Economía

Políticas económicas e financeiras

Informe CYD 2011

Informe CYD 2011

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), presidida por Ana Patricia Botín, hija de Emilio Botín, directora de la filial del Grupo Santander en Reino Unido y asidua participante en las reuniones del Grupo Bilderberg, presenta el Informe CYD 2011, que recoge los análisis y las propuestas de los grandes grupos empresariales y financieros españoles en relación con la universidad. Entre los patronos de la fundación figuran:

Dña. Isabel Atkinson ATKINSON, BERMÚDEZ Y ASOCIADOS
D. Manuel Teruel Izquierdo CÁMARAS DE COMERCIO
D. Joaquim Molins CIMENTS MOLINS
D. Joaquín Moya-Angeler CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA
D. Emilio Cuatrecasas CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
D. Antoni Esteve ESTEVE
D. José Luis Bonet FREIXENET
D. Ángel Simón FUNDACIÓN AGBAR
D. Francesc Fajula FUNDACIÓN BANESTO
D. Basilio Baltasar FUNDACIÓN SANTILLANA
D. Juan Casado FUNDACIÓN UNIVERSIDADES CASTILLA Y LEÓN
D. Olaf Díaz-Pintado GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
D. Fernando Tejerina GRUPO SANTANDER
D. Alfonso Rodés HAVAS MEDIA
D. Juan Antonio Zufiria IBM
D. Antonio Abril INDITEX
D. Javier Monzón INDRA
D. Juan Antonio Germán MERCADONA
D. Ramon Roca ROS ROCA GROUP
D. Luis Miguel Gilpérez TELEFÓNICA
D. Javier de la Cuerda TELVENT

Empresas Colaboradoras:
Iberia
Make a Team

INDICE y PRESENTACIÓN
Índice del Informe CYD 2011

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo del Informe CYD 2011

INTRODUCCIÓN
Introdución del Informe CYD 2011

CAPÍTULO 1.
La universidad en España: oferta y demanda universitaria

CAPÍTULO 2.
Análisis económico del sistema universitario español

CAPÍTULO 3.
Graduados universitarios y mercado de trabajo

CAPÍTULO 4.
Investigación, cultura emprendedora y empresa

CAPÍTULO 5.
Rankings universitarios

MONOGRAFÍA.
Monografía La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, retos y oportunidades

ANEXO
La regulación de la universidad y la investigación en el Estado autonómico, 2011. El modelo universitario y de investigación de Portugal.

José Carlos Bermejo Barrera: Rectores, promotores y profesores: La batalla perdida de la Universidad Pública

LupusJosé Carlos Bermejo Barrera: Rectores, promotores y profesores: La batalla perdida de la Universidad Pública

 Hemos visto en los últimos meses un nuevo escenario público en el que los dos grandes partidos que conforman el espectro político español se aprestan a escenificar un enfrentamiento verbal, que en muchos casos no es más que una apariencia, debido a que ambos comparten en lo esencial la misma visión de la economía, la sociedad y los asuntos públicos. En este enfrentamiento el PSOE acusa al PP de hacer lo que él mismo había hecho, aunque eso sí, por estricto sentido de deber y no porque lo creyese justo en cada caso, mientras que el PP reprocha al PSOE el no haber hecho lo suficientemente bien aquello en lo que el PP cree y el PSOE no creía mientras lo iba haciendo. Razón por la cual el PP en realidad casi nunca apoyaba aparentemente la forma en la que el partido en el gobierno hasta fines del año 2011 iba ejecutando minuciosamente el programa político de su opocisión parlamentaria.

Ello fue así en el terreno de la economía y de la banca, de los recortes sociales y de la política de empleo y, naturalmente, también en el campo de la política educativa y de la política universitaria, a pesar de que por ellas lloren ahora el PSOE y los rectores de las universidades públicas unas más que fingidas lágrimas de cocodrilo.

Hace más de un año podía descargarse en internet, y concretamente en la web Fírgoa el libro editado por D. Peña Propuestas para la reforma de la universidad española, publicado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en el 2010. Pues bien, este libro, que presenta un claro diseño de adelgazamiento de la universidad pública, no deja de ser ahora citado por el ministro Wert, al que ahora le toca desempeñar el papel de algo así como la Madrastra de Blancanieves, por compartir, expresar y poner en práctica las medidas contenidas en ese libro, sobre todo las de J. J. Dolado, el economista que participó en él y al que Wert suele llamar “mi amigo Juanjo”.

FETE-UGT: Nuevo ataque al sector público

FETE-UGT: Nuevo ataque al sector público

En la tarde de ayer, día 6 de junio de 2012, la Administración madrileña convocó urgentemente a los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-up y CSI-F a una reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid en la que se nos plantearon los nuevos recortes previstos para los trabajadores públicos. En síntesis las medidas son las siguientes:

1. Recorte de la masa salarial de un 3,3 %, que según colectivos se cifra en:

a. Funcionarios: reducción de un 6 % del complemento específico mensual y de un 25 % en el complemento específico de las pagas extraordinarias.

b. Laborales: reducción de un 3,3 % en sus retribuciones.

c. En enseñanza concertada se prevé un recorte similar en las retribuciones según manifestó la Consejera de Presidencia y Justicia, tras una pregunta al respecto de UGT.

d. Altos cargos: reducción de un 10 %.

2. Reducción de un 10 % en jornada y salario para todo el personal interino que no preste servicio directo a los ciudadanos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

3. Amortización de las vacantes que ya tengan sólo el 50 % de la jornada o menos.

4. Supresión de las subvenciones directas a Sindicatos, Patronales, Fundaciones, etc.

5. Planteamiento de la supresión en el futuro de las aportaciones a la acción social: ayudas al transporte, colaboradoras, etc.

