ULPGC:
El Consejo de Gobierno hace público un comunicado en el que rechaza la forma y
el fondo del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia educativa
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha acordado hoy hacer público un comunicado en el que rechaza
la forma y el fondo del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia
educativa, considera que no va a mejorar la calidad de las universidades y sí va
a llevar a un retroceso que costará años recuperar.
El Consejo de Gobierno se ha reunidos hoy en dos sesiones consecutivas
que se iniciaron con el informe del Rector, José Regidor García,
quien dio cuenta a los miembros del consejo de las circunstancias relacionadas
con los decretos de 30 de diciembre y 20 de abril que han afectado a las
Universidades. El primero de ellos prohibía taxativamente convocar plazas de
funcionarios docentes y contratación de profesorado laboral, por lo que han
quedado interrumpidas las convocatorias en las Universidades. Además el
Ministerio ha anunciado que recurrirá todas aquellas plazas que incumplan esta
ordenación.
El Real Decreto Ley de 20 de abril pretende incrementar la
recaudación por el aumento de las tasas, junto al aumento de horario docente de
los profesores universitarios. La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) ha intentado que la
tramitación de este Real Decreto fuera por la vía ordinaria pero los
parlamentarios del Partido Popular optaron por la convalidación sin discusiones.
La CRUE solicita oficialmente el 7 de mayo al Ministerio una convocatoria
extraordinaria del Consejo de Universidades para abordar la aplicación del Real
Decreto. El Ministerio convoca el día 9 de mayo el Consejo de Universidades pero
no facilita hasta el día 18 el orden del día. Los Rectores solicitan al
Ministerio un compromiso de que el Real Decreto será debatido pero el Ministerio
no acepta que se aborde en un punto del orden del día ni tampoco que exista un
compromiso de debate en el futuro. Ello llevó a los Rectores a no presentarse a
la sesión del Consejo de Universidades, pero sí acudió la presidenta de la CRUE
para explicar al ministro la postura de los Rectores. El equipo de gobierno de
la CRUE afirmó que recibió un trato vejatorio en ese encuentro y no fue posible
el acercamiento de posturas.
José Regidor indicó al Consejo de Gobierno que el malestar de
los Rectores es muy importante, porque consideran que se ha atentado al respeto
y la dignidad de la comunidad universitaria y porque se ha intentado dañar a la
Universidad española en su conjunto, pero que ya ayer se recibió la convocatoria
del Ministerio para abordar la próxima semana, el 1 de junio, en un Consejo de
Universidades la aplicación del Real Decreto.
El Rector indicó que las Universidades aún no han iniciado la aplicación del
Real Decreto a la espera de la aclaración por parte del Ministerio de cómo va a
llevarse a cabo. Aseguró que los acuerdos y decisiones que adopte la ULPGC
siempre se abordarán en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Regidor esperaba haber despejado incertidumbres en la aplicación para
debatirlas en el Consejo de Gobierno pero no ha sido posible por como han venido
dadas las cosas.
Trinidad Arcos, Vicerrectora de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional, expuso como la mayoría de las Universidades
españolas han ido pronunciándose sobre el Real Decreto, básicamente
considerándolo una intromisión en la autonomía universitaria, así como venir
acompañado de una campaña de desprestigio del profesorado universitario. Ello
unido a la crítica por utilizar el crédito ECTS, que es una medida del trabajo
del alumno, como medida de la dedicación del profesorado, el sexenio vivo como
criterio de reducción o incremento de la dedicación docente del profesorado y el
rechazo al aumento de las tasas y la reducción de las becas.
El Rector reiteró que las dos Universidades canarias van a ir de la mano para
que la aplicación del Real Decreto sea igual en ambas. Y que habrá que acatarlo
y cumplirlo pero que al no estar clara una única interpretación es por lo que se
trabaja para aclararlo.
El Gerente Conrado Domínguez indicó que en el escenario
planteado, se han celebrado reuniones con diferentes Consejerías del Gobierno de
Canarias para conocer que repercusión van a tener las medidas de ajuste en el
presupuesto corriente de la ULPGC. El Gobierno de Canarias está preparando una
ley de medidas urgentes, que recogerá un 5% de reducción de las retribuciones
anuales de todo el personal de la Universidad y que se aplicará en el segundo
semestre del año, por lo que va a suponer un 10% de reducción de algunos
complementos, ya que no se puede aplicar a todos los conceptos. Además, el
Gerente añadió que no se aplicará a los trabajadores que tengan un sueldo
inferior al 1,5 del salario mínimo interprofesional y destacó que habrá
reuniones con los representantes del personal para dar a conocer cómo se va a
aplicar el descuento.
El Plan de Inversiones de la Universidad también se ha visto
afectado ya que los créditos se encuentran bloqueados por lo que no puede
utilizarse. Se pretende que no se inicie ninguna obra nueva, pero sí se estudia
la posibilidad de certificar la obra ya realizada.
Conrado Domínguez considera que en este marco no será necesario ningún
recorte adicional por parte de la ULPGC.
El Vicerrector de Profesorado y Planificación Académica, Gustavo Montero,
se refirió a la paralización de los planes docentes, como consecuencia de la
posible ampliación del horario del profesorado. Se han mantenido diferentes
reuniones con los representantes sindicales, la Universidad de La Laguna y la
Consejería de Educación para aunar posturas para la aplicación del Real Decreto
con los mismos criterios generales, si bien cada universidad podrá tener sus
propios reglamentos de aplicación. De entrada, se ha considerado el crédito ECTS
como 10 horas de dedicación presencial. Se están manteniendo reuniones con los
Directores de Departamento y se ha solicitado la información necesaria
relacionada con los sexenios para contar con todos los datos necesarios para la
aplicación del Real Decreto. El Vicerrector confía que en breve esté aclarado el
marco de aplicación para que los Departamentos puedan elaborar sus planes
docentes para el próximo curso académico.
