Lexislación

El Parlamento aprueba modificar la Ley Andaluza de Universidades para adaptarla al nuevo escenario europeo

Ceçi n'est pas une pipeEl Parlamento aprueba modificar la Ley Andaluza de Universidades para adaptarla al nuevo escenario europeo
PSOE y PP entregan el sistema universitario andaluz a los mercaderes, y a continuación disimulan

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el apoyo del PSOE-A y PP-A y la negativa de IULV-CA, la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), una propuesta que tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.

Según ha explicado durante su intervención en la Cámara el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, la proposición de Ley incluye como nuevo principio el del fomento de la cultura emprendedora para garantizar la vinculación entre investigación universitaria y sistema productivo. En esta línea, se abre la posibilidad de que las universidades participen en la creación de empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos y otras entidades del ámbito de la innovación. De igual modo, se incluyen medidas para potenciar la formación sobre creación y gestión inicial de negocios y apoyar, en las fases iniciales, a las empresas surgidas de la aplicación de conocimientos universitarios.

Ha indicado que otro bloque de modificaciones se dirige al establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad; la promoción e integración de las enseñanzas virtuales; la potenciación del Sistema de Información Universitaria; el reforzamiento del papel de los Consejos Sociales de las Universidades como elementos de interrelación con la sociedad; la adecuación de la composición del Consejo Andaluz de Universidades a la estructura de la Consejería competente en materia de Universidades.

La proposición incluye asimismo disposiciones para incorporar la regulación por ley en materias de expropiaciones y de enseñanzas superiores que se imparten en la comunidad autónoma por universidades extranjeras pero que no forman parte del Sistema Universitario Andaluz. Respecto al primero de estos aspectos, se plantea el reconocimiento para las universidades públicas de la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que lleven a cabo las administraciones públicas para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos universitarios.

Para garantizar la calidad de los servicios universitarios andaluces, la propuesta también especifica que debe quedar regulado por ley que la Consejería competente en materia de Universidades será encargada de realizar las actividades inspectoras y sancionadoras.

La proposición incorpora una disposición adicional de reconocimiento de la Universidad Loyola de Andalucía como universidad privada, en el marco del Sistema Universitario Andaluz. La mayor parte de las modificaciones propuestas responden a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, modificada por la Ley 1/2011, de Reordenación del Sector Público de Andalucía; la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada el pasado mes de mayo. PSOE-A:

Una ley "equilibrada y armoniosa"

El diputado del PSOE-A Antonio Núñez ha agradecido la actitud de colaboración de PP-A e IULV-CA "pese a las diferencias" y ha destacado que el texto se ha enriquecido con 43 enmiendas de la oposición. En su opinión, se trata ésta de ley basada en una visión "equilibrada y armoniosa" entre la actividad de la universidad y la necesaria participación de la sociedad y el mundo de la empresa. "Es también un instrumento fundamental para el fomento de la calidad", ha añadido.

Núñez ha dado la bienvenida al mundo de la universidad andaluza a la universidad privada Loyola Andalucía, lo que ha considerado "una gran oportunidad para la Comunidad". Además, ha querido dejar claro que mientras siga gobernando el PSOE "nunca entregaremos el sistema universitario a los mercaderes. Las universidades nunca se irán del control y del patrocinio de la Administración", ha concluido. PP-A:

"El gobierno ha utilizado al psoe-A"

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Rico ha considerado que dada la importancia de esta materia el Gobierno andaluz debería haber presentado un proyecto de Ley y no una proposición de Ley. Ha mostrado desde la tribuna "la prueba" de que la proposición es "una copia" del documento elaborado por el Gobierno andaluz sobre esta materia. En su opinión, el Gobierno andaluz ha utilizado al grupo socialista "para que le hiciera este trabajo por la vía de urgencia, al ser incapaz de lograr un consenso con la comunidad universitaria".

