José Carlos Bermejo Barrera: El investigador chupatintas

José Carlos Bermejo Barrera: El investigador chupatintas

Se repite hasta la saciedad que sin investigación no puede haber futuro para la economía de un país, puesto que conocimiento y riqueza son sinónimos, y por ello cualquier recorte en los fondos destinados a este fin es casi una sentencia de muerte. Sería insensato negar que parte de la producción económica se basa en procesos de innovación técnica, pero también lo sería negar que sectores claves de la economía, como la construcción o el turismo, apenas pueden ser mejorados gracias a la investigación, del mismo modo que la agricultura o la ganadería. De nada sirve además tener los mejores ingenieros en un campo, como el naval, si no podemos trabajar en nuestros astilleros por razones sociopolíticas, y ningún descubrimiento farmacológico puede tener un futuro industrial si no es avalado por una gran farmaceútica, que puede favorecer su propia investigación y perjudicar o bloquear la de la competencia. El valor real de un proceso de investigación está determinado por su eficacia técnica y su rentabilidad económica, dos factores que no siempre van unidos, como ocurre en el campo militar industrial, en el que los enormes gastos en armamento técnicamente no se rentabilizan casi nunca. Todos sabemos que es mejor fabricar armas para disuadir al enemigo, como las nucleares, que usarlas para generar muerte y destrucción.

Tienden a identificarse conocimiento e investigación y a defender la investigación, sea cual sea, por su rentabilidad. Es evidente el nexo entre técnica e industria, pero puede haber conocimiento no utilizable industrial ni económicamente, como las humanidades y la mayor parte de las ciencias sociales. Sin embargo el peso de la ideología del mercado es tan grande que para justificar el valor económico de la historia, la filología, la filosofía y otras disciplinas afines se les asigna un papel productivo en relación con el turismo, ya que nada técnicamente eficaz ni vendible puede salir de ellas. Cuenta en uno de sus libros un gran helenista F. Rodríguez Adrados, que una de las cosas más absurdas que oyó en su vida tuvo lugar en Santiago en la inauguración de un congreso de su materia en la que una autoridad quiso señalar la vinculación entre el griego y el fomento del turismo. Semejante absurdo es hoy un tópico, aunque habría que preguntarse cómo es posible. Pensar que Odiseo, el eterno viajero que tarda diez años en volver a su casa recorriendo todo el Mediterráneo, es un precedente de turismo de vacaciones podría considerarse excesivo a todas luces.

La investigación científica en el mundo se desarrolla en el ámbito de las grandes empresas que tienen que demostrar el movimiento andando y crear productos eficaces y rentables y son capaces de autofinanciarse; y en el campo académico o empresarial de pequeña dimensión, en los cuales son indispensables los fondos públicos. Lo lógico sería que también aquí se contemplase solo la eficacia y rentabilidad, pero ello no es posible, y por eso se cambia el control real por el control burocrático, llevado a cabo por las administraciones públicas, las universidades y las agencias evaluadoras. Entre todas ellas han creado un gigantesco sistema de control que hace agua por muchas partes, que es enormemente costoso y detrae de la investigación gran parte de sus fondos, y se presta a toda clase de abusos y corruptelas, sembrando dudas muy serias acerca de su validez.

Esto es lo que ha puesto de manifiesto el Consello de Contas en su informe de Fiscalización de Programas de I+D+i (2009-2010). Destaca en primer lugar el excesivo coste de la gestión, o papeleo, necesario para repartir y controlar los fondos. No puede ser que repartir 45.118.954 euros en 2008 cueste 2.999.832, o que para repartir 45.354.431 se gasten en 2009 3.000.026 y para 39.474.145 se gaste en 2010, 2.784.825 (pp. 36,45). El coste de los funcionarios supone cada uno de esos años 1.916.118; 2.051.689 y 1.846.437 euros, y las retribuciones de los evaluadores científicos 360.822; 350.898, y 328.474 euros, que añaden a sus nóminas. Pero es que además de ello hay evaluadores privilegiados: 11 que evalúan el 10% de los proyectos en 2009 y 12 que evalúan el 13% en el 2010. Uno de ellos es un supervaluador, ya que realizó 47 informes en 2009 y otros dos hicieron 41 cada uno en 2010 (p. 32). Un hecho como este, que se pide que se corrija (p. 119), puede explicar en el caso de I+D académico la concentración de recursos en un número muy reducido de grupos de investigación en algunas ocasiones.

El informe reconoce que la selección de los gestores no está muy clara y pide que en ella “se garanticen los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito” (p. 119). A lo que debemos añadir que esta pirámide burocrática que se come una parte muy importante del dinero de la investigación no garantiza el control del gasto, pues ha habido empresas que con ese dinero y en aras de su “carácter innovador” han hecho “inversiones de compra o reposición de maquinaria” (p. 120). Si esto es así en la industria, ¿qué pasa en la investigación científica y sus métodos de reparto y control del presupuesto? La rentabilidad de la Odisea no se puede medir, pero tampoco la de los artículos científicos, que no son rentables ni dejan de serlo. Sería muy útil que en Galicia se auditase de la misma manera el I+D universitario de los últimos 10 años. Entonces podríamos comprobar que, antes de lanzar profecías sobre la llegada del oscurantismo cientifico, cada cual debería revisar sus propias cuentas.