José Carlos Bermejo Barrera: Un fiasco: la Ley de la Ciencia

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La Ley de la Ciencia que se está tramitando es otro fruto más de la confusión ideológica y política en las que se mueven las universidades, los partidos políticos y el gobierno de España. Habría que destacar en primer lugar que no tiene mucho sentido elaborar una ley sobre la ciencia, cuando es ya una opinión ampliamente compartida que no es posible definir qué es esa cosa llamada ciencia, si por ciencia se entienden materias tan dispares como el álgebra, la química orgánica, la física teórica y la filología griega, todos ellos, eso sí, campos de conocimiento bien definidos y académicamente regulados.

Si entendemos que ciencia es sinónimo de conocimiento sin más, estaría claro que a nadie se le ocurriría elaborar una ley general del conocimiento, del mismo modo que no puede redactarse una ley sobre el mundo, la materia, ni sobre el amor y la felicidad. Sin embargo, dado que nuestros legisladores son por lo general personas competentes en el manejo de la técnica jurídica – aunque su nivel de competencia parezca ser, a veces, decreciente en proporción geométrica-, está muy claro que lo que el legislador quiere regular en este texto normativo no es el conocimiento, sino aquel conjunto de conocimientos que puedan permitir el desarrollo de unas técnicas aplicables en el campo de la producción de bienes para el mercado, con lo cual la mayor parte de los saberes académicos deberían quedar excluidos de esta nueva ley.

Sin embargo, como sería muy duro reconocerlo, puesto que ello implicaría proclamar la inutilidad del conocimiento en sí mismo, la Ley de la Ciencia juega con una constante confusión conceptual entre los términos ciencia y conocimiento y ofrece a profesores e investigadores de campos académica y económicamente débiles, como las llamadas humanidades o las propias ciencias sociales, el consuelo de poder disfrutar también de las migajas del gran banquete de la ciencia que esta ley parece estar dispuesta a ofrecer. Migajas muchas veces muy bien recibidas por algunos estómagos agradecidos.

Pero es que esta ley no sólo confunde el conocimiento con la ciencia, sino que en todo su articulado subyace la idea difusa de que es el conocimiento el mecanismo básico de la creación de la riqueza, y no el capital ni el trabajo, y además oculta que el concepto básico de cualquier teoría económica es el concepto de propiedad, sin la cual no se podrían concebir las ideas de bienes y mercancías, ni la propia idea de mercado como espacio en el que los propietarios intercambian sus mercancías en unas confrontaciones muy duras entre empresas con el objeto de asegurarse sus cuotas de mercado, no sólo gracias al mecanismo autorregulado de los precios, sino también gracias al uso de variados tipos de medios de coacción extraeconómica, medios que pueden ser jurídicos, políticos o incluso militares.

Nuestra nueva ley de la ciencia, en la que el conocimiento parece ser la única variable que puede regular el crecimiento económico, a pesar de que no se explique de ninguna manera cómo lo puede hacer, no será una ley de la tecno-ciencia de un duro mundo económico real en el que las empresas utilizan todo tipo de medios para copar el mercado gracias a la ventaja competitiva de algunos de sus productos, sino una ley de la ciencia imaginaria. Una ley que podría ser una muestra del pensamiento mágico y en la que se confunden voluntariamente los actos administrativos con los conceptos, métodos, protocolos, instrumentos y recursos que se entremezclan en el complejísimo entramado de los diferentes tipos de investigaciones científicas, y no de un modo torpe o ingenuo, sino como parte de una estrategia fríamente diseñada.

Esa estrategia utiliza como instrumento básico para su desarrollo la polinormatividad, es decir, la promulgación constante de leyes, reales decretos y reglamentos que intentan controlar hasta los más mínimos detalles de diferentes terrenos que puedan ser objeto de codificación legal. Una polinormatividad que se podría definir como transversal, porque se desarrolla sin respetar muchas veces la jerarquía normativa, de modo tal que normas de nivel jerárquico inferior modifican o alteran otras normas o leyes de nivel superior, pudiendo caerse a veces en contradicciones flagrantes, más fáciles de mantener en el ámbito del derecho administrativo que en otros ámbitos jurídicos.

