Eduardo Ibarra Colado: Rebelión universitaria contra los “mercados del saber”. El necesario debate a favor de la Universidad

Francia 1968

Rebelión universitaria, mayo del 68

Como en mayo del 68, la universidad vuelve a estar en el centro de las disputas sociales, aunque por razones y en circunstancias muy distintas. En aquella época los estudiantes salieron a las calles para exigir la libertad de expresión en la universidad y para manifestar su rechazo absoluto al capitalismo; la rebelión estudiantil encarna la politización de la universidad, desde la que se cuestiona esa idea ilusoria de “progreso” que resguardaba a una sociedad reprimida refugiada en el consumismo, y a un orden institucional autoritario en el que la participación y la democracia eran muy limitadas; se trataba de restituir la política, dotándola de espacios que facilitaran la reflexión y la crítica, para reafirmar que era posible actuar a favor de una sociedad distinta y mejor. Al grito de “sean realistas, pidan lo imposible”, ese mayo del 68 se constituyó como un movimiento internacional para transformar el orden establecido, incluida, por supuesto, la propia universidad.

A poco más de cuatro décadas de distancia, los estudiantes han salido nuevamente a las calles para escenificar una rebelión distinta, que tiene que ver con la defensa de la universidad pública ante el embate de los mercados. Nuevamente miles de estudiantes protagonizan una revuelta internacional para contener la irrupción de los mercados en la universidad, esto es, para impedir que la universidad se convierta en una más, entre las unidades económicas con fines de lucro, que hagan del mundo tan sólo un mercado total. De esta batalla depende que la educación, la ciencia y la cultura se mantengan como bienes públicos a los que tenemos derecho todos, preservando la condición de la universidad como institución al servicio de la sociedad. No se trata sólo de defender a la universidad como institución nodal de la vida política, sino de mantenerla además como espacio abierto para que los jóvenes ejerzan su derecho a la educación y para que la sociedad se beneficie directamente de los conocimientos y la cultura que en ella se producen y resguardan. 

Esta nueva transformación de la universidad para convertirla en un buen negocio, se ha ido instaurando silenciosamente en distintos países al amparo de políticas basadas en el mercado, que alentaron la competencia por recursos escasos para ir conformando los “mercados del saber”. La reforma de la educación superior en Chile durante el régimen dictatorial de Pinochet sirvió como modelo para impulsar procesos similares en otros países. El credo neoliberal se aplicó poco después en Estados Unidos y el Reino Unido, dando curso a la era Reagan-Thatcher. La fiebre de los mercados se fue extendiendo a lo largo de las últimas dos décadas hasta abarcar a la mayor parte de los países del planeta, teniendo ahora como uno de sus modelos de referencia el publicitado proceso Bolonia que se impulsa en la Unión Europea. En este contexto, los gobiernos comenzaron a hacer suya esa visión que considera al conocimiento básicamente como un recurso económico susceptible de apropiación privada y explotación comercial.

En el Reino Unido

Por una universidad para el 99%

Uno de los argumentos preferidos para impulsar y legitimar estas reformas ha sido la limitación de recursos, los cuales, por recomendación de los Organismos Financieros Internacionales, deben dedicarse en primera instancia a la educación básica; ante la insuficiencia presupuestal, se recomienda, por tanto, convocar a “la sociedad” a participar en el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la cultura. A la vez, la crisis financiera por la que atraviesa el mundo desde 2008, ha permitido reforzar este argumento que impone la austeridad en el gasto público, por lo que los gobiernos ceden sus responsabilidades sociales a los agentes económicos privados, que las retoman gustosos a sabiendas de que serán un gran negocio. Los recortes a la educación, la salud y la seguridad social que protegían al 99%, contrastan con una creciente concentración del gasto público en policía, prisiones y seguridad, pues resulta indispensable contener las revueltas que pudieran perturbar las mesas de juego en las que el 1% negocia sus fortunas en los casinos estilo Wall Street.

La privatización de la educación superior debe ser vista, por ello, como una de las claves que permiten comprender el proceso por el que transitan actualmente las universidades en muy diversos países del planeta. Los gobiernos han avanzado por esta ruta impulsando diversas estrategias, entre las que destaca la transferencia de los costos educativos a las familias mediante la aplicación de cuotas por inscripción, colegiaturas y pago de servicios. Se argumenta que la educación superior no debe ser financiada con los recursos que la sociedad aporta mediante el pago de sus impuestos, toda vez que este “gasto” es aprovechado por los grupos sociales de mayores ingresos y que podrían pagar por ella. En lugar de comprender que se debería garantizar el acceso de todos a la educación superior, con esta medida se conculca este derecho a quienes no puedan pagar por ella, con el único paliativo de otorgar becas o créditos educativos subsidiados que han mostrado su ineficacia y poca viabilidad. 

La privatización ha encontrado otras rutas menos directas. Por ejemplo, se han impulsado políticas de contención del crecimiento de la oferta pública para inducir la expansión de la educación superior privada. Sin embargo, en este caso se enfrenta una limitación estructural, que permite la expansión de la oferta privada, sólo hasta el límite representado por el pequeño segmento poblacional que cuenta con la capacidad de pago para optar por esta vía. Algunos gobiernos han realizado también transferencias de recursos públicos a las instituciones privadas mediante políticas de subsidio a la demanda –por ejemplo, el famoso voucher educativo que opera en Chile– o permitiendo su participación en diversos programas públicos de apoyo a la educación superior y la ciencia.

En Harvard

El movimiento de los “ocupa” llegó a Harvard

La privatización alcanza su grado más pleno de realización, cuando se logra inducir a las universidades públicas para que funcionen como si ellas fueran negocios, y de transformar la identidad de sus autoridades, académicos y estudiantes para que se conciban a sí mismos como gerentes, agentes económicos del conocimiento o clientes. Esta última forma de privatización, en la que se produce la conversión de la universidad en empresa, es la más sutil y probablemente la más efectiva, pues permite mantener el carácter jurídico de la universidad como “institución pública”, a la vez de lograr que se comporte y opere realmente como corporación privada dedicada a la inversión en “capital humano” y a la producción (de cierto tipo) de conocimiento.

Cuando las universidades y sus comunidades interiorizan esta lógica, es decir, cuando la asimilan de manera inconsciente trastocando sus identidades y modos de existencia –sus prácticas y valores– y cuando varía el sentido mismo de lo que es la universidad en el imaginario social –pues deja de ser reconocida como institución pública para proyectarse ahora como empresa–, se constituyen plenamente en agentes libres del mercado. Su comportamiento, es decir, la orientación de los proyectos de la Universidad y del trabajo de los académicos, así como de la formación de los estudiantes, estará regido por el cálculo racional de cada cual en ambientes de intercambio y competencia. Bajo esta nueva lógica, la universidad será tan sólo un espacio para la promoción de la carrera política de sus autoridades, para la obtención de recursos, remuneraciones y prestigio de sus académicos, y para la obtención de becas, diplomas y certificaciones de sus estudiantes. En contraste, el entusiasmo por conocer, la posibilidad de cultivar un pensamiento crítico y la capacidad para hacer del campus universitario un espacio de formación y de vida en y más allá de las aulas, se ven fuertemente amenazados.

La privatización se ve reforzada por la ampliación de la cobertura, que no es concebida más como un mecanismo para favorecer la movilidad social, sino como una modalidad para ampliar los mercados. El crecimiento de la matrícula permite consolidar la educación superior como un espacio económico en el que concurren cada vez más “clientes” potenciales. Ellos representan la oportunidad de realizar una serie de transacciones económicas redituables, en las que participan no sólo las universidades, sino también las instituciones financieras dispuestas a otorgar créditos educativos, o una infinidad de empresas que ven en el sector universitario un mercado potencial para el consumo de una cartera muy amplia de productos y servicios.

Por ello, una de las nuevas tareas no declaradas de la universidad es la de habilitar a sus estudiantes como consumidores, es decir, de prepararlos para una vida gobernada por el ciclo perpetuo que articula trabajo, consumo y crédito. Las universidades se convierten en espacios de producción de consumidores; sus campus tienden a parecerse cada vez más a los grandes centros comerciales, pues brindan a sus “usuarios” la posibilidad de acceder a un conjunto de servicios mientras estudian: librerías, bancos, cafeterías, restaurantes, papelerías, tiendas de ropa, distribuidoras de equipos de cómputo, agencias de turismo, y pronto, por qué no, bares, antros y centros de diversión.

