Economía

Políticas económicas e financeiras

CCOO: El PDI no permanente puede irse a la calle si se aplica el RDL de medidas urgentes de corrección del déficit público

CCOO: El PDI no permanente puede irse a la calle si se aplica el RDL de medidas urgentes de corrección del déficit público

Las universidades públicas, en una situación sin comparación con otros sectores, están viviendo un ataque sin precedentes por parte de las diferentes administraciones.

El RDL 20/2011, de medidas de corrección del déficit público, no tiene en cuenta la casuística de contratación de las universidades públicas, obligada por la LOU. La aplicación de ambas regulaciones comporta la imposibilidad de concursos para la promoción o estabilización de todo el PDI contratado. Esto supone que el PDI laboral no permanente, cuyos contratos tienen duración limitada (ayudantes, profesores ayudantes doctores, e investigadores y tecnólogos contratados como Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y similares) estarían en la calle cuando se les acabe sus actuales contratos.

De eliminarse los procesos de consolidación del PDI laboral no permanente, se tirará a la basura toda la inversión que se ha realizado en su formación, y se comprometería seriamente el relevo generacional en la Universidad, por no hablar de que dejará sin trabajo a muchos compañeros y compañeras que se han dedicado en exclusividad a la docencia e investigación.

Asimismo, otra medida del RDL como es la imposibilidad de hacer nuevos contratos temporales hace que no se puedan garantizar algunos servicios y/o sustituciones por diferentes causas, pudiendo llegar a afectar a los que requieren una renovación.

Recordemos que el RDL 20/2011, que entró en vigor el pasado 1 de enero, establece que toda la Administración Pública tendrá una tasa de reposición del 0%, excepto los funcionarios docentes no universitarios, las plazas de hospitales y centros del sistema de salud, fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán una tasa del 10%. Las universidades públicas no están incluidas en esta lista, por tanto no son un servicio público prioritario para este gobierno.

Debemos denunciar también que muchas CCAA no están ejecutando los pagos de las transferencias comprometidas y aprobadas en sus Consejos Sociales. Este hecho está llevando a las universidades a una situación de asfixia financiera, que pone en peligro el pago a los proveedores y las nóminas de los trabajadores.

También es de extrema gravedad lo ocurrido este fin de semana, con la intervención de facto de la Universitat Autónoma de Barcelona (pincha aquí). Un ataque frontal a un derecho constitucional como es la autonomía universitaria. Este hecho puede llevar al convencimiento de que todo vale. La comunidad universitaria debe oponerse frontalmente a esta intervención.

Todas estas acciones, realizadas desde gobiernos centrales y autonómicos, comprometen seriamente el futuro de la Universidad pública.

El Gobierno central ha decidido dejar a las universidades en las peores condiciones del área pública, dejando claro que no ocupan un lugar destacado entre sus prioridades, por lo que desde CCOO, exigimos al Ministerio que aclare la aplicación del decreto en todos y cada uno de sus puntos, y tenga en consideración las peculiaridades especiales del personal de las Universidades públicas.

Toda la comunidad universitaria debe reaccionar, y CCOO hace un llamamiento a los rectores para que sean inflexibles ante los recortes indiscriminados de las administraciones, e insta a las CCAA y al Ministerio a hacer un ejercicio de corresponsabilidad, para hacer frente a la situación creada por la publicación de dicho decreto.

La situación creada dificulta seriamente el mantenimiento del servicio que proporciona la universidad pública y pone en peligro miles de puestos de trabajo, por lo que sólo cabe llamar a la movilización. Participa activamente en todas las acciones que vayan apareciendo para reivindicar tus derechos y tu puesto de trabajo.

La situación creada pone en peligro el mantenimiento del servicio que proporciona la universidad pública y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, por lo que sólo cabe llamar a la movilización. Participa activamente en todas las acciones que vayan apareciendo para reivindicar tus derechos y tu puesto de trabajo.

Ángeles Diez: Si nuestro rector es sólo un gestor ¿para qué queremos rector?

Ángeles Diez: Si nuestro rector es sólo un gestor ¿para qué queremos rector?
La Universidad Complutense de Madrid se organizan por la defensa de la Universidad Pública

En este país lo público está en peligro, o lo que es lo mismo, está en peligro lo que es de todos: nuestros derechos. Nuestro derecho a la salud, a la educación, a la atención de nuestros mayores… El único derecho que parecen estar dispuestos a salvaguardar nuestros gobiernos es el derecho de los bancos a seguir expoliando al sector público.

La universidad pública ha sido uno de esos campos que durante años viene sufriendo el acoso, la injerencia de las empresas, la infiltración de los bancos, la paulatina externalización de los servicios, la precarización de los trabajadores, la transferencia de recursos al sector privado, el aumento de las matrículas. Ahora parece haber llegado el momento de hacerla quebrar definitivamente. La excusa es perfecta, la crisis. El malo de la película, el déficit. La víctima propiciatoria, los empleados públicos (esos trabajadores a los que se les acusa de defender privilegios cuando defienden sus derechos laborales)

La universidad pública se ha convertido en uno de esos bocados apetitosos para el sector privado que, en momentos de crisis, busca desesperadamente ámbitos de negocio seguro. De ahí que, por ejemplo, el Plan diseñado por las universidades con el nombre Estrategia 2015, diseñe un horizonte en el que las Universidades públicas estarán gobernadas por gestores, no por académicos, y organizadas según un modelo empresarial. Desde la implantación de los nuevos grados ese Plan ha echado a andar. En cierto sentido, las resistencias de la gente para impedir que la educación sea un negocio son menores que en el campo de la salud; y todavía son menores las resistencias cuando se trata de una enseñanza no obligatoria como es la universitaria. El plan está en marcha hace tiempo pero parece que ha llegado el momento de su implantación definitiva.

Sin embargo, en estos momentos, la principal amenaza de la universidad pública no están siendo los bancos, ni las empresas, ni siquiera las Comunidades Autónomas. En estos momentos el mayor peligro son sus órganos de gobierno, rectores y Consejos de gobierno, que están dispuestos a ser buenos chicos ante sus jefes: las Comunidades autónomas que controlan sus presupuestos. Los rectores dicen que “la ley es la ley”, y se esconden en esta consigna para imponer un verdadero plan de ajustes, una reconversión universitaria en toda regla que acabará con la universidad pública tal y como la conocemos ahora. La universidad pública tiene sus problemas pero hasta ahora había sido capaz de garantizar el derecho a una educación superior de calidad a los alumnos de cualquier extracción social.