Gracias a esa polinormatividad transversal se puede, por ejemplo, en el ámbito universitario, ir transformando toda la realidad académica sin reformar la ley orgánica que la regula ni otras leyes o reales decretos de ámbito global. Gracias a ella se le pueden arrebatar unas competencias establecidas por ley orgánica para los centros académicos o para determinados órganos colegiados, como los de los centros y departamentos, a través del real decreto que creará las Escuelas de Doctorado, diseñado para facilitar la entrada de las empresas en este escalón docente. Gracias a la polinormatividad tranversal, un complemento salarial creado por el Ministerio de Hacienda, el sexenio de investigación, que jurídicamente no se diferencia del quinquenio docente, ni del trienio, ni de otro tipo de complementos, se convierte en el eje básico de la jerarquía intelectual de las universidades, limitando la plena competencia docente e investigadora de Catedráticos y Profesores Titulares, establecida por la ley orgánica que es la cúspide del sistema universitario español.

La Ley de la Ciencia, una ley sin objeto real, no es más que otra muestra de la polinormatividad transversal, y su finalidad esencial consiste en desregular las piezas claves del sistema normativo académico con el propósito de conseguir un determinado fin.

La Ley de la Ciencia es la ley de los profesores y de los funcionarios que se otorgan a sí mismos la categoría y los diferentes rangos del supuesto estatuto legal del investigador. Unos profesores y unos funcionarios que en aras del conocimiento están dispuestos a acaparar la mayor cantidad posible de fondos públicos para su utilización académica.

La Ley de la Ciencia sostiene que está destinada a mejorar e incluso transformar la economía real y las condiciones de los mercados españoles, partiendo del principio de que un descubrimiento científico siempre se puede planificar con todas sus consecuencias (lo que no es cierto ni en ciencia ni en economía; Taleb, 2008), y que con solo convertirse en una patente jurídicamente reglada se convierte espontáneamente y por arte de magia en un valor económico que permite fabricar mercancías técnicamente más avanzadas, que por su propia naturaleza, por su calidad, colonizan determinados sectores del mercado. Obviando intencionadamente que, si es cierto que una patente tiene un propietario, también lo tienen todas las empresas productivas y aquellas otras que manejan el capital financiero. Y que sin el capital financiero, el capital industrial y el tejido empresarial no es posible producir ninguna mercancía. Y que, una vez producida, introducirla en el mercado supone un grandísimo esfuerzo económico en su promoción, difusión y en la lucha con la competencia, en la que, como en el amor y en la guerra, vale todo.

No deja de llamar la atención que en España se creen un escasísimo número de universidades privadas orientadas a la investigación, y que nuestras industrias dediquen tan poco dinero al desarrollo de los procesos de investigación y diseño de nuevos productos. Si recordásemos el peso que el ladrillo y el turismo tienen en nuestra economía ello nos podría resultar más comprensible. De la misma forma que ayudaría el tener en cuenta que un sector industrial clave, como el automóvil, está formado en España por fábricas de grandes multinacionales del motor que desarrollan sus procesos de I+D en sus países de origen.

El único capital interesado en las universidades españolas es el capital financiero, un capital que no sólo en España, sino en todo el mundo parece estar funcionado ya al margen de la economía productiva, que ya se llama ahora “economía real”. Grandes bancos, como el Santander, parecen ser ahora apasionados amantes y filántropos piadosos preocupados por las universidades y el conocimiento. Permítasenos dudar de la fidelidad de su amor. En primer lugar porque todos los bancos existen para lograr beneficios y no para ayudar a la gente. Y en segundo lugar porque, visto el estado de endeudamiento creciente de las universidades españolas, tanto del capital privado como de los fondos públicos, lo que está consiguiendo la banca es ir endeudando progresivamente a las universidades y obtener de ellas cada vez más todo tipo de beneficios, una vez que consiga poco a poco hacerlas caer en una situación de dependencia. Una dependencia que se refleja verbalmente cuando grandes líderes de la banca española sentencian con gran autoridad sobre los conceptos de investigación, ciencia y conocimiento y se ofrecen, a través de sus fundaciones, a orientar, educar y adoctrinar a profesores y autoridades académicas.

