El conflicto en las universidades
madrileñas: El PDI y el PAS de la Universidades Públicas DISCRIMINADO
Como en todas las Universidades Públicas de España, entre
las crisis y el déficit acumulado, nuestros compañeros de Madrid han ido
constatando como, en los últimos años, sus condiciones laborales se han ido
deteriorando (reducciones salariales, congelación de las plantillas,
restricción de la contratación temporal, recortes en investigación…). En las
últimas semanas la situación se ha agravado cuando
los Rectores, de manera completamente unilateral, han decidido aplicar la
Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid pretende regular cuestiones que
afectan a los trabajadores y que son competencia de las Universidades, las
cuales, a través de sus responsables, parecen haber claudicado frente a la
Administración madrileña, a pesar de que en el articulado de sus Estatutos
se establece que corresponde a cada una de ellas determinar condiciones
laborales, como régimen de dedicación y jornada.
Las medidas concretas
que pretenden aplicar son:
- Incremento de la jornada laboral
,
estableciendo una jornada semanal mínima de 37,5 horas.
Reducción de los permisos de libre disposición
(moscosos) de los actuales diez días a
seis, aumentándose éstos según la antigüedad en los términos establecidos en
el EBEP (dos más a partir del 6º trienio, y uno más por cada trienio a
partir del 8º).
Reducción de las vacaciones de Semana Santa y Navidad,
de forma que entre las dos fiestas no se superen 6 días hábiles.
Aplicar el Régimen General de la Seguridad Social en las bajas por
enfermedad y accidente no laboral. Esto se traduce en que los
colectivos afectados (PAS, PDI laboral y parte del PDI
funcionario), en caso de incapacidad transitoria, pasarán a percibir
aproximadamente un 50% menos de salario.
En todas las Mesas paritarias de los diferentes convenios
colectivos se ha invitado a la Administración de la Comunidad de Madrid a
estar presente y a formar parte de ellas, pero nunca ha querido acudir. Su
postura ha sido siempre entregar anualmente la nominativa a los Rectores,
quienes han negociado directamente las condiciones laborales con los órganos
de representación.
UGT ha reclamado en numerosas ocasiones, hasta por la vía
judicial, la inclusión de la Universidad en la Mesa General de los Empleados
Públicos de la Comunidad de Madrid (creada en 2008), dado que la Mesa de
Universidad no ha sido convocada desde los tiempos de Ruiz Gallardón como
presidente de dicha comunidad.
Los trabajadores de las Universidades madrileñas
solicitan la no aplicación de las "medidas de la Ley de Acompañamiento",
pues a su juicio, contravienen la LOU. Exigen que se reúnan las Mesas de
Negociación para pedir a los Rectores que no las apliquen. A juicio de UGT,
los responsables académicos no han hecho valer su condición de
representantes de las Universidades ante un Gobierno Regional, que se
caracteriza por someter a las mismas a un recorte económico constante que
está haciendo peligrar su viabilidad.
Los compañeros de Madrid, junto con el resto de los
sindicatos mayoritarios, han elaborado un calendario de movilizaciones para
protestar por estas nuevas medidas (concentraciones, encierros en los
Rectorados…). De momento, y gracias al éxito de las mismas, a pesar del
escaso impacto que le está dando la prensa, se ha conseguido un aplazamiento
hasta la próxima reunión con los Rectores.
El conflicto de las Universidades madrileñas es un claro
ejemplo de discriminación y un ataque frontal a los
derechos de los trabajadores,
orquestado desde el Gobierno Autonómico, que en ocasiones incluso se
adelanta al Gobierno Central y que por otra parte, es unánimemente aceptado
por los equipos de gobierno de las Universidades madrileñas.
Es discriminación porque los universitarios no estamos en
las Mesas de Negociación Autonómicas de los Empleados Públicos, donde sí
están otros colectivos como los sanitarios, los docentes (los de la no
universitaria), el PAS de los colegios públicos, los bomberos… Es decir,
están todos los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma menos los
de la Universidad.
Por esta razón, en los tiempos
de bonanza nos hemos quedado sin las mejoras que otros Empleados Públicos
conseguían y así hemos ido perdiendo poder adquisitivo.
Sólo hace falta consultar cualquier BOE de la época para constatar que
nuestros salarios quedaban estancados mientras otros se actualizaban.
Se nos ha negado el derecho a la negociación en las
mismas condiciones que el resto de trabajadores de la Administración con
argumentos basados en la "autonomía universitaria". Sin embargo, nosotros
tenemos claro que no trabajamos en el Banco de
Santander, sino que somos Empleados Públicos (funcionarios o laborales) y
que trabajamos en una Universidad Pública, igual que un Colegio Público o un
Hospital Público.
Curiosamente, cuando se trata de
"repartir los recortes" ya se nos reconoce como Empleados Públicos
y los Rectores de nuestras
Universidades son los primeros a la hora de intentar saltarse los Acuerdos
alcanzados en las Mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos,
en el caso de que existan, porque en las
universidades es una práctica generalizada, que nos diferencia del resto de
empleados públicos, el "no negociar" con los representantes legítimos de los
trabajadores… y así nos va.
Finalmente, no podemos dejar de señalar el
"despiste" del Ministro de Educación, Cultura y Deporte
en su comparecencia en la
Comisión de Educación hace unos días. En ella explica que se va a constituir
un Consejo de Expertos de Alto Nivel, que trabajará con el Consejo de
Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo
de Estudiantes Universitarios del Estado. Este Consejo será el que proponga
líneas de actuación para temas como la "implementación de sistemas de
evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora e
incentivar con complementos…".
El Ministro se ha "olvidado" de que el Estatuto Básico de Empleado
Público dice que la evaluación del desempeño es materia de negociación
colectiva y el marco de negociación es la Mesa Sectorial de Universidades.
Esta mesa existe, ha estado
funcionando y además la representación sindical (FETE-UGT, CCOO, CSIF y CIG)
hemos solicitado a través de un escrito conjunto que se reúna con carácter
de urgencia. En consecuencia, esperamos que se trate verdaderamente de un
"olvido", porque no se ajusta a la legalidad
vigente negociar nuestras condiciones laborales con "todos menos con
nosotros".
FETE-UGT, 06/02/12
Pablo Gentili:
