Políticas EEES

Entender o que está sucedendo hoxe na Universidade, na Educación e no conxunto dos servicios públicos esixe comprender as políticas neoliberais actualmente hexemónicas, e nas que están comprometidos os gobernos locais, estatais e diversas instancias internacionais tales como a Organización Mundial de Comercio (OMC), o Fondo Monetario Internacional (FMI) ou o Banco Mundial (BM). Coa intención de desvelar tales políticas, que teñen unha dimensión intencional de opacidade, iremos introducindo nesta sección diversos documentos tanto de defensores ou promotores como de críticos do neoliberalismo.

Xosé Luís Barreiro Barreiro: O Proceso de Boloña: “Crónica dunha morte anunciada”

Xosé Luis Barreiro BarreiroXosé Luís Barreiro Barreiro: O Proceso de Boloña: “Crónica dunha morte anunciada”
Xosé Luís Barreiro Barreiro é Catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela

"Dicía Hegel que non hai resultado sen proceso. O proceso foi como foi, e o resultado é/será para a Universidade pública -tal como foi anunciado ao inicio desta intervención -tomando prestado o título da novela de García Márquez-, a Crónica dunha morte anunciada. Ora ben, quixera trabucarme. Adoitase dicir que ‘mentres hai vida, hai esperanza’. O proceso ‘definitivamente’ aínda non rematou. Ata aquí, pois, ata o día de hoxe, a ‘miña crónica’ -que non é outra cousa que crónica-, con certo sabor de canción triste, con evidente perda da inocencia, e con escasa esperanza".

Así remata o profesor Barreiro - universitario, mestre e amigo bo e xeneroso - a súa lúcida e sentida crónica do Proceso de Boloña que conducíu á Universidade ao seu actual estado agónico.

La Universidad de Santiago vuelve a la época de antes de Internet

La Universidad de Santiago vuelve a la época de antes de Internet
Los recortes dejan a las facultades sin suscripciones a revistas científicas electrónicas. Solo se gasta un tercio de los 20 millones para I+D

Los empleados del servicio de fotocopias de la Universidad de Santiago (USC) se encerraron hace unos días Intentaban llamar la atención sobre el drástico recorte de personal por la reducción de los puntos de atención de reprografía: pasan de 19 a 7. “Pero si no hay ni para papel”, asegura un profesor, quien afirma que uno de sus colegas de Medicina se lleva los folios de casa para los exámenes. No hay para papel; el servicio de fotocopiadoras se desmantela; se abarata, con menos personal, el de limpieza; el profesorado roza mínimos (se acaban los interinos porque no se les renueva y no se amortizan las jubilaciones); las bibliotecas abandonan suscripciones a revistas y publicaciones periódicas y la partida para investigación inicia su caída libre. El presupuesto investigador de la USC pasó de 74,4 millones en 2009 (se repartía entre 2.598 actividades) a 53,4 millones en 2012, con 1.834 actividades, según datos del último informe de gestión, de diciembre pasado. En el documento queda de manifiesto que la USC ha prescindido de 650 personas de las que casi 500 estaban fuera de plantilla; esto es, personal dedicado a proyectos de investigación.

 El plan de financiación del Sistema Universitario de Galicia (SUG) quedó “destrozado con la ley de presupuestos de 2013”. Lo afirma, con los datos en la mano, el portavoz del Personal de Administración y Servicios (PAS) en el Claustro y representante del colectivo A Trabe, Antonio Pérez. Los 290 millones de euros consignados para las tres universidades gallegas (Santiago, A Coruña y Vigo) se quedaron en 250 y la subvención fija de la Xunta para la USC pasó de 123,7 millones de 2012 a 106 millones en 2013. La aportación para investigación (I+D+I) en las tres universidades se mantiene de momento. Claro que únicamente sobre el papel, con 45,2 millones de euros de los que 20 le corresponden a la USC; en la práctica se ejecuta un tercio, reconocen los distintos colectivos universitarios consultados.

Los rectores acusan al Consell de tener una “agenda oculta”

Comunidad Valenciana:

Los rectores acusan al Consell de tener una “agenda oculta”
Expresan un creciente malestar ante la proliferación de campus privados

Los rectores de las universidades públicas consideran que el Consell tiene una “agenda oculta” y que la proliferación de campus privados responde a un “modelo ideológico claro” vinculado a la Iglesia Católica. El próximo curso, si se cumplen los plazos, en la Comunidad Valenciana habrá seis universidades privadas y cinco públicas. Las dos nuevas son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam) que tendrá un campus en Sant Joan de Alicante, con diez títulos de los que nueve ya se pueden estudiar en Alicante, y la Universidad del Mediterráneo en El Campello. Estos proyectos han abierto un nuevo frente entre los rectores, agobiados por los recortes, la falta de liquidez presupuestaria y las reformas, y la Generalitat.

Manuel Palomar, rector de Alicante y presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUV) exige al presidente Alberto Fabra que desvele “su agenda oculta” y sus planes futuros con las universidades privadas. “Debemos saber qué modelo pretenden implantar y si es laico o no”, afirma Palomar que demanda “transparencia” a la hora de tramitar estas propuestas. Jesús Tadeo Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también muestra su “preocupación” por la falta de organización en la futura oferta de títulos universitarios. “Si no se organiza bien habrá un deterioro de la enseñanza práctica”, advierte el rector que pone como ejemplo el nuevo grado de Medicina en el que los alumnos de la Miguel Hernández hacen prácticas en cuatro hospitales públicos diferentes (Elda, Sant Joan, Alicante y Elche). “Las universidades se pueden duplicar, pero los hospitales no”, recuerda Pastor, que además incide en que de las diez titulaciones que ofertará la Ucam en Sant Juan solo una es nueva (Odontología), el resto se pueden estudiar ya en Alicante o en la Miguel Hernández.