El artículo 27 punto 10 de la Constitución española reconoce la autonomía de las universidades, sin embargo, en estos momentos, son los propios rectores quienes hacen dejación de su responsabilidad de gobernar y prefieren ser meros gestores que aplican, o mejor, implantan los recortes. En las universidades de la Comunidad de Madrid, en vez de plantar cara y defender los derechos de la Comunidad universitaria buscan la vía para que nos traguemos la Ley 6/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas de la comunidad de Madrid y el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

En esta coyuntura, los sindicatos mayoritarios con implantación universitaria no parecen tener prisa por detener el derribo. Se muestran timoratos, cautos, faltos de iniciativa, incluso sorprendidos de que los gobiernos universitarios no se presten a negociación alguna. Pero los trabajadores universitarios hemos empezado a organizarnos autónomamente. No sé hasta qué punto la influencia de lo que vivimos desde el 15 de Mayo tiene que ver con esta iniciativa. Sí sé que ese espíritu de lucha, ese “no nos representan” o ese “lo llaman democracia y no lo es”, estuvo en nuestras cabezas cuando el 17 de noviembre decidimos convocarnos para hablar de lo que nos estaba pasando en la UCM. Ese día creamos la Plataforma de trabajadorxs de la UCM (Personal docente e Investigador, y personal administrativo y de servicios), es un espacio horizontal, asambleario, en el que nos organizamos según las propuestas que van surgiendo. Nos mueve la idea de que no se puede esperar más tiempo sin implicarnos en la defensa de lo que es nuestro, que no podemos seguir esperando a que sean las organizaciones tradicionales las que nos convoquen. Sabemos que defender nuestras condiciones laborales forma parte de la defensa de la universidad pública, de todxs y para todxs y que está en nuestras manos resistir.

Una de las iniciativas de esta Plataforma de Trabajadorxs de la UCM ha sido recoger firmas para avalar la presentación de una petición al Sr. Carrillo, rector de esta universidad, para que comparezca públicamente explicando a toda la comunidad universitaria en qué consiste el Plan de eficiencia que trata de implantar, para que escuche lo que los trabajadores de la universidad tienen que decirle, para que de cuenta de por qué no está cumpliendo con su programa electoral en el que afirmaba que “la comunidad universitaria era el centro de su proyecto y que contaría con ella para desarrollarlo y llevarlo acabo”. Las firmas se entregaron el día 7 a las 14 hs. en el Registro General, en un acto público que incluyó una asamblea en el vestíbulo del Rectorado. Los compañeros explicaban en la asamblea que si nuestro rector es un mero gestor ¿para qué queremos un rector? Que si no existe autonomía universitaria y lo único a que podemos aspirar es a que se nos aplique una ley de rango inferior ¿para qué elegimos a nuestros gobierno universitario? Después nos dimos cita en la manifestación contra los recortes y por la defensa de lo público que tuvo lugar por la tarde.

Los trabajadores de la UCM continuaremos promoviendo asambleas en todos los centros, animando a los compañeros a discutir, hacer propuestas y secundar movilizaciones que nos permitan recuperar la Autonomía universitaria e impedir la liquidación de nuestros derechos. En estos momentos ya hay Asambleas en los dos Campus de la Complutense, se cuenta con un blog informativo: trabajadoresucm.wordpress.com , se elabora un estudio del Plan de Eficiencia y sus consecuencias, y se está construyendo una red que nos vincule a otras universidades y a la red verde que defiende la educación pública no universitaria.

Rebelión, 10/02/12

Vicent Camp Sanchís: ¿Qué estamos haciendo en la universidad pública?

Vicent Camp Sanchís: ¿Qué estamos haciendo en la universidad pública?

A lo largo de las últimas semanas se han ido sucediendo una gran cantidad de noticias sobre las consecuencias de la política de recortes que se está realizando tanto desde el Estado como especialmente por parte de la Generalitat Valenciana. Es de sobra conocida la situación precaria en la que se encuentran gran cantidad de institutos y colegios de la Comunidad Valenciana. Son numerosos los centros que ya no pueden encender la calefacción, o no pueden dar el servicio de comedor, o siquiera hacer fotocopias. Parece que la Universidad está viviendo al margen de todos estos acontecimientos, sin embargo esto no es cierto, puesto que, desde hace años, las universidades valencianas están sufriendo un sistemático incumplimiento del plan de financiación y en la actualidad ni tan solo se cumple con los pagos de las mensualidades. Todo ello redunda, indefectiblemente, en el impago a proveedores, en el recorte de los presupuestos de los centros, departamentos e institutos y la inviabilidad de proyectos de investigación ya aprobados. El resultado es claro: tanto la investigación como la docencia ya están pagando las consecuencias.

Pero tan preocupante es la situación económica de la universidad como el desprestigio y crítica que está sufriendo como institución. A pesar de haber sido siempre un referente de la sociedad en materia de educación, conocimiento y progreso, la crisis nos ha demostrado que ya no somos referentes de nada: ni social ni políticamente. Nuestros gobernantes han reducido sin miramientos no solo nuestro poder adquisitivo, sino nuestro papel en la sociedad.

¿Y cómo está reaccionando la universidad? La respuesta no deja de ser triste y preocupante. No está existiendo el debate ni la autocrítica públicas en los órganos y foros naturales de discusión de la universidad: el consejo social, el consejo de gobierno, el claustro y gran parte de los consejos de departamentos y las juntas de facultad. Las pocas voces críticas que se han alzado exigiendo una mayor defensa de nuestra institución, han sido acalladas o ninguneadas. Resulta del todo incomprensible que nuestros representantes institucionales no se planten ante el ataque tan grave que está sufriendo la universidad, pero peor es que ni siquiera nosotros mismos seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad en todo lo que está aconteciendo.

Ante esta situación, podemos tomar dos actitudes: adoptar una posición pasiva a la espera de que los acontecimientos sigan su curso, o empezar a movilizarnos y defender la enseñanza pública y, por ende, nuestra universidad. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los momentos más críticos a los que nos podemos enfrentar como trabajadores y profesionales de la enseñanza y la investigación, y de nosotros depende que la universidad cumpla con su finalidad principal, que no es más que dar un servicio a la sociedad. ¿O es que alguien se piensa que se puede salir de esta crisis sin la participación activa y determinante de la universidad? Empecemos de una vez por todas a luchar por la dignidad y valía de nuestra universidad. Protestemos, opinemos, critiquemos en los foros y órganos que la universidad pone a nuestra disposición y traslademos nuestro sentir y conocimiento a la sociedad. Exijamos mucho más a nuestros representantes académicos; su opinión tiene que ser nuestra opinión. Participemos más en las movilizaciones que se convocan, seamos mucho más solidarios con nuestros compañeros del resto de niveles educativos. En definitiva: acabemos con la apatía y el conformismo, que es el peor enemigo de una sociedad intelectualmente avanzada y comprometida con los valores democráticos.

Tenemos los medios y estamos capacitados, no defraudemos a quienes confían en nosotros, no nos defraudemos a nosotros mismos. De lo contrario, nuestra universidad puede entrar en un declive y desprestigio de los cuales costará mucho recuperarse.