La Ley de la Ciencia, además de intentar cambiar estructuralmente la universidad desde un campo normativo diferente al de la estructura jurídica específica de las universidades, además de contribuir a asentar el proceso de dependencia de las universidades de la entidades financieras, favorece claramente el trasvase de fondos públicos a las empresas privadas a través de los complejos mecanismos administrativos de los proyectos y contratos de investigación, en los que las empresas compran los resultados de la investigación académica por debajo de los precios reales de mercado, gracias al uso de los fondos públicos que actúan como mecanismo de dumping en muchos campos de investigación y contribuyen a bloquear la creación de verdaderas empresas orientadas a este fin.

Los complejos mecanismos de creación, consolidación y extinción de empresas, regulados de modo armónico o salvaje por el mercado real, también estarán relacionados con la Ley de la Ciencia, puesto que favorece la creación de empresas en el ámbito académico y el desvío del trabajo de algunos profesores hacia el ámbito de esas empresas. Unas empresas algunas veces auditadas por los organismos encargados del control de las cuentas públicas, que observan con curiosidad cómo cuando esas mismas empresas pasan a ser plenamente rentables rompen sus lazos con el alma mater, quedando en el seno materno aquellas otras que son deficitarias.

El discurso de creación de empresas en esta ley, y cada vez de modo creciente en la universidad, se presenta como un discurso filantrópico y desinteresado de ayuda a la comunidad y servicio al bien común, cuando en realidad es algo mucho más prosaico. Los profesores universitarios, como ha analizado brillantemente Stanley Fish (Fish, 2008) no están para salvar al mundo, sino para enseñar y crear y transmitir conocimiento. En todo caso, como afirma el mismo Fish en el título de su libro, si lo quieren hacer, “salven al mundo en su tiempo libre”.

La Ley de la Ciencia pretende consolidar con su polinormatividad transversal a grupos de profesores que tienen ya la capacidad de definirse a sí mismos como mejores que sus compañeros, gracias al uso del vocabulario cada vez más vacío de la calidad y la excelencia, dos términos que no son más que sinónimos de otro: la superioridad, no ya definida jurídicamente por el sistema de poderes y competencias que las leyes otorgan, sino por la adscripción y la pertenencia a un grupo de profesores que se consideran ellos mismos una aristocracia, a pesar de no ser más que una mera oligarquía, que cada vez más basará su poder simplemente en el control de los recursos de la investigación, y en el poder de evaluar los resultados de las investigaciones que ellos mismos – como colectivo - producen, aunque eso sí, apelando a la salvación de la comunidad.

Quizás la autora intelectual de esta Ley, Cristina Garmendia, superviviente en varios cambios ministeriales de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y que podría ser perfectamente ministra con el PP, sea un icono o una imagen de lo que esta nueva ley pretende ofrecer.

Cristina Garmendia carece de un bagaje académico propio. Es una empresaria y antigua miembro de la CEOE. En las declaraciones de bienes de sus compañeros de gobierno apareció como la persona que poseía mayor riqueza y patrimonio personal. En su ámbito empresarial, las industrias farmacéuticas, desarrolló su actividad como colaboradora o subcontratadora, de un modo u otro, de las grandes empresas farmacéuticas que siempre que pueden intentan subcontratar sus procesos de investigación y producción en terceros países que les garanticen unos costes por debajo de los precios de mercado de los países más desarrollados.

Cristina Garmendia, empresaria real, pero también ideóloga del mercado, se convirtió en ministra de universidades sólo por un año, hasta que las universidades le fueron arrebatadas de su competencia. Intentó trasladar a la universidad no lo mejor del mundo de la empresa, sino lo peor, la jerga vacía de la gestión y el control por el control, que en el caso de la universidad se convirtió en un proceso meramente burocrático y sin trascendencia real, por estar las universidades públicas al margen del mercado. Ello puede verse en el borrador del estatuto del profesorado - que luego no se aprobó-, copia de un catálogo de puestos de trabajo de una empresa pero en el que la obsesión de control que reflejaba, al no ser el control de una producción real, parecía convertirse en un sutil sistema de definición y regulación de los diferentes matices de la nada.

Cristina Garmendia, que protagonizó estrepitosos enfrentamientos con el ministro de Industria, quien lógicamente reclamaba sus competencias en el ámbito de la investigación e innovación industrial, llegando a tirarse los trastos en reuniones de ámbito europeo, ha creado una Ley de la Ciencia para funcionarios y profesores, una ley para favorecer que algunas empresas privadas se beneficien más que otras de los fondos públicos – con los que también se vio recompensada la banca española a partir del 2008 -, siempre con el fin de contribuir al bien común.