Los rectores de las cinco universidades públicas consideran que ha llegado el momento de debatir y aprobar una Ley de Universidades Valencianas, como tienen en Cataluña o Andalucía, que regule el marco en el que se debe desarrollar la enseñanza superior (modelo, mapa de titulaciones, objetivos, financiación…). Palomar lamenta que detrás de estas dos nuevas iniciativas se esconda una “ideología política y un modelo” que apuesta por la enseñanza privada. El rector de Alicante pide a la Generalitat que la “incertidumbre no sobrevuele” sobre el sistema público universitario e insta al alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, del PP, a “no permitir injerencias y defender el sistema público”, y recuerda que no es obligación de una fundación privada rehabilitar colegios ni institutos públicos, ya que eso es tarea de la Generalitat.

La Ucam en realidad ya está impartiendo docencia en Alicante sin la preceptiva autorización de la Generalitat. Los viernes y sábado se atienden tutorías y se realizan exámenes en el Colegio de Médicos de Alicante. Según explican fuentes de la dirección del Colegio, la actividad es fruto de un convenio de colaboración entre el colegio de Economistas y la Ucam que permite impartir un grado de Derecho online. “Es una actividad docente clandestina que no se debería consentir”, denuncia el rector de Alicante, Manuel Palomar.

Por otro lado, el convenio entre la Ucam y el Ayuntamiento de Sant Joan que se aprobó en el pleno del jueves pasado no hay ni rastro del documento, ni a la oposición se le ha dado copia, ni a los medios de comunicación que lo han solicitado. En la alcaldía remiten al concejal de Urbanismo para cualquier aclaración. El acuerdo, según explicó el alcalde, consiste en que el Ayuntamiento adquiere por 4,5 millones de euros una antigua residencia de tiempo libre a la Consejería de Hacienda y la cede a la Ucam para que pueda impartir clases. A cambio la Universidad Católica se compromete a invertir 4 millones de euros en la rehabilitación de colegios, institutos e instalaciones deportivas.

Las negociaciones entre Ayuntamiento y Universidad Católica han ido cambiado durante los últimos meses. Primero se habló de que el Ayuntamiento cedía una parcela de 50.000 metros cuadrados a la Universidad, y ésta invertía 3 millones en infraestructuras deportivas y educativas. Después se planteó que fueran 4 millones a cambio de 26.000 metros y que la Universidad comprara a la consejería el inmueble para poder iniciar sus clases. Ahora la sorpresa es que el Ayuntamiento adquiere un inmueble para cederlo a la universidad privada a cambio de futuras compensaciones. El alcalde del PP se fía de la Universidad Católica, que generará riqueza y empleo.

El País, 25/02/2013

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades
Albert Corominas, Catedrático de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitari

El pasado 12 de febrero, los miembros de la llamada Comisión de Expertos entregaron su informe (“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”) al ministro Wert, quien los había designado unos meses antes.

Dicho informe ha tenido un eco relativamente escaso en los medios de comunicación, posiblemente a causa del fuerte estruendo de sobres, corrupciones y espionajes. No obstante, contiene diversas recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondrían un vuelco del sistema universitario español.

El elemento central del informe es la propuesta, muy poco argumentada pero muy definida, sobre el gobierno de las universidades. En síntesis, cada universidad sería gobernada por Consejo con entre 21 y 25 miembros, un 50% de los cuales serían elegidos por el Claustro, un 25 % por la comunidad autónoma (no se especifica si por el gobierno o por el parlamento) y el resto por acuerdo entre los dos grupos anteriores. Dado que la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad plural en que se inserta, no es difícil llegar a la conclusión de que la comunidad autónoma tendría asegurada la llave del gobierno de cada universidad, máxime cuando el Consejo elegiría al rector y este designaría secretario general, vicerrectores, decanos y directores de escuela y propondría al Consejo el gerente.

¿Es una propuesta técnica que interesa solo a la comunidad universitaria? ¿Es una sorpresa, un planteamiento inédito que ha resultado del debate entre los miembros de la Comisión? O, por el contrario, ¿es un hito de una campaña mediática persistente orientada a poner las universidades públicas al servicio de los denominados mercados?

De un tiempo a esta parte, el gobierno de las universidades, es objeto de documentos, artículos e intervenciones en medios de comunicación. Mayormente, por parte de representantes de algunos intereses empresariales, los cuales proclaman que la universidad española no funciona, que su principal problema es la gobernanza y que es urgente modificarla, con el fin de implantar un sistema de gobierno jerárquico, cuya máxima autoridad sea nombrada por un órgano no universitario con participación hegemónica empresarial. De tales pretensiones se han hecho eco los representantes políticos de dichos intereses y, así, el gobierno de la Generalitat de Cataluña impulsó, en 2011 y 2012, una comisión con el propósito evidente, aunque no logrado, de dar cobertura, con los lógicos matices (las propuestas procedentes de instancias políticas no suelen coincidir formalmente con las que expresan, ya sin tapujo, las organizaciones empresariales o sus instrumentos) a estos proyectos.