Información, 09/02/12

El conflicto en las universidades madrileñas: El PDI y el PAS de la Universidades Públicas DISCRIMINADO

El conflicto en las universidades madrileñas: El PDI y el PAS de la Universidades Públicas DISCRIMINADO

Como en todas las Universidades Públicas de España, entre las crisis y el déficit acumulado, nuestros compañeros de Madrid han ido constatando como, en los últimos años, sus condiciones laborales se han ido deteriorando (reducciones salariales, congelación de las plantillas, restricción de la contratación temporal, recortes en investigación…). En las últimas semanas la situación se ha agravado cuando los Rectores, de manera completamente unilateral, han decidido aplicar la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid pretende regular cuestiones que afectan a los trabajadores y que son competencia de las Universidades, las cuales, a través de sus responsables, parecen haber claudicado frente a la Administración madrileña, a pesar de que en el articulado de sus Estatutos se establece que corresponde a cada una de ellas determinar condiciones laborales, como régimen de dedicación y jornada.

Las medidas concretas que pretenden aplicar son:

  1. Incremento de la jornada laboral, estableciendo una jornada semanal mínima de 37,5 horas.
  2. Reducción de los permisos de libre disposición (moscosos) de los actuales diez días a seis, aumentándose éstos según la antigüedad en los términos establecidos en el EBEP (dos más a partir del 6º trienio, y uno más por cada trienio a partir del 8º).
  3. Reducción de las vacaciones de Semana Santa y Navidad, de forma que entre las dos fiestas no se superen 6 días hábiles.
  4. Aplicar el Régimen General de la Seguridad Social en las bajas por enfermedad y accidente no laboral. Esto se traduce en que los colectivos afectados (PAS, PDI laboral y parte del PDI funcionario), en caso de incapacidad transitoria, pasarán a percibir aproximadamente un 50% menos de salario.

En todas las Mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos se ha invitado a la Administración de la Comunidad de Madrid a estar presente y a formar parte de ellas, pero nunca ha querido acudir. Su postura ha sido siempre entregar anualmente la nominativa a los Rectores, quienes han negociado directamente las condiciones laborales con los órganos de representación.

UGT ha reclamado en numerosas ocasiones, hasta por la vía judicial, la inclusión de la Universidad en la Mesa General de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid (creada en 2008), dado que la Mesa de Universidad no ha sido convocada desde los tiempos de Ruiz Gallardón como presidente de dicha comunidad.

Los trabajadores de las Universidades madrileñas solicitan la no aplicación de las "medidas de la Ley de Acompañamiento", pues a su juicio, contravienen la LOU. Exigen que se reúnan las Mesas de Negociación para pedir a los Rectores que no las apliquen. A juicio de UGT, los responsables académicos no han hecho valer su condición de representantes de las Universidades ante un Gobierno Regional, que se caracteriza por someter a las mismas a un recorte económico constante que está haciendo peligrar su viabilidad.

Los compañeros de Madrid, junto con el resto de los sindicatos mayoritarios, han elaborado un calendario de movilizaciones para protestar por estas nuevas medidas (concentraciones, encierros en los Rectorados…). De momento, y gracias al éxito de las mismas, a pesar del escaso impacto que le está dando la prensa, se ha conseguido un aplazamiento hasta la próxima reunión con los Rectores.

El conflicto de las Universidades madrileñas es un claro ejemplo de discriminación y un ataque frontal a los derechos de los trabajadores, orquestado desde el Gobierno Autonómico, que en ocasiones incluso se adelanta al Gobierno Central y que por otra parte, es unánimemente aceptado por los equipos de gobierno de las Universidades madrileñas.

Es discriminación porque los universitarios no estamos en las Mesas de Negociación Autonómicas de los Empleados Públicos, donde sí están otros colectivos como los sanitarios, los docentes (los de la no universitaria), el PAS de los colegios públicos, los bomberos… Es decir, están todos los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma menos los de la Universidad.

Por esta razón, en los tiempos de bonanza nos hemos quedado sin las mejoras que otros Empleados Públicos conseguían y así hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Sólo hace falta consultar cualquier BOE de la época para constatar que nuestros salarios quedaban estancados mientras otros se actualizaban.

Se nos ha negado el derecho a la negociación en las mismas condiciones que el resto de trabajadores de la Administración con argumentos basados en la "autonomía universitaria". Sin embargo, nosotros tenemos claro que no trabajamos en el Banco de Santander, sino que somos Empleados Públicos (funcionarios o laborales) y que trabajamos en una Universidad Pública, igual que un Colegio Público o un Hospital Público.

Curiosamente, cuando se trata de "repartir los recortes" ya se nos reconoce como Empleados Públicos y los Rectores de nuestras Universidades son los primeros a la hora de intentar saltarse los Acuerdos alcanzados en las Mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos, en el caso de que existan, porque en las universidades es una práctica generalizada, que nos diferencia del resto de empleados públicos, el "no negociar" con los representantes legítimos de los trabajadores… y así nos va.

Finalmente, no podemos dejar de señalar el "despiste" del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en su comparecencia en la Comisión de Educación hace unos días. En ella explica que se va a constituir un Consejo de Expertos de Alto Nivel, que trabajará con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Este Consejo será el que proponga líneas de actuación para temas como la "implementación de sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora e incentivar con complementos…".

El Ministro se ha "olvidado" de que el Estatuto Básico de Empleado Público dice que la evaluación del desempeño es materia de negociación colectiva y el marco de negociación es la Mesa Sectorial de Universidades. Esta mesa existe, ha estado funcionando y además la representación sindical (FETE-UGT, CCOO, CSIF y CIG) hemos solicitado a través de un escrito conjunto que se reúna con carácter de urgencia. En consecuencia, esperamos que se trate verdaderamente de un "olvido", porque no se ajusta a la legalidad vigente negociar nuestras condiciones laborales con "todos menos con nosotros".

FETE-UGT, 06/02/12

Juan Torres López: La penetración bancaria de la universidad: el neo-colonialismo del Grupo Santander

Juan Torres López: La penetración bancaria de la universidad: el neo-colonialismo del Grupo Santander

La penetración bancaria de la universidad: el neo-colonialismo del Grupo Santander

El profesor Jorge Dávila, investigador de la Universidad Los Andes (Venezuela), publicó en el número 32 (octubre-diciembre, 2005/vol.10, pp 695-709) de la Revista Venezolana de Gerencia un interesante artículo titulado La penetración bancaria de la universidad: el neo-colonialismo del Grupo Santander. Creo que interesará sobre todo a los universitarios españoles que lo primero que encuentran cada día cuando entran en sus centros es una sucursal bancaria. Puede leerse pinchando aquí.

Ganas de escribir, 02/02/12

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La universidad catalana pasa de la excelencia al borde de la quiebra

La universidad catalana pasa de la excelencia al borde de la quiebra
La Autónoma de Barcelona podría dejar de pagar las nóminas en febrero si la Generalitat no abona lo que debe, según confirman fuentes del sector

La tesorería de las universidades catalanas ha llegado a una situación límite que, de mantenerse durante muchos meses, puede poner en riesgo la calidad de la prestación del servicio público de educación superior en esta Comunidad. Tras años trampeando el efecto de los retrasos en los pagos del Govern, los rectores, muchos con sus cuentas en números rojos, se han visto obligados ahora a amputar drásticamente sus presupuestos por la falta de liquidez de la Generalitat: el año pasado les pagó 144 millones menos y este año dejará de ingresarles 14.