6. Incremento de las Tasas.

La Administración afirmó que adelgazar el sector público es una demanda de Bruselas y de los ciudadanos; que su compromiso por el mantenimiento del empleo es diferente con los trabajadores fijos que con los temporales, los cuales, según la Consejera ascienden a unos 40.000 y que estas son medidas que no reducen la calidad del servicio. Todas estas medidas irán hoy 7 de junio al Consejo de Gobierno y posteriormente a la Asamblea de Madrid para ser tramitadas como una Ley que reforma los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2012. Su aprobación definitiva tras el trámite parlamentario se verificará durante el mes de julio.

UGT manifestó su rechazo frontal a las propuestas de la Administración por considerarlas inaceptables por las siguientes razones:

  • Adelgazar el Sector Público no es una demanda de la sociedad. La sociedad lo que demanda es eficacia en la gestión y medidas que supriman puestos de trabajo innecesarios, como, por ejemplo, los cientos de asesores a dedo nombrados por las Administraciones madrileñas, cuyas retribuciones, además, son notablemente superiores a las de los trabajadores laborales y funcionarios que les prestan un servicio.
     
  • Son ya muchas las voces que contradicen la receta de Angela Merkel y las ideas de los neocon de Bruselas para salir de la crisis. Políticos de peso como François Holland y Barack Obama están señalando otro camino muy diferente al que sigue Mariano Rajoy y su maestra Esperanza Aguirre.
     
  • Una reducción de un 10 % en las retribuciones de los altos cargos es una burla a los trabajadores de la Administración. Sobre un sueldo de 6000 €mes un 10 % supone pasar a percibir 5.400 €mes, pero el 3,3 % sobre un sueldo de 1000 €mes, el que ganan muchos trabajadores de la Administración, supone pasar a 967 €mes. 33 €mes pueden ser vitales para cualquier familia pues los gastos ordinarios son básicamente lineales.
     
  • Respecto a las subvenciones sindicales se debe señalar que a FETE-UGT Madrid ya se le suprimieron en el año 2010, por la aplicación del apartado h de la Disposición Adicional Cuarta, de la Ley 4/2010 (BOCM 29/06/2010) pero que no se cobraban desde 2006. FETE-UGT Madrid financia la acción sindical exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
     
  • UGT denuncia que no son medidas que mantengan el empleo y en Educación tenemos una prueba fehaciente de ello. Se vienen perdiendo puestos de trabajo desde hace años por la política de la CM: supresión de CAPs, reducción de la orientación educativa, congelación y posterior reducción de cupos para profesorado de apoyo, incremento de horario lectivo de los docentes e incremento de ratio alumnado/aula. Estas medidas que denuncia UGT desde 2008 se han traducido siempre en el despido del personal interino.
     
  • Para UGT es evidente la reducción de la calidad en el servicio, no por la baja productividad del personal en el sector público, sino por la reducción imparable del personal que lo atiende a medida que se incrementa el número de demandantes del mismo: al tiempo que se produce un incremento de alumnado se reducen los efectivos de profesorado.
     
  • Son medidas que atentan contra la equidad y la calidad del estado de bienestar, ya que uno de los mecanismos fundamentales para garantizarlo son los Servicios Públicos iguales para todos. Es una falacia pensar que cada uno debe de pagar lo que consume. Los Servicios Públicos se financian mediante los impuestos de forma que debe de pagar más el que más tiene y así el servicio llega al que no puede pagarlo por estar en situación de desventaja.
     
  • UGT denuncia que estas nuevas medidas siguen el mismo camino que las anteriores, exclusivamente reducción de gasto en servicios esenciales para la ciudadanía: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. No se habla para nada de los ingresos por la vía progresividad en el IRPF, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio o la lucha contra el fraude fiscal. La Administración madrileña sigue en la dinámica del Robin Hood neocon: quitar a los pobres para dar a los ricos.
     
  • Es una imposición más de la Administración madrileña elaborada a espaldas de los trabajadores, de sus representantes y de la sociedad. No ha habido negociación alguna.

Esta tarde se realizará una reunión de las Organizaciones Sindicales de la Mesa General: UGT, CCOO. CSIT-up y CSI-F para estudiar las movilizaciones en contra de estas medidas.

CRUE: Reunión de los rectores con el ministro de Educación, Cultura y Deporte para analizar el Real Decreto Ley 14/2012

CRUE: Reunión de los rectores con el ministro de Educación, Cultura y Deporte para analizar el Real Decreto Ley 14/2012

Los rectores de las universidades españolas se reunieron ayer en una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades presidida por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

La celebración de esta sesión se realizó retomando el diálogo, el debate y la búsqueda del consenso que históricamente había sido la forma de funcionar del Consejo de Universidades.

Esta sesión respondía a la petición que realizaron los rectores al Ministerio con el fin de convocar una reunión en la que, como único punto a tratar, se analizase el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Los rectores trasladaron al ministro distintas cuestiones que se regulan en este Real Decreto-ley, como las tasas y precios públicos de los estudios universitarios, el régimen de dedicación del profesorado y la rendición de cuentas ante el órgano de fiscalización.

Incremento de tasas

Tras un largo debate, la CRUE y el Ministerio no alcanzaban un acuerdo, ya que los rectores solicitaban una moratoria en la aplicación del incremento de tasas hasta que las condiciones económicas lo permitan. No siendo aceptada, se discutió la propuesta de que, al menos, no se aplicara ese aumento de tasas a los alumnos ya matriculados, tanto en los Grados como en los Másteres, así como en el plan de estudios antiguo, ya que esta medida puede ocasionar que muchos estudiantes no puedan hacer frente a las matrículas del próximo curso.

El ministro les trasladó la imposibilidad de llevar a cabo estas propuestas, y remitió a los gobiernos autonómicos la determinación del valor de los costes dentro de la horquilla de los precios públicos.

