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Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

Llamó la atención en su momento que el altivo y desmesurado ministro Wert, que tiene la virtud de saber lo que quiere y decir lo que piensa, aunque se hunda el mundo y las encuestas de opinión, decidiese consultar a un grupo de sabios por él designados qué se podría hacer con las universidades, sobre todo si lo que dijesen coincidiera con lo que pensaba. Así lo han hecho los expertos, competentes en sus campos pero no en el derecho, excepto en los casos de Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que han formulado un voto particular, advirtiendo del peligro de lo que se propone y de la necesidad de llevar a cabo muy importantes reformas en muchos aspectos del derecho público, entrando en dos campos, como el de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, susceptibles de amparo constitucional. Matices todos estos que, como sugieren los autores del voto particular (pág. 5), sus compañeros no saben o no quieren entender.

Podríamos resumir los resultados del informe en tres apartados: a)- el modelo de gobierno autoritario, b)- la crítica a gravísimos errores en la implantación del proceso de Bolonia, y c)- la confirmación global del sistema paralegal en el que se mueven las universidades, cuyas anomalías los dos juristas sí comprenden. Y llama la atención en el informe la existencia de dos tipos de textos: a)- los que dan oponiones, a veces muy fundadas, de sus miembros, y b)- el texto articulado casi como borrador de un proyecto de ley sobre el gobierno universitario, en el que Wert sí está oyendo lo que ya sabe y quiere que le confirmen.

Denuncia el informe en su apartado 5 que todos los títulos de ingenierías, el de arquitecto y el de derecho se han implantado erróneamente al convertirlos en grados, y propone volver a carreras de 5 o 6 años en esos títulos, como en el caso de medicina, en el que el sentido común y las presiones del Ministerio de Sanidad ya habían conseguido que el nuevo título tuviese nivel de grado y máster y otorgase competencia profesional, lo que tendría que haberse hecho en todos los casos citados. Del mismo modo se propone volver a reducir a 3 años magisterio y todas las antiguas diplomaturas, dejando sólo los anómalos grados de 4 años en algunos títulos. Todo esto quiere decir que el mismo año en que salen nuevos graduados se considera que sus planes de estudio estuvieron mal diseñados y que deben ser reformados inmediatamente. Es decir, se ha cometido un atropello exigiendo el máster de la abogacía a los licenciados en derecho y el máster docente a miles de licenciados que por ley están exentos de él. No es una broma, todo esto es gravísimo y deberían rodar metafóricamente las cabezas de quienes fueron responsables de ello, de quienes diseñaron una plantilla de 69 competencias universales válidas para fabricar cualquier carrera, sin considerar ni su contenido ni el sentido común.

Pero esto es una discreta recomendación. Los sabios, excepto los dos juristas, proponen ya articulado un modelo autoritario de gobierno, con un rector nombrado por la Autonomía y con dos sueldos: el oficial y el que libremente le conceda la autoridad política, ¡con la que está cayendo en este tema! Un rector con poder unipersonal amplísimo que nombra decanos, controla el nuevo órgano de gobierno, la mitad de cuyos miembros ni pertenecen a la universidad, que se queda con un claustro consultivo y puede contratar un cuerpo de profesores indefinidos que convivirán con los funcionarios a la vez que contemplan su extinción. Un rector que busca patrones externos de su universidad, en la que los órganos de gobierno serán tan reducidos (25 miembros o 60 para el claustro) que estudiantes y Pas se quedarán con una representación simbólica, y en la que todos los cargos y la pertenencia a esos órganos estarán condicionados por los sexenios de investigación: un patrón universal de medida del nivel de los profesores concedidos por los evaluadores de un modo a veces poco claro, como indica el propio informe. Esto es lo que Wert, altivo y desmesurado, quiere, pero es lo mismo que Ángel Gabilondo - que antes que ministro fue fraile y que ama a la par a Rilke y a la fundación Universia del Banco de Santander - y su equipo diseñaron en otro informe del 2011 sobre este tema y lo mismo que propusieron en 2010 la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista, que además deseaban que todo se llevase a cabo sin la profunda reforma legal que Alzaga y Urrea demandan.

Ahora sólo nos queda esperar que en la pornografía política española que sustituye al debate, que pornografía es porque sólo muestra lo más bajo para excitar las pasiones, el PSOE se convierta en defensor de la libertad intelectual y de la dignidad académica, desaparecida hace años, cuando sus evaluadores consiguieron imponer para todo y para todos las mismas varas de medir, a costa de amendrentar a profesores, Pas y alumnos y conceder a cuentagotas mínimos incentivos salariales, ahora restringidos por la crisis. Mientras tanto Wert, altivo y desmesurado, está dispuesto a meter en cintura y recetar jarabe de palo a las ingobernales, disfuncionales y caóticas universidades públicas, poniéndolas firmes a base de recortes y un autoritarismo académico del que serán protagonistas sus nuevos gobernantes, colaboradores necesarios en el viejo y nuevo sistemas.

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria
La ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez y el resultado es el desprecio del conocimiento puro y la seducción por el lenguaje empresarial. La reflexión y la crítica seguirán fuera de las facultades
Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Edita el blog El paseante airado.

Muchos pueden celebrar por fin el cumplimiento de un antiguo deseo: la universidad ya no es una anacrónica rareza ni un cuerpo extraño infiltrado en el tejido social, sino lo que toda mente constructiva y acompasada con los tiempos ha querido desde siempre, a saber, un genuino reflejo de la sociedad. Parecía una utopía y se ha vuelto lo más real de este mundo: por fin universidad y sociedad van de la mano y comparten lo fundamental. Es cierto que lo compartido es la ruina, pero siempre será mejor algo que nada y, además, no está escrito que la miseria vaya a tener que lamentarse en toda ocasión: de sobra se sabe que la prosperidad genera molicie y hace olvidar la urgencia de poner al día instituciones manifiestamente inadaptadas.

