Manifiesto de los Rectores CRUMA en defensa de la universidad pública y de rechazo a los recortes en materia de educación

Manifiesto de los Rectores CRUMA en defensa de la universidad pública y de rechazo a los recortes en materia de educación

Los rectores de las seis Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, integrados en la CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid), deseamos manifestar ante la opinión pública:

1. Nuestra rotunda oposición al aumento de las tasas universitarias establecidas por el Consejo de Gobierno de Madrid para los cursos 2012-2013 y 2013-2014, ya que suponen un claro deterioro de la equidad social y un serio atentado contra el principio de igualdad de oportunidades. Asimismo mostramos nuestra disconformidad con las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre las becas universitarias, así como por la situación de desigualdad entre las universidades de las diversas Comunidades Autónomas que ha propiciado el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril. Este Real Decreto Ley ha producido un mayor distanciamiento entre las condiciones de financiación de las universidades públicas españolas y el acceso a los estudios universitarios de los españoles residentes en distintas regiones del territorio nacional.

En este sentido queremos informar a la opinión pública de que el pasado 16 de septiembre hemos requerido formalmente al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que proceda a la derogación y anulación de determinados preceptos del Decreto de la Comunidad de Madrid 60/2013, de 18 de julio, relativos a las cuantías de las tasas universitarias establecidas para el curso académico 2013-2014, por entender que son lesivas para las familias con mayores dificultades económicas y para la propia sostenibilidad financiera de las universidades públicas, así como por infracción de las normas en materia de competencias.

2. Reiteramos nuestra solicitud de que el Gobierno de Madrid establezca a la mayor brevedad posible las medidas concretas, y recoja la partida correspondiente en los presupuestos de la Comunidad de 2014, para atender con la suficiencia económica debida la promesa realizada por el Presidente de la Comunidad y la Consejera de Educación, Juventud y Deporte de que ningún estudiante de las universidades públicas madrileñas se vería expulsado del sistema universitario por dificultades económicas. Las Universidades carecemos de recursos propios para afrontar programas de tipo asistencial o de becas que puedan paliar las duras circunstancias económicas por las que atraviesan las familias de muchos de nuestros estudiantes, y entendemos que es responsabilidad de las administraciones públicas afrontar la resolución de este problema.

3. Hemos requerido asimismo al Gobierno de Madrid para que cumpla con las obligaciones que la Ley impone a las Comunidades Autónomas en orden a abonar a las Universidades la diferencia económica que se produce, en las becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre el importe financiado por este y el coste real de las tasas de matrícula (establecidas por cada Comunidad Autónoma). La Ley establece que esta diferencia debe ser costeada y abonada por cada Comunidad Autónoma a sus universidades, algo que hasta la fecha no ha hecho la Comunidad de Madrid. El importe total correspondiente al curso 2012-2013 que reclamamos al Gobierno de Madrid es de 21.367.329,68 euros; un importe que hasta el día de hoy no hemos recibido y que se reclamará judicialmente.

4. Deseamos informar también de que las Universidades Públicas de Madrid ya han contribuido solidariamente, y de una manera muy considerable, al ajuste financiero de la Comunidad, pues la financiación pública a las Universidades ha pasado de ser, en el año 2010, de 1.085 millones de euros (programa 518 del presupuesto regional), a apenas algo más de 863 millones en 2013. Es decir, se ha producido una reducción en la financiación de más del 20%, mientras que, en el mismo periodo, el presupuesto de la Comunidad de Madrid ha disminuido en algo más del 12%, esto es, ocho puntos menos. Las Universidades rechazamos que en el curso 2013-2014 se contemple, tal como ha sido anunciado por la Consejera de Educación, Juventud y Deporte, un nuevo recorte en la financiación, inicialmente cifrado en torno a los 55 millones de euros.

5. Expresamos asimismo nuestro más firme rechazo a las políticas de recortes en la inversión pública en investigación e innovación, y apoyamos los manifiestos y declaraciones suscritos por la CRUE y diversos colectivos y asociaciones de científicos. Entendemos que las medidas aplicadas tanto por el Gobierno de España como por los Gobiernos autonómicos están ahogando la investigación en España, y dilapidando recursos humanos y materiales de primer orden mundial, además de condenar al exilio científico a miles de jóvenes investigadores cuyas esperanzas para iniciar o continuar su investigación en España han quedado por completo anuladas. En consecuencia, y en cuanto afecta directamente al Gobierno de Madrid, hacemos un llamamiento para que se convoquen de inmediato los programas de apoyo y desarrollo de proyectos y grupos de investigación y de incorporación de jóvenes investigadores a las universidades madrileñas.

6. Solicitamos al Gobierno de Madrid que, dentro de la responsabilidad que la Ley le asigna como garante del servicio público universitario, adopte un papel verdaderamente proactivo en el reconocimiento y pago de la importante deuda que tiene contraída con sus seis Universidades Públicas. Pedimos que no se limite simplemente a cumplir sentencias judiciales firmes, que gradual, pero muy lentamente, acaban condenando a la Comunidad de Madrid a abonar millones de euros a sus universidades, como consecuencia de los recortes en los planes de inversiones 2007-2011 y en otros conceptos como pagas extraordinarias, complementos específicos, trienios y contratos programa de financiación. La cuantía total que las seis universidades hemos reclamado por vía judicial al Gobierno de Madrid por estos conceptos asciende a 509.554.507,28 euros. Hasta la fecha, solo hay sentencias firmes que afectan a la Universidad Complutense de Madrid, que le han reconocido, hasta ahora, 100.774.496,40 euros.

7. A pesar de la coyuntura económica por la que atraviesan España y la Comunidad de Madrid, entendemos que el Gobierno de Madrid debería diseñar, en estrecha colaboración y negociación con sus universidades públicas, un nuevo modelo de financiación que permita actualizar el que venció en 2011 y que, a su vez, dote de los recursos y de los mecanismos adecuados a las Universidades, con las debidas garantías de rendición de cuentas y transparencia, para afrontar la planificación de los próximos años. No es posible elaborar proyectos serios de futuro, ni garantizar la calidad de las universidades madrileñas, si no se proporcionan los instrumentos necesarios para hacer programaciones a medio y largo plazo, pues las improvisaciones anuales no permiten la sostenibilidad del sistema.