José Luis Vega Carballo: Avances de la estrategia privatizadora en la educación costarricense

José Luis Vega Carballo: Avances de la estrategia privatizadora en la educación costarricense

Al igual como ha sucedido con la estrategia neoliberal, cuando a partir de la primera administración de los Arias (l986-1990) dejó ser un simple programa anti-cíclico de corto plazo para imponerse sin gran discusión ni aprobación ciudadana como un modelo económico, del mismo modo puede verse cómo la privatización de la enseñanza ha sido desde esa administración  un proceso implantado verticalmente desde arriba por una amalgama de élites empresariales y tecnocráticas del PLUSC-bipartidismo, sin mayor consulta ni debate, en el mejor estilo de la actual “dictadura en democracia”. Ha sido así hasta el punto de que hoy día la educación privada sobrepasa a la pública en muchos aspectos y se destaca como el modelo privilegiado a futuro por esas mismas élites, especialmente en el campo de la educación superior donde hemos observado que su avance ha sido contundente.

Es importante conocer y denunciar esa imposición. No solo por su naturaleza claramente antidemocrática, sinuosa y oculta que ha mostrado tener el cambio impuesto de modelos, sino además, porque ha sido producto de una intervención desde afuera por fuerzas y organismos internacionales, los que han actuado parapetados tras esa nefasta alianza de cúpulas. En el fondo, se trata de los mismos actores y fuerzas que, en general han manejado los hilos del poder en Costa Rica mediante un sistema planificado de corrupción donde se entrelazan intereses públicos y privados, instituciones y empresas, proyectos y negocios, con la finalidad de llevar adelante sigilosamente las políticas neoliberales.

Ese sistema, que podemos ver operando en el campo educativo, no es de ahora, sino que comenzó a crearse bajo la fórmula del “gobierno paralelo” denunciado públicamente como una perversa creación arista por el principal asesor de los Arias en su primera administración, el chileno John Biehl (ver “La Nación”, 16-06-1988). En general, los tentáculos de este corrupto gobierno en la sombra han sido fortalecidos por medidas administrativas y presupuestarias en las últimas tres décadas, muchas veces en detrimento de las demás ramas del Estado. Un buen ejemplo lo es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), otro la Fundación Omar Dengo; en general, han sido muy respaldados todos aquellos organismos públicos requeridos por las oficinas ejecutoras de los programas de inversión y de reforma estatal privatizadora impulsados por el Banco Mundial y el BID. A ellos hay que sumar las organizaciones privadas no-gubernamentales (ONGs), fundaciones y asociaciones que se hacen pasar como de “bienestar social”, pero que forman parte del sistema de la corrupción planificada, y han proliferado en el campo educacional y cultural. Se sabe que para 3.165 entes de ese tipo, las transferencias giradas desde el presupuesto nacional por 89 instituciones crecieron en un 215% entre 2003 y 2008, llegando a la astronómica suma total de 301.655 millones de colones, según el Informe de la Contraloría General de la República del año 2009; una operación ejecutada sin mayores controles mediante dudosos procedimientos amparados al mecanismo llamado “administración concedente”, lo que equivalió a una auténtica piñata.

Pues bien, la privatización así impuesta disimuladamente y reforzada por una poco visible maraña de negocios privados, es consustancial a ese modelo y a esa política económica acuerpada por la derecha neoliberal y ejecutada con un estilo autoritario, arbitrario y altamente ilegítimo de gobierno neo-oligárquico en medio de múltiples abusos y fraudes de ley, avalados por el Poder Judicial y en especial la Sala IV, y que son a veces denunciados por la Contraloría como la punta del iceberg del sistema de una gigantesca corrupción.

Dicho y claro lo anterior, lo acaecido en el sector de la educación nacional (incluido el de la educación superior) revela bien el retroceso del Estado en materia de prestación de servicios indispensables para la población, comenzando por la eliminación o atrofia de sus funciones en ese terreno al darse el progresivo de las mismas al sector de los negocios privados, la llamada “privatización exógena”; o bien por la adopción interna de estilos de gestión y prácticas típicos de este sector por parte de entidades de la administración pública, o “privatización endógena”, realizada desde adentro del Estado mismo por agentes neoliberales locales y extranjeros, especialmente los más ligados al Banco Mundial y a la UNESCO; o quizás se esté ante alguna combinación de ambas estrategias, como ha sido frecuente verlo en el campo educativo.

Así, por ejemplo, en la educación superior se ha cedido el espacio al empuje de la inversión lucrativa privada (“privatización exógena”), al haber pasado de cero universidades privadas en 1970 a las cincuenta actuales con sus 146 sedes regionales, y en las cuales ya se cuentan al menos 7 que se dicen extranjeras. Entre todas han aumentado su matrícula aceleradamente de 2.932 estudiantes en 1980, a 23.527 en 1996 (un enorme salto de 479%!) mientras las públicas pasaron de 47.880 a 60.231 matriculados entre 1980 y el año 2.000 (una leve subida de solo 10,5%%). Para el año 2004, ya la matrícula privada de 86.951 estudiantes había sobrepasado a la pública, que llegó a sólo 69.723. Por el lado de los  titulados por centros privados en todas las disciplinas y categorías, éstos pasaron de 1.625 en 1986 a 6.669 en 1996, un salto de 310% en solo una década. Los cuatro centros estatales juntas –UCR, UNA, ITCR y UNED- que graduaron en 1986 un total 4.356 estudiantes, apenas alcanzaron incrementar ese número en 8.084 graduados (un alza de solo 85%) en 1996. Para el año 2002, último del que se tienen cifras comparables, la cantidad de titulados se elevó en los centros privados a 15.382 dejando atrás a los públicos, que graduaron a solo 10.248 estudiantes, reflejando un total debilitamiento de su “cuota de mercado”, para usar la jerga neoliberal. A su vez, la matrícula reflejó el cambio: fue en 2004 de 86.951 en los privados contra 75.974 en los públicos. 

Todo lo anterior son indicaciones de una captura incesante del “mercado de los servicios educativos” en su segmento superior y más lucrativo por parte de empresarios nacionales y algunos extranjeros, habiendo aumentado éstos últimos su participación en años recientes, como lo vimos con la compra de dos de las universidades privadas más grandes, con personal y estudiantes incluidos: la Latina y la Interamericana; a lo cual algunos observadores han denominado un síntoma de la globalización neoliberal en este campo de inversión, que efectivamente luce ya muy transnacionalizado. El resultado palpable de este proceso local y global (o “glocal”) lo vimos reflejado en algunos indicadores críticos de la evolución y estado de nuestro sistema educativo, advirtiendo que los datos sobre el sector privado no aparecen en muchas fuentes estadísticas locales e internacionales a la par de los del público, o solo lo hacen de manera parcial y hasta defectuosa, lo cual dificulta las comparaciones. Sin embargo es posible precisar algunas cifras que revelan el camino hacia la privatización llamada “exógena”, en la cual el sector privado arrebata el terreno y las tareas antes asumidas por el Estado y logra avanzar de esa forma, ampliando el radio de los negocios empresariales altamente lucrativos en materia de servicios en general y de educación en particular. Falta por ver aquí la dimensión de la privatización “endógena”, que también en nuestras universidades públicas ha ido avanzando a galope.

El País, 03/08/10

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