Modificaciones de la dedicación docente

Los rectores realizaron propuestas de reconocimiento de las actividades docentes que desempeñan los profesores universitarios, donde se incorporara, además de la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la gestión académica científica, entendiendo además que la investigación no solamente puede medirse a través de los sexenios, sino que existen otros parámetros de igual valor como los anteriormente descritos.

Asimismo, se comentó la contradicción que puede suponer con la Ley de la Ciencia, que establece en su artículo 32 que las universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la distribución de la dedicación del personal docente e investigador.

 

Ante las numerosas propuestas de reconocimiento de la actividad universitaria que lleva a cabo el profesorado, la Presidenta de la CRUE propuso la creación de una comisión mixta, presidida por la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, y formada por siete rectores en representación de la CRUE y los miembros que determine el Ministerio. La comisión va a tener como finalidad clarificar estos aspectos del Real Decreto-ley relativos a la dedicación del Personal Docente e Investigador.

De igual forma, se solicitó que la reunión de esta comisión se realice con suma celeridad.

Esta comisión va a analizar también algunas cuestiones técnicas planteadas en el artículo 81.5, relativas a la liquidación del presupuesto de las universidades.

El ministro comentó que a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos se va a incluir al personal docente e investigador dentro del ámbito de aplicación de la tasa de reposición de efectivos, lo que permitirá la incorporación de hasta un 10 por ciento de personal a las plazas que se extinguen.

En el turno de ruegos y preguntas, los rectores solicitaron al titular de Educación conocer cuáles son las líneas maestras de este Gobierno en referencia al ámbito universitario. En este sentido, el ministro se comprometió a informarles de ello en una próxima sesión del Consejo de Universidades.

Los rectores se comprometen a seguir trabajando, como hasta ahora, en la defensa de los intereses de la comunidad universitaria: estudia

CRUE, 08/06/12

Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?

Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?
O estudo de Luísa Cerdeira, “Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?”, revela que as Universidades Portuguesas estão mais elitizadas, há mais estudantes excluídos do Ensino Superior, em Portugal os direitos pagam-se. E pagam-se caro

O recente estudo de Luísa Cerdeira, intitulado “Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?” revela dados preocupantes sobre o grau da democraticidade do Ensino Superior em Portugal. Os dados confirmam a tendência que se previa: as Universidades Portuguesas estão mais elitizadas, há mais estudantes excluídos do Ensino Superior, em Portugal os direitos pagam-se. E pagam-se caro.

Uma família gastou em média no Ensino Superior, em 2010/2011, 5841 euros. O aumento das propinas, que já ultrapassa na realidade os 1.000 euros no 1º ciclo, e o completo descontrolo das propinas de 2º ciclo, que por não terem um teto igual ao da licenciatura podem chegar a dezenas de milhares de euros, associado ao aumento do custo de vida e às dificuldades das famílias, produz a exclusão objetiva dos estudantes com mais dificuldades. Exclusão dos que já estão no Ensino Superior e se veem obrigados a abandonar e exclusão antes mesmo de entrada, porque há milhares de estudantes que nem ponderam como opção estudar no Ensino Superior. É uma exclusão que fica à porta.

Os cortes nas bolsas de estudo, cujos níveis de atribuição se encontram hoje semelhantes ao início do anos 2000, apesar do número de estudantes ter aumentado, associados às regras de atribuição de bolsa que deliberadamente excluem os estudantes mais pobres, produzem, de facto, mais abandono escolar. Segundo o estudo, as bolsas de estudo só suportam um quarto das despesas totais dos estudantes. E numa altura de grave crise económica para as famílias é demasiado evidente que o sistema de ação social não consegue contrariar a lógica desigualitária de acesso ao Ensino Superior.

O estudo refere que “O contributo privado foi significativamente mais elevado do que o esforço público”. O Orçamento do Estado dedicou 3601 euros por cada aluno. “Este valor é menos 13 por cento da despesa por aluno de 2005, no valor de 4151 euros”, revela o estudo. De facto, os dados são preocupantes: os portugueses gastam em média 63,6 % do seu salário para ter um filho na universidade. Dos 16 países comparados no estudo, Portugal é o 5º país em que maior percentagem do rendimento é destinada a custear as despesas de frequência do Ensino Superior. O Ensino Superior absorve mais de um quinto dos rendimentos das famílias portuguesas com filhos em universidades, um dos valores mais altos entre 16 países analisados. Estes dados significam uma alteração fundamental na democracia portuguesa: o Estado demite-se da sua função de garantir que os estudantes têm acesso ao Ensino Superior independentemente da sua condição económica, passa a responsabilidade para as famílias e fecha os olhos às desigualdades que deliberadamente acentua.

O desinvestimento e a desresponsabilização do Estado tem uma conclusão óbvia: o aumento do número de estudantes a recorrer a empréstimos bancários para estudar. Nuno Crato, mal tomou posse como ministro, não esteve sequer preocupado em pensar a desigualdade no acesso ao Ensino Superior. A sua preocupação foi a de reativar a linha de crédito para estudar. Segundo o estudo, o número de alunos do Ensino Superior que pediu empréstimo bancário aumentou de 1,6 por cento, em 2004/2005, para 4,9% no último ano letivo. Em média, o valor do empréstimo é de 9.851 euros. Segundo a SPGM, 12 mil estudantes já devem 200 milhões de euros à banca em empréstimos bancários para estudar. Em Portugal, os direitos pagam-se. E pagam-se caro.

A conclusão parece evidente e é sublinhada por Luísa Cerdeira em declarações à Agência Lusa: "Apesar do grande crescimento que aconteceu, [os estudantes] ainda são hoje em maior número oriundos de estratos favorecidos (…) Desde a década de 2000 que estudo estes valores e há não só uma constância como um acentuar deste padrão: ter um filho no ensino superior continua a absorver um valor muitíssimo alto dos rendimentos das famílias, estando Portugal mais próximo até de países em que custa muito estudar no ensino superior, como os Estados Unidos e o Japão".

