Privatización

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert
Expertocracia: poder de conocer los intereses de los demás mejor de lo que podrían hacerlo ellos mismos

Moisés

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha hecho entrega al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert de un documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo.

La Comisión de Expertos fue nombrada, por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro.

El documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” ha sido suscrito por la totalidad de los miembros de la Comisión que han participado en la misma hasta la conclusión de sus trabajos (dos de sus miembros: el profesor Barberá y la profesora Chuliá causaron baja en el grupo de trabajo, por razones personales, hace unos meses).

El profesor Alzaga y la profesora Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, han suscrito una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe, los atinentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

El Ministro y su equipo se han reunido con los comisionados a quienes han agradecido su desinteresado esfuerzo a lo largo de estos meses. El Ministro ha subrayado que los trabajos realizados serán objeto de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria en la línea que se señalaba en el Acuerdo de Consejo de Ministros que dio origen a esta Comisión.

Los miembros de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que han elaborado y firmado este informe son:

Presidenta:

María Teresa Miras-Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.

Vocales:

Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

José Adolfo de Azcárraga Feliu, Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-UVEG), Profesor Emérito de la Universidad de Valencia.

José Campmany Francoy, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Garicano Gabilondo, Catedrático de Economía y Estrategia, London School of Economics and Political Science.

Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Director Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU)

Rafael Puyol Antolín, Catedrático de Geografía Humana, Universidad Complutense, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa.

Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Vicepresidente tercero del Banco de Santander.

Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de la Rioja.

Los documentos podrán consultarse en la página web del Ministerio.

La Universidad de Santiago, un polvorín

La Universidad de Santiago, un polvorín
Docentes, investigadores, estudiantes y PAS llaman a hacer un "frente común" para frenar los recortes presupuestarios impuestos por la Xunta
Acusan al rector de mantener una actitud "irresponsable" y de incumplir acuerdos previos y su propio programa electoral

El proyecto de Presupuestos para 2013 va a suponer un recorte en la financiación de las universidades gallegas de casi 22 millones de euros y el consejero de Educación ya les ha advertido a las universidades que debían escoger entre recortar los salarios a los docentes o mantener las remuneraciones, pero despedir profesorado.

Los cálculos realizados por la CIG indican que el recorte salarial previsto del 5% no será suficiente, y dejará el desajuste presupuestario en nueve millones de euros, por lo que según el sindicato "tal desajuste se podría traducir en unos 250 despidos de PAS y PDI así como en mayores recortes salariales". También se ha alertado de que los recortes en la financiación supondrán una muy importante subida de las tasas universitarias, unos ingresos que además no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que serán destinados directamente al pago de la deuda.

Este miércoles nuevamente representantes de la comunidad universitaria han denunciado que la "no apuesta" de la Xunta "por la sociedad del conocimiento y por la I+D+I" va a provocar un gran perjuicio tanto a estudiantes, como a personal docente e investigador, como al personal de administración y servicios.

Han denunciado en este sentido que la política de la Xunta parece destinada a promover el desarrollo de un sistema universitario privado al elevar los precios de matricula de los centros públicos y rebajar su calidad hasta los niveles de la privada. También se critica "el desnorte" de algunas medidas apuntadas por la Xunta para reducir los costes, como por ejemplo la eliminación de los complementos autonómicos de los sueldos del profesorado, "con lo que se perjudica a aquellos docentes con mejor productividad", señaló la profesora Alba Nogueira.

Los representantes de los trabajadores volvieron a alertar de que los recortes en la financiación podrían significar 115 despidos en la USC, pero recordaron a este respecto que desde 2010 la universidad ya ha prescindido de más de 600 trabajadores, entre la no renovación de contratos de investigación, jubilaciones no cubiertas o la supresión de puestos de profesorado asociado. Antonio Pérez Casas, del colectivo de PAS A Trabe, denunció que el trabajo de esas 600 personas tuvo que ser asumido por el resto del plantel y que significó un esfuerzo extra para todos ellos y también una merma de la calidad de la enseñanza y de la investigación en la USC. Añadió que "todos estos esfuerzos económicos sólo sirvieron para financiar a la Xunta de Galicia, y ni un solo euro sirvió para mejorar el servicio público o para reducir la deuda".