Esta delicada situación financiera da poco margen a los responsables académicos, que llevan meses congelando inversiones, buscando fórmulas alternativas de financiación (al margen del dinero de las matrículas) y rebajando costes mediante despidos o subidas en las cuotas. La mayoría de las universidades tienen claro que si dentro de unos meses la administración autónomica no les abona la partida que aún les adeuda de 2011 (previsiblemente será en marzo o abril), «no resistirán» el año. Según precisaron a ABC fuentes académicas, algunos centros como la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o la Politécnica de Cataluña (UPC) «podrían dejar de pagar nóminas a partir de febrero si no les llega ninguna de las ayudas pendientes de la Generalitat». En la Autónoma, una de las mejor posicionadas en los ranking mundiales (entre las 200 primeras según el QS World Universities Ranking 2011-2012), la situación es complicada, hasta el punto de que el Consejo Social del centro ha solicitado una intervención externa a la Generalitat para que ejecute las cuentas de 2012. El centro atraviesa, además, una crisis interna que ha obligado a la rectora, Anna Ripoll, cuestionada por algunos sectores internos de la universidad por la gestión de los recortes, a adelantar las elecciones.

Veinte millones de déficit

La UAB, a la que la Generalitat debe 50 millones de euros, sufrió un recorte de 34 millones el año pasado, de los que solo asumió diez. Por este motivo, cerrará el ejercicio de 2011 con 20 millones de déficit, según precisaron ayer a ABC fuentes del centro. Las mismas fuentes atribuyeron la difícil situación financiera, que les ha llevado a contratar pólizas de crédito, al «desmesurado» recorte presupuestario de la Generalitat en 2011 (de un 16 por ciento). En una situación similar se encuentra la UPC. Con un déficit acumulado que podría rondar los cien millones de euros, el centro dejó de ingresar del Govern 38 millones en 2011 y prevé cerrar ese ejercicio con un déficit de otros veinte. Al igual que en la UAB, esta universidad ha ejecutado y seguirá ejecutando este año recortes en personal.

Las universidades de Barcelona (UB) y Pompeu Fabra (UPF) resisten mejor el envite de la crisis. La última cerró 2011 con equilibrio presupuestario y ha aprobado unas cuentas de 122 millones para 2012. No obstante, el gobierno autonómico le adeuda 17 millones y admite que «de no recibir la partida este año la situación será realmente complicada». La Universidad de Barcelona (UB), por su parte, se ha propuesto cerrar 2012 con equilibrio presupuestario, dijo a este diario el vicerrector de Economía del centro, Gonzalo Bernardos. La Generalitat le adeuda 42 millones en concepto de nóminas, retribucciones a personal de investigación, financiación por objetivos y prima de estabilidad presupuestaria. La UB, otra de las de referencia en los ranking internacionales, admite, no obstante que si la Generalitat no cumple con sus compromisos, «aguantar será difícil». «Si hay tesorería las nóminas no peligran», afirma Bernardos.

La amenaza de la intervención

La Generalitat prevé adjuntar en su Ley de Acompañamiento de los Presupuestos una medida que contempla que una figura externa a las universidades —un comisionado— pueda controlar la ejecución de los presupuestos en aquellos centros que lo necesiten. Tal como avanzó «La Vanguardia», el Consejo Social de la UAB ha solicitado ya acogerse a esta medida, aunque el equipo gestor la rechaza. Según ha podido saber ABC, está previsto que la intervención sea voluntaria, excepto en casos extremos en los que lo dicte el Govern. Las universidades están a la espera de conocer los detalles de la medida para valorarla en un comunicado.

ABC, 31/01/12

Los efectos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre en las Universidades Públicas

Los efectos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre en las Universidades Públicas

Ante la confusión reinante por la aplicación indiscriminada de todo tipo de recortes en las universidades y las numerosas consultas que estamos recibiendo, hemos solicitado informe jurídico sobre "los efectos que sobre las Universidades Públicas españolas pueden tener diversos artículos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público", y más concretamente sobre posibles aportaciones a planes de pensiones, compensaciones por jubilación anticipada, convocatoria de plazas de profesorado y tasa de reposición.

En respuesta, nuestros letrados formulan las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- El art. 2 del RD-L 20/11, en su apartado uno incluye como sector afectado por la norma a las Universidades, tanto de competencia del Estado como de las Autonomías.

SEGUNDA.- El art. 2 en su apartado tres impide, durante el ejercicio 2012, realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o a contratos o seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

TERCERA.- El art. 3 en su apartado uno impide la contratación de nuevo personal salvo el incurso en ejecución de procedimientos selectivos de ejercicios anteriores. Igualmente tiene la naturaleza de norma de carácter básico del Estado, (art. 149. 1. 13ª CE).

Excluye igualmente la consolidación de personal interino o temporal que se encuentre desempeñando su puesto con anterioridad a 1 de enero de 2005 (Dº. Tª. 4ª del EBEP).

En su apartado dos permite la contratación de personal temporal en casos de necesidades urgentes e inaplazables.

CUARTA.- Igualmente el art. 3, apartado cinco de la norma citada, las limitaciones establecidas sobre la oferta de empleo en las administraciones no afecta, (apartado 3. cinco A) en el ámbito docente a las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, fijando una tasa de reposición del 10%.

En consecuencia, y según lo expuesto, nuestros letrados interpretan:

  1. El RD-L 20/2011, impide que las Universidades públicas hagan aportaciones a planes de pensiones durante el ejercicio de 2012.
  2. No impide la compensación económica por jubilación anticipada, salvo que suponga incremento de gastos de personal en relación a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, art. 2. dos del RD-L.
  3. No podrán convocar plazas docentes de personal fijo. Únicamente cabe la contratación de personal temporal para los casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, (art. 3. dos).
  4. La tasa de reposición del 10% se refiere a la enseñanza en los niveles previos a la Universidad.

Evidentemente, la aplicación literal de lo anterior, particularmente en lo relativo a la convocatoria de plazas docentes de personal fijo, nos puede conducir a una situación dramática, porque supone "congelar" las promociones, cuestión especialmente delicada en los casos de PDI cuyos contratos finalizan este año.

Nos consta que algunas universidades son conscientes del tema y están informando, mientras que otras no.

En FETE-UGT pensamos que es importante que el personal al que le puedan afectar estas medidas esté informado convenientemente y por supuesto, deben buscarse soluciones urgentes. Por ello consideramos que la mesa sectorial de universidades debe ser convocada con carácter de urgencia. No podemos esperar a que se planteen los primeros despidos.

Seguiremos informando.

