José Luis Vega Carballo: El ataque del Banco Mundial a las Universidades y los derechos culturales

José Luis Vega Carballo: El ataque del Banco Mundial a las Universidades y los derechos culturales

El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods  (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en  Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA

En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas  por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida  como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.

A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.

En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.

Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.

Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero,  radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello  dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.

Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué. 

La segunda generación de reformas del Consenso de Washington, liderada por el Banco Mundial (BM), pone especial énfasis en impulsar dos reformas que deben avanzar al unísono y en recíproca fecundación: la laboral y la educativa. En un caso se persigue que los mercados sean liberados de las distorsiones que según los empresarios introduce el accionar de los sindicatos y la legislación laboral proteccionista; y, en el otro, purgar a los sistemas de educación pública de agentes y factores reacios a gestionarlos con un estricto apego a las exigencias de la demanda empresarial por mano obra calificada y por cuadros técnicos medios y altos de confianza para las corporaciones.

De allí que, tanto el mercado laboral como el de los servicios de educación, deban ser reformados para que evolucionen según las necesidades e intereses del sector productivo y sigan las señales de los mercados, incluido el global. De no ser así, se estaría afectando negativamente la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas y el país. En otras palabras, reviste  especial importancia que la oferta educativa se ajuste a la laboral, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, y que ambas respondan directamente a los vaivenes del ciclo económico, a las decisiones del sector productivo empresarial, y a las políticas económicas que se diseñen y ejecuten según las fluctuaciones de los mercados y las tendencias del ciclo, unas veces restrictivas otras expansivas. El plantear criterios distintos en esta materia, solo entorpecería las medidas de estabilización o reactivación que el BM y otras agencias internacionales estiman como indispensables para impulsar la globalización.

Aquí es donde se halla el meollo del Neo-institucionalismo promovido por el BM como marco para darle continuidad y radicalizar los programas de ajuste estructural. En consecuencia, los aparatos educativos e ideológicos del Estado deberán readecuarse en todos sus niveles, incluido el universitario, para que sean compatibles con las políticas económicas neoliberales, más cuando se atraviesa un momento de crisis recesiva como la actual, cuando se vuelve urgente salvaguardar tanto al sector productivo exportador, como al financiero-bancario; es decir, los dos ejes principales de la globalización del capitalismo y de su otra cara: el imperialismo neocolonialista con todos sus agentes, entre los que sobresalen el BM junto al FMI y la OMC. Actúan los tres como los mecanismos claves a través de los cuales se ejerce la hegemonía imperial a escala mundial. Claro está, sin dejar de lado el brazo militar constituido por el Pentágono, la CIA y la OTAN, con sus comandos ahora totalmente integrados bajo el sistema de la guerra continua y total. Debe entenderse que estos engranajes son capaces de mezclar poder “suave” con poder “duro” al coordinarse para ejecutar la doctrina del “smart power” de la administración Obama, propuesta por el Departamento de Estado con Hillary Clinton a la cabeza. Una muestra de la cual ya hemos visto operar bastante cerca a raíz del golpe militar de 2009 y otras incidencias en Honduras.

Pues bien, entendido ese renovado contexto de dominio imperial, no es casual que en Costa Rica estén en la corriente legislativa proyectos de ley persiguen acelerar la flexibilización o precarización laboral en el sector privado y en el público, tanto en las empresas como en las instituciones, bien avalados por la unión de cámaras patronales (UCCAEP) y por una corrupta coalición de fuerzas ultraderechistas, aglutinadas alrededor del pacto Li-Li de los partidos Liberación y Libertario. El más reciente en ingresar fue el proyecto de ley sobre empleo público fraguado en el ministerio de Planificación (Mideplan) y confeccionado según lineamientos típicos del neo-institucionalismo del BM. Esta iniciativa pretende ubicar las relaciones obrero-patronales en ese sector en el marco de las leyes de la administración pública y lo contencioso-administrativo, sustrayéndolas por ende del ámbito regido por el Código del Trabajo, el régimen de Servicio Civil, y el capítulo constitucional de las Garantías Sociales. La estrategia es que la planilla y el manejo del personal del Estado converjan lo más posible en línea con el ciclo y las políticas neoliberales, con las necesidades del sector productivo y las demandas del mercado, para lo cual hay que facilitar y abaratar los despidos y demás componentes del coste laboral, incluida la seguridad social.

A la par de la reforma laboral sin duda se moverá la reforma educativa, a fin de abaratar en paralelo los costes de la formación y capacitación de la mano de obra en todos los sectores de la economía, a lo largo y ancho de la división social del trabajo; tarea en la cual deben jugar un papel central y coordinado el Ministerio de Educación Pública, las universidades y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). A esos efectos, no tendrán estas instancias otro camino que acoplarse a la estrategia del BM según la cual los objetivos, metas, formas y contenidos de la enseñanza-aprendizaje deben responder prioritariamente a las demanda de los mercados y del sector productivo; por tanto, doblegarse ante la presión por bajar los costos laborales locales, a fin de que las empresas locales y las transnacionales instaladas en el país puedan competir internacionalmente en términos favorables incluso con los tigres asiáticos, China incluida.

Lo anterior impone que la educación en general deba volverse cada vez más pragmática y técnica (según el BM,  una “inversión en capital humano”), y no seguir siendo un gasto inútil e improductivo destinado a financiar sistemas academicistas con contenidos ideales o abstractos. La educación en todos sus niveles deberá ponerse más al servicio de confeccionar autómatas fabriles y cuadros técnicos, que acepten dócilmente las condiciones de trabajo “competitivas” que les ofrezcan las corporaciones transnacionales y las empresas locales, teniendo en cuenta maximizar los beneficios para el capital. La educación será así rentable o no será. Por eso sus gestores tendrán que olvidarse de formar ciudadanos críticos quienes, además de aprender y saber trabajar, sean capaces de pensar, razonar y emitir juicio sobre sus condiciones y opciones de vida a la luz de valores que no sean los sistémicos y mercantiles del globalismo neoliberal.

Al final, la producción, divulgación, uso, almacenamiento y sistematización del conocimiento a escala local y a la vez global, se regirá por los imperativos del gran capital productivo (o lo que el BM llama “buenas prácticas de desarrollo”) y dejará de cumplir otras funciones trascendentes y no lucrativas. Que la educación se olvide de estar al servicio de valores, objetivos de vida y metas de reproducción social que operen bajo el signo del humanismo y el universalismo, el bien común y la igualdad. Lo mismo, tendrá que hacerse con el fomento de la cultura, actividad que deberá desprenderse de sus dimensiones más trascendentes, críticas y libres  de valor comercial. Un tema sobre el que volveremos en nuestra siguiente columna.

Nuestro País, 29/06/10