Como consecuencia de ello se han producido distintas manifestaciones de miembros de la comunidad universitaria, según ha explicado Rico, quien ha apuntado que una de ellas se ha celebrado este miércoles a las puertas del Parlamento andaluz. "Los socialistas han hurtado este debate a la comunidad universitaria a la que somete a una imposición", ha señalado la diputada del PP-A, quien ha considerado que en dicha normativa no se han abordado las políticas fundamentales que afectan a este sector.

IULV- Ca critica un modelo "mercantilista y tecnócrata"

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha asegurado que esta normativa no se ha negociado de manera suficiente con los agentes sociales y que no se dan dos condiciones básicas para su aprobación: lograr el mismo o mayor consenso que tuvo la ley inicial y que se aproveche la ocasión para mejorar los problemas que en su conjunto tiene el sector afectado.

García ha indicado que esta reforma consagra un modelo "mercantilista y tecnócrata" y que pone a la universidad "a los pies de los caballos empresariales", haciendo depender la financiación de los proyectos de objetivos empresariales. También ha criticado que con esta normativa se favorece a través de una disposición adicional la creación de universidades privadas.

20 minutos, 23/11/11

Proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior

Proyecto de Real Decreto sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior

Uno de los objetivos perseguidos con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aumentar la compatibilidad y comparabilidad entre los sistemas europeos de Educación superior, respetando su diversidad, con la intención de promover la movilidad de estudiantes, titulados, profesores y personal de administración.

FETE-UGT, 28/10/11

Borrador de Real Decreto por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones

Borrador de Real Decreto por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones

El presente Real Decreto tiene como objetivo el desarrollo del Marco Español de Cualificaciones (MECU), con lo que se da cumplimiento al compromiso que España ha adquirido con la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente mediante la Adopción de la Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente, dentro del proceso de Aplicación del Programa comunitario de Lisboa. El cumplimiento de dicho compromiso corresponde al Gobierno al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

FETE-UGT, 28/10/11

CCOO: La Democracia y la Participación camino de la desaparición

CCOO: La Democracia y la Participación camino de la desaparición

En la última Mesa Sectorial de Universidades de esta legislatura se presentó el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos básicos para la creación, reconocimiento y funcionamiento de universidades y centros universitarios y se determina su estructura mínima. (pincha aquí)

Llama la atención que algunos planteamientos que aparecieron en borradores posteriores al acuerdo sobre el Estatuto del PDI que se alcanzó en la Mesa Sectorial de Universidades en Enero-Abril y que lo empeoraban notablemente, ahora y ante la imposibilidad de poderlos aprobar por ese camino, se impongan utilizando un decreto cuyo objeto es la organización de las universidades y los centros. Por esta nueva vía se pretenden regular temas que son claramente de política de personal y de gobernanza.

En el Proyecto de Real Decreto se introduce nuevamente el Plan de Dedicación Académica Individual (PDAI), sacado del borrador de Estatuto de PDI y ante el cual CC.OO. manifestó su más absoluta oposición, mencionando que se establecerán mecanismos adecuados y efectivos para comprobar su cumplimiento. Parece curioso que la creación o modificación de la estructura organizativa universitaria dependa del cumplimiento del PDAI y no de las necesidades de la población, entre otras cosas.

También es especialmente preocupante que se decidan legitimar los rankings: “Las evaluaciones podrán suponer menciones adicionales que clasifiquen a las universidades de acuerdo a criterios adicionales”. El establecimiento de los criterios de estas listas es objeto de polémica y debate, por lo que su utilización como indicador para la posible supervivencia o fusión de las universidades, tal como parece presagiar dicha oficialización, es bastante peligroso. 

La redacción del real decreto permite, además de la fusión entre universidades, que se creen nuevas estructuras organizativas aunque no estén previstas en la ley, y no se les exige que tenganque preservar su carácter democrático, tal como exige la LOMLOU para todas las estructuras actuales. En el caso de los institutos universitarios, los directores, según el artículo 26 de la LOMLOU, “serán designados entre doctores, en la forma que establezcan los Estatutos” y no nombrados por los Rectores como propone el borrador de R.D.