FETE-UGT, 10/01/12

Madrid: Los sindicatos universitarios se movilizan contra los recortes

Madrid: Los sindicatos universitarios se movilizan contra los recortes
Comisiones Obreras, UGT y CSI-F preparan concentraciones y asambleas en las seis universidades públicas madrileñas
Los rectores dicen que están aplicando la ley

El calendario de movilizaciones que han dibujado los sindicatos mayoritarios en el sector de Universidad empieza este martes con una asamblea de delegados en las seis universidades públicas madrileñas. Comisiones Obreras, UGT y CSI-F preparan también concentraciones el miércoles en la Universidad Rey Juan Carlos y el viernes en la Carlos III y para la próxima semana una nueva concentración de nuevo en la Carlos III. Y es que es precisamente esa Universidad, su rector, Daniel Peña, quien ostenta la presidencia de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA).

Los sindicatos critican que se les estén aplicando las medidas laborales que incluye la Ley Escoba de los Presupuestos del Gobierno regional cuando, dicen, la Universidad tiene su propia independencia. Incluso, dicen, que los rectores van más allá y quieren aplicar para algunos casos jornadas de 40 horas semanales o nueve horas diarias.

Desde la CRUMA, su presidente, Daniel Peña, explica la posición de los rectores. "Nuestra obligación es cumplir la Ley. Tanto el decreto que hizo el Gobierno, como la concreción que hizo la Comunidad de Madrid, incluye de manera expresa a las universidades públicas, con independencia de la opinión de cada uno de nosotros. Pero de lo que no hay ninguna duda es que desde el punto de vista jurídico esta norma es de obligado cumplimiento y, por lo tanto, tenemos que cumplirla, no tenemos otra posibilidad".

En lo que sí dicen estar dispuestos a negociar los rectores, es en ese aumento de la jornada laboral semanal hasta las 40 horas para algunos casos. Explican que son casos en los que se venía cobrando un plus por ampliar la jornada de 35 a 37,5 horas y que, ahora, como la jornada será para todos de 37,5 horas se podrá negociar quienes quieran voluntariamente ampliar hasta las 40 horas semanales.

En cuanto a la baja de los trabajadores públicos y su sueldo. Los rectores dicen que están a la espera de que la Consejería de Presidencia concrete cómo se va a articular. Un asunto, que según reconoce Peña, es el punto más "conflictivo y delicado" y en el que tendrán que hacer lo que se decida por ley.

350 millones de deuda

El rector de la Universidad Carlos III y presidente de la CRUMA, Daniel Peña, dice que la deuda de la Comunidad de Madrid con las seis universidades públicas de Madrid asciende a unos 350 millones de euros. Reconoce que, con la crisis, este no es el mejor momento para reclamar ese dinero "todos entendemos que no es el momento de hacer reclamaciones que no se van a poder satisfacer", pero que sí se está intentando negociar otra alternativa. "Lo que nos gustaría, y es en lo que estamos tratando de trabajar conjuntamente con la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid, es intentar que esta deuda quedara totalmente recogida por escrito y que, en el momento en el que haya recursos adicionales, eso vaya de forma prioritaria a las universidades públicas de Madrid que estamos en una situación financiera muy difícil".

Cadena SER, 24/01/12

FETE-UGT: Doctrina de shock?

FETE-UGT: Doctrina de shock?

Podemos encontrar el término "doctrina de shock" en un libro publicado en 2007 por la periodista Canadiense Naomi Klein. En él se describe como, desastres naturales y periodos violentos o de gran incertidumbre y confusión, como guerras o atentados, han sido utilizados por los gobiernos democráticos para hacer una seria de reformas que atentaban contra las libertades y los derechos laborales, aprovechando los momentos en que la sociedad está más impactada.

El término describe a la perfección la situación que estamos viviendo actualmente en las Universidades Públicas Españolas. Nuestros gobernantes universitarios nos bombardean diariamente con mensajes de carácter apocalíptico: "Tenemos un agujero de 100 millones…, …no tenemos liquidez…, …es posible que no tengamos para pagar las nóminas dentro de un par de meses…, …sobra personal…". Y a continuación, de las palabras se pasan a los actos: Despido de asociados, despido de interinos, contratos LRU sin solucionar, bajas y jubilaciones sin sustituir, complementos y pagas extra en la cuerda floja…

Sin apenas darnos cuenta, ya no reaccionamos cuando escuchamos: "¿Qué es eso de la acción social?..., ¿Estatuto del PDI?..., ¡contento tendrías que estar por cobrar una nómina todos los meses!…". No obstante, lo más triste es que, mientras nos dicen esto, en realidad están pensando: "PREPÁRATE QUE ES SÓLO EL COMIENZO…, …CON LA NUEVA GOBERNANZA CAMBIARÁ TODO EL ESCENARIO". Y algunos lo piensan totalmente convencidos de que gozan de inmunidad, cuando en realidad…"cualquier torre puede caer".

Este escenario de miedo e incertidumbre es el ideal para que todos los que necesitamos de nuestro trabajo para vivir, ante la impotencia y el temor creado, asumamos un estado de conformismo absoluto con medidas que, en un pasado nada lejano, nos hubieran tenido a todos en pie de guerra.

Es cierto que las cosas no andan bien, la crisis se está alargando más de lo esperado y hay universidades con verdaderos problemas financieros. Está claro que la Universidad no puede organizarse ahora como en las épocas de bonanza y que nos está tocando a todos hacer sacrificios y arrimar el hombro. Pero lo que no podemos ni debemos olvidar es que como trabajadores, tenemos una serie de derechos. QUE NO SE APROVECHEN DE NUESTROS MIEDOS Y DESCONCIERTO PARA RECORTARNOS, DELIBERADAMENTE, DERECHOS QUE HAN COSTADO MUCHO.

Enrique Javier Díez Gutiérrez: Hacer caja: el lema de nuestra nueva Universidad

Enrique Javier Díez Gutiérrez: Hacer caja: el lema de nuestra nueva Universidad
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León.

Lunes por la mañana. Cuando entro por la puerta de la Facultad para ir a dar clase, tengo que sortear infinidad de mupis publicitarios que han invadido, como las flores en primavera, los espacios públicos de nuestra Universidad. Letreros luminosos que anuncian las excelencias de diversas entidades bancarias, expositores publicitarios de los más diversos productos, se convierten en una suerte de carrera de obstáculos que tengo que salvar para poder llegar a las aulas. Y como yo, todos los estudiantes se ven sometidos a esta sobreestimulación mañanera que les inunda y les indica ya cuáles son los nuevos valores de la nueva Universidad estilo Bolonia.

Lunes por la tarde. Voy a la biblioteca central de la Universidad para recoger un libro. Cuando saco el carnet que me identifica como miembro de la comunidad universitaria, vuelvo a ser consciente, una vez más, que es una tarjeta de una entidad bancaria. Sí, de esas instituciones asociadas a la especulación financiera que nos ha arrastrado a esta crisis, de esas entidades acostumbradas a cerrar el grifo de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y a los particulares en plena crisis, mientras da suculentas indemnizaciones, prejubilaciones y créditos a sus directivos. Por muchas veces que hayamos protestado al rectorado sobre esta situación, exigiendo que tengamos un documento de identificación universitario no ligado a entidades privadas empresariales o bancarias, que pone en duda, y no sólo simbólicamente, nuestra credibilidad científica y nuestra universalidad académica, la única contestación que hemos obtenido es “no hay alternativa”, el mismo mantra que utilizó la baronesa Margaret Thatcher para consolidar el pensamiento neoliberal en los años 80.