Cabe analizar, y sería interesante hacerlo, los motivos y la pertinencia del uso reiterado del término “gobernanza”, y no “gobierno”, en esta campaña (por cierto, hay que agradecer a la Comisión de Expertos que su informe se refiera al “gobierno” y no a la “gobernanza”). Pero, como más o menos dijo Humpty Dumpty a Alicia, la cuestión no es qué significan las palabras, sino quién manda. Y de esto, simple y llanamente, se trata: de quién ha de mandar en la universidad pública (en las privadas mandan los propietarios pero esto, a pesar de los paupérrimos resultados de la gran mayoría de estas universidades, con muy contadas excepciones, no parece discutirlo nadie).

No se trata, pues, de un debate académico, que interesaría solo a especialistas, sino de una contienda política y social, que concierne a toda la ciudadanía.

Actualmente, en el gobierno de las universidades públicas intervienen la administración pública, autonómica y estatal, los consejos sociales (en los que es hegemónica la cultura empresarial, pese a que, o a causa de que, sus miembros externos a la propia universidad son designados por gobiernos y parlamentos autonómicos, y organizaciones locales, profesionales, patronales y sindicales) y los propios miembros de la universidad. Estos últimos eligen al rector o rectora y a una parte del Consejo de Gobierno (“el órgano de gobierno de la Universidad”, dice la ley), así como otros órganos colegiados que equilibran la indudable preeminencia del rector o rectora en las decisiones internas.

Con este sistema se han obtenido resultados notables (expansión numérica, territorial y social de la enseñanza universitaria; incremento substancial de la cantidad, la calidad y la proyección de la investigación universitaria, que constituye la mayor parte de la que se lleva a cabo en España) pero presenta también inconvenientes relevantes (ineficiencias debidas a una planificación deficiente de centros, títulos y plantillas y a una inadecuada, a veces ambigua, atribución de responsabilidades en lo que respecta a la elaboración de los presupuestos y al control de su ejecución), que requieren las reformas oportunas, lo cual no implica, desde luego, que todas las deficiencias de la universidad deriven de su sistema de gobierno ni que este sea su problema principal.

Pese a ello, lo que se ha venido planteando no es la transformación del sistema actual para mejorarlo, sino, sin diagnóstico y sin argumentación, su revocación y substitución por un sistema jerárquico de corte empresarial.

¿Quién ha intervenido en el debate y con qué objetivos? Algunas organizaciones empresariales y sus supuestos think tanks, con la Fundación Conocimiento y Desarrollo como ariete (el nombre no hace la cosa: se trata del instrumento principal para cuestiones universitarias de un lobby empresarial presidido por Ana P. Botín) y con muchos presidentes de consejos sociales como voceros, reclaman el poder, en las universidades, para los empresarios. Algunos rectores, el poder para los rectores. Esta posición rectoral ha sido jaleada por las organizaciones empresariales interesadas y por sus pregoneros: sentado el principio de que el rector ha de tener amplios poderes, bastará reemplazar el procedimiento para elegirlo por un procedimiento para designarlo. Algunos rectores han visto ahora la jugada y han empezado a clamar (¿demasiado tarde?) que “no es esto, no es esto”.

¿Para qué quieren algunos empresarios mandar en la universidad? Para imponer la orientación de los planes de estudios, mercantilizar la investigación, subir las matrículas y hacer negocio con los préstamos. Se trata de un elemento más, y no el menor, del proceso de privatización de los servicios públicos, pero en este caso, con una singularidad: no se pretende asumir la propiedad del sistema, sino que este siga financiado públicamente o, en todo caso, por las familias, pero gobernado en función de los intereses empresariales. Jugada redonda: poner al servicio de intereses particulares los considerables recursos involucrados en el sistema universitario, ¡y sin invertir un céntimo!

¿Y quién debería mandar, pues, en la universidad? Parece razonable que esto dependa de la naturaleza, muy variada en la universidad, de las decisiones de gobierno. En lo que se refiere a la planificación y la financiación del sistema universitario, las administraciones estatal y autonómica, como responsables de la distribución de los recursos públicos y de la ordenación territorial, y como garantes de la igualdad de oportunidades y del servicio público. En el control del gasto y de la gestión, los órganos fiscalizadores de la administración y unos renovados consejos sociales, realmente comprometidos con la universidad y que representen pluralmente a la sociedad en sus vertientes culturales y económicas. La actividad académica, los contenidos y la forma de la docencia y la investigación y su gestión deben corresponder a la comunidad universitaria, que es la cualificada para estas competencias.

Finalmente, ¿a quién importa todo esto? A quienes estudian y estudiarán en la universidad y a sus familias, a quienes trabajan en ella, al empresariado que desea ser competitivo a medio y largo plazo y no pretende solo maximizar el beneficio inmediato. A toda la sociedad, porque toda ella se beneficia directa o indirectamente de una institución que genera y transmite conocimientos y contribuye así a que el país sea más culto y más productivo.

El Diario, 25/02/2013

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

Decía el Dr. Freud que los niños creen en la omnipotencia del pensamiento. El niño no distingue el principio de realidad del principio del placer y por eso se cree merecedor de todo y no entiende qué pasa cuando algo se le niega. Su explosiva reacción en este caso suele llamarse pataleta por el público poco lector de Freud, siendo las características de la misma su teatralidad, su brevedad y sus nulas consecuencias. Nuestros rectores, a la vez buenos profesionales y malos dirigentes académicos, han protagonizado dos actos de este tipo: el plantón dado a un desmesurado ministro, que confiesa sin rubor su pertenencia a la especie bovina, junto a sus compañeros el toro enamorado de la luna y el toro de Soberano - plantón evitable si se hubiesen leído la ley correspondiente en lo que se refiere a la introducción extraordinaria de puntos del orden del día; y el comunicado leído como proclama el pasado día 10, en el que parecen sostener que las universidades no han hecho nunca nada mal y no son culpables de nada, siendo el único malo el gobierno.

