movilidad estudiantil se tienen en cuenta los aspectos de equidad. Así, pese al constante aumento de la cuantía de las becas Erasmus, éstas se conceden con independencia del nivel de renta de las familias, por lo que, como ha puesto de manifiesto un estudio reciente, la participación en estos programas depende en buena parte de la posición socioeconómica del estudiante.

Si a todo lo expuesto añadimos la escasa información, la limitada participación estudiantil, la insuficiente financiación pública y la ausencia de un análisis socioeconómico sobre las consecuencias de la aplicación del crédito ECTS (que implica estudiantes a tiempo completo), aumenta la sensación de incertidumbre e inquietud que padece la comunidad universitaria.

El movimiento estudiantil contra el llamado Proceso de Bolonia, con más o menos aciertos, ha tenido la virtud de trasladar al debate público las reformas de la enseñanza universitaria. Y no lo ha hecho con protestas basadas en intereses corporativistas, que, por otro lado, serían legítimas (por ejemplo, las licenciaturas de cinco años se devalúan al equipararlas con grados de cuatro años), sino con un compromiso social en torno a la defensa de la universidad pública. Es cierto que este movimiento no siempre ha logrado argumentar con éxito un correcto diagnóstico, pero los peligros que se avecinan son reales. Sólo si somos conscientes de este contexto mercantilista, podremos minimizar las consecuencias dañinas de la aplicación del EEES. Necesitamos comprender Bolonia para actuar con menos entusiasmo sumiso y más espíritu crítico. Tenemos la obligación moral de defender una universidad pública de calidad, autónoma, universal, encargada de formar ciudadanos críticos y cultivar la Ciencia y las Humanidades; una universidad que esté al servicio de una sociedad justa, igualitaria y libre y no de los dictados del poder económico.

La Voz de Salamanca, 22/11/08