Galicia: La investigación, en coma inducido

Galicia: La investigación, en coma inducido
Medio centenar de científicos y técnicos de alto nivel irán al paro en enero al no existir un compromiso de las instituciones para su consolidación laboral

Un cóctel de descoordinación, improvisación y falta de claridad en las políticas investigadoras de la Xunta, aderezado por la permanente crisis que todo lo infecta, está sembrando el nerviosismo y la incertidumbre en el castigado colectivo investigador gallego. Después de que en 2010 el Gobierno autonómico desmantelara el programa de recursos humanos destinado al apoyo económico de la formación investigadora, ahora la ausencia de un compromiso firme por parte de San Caetano y los organismos contratantes de estos profesionales para consolidar sus puestos de trabajo dejan de nuevo en la estacada el futuro de un sector hastiado del permanente olvido y maltrato de las Administraciones.

El próximo 28 de diciembre 51 investigadores del Programa Isidro Parga Pondal, creado en 2003 con el objetivo de incorporar doctores de alto nivel a organismos gallegos dedicados a la investigación, finalizan los cinco años de contrato que se contemplan en el plan. Entonces, las entidades contratantes deberían convocar las plazas públicas para estabilizar sus puestos e incorporarlos de forma estable a su plantilla. Después, la Xunta incentivaría durante tres años más su contratación a través del Programa Manuel Colmeiro y el ciclo se cerraría de forma existosa. Nuevos investigadores integrarían el sistema de I+D gallego y la convergencia con Europa estaría un pasito más cerca.

Pero la realidad es bien distinta. A tres meses del fin de sus contratos, ninguno de los 51 investigadores sabe si podrá optar después a un puesto de trabajo.Tampoco los que han completado los tres primeros años del programa y necesitan que se les apruebe la prórroga por otros dos conocen las intenciones de la Xunta.

Tras 15 años de formación en distintos programas de recursos humanos, captación de fondos estatales y europeos y especialización en las necesidades de las universidades y empresas gallegas, científicos y técnicos hipercualificados que renunciaron a prestigiosas ofertas internacionales de trabajo para regresar a Galicia podrían tener que emigrar. Con ellos, harían las maletas proyectos de investigación punteros y miles de euros de fondos públicos invertidos en su formación, unos 500.000 según cálculos de los propios beneficiarios, serían aprovechados por otros. Evitar la enésima fuga de cerebros depende ahora de un puzle de trámites, plazos y negociaciones para los que el cronómetro no se detiene.

Desde la Asociación de Investigadores Parga Pondal, explican que lo primoridal es que las instituciones contratantes se muestren receptivas a consolidar los puestos de trabajo de los investigadores. Intención en la que, de momento, vacilan, pues aunque para ello no es precisa ninguna convocatoria por parte de la Xunta, si se necesita que esta aclare si va a conceder nuevos Manuel Colmeiro y en qué número o cuantía, ya que, sin este programa de incentivos, a organismos como las universidades les resulta demasiado arriesgado convocar unas plazas que después, quizás, no podrán pagar. A esta situación de inseguridad, se une, además, la exigencia de cumplir lo establecido en la Lei de Orzamentos a respecto de la tasa de reposición, que en el caso de las universidades solo permite crear una plaza nueva por cada diez jubilaciones. Por este motivo, la Asociación Parga Pondal reclama a Facenda, departamento en el que recae la capacidad de aprobar cualquier plaza nueva que los organismos contratantes soliciten, que en el caso de los investigadores captados por los programas de recursos humanos se libere de la aplicación de esta tasa "como unha forma de incentivar su incorporación".

Este es, además, el primer año en el que investigadores del Parga Pondal que realizaron sus proyectos en instituciones no universitarias y organismos públicos, como el Sergas, el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), tienen que consolidar su puesto. Pero, por el momento, la Consellería de Industria, encargada de gestionar este tipo de proyectos, no se pronuncia. Y debería hacerlo, apuntan los investigadores, cuanto antes y en tres sentidos: creando un sistema de evaluación propio para los investigadores que aspiren a ser consolidados a través del programa Manuel Colmeiro, negociando con Facenda la creación de dichas plazas y comprometiéndose a financiar su estabilización.