Como los universitarios son profesionales del pensamiento, es lógico que sobreestimen su importancia, pero no deberían creer en su omnipotencia, como a veces proclaman por escrito. Así en el informe European Commission: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report se puede comprobar con los datos que las universidades aportan que España es el único país de Europa en el que el proceso de Bolonia ha sido perfecto de cabo a rabo. Tenemos 1.500.000 de estudiantes cursando grados y licenciaturas en extinción. Se supone que porque son necesarios, aunque en las listas del INEM haya más de 900.000 licenciados en paro. Se puede decir que los licenciados se emplean mejor que los no titulados, ya que al fin y al cabo hay más parados sin titulación, y prácticamente eso se insinúa. España es el único país que ha diseñado grados de 4 años de modo perfecto, pero ya se empieza a decir que han de ser de 3, ante el asombro de los nuevos graduados que finalizan sus estudios este año. Nuestros másteres de un año no tienen valor en el mercado laboral, aunque el sufrido estudiante los coleccione y los pague cada vez más caros. Pero no hay ninguna disfunción en esto ni en nada.

No importa que tengamos la ratio profesor-alumno más alta de Europa, titulaciones multiplicadas sin ton ni son y que las universidades se sientan orgullosas de su autonomía, felices de estar secuestradas a la vez por la Autonomías y la Agencia de Evaluación (ANECA) que les impone todos sus criterios, porque eso es perfecto. Ni tampoco que muchas universidades o el CSIC se hayan endeudado hasta lo inconcebible, pues en el comunicado solo se habla de la deuda de las Autonomías. Y se da a entender que todos los recortes son igual de dramáticos, ya sean en sanidad, pensiones, o educación no universitaria, donde su peso es real. Y es que lo único que importa es el I+D+i, el dinero de los investigadores, notoriamente mal administrado, según el Tribunal de Cuentas. Se dice que ese dinero no es un gasto. Para las universidades no, claro, es un ingreso; para las arcas públicas es uno de tantos, entre las pensiones, las pagas de sus funcionarios y la deuda pública, cuyo monto es mayor que el sueldo de todos los funcionarios de las administraciones públicas a la vez. Resulta que la inversión en investigación es la misma que en 2005, y el número de publicaciones de calidad también, a pesar de que el gasto se había triplicado. Y se da a entender que publicar artículos es fuente de riqueza. Para los editores de las revistas, cuyas suscripciones tienen precios astronómicos, sí. Para los profesores es un mérito académico y para quien paga las suscripciones, otro gasto.

Las universidades disfrutaron de los beneficios de la burbuja inmobiliaria y son culpables de muchas cosas: de la proliferación de sus centros, de sus gastos absurdos en gestión que no paran de crecer, de sus endeudamientos y su caos interno. Muchos rectores creían que su cargo era un híbrido entre un promotor inmobiliario que hace edificios públicos y un agente de autoempleo en su propia institución. Fue bonito mientras duró, mientras el principio de placer gobernó al de realidad. Tras comprobar que ni frenaron la burbuja inmobiliaria ni pueden dar ninguna alternativa económica eficaz y coherente, ya que ni les corresponde ni podrían lograrlo a pesar de su omnipotencia de pensamiento, sería hora de que nuestros rectores, todos ellos científicos, y por lo tanto investigadores escépticos y críticos por oficio, confesasen públicamente sus culpas.

Las generaciones de los rectores, a las que pertenecemos ya muchos profesores, fuimos educadas con el catecismo que decía que el sacramento de la penitencia se compone de tres partes: propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. La hora de la penintencia de nuestra infancia nos llega ahora ya muy adultos en la universidad. Habrá que cumplirla, con o sin confesión de pecados y con o sin propósito de la enmienda. Aunque el Dr. Freud, severo médico y pediatra, nos recomendaría cambiar poco a poco el principio de placer por el de realidad. De lo contrario nos esperan muchas pataletas.

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

La Universidad, garantía de futuro

Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello, que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante.

Las universidades, ahora más que nunca, estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación.

Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, nos encontramos en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por este motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente:

1. La disminución de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento.

2. Los efectos del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político, de que "nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento". Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.

Ante esta situación, los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente:

  • Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos.

Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.

Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las Administraciones Públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si éstas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos TODOS, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.

Dada la gravedad de esta situación, este Comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas.

CRUE, 10/12/12

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert
Los dirigentes de todas las universidades públicas presentarán el lunes un manifiesto conjunto
Los rectores denuncian “los masivos recortes en la financiación de la I+D”

Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecerán el próximo 10 de diciembre una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto contra los recortes en la educación. En un comunicado, la Universidad Politécnica de Cartagena ha avanzado hoy que el comunicado hará hincapié en que la falta de inversiones en la enseñanza superior y en I+D+i lastrará el funcionamiento de las universidades del país y el propio progreso del país.

Hace un mes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya manifiestó su oposición “a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”, en un comunicado en que alertaba de la difícil situación que afronta la investigación en España y recordaba que la aplicación de esos recortes “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los recursos económicos totales previstos para I+D el año que viene “son claramente insuficientes, menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005, lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología”, recalcaban en su nota los máximos responsables de las universidades.