La quiebra económica de la universidad pública se ha llevado casi todo por delante y adelgazará la institución hasta reducirla a las dimensiones eficaces y funcionales que desde hace tanto tiempo se han preconizado, pero la primera víctima del huracán ha sido ese sonrojante discurso montado en torno al término “excelencia” que, de no haberse desatado el ciclón, seguiría siendo la palabra más empleada por los gestores universitarios y los aspirantes a serlo. Aunque todo esto, como tantas otras cosas, se haya vuelto de la noche a la mañana una antigualla francamente remota, conviene recordar que estamos hablando de ayer mismo. “Excelencia” era, en efecto, el término más repetido por los hablantes de un newspeak que en muchas universidades había llegado a constituir el único lenguaje en uso. Contrariamente a las reglas de empleo de la palabra “excelente” (que sirve para alabar a personas o cosas a las que se admira o a las que se finge admirar), en la neolengua de la burocracia académica “excelencia” se usaba, más bien, como un atributo de la institución a que el hablante pertenecía, o de la que era rector o gestor. En cualquier ambiente saludable, el que alguien se califique a sí mismo de excelente será motivo de censura y hasta de burla, pero el clima universitario español de la última década había llegado a volverse francamente insalubre, y la adulación a las diversas instancias gestoras y evaluadoras exigía hablar su lenguaje como si ya no quedara otro.

La burbuja de la excelencia crecía sin que apenas nadie temiera su estallido. Las nuevas universidades públicas (y, poco a poco, también las menos nuevas) imitaban a las privadas en todo lo imitable y el fin último de la vida universitaria era converger con la empresa, haciendo de la enseñanza superior una actividad económicamente competitiva, orientada a formar los profesionales demandados por el mercado, y a hacerlo con toda la flexibilidad exigida por éste (a veces con un delicado complemento de confitería humanística). Por suerte o por desgracia, los dineros que habrían hecho falta para el desmantelamiento de la universidad pública designado como plan Bolonia no llegaron nunca, pero el plan en cuestión, de haberse llevado a cabo, habría dado de sí algo muy parecido a lo que la llamada crisis se ha encargado de producir por su cuenta. No volverán, parece, los tiempos en que el erario público sostenía a legiones de matemáticos, filólogos, teóricos sociales, físicos o historiadores entregados a sus propias tareas y sin preocupación ninguna por la rentabilidad de sus resultados. Sobrevivirá quien se adapte a la realidad, y punto, como siempre debería haber sido. La universidad tendrá que ser más pequeña y, sobre todo, deberá estar gobernada por representantes del mundo de la empresa, en lo cual, visto lo visto, quizá no vaya a haber muchas diferencias con la situación presente. Mientras tanto, habrá que despedir a unos millares de profesores, si bien tampoco hay que dejarse engañar en este asunto por las lágrimas de cocodrilo que a menudo vemos derramarse: la flexibilidad contractual fue desde muy antiguo todo un ideal de los sectores universitarios más innovadores, incluidos los exquisitamente progresistas. Como en tantas otras cosas, la crisis viene aquí muy bien, aunque convenga en algunos momentos y compañías disimular la satisfacción.

El hecho decisivo se silencia con el mayor pudor: la burguesía española posee un desinterés congénito por todo lo que sean estudios sin aprovechamiento económico o ideológico contante y sonante. Esto, que es antiquísimo, no ha variado en los últimos tiempos y no amenaza con volverse del revés. Lo único nuevo que ocurrió a partir de cierto momento fue que a los empresarios se les dio toda clase de facilidades para montar pequeños negocios (o no tan pequeños) en la universidad, a medias con profesores dinámicos, ávidos de ingresos extra. Creer que el capital privado puede sostener la universidad española se funda, en el mejor de los casos, en una ignorancia completa de lo que aquí es el capital privado y de lo que en cualquier sitio debe ser la universidad. Pero la ignorancia no es ningún estorbo para el éxito ideológico, y entre nosotros la ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez como un signo ineluctable de los tiempos.

Semejante cuerpo de doctrina no habría triunfado, por cierto, sin la decisiva aportación de ese inconfundible atavismo modernizante (tan rancio como castizo) típico del patriciado intelectual del país. Ya se sabe que un poco de progresismo contestatario en la juventud es la mejor formación para el mandarín tecnócrata, feliz por haber comprendido con los años que debajo del asfalto no estaba la playa, sino el parque empresarial. Reclamar que la Universidad sea socialmente rentable es el primer paso para desprenderse del adverbio de modo y conservar el resto de la frase, una tarea que en los últimos años se ha ejecutado con toda diligencia. La burbuja de la universidad excelente ha estallado por fin, y lo que queda son los vicios que crecieron en la época del autoengaño: el desprecio del conocimiento puro y desinteresado, el amaneramiento de las ideas, la compulsión viajera y grafómana, la seducción por el lenguaje empresarial y la sumisión a la burocracia, aunque todo eso sin dinero y ya sin muchas ganas, a semejanza de quien ni siquiera llegó a nuevo rico y se quedó a medio camino, obligado a combinar grotescamente la poca ropa ostentosa que le dio tiempo a comprarse con la de su viejo armario menestral, ya raída del todo.

