Joaquín Arriola: El rapto de la democracia europea

Joaquín Arriola: El rapto de la democracia europea
Para medir lo que sucede hay que recordar la crisis de deuda de Hispanoamérica en los años 80, lo que se denominó "década perdida"
En Europa no se aplicará el código militar, sino un nivel de resignación social inconcebible en otra coyuntura
Joaquín Arriola, Profesor titular de Economía Política en la UPV

La deriva de la crisis financiera mundial, convertida en crisis de la deuda pública de Europa por decisión de la Unión Europea y de los grandes bancos internacionales, está transformándose a pasos agigantados en una crisis del sistema de representación democrática. El Pacto de Estabilidad del euro, que inicialmente era una ineficaz política dirigida a imponer límites artificiales al endeudamiento del sector público, se reforzó con el acuerdo puesto en marcha el año pasado bajo la denominación de Semestre Europeo, convirtiéndose en un intervencionismo en toda regla en las políticas de los Estados, al margen del debate ciudadano y por encima del poder legislativo de los parlamentos.

Este acuerdo establece que los Estados tienen que presentar a finales de abril las orientaciones básicas de las políticas públicas, están obligados a asumir las orientaciones y recomendaciones que el Consejo y la Comisión establezcan en el mes de junio, e incorporarlas durante el mes de julio, y solo después, en el segundo semestre del año, pasarán a discusión nacional las políticas así diseñadas, aunque la supervisión del Consejo se mantiene también durante el otoño, antes de la aprobación definitiva de los presupuestos del siguiente año.

Pero desde el 25 de marzo, con la aprobación del Pacto por el Euro Plus, no solo la política presupuestaria está bajo supervisión de la UE, pues se ha acordado situar a los gobiernos de la UE por encima de la soberanía nacional en la discusión de las políticas públicas ("los Estados miembros se comprometen a consultar a sus socios sobre todas y cada una de las reformas económicas importantes… antes de su adopción"). Se establece, sin preguntar a los ciudadanos su opinión, cuál es la prioridad máxima de las políticas públicas ("dar prioridad al restablecimiento de los equilibrios presupuestarios y la sostenibilidad presupuestaria"). Se fijan instrucciones concretas de actuación respecto a las entidades financieras ([los Estados] "elaborarán estrategias específicas y ambiciosas para reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado -financiación directa procedente del mercado o venta de activos-, pero también un marco sólido, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales para la prestación de apoyo público en caso de necesidad"). Se sustituye a los agentes sociales en la definición de los contenidos y la orientación de la negociación colectiva ("Para evaluar si los salarios evolucionan de acuerdo con la productividad… se evaluarán los costes laborales unitarios… [aplicando] medidas que garanticen la evolución de los costes de acuerdo con la productividad, tales como: revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización del proceso de negociación y de los mecanismos de indexación… garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado"). Se delimita el alcance de la reforma fiscal ("reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo"), se insiste en la reducción de los sistemas públicos de pensiones ("ajuste del régimen de pensiones a la situación demográfica nacional, por ejemplo mediante el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad; la limitación de los planes de jubilación anticipada y el uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad, en especial en el tramo de edad de más de 55 años") y la OCDE, el principal organismo de difusión de la ideología neoliberal, que se financia con nuestros impuestos, acaba de insistir la semana pasada en que las rebajas que se han aplicado ya en la mitad de sus países miembros, son insuficientes. Y como remate, se exige otorgarle rango constitucional o de ley marco a los más que discutibles criterios del Pacto de Estabilidad.

En el mismo paquete se ha aprobado un fondo de estabilización financiera para los países de la Eurozona (Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE), para el cual se establece que "el acceso a la asistencia financiera del MEDE se facilitará con arreglo a unas condiciones ligadas a unas medidas estrictas, con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico y a un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda pública… totalmente coherente con las prácticas del FMI". Curiosa esta presencia del FMI en Europa; en el acuerdo se especifica que "se recabará la participación activa del FMI tanto en el nivel técnico como en el nivel financiero".