A elitização das Universidade Portuguesas e a desresponsabilização do Estado e do Governo na democracia no acesso ao Ensino Superior é completamente evidenciada neste estudo. Nesta altura, não há fábulas que se possam inventar para mascarar a realidade. Os responsáveis pela situação continuarão a assobiar para o lado?

Esquerda.net, 07/06/12

Observatori del Sistema Universitari: ¿Cuanto paga el estudiante? Precios y tasas de matrícula universitaria en Cataluña, en España y en el mundo

Observatori del Sistema Universitari: ¿Cuanto paga el estudiante? Precios y tasas de matrícula universitaria en Cataluña, en España y en el mundo

RESUMEN EJECUTIVO

Coordinació: Vera Sacristán.

Redacció: Oriol Arcas,  Joan Botella, Albert Corominas, Laura de la Villa, João França i Vera Sacristán.

Col·laboracions: Joan Benach, Sergio Espuelas, Albert Medina, Jordi Mir, Antoni Ras i Enric Tello.

Edició: Iñaki Vázquez.

Por el momento, la versión completa sólo está disponible en catalán.

La universidad pública española es la sexta más cara de la UE21

Lo que paga cada curso el estudiante de una universidad pública española es más de lo que pagaría en cualquier otro país de la UE21, con las únicas excepciones de Portugal, Holanda, Italia, Irlanda y el Reino Unido. La posición del sistema español de becas y subsidios a los estudios universitarios es más difícil de cuantificar, pero los datos disponibles indican que es uno de los más débiles entre los de los países referidos.

Estos rasgos se reforzarán, previsiblemente, como consecuencia del Real Decreto-ley 14/2012 que, entre otras cosas regula los precios públicos universitarios y la financiación de las becas.

En el mundo, los sistemas universitarios públicos siguen modelos diversos, en función de la combinación de precios de matrícula y becas de estudio

La financiación de los servicios de enseñanza superior se plantea en términos distintosen los diferentes países. En un extremo se encuentran los países que definen la universidad como un servicio de carácter privado y de rendimientos estrictamente individuales: es el estudiante / usuario quien debe hacer frente a sus costes. Becas o créditos se definen como los mecanismos que permiten a los estudiantes asumir este gasto.

En otros países, se ha venido considerando que los estudios universitarios generan externalidades positivas tan importantes (en términos de cualificación profesional, de mejora del nivel cultural, de promoción de la igualdad social, etc.) que es el sector público quien los debe financiar. El estudio no detecta correlación entre los factores de riqueza o demográficos de los países y el modelo de financiación universitaria que adoptan, de lo que se debeconcluir que esta es una decisión de carácter más político y social que económico.

En Cataluña, y en España en general, ha prevalecido, al menos hasta el presente, una lógica de financiación predominantemente pública pero con una participación de los estudiantes, concretada en el pago de una matrícula por los estudios (habitualmente denominada “precio público”), que se acompaña de unas tasas específicas, vinculadas a aspectos laterales del proceso educativo (como la formación de expediente y la expedición de títulos) o de otros servicios prestados por las universidades (como el acceso a sus servicios informáticos, por ejemplo).

En España, el estudiante universitario paga, de media, entre el 19% y el 20% del coste de los estudios

El estudio realizado abona la estimación de que los estudiantes universitarios españoles pagan, en promedio, entre el 19% y el 20% del coste de sus estudios. Este nivel de contribución es alto en términos comparativos con otros países de nuestra área cultural, especialmente teniendo en cuenta la inexistencia de becas-salario, el modesto nivel de las becas de estudios y su limitada cantidad.

Aquella estimación del peso de los precios sobre el coste de los estudios requiere ser matizada. En primer lugar, por la extraordinaria dificultad en la determinación de cuáles son los costes de la docencia universitaria. Los costes globales presupuestados de cada universidad no son una buena estimación de dichos costes, ya que incluyen la totalidad de los gastos de cada universidad, muchos de las cuales no se aplican a la docencia sino a otros fines (como, en primer término, a la investigación). La ausencia de contabilidad analítica en nuestras universidades hace muy difícil una determinación precisa de estos costes, y las pocas universidades que han intentado un cálculo preciso (como la Jaume I o la Autónoma de Barcelona), se han encontrado que no existe una metodología acordada, a nivel del conjunto del sistema universitario español, sobre cómo calcularlos.

Y, en segundo lugar, y sobre todo, por qué estamos lejos de tener un panorama uniforme de precios y tasas universitarias. El sistema hasta ahora vigente en España procede “en cascada”: el gobierno central fija los umbrales mínimo y máximo del incremento porcentual anual (que toma como base el incremento interanual del IPC, más un incremento porcentual variable), y es cada comunidad autónoma quien establece los precios y qué nivel de aumento aplicará. Finalmente, cada universidad puede decidir adicionalmente la incorporación, y la cuantía, de algunas tasas específicas.

En España, el precio para cursar un mismo estudio difiere entre comunidades autónomas hasta doblarse (grados) o triplicarse (másteres universitarios)

Así, si se considera el conjunto de España, lo que impera es una gran variabilidad en los precios de los estudios universitarios, sin una explicación clara de las variaciones observadas. Hay comunidades autónomas donde todos los estudios de grado tienen el mismo precio, y comunidades que los diferencian según el nivel de experimentalidad. Pero tampoco esta variable no es una guía segura: unos mismos estudios pueden tener niveles de experimentalidad diferentes en diferentes comunidades autónomas, o incluso en diferentes universidades de la misma comunidad. La consecuencia es una fuerte variabilidad en los precios de los mismos estudios, cursados ??en diferentes territorios: en cuanto a los grados, la oscilación es prácticamente de 1 a 2, y en los másteres universitarios (o “oficiales”), de 1 a 3.