Se introduce que “las universidades podrán establecer convenios de colaboración y proyectos conjuntos que implique movilidad de su PDI”, pero en ningún sitio menciona la movilidad como un derecho de carácter voluntario, dejando abierto el camino para la movilidad forzosa.

En cuanto a los institutos universitarios, se dice que “podrán organizar y desarrollar estudios de postgrado y títulos propios, así como actividades docentes”. Además, “Las unidades de I+D+i podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades públicas y privadas...” y “En caso de implicar colaboración docente los convenios fijarán el procedimiento para solicitar la 'venia docendi'”. Esta redacción ya hace presagiar que pueden que no sean profesores los encargados de las tareas docentes, y que el procedimiento para obtener la “venia docendi” podrá o no respetar los criterios de acreditación.

En cuanto a la enseñanza no presencial, “el personal técnico propio o mediante contratos o convenios dedicados a actividades de apoyo docente y de desarrollo de tareas asociadas al modelo metodológico no presencial”. No se especifica si estas tareas serán de carácter administrativo o abordarán las tareas propias de un docente, como son la elaboración del material docente.¿Será una vuelta de tuerca más a la precarización del PDI en su fase inicial? ¿Será un paso más a la degradación de la docencia dejando en manos de personal sin experiencia docente la elaboración del material docente? ¿Vamos hacia la externalización de servicios docentes? ¿Acaso la docencia no presencial no debe ser de la misma calidad que la presencial?

Por último, se recogen las retribuciones de cargos académicos. Esto supone una modificación del R.D. de Retribuciones, que debería ser objeto de negociación colectiva y desde luego no un artículo de un RD sobre ordenamiento de centros. 

Detrás de este RD llevado de manera oculta, y con el beneplácito del Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, se esconde una transformación del Sistema Universitario Español donde la participación democrática se verá seriamente afectada. Un documento de un calado como éste no ha sido debatido en los órganos de gobierno de las universidades, ni en la mesa sectorial de universidades, ni en el consejo de estudiantes. A algunos se les ha olvidado compartir el documento con la comunidad universitaria con ese afán desmesurado por hacer desaparecer el carácter democrático de nuestro modelo actual de gobernanza.

El Gobierno saliente, una vez más, parece interesado en dejarle hecho el trabajo sucio al ministerio de educación entrante.

Hoja del Lunes, 18/10/11

Andalucía: El Parlamento da luz verde a la tramitación de la proposición de ley para modificar la Ley Andaluza de Universidades

Andalucía: El Parlamento da luz verde a la tramitación de la proposición de ley para modificar la Ley Andaluza de Universidades
La proposición de Ley incluye como nuevo principio el del fomento de la cultura emprendedora para garantizar la vinculación entre investigación universitaria y sistema productivo
Se incluyen medidas para potenciar la formación sobre creación y gestión inicial de negocios
Se refuerza el papel de los Consejos Sociales de las Universidades

El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde, con el apoyo de PSOE-A y PP-A y la abstención de IULV-CA, a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), una propuesta que tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.

El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde, con el apoyo de PSOE-A y PP-A y la abstención de IULV-CA, a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), una propuesta que tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.

En su defensa de la iniciativa, el diputado socialista Antonio Núñez ha explicado que entre las modificaciones planteadas figuran las relativas a la adecuación de tipologías de profesorado, con la creación de nuevas figuras contractuales que facilitarán la enseñanza práctica-clínica en el campo de la salud a través de la vinculación de plazas asistenciales de instituciones sanitarias con puestos docentes de los cuerpos de profesores de universidad y de profesor contratado doctor.