En España

“Estudio, luego no trabajo”

La otra pieza necesaria para completar el proceso de incorporación de las universidades a los circuitos de producción e intercambio económicos, tiene que ver con el establecimiento de las “monedas de curso legal” que facilitarán la competencia, el intercambio y la movilidad. Esta es la tarea que cumplen los procesos de evaluación, acreditación y certificación, pues determinan el valor de instituciones y programas distintos mediante indicadores de desempeño. Con ello se asegura la comparabilidad y la diferenciación que requiere todo consumidor al momento de elegir el producto de su preferencia.

Por ejemplo, para que el intercambio y la movilidad internacional se puedan producir, ha sido necesario impulsar un proceso de homogenización y estandarización de programas dotados de contenidos mínimos que compartan un modelo educativo similar –la educación por competencias de fuerte orientación vocacional–, un sistema de créditos común y un sistema de titulación comparable. Serán sus diferencias menores –el empaque y el color– y el lugar que ocupen en los rankings internacionales –una buena estrategia de mercadotecnia– los que persuadan al usuario al momento de tomar una decisión.

Al establecerse tales equivalencias, se sientan las bases para desarrollar un mercado internacional de “servicios educativos” que posibilita la impartición de programas académicos compartidos y de doble titulación, la realización de proyectos conjuntos de investigación, la formación de consorcios regionales y el establecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones de distintos países para competir mejor. Es fácil comprender en este contexto la importancia que adquiere el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), pues regula la producción, transferencia y apropiación del conocimiento a nivel global.

Entre otras consecuencias, este complejo proceso ha derivado en la degradación de la calidad de la enseñanza; la limitación de la libertad de cátedra e investigación; la marginación de proyectos de investigación de baja rentabilidad económica; una mayor presencia gubernamental en la conducción de la universidad que debilita su autonomía; y el fortalecimiento de la burocracia universitaria que, a través de una conducción centralizada basada en la planeación estratégica, distribuye los recursos disponibles y se apropia del control del trabajo académico. Asimismo, la precarización del trabajo académico es una realidad incuestionable debido a la fragmentación salarial y la modificación de las políticas de contratación, que favorecen la incorporación de profesores temporales de tiempo parcial por encima de los de tiempo completo con definitividad. Por el lado de los estudiantes, se puede constatar la creciente exclusión de jóvenes que desean ingresar a la universidad debido al incremento de cuotas y al imparable aumento de la cartera vencida de créditos educativos en algunos casos, y a la limitada oferta disponible en otros.

Por ello no debe sorprendernos la nueva rebelión estudiantil y universitaria internacional en curso ni sus agendas. En Chile, por ejemplo, después de tres décadas de privatización, miles de estudiantes han tomado las calles para mostrar el agotamiento de un modelo inequitativo y de baja calidad, y para defender a la universidad pública, reivindicándola como institución de todos los chilenos. Los estudiantes enfrentan el enorme reto de revertir un largo proceso privatizador para recuperar el carácter público de la educación superior, lo que implica exigir la restitución del financiamiento estatal a las universidades, además de cancelar los sistemas de financiamiento estudiantil y eliminar los aportes estatales a las instituciones privadas que lucran con la educación y el conocimiento.

Deuda estudiantil

Créditos educativos, ¿opción o trampa?

Por su parte, en Estados Unidos y el Reino Unido las protestas se relacionan con los recortes presupuestales a las universidades públicas, so pretexto de la crisis financiera que impone un régimen de austeridad, al lado de un incremento galopante de las colegiaturas y de otras cuotas en años recientes, del endeudamiento asociado a los créditos educativos y de un creciente desempleo de los egresados universitarios. Europa tampoco ha estado libre de protestas, más cuando se han conjuntado los efectos asociadas a la recesión económica y las dudas y críticas que han derivado de la reestructuración de la educación superior bajo las líneas de proceso Bolonia, que sustenta la armonización de los sistemas de educación superior para promover un espacio común que facilite la movilidad estudiantil.