Martes por la mañana. En la reunión de departamento tenemos que asignar el profesorado responsable para el nuevo plan docente de cara al curso 2012-2013. Pero nos es imposible porque no sabemos qué profesorado estará el próximo curso. Nuestra Universidad, no como otras, echa al profesorado asociado en junio y contrata nuevo profesorado cada año el primer día que comienzan las clases en septiembre. De esta forma no les paga durante el período de vacaciones, un derecho que la clase trabajadora consiguió hace muchos años mediante luchas laborales y sindicales. De esta forma nuestra Universidad se convierte en adalid de la precarización, el desempleo y las malas prácticas empresariales. Lógicamente quien viene sufriendo las consecuencias de estas malas prácticas son los estudiantes que se encuentran en septiembre con exámenes puestos por otros profesores y profesoras que no han impartido las materias, con profesorado que cuando firma el contrato le asignan las materias que tiene que dar ese día sin ningún tipo de preparación previa, etc.

Martes por la tarde. Nos anuncian en Junta de Facultad que, con Bolonia y los nuevos Grados, quienes hicieron una carrera de las antiguas, si quieren pasar a tener la titulación actual de Grado, tienen que hacer un Curso de Adaptación al Grado. Nos explican que desde la Facultad se propuso hacerlo integrando dicho curso dentro de la docencia habitual, pero que desde el Rectorado lo han impedido. Han decidido encargárselo a una empresa y pagarlo al profesorado como “horas extras”, evitando la creación de nuevo empleo. Eso sí hace caja. Además se vuelve a cobrar el 25% de la matrícula de las asignaturas que el alumnado ya pagó y aprobó en su momento, y que ahora se le “convalidan”. No se le da docencia, sólo se le cobra. Parece que este sí es un “buen negocio”.

Miércoles por la mañana. Llego al edificio del Centro TIC de la Universidad para impartir una clase. Pero no está el conserje y nos encontramos esperando casi cien personas para empezar las clases. Me recuerdan que ya no hay conserje, que el servicio lo privatizó la Universidad y que ahora lo hace “uno de seguridad” de una empresa privada y que lo mismo se ha hecho con buena parte de los servicios de la Universidad. Cuando llega, nos explica que no da abasto a todo, que además le mandan hacer fotocopias, que tiene que hacer otras cosas y que le es imposible duplicarse. Ya hemos perdido más de 20 minutos. Ante las reclamaciones que se hacen al Gerente sobre las condiciones laborales y las consecuencias para la docencia que conlleva la privatización de este servicio, la única contestación es “no hay alternativa”, porque así nos sale más barato. El criterio que rige ahora la Universidad es el económico. Aunque, desde ese criterios, más barato sería reducir el sueldo al Gerente y destinarlo a mejorar los servicios de la Universidad.

Miércoles por la tarde. Un alumno me comenta en tutoría que ha pedido una beca Erasmus, pero que la Universidad le exige para poder optar a ella pagar 35 euros en un examen de inglés. Un examen mediante un sistema informático. Se indigna de que ahora haya que pagar aparte los exámenes. Que ya le han anunciado que con la Estrategia 2015 que ahora llega, van a duplicar las segundas matrículas. Me dice que si ahora la segunda matrícula vale sobre 85 euros, va a pasar a 500 euros y la tercera de 120 a unos 1.000 euros. Me espeta que está trabajando para poder pagarse los estudios, y me pregunta si mi Universidad lo único que sabe hacer es “cobrar por todo, hasta por respirar”. No se me ocurre nada que decirle. Porque pienso que no sólo se está convirtiendo en una empresa que hace caja por todo, sino que paga cada vez más precariamente a su profesorado, privatiza la propia Universidad y cada vez se hipoteca más en manos de financiación privada, que impone sus logotipos y promueve cátedras que responde a los intereses de quienes las patrocinan.

Todavía vamos a mitad de semana y me temo que esto empeore. Me pregunto si no es aplicable a nuestra Universidad lo que Howard Zinn decía: “Nuestro problema es la obediencia. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y nos hemos convertido en gente obediente ante la pobreza y el hambre, ante el espolio y la privatización de nuestros bienes públicos, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen los países. Éste es nuestro problema”. ¿Hasta cuándo?

 

Rebelión, 20/01/12

Acuerdo de los consejos de gobierno de las universidades públicas valencianas

Acuerdo de los consejos de gobierno de las universidades públicas valencianas

Alicante, 17 de enero de 2012

El Consejo de Gobierno Extraordinario convocado hoy por la Universidad de Alicante ha adoptado el acuerdo siguiente:

La Generalitat Valenciana ha finalizado el ejercicio económico de 2011 sin abonar al Sistema Universitario Publico Valenciano (SUPV) las mensualidades de noviembre y diciembre correspondientes al Presupuesto aprobado por las Cortes Valencianas para 2011, ni la anualidad correspondiente a la cancelación de la deuda histórica reconocida acumulada anterior a 2008. Ello ha supuesto que el SUPV haya dejado de ingresar 197.159.864€ (64.105.180€ correspondientes a la anualidad para la cancelación de la deuda histórica reconocida y dos mensualidades de 66.527.342€ cada una correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2011).

En relación con la deuda histórica reconocida, cabe recordar que, hasta finales de 2008, la Generalitat adeudaba al conjunto del SPUV un total de 891.071.414€, un importe superior a una anualidad completa ordinaria, para cuya cancelación las universidades se vieron obligadas a aceptar un pago aplazado que llegaba hasta 2022. De este importe sólo se ha cancelado en los ejercicios 2009 y 2010 un total de 122.204.339 €; las Universidades han aceptado un nuevo aplazamiento de las anualidades 2011 y 2012 resultando en la actualidad un saldo neto pendiente de pago de 768.867.075€ a percibir desde el año 2013 hasta el año 2022.

La situación creada en el cierre del ejercicio 2011, añadida a la deuda histórica acumulada, ha obligado a las Universidades Públicas Valencianas a ajustar el presupuesto aprobado inicialmente para el ejercicio 2011, retrasar los programas de ejecución de sus inversiones, recurrir a diferentes instrumentos de financiación a corto plazo y a utilizar la tesorería generada por sus recursos propios para suplir la que debería haber aportado la Generalitat Valenciana en cumplimiento de las diferentes Leyes de presupuestos anuales. Todo ello, con el fin de asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos de educación superior y de I+D+i, a los que la ley nos obliga en la Comunidad Valenciana.