Núñez, que ha apuntado que esta medida tiene como objetivo facilitar que el profesorado universitario compatibilice el dominio tanto de las materias académicas como de la práctica clínica y la labor asistencial, ha indicado que la educación es una prioridad para su formación y para el Gobierno andaluz, añadiendo que hay que seguir favoreciendo la progresiva vocación "multifuncional" de las universidades.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Rico ha afirmado que su grupo no está de acuerdo con el método utilizado para realizar la modificación de la Ley Andaluza de Universidad, al tiempo que se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz deja en manos del PSOE esta modificación "si le dan tanta importancia a los temas educativos y de formación". Además, ha advertido de un mayor grado de "intervencionismo" de la Junta en las universidades, a través de esta iniciativa.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha considerado "poco respetuosa y oportuna" esta iniciativa que, "aunque está firmada por el PSOE, ha sido elaborada desde la Consejería de Innovación a prisa y corriendo". Ha afirmado que si ha habido participación de las universidades y los agentes sociales en esta proposición ha sido "en plan compadre", añadiendo que dicha iniciativa apuesta por un modelo que pretende convertir la universidad en un objeto de "mercantilización".

Eduardo Ibarra Colado: Designación de autoridades: el problema de los votos

ganador

¡Hagan sus apuestas, los dados ruedan! Y el ganador es...

Hace meses, en una conversación casual, un colega de la UAM-Xochimilco me indicó categórico: “Ya verás, Jorge Alsina será el nuevo Director”. He recordado esa plática a la luz de los acontecimientos que, durante las últimas tres semanas, han seguido a su nombramiento, haciendo bueno el pronóstico de mi amigo. El caso nos invita a reflexionar sobre los mecanismos que operan para designar a las autoridades de la institución y a preguntarnos con seriedad sobre la necesidad de su abandono, ajuste o modificación.

Sin duda, al revisar este tipo de procesos, uno no puede dejar de preguntarse por qué son designados candidatos que no gozan de un respaldo amplio de sus comunidades. Es de sobra conocido que ello conduce a conflictos que dificultan la colaboración entre los miembros de tales comunidades, para cumplir cabalmente con las funciones sustantivas de la universidad. Pero no se me mal interprete, no estoy afirmando que nunca deban ser nombrados candidatos que no gocen de las simpatías y los apoyos mayoritarios, pues ello conduciría a un “populismo pseudo académico” que de ninguna manera comparto y que alteraría en su esencia el modelo de gobierno que opera en la UAM.

Más bien, lo que sostengo es que, cuando éste sea el caso, el proceso de tal designación se conduzca con absoluta claridad y transparencia, para que las deliberaciones realizadas por cada uno de los órganos involucrados y por todos y cada uno de los representantes que en ellos participan, sean conocidas en detalle por la comunidad. Sólo así se alcanzaría la legitimidad de un nombramiento que, aunque no haya sido ampliamente compartido, se sostiene en razones y deliberaciones que explican y dan claridad a los votos emitidos, evitando con ello conjeturas y suspicacias. Sin duda, éste no fue el caso en el proceso que nos ocupa. Recapitulemos los hechos y comentemos el fondo de la cuestión.

Las empresas podrán votar en los claustros universitarios, denuncia CCOO

Las empresas podrán votar en los claustros universitarios, denuncia CCOO

La entrada de las empresas en las universidades se producirá gracias a la ley de ciencia estatal, en trámite en el Senado, que prevé cambios en el sistema de escuelas de doctorado --con participación privada--, como que tengan su voto en este órgano de representación.

Además de esta novedad, Saura ha avisado de una modificación en los contratos para los investigadores distinguidos, que se realizarán al margen del convenio colectivo permitiendo acordar entre ambas partes la duración del contrato, algo que se ve como una 'desregulación' que acabará imponiéndose en las universidades.

'La ley de ciencia incorpora mucha precariedad y un modelo muy privado en la gobernanza', ha criticado Saura, quien ha alertado también de una nueva modalidad en los contratos predoctorales, que partirán del salario mínimo interprofesional 'precarizando' a los becarios.