Cataluña, la comunidad autónoma más cara para los estudios de grado, y una de las más caras en cuanto a másteres y doctorados

En el conjunto de España, el sistema de precios universitarios de Cataluña ha ido adquiriendo un perfil propio. La aplicación sistemática del nivel más alto de incremento de precios del intervalo permitido por el gobierno central hace que los precios públicos universitarios catalanes sean los más caros de España, en cuanto a los grados; de los más caros, en cuanto a los másteres y doctorados; y que algunas de las tasas específicas sean las más caras de España (como la de expedición de títulos de grado), o de entre las más caras (títulos de máster o de doctor).

En la última década, los precios han evolucionado al alza

La introducción de la nueva estructura de los estudios universitarios derivada de la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior en el año 2008 (EEES o “plan Bolonia”) modificó la terminología, la duración de los estudios, etc. y, por tanto, no son realidades directamente comparables, pero se puede observar que, para unos mismos estudios, la implantación del EEES ha supuesto un incremento de costes, respecto del anterior esquema de 1er + 2o ciclos, superior al 10%. En el caso de los estudios oficiales de máster, los precios mínimos han crecido un 43% por encima del IPC desde su implantación hace cinco años y se han acercado progresivamente a los másteres más caros. Hay que anotar además la existencia de estudios de máster universitario (es decir, oficial), de carácter “especial”, con precios superiores a los fijados con carácter general, y que llegan, prácticamente, a duplicarlos.

Sólo los estudios de doctorado sehan reducido de precio respecto del esquema anterior.Aun así hay que tener en cuenta que ahora los estudios de doctorado han perdido contenido docente y que sus costes actuales se limitan prácticamente a la tutela académica (cuyas tasas se han multiplicado por cuatro en los últimos cinco años).

Por último, se ha introducido una “penalización” para la segunda o ulteriores matrículas de una misma asignatura y, además, esta penalización ha ido aumentando: el recargo actual por la segunda matrícula en una asignatura es el mismo que se cobraba hace 10 años a partir de la cuarta matrícula (50%). La tercera matrícula ha pasado de costar un 40% más a costar 3 veces el precio de la primera.

El curso 2012-13 en España se producirá un cambio sustancial del sistema de precios

En este marco, el Real Decreto-Ley 14/2012, del 20 de abril (BOE del 21) puede representar un cambio en profundidad del sistema actual de fijación de precios. Por primera vez, se remiten los precios a los “costes de prestación del servicio” (costes que no están determinados con precisión y de manera homogénea). Los precios y tasas de matrícula pasan a tener quecubrir determinadas proporciones de estos costes: para los estudios de grado y para los másteres que dan acceso a profesiones reguladas, estas proporciones estarán comprendidas entre el 15% y el 25%, en caso de primera matrícula, y aumentarán progresivamente en matrículas ulteriores, hasta cubrir la totalidad de los costes en caso de cuarta matrícula. En otros tipos de másteres los precios cubrirán una proporción mayor de los costes: entre el 40% y el 50% y, para los estudiantes procedentes de países no integrados en la UE, el precio puede situarse en el 100% de los costes a partir de la primera matrícula.

En la actualidad, no se conoce el impacto de esta nueva normativa sobre los precios de matrícula aplicables el curso 2012-13. Al pie de la letra, incluso se podría producir una reducción de precios, ya que estimamos que la proporción de los costes que el estudiante cubre actualmente es del orden del 20% (y el Decreto-ley admite cualquier valor en el intervalo 15% – 25%).

Pero parece más realista situarse en la hipótesis del mantenimiento de la tendencia creciente registrada en los últimos años. Fuentes gubernamentales han declarado que actualmente el estudiante cubre el 15% de los costes del servicio. En tal caso, la hipótesis máxima, 25%, significaría un incremento de precios del 66% respecto del curso 2011-12.

¿Qué se puede prever en Cataluña para el curso 2012-13?

En Cataluña, un incremento de precios del 66% significaría que humanidades y ciencias sociales y jurídicas podrían pasar de los, aproximadamente, 900€ actuales (precio por curso completo) a unos 1.500€; los estudios científicos, ingenierías y arquitectura podrían pasar de los 1.300€ a los 2.100€, y los estudios en ciencias de la salud podrían pasar de unos 1.400€ hacia los 2.300€.

En el ámbito de los másteres que dan acceso a profesiones reguladas, en las mismas hipótesis se produciría un crecimiento desde los 1.990€ hasta los 2.500€ – 3.000€, según la tipología adoptada por cada universidad. El resto de másteres oficiales podrían registrar aumentos más importantes y llegar a los 3.500€, o incluso más.
Pero se trata de estimaciones basadas en supuestos sobre la aplicación del decreto-ley. La fijación de los precios públicos de matrícula es una competencia de los gobiernos de las comunidades autónomas y responde, en definitiva, a opciones concretas de política presupuestaria.

Observatori del Sistema Universitari, 06/06/12

Barcelona: Acord de laJunta d'Escola de l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Barcelona: Acord de laJunta d'Escola de l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

La Junta d'Escola de l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de la Universitat Politécnica de Catalunya, reunida el dia 6 de juny de 2012, acorda per unanimitat:

1. Exigir la derogació del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

2. La suspensió del tancament del procés d'avaluació i de les actes del curs 2011-2012 dels estudis d'Arquitectura de l'ETSAB (plan s 1994 i 2010), amb caracter indefinit.

Carlos Pérez Lamas
Secretari Acadèmic de l'ETSAB

Barcelona, 6 de jun de 2012

Steve Klees: The economic crisis and education: key issues

Steve Klees: The economic crisis and education: key issues

Steven J. Klees (sklees@umd.edu) is the R. W. Benjamin Professor of International and Comparative Education at the University of Maryland. He did his Ph.D. at Stanford University and has taught at Cornell University, Stanford University, Florida State University, and the Federal University of Rio Grande do Norte in Brazil.

