Matrículas más caras para combatir la desigualdad

Es por tu bienMatrículas más caras para combatir la desigualdad
El debate de las tasas universitarias se reabre en plena crisis

El Gobierno estudia una nueva financiación para las universidades que corrija ineficiencias crónicas como la alta tasa de abandono de los estudios. Se vuelve a poner encima de la mesa un debate que lleva coleando 15 años en España: subir el precio de las matrículas a quien pueda pagarlas para costear un potente sistema de becas.

¿Se puede hacer un sistema universitario más justo subiendo los precios de las matrículas? El economista y profesor de la Universidad de Londres José Ginés Mora está convencido de que así es. Se trataría de que con ese dinero extra, que pagarían los que tengan recursos suficientes, engordaría enormemente el sistema de becas y ayudas (préstamos). De ese modo, de verdad servirían para que a los jóvenes desfavorecidos les mereciera la pena no estar ganando dinero en un trabajo, sino estudiando una carrera. Ahora, asegura Mora, con unos precios "relativamente bajos" y un sistema de becas insuficiente (el 0,09% del PIB frente al 0,25% de la media OCDE), se subvenciona igual a los que tienen y a los que no.

Los estudiantes pagan con sus matrículas, de media, entre el 10% y el 20% del coste real de sus estudios en la universidad pública. El profesor de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado calcula en un reciente artículo que pagan de media 900 euros, mientras que el coste real se acerca a los 8.000, con lo que la subvención asciende a más 7.100 euros, independientemente del nivel de renta.

La extensión de la enseñanza universitaria en España ha sido muy rápida: el 26% de la población de 25 a 34 años tiene un título superior, dos puntos por encima de la media de la UE y casi 10 más que dos décadas antes, según datos de la OCDE de 2007. Así, es cierto que el actual sistema ha disminuido ligeramente la desigualdad, pero esta aún es muy evidente, advierte el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez: "El 10% de los hijos de personas sin estudios llega a la universidad, mientras lo hace el 60% de los hijos de universitarios".

Martínez cree que, en teoría, es correcto el argumento de la subida de tasas, pero advierte: "A medida que alguien tiene menos dinero, mayor es la aversión al riesgo. Esto significa que tasas más altas, aunque puedan compensarse con becas y préstamos, pueden echar atrás a las clases populares a la hora de estudiar". En cualquier caso, el rechazo social que conllevaría, a su vez, un gran coste político, es probablemente el mayor argumento en contra, sobre todo en tiempos de crisis como los actuales. De hecho, la idea se ha puesto sin éxito encima de la mesa en España, intermitente pero constantemente. Documentos del Consejo de Universidades de 1995, 2007 y enero de 2010 han propuesto, sin éxito, esa subida de tasas.

La idea del último texto, presentado por el Gobierno para su debate, es que paguen más los que suspendan, lo que en teoría también ayudaría a solucionar una de los grandes agujeros por donde se escapan recursos públicos en la universidad: las elevadas tasas de repetición y de abandono que suponen un enorme despilfarro. Así, se pagaría en la segunda matrícula el 50% del coste real y el 100% en la tercera.

Pero, a la vez, el sistema de becas y ayudas se doblaría, extendiendo, por ejemplo, hasta 100.000 las becas-salario, que alcanzarían además un importe de 7.000 euros en 2015. Además, se fomentarían los buenos resultados, por ejemplo, con préstamos que se convierten en becas si se aprueba todo cada curso.

Los estudiantes rechazaron inmediatamente la idea, más aún en el actual contexto de crisis, y el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, aseguró que no se tocarían los precios, al menos, hasta 2013. Después del periodo de debate, hoy el ministerio presenta el documento revisado. "Tiene que haber un pacto de confianza, no vamos a tocar los precios antes de ver cuál es el coste real", asegura Rubiralta. Así la idea es ponerse de acuerdo en cómo calcular esos costes, que pueden diferir según la titulación, mientras se sigue aumentando el esfuerzo en becas, con el objetivo de llegar al 0,2% del PIB, añade.