El descontento de los rectores ha ido en aumento desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comenzó a anunciar sus medidas de ahorro, hasta el punto de que el pasado mayo decidieron dejarle plantado en la reunión del Consejo de Universidades en protesta por la negativa del ministerio a debatir con ellos el decreto ley de los recortes en educación.

El País, 05/12/12

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università
Marco Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori Università Italiane

Il mondo universitario sta seguendo con angoscia gli sviluppi della legge di stabilità per il 2013. Lunedì sera la situazione è precipitata in Commissione Bilancio. Dopo una sequela di promesse, presenti nella prima versione del Ddl, agli Atenei nulla è stato dato. Il Presidente della Repubblica pochi giorni fa era stato il primo a lanciare l’allarme. Con la consueta lucidità ha colto il nodo del problema: «L’intervento pubblico e privato in tutti i settori della ricerca - ha dichiarato Napolitano - è una priorità da far valere ancora più in tempi di crisi come quella attuale». È del tutto evidente che quando in Europa si spende mediamente il 2,1 del Pil in ricerca (il 2,2 in Francia, il 2,8 in Germania) si sta finanziando lo sviluppo. Dalla crisi si esce solo favorendo l’innovazione e investendo in quel capitale d’intelligenze che dell’innovazione è l’asse portante. Ma le risorse per ricerca e sviluppo in Italia sono appena l’1,26% del Pil, la metà della media europea. Dobbiamo competere nel mercato internazionale. E a questa competizione ci arriviamo già in crisi profonda. Con meno risorse, meno personale, docenti più anziani e meno studenti.

Questi i risultati di anni di tagli al comparto. Ci era stato detto di pazientare: abbiamo responsabilmente fatto la nostra parte. Abbiamo tagliato, ridotto, risparmiato. Oggi, nonostante la buona volontà del Ministro, c’è chi, al governo, sta riuscendo là dove non era riuscito neppure Tremonti: la distruzione dell’Università pubblica. Nel 2008 l’allora Ministro delle Finanze pianificò un taglio progressivo pluriennale del Fondo per le Università. Siamo passati dai 7,5 miliardi di euro del 2009 ai 7 miliardi del 2012.

Sulla quota fissata da Tremonti per il 2013 il governo non intende intervenire: dai 7 miliardi del 2012 precipiteremo a 6,5 con un calo di più del 6% rispetto al 2012 (e del ben -13% rispetto al 2009). Una vera e propria catastrofe, insostenibile per il sistema universitario, già duramente provato da provvedimenti restrittivi e da tagli su borse post lauream, borse di studio, fondi per la ricerca, fondi per l’internazionalizzazione, tagli sull’acquisto di materiali e attrezzature.

Questo è ciò che si annuncia in Commissione Bilancio. L’unico segnale, certo apprezzabile, è che si sia ritagliata dal «fondo Catricalà» una piccola quota per il diritto allo studio pari a 50mln di euro. Ma alle Università nulla.

E così, per la prima volta nella storia degli atenei italiani, le spese stipendiali saranno pari al 95% dei trasferimenti dallo Stato. Con conseguenze facilmente immaginabili sui beni intermedi che nell’Università significano servizi, infrastrutture per la ricerca e la didattica: non solo molti bilanci non si chiuderanno ma formazione e ricerca ne risentiranno in modo esiziale. O si pensa che le Università andranno avanti con quel misero 5%? Non ci si può stupire che, dopo un quindicennio di crescita, si assista oggi a un calo dell’11% in pochi anni del numero delle matricole. Le famiglie si sono accorte dei danni che stanno subendo gli atenei. Solo il governo sembra sordo e cieco.

La soglia fatale del 95% delle spese stipendiali è il segno della fine. Peraltro ci si arriva per soli motivi aritmetici, non essendo affatto aumentati gli organici. Anzi. L’Italia ha uno dei numeri più bassi di ricercatori rapportati alla popolazione (3,7 contro una media Ocse del 7,6) e in soli quattro anni i docenti sono diminuiti del 10%. Con questi numeri, fra l’altro, cancelliamo ogni speranza per i giovani ricercatori in attesa delle abilitazioni. Nessuno potrà chiamarli.

È stato più volte detto che servono 400 milioni di euro per riallineare il finanziamento universitario del 2013 al 2012. Non per incrementarlo si badi – ma solo per riallinearlo all’anno corrente. Niente. Da questa situazione occorre trarre le debite conseguenze: il problema non è più di numeri, ma schiettamente politico. Non si vuole assegnare a Università e Ricerca il ruolo che altrove nel mondo industrializzato gli compete? Non si vuole favorire il ricambio dei giovani ricercatori? Gli atenei si fermeranno, agonizzeranno e assieme agli atenei si fermeranno sviluppo e capacità competitive. Una responsabilità inaudita graverà sulle spalle dei tecnici. Facciamo appello alle forze parlamentari: intervengano prima che sia troppo tardi.

l'Unità, 14/11/12

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Logo de varios anos de recortes orzamentarios que teñen colocado ás universidades e á investigación realizada desde o seu ámbito (sobre o 60%) nunha situación difícilmente reversibel, o esganamento orzamentario  compleméntase con durísimas medidas de selección do alumnado e redución do persoal.