Prof. Klees' work examines the political economy of education and development with specific research interests in globalization, neoliberalism, and education; the role of aid agencies; education, human rights, and social justice; the education of disadvantaged populations; the role of class, gender, and race in reproducing and challenging educational and social inequality; and alternative approaches to education and development.

The current global economic crisis has its roots in the periodic crises that plague a capitalist, market system. This particular crisis is a product of recent history which promoted an extreme, laissez-faire version of capitalism, generally called neoliberalism or market fundamentalism. The elections of Ronald Reagan, Margaret Thatcher, and Helmut Kohl signaled a political turning point. All of a sudden, starting in the 1980s, the legitimacy of government was called into question, government budgets were cut, business was deregulated, privatization was lauded, and unions were criticized. This so-called Washington Consensus was enforced in many countries through structural adjustment programs. The resulting global increases in poverty and inequality forced neoliberals to back off a little from these draconian austerity policies in the 1990s.

However, the current crisis has offered neoliberalism the opportunity to return once more to draconian austerity policies in the name of a false fiscal responsibility. Neoliberals argue that raising taxes is bad for everyone, and particularly problematic is raising taxes on the rich who supposedly create jobs. Therefore, cutting government to the bone is the only answer to looming deficits from years of supposed out-of-control spending. This is a global discourse, most obvious to me in the U.S. in the platform of the Republican Party.

For the past 30 years, neoliberalism has been having a devastating effect on public education, and the current crisis has exacerbated the situation. Neoliberalism has led to expanding enrollments while severely constraining spending, especially in developing countries, leading to larger classes, less-trained teachers, deteriorating facilities, and less access to textbooks and other learning materials. This, combined with the very difficult out-of-school circumstances children face, leads to high rates of repetition and dropouts and little learning for those who manage to stay in school.

Unwilling to put the resources needed in schools, in their efforts to control government, neoliberals have focused instead on simplistic and ideological approaches to governance and accountability. For governance, the answer is the privatization of education, meaning encourage private schools, vouchers, charters, business models, and user fees. There is no credible evidence that privatization improves education, and there is considerable evidence it increases inequality.

Privatization is based on ideology, not evidence. Some years ago, I attended a meeting at the World Bank soliciting comments on a health-sector-oriented World Development Report. The Bank presenter pointed out how, in many poor countries, poor people chose to be treated at private health clinics for a fee instead of going to free public clinics. This was touted as evidence of the success and value of privatization. To the contrary, I pointed out that this is simply evidence of the success of 30 years of neoliberal ideology in which public clinics had been systematically decimated, ending up without doctors, nurses, or medicine. The same has happened in education. Privatization is supposed to help meet the deteriorating education resulting from years of attack on the public sector, but all it does is replace an attempt to develop good public policy with the vagaries of charity or the single-mindedness of profit-making. It boggles the imagination how we have let neoliberal ideology run so rampant that we accept "low cost private schools for the poor" as good educational policy. What kind of world is it where we consider it legitimate to charge the poorest people in the world for basic education? Not to mention that charging fees runs directly counter to many international agreements on the right to education.

Regarding accountability, neoliberals have given us an extremely narrow version focused solely on achievement test scores of students. This has been an unmitigated disaster for numerous reasons. It distorts education away from the many measureable and unmeasureable purposes of education that have nothing to do with test scores. It ignores the awful state of educational inputs to the point where neoliberals recommend using completely unqualified teachers. It yields illogical and unscientific approaches to teacher evaluation, such as value-added. And, in practice, this approach to accountability, after two decades of implementation, has not yielded any educational improvements.

International agreements like Education for All (EFA) and the Millennium Development Goals (MDGs) are, unfortunately, mostly a joke under neoliberalism. Sure, they are positive as an expression of values and intent and within them is a discourse of educational quality and rights, but, in practice, they serve more to quell unrest than to expand opportunity. The richer world has been targeting universal primary education since the 1960s, but the goal is continually postponed. We are about to postpone EFA goals once again. This is not a serious effort.

What can we do about all this is uncertain and debated. Even looking just at the current crisis, no one is sure what to do. Capitalism is inherently unstable. Critics and advocates admit to recurring boom and bust cycles. But the current crisis is a severe one. Paul Krugman, Noble-prize winning economist, in his new book about what he calls our "Depression," argues the solution is straightforward -- more taxes, more government stimulus.

Perhaps the most important problem facing humanity is how to employ the entire planet in safe, rewarding, and ecologically sane employment. While capitalism has increased production, it is the most illogical, inefficient, wasteful system for employment. The market system leaves 2-3 billion people without any or without adequate employment. Poverty and inequality is the direct result. Although education is for so much more than jobs, education will never be adequate until everyone on the planet has meaningful employment. Jobs for All is necessary for Education for All. Government must be involved in the massive direct and indirect creation of jobs if we are to thrive. Taxes and redistribution are an essential part of this equation. Stimulus can come in many forms. Whose spending do we want to direct the economy?

Neoliberal policies have led to an education crisis. Teachers have been greatly affected: salaries have been cut, teaching conditions have worsened, and the job has been demeaned and denigrated. Neoliberal ideology is so strong that a recent World Bank book on education reform put a picture of a teacher sleeping in the classroom on its cover. Neoliberals generally are very critical of workers and seem to hate unions, especially in education.

In the short run, we need to challenge the attack on government, on government workers, on teachers in particular. Government needs to recover its role of watchdog on the market, of curbing the natural and inevitable excesses of capitalism. In the long run, we need a new economic system, a new approach to both public and private sectors. Neoliberalism is based on the unrestrained greed of the unconstrained market. Even if we are able to constrain the market more, a system based on self-interest naturally leads to greed. We need systems based on a more participatory democracy in government as well as in the private sector. We need an educational system that supports such a transformation.