Asimismo, Saura ha alertado de que la diferencia de filosofía de los ministros de Educación, Ángel Gabilondo, y de Ciencia, Cristina Garmendia, han conducido a que ambos 'cuelen' cláusulas en diferentes leyes donde no deberían ir, como la disposición adicional introducida el pasado sábado en la ley de economía sostenible, que prolonga hasta los 75 años la jubilación del profesorado docente investigador (PDI) funcionario.

'Estamos sufriendo sus diferencias de filosofía en todo en desarrollo normativo, que ha tomado una deriva bastante preocupante', ha lamentado Saura.

También el secretario de CC.OO. de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Juan José Bravo, ha subrayado las declaraciones del conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, quien ha afirmado que la gestión empresarial de los sistemas públicos es una cuestión de ahorro y de eficiencia: 'Hablando en plata, significa decir que Mas-Colell apostará por esta vía', ha avisado.

El ex rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Ferrer ha asegurado que existe una deriva neoliberal hacia la universidad por parte de las empresas y sus instituciones de representación, que pretenden 'ahogar' la financiación universitaria para que éstas dependan de ellas y así poder imponer sus intereses.

Ha defendido también que esta deriva pasa por crear un nuevo modelo de gobernanza --en el que manden los consejos sociales y escojan a los rectores-- en el que las empresas estén representadas en la universidad y tengan así 'mayor capacidad de coacción' y prescindan de las decisiones colegiadas.

El Digital de Madrid, 22/03/11

Todos los partidos, menos IU e ICV, aprueban la Ley de Ciencia

Todos los partidos, menos IU e ICV, aprueban la Ley de Ciencia
Los investigadores critican que la nueva normativa no incentiva la carrera científica ni acaba con las becas que no cotizan

La comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la nueva ley de ciencia, después de más de dos años de redacción, consultas y trámites. La norma fue aprobada por todos los grupos políticos menos IU e ICV, que aunque no tienen representación en dicha comisión, han rechazado el texto porque “empeora la carrera investigadora”.

A pesar del apoyo mayoritario de una ley “necesaria” –según los portavoces de los partidos favorables, porque sustituye a la Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986–, la nueva norma no satisface a los investigadores, las sociedades científicas, ni a las universidades. No obstante, esta comisión cuenta con competencia legislativa plena para enviarla directamente al Senado, por lo que no tendrá que pasar por el pleno de la Cámara Baja. Su entrada en vigor se prevé para primavera, presumiblemente entre abril y mayo.

Según la propia ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, además de las leyes, su departamento está apoyando a los investigadores por otros cauces. Como el acuerdo alcanzado ayer con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. “Estamos aumentando los fondos para I+D+i en un 15 %”, aseguró Garmendia.

La nueva Ley de Ciencia facilitará la colaboración pública y privada

La nueva Ley de Ciencia facilitará la colaboración pública y privada
El Congreso prevé aprobar este miércoles la norma legal, que entrará en vigor en primavera

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación será aprobada este miércoles en el Congreso tras casi dos años en proceso de redacción, consultas y tramitación. La norma, que cuenta ya con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que aún no se ha pronunciado, reconocerá por primera vez a la innovación dentro del sistema español de gobernanza de la ciencia y establecerá por ley la colaboración público-privada para la I+D+i.

Esta es una de las grandes novedades de un texto legal que establece una serie de «pasarelas» que permitirán a los investigadores pasar a trabajar de una empresa privada a una pública sin problema, acceder a una sociedad mercantil, o bien pasar a formar parte del cuerpo técnico de una universidad o un Organismo Público de Investigación (OPI).