En México se aprecia una dinámica similar. Desde finales de la década de 1980, se aplican en el país políticas orientadas por criterios de mercado, con lo que la educación superior ha experimentado una profunda transformación. Se cuenta ya con un complejo sistema de evaluación y acreditación que regula el cambio de las instituciones mediante el otorgamiento de financiamiento extraordinario, y con un sistema de diferenciación salarial basada en el desempeño que ha mostrado su efectividad al desestructurar el tejido social académico; se ha introducido también un Programa Nacional de Becas y se ha anunciado recientemente la intención de impulsar un sistema de crédito educativo inspirado en los modelos chileno y estadounidense. A ello hay que añadir la reducida asignación presupuestal que año con año se otorga a universidades y centros de investigación, lo que se ha traducido en una insuficiente cobertura que ha dado lugar al surgimiento cíclico de movimientos de rechazados, y a reclamos cada vez más fuertes de los rectores, la ANUIES y la Academia Mexicana de Ciencias, pues la prioridad declarada a favor de la educación superior y la ciencia nunca se concreta en presupuestos suficientes, oportunos, estables y sostenidos.

En México

Por un lugar en la educación superior

No cabe duda, pues, que es momento de considerar con todo detalle las consecuencias asociadas a los procesos de privatización, comercialización e internacionalización en curso y, a partir de ello, revisar la agenda de políticas que opera en nuestro país, a la vez de visualizar cursos alternativos de acción. En las condiciones que hemos comentado, la defensa del carácter público de la universidad y la capacidad para preservar el acceso a la educación, el conocimiento y la cultura como derecho de todos los mexicanos se constituyen con un enorme desafío social que debemos encarar. Para hacerlo es necesario iniciar un amplio debate que nos permita dilucidar colectivamente, entre otras, las siguientes cuestiones:

¿Cómo establecer un nuevo pacto social entre autoridades, académicos, estudiantes y trabajadores universitarios para que se constituyan como una sola fuerza en torno a la defensa de la universidad pública?

¿Cómo ampliar la oferta educativa para resolver el problema cíclico de los miles de estudiantes rechazados y para restituir las condiciones que posibiliten la movilidad social y la incorporación de los jóvenes al trabajo?

¿Cómo favorecer una educación de calidad que supere el sistema de acreditación vigente que confunde calidad con logro de indicadores? ¿Cómo transitar de las modalidades vigentes de evaluación asociadas a la obtención de recursos extraordinarios hacia modalidades de evaluación sustantiva que retroalimenten el desempeño para reforzar las buenas prácticas y corregir aquello que no funciona?

¿Cómo garantizar un financiamiento público suficiente de la educación superior, la ciencia y la cultura que preserve el carácter público de la universidad y posibilite el acceso irrestricto de todo mexicano que esté en condiciones de hacerlo?

¿Cómo transitar hacia un modelo de financiamiento estable que favorezca la planeación de mediano y largo plazo y proteja a la universidad –en su calidad de sector estratégico para el desarrollo nacional– de las contingencias económicas y políticas?

¿Cómo favorecer el impulso de investigaciones de alto impacto social que contribuyan a resolver los graves problemas que enfrenta en país en sus esferas económica, política y social, por ejemplo, para incrementar la productividad y competitividad de la industria nacional, abatir del desempleo, reducir la pobreza y la marginalidad, contener la violencia y la criminalidad, y abonar a la plena democratización de la vida nacional?

¿Cómo lograr articular un modelo de carrera académica en el que priven condiciones de estabilidad laboral y remuneración adecuada como condición para favorecer la calidad de la enseñanza y la investigación?

¿Cómo impulsar la incorporación de los académicos jóvenes que demandará el crecimiento de la matricula previsto para los siguientes años y garantizar las condiciones para un retiro digno de quienes ya entregaron sus vidas a la universidad?

¿Cómo generar condiciones para reforzar la autonomía de las instituciones con la finalidad de consolidar estructuras de gobierno participativas que favorezcan la conducción colegiada de las instituciones? ¿Cómo reforzar la gobernabilidad institucional para resguardar la legalidad y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas?

¿Cómo propiciar un modelo de revisión salarial y contractual transparente y estable que permita que la relación laboral se desarrolle en un marco institucional apropiado que no ponga en riesgo el carácter público de la universidad? ¿Cómo transitar hacia una relación bilateral en la que prive una conducción conjunta del trabajo que abone al fortalecimiento institucional?

Estas son apenas algunas de las cuestiones que tendremos que debatir y dilucidar. Como ya indiqué, la defensa de la universidad pública pasa por la comprensión profunda de las circunstancias que enfrenta y por la discusión compartida de esta agenda. Ella puede constituirse como la base para formular un proyecto socialmente compartido que preserve la condición de la universidad como institución pública y que garantice el acceso a la educación, el conocimiento y la cultura como derecho irrenunciable de todos los mexicanos.