Todos los colectivos que integran la comunidad universitaria de la USC son muy críticos con el rector Juan Casares y califican su actitud como "irresponsable". Lo acusan de acatar el bloqueo presupuestario y de limitarse a negociar el lugar en el que efectuar los recortes, en vez de denunciar la posición de la Xunta y el incumplimiento del plan de financiación universitaria por parte del Gobierno gallego. Creen que estudiantes, profesorado, investigadores y PAS deben trabajar unidos en la defensa de la universidad pública y concienciar al conjunto de la ciudadanía "de que esta es una batalla que hay que dar ahora". Y animan el rector a ponerse a la cabeza de esta reivindicación. "Podemos tener un conflicto e incluso problemas de tesorería", dice Pérez Casas, que añade: "Bienvenidos sean si con eso conseguimos salvar la universidad pública".

De momento los estudiantes siguen encerrados en la Facultad de Historia y alrededor de 200 PAS acaban de comenzar un encierro indefinido en el edificio de la Balconada, que acoge algunos servicios administrativos de la USC. El martes, cuando está previsto que el Parlamento apruebe los Presupuestos, llevarán la protesta hasta el Hórreo.

El Diario, 23/01/13

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Market forces have brought chaos to universities

Market forces have brought chaos to universities
Lifting the cap on fees has marketised higher education, with falling student numbers and reduced entry requirements

Some call what's happening in the university sector a "radical overhaul". This sounds planned and orderly. But as student numbers fall and talk turns to the politically embarrassing possibility of university bankruptcies, this starts to look more like a demonstration of the law of unintended consequences.

The increase in fees was originally proposed to the last Labour government by Lord Browne, in response to the universities' own push for more income. He suggested lifting the cap but clawing back some fees from universities that charged more than £6,000. No incoming Tory government was ever going to pass on this opportunity to reduce long-term expenditure and "marketise" the sector. But, in coalition, they had to accept the generous terms for student loans that Nick Clegg needed in order to mitigate his shameful volte-face on his "no fees" pledge. Meanwhile the universities, pretty much to a body, decided to adopt the highest possible fees. With different elements all pushing their own agendas, it was a lash-up from the start.

University applications fell drastically last year, by 54,000 students – representing the population of three entire universities. Recent figures suggest a continuing downward trend, especially among home students. But any hope that a fall in numbers might lead to a reduction of public expenditure looks compromised by the generous terms for student loans. Students don't have to start paying back until they are earning £21,000, which in the current climate may take some time. Indeed, given how many people now have interrupted careers, many may never pay back at all. University lecturers have been heard describing the loans as "free money" to potential applicants.

Then there's the issue of EU students. Their numbers have fallen less than home students and their payback rates are far worse, partly because reclaiming their loans is difficult and because incomes are lower in some EU countries. According to the Financial Times, the government expects to recover only two-thirds of the cost of the loans.

Nor have attempts to make the sector more competitive delivered clear outcomes. If you marketise a sector it will, unsurprisingly, adopt market techniques to survive. Applications figures could have been even worse had some universities not drastically dropped their entry requirements, or "tariffs". Leeds Metropolitan was reported as having dropped its tariff to the equivalent of two Es on some courses, and there is widespread anecdotal evidence that many universities made similar – if not quite so drastic – moves.

The government claims that increased competition is designed to allow top universities to flourish in terms of reputation, research and recruitment, hence their policy of allowing universities to take unlimited numbers of students who achieve two As and a B, and figures released this week talked of "winners and losers". Bristol and Cardiff had increased recruitment but in other universities, including some of the Russell group, recruitment had decreased. Many were suspicious: was this a true test of the "survival of the fittest"? Or were the so called "losers" those universities that had not played the entry game right or stuck by their standards, refusing to lower their tariffs?

Admitting students with reduced entry requirements puts a strain on other students and staff. And what will happen when these students can't keep up? Now they are paying huge fees, how easy will it be for lecturers to fail them? Students will be more demanding of support and resources, and universities won't want them to leave. Will the blame for failure shift on to the course or lecturer?

Another unintended consequence reshaping the higher education environment is the shift in gender ratios. The decrease in applicants in 2012 was four times greater among men, exacerbating an existing trend towards more women graduates. Mary Curnock Cook, Ucas chief executive, describes the trend as "striking and worrying". Perhaps as serious is the massive decline in part-time applicants, invariably mature students who, although now offered access to loans, are being deterred by the huge fees.

It's not just first-time degrees affected. Universities are steeling themselves for a massive decline in home applicants for master's degrees in 2015, and are frantically chasing overseas students – which brings them into direct conflict with the government's policies on visas.

Perhaps more worrying than the chaos created by unco-ordinated changes seriously affecting who has access to higher education is the lack of public debate. Universities themselves appear divided and lacking in direction. Instead of sharing data and highlighting the significant, unplanned and unvoted for changes currently reshaping higher education, leaders of the sector seem more worried about loss of face and market position. This stance means the sector is prey to all the disadvantages of a market system with none of the advantages.