Internacional de la Educación, 04/06/12

Declaració del Claustre de la Universitat Pompeu Fabra sobre la política d'educació superior del Ministeri d'Educació, Cultura i Sport

Declaració del Claustre de la Universitat Pompeu Fabra sobre la política d'educació superior del Ministeri d'Educació, Cultura i Sport

El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra reunit, en sessió ordinària, i a la vista de les declaracions del Ministre d'Educació, Cultura i Esport, irrespectuoses amb tota la comunitat acadèmica i a la vista també del contingut del Reial Decret Llei 14/ 2012 de 20 d'abril de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu,

FA SABER QUE:

  1. Condemna les reiterades mostres de falta de respecte del Ministre cap a la comunitat universitària, com quan s'ha referit amb menyspreu a la manca d'esforç dels estudiants o als professors que no fan recerca, de manera indiscriminada i sense cap matisació o als Rectors negant-se al diàleg que li van demanar, incomplint greument les normes del Reglament del Consejo de Universidades, a les quals com a President de l'òrgan està subjecte.
  2. Lamenta que el Decret Llei esmentat s'hagi aprovat sense cap consulta prèvia a la comunitat universitària, el que fa -per exemple-  que contingui errors que el fan del tot desbaratat.
  3. Considera, així mateix, que el Decret Llei conté diversos aspectes que el fan inconstitucional, tant per envair competències de les Comunitats Autònomes, com per vulnerar de manera flagrant l'autonomia universitària, constitucionalment reconeguda. Insta, per tant, als qui tenen la legitimació per fer-ho, els membres del Congrés dels Diputats a Madrid i del Govern de la Generalitat a Barcelona, que plantegin recursos d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional.
  4. Exigeix que qualsevol augment eventual dels preus de les matrícules universitàries vingui precedit d'un augment de les beques per no deixar fora de la universitat precisament els més desafavorits de la nostra societat i vingui acompanyat del compromís públic i clar que els governs mantindran almenys el nivell actual de finançament i tornaran, quan hi hagi creixement econòmic, a tenir com a objectiu destinar almenys l'1,5 % del PIB a educació superior, com fan els països del nostre entorn.
  5. Demana al Ministeri que en el necessari desenvolupament reglamentari del Decret Llei tingui en compte, almenys, les dues coses següents: d'una banda, que ningú millor que les universitats coneix les necessitats i possibilitats reals de modular la dedicació docent del seu professorat i sigui deferent a les seves regulacions amb conseqüència i, d'una altra banda, que compensi la impossibilitat de convocatòries de places amb l'establiment d'una taxa de reposició d'entorn del 10%.
  6. Sol·licita que en el Consejo de Universidades extraordinari dedicat a l'anàlisi del Reial Decret Llei 14/2012, demanat per cinquanta-nou Rectors, seguint el procediment establert pel Reglament del mateix Consejo, i que en primera instància fou senzillament ignorat, però que ara ha anunciat el Ministeri que convocarà properament, els anteriors punts siguin considerats per al debat i la deliberació.

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, a 1 de juny de 2012

Comunicado de la UPM sobre el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión del 31 de mayo de 2012, tras analizar el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en al ámbito educativo, acuerda manifestar lo siguiente:

1.- Su rechazo al procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la elaboración del mencionado RDL, que se ha tramitado y aprobado sin contar en modo alguno ni con las Universidades, ni con los representantes de sus empleados públicos ni con el Consejo de Estudiantes.

2.- Su rechazo al importante incremento de las tasas universitarias de grados y másteres al que puede llevar su aplicación, lo que dificultaría notablemente el acceso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes con escasos recursos económicos. Esta medida vulneraría el principio de igualdad de oportunidades y de servicio público contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, principios que sustentan nuestro sólido modelo de Universidad Pública.

La medida es aún más rechazable al no contemplarse inscrita en el seno de una reforma del sistema de financiación de las universidades y al no acompañarse de una política de becas más amplia que la actual, claramente insuficiente. No tiene como objetivo dotar de más recursos a la universidad, sino reducir la financiación pública que recibe. El sistema de cálculo de las tasas contemplado en el RD es difícilmente aplicable y puede conllevar a una gran heterogeneidad de las mismas en todo el territorio nacional.

3.- Su rechazo al empleo del crédito ECTS como medida de referencia para establecer la dedicación docente del profesorado, por ser inconsistente y erróneo. El crédito ECTS es una medida de las horas de trabajo empleadas por el estudiante para obtener unas determinadas competencias. Según esta medida, el número de horas empleadas por el profesorado por cada ECTS varía según las asignaturas y su metodología. En consecuencia, no es posible aplicar este RDL para definir la dedicación docente del profesorado

4.-Su rechazo a los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que señalan una dedicación insuficiente del profesorado y de los estudiantes a sus tareas respectivas como justificación de las medidas contempladas en el RDL.

Por todo ello, este Consejo de Gobierno:

RECLAMA al Gobierno de la Nación que derogue el RDL 14/2012 de 20 de abril e inicie cuanto antes el diálogo con los representantes de los colectivos afectados para alcanzar un consenso que permita racionalizar el gasto público en el ámbito educativo sin merma del derecho constitucional de acceso en igualdad de oportunidades a la enseñanza pública.

INSTA a la Comunidad de Madrid a que, de acuerdo a las responsabilidades que le corresponden, garantice la financiación de las universidades públicas madrileñas adoptando modelos que permitan racionalizar el gasto educativo sin afectar de manera drástica a las tasas universitarias y, con ello, alejar la universidad de los estudiantes más débiles económicamente.