Es natural que, en tiempos de tribulación, las buenas gentes se pregunten “qué opinan los intelectuales”, “cuál es el parecer del mundo de la cultura” o cosas por el estilo, y debería llamar la atención (de hecho, no la llama en absoluto) que nadie se preocupe por saber, como antes ocurría tópicamente, “qué piensa la universidad”. Ha de reconocerse que tal desinterés social está más que justificado. Porque, en el ámbito del pensamiento y de las ciencias humanas y sociales, la burbuja universitaria fue, antes que nada, una formidable hinchazón de inanidad intelectual. Cualquier ocupación que no fuese cultivar la ortodoxia académica vigente en cada disciplina y entregarse a la escolástica (por lo común estadounidense) que en cada redil imperase era del todo ineficaz para hacer méritos en la universidad de la burbuja. Lo milagroso ha sido la pugnaz resistencia de muchos universitarios cuya conducta no formaba parte del guion y que, si sobreviven al huracán, lo harán de manera casi heroica. El futuro intelectual de la universidad no está en manos de quienes la gestionaron en los buenos tiempos, sino de quienes se esforzaron entonces en nadar a contracorriente. La burbuja de la universidad de la excelencia no dejará tras de sí ninguna huella intelectual memorable. Pero queda por ver si el malestar por su infatuación produce los frutos de lucidez que las circunstancias presentes reclaman. De lo contrario se repetirá lo que en tantas épocas ha ocurrido: que el pensamiento, la crítica y la reflexión serán fenómenos inequívocamente extrauniversitarios.

El País, 16/03/2013

¿En qué son expertos los "expertos"?

¿En qué son expertos los "expertos"?

Teresa Miras Portugal

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y directora del departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Experta en neurotransmisores, es la Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Miembro de numerosas sociedades científicas, habiendo ocupado cargos de responsabilidad en sus directivas, entre otras: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), European Society for Neurochemistry (ESN), International Society for Neurochemistry (ISN), Advisory Board of Chromaffin Cells, Purinergic Club, Editorial Board del Journal of Neurochemistry, etc

Óscar Alzaga Villaamil

Catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualmente es número uno en el escalafón del cuerpo de catedráticos de Derecho Constitucional, Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset y presidente de la Fundación Luis Vives. Entre 1977 y 1986 fue diputado por Madrid (primero por UCD y después en coalición con AP-PDP), presidió el Partido Demócrata Popular. Tuvo una destacada participación en los debates de las Cortes constituyentes. En 1986 se retiró de la política.

José A. de Azcárraga

Licenciado por la Universidad Complutense, y doctor por la de Barcelona (1968). Ha realizado numerosas estancias en el extranjero especialmente en Cambridge y Oxford. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Es miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG). Ha escrito numerosas publicaciones de carácter divulgativo.

Salvador Barberá

Doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con algunas de las más relevantes distinciones en investigación: Premio Rey Juan Carlos de Economía, Fellow de la Econometric Society, y Distinción de la Generalitat de Cataluña por la promoción de la investigación universitaria. Ha sido presidente de la Social Choice and Welfare Society y de la Southern European Economic Association (ASSET). Entre 2000 y 2004 fue Director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y de 2004 a 2006 ocupó la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia.

José Capmany

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó la Tesis en el University College de Londres. Es Catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Fue nombrado 'Fellow Member' del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) en reconocimiento a su liderazgo internacional y contribución en el campo de la fotónica de microondas. Está considerado uno de los más destacados expertos en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel internacional y sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas como Optics Express o Nature Photonics.

Elisa Chuliá Rodrigo

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (RFA), y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y desde diciembre de 2007 ocupa el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Universidad. Es miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Sus principales investigaciones se han centrado en el control de los medios de comunicación y la opinión pública en las dictaduras, el papel de la familia en la sociedad española y los desafíos políticos y sociales derivados del envejecimiento de la población, en particular.

Luis Garicano Gabilondo

Licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad de Valladolid. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Catedrático de Economía y Estrategia, en el Departamento de Empresas y Economía, en la London School of Economics. Ha sido co-director de un programa del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. También ha sido profesor de la Universidad de Chicago. Director de la Cátedra FEDEA McKinsey.

Félix Goñi

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres (Royal Free Hospital). En 1978 se incorporó a la UPV/EHU, en cuya Facultad de Ciencia y Tecnología comenzó a desarrollar lo que luego sería el Grupo de Biomembranas y la Unidad de Biofísica. Su grupo es uno de los grupos de alto rendimiento del Gobierno Vasco y de la UPV/EHU. Su trabajo de investigación se centra en las interacciones moleculares en las membranas celulares. Ha publicado 6 libros y 282 artículos e impartido numerosas conferencias invitadas y plenarias en congresos internacionales y en universidades de todo el mundo. Es coautor de 3 patentes y ha dirigido 16 tesis doctorales. Fue director de Política Científico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y desde 2006 es presidente del Comité de Publicaciones de FEBS (Federation of European Biochemical Societies) y también fundador y presidente de la Fundación Biofísica Bizkaia presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Sociedad Americana de Biofísica

Rafael Puyol

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue Rector de la misma desde 1995 hasta 2003, donde continúa su labor docente como profesor de Geografía Humana. Es Vicepresidente de Relaciones Institucionales del IE Bussines School, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa  y Presidente del Patronato de la IE Universidad (privada) de Segovia. Asimismo, es profesor del área de Entorno Económico en IE. Es miembro del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), grupo que presidió desde 1986 hasta 2000, asimismo ostenta el cargo de Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica; Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma; Vicepresidente 1º de la Real Sociedad Geográfica. Está especializado en Demografía, ha publicado 17 libros, más de 100 artículos y es colaborador habitual de prensa y radio.