Pero ha tenido un problema, consecuencia inevitable de la propia filosofía de su ley (y es que cuando expulsamos la realidad por la puerta, se nos cuela por la ventana): dado que la Ley de la Ciencia no es la ley de una economía real, la realidad le jugó una mala pasada a la economía imaginaria.

En una economía real, la innovación y la creación y conquista de nuevos mercados no se crea con leyes, sino de formas mucho más complejas, tal y como ocurrió con el proceso de producción e innovación técnica masiva protagonizado por los EE. UU. después de la II Guerra Mundial (De Grazia, 2005), un proceso gracias al cual ese pais llegó a inundar a Europa y a buena parte del mundo con sus productos. Todo ello gracias en primer lugar al diseño y comercialización de productos inexistentes hasta ese momento, como todos los electrodomésticos, la industria de la higiene y la cosmética y todo el sistema de mercancías que se mueve en torno a las industrias relacionadas con la cultura.

En la España de la economía imaginaria, inevitablemente, va a surgir un problema: el de las víctimas de la nueva situación creada por todo un proceso que pretende consagrar la nueva ley, los llamados precarios.

España no puede absorber el creciente número de investigadores en formación porque no existe un mercado real que demande investigadores en tantos campos, ya que el mundo de la investigación española es mayoritariamente académico, y el tejido industrial español no se basa en las industrias innovadoras. Y como en economía no hay milagros y las palabras no crean las cosas - excepto en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios creó el mundo-, consecuentemente miles de investigadores formados carecen de empleo y función social en España.

Como esos mismos investigadores no se pueden crear su propias empresas por arte de magia, porque el mercado real no las demanda y las pocas que se pueden crear comienzan a gestionarse por profesores funcionarios dentro del ámbito universitario, esos investigadores no tienen otra salida que ser también funcionarios. Y como no puede haber funcionarios investigadores en número masivo en un país que no los necesita, se decide convertirlos progresivamente en profesores funcionarios, no para que se formen como profesores y enseñen, sino para que sigan investigando en el sector público, en las empresas concebidas en el seno del sector público u ofreciendo investigación barata a empresas gracias al mecanismo del dumping investigador.

Y ellos, con razón, reclaman su estatuto laboral estable, como el resto de los funcionarios, a pesar de que pueda no ser fácil ofrecérselo en un mercado cada vez más inestable, precario y que facilita de modo creciente el despido y la baja de los salarios.

La ley de la Ciencia española es una nueva ley de la ciencia imaginaria. En realidad podríamos llamarla la ley de una obsesión, la de la obsesión de la riqueza, que en otros momentos de la historia encarnó el oro (Bernstein, 2002), un elemento químico en el que se podían convertir todas las riquezas, que se podía a su vez cambiar por todas ellas y que sería la base de toda la economía, de toda la riqueza de la sociedad y del bien común. El oro, que ahora se denomina más asépticamente capital y al que todo el mundo (políticos, empresarios y académicos) coinciden en llamar la sangre de la economía, aunque esa sangre, como la sangre real, tenga que circular por un cuerpo.

En el mundo actual, en el que la economía financiera se ha desligado de la economía real, el mayor peligro para la supervivencia del capitalismo o del sistema económico mundial es la desmedida ambición por el beneficio, heredera de la antigua ambición por el oro. Raymon W. Baker (Baker, 2005), un banquero y filósofo norteamericano, ha denunciado en su estudio del dirty money, del papel que el dinero sucio juega en la economía financiera mundial, que lo que el llama “el talón de Aquiles del capitalismo” no es el propio sistema del mercado, sino la desmedida ambición de quienes lo controlan, de quienes se mueven en un mundo en el que se piensa que la economía es un solo parámetro: el beneficio conseguido gracias a un tipo especial de conocimiento, el del inversor inteligente, que convierte conocimiento en riqueza.