PROCLAMA Su defensa de la Autonomía Universitaria y de la Universidad Pública, que en las últimas décadas ha realizado un extraordinario trabajo de modernización que ha permitido mejorar notablemente en todas las facetas de su responsabilidad: la formación, la investigación, la transferencia de tecnología y su compromiso pleno con la sociedad. Una Universidad Pública que, contando con menos medios económicos que las universidades públicas de los países de nuestro entorno, ha contribuido de manera sobresaliente al desarrollo económico y social de España.

La falacia del incentivo monetario

La falacia del incentivo monetario

Breve video donde se explica en un lenguaje claro y preciso, y con gráficos explicativos, la falsedad a cerca de la teoría económica que sostiene que a mayor incentivo económico mayor es el rendimiento de las personas. Se basa en varias experiencias relizadas por prestigiosas Universidades, empresas, y científicos del mundo. En base a la falsedad de tal teoría, demuestra que aplicando un area de trabajo cómoda, con un conjunto de personas a elección, en un ambiente relajado de trabajo, y con amplias libertades creativas, los resultados obtenidos son mejores que el insentivo monetario tratandose de tareas que requieran el uso de la imaginación, de la creatividad y del pensamiento teorico-práctico (así nació Ubuntu y todo el sofware libre).

Insumisión: Construcción y derribo de la Universidad Pública

Insumisión: Construcción y derribo de la Universidad Pública

Esta mesa redonda, celebrada en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, pretendía ser un espacio de reflexión y debate sobre las posibles causas de la crisis, su relación con el desmontaje de la Universidad Pública y de otros derechos sociales, construidos desde el inicio de la democracia y que hoy parecían consolidados. Así como, generar perspectivas y miradas alternativas a la salida de la crisis, que se apoyen en la base de la educación como motor de desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria.

Vía V: Universidades gallegas

Vía V: Universidades gallegas

Los rectores de las tres universidades gallegas participan en un debate en el programa Vía V, de V Televisión, para abordar el futuro de las universidades. Salustiano Mato, Juan Casares Long y Xosé Luís Armesto coinciden en su rechazo a la subida de las tasas de matrícula que recoge el Gobierno central, y que no debería aplicarse en la comunidad, ya que las universidades gallegas llevan años aplicando medidas de eficiencia.

Universidad Politécnica de Valencia: Acord del Consell de Govern, amb relació al Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu

Universidad Politécnica de Valencia: Acord del Consell de Govern, amb relació al Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, en sessió realitzada el 29 de maig de 2012, acorda, amb relació al Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, emetre el comunicat següent:

1. Manifestar la nostra conformitat amb els comunicats de la CRUE de 3 i 23 de maig de 2012.

2. Refusar de manera rotunda el procediment seguit pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en què mesures de vital importància en el funcionament i la gestió de les universitats, incloses en el reial decret llei esmentat, s’han conegut a través dels mitjans de comunicació i de la publicació en el BOE. L’Estat de Dret té establits uns procediments preceptius de consulta que, sense cap justificació, ha ignorat totalment el ministeri.

3. Refusar les mesures aprovades en el RDL amb relació al règim de dedicació del professorat universitari. Aquesta modificació de l’article 68 de la Llei Orgànica d’Universitats entra directament en col·lisió amb el dret a l’autonomia universitària a què la Constitució atorga rang de dret fonamental i que ha referendat reiteradament el Tribunal Constitucional. El reial decret llei esmentat considera les universitats meres delegacions del ministeri, i violenta l’autonomia universitària en establir, de manera taxativa i unilateral, la dedicació docent del professorat.

4. Refusar les mesures aprovades en el RDL amb relació a l’augment de les taxes universitàries. Aquest increment tan sobtat i significatiu pot ocasionar una ruptura del principi d’igualtat d’oportunitats i una disminució significativa de la matrícula en titulacions de grau i màster.

València, 29 de maig de 2012

UPV, 29/05/12

Universidad de Alicante: Acuerdo del Consejo de Gobierno en relación al Real Decreto-ley 14/2012 sobre "medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo"

Universidad de Alicante: Acuerdo del Consejo de Gobierno en relación al Real Decreto-ley 14/2012 sobre "medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo"

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en sesión celebrada el 29 de mayo, acuerda, en relación con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, "sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", convalidado por el Congreso de Diputados el 17 de mayo, emitir el siguiente comunicado:

1. Rechazar de forma rotunda el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya que medidas de vital importancia para el funcionamiento y la gestión de las universidades han sido conocidas a través de los medios de comunicación y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Estado de Derecho tiene establecidos unos procedimientos preceptivos de consulta que, sin justificación alguna, han sido totalmente ignorados por el Ministerio.

2. Rechazar categóricamente los argumentos defendidos por el Ministerio que apuntan al insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley.

3. Expresar su gran preocupación porque el incremento de los precios públicos puede ocasionar una quiebra del principio de igualdad de oportunidades. Durante las últimas décadas las universidades hemos podido incorporar a las aulas estudiantes procedentes de amplias capas sociales que han convertido a la institución universitaria en un importante mecanismo de promoción social. La subida de precios públicos puede hacer imposible que las universidades contribuyamos a la cohesión y estabilidad social.

4. Manifestar que la modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Universidades entra directamente en colisión con el derecho a la autonomía universitaria, al que la Constitución concede rango de derecho fundamental y que ha sido refrendado reiteradamente por el Tribunal Constitucional. El Real Decreto-ley contempla a las universidades como meras delegaciones del ministerio, violentando la autonomía universitaria al establecer de manera taxativa y unilateral la dedicación docente del profesorado

5. Lamentar que dicho Real Decreto-Ley haya sido convalidado por el Congreso de Diputados el pasado día 17, impidiendo su tramitación como Proyecto de Ley, lo que ha hecho imposible que pueda ser modificado en profundidad.

Universidad de Alicante, 29/05/12

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