De cualq uier modo, la nueva financiación también tratará de resolver carencias crónicas. Por ejemplo, el alto número de universidades repartidas por España (47), con una oferta tan parecida que, al descender el alumnado por la curva de natalidad, algunos centros se han vaciado, provocando gran despilfarro. El texto también propone una inversión extra de 2.400 millones en los próximos años para alcanzar el 1,5% del PIB de gasto en universidades (la media OCDE). Pero eso, para después de la crisis.

Primer paso: la contabilidad de costes

"La Universidad española, en general, está financiada con insuficiencia", asegura el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. "Nadie puede negar que, en la actualidad, las universidades están bien financiadas y que el objetivo actual es mantener esa financiación pública, pero establecer mecanismos que garanticen una eficiencia en el uso de los recursos", asegura la profesora de Economía y Hacienda Pública de la Autónoma de Madrid Carmen Pérez Esparrells. ¿Quién tiene razón?

Ahora mismo es difícil de decir, ya que el sistema universitario español sufre un grave problema de opacidad de sus cuentas. En los campus españoles "no hay contabilidad de costes", asegura el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo, aún tratándose de un instrumento básico de gestión. En la actualidad, se realiza una contabilidad financiera, en la que todos los ingresos y los gastos de una universidad se meten en una caja única, sin tener en cuenta, los centros de costes internos: los de un laboratorio de investigación, por ejemplo, o los de la facultad de Medicina o, incluso, los de cada departamento en cada facultad.

En el mundo universitario público español se olvida "con frecuencia que el ejercicio de la autonomía está obligadamente relacionado con la práctica de la responsabilidad social. La contabilidad de costes puede ser una herramienta idónea para reducir e incluso eliminar estas confusiones, al tiempo que facilita la transparencia que requiere todo proceso de rendición de cuentas", aseguraba en un trabajo de 2005 el gerente de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros.

Pero es ahora, en el documento que presenta hoy el Ministerio de Educación para una nueva financiación, cuando llega el compromiso de crear ese sistema de contabilidad, con indicadores consensuados, "que dé credibilidad y confianza en el sistema", asegura el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta. Entre otras cosas, para señalar el coste real que tiene impartir cada titulación.

No existe inversión más rentable

La educación es la clave del bienestar, desarrollo y progreso de un país ya que mejora la salud y el medio ambiente, reduce la pobreza y la desigualdad, aumenta el emprendimiento, la productividad y la competitividad y estimula la libertad y la democracia. No existe ninguna otra inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos y, sin embargo, muchos países democráticos no invierten lo suficiente en educación, ya que su elevado rendimiento se percibe entre 15 y 20 años más tarde mientras que el ciclo político promedio suele ser de entre 4 y 8 años, tres veces más corto.

España ha hecho un enorme esfuerzo inversor en educación en estos 32 años de democracia, pero queda mucho por hacer, puesto que ha sido mucho más cuantitativo que cualitativo, al tener que partir de un nivel muy bajo. Ahora, el siguiente paso es conseguir una mayor calidad en la educación. Los estudios económicos comparativos muestran que la educación suele ser de mayor calidad cuanto mejor pagados están los profesores y menor es el número de alumnos por clase. Su situación comparativa con la OCDE y la UE27 muestra lo siguiente:

Primero. España invierte un punto porcentual menos de su PIB en educación pública que la media de la OCDE (4,6% frente a 5,8%) y, según Eurostat, que la media de la UE27 (4,3% frente a 5,3%) y de lo que invertía en 1995 (5,3%). Una parte de esta diferencia se ha justificado por una mayor caída de la fecundidad.

