Annette Fuentes: Lockdown High: When the Schoolhouse Becomes a Jailhouse

Lockdown HighAnnette Fuentes: Lockdown High: When the Schoolhouse Becomes a Jailhouse
VersoBooks
Hardback, 240 pages
ISBN: 9781844676811
March 2011
$26.95 / £20.00

A riveting report on the overblown fear of violence that turns American schools into prisons and students into suspects.

In the dozen years since the shootings at Columbine High School, hysteria has distorted the media’s coverage of school violence and American schools’ responses to it. School violence has actually been falling steadily throughout the last decade, and yet schools across the country have never been more preoccupied with security.

This climate of fear has created ripe conditions for the imposition of unprecedented restrictions on young people’s rights, dignity, and educational freedoms. In what many call the school-to-prison pipeline, the policing and practices of the juvenile justice system increasingly infiltrate the schoolhouse. These “Zero tolerance” measures push the most vulnerable and academically needy students out of the classroom and into harm’s way.

Investigative reporter Annette Fuentes visits schools across America and finds metal detectors and drug tests for aspirin, police profiling of students with no records, arbitrary expulsions, teachers carrying guns, increased policing, and all-seeing electronic surveillance. She also reveals the many industries and “experts” who have vested interests in perpetuating the Lockdown High model. Her moving stories will astonish and anger readers, as she makes the case that the public schools of the twenty-first century reflect a society with an unhealthy fixation on crime, security and violence.

Reviews

  • “[The] penetration of prison culture into daily life and particularly schools has been brilliantly traced by US writer Annette Fuentes in Lockdown High”
    Bidisha, Guardian

  • “[A] well-argued book ... packed with the anecdotally eye-catching and hard, persuasive data. Fuentes's detailed and daunting investigation ... is a wakeup call.”
    Publishers Weekly

  • “Examples of zero-tolerance policies taken to absurd levels are attention-grabbing, but the real story, spelled out [in Lockdown High] with clarity and a touch of anger, is a disturbing one that should concern members of school boards, principals, teachers and parents. ”
    Kirkus Reviews

  • “[A] chilling report ... extremely well-written.”
    Library Journal

  • “Lockdown High is a wake up call for Americans who care about how schools treat children and young people ... This book is a must read for school boards, school administrators and parents.”
    Rodney Skager

  • “Fuentes’ style is smart and accessible, her material both revelatory and relevant—it’s not only parents who will stay up late reading Lockdown High, but anyone interested in where we are headed.”
    Nell Bernstein

Blog

Juan Carlos Pardo Pérez y Alfonso García Tobío: “Lockdown High. When the Schoollhouse Becomes a Jailhouse”

Annette Fuentes, la autora de “Lockdown High. When the Schoollhouse Becomes a Jailhouse”, es (según puede leerse en la web de Verso, la editora de este libro) una escritora y periodista freelance. Fue, entre 2010 y 2011, editora fundadora de The Bay Citizen, una organización no lucrativa de noticias por internet, editora jefe de New American Media, y periodista para el New York Daily News y New York Newsday. Ha impartido clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, y escribió para, entre otros medios, The New York Times, The Progressive, y USA Today.

“Lockdown High”, que podría traducirse por “elevado o máximo aislamiento” (o encierro), o “régimen de aislamiento”, es un término penitenciario con el que se expresa el encierro de todos los presos en sus celdas como respuesta a (o incluso como simple expectativa de) una amenaza a la disciplina.