Eduardo Ibarra Colado: Calderón, entre tirios y troyanos, les quita a los pobres para darle a los ricos

Eduardo Ibarra Colado: Calderón, entre tirios y troyanos, les quita a los pobres para darle a los ricos

 

No cabe duda, Calderón sorprendió a tirios y troyanos. Hace casi dos semanas, el 14 de febrero, el Presidente anunció la firma de un decreto por el cual será posible, por primera vez en México, deducir el pago de colegiaturas de escuelas privadas del nivel preescolar al medio superior. Aunque sabemos que se trata de una vieja aspiración de la Unión Nacional de Padres de Familia y de los grupos empresariales, el decreto de Calderón, a la usanza de una especie de Robin Hood invertido, fue sorpresivo porque no había formado parte de la agenda educativa del actual gobierno. No existe alusión alguna en el documento de campaña dedicado a plantear la transformación educativa ni en las 100 acciones para los primeros 100 días de Gobierno. Tampoco encontramos indicios en los planes sectoriales, los informes de gobierno o los discursos y declaraciones del titular del ejecutivo a lo largo de los primeros 50 meses del régimen. Fue un golpe inesperado que hizo titubear a más de uno a unas horas del anuncio.

El Decreto para reglar la enseñanza de doctorados, a Consejo de Ministros

El Decreto para reglar la enseñanza de doctorados, a Consejo de Ministros

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha anunciado que el Consejo de Ministros conocerá y abordará este viernes el proyecto de un Real Decreto para reglar las enseñanzas oficiales de doctorado y que promoverá "un nuevo modelo de formación doctoral".

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha anunciado que el Consejo de Ministros conocerá y abordará este viernes el proyecto de un Real Decreto para reglar las enseñanzas oficiales de doctorado y que promoverá "un nuevo modelo de formación doctoral".

En este sentido, Gabilondo ha subrayado, durante el acto de investidura de Hans Küng como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que este nuevo modelo se establece "en base a un concepto de universidad más integrador, de colaboración con otros organismos e instituciones aplicadas en la I+D+I tanto nacional como internacional", en la que las escuelas de doctorado, cuya creación, según ha explicado, se prevé en la norma, "están llamadas a jugar un papel esencial".

Además, ha señalado que, a pesar de que el doctorado constituye la "plenitud académica", sigue siendo necesaria una "definición clara del estándar de competencias en el marco europeo" de un doctor. Así, ha destacado que hay que definir "qué competencias debe adquirir, qué condiciones de acceso, cómo hay que desarrollar la carrera investigadora en su etapa inicial, cómo supervisar la formación investigadora, cómo internacionalizar, o cómo evaluar la calidad como referencia".

No obstante, ha recordado que, "si no hay plena implicación" por parte de las comunidades educativas, de los profesores, del entorno, "pueden cambiar todas las leyes del mundo, que no cambiará la realidad".

Concretamente, en cuanto a los estudios de doctorado, sobre los que, según ha indicado, hay tantas "caricaturas" y "prejuicios", ha referido algunos datos como que en el curso pasado se leyeron más de 8.000 tesis --el 94.2 por ciento de ellas, en universidades públicas--.

Asimismo, ha manifestado que el 55,5 por ciento de doctores son varones, aunque ha puntualizado que en el curso 2009-2010, el 48 por ciento de las tesis leídas eran de mujeres. Sobre la edad media a la que los españoles se doctoran, ha apuntado que es de 35 años para los varones y de 33 para las mujeres.

Finalmente, ha señalado que uno de cada tres doctores ha hecho sus estudios sobre ciencias naturales, que el 34 por ciento del total se ha doctorado a través de becas, que cuatro de cada diez trabajaron durante la realización de su tesis y que el 96 por ciento de los doctores estaba empleado en 2009.

La Información, 28/01/11

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El Gobierno aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

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Constituía una aspiración de los colectivos de estudiantes desde hace décadas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que garantiza la participación del alumnado en la política y la gestión de las universidades.