Matías Rodríguez Inciarte

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario y Nacional Fin de Carrera. Realizó estudios empresariales en el M.I.T. de Boston. Es Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Presidente del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias desde 2008. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre la que destaca la Gran Cruz de Carlos III. En 1981, fue Secretario de Estado Adjunto al Presidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia. En 1984 se incorpora al Banco de Santander donde ocupa la Subdirección general en 1986 y la Vicepresidencia segunda en 1994 cargo que ocupa en la actualidad.

Mariola Urrea

Licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de La Rioja, de la que además es profesora titular de Derecho Internacional Público en el Departamento de Derecho, del que ha sido secretaria (2001-2004). Desde abril de 2010, es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y ha sido Presidenta de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España. Ha realizado distintas estancias investigadoras, entre otras en el Centro Jean Monet de Derecho Económico Regional e Internacional y Justicia de Nueva York y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Colabora con distintos medios de comunicación escritos y radiofónicos.

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert
Expertocracia: poder de conocer los intereses de los demás mejor de lo que podrían hacerlo ellos mismos

Moisés

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha hecho entrega al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert de un documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo.

La Comisión de Expertos fue nombrada, por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro.

El documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” ha sido suscrito por la totalidad de los miembros de la Comisión que han participado en la misma hasta la conclusión de sus trabajos (dos de sus miembros: el profesor Barberá y la profesora Chuliá causaron baja en el grupo de trabajo, por razones personales, hace unos meses).

El profesor Alzaga y la profesora Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, han suscrito una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe, los atinentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

El Ministro y su equipo se han reunido con los comisionados a quienes han agradecido su desinteresado esfuerzo a lo largo de estos meses. El Ministro ha subrayado que los trabajos realizados serán objeto de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria en la línea que se señalaba en el Acuerdo de Consejo de Ministros que dio origen a esta Comisión.

Los miembros de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que han elaborado y firmado este informe son:

Presidenta:

María Teresa Miras-Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.

Vocales:

Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

José Adolfo de Azcárraga Feliu, Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-UVEG), Profesor Emérito de la Universidad de Valencia.

José Campmany Francoy, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Garicano Gabilondo, Catedrático de Economía y Estrategia, London School of Economics and Political Science.

Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Director Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU)

Rafael Puyol Antolín, Catedrático de Geografía Humana, Universidad Complutense, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa.

Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Vicepresidente tercero del Banco de Santander.

Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de la Rioja.

Los documentos podrán consultarse en la página web del Ministerio.

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

Uno de los conocimientos más sólidos que adquirí en mi infancia fue llegar a saber que “el metro es una barra de platino iridiado que se conserva en el Museo Internacional de Pesas y Medidas de París y se corresponde a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre”. Quedaba claro que el metro patrón era algo muy caro (aunque se podían comprar también en las ferreterías metros de madera plegables a un precio razonable), que era sólido e incommovible, por eso era de platino, como de platino eran las señoras rubias de Hollywood, igualmente lejanas e inalcanzables, y además que medía algo tan real como el meridiano terrestre.

En la actualidad todo lo sólido se desvanece en el aire y mucho más en las universidades, instituciones que claramente ya no forman parte del sistema educativo, según su propia definición que las quiere hacer motores básicos del desarrollo económico. En las que de lo que se trata es de adiestrar o entrenar a sus alumnos para el ejercicio de una supuesta profesión, y a sus profesores para que cumplan disciplinadamente sus nuevos deberes.

En el mundo académico la oscuridad se ilumina con las tinieblas y todo se aclara con números, índices y patrones de medida, que en realidad no se refieren ya a nada. Los profesores, por ejemplo, aceptan con orgullo ser medidos con el llamado índice de citas, que no es más ni menos que el conteo del número de veces que su nombre es citado por otros profesores en determinadas revistas, que son las que cuentan para hacer esas sumas de citas en un interminable juego de ping-pong, válido sólo en las que son carísimas. Está claro que mi nombre o el de otro profesor no tienen nada que ver con las ciencias, porque las ciencias se refieren a determinados tipos de conocimientos válidos y no a sus autores. Si los artículos científicos fuesen anónimos o tuviesen una clave no tendría sentido citar el nombre o el apellido de nadie. Si se hace así, elevando imperecederos monumentos a la vanidad profesional y al narcisismo personal, es porque todo el mundo académico se quiere construir como una pirámide de naipes, en el que uno asciende en su carrrera sumando cartas a su torre. Para lograrlo ha de jugar una partida, controlada por los grandes tahúres que son las editoriales científicas que monopolizan el mercado, y por los nuevos sargentos instructores que enseñan a desfilar a todo el mundo a través de los claustros.

La Universidad de Santiago, un polvorín

La Universidad de Santiago, un polvorín
Docentes, investigadores, estudiantes y PAS llaman a hacer un "frente común" para frenar los recortes presupuestarios impuestos por la Xunta
Acusan al rector de mantener una actitud "irresponsable" y de incumplir acuerdos previos y su propio programa electoral

El proyecto de Presupuestos para 2013 va a suponer un recorte en la financiación de las universidades gallegas de casi 22 millones de euros y el consejero de Educación ya les ha advertido a las universidades que debían escoger entre recortar los salarios a los docentes o mantener las remuneraciones, pero despedir profesorado.

Los cálculos realizados por la CIG indican que el recorte salarial previsto del 5% no será suficiente, y dejará el desajuste presupuestario en nueve millones de euros, por lo que según el sindicato "tal desajuste se podría traducir en unos 250 despidos de PAS y PDI así como en mayores recortes salariales". También se ha alertado de que los recortes en la financiación supondrán una muy importante subida de las tasas universitarias, unos ingresos que además no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que serán destinados directamente al pago de la deuda.