El citado título supone ya toda una declaración de intenciones por parte de la autora, que mantiene la tesis de que, desde principios de los ochenta, la escuela (entendida como institución) norteamericana se ha convertido en parte de un dispositivo que canaliza a una parte importante de escolares, predominantemente negros y latinos, hacia el sistema carcelario. El punto de partida de este desvarío es la “guerra contra las drogas” que, iniciada bajo la presidencia de Ronald Reagan, continuó sin cambios con los demás presidentes norteamericanos, fuesen republicanos (como Bush padre e hijo) o demócratas (como Bill Clinton). Aunque el libro no lo señala, su contenido tendría una afinidad con los trabajos de Löic Wacquant, profesor de Sociología de la Universidad de Berkeley, sobre la pobreza y la marginación, y de forma más específica sobre el “sistema punitivo norteamericano”. Según datos que proporciona este autor, de una población carcelaria de aún no 300.000 presos en EE.UU. a finales de los años setenta, se pasa en relativamente poco tiempo, coincidiendo con la citada “guerra contra las drogas”, a una población carcelaria próxima a los 3 millones de presidiarios y a un control judicial de más de 5 millones de personas (1). De hecho, EE.UU. se convirtió en el país con más presos en sus cárceles de todo el mundo. La razón que explica este hecho y que, en buena medida, nos permite entender la transformación que ha experimentado la escuela en EEUU., en el sentido en que Annette Fuentes la describe en su libro, es el paso del “Estado del Bienestar” al “Estado Penal” como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales desde principios de los años ochenta. La retirada del Estado de los espacios sociales que garantizaban el bienestar de las personas (educación, sanidad, subsidios por enfermedad y desempleo, jubilaciones) y el trasvase de estos servicios a la iniciativa privada y, por lo tanto, sujetos a los principios del mercado, dio lugar a pobreza y a marginación como, según algunos analistas [como es el caso de Chomsky, en su libro “El nuevo orden mundial (y el viejo)”], no se veían desde el siglo XIX.

Es, pues, en este contexto en el que se debe situar el “cambio cultural” (si podemos llamarlo así) que se ha producido en la institución escolar americana (de manera más manifiesta en la denominada “escuela pública”) tal como lo cuenta Annette Fuentes.

Confiesa la autora que, en su trabajo como periodista, empieza a sentir interés por lo que está pasando en las escuelas a finales de los años noventa, cuando ciertas noticias referidas a acontecimientos que en el pasado no pasarían de ser anecdóticos, curiosidades intrascendentes, a los que las escuelas y su profesorado sabían dar una respuesta educativa o, simplemente, de sentido común, pasan a los medios de comunicación como la expresión de un profundo desajuste en los niños y adolescentes norteamericanos que requerían medidas radicales: que un niño de cinco años sea detenido por llevar a la escuela un cuchillo de untar mantequilla; que una adolescente sea suspendida (expulsión temporal) de su escuela por llevar Midol, un medicamento con ibuprofeno para aliviar los dolores menstruales; que una escuela infantil sea cerrada porque se encuentren caramelos hechos a base de hierbas y que los administradores teman que puedan contener sustancias ilegales; que niños se seis años fueran desnudados en clase para encontrar un par de dólares que habían desaparecido de la mesa del profesor. Anécdotas como éstas, pero que funcionan como incidentes críticos que la autora utiliza como ejemplos de categorías generales, aparecen recogidas de forma extensa a lo largo del libro.

El libro empieza con el análisis de la “violencia escolar” que tendrá en el suceso de Columbine High School, en el Condado de Jefferson, Colorado (al que se le dedica un capítulo) un modelo que sacaría a relucir la tendencia criminal de los jóvenes y constituirá, por ello, la prueba de que las políticas de control, de vigilancia y de seguridad de las escuelas y de los escolares deben llevarse a cabo con rigor y con pulso firme. Lo curioso del caso es que, precisamente, la dirección y el profesorado de Columbine se negaron a que su escuela fuese sometida a las férreas medidas de control acatadas (cuando no reclamadas de modo exaltado) por los administradores y directivos de las escuelas públicas a lo largo y ancho de EE.UU. En cierto modo, y salvo los casos que saltan a los medios de comunicación de todo el mundo, como el ya citado de Columbine o el del Virginia Tech, la “violencia escolar” es un mito interesado para el movimiento conservador norteamericano (2), porque permite crear el “pánico moral” (que había teorizado S. Cohen en su obra Folk Devils and Moral Panics, y que tiene resonancias con el concepto del shock en el sentido en que lo utiliza N. Klein) con el que (como ellos mismos dicen) “conquistar las mentes y los corazones”, que no es otra cosa que concitar el máximo consenso respecto a políticas que terminan por causar una profunda desestruturación social y la destrucción personal de miles y millones de personas. Como recuerda Annette Fuentes, la violencia escolar ha estado presente desde el mismo momento de la creación de la escuela, pero siempre ha tenido (de una manera o de otra) una respuesta educativa sin trascender los muros de la propia escuela. Y como señala, las medidas más radicales en el control, vigilancia y dura aplicación disciplinaria, se desarrollaron cuando todos los índices sobre delincuencia y criminalidad estaban bajando de forma ostensible. En ese fructífero, pero espantoso para la mayoría, matrimonio del neoconservadurismo y del neoliberalismo, a la lucha por los valores y por las actitudes (conservadores) se suma la lucha por los beneficios empresariales porque, muy pronto, los “emprendendores” huelen en el aire las oportunidades que este contexto de lucha puede traer consigo, hasta que el “mercado de la seguridad en las escuelas”, que monta a lomos de la “criminalización” generalizada de los niños y los adolescentes norteamericanos, pueda valerse por sí mismo, convirtiéndose en un poderoso grupo de presión interesado en mantener, incluso contra toda evidencia, una ficción contra la que sólo algunos padres, algunos grupos de derechos civiles, y muy pocos profesores batallan.