As enormes diminucións orzamentarias nos fondos dedicados á universidade dentro do plan de financiamento na última lexislatura provocaron despidos e que non se renovaran contratos, severísimas reducións do gasto corrente ou diminucións escandalosas de compra de libros e de suscripción a revistas científicas que levaron mesmo a cortar a continuidade de coleccións que nin a guerra civil fora quen de romper.  Sen convocatorias de proxectos de investigación autonómicos e coas de persoal investigador (en formación, técnicos ou doutores) como unha caricatura do que foron algún día, a investigación estáncase.

A burbulla orzamentaria, comezada nos últimos mandatos do PSOE e mantida polo PP, cun financiamento da investigación cada vez máis polarizado cara os créditos á investigación, conduciu ás universidades a un endebedamento irresponsabel nunha carreira sen saída de infraestruturas, campus de excelencia e demais artefactos ligados á moda do emprendemento. Pincha agora coa crise e unha boa parte dos fondos de investigación (o 40% no último exercicio) quedan sen gastar precisamente porque non hai centro público de investigación que poida achegar a parte coa que debería complementar o orzamentado e financiar os intereses.

Fálase igualmente de reducir aínda un ano máis as titulacións -tres anos- nunha lóxica clara de redución da formación do estudantado e apertura dun mercado para os masters, cada vez máis selectivos económicamente debido á enorme subida das súas taxas e nos que, ademáis, concentra a súa oferta unha boa parte dos centros de ensino privados.  Con solícito apoio de gobernos autonómicos, como os de Madrid ou Murcia, que brindan edificios públicos, axudas e apoio á implantación de universidades privadas.

Defending universities: engaging the public

Defending universities: engaging the public

The Campaign for the Public University welcomes the launch of the Council for the Defence of British Universities. The two campaigns share common values. These values were articulated in a critique of the Government’s White Paper in July 2011, and developed subsequently in an Alternative White Paper, both written together with other campaign groups. The Government has avoided debate, but the issues are pressing and vital to the future of higher education.

Those of us who are academics are deeply concerned about university autonomy, the reduction of higher education to training and the damaging consequences of audit culture. However, we also need to engage with wider publics and how and why they might value higher education. What is at issue is the role of education in the global knowledge economy and the reproduction of advantage, where the only public interest is understood to be the interest of the taxpayer. As Holmwood and Bhambra have argued, under this neo-liberal conception of education it is transformed from a social right into a positional good.

Yet the British Social Attitude Survey has consistently shown that the public values higher education as providing more than the means of getting a better job. They also believe that fees were too high under the previous funding system and are against differential fees for the same courses. The most recent survey shows a small shifting of attitudes. In general, the public continues to regard university education as valuable. However, those with degree-level qualifications (graduates of previous funding systems) tend now to favour fees and also a reduction in student numbers graduates. This indicates a shift toward the defence of market position against the social mission that public higher education previously served.

We are at a pivotal moment. As the CDBU argues, Vice-Chancellors have been supine and quiet in the face of the transformation of higher education in England. University mission groups have also not represented the system as a whole. However, the latter are breaking up and what is emerging is the first sign of a new, restricted Ivy League, potentially willing to go it alone and wrapped in the mantle of traditional university values. We should all heed the warning posted by the Chair of CDBU’s steering committee, Howard Hotson, not to look to the Ivy League. A system in which a few universities flourish at the expense of the rest, is not in the public interest. Nor is it one that the majority of academic and other staff in universities could support.

Campaign for the Public University, 14/11/12

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them
Frantic, unprecedented reform is threatening fundamental academic principles and the purpose of higher education itself

Universities are among the UK's most successful institutions. Collectively, they enjoy a global reputation that few British institutions can match. Their research produces innovations of the highest order. Their teaching attracts a hugely disproportionate share of the world's international students.

Yet their future is being gambled on an unprecedented programme of radical reforms. Nothing similar has been tried elsewhere. No democratic mandate has been sought. These changes are grounded in wishful ideological assumptions. Evidence suggests they will do more harm than good.

Such is the frantic pace of this revolution that few outside universities are aware of its gigantic scope. Its financial dimension is familiar in outline to the general public. Domestic tuition fees, unheard of only 15 years ago, have been trebled this academic year, while 80% of direct public funding has been withdrawn from undergraduate teaching. Even before these changes, public spending on higher education was lower in the UK than almost any other developed country, while business spending on research and development was equally low and falling. Now, tuition fees in England are, on average, the highest in the world.

Yet as public and corporate money is withdrawn, the priorities and preconceptions of politics and business are being imposed on universities more forcefully than ever. Research funding in the sciences is diverted to meet the demands of industry; funding for the humanities is explicitly tied to party-political slogans. Universities, once regarded as self-governing communities of students and teachers seeking deeper understanding, are now line-managed like private corporations, devoted to maximising performance metrics which do not remotely capture what universities aspire to achieve.

These management models impoverish teaching, undermine creativity, trivialise research, and alienate teachers. Worse still, this market system transforms students from active apprentices in the craft of higher learning to passive consumers attempting to leverage their purchasing power into high lifetime earnings. Despite public homage to the knowledge economy, this new regime seems designed to make the careers of the next generation of academics as precarious and unrewarding as possible.

The culmination of this policy is the introduction into Britain of the for-profit university model which has proved so catastrophic to students and taxpayers in the US. Commercial firms are lobbying for the legal redefinition of what it means to be a "university" in England. Why? Because their future profits depend on debasing the very institution they pretend to emulate.