Este miércoles nuevamente representantes de la comunidad universitaria han denunciado que la "no apuesta" de la Xunta "por la sociedad del conocimiento y por la I+D+I" va a provocar un gran perjuicio tanto a estudiantes, como a personal docente e investigador, como al personal de administración y servicios.

Han denunciado en este sentido que la política de la Xunta parece destinada a promover el desarrollo de un sistema universitario privado al elevar los precios de matricula de los centros públicos y rebajar su calidad hasta los niveles de la privada. También se critica "el desnorte" de algunas medidas apuntadas por la Xunta para reducir los costes, como por ejemplo la eliminación de los complementos autonómicos de los sueldos del profesorado, "con lo que se perjudica a aquellos docentes con mejor productividad", señaló la profesora Alba Nogueira.

Los representantes de los trabajadores volvieron a alertar de que los recortes en la financiación podrían significar 115 despidos en la USC, pero recordaron a este respecto que desde 2010 la universidad ya ha prescindido de más de 600 trabajadores, entre la no renovación de contratos de investigación, jubilaciones no cubiertas o la supresión de puestos de profesorado asociado. Antonio Pérez Casas, del colectivo de PAS A Trabe, denunció que el trabajo de esas 600 personas tuvo que ser asumido por el resto del plantel y que significó un esfuerzo extra para todos ellos y también una merma de la calidad de la enseñanza y de la investigación en la USC. Añadió que "todos estos esfuerzos económicos sólo sirvieron para financiar a la Xunta de Galicia, y ni un solo euro sirvió para mejorar el servicio público o para reducir la deuda".

Todos los colectivos que integran la comunidad universitaria de la USC son muy críticos con el rector Juan Casares y califican su actitud como "irresponsable". Lo acusan de acatar el bloqueo presupuestario y de limitarse a negociar el lugar en el que efectuar los recortes, en vez de denunciar la posición de la Xunta y el incumplimiento del plan de financiación universitaria por parte del Gobierno gallego. Creen que estudiantes, profesorado, investigadores y PAS deben trabajar unidos en la defensa de la universidad pública y concienciar al conjunto de la ciudadanía "de que esta es una batalla que hay que dar ahora". Y animan el rector a ponerse a la cabeza de esta reivindicación. "Podemos tener un conflicto e incluso problemas de tesorería", dice Pérez Casas, que añade: "Bienvenidos sean si con eso conseguimos salvar la universidad pública".

De momento los estudiantes siguen encerrados en la Facultad de Historia y alrededor de 200 PAS acaban de comenzar un encierro indefinido en el edificio de la Balconada, que acoge algunos servicios administrativos de la USC. El martes, cuando está previsto que el Parlamento apruebe los Presupuestos, llevarán la protesta hasta el Hórreo.

El Diario, 23/01/13

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Market forces have brought chaos to universities

Market forces have brought chaos to universities
Lifting the cap on fees has marketised higher education, with falling student numbers and reduced entry requirements

Some call what's happening in the university sector a "radical overhaul". This sounds planned and orderly. But as student numbers fall and talk turns to the politically embarrassing possibility of university bankruptcies, this starts to look more like a demonstration of the law of unintended consequences.

The increase in fees was originally proposed to the last Labour government by Lord Browne, in response to the universities' own push for more income. He suggested lifting the cap but clawing back some fees from universities that charged more than £6,000. No incoming Tory government was ever going to pass on this opportunity to reduce long-term expenditure and "marketise" the sector. But, in coalition, they had to accept the generous terms for student loans that Nick Clegg needed in order to mitigate his shameful volte-face on his "no fees" pledge. Meanwhile the universities, pretty much to a body, decided to adopt the highest possible fees. With different elements all pushing their own agendas, it was a lash-up from the start.

University applications fell drastically last year, by 54,000 students – representing the population of three entire universities. Recent figures suggest a continuing downward trend, especially among home students. But any hope that a fall in numbers might lead to a reduction of public expenditure looks compromised by the generous terms for student loans. Students don't have to start paying back until they are earning £21,000, which in the current climate may take some time. Indeed, given how many people now have interrupted careers, many may never pay back at all. University lecturers have been heard describing the loans as "free money" to potential applicants.

Then there's the issue of EU students. Their numbers have fallen less than home students and their payback rates are far worse, partly because reclaiming their loans is difficult and because incomes are lower in some EU countries. According to the Financial Times, the government expects to recover only two-thirds of the cost of the loans.

Nor have attempts to make the sector more competitive delivered clear outcomes. If you marketise a sector it will, unsurprisingly, adopt market techniques to survive. Applications figures could have been even worse had some universities not drastically dropped their entry requirements, or "tariffs". Leeds Metropolitan was reported as having dropped its tariff to the equivalent of two Es on some courses, and there is widespread anecdotal evidence that many universities made similar – if not quite so drastic – moves.

The government claims that increased competition is designed to allow top universities to flourish in terms of reputation, research and recruitment, hence their policy of allowing universities to take unlimited numbers of students who achieve two As and a B, and figures released this week talked of "winners and losers". Bristol and Cardiff had increased recruitment but in other universities, including some of the Russell group, recruitment had decreased. Many were suspicious: was this a true test of the "survival of the fittest"? Or were the so called "losers" those universities that had not played the entry game right or stuck by their standards, refusing to lower their tariffs?

Admitting students with reduced entry requirements puts a strain on other students and staff. And what will happen when these students can't keep up? Now they are paying huge fees, how easy will it be for lecturers to fail them? Students will be more demanding of support and resources, and universities won't want them to leave. Will the blame for failure shift on to the course or lecturer?