Para medir la importancia de lo que está sucediendo, hay que recordar la denominada crisis de la deuda de Hispanoamérica en los años 80. La que se denominó "década perdida" en el desarrollo latinoamericano fue el resultado de la intervención del FMI, que impuso un ajuste estructural brutal para garantizar que la devolución de unos préstamos que la banca privada internacional se había esforzado en colocar durante los años 70, cuando la crisis industrial en los países desarrollados había reducido las oportunidades de colocación rentable de los petrodólares en Europa o en Estados Unidos. Recordar también que la imposición de la política de ajuste estructural solo fue posible por la existencia de dictaduras militares en muchos de esos países.

Claro que el que no se consuela es porque no quiere ya que, por ahora, en España solo se ha aplicado el código militar, eliminado los derechos democráticos correspondientes, a los controladores aéreos durante un breve periodo de tiempo. Pero seguramente veremos en los próximos meses, aquí o en otros países sometidos a ajustes fiscales, otras medidas de limitación de derechos constitucionales. Aunque probablemente no sea necesario aplicar los métodos de las fuerzas armadas suramericanas; en Europa, los modernos sistemas de control social permiten generar unos niveles de resignación social inconcebibles en otras coyunturas. A Margaret Thatcher le debemos el bautizo de este procedimiento (TINA: There Is No Alternative), que por la vía de restringir los márgenes legales para las protestas, y evitando el debate público y parlamentario de las posibles alternativas -de lo que no se habla no existe-, está dando grandes resultados también en la crisis europea de la deuda, donde los electores se limitan a decidir quién les va a aplicar la medicina decidida de antemano en las altas esferas corporativas y tecnocráticas de Bruselas.

De modo que el poder de los ciudadanos para decidir su presente y su futuro se reduce en la misma medida en que se refuerza el poder corporativo para poner al Estado al servicio de su gestión económica y financiera. La deuda externa pública de la Eurozona, unos 2,3 billones de euros, es muy inferior a la de los bancos, que se eleva a más de cinco billones, o la de las empresas, 2,4 billones más otro billón y medio de préstamos entre empresas de grupos multinacionales. Reduciendo la necesidad de crédito de los Estados, será más sencillo y barato refinanciar la deuda de bancos y empresas, que es donde se concentra el verdadero problema financiero. En el caso de España, el Estado tiene que amortizar o renegociar en los próximos doce meses unos 45 mil millones de euros, frente a 35 mil millones de las empresas y sobre todo, los 430 mil millones de las entidades financieras, cifra que incluso en términos netos, supone todavía un 20% del PIB. La presión sobre la deuda pública es un medio para garantizar además que los avales públicos entregados en su día para la primera fase de saneamiento (no dude el lector que, después de la de las Cajas, todavía quedan otras) se podrán hacer efectivos en caso de necesidad: en el caso de España, hay más de 150 mil millones de euros comprometidos.

Respecto a la deuda privada, la Comisión y el Consejo todo lo que han sido capaces de acordar es afirmar sin mayor compromiso que "se seguirá de cerca el nivel de la deuda privada de los bancos, las familias y las sociedades no financieras en cada uno de los Estados miembros". Los principales acreedores son los grandes bancos alemanes, franceses y holandeses. Y también los norteamericanos, lo que explica la relevancia que se le otorga al FMI en el ajuste de la deuda (pública) europea. Todos ellos son responsables de haber facilitado unos desequilibrios comerciales y de endeudamiento muy superiores a la capacidad de pago en los países deficitarios de la Eurozona.

¿Se podría aplicar otra política distinta a la acordada, en particular una que tuviera como principal objetivo crear varios millones de empleos a corto plazo? Claro que sí, pero ello requeriría que los acreedores pagaran al menos la mitad de la factura. Y a lo que se ve, no están por la labor. Y donde manda patrón bancario no manda marinero impositor.

Deia, 07/04/11

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