Carlos Taibo:
Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas
El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza
pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular.
Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e
imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir
a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en
términos de esfuerzos y de tiempo.
Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho
tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos
grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han
encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo
porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la
recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes
bien, la construcción de un futuro muy diferente.
En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que
marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de
Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya
mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado
en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha
verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El
efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha
traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades.
Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se
esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su
aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la
intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del
capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la
inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan.
Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos
Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva
implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena
entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que
correspondería incluso la designación de los máximos responsables
universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia
universidades, de nuevo, privadas.
El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como
es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada
--pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la
segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda
legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las
principales secuelas de los recortes aprobados.
(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que
afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros
se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la
UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de
la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y
el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las
Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de
un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la
elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un
grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso
pasado, en éste reclamará 4.300.
Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de
los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de
Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las
Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay
posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60
créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90
o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas
de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros
que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han
convertido nada menos que en 10.000.
Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso:
cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir
obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario
que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable
al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y
del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves
efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de
oportunidades.
(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones
masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios,
en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este
orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los
profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados
por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en
este terreno.
(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los
salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con
frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.
(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general
expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.
Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas
básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el
principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos
de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’
de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los
negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por
encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas
las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos
democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los
responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una
vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo
señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente
en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas
por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con
toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de
cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el
de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la
mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que
nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.
Nuevo Desorden, 13/09/12