Segundo. España gasta menos por alumno que la media de la OCDE. En Primaria 5.500 dólares frente a 6.100, en Secundaria 7.211 dólares frente a 7.700 y en Terciaria (FP Superior y Universidad) 10.100 frente a 15.600 dólares. Sin embargo, dedica el 71% del gasto corriente a los profesores frente a una media del 63% en la OCDE y los salarios de entrada de los profesores de educación Secundaria básica son un 20% superiores a la media de la OCDE.

Tercero. A pesar de su mayor proporción de profesores por estudiante, el promedio de alumnos por clase es similar al de la OCDE, 20,7 frente a 21,5, y las horas netas anuales de enseñanza en Primaria son 880, frente a 812 de media de la OCDE, en Secundaria básica son 713 y en Secundaria superior 693 frente a 667 de la OCDE. Sin embargo, sólo dedica a incentivar a los mejores alumnos un 3% del total de su gasto educativo, frente a un 6% en la UE o el 10% en la OCDE. Es decir, tiende a subvencionar a los alumnos independientemente de su renta, de su desempeño y de su esfuerzo en cada escuela o universidad.

Cuarto. El porcentaje de estudiantes en escuelas públicas es sólo del 70% frente a un 82% en la UE27, mientras que el porcentaje de estudiantes en las universidades públicas es del 56%, superior al 48,5% de la UE. Por el contrario, el porcentaje de estudiantes en Formación Profesional es sólo del 31% frente al 37% de la UE. Asimismo, la formación continua en las empresas es muy baja, sólo un 47%, frente a un 60% en la UE, lo que es un efecto más del exceso de contratos temporales.

Quinto. El Gobierno central sólo financia el 12,6% de la educación total, casi igual que Alemania, frente a una media del 49% en la UE o del 76,5% de Francia. Esto hace que el nivel de calidad de la educación regional sea muy dispar, más todavía cuando es casi el único país de la UE27 en el que no existen pruebas nacionales rigurosas para medir la calidad educativa de cada región y escuela.

Sexto. Un 20% de las personas entre 15 y 19 años recibe educación, uno de los porcentajes más elevados de la OCDE. Además, un 32% de las personas entre 20 y 34 años tienen como mucho la educación Secundaria básica, frente a sólo un 20% en la OCDE, y el 50% de las personas entre 25 y 64 años posee educación Secundaria superior, frente a un 68% en la OCDE.

Séptimo. Aunque existe una prima salarial por tener cualificación universitaria frente a Secundaria superior y entre ésta y Secundaria básica, es mucho más baja que en la OCDE. Mientras que en Estados Unidos una persona con estudios universitarios gana un 86% más que otra con estudios secundarios y en la OCDE un 52% más, en España sólo gana el 32% más y una persona con la Secundaria básica gana un 94% de lo que gana otra con Secundaria superior. Es decir, existe un menor incentivo para educarse más.

Octavo. La diferencia entre la demanda de trabajadores cualificados y de personas con estudios universitarios es sólo de cinco puntos porcentuales, lo que hace muy difícil conseguir dichos empleos (solo un 78% frente a un 92% en la OCDE) y que muchos universitarios estén sobrecualificados para el trabajo que desempeñan (30%). Existen más graduados universitarios y menos graduados con Formación Profesional superior que en el resto de los países de la OCDE en relación con la demanda.

Noveno. El fracaso escolar y universitario es uno de los más elevados de la OCDE y de la UE27. Más del 30% de los alumnos de ESO no la terminan, un 30% de los alumnos de universidad tampoco acaban sus estudios y otro 30% los acaban dos años más tarde. Esto demuestra que los incentivos y las subvenciones a la educación están mal diseñados. Este despilfarro cuesta un 1% del PIB cada año, que podría dedicarse a mejorar la calidad de la educación.

Décimo. Los resultados de Pirls colocan a los de cuarto de Primaria entre los cuatro peores de Europa y los de Pisa 2006 para los de cuarto de ESO han retrocedido cinco puntos en ciencias y 20 puntos en lectura respecto a los alcanzados en 2003, y además están por debajo de la media.

El País, 26/04/10

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