Los impagos de la Generalitat del año 2011, añadidos a las tensiones que impone la deuda histórica acumulada, han situado a la tesorería del SUPV en una situación límite, poniendo en riesgo la capacidad de prestación del servicio público de educación superior. Por ello, es necesario informar a la comunidad universitaria de esta situación y de las acciones que se han llevado a cabo, así como de las que el Consejo de Dirección propone adoptar a este Consejo de Gobierno. De acuerdo con todo ello, se informa que:

1. El miércoles 4 de enero de 2012, los Rectores del Universidades Públicas Valencianas emitieron un comunicado con el siguiente texto: “ Con el objeto de informar y analizar las circunstancias financieras y de tesorería que esta situación está produciendo en su economía, las universidades públicas valencianas, convocarán con carácter extraordinario y urgente a sus respectivos Consejos de Gobierno, para valorar la necesidad de estudiar las posibles medidas a adoptar, así como solicitar la convocatoria extraordinaria de sus Consejos Sociales con la misma finalidad, trabajando coordinadamente con el gobierno valenciano, con el objetivo de encontrar vías de solución inmediata de esta situación, creada en el cierre del ejercicio 2011, y para asegurar el normal desarrollo de la actividad universitaria en el 2012“.

2. El pasado lunes 9 de enero de 2012, los Rectores de las Universidades públicas valencianas, mantuvieron una reunión de trabajo con el Vicepresidente del Consell y la Consellera de Educación, Formación y Empleo del Gobierno Valenciano, y emitieron un comunicado conjunto, en el que se expresó la voluntad del Gobierno Valenciano de:

1.- Mantener el Plan Plurianual de Financiación como marco de referencia válida en su relación con las universidades públicas valencianas.

2.- Convocar próximamente la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Plurianual de Financiación.

 3.- La mensualidad nominativa del Plan Plurianual de Financiación 2011 de noviembre se abonará en enero, y se mantendrá el abono regular de las mensualidades a lo largo del año 2012.

 4.- Reconocer el esfuerzo realizado por las universidades públicas valencianas desde los inicios de las medidas de ajuste por su aceptación de la renovación del convenio de aplazamiento de la deuda.

 5.- El Gobierno valenciano y las universidades públicas valencianas reiteran la voluntad recíproca de mantener una comunicación y un diálogo permanentes.”

 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, se propone adoptar los siguientes

ACUERDOS

Primero. Solicitar a la Generalitat Valenciana la compensación efectiva de los intereses derivados de la demora que esta situación ha supuesto a las universidades desde la entrada en vigor del PPF en 2010, y pueda generar en el actual ejercicio y ejercicios futuros. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el apartado 5.2 del Plan Plurianual de Financiación de las Universidades Públicas Valencianas (PPF).

Segundo. Requerir a la Generalitat Valenciana para que lleve a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que las entidades financieras faciliten a la Universidades públicas valencianas la renovación o sustitución de los actuales recursos de crédito a corto plazo, o a proveerles de otros recursos de financiación al alcance de la Generalitat.

Tercero. Establecer, por parte de cada universidad, en su caso, los mecanismos presupuestarios de carácter preventivo que fueran necesarios para garantizar el adecuado equilibrio del flujo de cobros y pagos de las mismas, con el fin de preservar al máximo la capacidad de tesorería de cada institución y mantener sus niveles de solvencia frente a terceros.

Cuarto: Advertir que, a partir de esta fecha y de mantenerse la situación de tesorería expuesta con anterioridad, la ausencia del ingreso efectivo de la subvención ordinaria subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana correspondiente a cada mensualidad para el ejercicio 2012 comprometería el pago de las obligaciones contraídas por las universidades inclusive el pago de las nóminas y el funcionamiento de las universidades públicas valencianas.

Universidad de Alicante, 17/01/12

Educación reduce el préstamo para los estudios de posgrado

Educación reduce el préstamo para los estudios de posgrado
Se mantienen las mismas condiciones de financiación desde el año pasado
No hay interés al 0%, se desliga de la renta futura y no varían los plazos
El Ministerio mejora este año las condiciones de devolución del préstamo.

Ampliar la formación con estudios de máster o doctorado es una opción atractiva para miles de estudiantes universitarios cuando finalizan sus enseñanzas académicas.

Para facilitar el acceso a esta formación de posgrado, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha convocado la nueva línea 2011 del programa Préstamo Renta Universidad.

Las condiciones de financiación ya se recrudecieron en 2011 respecto a las ediciones anteriores y se mantienen para este curso académico: no hay interés al 0%, se desliga de la renta futura y no se varían los plazos de carencia (tiempo en el que no se amortiza el dinero y se abonan solamente los intereses), pero se aumentan los años de amortización para la devolución.

Tanto en  la anterior convocatoria como en la vigente la evolución de las becas y ayudas al estudio de Educación se ha restringido de forma considerable. El presupuesto se ha reducido a la mitad con respecto al año pasado, cuando se destinaron 100 millones de euros frente a los 45 de este año, y las condiciones se mantienen más duras que en las primeras ediciones.

Los motivos hay que buscarlos en la situación económica que vive el país. Tal como recoge la orden ministerial que regula la nueva línea del Préstamo Renta Universidad, para este curso 2011-2012 la convocatoria se adecua a las medidas adoptadas "para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público y la tesorería".

Nuevas condiciones

La finalidad de los préstamos es facilitar el acceso a enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorado impartidas en España o a la formación equivalente en los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Estados Unidos y Canadá.

El programa consiste en financiar estos estudios mediante una ayuda inicial para cubrir los gastos de matrícula (máximo 6.000 euros para 120 créditos) y, si se desea, una renta mensual (máximo 800 euros, en 12 mensualidades para estudios de 30 a 60 créditos de un año de duración y en 21 mensualidades, para estudios de 60 créditos o más de dos años) durante el periodo de formación, para subsanar otros gastos adicionales como la residencia o la manutención.

  • Cuantía: los solicitantes pueden recibir en préstamo una cantidad máxima de 15.600 euros, en el caso de que los estudios tengan una duración de un año académico, o hasta 28.800 euros si se prolongan a dos cursos. Cuando se cursen estudios de máster o doctorado en el extranjero, las cuantías máximas se incrementarán con la cantidad del suplemento, "siempre y cuando el préstamo solicitado superara el máximo señalado para cada caso". Como el plazo de solicitud del préstamo se ha abierto una vez iniciado el curso académico, los interesados en la renta mensual pueden solicitar el abono retroactivo de las mensualidades.
  • Plazos: la duración del préstamo difiere en función de la carga académica de los estudios para los que se solicita. Para un máster o doctorado de 30 a 60 créditos, tendrá dos años de carencia y ocho de amortización; para estudios de posgrado de 90 créditos, tres años de carencia y doce de amortización; y para los de 120 créditos, cuatro años de carencia y dieciséis de amortización. Estos plazos son obligatorios para todos los solicitantes, con amortizaciones lineales y mensuales.
  • Intereses: el mayor atractivo de este programa en anteriores convocatorias era que la financiación carecía de intereses. Sin embargo, para los préstamos obtenidos para este curso desaparece el interés 0% y el préstamo tendrá un interés fijo al 5,433%. El Ministerio de Educación subvencionará parcialmente los préstamos con una ayuda equivalente a la cantidad que resulte de aplicar durante los años de carencia el citado tipo de interés.
  • Requisitos de los solicitantes: las medidas restrictivas también afectan de forma parcial a los requisitos que se deben cumplir para solicitar el Préstamo Renta Universidad. El pasado año se incorporó una nueva cláusula que se mantiene y restringe el acceso a quienes hayan obtenido rentas superiores a 22.000 euros en el ejercicio anterior (2010).