Another unintended consequence reshaping the higher education environment is the shift in gender ratios. The decrease in applicants in 2012 was four times greater among men, exacerbating an existing trend towards more women graduates. Mary Curnock Cook, Ucas chief executive, describes the trend as "striking and worrying". Perhaps as serious is the massive decline in part-time applicants, invariably mature students who, although now offered access to loans, are being deterred by the huge fees.

It's not just first-time degrees affected. Universities are steeling themselves for a massive decline in home applicants for master's degrees in 2015, and are frantically chasing overseas students – which brings them into direct conflict with the government's policies on visas.

Perhaps more worrying than the chaos created by unco-ordinated changes seriously affecting who has access to higher education is the lack of public debate. Universities themselves appear divided and lacking in direction. Instead of sharing data and highlighting the significant, unplanned and unvoted for changes currently reshaping higher education, leaders of the sector seem more worried about loss of face and market position. This stance means the sector is prey to all the disadvantages of a market system with none of the advantages.

The Guardian, 24/01/13

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

De acuerdo con la lógica aristotélica, se denomina falacia a una argumentación intencionadamente falsa. Una característica esencial de la falacia es que es relativamente fácil de descubrir, porque la capacidad de argumentación de quien la construye es también relativamente débil. No debemos confundir la noción de falacia con la noción de ideología, tal y como fue definida por la filosofía del siglo XIX y consagrada como concepto por parte de Karl Marx. Una ideología es una construcción o visión del mundo muy compleja, y tiene que tener un carácter sistemático, ya que tiene que dar cuenta de una gran cantidad de hechos mediante la construcción de modelos explicativos, ya sea en el campo de la economía, de la política o de la sociología (Plamenatz, 1983; Eagleton, 1997; Zizek, 2003).

De lo que vamos a tratar a continuación es de una falacia construida dentro del marco académico español. Una falacia que ha sido posible gracias a lo que podríamos llamar la destrucción de la esfera pública en la Universidad española.

En la Universidad española ha desaparecido la capacidad de análisis y autocrítica por parte de la mayoría de sus miembros, y sobre todo de los que más deberían tenerla por su profesión: los profesores. Estos son incapaces de planificar sus acciones institucionales de un modo racional debido a que han decidido aceptar sin ningún espíritu crítico todo un lenguaje basado en palabras vacías y conceptos huecos que nadie ni siquiera intenta definir. Es el caso de términos como “competencia”, “habilidad”, “eficacia”, “excelencia”, “productividad”, “gestión”, “gobernanza”…

Toda esta serie de términos, que llevan consigo la renuncia al desarrollo de un pensamiento racional, tiene en realidad como misión imponer un discurso disciplinario que se basa en la idea de que toda la educación y la investigación científica han de reducirse a un mero proceso de adiestramiento o instrucción, un proceso en el cual unos sujetos pasivos (los alumnos y los investigadores científicos) han de aprender e interiorizar una serie de normas y patrones de conducta que les permitan ejercer una actividad limitada, planificada y regulada por un pequeño grupo minoritario en cuyas manos queda la capacidad de elegir los términos con los que se puede hablar, de diseñar los programas informáticos que todo el mundo ha de seguir, y de establecer los objetivos institucionales y económicos a los que ha de subordinarse toda la actividad académica.

La destrucción de la esfera pública y la anulación de la acción comunicativa, tal y como la definió Jürgen Habermas (Habermas, 1999), es la que ha hecho posible la imposición del discurso disciplinario asociado a los valores del pensamiento económico neoliberal en todos los campos académicos, que deberían encontrar, de acuerdo con él, siempre una justificación económica, y medirse de acuerdo con los patrones de la rentabilidad. Un caso particular de todo este proceso sería el de la investigación científica y los procesos de creación de conocimiento, a los que se intenta regular, controlar y medir hasta el milímetro, llegándose casi al absurdo de pretender planificar la innovación, como si la innovación, y cuanto más radical mejor, pudiese derivarse de un algoritmo perfectamente definido. En la Universidad española, la investigación científica aparece concebida como una parte más del proceso administrativo, lo que es posible debido al poder y a la influencia que los mecanismos de control burocrático y político han alcanzado tanto en los procesos de financiación de la investigación como en el control y planificación de las vidas académicas y personales de los profesores e investigadores.

Diego Llanes: Asalto a la universidad

Diego Llanes: Asalto a la universidad
Diego Llanes, catedrático de Genética de la UCO

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y Lomlou, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias, y creo que sólo tenían un fin: abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la Lomlou, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades. La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los consejos sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil no se dota de la suficiente fuerza como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades de la sociedad.

La Universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la Universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la autosatisfacción. Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y autosatisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la autosatisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante.

El Día de Córdoba, 14/12/12

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

Decía el Dr. Freud que los niños creen en la omnipotencia del pensamiento. El niño no distingue el principio de realidad del principio del placer y por eso se cree merecedor de todo y no entiende qué pasa cuando algo se le niega. Su explosiva reacción en este caso suele llamarse pataleta por el público poco lector de Freud, siendo las características de la misma su teatralidad, su brevedad y sus nulas consecuencias. Nuestros rectores, a la vez buenos profesionales y malos dirigentes académicos, han protagonizado dos actos de este tipo: el plantón dado a un desmesurado ministro, que confiesa sin rubor su pertenencia a la especie bovina, junto a sus compañeros el toro enamorado de la luna y el toro de Soberano - plantón evitable si se hubiesen leído la ley correspondiente en lo que se refiere a la introducción extraordinaria de puntos del orden del día; y el comunicado leído como proclama el pasado día 10, en el que parecen sostener que las universidades no han hecho nunca nada mal y no son culpables de nada, siendo el único malo el gobierno.