Esta guerra contra los “adolescentes criminales” (como Eric Harris y Dylan Klebold, los adolescentes de la matanza de Columbine o Cho Seung-Hui, el estudiante de 23 años que atentó en el Virginia Tech) se convierte mediante un cínico ejercicio de manipulación, convenientemente amplificado por los medios, en una guerra general contra el terrorismo, no ya sólo contra el terrorismo propio (como el caso de Timothy McVeigh, que en 2001 causa un atentando con explosivos, matando en Oklahoma a 168 personas y causando heridas a unas 500), sino también contra Al Qaeda que, según dicen, tiene entre sus posibles objetivos “a nuestras escuelas y a nuestros niños”. ¿Por qué, sino, en Harrold, Texas, un pueblo agrícola con una tasa cero de criminalidad, la Junta Escolar decide en 2008 que los profesores puedan ir armados? Entre otras cosas, valoraron que el profesorado pudiese portar gas lacrimógeno para la defensa personal o contratar a guardias armados para defender la escuela y a los escolares de un ataque terrorista. Pero el “despliegue securitario” no queda aquí. Annette Fuentes va recogiendo de las escuelas de un lado y otro del país, al paso de una especie de histeria colectiva que se fue construyendo en estos años, y desgranando la plétora de dispositivos, mecanismos y estrategias de seguridad, control y vigilancia de los centros escolares y de su alumnado: instalación de detectores de metales para impedir la entrada de armas; instalación de cámaras de vídeo con las que poder registrar hasta el último rincón de los centros y, conforme a ello, de terminales para que la dirección o los equipos de seguridad puedan llevar a cabo una vigilancia instantánea de todo el alumnado; distribución a cada escolar de una tarjeta con chip RFID, con la que se controla a las personas por medio de radiofrecuencia; instalación de escáneres para controlar el acceso al centro de personas (mediante el análisis del iris) que, por sus delitos, forman parte de bases de datos del sistema penal norteamericano; instalación de software en ordenadores, incluso en los portátiles que los alumnos llevan a sus casas, que permite transmitir y registrar información de las actividades que realizan con ellos; contratación de guardias de seguridad o, incluso, creación de una polícia escolar pertrechada al modo SWAT, es decir con armas y estrategias especializadas para poder intervenir en situaciones consideradas de peligro especial; en el contexto de la guerra contra la droga y de las escuelas libres de cualquier sustancia ilegal, utilización de perros de detección y estimulación a los responsables de los centros educativos para que usen de forma masiva dispositivos de análisis (de orina, de pelo, etc.) muy costosos, para detectar (mediante su utilización al azar) el consumo de drogas y de alcohol entre los adolescentes. Al tema del control de drogas y alcohol dedica la autora un amplio capítulo.