En la economía real la riqueza básica básica no es el conocimiento, sino la producción de miles de mercancías entre las cuales la innovación sólo es importante en un número muy limitado de ellas. Jeffrey Sachs (Sachs, 2005) ha puesto de manifiesto cómo en la base del desarrollo económico los factores básicos son la producción de alimentos en cantidad suficiente para la población de un país, las buenas condiciones higiénicas, el acceso al agua, los transportes básicos en el mercado interior y exterior, la educación básica y unas condiciones de trabajo dignas. Todo ello muy alejado del mundo de la economía mágica de la Ley de la Ciencia.

La Ley de la Ciencia no es sólo la Ley de una ilusión: es una serie de gigantescos paralogismos o sofismas que podríamos formular de forma abstracta de este modo:

  1. Todo conocimiento es riqueza.
    La riqueza tiene un propietario
    Luego el conocimiento también tiene que tener un propietario.
  2. Toda riqueza es cuantificable.
    Todo conocimiento es riqueza.
    Luego todo conocimiento es cuantificable
  3. Toda la riqueza se produce.
    Todo el conocimiento se produce.
    Luego producir conocimiento es idéntico a producir riqueza
    (puesto que conocimiento y riqueza son idénticos)
  4. Producir es bueno para el bien común.
    Producir riqueza es bueno para el bien común
    Luego producir conocimiento es bueno para el bien común
  5. Quien crea más riqueza es propietario de más riqueza.
    Quién crea más conocimiento es propietario de más conocimiento.
    Luego quien crea más conocimiento tiene derecho a ser más rico.
  6. La propiedad es un derecho reconocido por la ley.
    El conocimiento es una clase de propiedad.
    Luego debe hacerse una ley del conocimiento (o la ciencia).
  7. Las leyes se crean para el bien común.
    La ley de conocimiento es una ley.
    Luego la ley del conocimiento se crea para el bien común.
  8. La propiedad de uno debe ser reconocida por los demás.
    El conocimiento es una propiedad.
    Luego el conocimiento debe ser reconocido por los demás.
  9. Todo el mundo tiene derecho a la propiedad y a enriquecerse.
    El conocimiento es una propiedad.
    Luego los que tienen conocimiento tiene derecho a enriquecerse.
  10. Todos los que tienen muchas propiedades son ricos.
    Los que tiene muchos conocimientos tienen muchas propiedades.
    Luego los que tienen muchos conocimientos son ricos.
  11. Se llaman ricos a aquellos que tienen muchas propiedades.
    Se llaman ricos a aquellos que tienen muchos conocimientos.
    Luego los ricos y los que tienen muchos conocimientos son idénticos.
  12. El valor de la riqueza se cifra solo en dinero.
    El conocimiento es una riqueza.
    Luego el conocimiento es sólo dinero.
  13. Los que poseen conocimiento son personas admirables.
    El conocimiento es riqueza.
    Luego los ricos son admirables.

En todos estos paralogismos sólo hay un error de base, y es que el conocimiento no tiene nada que ver con la riqueza. Los tres parámetros básicos de la economía son la propiedad, el capital y el trabajo (Schumpeter, 1994; Schabas, 2005). Y en un proceso productivo las patentes que se pueden generar mediante la investigación científica se convierten en un mecanismo productivo, no por el conocimiento mismo implícito en el desarrollo de las mismas, sino porque tienen un propietario que tiene el capital suficiente para generar un proceso productivo a partir de ellas, ya las haya creado, comprado o arrendado.

Referencias bibliográficas

Baker, Raymond W., 2005, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and how to Renew the Free-Market System, New Jersey, John Wiley & Sons.

Bernstein, Peter L., 2002, El oro. Historia de una obsesión, Buenos Aires, Ediciones B Argentina.

De Grazia, Victoria, 2005, Irresistible Empire. America’s advance through 20th-Century Europe, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press.

Fish, Stanley, 2008, Save the World on your Own Time, Oxford, Oxford University Press.

Sachs, Jeffrey, 2005, El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Barcelona, Debate.

Schabas, Margaret, 2005, The Natural Origins of Economics, Chicago-Londres, Chicago University Press.

Schumpeter, Joseph A., 1994, History of Economic Analysis, con una nueva introducción por Mark Perlman, New York, Oxford University Press.

Taleb, Nassin Nicholas, 2008, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Barcelona, Paidós/Círculo de Lectores.

Warsh, David, 2006, Knowledge and the wealth of nations. A story of economic discovery, New York, W.W. Norton & Company.

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