USC: Los acreditados para una cátedra exigen a la USC que cree sus plazas

USC: Los acreditados para una cátedra exigen a la USC que cree sus plazas
Aseguran que el Rectorado no generó de motu propio ni una cátedra desde el 2001

La Universidad de Santiago cuenta en estos momentos con casi medio centenar de profesores acreditados por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (Aneca) para obtener una cátedra, pero la USC no ha creado esas plazas para poder ocuparlas. Este colectivo acusa al equipo rectoral de que desde la aprobación de la LOU no se creó ninguna cátedra de motu propio, aunque sí se nombraron nuevos catedráticos.

Los profesores señalan que en enero de 2008 se puso en marcha un sistema de acreditación nacional para evaluar a los candidatos a estas plazas a través de una agencia independiente, pero la USC no ha aprobado por el momento el procedimiento para emplear este proceso. Además, la propuesta que han recibido los profesores se centra únicamente en los sexenios de investigación, prescindiendo de otros indicadores que recoge la Aneca.

El colectivo de docentes considera frustrante e inaceptable que los responsables de la USC «cheguen a cuestionar de xeito máis ou menos explícito o propio sistema de acreditación nacional establecido polo MInisterio de Educación». De hecho, acusan al rector de una actitud intervencionista que pretende imponer criterios parciales de selección «presuntamente orientados a facilitar a promoción clientelar de persoas de determinados grupos de presión». De ahí que exijan que, sin más dilación, se habiliten tantas plazas de catedrático como profesores acreditados haya en la USC, y se convoquen los concursos de acceso. Los aspirantes a una cátedra recuerdan que son un colectivo rentable que lidera grupos de investigación y capta muchos recursos.

Según los profesores, los motivos que aduce el Rectorado para no crear estas plazas son fundamentalmente económicos, pero recuerdan que el coste de transformar una plaza de titular en otra de catedrático es mínimo, y se compensa con el ahorro de otras transformaciones -un contratado le cuesta más a la institución que un titular-, y además, se «pretende restrinxir o dereito lexítimo á promoción do profesorado».

La Voz de Galicia, 28/05/09