Pero no sólo se juega con estas tecnologías físicas de control de escuelas y escolares, sino también con tecnologías de poder, por medio de las cuales se quiere operar sobre la mente de los sujetos, sobre su comportamiento, sobre sus aptitudes, actitudes y valores. Las políticas de “tolerancia cero” que, desde la presidencia de Ronald Reagan, empiezan a aplicarse al caso de las drogas, se extienden después a la “delincuencia juvenil” y, por último, al comportamiento disruptivo tanto en las aulas como en el recinto escolar. Es en este marco en el que se criminalizan los problemas de comportamiento, consustanciales con la propia escuela, y con respecto a los cuales los profesores tenían predisposición para abordarlos educativamente sin que, en general, las cosas salieran del cauce estrictamente escolar. Ahora, cualquier comportamiento que el profesorado perciba como perturbador, como resistencia a su autoridad, puede, fácilmente, terminar con la implicación de la policía escolar, y saldarse con la suspensión y/o la expulsión del centro y, en el peor de los casos, con harta frecuencia, con detención y condena en correccionales para menores, e incluso en cárceles para mayores a partir del momento en que fueron revisados los estatutos legales para permitir juzgar a los menores como adultos por ciertos crímenes, o por la acumulación de delitos menores. Son muchos los casos que Annette Fuentes describe en el sentido que acabamos de apuntar, casos que, como ya se ha indicado más arriba, casi siempre tienen como protagonistas a niños y a adolescentes negros y latinos, pero también a niños con dificultades de aprendizaje. Este último dato tiene cierto interés, pues está relacionado con la obsesión por las pruebas y la rendición de cuentas que exige el programa federal impulsado por George W. Bush a partir de 2001, No Child Left Behind Act. El hecho de que la asignación de fondos a las escuelas (en un contexto general de graves recortes presupuestarios para las escuelas públicas (3)) dependa del rendimiento que el alumnado obtenga en pruebas estandarizadas de carácter nacional, crea en el profesorado una presión excesiva, de modo que eliminar a los alumnos con más dificultades llega a ser un poderoso incentivo para evitar las sanciones y la reducción de fondos que conlleva un progreso anual inadecuado. Este es el mecanismo por el que niños con problemas de aprendizaje circulan por el conducto escuela-cárcel.

A pesar de que investigaciones rigurosas ponen de relieve que el sistema hace aguas por todas partes, de que la criminalización generalizada de la juventud norteamericana actúa como una profecía de autocumplimiento, de que las escuelas están funcionando cada vez más como centros de detención que como lugares de aprendizaje, de que las suspensiones y expulsiones repetidas terminan por generar abandono masivo de la escuela, de que la inseguridad de las centros escolares es el efecto de la aplicación de tecnologías y estrategias de seguridad (4) concebidas para someter y degradar a personas ingresadas en contextos y situaciones excepcionales, como lo son las cárceles, se está haciendo difícil dar marcha atrás a este enfoque. Se han creado, como ya anticipamos, poderosos intereses de empresas de la industria y de los servicios de seguridad, que han visto en las escuelas un “terreno fértil” dispuesto a ser “labrado” (son palabras textuales de uno de estos empresarios) y del que obtener beneficios (5) con la introducción de cuantas tecnologías y servicios de seguridad se inventen para, según dicen, hacer de los centros educativos espaacios tan seguros como loas cárceles. Y este camino se despeja gracias a la propaganda que crea en los ciudadanos la idea de que la juventud es hostil, criminal, y que está destruyendo los valores americanos, gracias a las iniciativas (bajo influencia) de los legisladores para aprobar normas que hagan más fácil el acceso de estas empresas a los centros, gracias a la complicidad de administradores, directores y personal docente que, más allá de las relaciones comerciales que puedan llegar a tener con las empresas, libran con su alumnado batallas por el poder con toda la fuerza de su lado, renunciando a hacerlo desde la legitimidad pedagógica.

Este último aspecto, el de la legitimidad pedagógica, por el que el profesorado se gana el derecho a educar a los miembros de las nuevas generaciones, obteniendo la conformidad de los educandos, es el tema del último de los capítulos. En este panorama de insensatez que Annette Fuentes relata en su libro, y del que no estamos a salvo, sobresalen padres y madres que, a contracorriente, luchan por la dignidad de sus hijos, en contra de las formas de control (como las tarjetas RFID) similares, dicen algunos de ellos, a las que se utilizan para marcar el ganado, en contra de la intimidad arrebatada mediante la obtención de datos biométricos de todo tipo que los hace más vulnerables ante quien trafica con ellos, en contra del abuso y del maltrato de profesores y, especialmente, de los guardias de seguridad y de la policía escolar. Se reclama, y en algunos casos se consigue, derribar el montaje de seguridad, y retornar a las medidas educativas que nunca debieron ser abandonadas. Se reclama, antes que nada recuperar el respeto por el estudiante, e invertir más en educación y menos en control policial (6); se reclama una mejor formación del profesorado, más contratos de profesores y de consejeros; se reclama abordar en los centros, desde un punto de vista estrictamente educativo, la resolución de conflictos, la introducción del aprendizaje social y emocional, entre otras cosas.