Quién puede solicitarlo

Hasta el 30 de mayo estará abierto el plazo para solicitar la nueva línea del Préstamo Renta Universidad 2011. Pueden acceder al programa de financiación los graduados universitarios que realicen o vayan a realizar en el curso académico 2011-2012 estudios de posgrado de máster o doctorado en España, países del EEES, Estados Unidos o Canadá. Deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea o no comunitario (con permiso de residencia), siempre que hayan residido en España los cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Haber obtenido un título oficial de grado o equivalente, que faculte para el acceso a enseñanzas de posgrado, con posterioridad al 1 de enero de 2000.
  • Tener formalizada la matrícula o haber sido aceptado en estudios oficiales de posgrado en España, en un país del EEES o Estados Unidos o Canadá, con una carga lectiva de al menos 30 créditos ECTS o equivalente en el caso de los másteres, o de un año académico para el doctorado.
  • No haber obtenido previamente otro título de máster oficial ni en España ni en otro país y no haber percibido el Préstamo Renta Universidad en ninguna de las anteriores ediciones.

20 minutos, 13/01/12

Manuel Pérez Rocha: Negocios y engaños

Manuel Pérez Rocha: Negocios y engaños

El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior" anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado "programa", cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no " financia" a la "educación superior" –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.

En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el "programa" está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como "ejemplo indicativo" 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un "deudor solidario o aval con relación patrimonial" (engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan "experiencia negativa en Buró de Crédito" y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.

El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que "las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes". Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este "programa", y llama la atención el entusiasmo de los bancos.

Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una "sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria" y se brindará "igualdad de oportunidades a todos los jóvenes". Este programa, se anuncia, " liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación". ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante "beneficiado" con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses "de gracia" estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).

El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la "clase media alta" con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior".

Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él "se elevará la productividad de nuestro país", y esto " se traduce en mayor inversión y creación de empleos", se fortalecerá "el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país".

De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como "la educación de calidad". Como indicador casual de dicha "calidad" está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del "programa": "Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer?" (literal, sin comentarios).

La Jornada, 12/01/12

British Universities Under Attack Conference (Talks)

British Universities Under Attack Conference (Talks)

At the end of November 2011, The London Review of Books, together with  The New York Review of Books,  The Fritt Ord Foundation of Oslo, The Europaeum, Oxford Magazine, and Times Higher Education, ran a one-day conference on ‘British Universities Under Attack’. Some of the talks have since been published in LRB and are linked here: Sir Keith Thomas, Michael Wood, and Rachel Malik. Other talks will be linked as they become available.

Campaign for the Public University, 22/12/11

Josep Maria Montaner: Omnipresencia financiera

Josep Maria Montaner: Omnipresencia financiera
El mercado quiere enseñanza de excelencia para la élite y masificada para la mano de obra barata
Los objetivos son los de debilitar la sanidad y la enseñanza públicas en favor de las privadas
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.

Este cambio de año nos deja la certeza de que el mundo funciona con una extraña lógica empresarial, que sigue las arbitrarias fluctuaciones estadísticas e intenta homogeneizar todo valor humano dentro de las leyes de las finanzas. Y así se ha intentado convencernos de que los recortes necesarios solo se pueden hacer de una manera: desmantelando el Estado de bienestar en vez de exigir a las grandes fortunas y de poner tasas a las transacciones financieras. La economía domina, y naciones y autonomías se gestionan con criterios meramente cuantitativos.

Las universidades han pasado de enfatizar la transmisión de conocimiento a contarlo todo por créditos; en las ciudades, de la gestión llevada por políticos y técnicos se ha evolucionado hacia la rentabilidad del managerialismo, y de los modelos urbanos a las marcas. Una plaza pierde sus valores sociales y simbólicos, como espacio público, y se convierte en una pista de hielo para deslizarse por el consumo, y una rambla termina como un amnésico paseo de obstáculos hecho de tiendas de souvenirs horteras.

El sistema pretende que solo hay dos salidas: o nos integramos con docilidad (y en estos tiempos, con miedo) como trabajadores y consumidores o seremos expulsados como residuos y convertidos en marginados. Pero hay otras alternativas a esta falsa lógica empresarial que será fatal. En el caso de Cataluña se está hundiendo lo que funcionaba: la sanidad y la educación pública. Y se está desaprovechando la formación y el entusiasmo de los jóvenes que se están viendo obligados a emigrar: a Europa (Reino Unido, Francia, Alemania) o a América (Estados Unidos, Argentina, Brasil).

Descaradamente, los objetivos son los de debilitar la sanidad y la enseñanza públicas en favor de las privadas. En el caso de la Universidad, se quieren detener sus avances para que la crisis no golpee tan fuertemente a las privadas. Ya en 2005, en el Fórum Social por la Educación en Cataluña celebrado en Barcelona y titulado Otra educación es posible, el sindicalista belga Nico Hirtt denunciaba que en un futuro inmediato, de una Europa fuertemente dualizada, se iban a necesitar solo un 25% de lugares de trabajo muy cualificados y el 75% restante interesaba que fueran poco cualificados, con una formación temporal recibida rápidamente en los mismos lugares de trabajo, para una mano de obra flexible y deslocalizable, subalterna del falsamente opulento mundo de las TIC y de la fluctuante industria turística. El mercado quiere enseñanza de excelencia para unas élites y masificada para mano de obra barata. De ahí esta caída de las inversiones en la Universidad pública, que está intentando mantener la calidad con el voluntarismo de una parte de profesorado y estudiantes.

En este contexto, el rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña quiere aprobar un plan de viabilidad que se basa, a grandes rasgos, en aumentar las horas de trabajo, colocar más estudiantes por grupo, reducir la plantilla no renovando a los asociados e interinos, y reducir los beneficios sociales a profesores, investigadores y personal de administración. Con todo ello la aplicación de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior no se va a poder cumplir. Y es que la Universidad no se puede gestionar como una empresa, ya que ni produce bienes materiales, ni los que la dirigen son un consejo de administración, sino profesores elegidos por votación, y sus objetivos tienen que ver con la investigación, el saber y la mejora de la sociedad antes que con la inmediata instrumentalidad. No solo es injusto, sino que es erróneo hacer pagar a los estamentos más débiles de la Universidad, generalmente los miembros más jóvenes, estos ajustes, ya que se está truncando un vital y laborioso relevo generacional.

Hay mucho que hacer para demostrar que hay otras opciones además de este horizonte impuesto de recortes. Se ha de superar esta visión monetarista y a corto plazo, promoviendo una labor de debate en cada ámbito, protagonizada por los trabajadores, que son quienes conocen bien las realidades, consensuando los criterios para la necesaria racionalización económica y planteándolos con relación a las expectativas estratégicas para el futuro de cada sector.

El País, 12/01/12

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