Como los universitarios son profesionales del pensamiento, es lógico que sobreestimen su importancia, pero no deberían creer en su omnipotencia, como a veces proclaman por escrito. Así en el informe European Commission: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report se puede comprobar con los datos que las universidades aportan que España es el único país de Europa en el que el proceso de Bolonia ha sido perfecto de cabo a rabo. Tenemos 1.500.000 de estudiantes cursando grados y licenciaturas en extinción. Se supone que porque son necesarios, aunque en las listas del INEM haya más de 900.000 licenciados en paro. Se puede decir que los licenciados se emplean mejor que los no titulados, ya que al fin y al cabo hay más parados sin titulación, y prácticamente eso se insinúa. España es el único país que ha diseñado grados de 4 años de modo perfecto, pero ya se empieza a decir que han de ser de 3, ante el asombro de los nuevos graduados que finalizan sus estudios este año. Nuestros másteres de un año no tienen valor en el mercado laboral, aunque el sufrido estudiante los coleccione y los pague cada vez más caros. Pero no hay ninguna disfunción en esto ni en nada.

No importa que tengamos la ratio profesor-alumno más alta de Europa, titulaciones multiplicadas sin ton ni son y que las universidades se sientan orgullosas de su autonomía, felices de estar secuestradas a la vez por la Autonomías y la Agencia de Evaluación (ANECA) que les impone todos sus criterios, porque eso es perfecto. Ni tampoco que muchas universidades o el CSIC se hayan endeudado hasta lo inconcebible, pues en el comunicado solo se habla de la deuda de las Autonomías. Y se da a entender que todos los recortes son igual de dramáticos, ya sean en sanidad, pensiones, o educación no universitaria, donde su peso es real. Y es que lo único que importa es el I+D+i, el dinero de los investigadores, notoriamente mal administrado, según el Tribunal de Cuentas. Se dice que ese dinero no es un gasto. Para las universidades no, claro, es un ingreso; para las arcas públicas es uno de tantos, entre las pensiones, las pagas de sus funcionarios y la deuda pública, cuyo monto es mayor que el sueldo de todos los funcionarios de las administraciones públicas a la vez. Resulta que la inversión en investigación es la misma que en 2005, y el número de publicaciones de calidad también, a pesar de que el gasto se había triplicado. Y se da a entender que publicar artículos es fuente de riqueza. Para los editores de las revistas, cuyas suscripciones tienen precios astronómicos, sí. Para los profesores es un mérito académico y para quien paga las suscripciones, otro gasto.

Las universidades disfrutaron de los beneficios de la burbuja inmobiliaria y son culpables de muchas cosas: de la proliferación de sus centros, de sus gastos absurdos en gestión que no paran de crecer, de sus endeudamientos y su caos interno. Muchos rectores creían que su cargo era un híbrido entre un promotor inmobiliario que hace edificios públicos y un agente de autoempleo en su propia institución. Fue bonito mientras duró, mientras el principio de placer gobernó al de realidad. Tras comprobar que ni frenaron la burbuja inmobiliaria ni pueden dar ninguna alternativa económica eficaz y coherente, ya que ni les corresponde ni podrían lograrlo a pesar de su omnipotencia de pensamiento, sería hora de que nuestros rectores, todos ellos científicos, y por lo tanto investigadores escépticos y críticos por oficio, confesasen públicamente sus culpas.

Las generaciones de los rectores, a las que pertenecemos ya muchos profesores, fuimos educadas con el catecismo que decía que el sacramento de la penitencia se compone de tres partes: propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. La hora de la penintencia de nuestra infancia nos llega ahora ya muy adultos en la universidad. Habrá que cumplirla, con o sin confesión de pecados y con o sin propósito de la enmienda. Aunque el Dr. Freud, severo médico y pediatra, nos recomendaría cambiar poco a poco el principio de placer por el de realidad. De lo contrario nos esperan muchas pataletas.

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

La Universidad, garantía de futuro

Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello, que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante.

Las universidades, ahora más que nunca, estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación.

Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, nos encontramos en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por este motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente:

1. La disminución de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento.

2. Los efectos del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político, de que "nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento". Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.

Ante esta situación, los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente:

  • Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos.

Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.

Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las Administraciones Públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si éstas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos TODOS, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.

Dada la gravedad de esta situación, este Comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas.

CRUE, 10/12/12

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert
Los dirigentes de todas las universidades públicas presentarán el lunes un manifiesto conjunto
Los rectores denuncian “los masivos recortes en la financiación de la I+D”

Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecerán el próximo 10 de diciembre una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto contra los recortes en la educación. En un comunicado, la Universidad Politécnica de Cartagena ha avanzado hoy que el comunicado hará hincapié en que la falta de inversiones en la enseñanza superior y en I+D+i lastrará el funcionamiento de las universidades del país y el propio progreso del país.

Hace un mes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya manifiestó su oposición “a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”, en un comunicado en que alertaba de la difícil situación que afronta la investigación en España y recordaba que la aplicación de esos recortes “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los recursos económicos totales previstos para I+D el año que viene “son claramente insuficientes, menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005, lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología”, recalcaban en su nota los máximos responsables de las universidades.

El descontento de los rectores ha ido en aumento desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comenzó a anunciar sus medidas de ahorro, hasta el punto de que el pasado mayo decidieron dejarle plantado en la reunión del Consejo de Universidades en protesta por la negativa del ministerio a debatir con ellos el decreto ley de los recortes en educación.