The Guardian, 24/01/13

Juan Manuel Escudero: Nos va a caer como una losa

Juan Manuel Escudero: Nos va a caer como una losa
El autor sostiene que la reforma educativa "transpira un afán de cazar y segregar a los más débiles"
Juan Manuel Escudero es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia

Por más vueltas que le demos y pataletas que se organicen, la nueva reforma, LOMCE, va a caer como una losa sobre nuestra educación con la promesa de redimirla.

Igual que está sucediendo con otras reformas (sanidad, servicios sociales, trabajo, justicia…) más obsesionadas en penalizar a las víctimas que en sentar en el banquillo de los acusados a los culpables, a quienes se enriquecen a costa de los demás, a los defraudadores, la LOMCE transpira un afán de cazar y segregar a los más débiles.

Caerá según lo anunciado, quizás con ligeros retoques y algunos guiños oportunistas para aminorar descontentos, limando alguna arista para no enfadar a quienes tienen mayor poder de hacer oír sus voces. Pero dejando sin tocar lo esencial. Y lo esencial e innegociable es que la derecha ha decidido hace tiempo que la educación es un bien para quienes lo merecen (excelencia), no para todos (equidad).

No para quienes, según los promotores de la LOMCE, no quieren estudiar, no pueden hacerlo porque no “tienen capacidades”, como si el talento fuera un don dado y acabado que se tiene o no desde el nacimiento y nadie, menos la escuela, pudiera y debiera hacer algo para cultivarlo, expandirlo, desarrollarlo. Esa es la reforma en curso. La que se quedó en el tintero hace una década (LOCE, 2002) y ahora surge como un aguijón en contra de todas las anteriores, repletas –dicen– de confrontación ideológica y especulaciones.

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

De acuerdo con la lógica aristotélica, se denomina falacia a una argumentación intencionadamente falsa. Una característica esencial de la falacia es que es relativamente fácil de descubrir, porque la capacidad de argumentación de quien la construye es también relativamente débil. No debemos confundir la noción de falacia con la noción de ideología, tal y como fue definida por la filosofía del siglo XIX y consagrada como concepto por parte de Karl Marx. Una ideología es una construcción o visión del mundo muy compleja, y tiene que tener un carácter sistemático, ya que tiene que dar cuenta de una gran cantidad de hechos mediante la construcción de modelos explicativos, ya sea en el campo de la economía, de la política o de la sociología (Plamenatz, 1983; Eagleton, 1997; Zizek, 2003).

De lo que vamos a tratar a continuación es de una falacia construida dentro del marco académico español. Una falacia que ha sido posible gracias a lo que podríamos llamar la destrucción de la esfera pública en la Universidad española.

En la Universidad española ha desaparecido la capacidad de análisis y autocrítica por parte de la mayoría de sus miembros, y sobre todo de los que más deberían tenerla por su profesión: los profesores. Estos son incapaces de planificar sus acciones institucionales de un modo racional debido a que han decidido aceptar sin ningún espíritu crítico todo un lenguaje basado en palabras vacías y conceptos huecos que nadie ni siquiera intenta definir. Es el caso de términos como “competencia”, “habilidad”, “eficacia”, “excelencia”, “productividad”, “gestión”, “gobernanza”…

Toda esta serie de términos, que llevan consigo la renuncia al desarrollo de un pensamiento racional, tiene en realidad como misión imponer un discurso disciplinario que se basa en la idea de que toda la educación y la investigación científica han de reducirse a un mero proceso de adiestramiento o instrucción, un proceso en el cual unos sujetos pasivos (los alumnos y los investigadores científicos) han de aprender e interiorizar una serie de normas y patrones de conducta que les permitan ejercer una actividad limitada, planificada y regulada por un pequeño grupo minoritario en cuyas manos queda la capacidad de elegir los términos con los que se puede hablar, de diseñar los programas informáticos que todo el mundo ha de seguir, y de establecer los objetivos institucionales y económicos a los que ha de subordinarse toda la actividad académica.

La destrucción de la esfera pública y la anulación de la acción comunicativa, tal y como la definió Jürgen Habermas (Habermas, 1999), es la que ha hecho posible la imposición del discurso disciplinario asociado a los valores del pensamiento económico neoliberal en todos los campos académicos, que deberían encontrar, de acuerdo con él, siempre una justificación económica, y medirse de acuerdo con los patrones de la rentabilidad. Un caso particular de todo este proceso sería el de la investigación científica y los procesos de creación de conocimiento, a los que se intenta regular, controlar y medir hasta el milímetro, llegándose casi al absurdo de pretender planificar la innovación, como si la innovación, y cuanto más radical mejor, pudiese derivarse de un algoritmo perfectamente definido. En la Universidad española, la investigación científica aparece concebida como una parte más del proceso administrativo, lo que es posible debido al poder y a la influencia que los mecanismos de control burocrático y político han alcanzado tanto en los procesos de financiación de la investigación como en el control y planificación de las vidas académicas y personales de los profesores e investigadores.