No organisation exists to defend academic values and the institutional arrangements best suited to fostering them. The numerous "mission groups" – the Russell Group, Universities UK, University Alliance, and the rest – do not represent universities as such. They represent senior university administrators, whose primary task is to advance financial interests. Academic unions defend the working conditions of academics, not the values that make their work worthwhile. Learned societies promote individual disciplines, not learning as such. In such conditions, proposals which subvert fundamental academic principles meet no effective opposition.

Many of Britain's most eminent academics and public intellectuals have watched these developments with mounting alarm. Scores have come together to consider how best to resist these changes before the damage they cause is beyond repair. Among their number are past and current presidents of Britain's academies of arts and sciences, Nobel prize winners, and a former poet laureate.

The inaugural meeting of the Council for the Defence of British Universities takes place on Tuesday. The question it confronts is of vital national importance. Will the UK continue to enjoy one of its most outstanding assets? Many of those most able to judge have concluded that it will not, unless strenuous efforts are made to reverse the radical reform of a fundamentally sound system.

The Guardian, 12/11/12

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL
Comunicado do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

Ao longo dos últimos dois anos as universidades públicas portuguesas têm conseguido manter padrões de elevada qualidade de funcionamento e têm, com grande sentido de responsabilidade, acompanhado o país no combate à grave crise nacional.

Durante este período o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) tem vindo a manifestar publicamente as suas posições face à crise e, ao mesmo tempo que aponta dificuldades, tem conseguido, até aqui, apresentar soluções. Apesar da crise, as universidades conseguiram, graças às suas receitas próprias e ao apoio estatal, manter níveis de qualidade no ensino, na investigação científica e na cooperação internacional de inegável valor.

Contudo, a eventual aprovação da proposta de Orçamento de Estado para 2013 (OE 2013) ao reduzir, num valor médio de 9,4%, as dotações a atribuir às universidades, em comparação com o ano corrente, terá efeitos imprevisíveis e irreversíveis em todo o sistema universitário, inviabilizando o desenvolvimento de atividades essenciais para o seu funcionamento. Recorde-se que o financiamento público das universidades já foi reduzido em 144 milhões entre 2005 e 2012, podendo este valor atingir os 200 milhões no caso do OE 2013 vier a ser aprovado sem alterações.

O novo modelo de governação do ensino superior, que se iniciou em 2007, possibilitou, através dos Conselhos Gerais, o envolvimento de personalidades da sociedade na gestão estratégica das universidades e no acompanhamento dos respetivos percursos. Trata-se de um modelo praticado com sucesso e há largos anos em vários países, dentro e fora da Europa.

Os Conselhos Gerais das universidades, que integram essas personalidades externas às instituições, passaram assim a deter a competência de aprovar o orçamento de cada universidade bem como o respetivo plano de atividades.

Neste contexto, e tendo em conta a situação de especial gravidade com que as universidades serão confrontadas no próximo ano, realizou-se hoje uma reunião conjunta entre os presidentes dos Conselhos Gerais e os reitores, a primeira a ter lugar desde que o novo modelo de governação entrou em vigor.

Nesta reunião foi efetuada uma análise da situação financeira que irá ocorrer no próximo ano, caso se confirme o estipulado na atual proposta de Lei do OE para 2013. Concluiu-se que, nestas condições, será inviável o funcionamento das universidades públicas.

Os Presidentes dos Conselhos Gerais afirmaram a sua profunda preocupação com esta situação que, ao comprometer a qualificação dos portugueses, inibe o desenvolvimento económico do país e afeta gravemente o bem estar dos seus cidadãos.

Face ao iminente quadro de rotura na rede universitária, numa altura em que se avizinham grandes desafios internacionais, como é o caso da Estratégia 2020 da União Europeia, os reitores decidiram solicitar, com caráter de urgência, uma audiência aos membros do governo envolvidos, bem como a Sua Excelência o Presidente da República.

O CRUP mantém, como até aqui, uma total disponibilidade para, em diálogo, ajudar a resolver este grave problema financeiro e tudo fará para garantir um futuro sustentável para as universidades. Se as universidades perderem qualidade ficarão igualmente em risco a investigação científica, a inovação tecnológica e a qualificação de nível superior. Todos perderemos a mais importante arma que um país pode deter: a criação e a aplicação de novos conhecimentos.

Dada a gravidade da situação será apresentada em simultâneo em todas as universidades, ao meio dia da próxima sexta-feira dia 9, perante as respetivas comunidades universitárias, uma declaração dos reitores das universidades públicas portuguesas sobre a inexequibilidade do quadro orçamental para 2013.

Lisboa / 07 de novembro de 2012

CRUP, 09/11/12

Outras novas realcionadas:

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities
Purpose of university is being 'grossly distorted by the attempt to create a market in higher education', says one CDBU founder

Some of Britain's most high-profile public intellectuals have formed a coalition to defend universities against the erosion of academic freedom and the marketisation of higher education.

Lord Bragg, Alan Bennett, Sir David Attenborough and Richard Dawkins are among 65 writers, broadcasters and thinkers who have jointly founded the Council for the Defence of British Universities (CDBU), to be launched next week.

The group's manifesto, also backed by former poet laureate Sir Andrew Motion, Booker prize-winner Dame AS Byatt, playwright Michael Frayn and astronomer royal Lord Rees, claims the basis of a degree is under threat.

Writing in the Times Higher Education supplement, historian and former British Academy president Sir Keith Thomas said "the very purpose of the university" was being "grossly distorted by the attempt to create a market in higher education".

Students, he wrote were "regarded as 'consumers' and encouraged to invest in the degree course they think most likely to enhance their earning prospects".