Como consecuencia de este debate se ha hecho público un comunicado que
textualmente dice lo siguiente:
COMUNICADO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ULPGC
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
reunido en sesión ordinaria el 25 de mayo de 2012, tras analizar el Real
Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización de
gasto público en el ámbito educativo, acuerda realizar las siguientes
consideraciones:
PRIMERA: Rechazamos este Real Decreto Ley tanto la forma,
puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las Universidades,
como el fondo, ya que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y,
con ello, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basado en el
principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en
el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a
la educación, tal y como se desarrolla en la Ley Orgánica de Universidades.
SEGUNDA: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume la
necesidad de seguir realizando todas las acciones necesarias para incrementar la
eficacia y la eficiencia en la prestación de sus servicios. Sin embargo,
considera muy grave que una de las medidas para conseguir la reducción del gasto
público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, que, en
estos momentos, es insuficiente y está por debajo de la media europea; todo ello
cuando existe consenso en considerar que la inversión educativa es condición
necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y,
en consecuencia, para la superación de la crisis. Por todo ello, es
imprescindible la defensa de la enseñanza pública y de la dignidad del
profesorado universitario.
TERCERA: Es preciso rechazar de manera tajante algunas de las
medidas de este Real Decreto-Ley, por considerarlas de especial gravedad:
1. El aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se
encuentran por encima de la media europea, sin una adecuada política de becas,
incrementará las diferencias sociales en el acceso a los estudios superiores y
dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados
por la crisis.
2. Los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se
reducen, exclusivamente, al criterio del sexenio activo, sin considerar
resultados anteriores de investigación, ni otras actividades del personal
docente e investigador (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia,
innovación, gestión…), ni los objetivos estratégicos de las universidades.
3. La regulación de aspectos fundamentales (académicos, investigadores,
estratégicos, etc.) que vulnera de manera clara la autonomía universitaria.
4. Las posibilidades que abre el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto-Ley
14/2012 para la privatización de servicios universitarios de las universidades
públicas.
CUARTA: El Real Decreto-Ley 14/2012 demuestra un grave
desconocimiento del propio sistema universitario, ya que utiliza el ETCS, que es
la unidad de medida del trabajo que debe hacer el alumno, para valorar la
actividad laboral del personal docente e investigador.
QUINTA: Todas las universidades públicas españolas han
experimentado un proceso de cambio importante en los treinta últimos años, en
los que se ha incrementado sustancialmente la generación de conocimiento, su
transferencia y la calidad de la actividad docente e investigadora con una
financiación muy inferior a la media europea. Este proceso está dando resultados
que repercuten muy favorablemente en la sociedad, cumpliendo así con el objetivo
fundamental de la Universidad.
SEXTA: La aplicación de este Real Decreto-Ley daña gravemente
la calidad de la docencia y la investigación y pone en muy serio peligro los
niveles de posgrado (másteres y doctorado).
SÉPTIMA: Las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley no
implicarán una mejora de la calidad de la universidad pública española ni una
mejora en la posición que ocupa en los rankings internacionales, sino que
comportará un empeoramiento y un retroceso que costará años recuperar, al mismo
tiempo que agravará aún más la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación
Superior y la internacionalización de nuestros estudios.
Por todo ello:
1. Solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de
un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución
efectiva a los problemas que, en este momento, tiene el sistema universitario
español.
2. Solicitamos al Gobierno de Canarias que garantice la financiación necesaria
de las universidades públicas canarias, sin que esto repercuta en los precios de
las tasas para los sectores menos favorecidos de la población ni se disminuyan
las retribuciones del personal de las universidades canarias sin que antes el
mismo Gobierno de Canarias tome medidas de reducción de gastos ineficientes y
superfluos.
3. Solicitamos a toda la sociedad, en general, y a la comunidad universitaria,
en particular, que valore los riesgos de este Real Decreto-Ley y que participe
en el debate, la defensa y la mejora del sistema universitario como servicio
público que garantiza el progreso y la cohesión social.
4. Rechazamos el ataque sistemático que está sufriendo la universidad pública
española que atenta contra la dignidad y la profesionalidad de los miembros de
la comunidad universitaria, representada por sus rectores.
En otro orden de cosas, el Gerente Conrado Domínguez presentó
al Consejo de Gobierno las cuentas anuales de la ULPGC del ejercicio 2011,
señalando que se han introducido modificaciones para una mayor transparencia y
rendición de cuentas. El Gerente señaló que existe una clara solvencia
financiera de la institución y un equilibrio a largo plazo de las cuentas.
Conrado Domínguez indicó que se han perdido unos 2,6 millones
de la financiación recibida de la Comunidad Autónoma a la vez que se interrumpe
el crecimiento de los ingresos propios de la Universidad. A pesar de ello se ha
mantenido el gasto de personal, disminuyendo los gastos de gestión corriente. El
presupuesto de 2011 ha alcanzado una ejecución del 90,6%.
El Consejo de Gobierno también acordó una reforma puntual de la relación
de puestos de trabajo del personal de administración y servicios para
adaptar determinados puestos a su nueva denominación y correcciones detectadas.
El Consejo de Gobierno también acordó la aprobación de los títulos
propios de la ULPGC para el próximo curso 2012-2013, que son las
maestrías y expertos que ofrece la Universidad para la formación no reglada de
toda la sociedad. El Vicerrector de Títulos y Doctorado, Rafael Robaina
presentó los 49 títulos propios que cumplen todas las garantías necesarias para
su impartición.
ULPGC, 25/05/12
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