Hasta que estas "normas de juego" queden claras, explican desde la Asociación Parga Pondal, ni las universidades ni el resto de organismos contratantes sabrán cuántos investigadores podrán incorporar, por lo que no convocarán plazas.

De forma paralela, también los proyectos que concurrieron al antiguo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (Incite), promovido por el Gobierno bipartito para el periodo 2008-2010, ven complicada su viabilidad tras la modificación del sistema de ayudas decretado el pasado 17 de agosto por la Consellería de Educación, aduciendo problemas de incompatibilidad entre la convocatoria de 2009 y la Lei de Orzamentos de Galicia. Hasta agosto, el pago de las ayudas se efectuaba aunque los gastos ejecutados en cada anualidad no coincidieran con las previsiones de pago anuales, de forma que, si los fondos asignados en una convocatoria no se gastaban, podían emplearse en la siguiente. Ahora, este sistema se sustituye por anualidades cerradas, lo que, a juício de los afectados, supone un cambio en el statu quo cuando ya se tienen unos compromisos adquiridos con ese dinero.

Para Javier Mas, profesor de física de partículas de la Universidade de Santiago, fue la flexibilidad que ahora desaparece lo que le ha permitido trabajar con calidad y "ser muy rentable" al Gobierno gallego. Hasta ahora, Mas empleaba los remanentes que acumulaba en cada convocatoria para captar investigadores "lo suficientemente competitivos como para ganar nuevas becas con las que liberaban más fondos para gestionar. Ahora tendrá que devolver sus 50.000 euros de remanentes y no podrá pagar a dos de los tres investigadores que ya tiene en plantilla. "Y encima, a los ojos de la Xunta, eres considerada una persona incapaz de gastarte el dinero que te fue concedido. Con lo cual, en la siguiente convocatoria eres penalizado. Es kafkiano".

Becas que pueden tardar 15 meses

Las ayudas a las estancias en el extranjero, comunes a todos los programas de recursos humanos de la Xunta, desaparecieron en el año 2010, salvo para los beneficiarios del Ángeles Alvariño, programa destinado a la especialización de doctores, que por imperativo legal tienen que cubrir dos años de estancia en centros de investigación de fuera de Galicia. Pero su gestión tampoco fue ni es la ideal.

Antonio Míguez, investigador de Historia Contemporánea de la USC, fue uno de sus beneficiarios en la convocatoria de 2009, cuando inició una estancia en The London School of Economics and Political Science. Los problemas comenzaron pronto. Ese año, el retraso en el cobro de la ayuda, "fundamental para poder efectivamente realizarla, pues el salario del contrato no alcanzaba los 1.200 euros", fue de tres meses. Pero en 2010, las becas se cobraron con diez meses de demora y una repentina reducción de 1.200 euros. A esas alturas, su situación económica estaba tan deteriorada que tuvo contar con préstamos y ayuda de familiares, aunque lo peor, asegura, "fue la sensación de absoluta tomadura de pelo" por parte de la Xunta. Ahora, Antonio está en el tercer año del Programa, dedicado a investigar y dar docencia en Santiago pero "sigue pagando económicamente las consecuencias de aquello". Y este año, 43 nuevos investigadores podrían sufrir una situación similar.

Hasta el pasado 31 de agosto, Industria no publicó la convocatoria destinada a financiar las estancias que se están desarrollando durante este año. Ahora, la Xunta cuenta con seis meses para resolverlas por lo que, en el peor de los casos, el 30 de marzo de 2012 se resolverán las ayudas para las estancias iniciadas un año y tres meses antes, en enero de 2011.

El País, 26/09/11

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