El País, 05/12/12

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios
Con las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio bloqueadas, un grupo de países claves de la OMC ha iniciado una serie de diálogos independientes con vistas a establecer un Acuerdo Internacional de Servicios (AIS).

Si tiene éxito, el AIS se basaría y ampliaría el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, arrojaría más sectores de servicios a normas más estrictas sobre el suministro y la inversión transfronterizos, y garantizaría que no se restringiera el comercio.

Sus defensores sostienen que un acuerdo sobre servicios ayudaría a impulsar la debilitada economía mundial, pero otros lo cuestionan y sostienen que el alcance del acuerdo podría perpetuar las presiones de la privatización y debilitar normativas importantes.

"Independientemente de si hablamos de liberalizar servicios financieros o servicios de la educación, están en juego algunos factores fundamentales", dijo David Robinson, asesor especial de la Internacional de la Educación. "Si hemos aprendido algo de la crisis financiera es que necesitamos una mayor supervisión normativa del sector, no al contrario. No deberíamos caminar con los ojos cerrados hacia otro fiasco económico".

Según Robinson, la Unión Europea y Australia han presentado un grupo inicial de 10 sectores y cuestiones como prioritarios para alcanzar "compromisos nuevos y mejorados" bajo el acuerdo AIS propuesto, que incluye servicios financieros, de energía, profesionales y de la información y la comunicación.

Si bien hasta la fecha no se ha identificado la educación y otros servicios públicos como prioritarios, Robinson advierte que los docentes y los trabajadores del sector público deberían seguir de cerca las negociaciones.

"Los países participantes han dicho sistemáticamente que el AIS será muy ambicioso y no se excluirá ningún sector", subrayó. "Además, algunas partes de las negociaciones tratan sobre normas que potencialmente tendrán un impacto en la educación, la sanidad y otros servicios públicos, estén o no incluidos explícitamente".

Por ejemplo, la UE y Australia han planteado como tema de debate la regulación doméstica – todas las normas y medidas que los gobiernos exigen que las compañías cumplan para suministrar un servicio. Estas normas incluyen desde normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad hasta los requisitos de certificación y los permisos.

"En el sector educativo, cualquier restricción nueva sobre la regulación doméstica podría afectar potencialmente a los requisitos de certificación docente, estándares de garantía de calidad y permisos de escuelas e instituciones privadas", sostiene Robinson. 

Durante una ronda de negociaciones a principios de octubre, los negociadores del AIS acordaron que el tratado debería seguir las disposiciones principales del AGCS.

Además de la UE y Australia, los otros participantes del AIS son Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.

Internacional de la Educación, 03/12/12

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

A few years ago, when I was still teaching at Yale, I was approached by a student who was interested in going to graduate school. She had her eye on Columbia; did I know someone there she could talk with? I did, an old professor of mine. But when I wrote to arrange the introduction, he refused to even meet with her. “I won’t talk to students about graduate school anymore,” he explained. “Going to grad school’s a suicide mission.”

The policy may be extreme, but the feeling is universal. Most professors I know are willing to talk with students about pursuing a PhD, but their advice comes down to three words: don’t do it. (William Pannapacker, writing in the Chronicle of Higher Education as Thomas Benton, has been making this argument for years. See “The Big Lie About the ‘Life of the Mind,’” among other essays.) My own advice was never that categorical. Go if you feel that your happiness depends on it—it can be a great experience in many ways—but be aware of what you’re in for. You’re going to be in school for at least seven years, probably more like nine, and there’s a very good chance that you won’t get a job at the end of it.

At Yale, we were overjoyed if half our graduating students found positions. That’s right—half. Imagine running a medical school on that basis. As Christopher Newfield points out in Unmaking the Public University (2008), that’s the kind of unemployment rate you’d expect to find among inner-city high school dropouts. And this was before the financial collapse. In the past three years, the market has been a bloodbath: often only a handful of jobs in a given field, sometimes fewer, and as always, hundreds of people competing for each one.

It wasn’t supposed to be like this. When I started graduate school in 1989, we were told that the disastrous job market of the previous two decades would be coming to an end because the large cohort of people who had started their careers in the 1960s, when the postwar boom and the baby boom combined to more than double college enrollments, was going to start retiring. Well, it did, but things kept getting worse. Instead of replacing retirees with new tenure-eligible hires, departments gradually shifted the teaching load to part-timers: adjuncts, postdocs, graduate students. From 1991 to 2003, the number of full-time faculty members increased by 18 percent. The number of part-timers increased by 87 percent—to almost half the entire faculty.

But as Jack Schuster and Martin Finkelstein point out in their comprehensive study The American Faculty (2006), the move to part-time labor is already an old story. Less visible but equally important has been the advent and rapid expansion of full-time positions that are not tenure-eligible. No one talks about this transformation—the creation of yet another academic underclass—and yet as far back as 1993, such positions already constituted the majority of new appointees. As of 2003, more than a third of full-time faculty were working off the tenure track. By the same year, tenure-track professors—the “normal” kind of academic appointment—represented no more than 35 percent of the American faculty.

The reasons for these trends can be expressed in a single word, or buzzword: efficiency. Contingent academic labor, as non-tenure-track faculty, part-time and full-time, are formally known, is cheaper to hire and easier to fire. It saves departments money and gives them greater flexibility in staffing courses. Over the past twenty years, in other words—or really, over the past forty—what has happened in academia is what has happened throughout the American economy. Good, secure, well-paid positions—tenured appointments in the academy, union jobs on the factory floor—are being replaced by temporary, low-wage employment.

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