El Estatuto del Estudiante Universitario establece mecanismos para aumentar la implicación y participación de los estudiantes en la vida universitaria y en el diseño de sus políticas estratégicas. Representa avances de gran relevancia, entre los que se pueden mencionar:

  • Progresa en la declaración de los derechos y deberes de los estudiantes.
  • Define la orientación al estudiante y la configuración de sistemas tutoriales desarrollados por el profesorado y el personal especializado.
  • Describe la Atención al Universitario como clave para la formación integral del estudiante.
  • Describe la programación docente del estudiante de enseñanzas que conducen a la obtención de un título oficial, definiendo la naturaleza de las prácticas externas y regulando el derecho a una evaluación objetiva, así como a la comunicación y revisión de las calificaciones.
  • Regula la representación estudiantil dentro de las universidades, así como su participación en organizaciones nacionales e internacionales.
  • Presta atención al fomento de la convivencia y la corresponsabilidad en la universidad. Contempla la creación de comisiones de corresponsabilidad universitaria formadas por estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, y describe la colaboración del estudiante con el Defensor Universitario, que podrá asumir tareas de mediación y conciliación.
  • Incluye la actividad física y deportiva y la formación en valores como componentes de la formación integral que las universidades deben proporcionar a los estudiantes.

Castilla y León: Alternativa Universitaria critica la pérdida de derechos del Estatuto del Estudiante presentado por el MEC

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Desde de asociación señalan también el sesgo mercantilizador del documento y su intento de institucionalizar el movimiento estudiantil

El pasado sábado 23 de octubre, en el marco del III Encuentro de Estudiantes de Castilla y León, que se celebró en Ávila, tuvo lugar una presentación del Estatuto del Estudiante Universitario, propuesto desde el MEC, por parte de una de sus responsables, Mercedes Chacón, directora General de Formación y Orientación Universitaria del MEC y futura secretaria del Consejo del Estudiante Universitario. Alternativa Universitaria, que acudió al encuentro en nombre del Colectivo Alternativo Universitario de Castilla y León (CAUCAL), y que participa en la recientemente constituida como asociación estatal Estudiantes en Movimiento, le hizo llegar a Cabrera las quejas que por parte del movimiento estudiantil se tienen sobre el borrador de este Estatuto.

Estas quejas, según Estudiantes en Movimiento, se basan tanto en el contenido general del mismo, en el que no sólo se dejan de lado ciertos derechos esenciales que deberían recogerse (algunos incluso han ido perdiéndose tras las progresivas redacciones del borrador), sino que se recogen deberes en contra de la libertad de los estudiantes, se establecen medidas que institucionalizarán el movimiento estudiantil, y se impone un Consejo del Estudiantes antidemocrático, controlado por el MEC (preside el consejo y será fuerza mayoritaria en su Comisión Permanente) y que iguala en representación a Universidades Públicas y Privadas.

La asociación critica también el sesgo mercantilizador que caracteriza tanto la redacción del Estatuto del Estudiante como la intervención de la Sra. Chacón, así como la opinión de otras asociaciones estudiantiles presentes, para quienes la educación no es un derecho social, sino una "responsabilidad social" hacia el mundo empresarial al que debe surtir de egresados e investigación a la carta, desde el punto de vista de una eficiencia económica que, afirman, "no se puede entender en un sistema público sin menoscabar el derecho a la educación, y menos cuando la financiación pública de la Universidad es especialmente insuficiente comparada con la media europea".

Critican también que desde las Instituciones se pretenda, ahora, incentivar el fomento de la participación de los estudiantes, que definen como el centro de atención de la Universidad. Nos sorprende que sea ahora, cuando el Plan Bolonia se ha implantado por completo, cuando desde la Administración se pida esta participación, cuando hace dos años, desde la misma Administración, se ha ninguneado e incluso ridiculizado la opinión estudiantil contraria a la imposición de este Plan.

Estudiantes en Movimiento es un punto de encuentro de estudiantes por la Universidad Pública formado por más de 15 asociaciones progresistas de todo el Estado que se creó en 2004 a raíz del Foro Social Mundial de Málaga y se ha constituido recientemente como asociación estatal. El fin de semana del 21 al 23 de octubre celebrará en la ciudad de Valladolid su XIV Encuentro, en el que se tratarán asuntos como el Estatuto del Estudiante, la Estrategia Universidad 2015 y la propuesta de Gobernanza hecha desde la Fundación CyD.

Tercera Información, 30/10/10

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