Aunque el contexto norteamericano y español difieran, el libro podría resultar ejemplificador en nuestro caso porque hay ciertos paralelismos que no conviene olvidar:

  • En primer lugar, el neoliberalismo aplicado a la educación (y mucho más acentuado en esta situación de crisis económica) supone recortar los presupuestos para nuestras escuelas que, en muchos casos (fundamentalmente las públicas), hacinan a un elevado número de alumnos por profesor, procedentes de países diferentes.
  • No es una novedad criminalizar a la juventud; probablemente siempre se haya hecho, y algún texto de Platón lo confirma. Pero lo novedoso de nuestra época es que, con el poder amplificador de los medios, se proporciona a la sociedad una imagen de desmesura que crea un pánico social que nos desarma y nos insensibiliza con respecto a las medidas que se proyecte adoptar, llegando a justificarse (cuando no reclamarse directamente) un modelo de seguridad como el que describe Annette Fuentes. Algo de esto está contenido en la discusión sobre la “autoridad” del profesorado.
  • Paradójicamente, esta pretensión (un tanto sospechosa) de restaurar la “autoridad” de los profesores choca contra la erosión y el desprestigio que, desde los poderes públicos, se fomenta respecto de la imagen y de la función de los profesores. Choca también contra la política gerencial de recorte de puestos de profesores y el incremento de las horas de docencia a clases con un mayor número de alumnos.
  • Si la situación de crisis económica se prolonga, no es irreal suponer que se produzcan situaciones de grave desestructuración social, que tendrán sus repercusiones en nuestras escuelas, entre otras cosas, en forma de problemas de comportamiento del alumnado.
  • Sometidos a todas estas presiones, y sometidos también aquí al sistema de pruebas (como las de Pisa u otras que las comunidades autónomas –como es el caso de Madrid- decidan imponer por su cuenta), es posible que se produzca un desestimiento colectivo entre el profesorado respecto a las posibilidades reales de educar.
  • Todo ello pueda crear un caldo de cultivo que permita a algún iluminado proponer medidas como las que Annette Fuentes relata en este libro y no haya defensas sociales suficientemente elaboradas con las que oponerse, desde el inicio, a un proceso de esta naturaleza.

Notas:

1 Löic Wacquant tiene algunos de sus libros publicados en castellano: Las cárceles de la miseria (Alianza), Castigar a los pobres (Gedisa) o Los condenados de la ciudad (Siglo XXI)

2 El conservadurismo (a veces se habla de neoconservdaurismo) es el segundo pilar ideológico (el primero es el neoliberalismo) que ha servido para revertir las políticas económicas y sociales que han caracterizado el “Estado Providencia” durante los cuarenta años anteriores)

3 En este libro de Annette Fuentes se hace referencia a la precariedad de personal educativo, a la falta de especialización del profesorado, a la excesiva interinidad del profesorado, la superpoblación de los centros educativos, etc. como algunos de los males de la educación pública.

4 Muchos admiten que las escuelas americanas siempre han sido lugares más seguros que las calles, pero también que los hogares, en donde tienen lugar, en un porcentaje muy elevado, más muertes por armas de fuego que en los centros educativos.

5 En algunas dimensiones de este negocio de seguridad se habla en el libro de 17.000 millones de dólares al año.

6 Como se dice irónicamente en el último capítulo, en este modelo “Lockdown high”, la policía alcanzaba resultados, pero no los profesores. Hay que decir, además, que con este modelo la tasa de guardias de seguridad por número de alumnos llegó a ser mayor que el número de profesores.