Academics, he added, were now viewed as "producers, whose research is expected to focus on topics of commercial value and whose output is measured against a single scale and graded like sacks of wheat".

The organisation is expected to campaign for the abolition of government funding bodies and propose a move to fully independent grant councils free from political interference.

Last year, dozens of academics resigned from one such funding body, the Arts and Humanities Research Council (AHRC), in a row over academic freedom when the "big society" was introduced as a research priority.

Thomas also took a swipe at "remarkably supine" university leaders who were only concerned about gaining "local advantage" from government reforms rather than opposing them. "Deep dissatisfaction pervades the university sector. Its primary cause is not the lack of adequate funding, for it is appreciated that higher education is expensive and times are hard. Rather, it arises from the feeling that an understandable concern to improve the nation's economic performance, coupled with an ideological faith in the virtues of the market, has meant that the central values of the university are being sidelined or forgotten."

He said the task of the council was "not just to challenge a series of short-term political expedients: it must also combat a whole philosophy", adding: "British universities are a precious feature of our national life and enjoy a high international reputation. They should not be imperilled by misconceived government policies, however well-intentioned."

Writing in the same publication, Rees said morale among staff was being damaged. "I am lucky to have spent many years in one in the University of Cambridge. But even there, morale is falling," said the cosmologist and former head of the Royal Society.

"Coffee-time conversations are less about ideas and more about grants, the research excellence framework, job security and suchlike. Prospects of sustaining excellence will plummet if such concerns prey unduly on the minds of even the best young academics."

The Guardian, 08/11/12

Francisco José Quiles Flor: ¿Futuro para la UCLM?

Francisco José Quiles Flor: ¿Futuro para la UCLM?
Francisco José Quiles Flor, catedrático de Universidad de la UCLM (ex vicerrector de Investigación de la UCLM)

Con el anuncio de la propuesta de presupuestos regionales para el próximo año se ha cerrado cualquier duda que pudiera existir sobre los planes de futuro para la Universidad de Castilla-La Mancha. Creo que todo el mundo debe ser consciente de que una institución académica que hace tan solo dos años tenía un presupuesto de 165 millones de euros no puede sobrevivir tal y como la conocemos con 98.  Esta reducción no tiene posible comparación con lo que está sucediendo en el resto de las Universidades públicas españolas. Es cierto que todas ellas están sometidas a recortes, necesarios como esfuerzo solidario con la sociedad, pero estos son incomparables con los que está exigiendo el gobierno regional: en el peor de los casos en otras comunidades este recorte no supera el veinte por ciento y en la mayoría es inferior al quince, mientras que en nuestro caso alcanza el cuarenta por ciento. 

Ante estos datos, es evidente que el gobierno regional y el de la Universidad de Castilla-La Mancha se proponen un cambio sustancial en nuestra Universidad, de modo que, tarde o temprano, el Consejero de Educación y el Rector anunciarán una profunda transformación de la institución. Teniendo en cuenta la dimensión del recorte propuesto, es de ilusos suponer que dicha transformación consistirá en ligeros retoques de maquillaje, supondrá el cierre de titulaciones y de centros docentes y de investigación. En algún momento, ambos gobiernos, el regional y el de la Universidad, tendrán que dejarse de eufemismos y metáforas y comunicar a la sociedad castellano-manchega la dura realidad a la que esto nos lleva: en el futuro muchos jóvenes castellano-manchegos tendrán que volver a estudiar en otros territorios, y además ello llevará consigo el despido de muchos de los profesores mas jóvenes de la Universidad, que pese a haber obtenido sus acreditaciones a nivel nacional y haber superado las oposiciones correspondientes, ahora van a tener que marchar a otras universidades o centros de investigación, la mayoría en el extranjero. Nuestra tierra perderá así todo el potencial de estos profesores, en cuya formación se ha invertido mucho dinero en forma de becas, estancias en el extranjero, proyectos de investigación, etc..

En resumen, todo lo conseguido en dos décadas y media de duro trabajo, en las cuales Castilla-La Mancha por fin había logrado situarse en el mapa de la educación superior y de la investigación, va a esfumarse como si de un espejismo se hubiera tratado debido al recorte en el presupuesto de la UCLM. Si los castellano-manchegos aceptamos mansamente dicho recorte, estamos renunciando a que muchos de nuestros hijos puedan desarrollar sus estudios en nuestra tierra y a que nuestras empresas se puedan ver beneficiadas del impulso innovador y de profesionales preparados que supone tener cerca una Universidad fuerte y competitiva. ¿Alguien piensa que empresas como Eurocopter estarían en Castilla-La Mancha si no tuviéramos Universidad? La posición alcanzada en investigación es imposible de mantener sin presupuestos regionales y sin apoyo para la transferencia a la empresa. No nos podemos engañar respecto a la investigación, que es como un campo de frutales: si se deja de regar un año, no se recupera regando al siguiente, necesita más de una década para la recuperación de sus árboles.

Por tanto, la sociedad castellano-manchega debe decidir si este es el futuro que quiere para nuestra tierra y reclamar, si así lo considera, otro trato y otros esfuerzos para la Universidad pública regional. En particular, la comunidad universitaria debe ser consciente del futuro inmediato al que nos enfrentamos y luchar para que desde los órganos de gobierno que tenemos, se impulse una postura clara de defensa del futuro de la institución. Si no lo hacemos ya, seguro que terminarán anunciando una nueva y mermada Universidad de Castilla-La Mancha con nocturnidad, alevosía y en vacaciones.

Lanza, 12/10/12

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