Diego Llanes: Asalto a la universidad

Diego Llanes: Asalto a la universidad
Diego Llanes, catedrático de Genética de la UCO

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y Lomlou, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias, y creo que sólo tenían un fin: abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la Lomlou, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades. La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los consejos sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil no se dota de la suficiente fuerza como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades de la sociedad.

La Universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la Universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la autosatisfacción. Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y autosatisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la autosatisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante.

El Día de Córdoba, 14/12/12

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

La Universidad, garantía de futuro

Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello, que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante.

Las universidades, ahora más que nunca, estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación.

Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, nos encontramos en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por este motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente:

1. La disminución de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento.

2. Los efectos del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político, de que "nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento". Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.

Ante esta situación, los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente:

  • Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos.

Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.

Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las Administraciones Públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si éstas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos TODOS, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.

Dada la gravedad de esta situación, este Comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas.

CRUE, 10/12/12

Rosa Cañadell: La irracionalidad del ministro Wert

Rosa Cañadell: La irracionalidad del ministro Wert
Rosa Cañadell, psicóloga, profesora y portavoz del sindicato USTEC·STEs

En momentos en que nuestra educación pública está en “cuidados intensivos” por culpa de los recortes que contra ella han hecho las administraciones centrales y autonómicas, ¿tiene algún sentido aumentar las dificultades con nuevos cambios que en nada mejoran pero, sí, crean polémica? En momentos en que el proyecto de Ley del Sr. Wert (LOMCE) ya ha sido ampliamente contestado, por remitirnos a tiempos predemocráticos (reválidas estatales, direcciones autoritarias, religión como asignatura, privatización, etc.), ¿tiene algún sentido aumentar el rechazo de la comunidad educativa con nuevas medidas cada vez más polémicas? En un momento en que el grito de independencia suena más fuerte que nunca en Cataluña, ¿tiene algún sentido aumentar la tensión con un añadido al proyecto de ley que es un ataque frontal al modelo de escuela catalana?

¿Es pura provocación? ¿Se trata de azuzar el tema nacional para poder tapar las vergüenzas de los recortes y demás medidas que plantea la ley? ¿O realmente estamos asistiendo a unos planteamientos totalmente retrógrados respecto a la educación? No tengo respuestas, pero todo ello es altamente preocupante.

Nuestro sistema educativo tiene en este momento suficientes problemas para que el máximo responsable de la educación actúe con este grado de irresponsabilidad.

El modelo de inmersión lingüística, que durante más de 30 años se viene aplicando en Cataluña, ha tenido un éxito total, tanto por lo que se refiere a los resultados escolares en lengua castellana (nuestros alumnos terminan la educación obligatoria con un nivel de competencia en lengua castellana igual o superior al del resto de alumnos/as de otras comunidades del estado), como en su objetivo de ser una herramienta imprescindible para la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todo el alumnado. En Cataluña existe un porcentaje muy alto de alumnado que proviene de familias que no tienen el catalán como lengua propia, los cuales sin inmersión nunca podrán tener la competencia suficiente en un idioma oficial Cataluña. Así pues,  desmantelar este modelo implica, no solamente un ataque a la lengua catalana, sino un ataque a la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Proponer, como ha hecho el Sr. Wert, la posibilidad de escolarización en castellano en centros privados, pagados con dinero público, es otra de las irracionalidades de nuestro ministro. Si no hay dinero para el funcionamiento correcto de los centros públicos, ¿de dónde saldrá el dinero para subvencionar estas nuevas escuelas privadas? ¿No tenemos ya suficiente con pagar con el dinero de todos y todas centros privados que segregan por razón de sexo y/o de clase social, como para añadir nuevas segregaciones por cuestión de lengua? Esta nueva propuesta, además de profundizar en la privatización, abre las puertas a un sistema fracturado en la educación: escuelas en catalán y escuelas en castellano.

Es evidente que, desde los centros escolares, el profesorado y toda la comunidad educativa está cada vez más soliviantado. Necesitamos recursos y un poco de paz en nuestras escuelas e institutos. Necesitamos que las luchas partidistas no terminen por desmantelar definitivamente nuestra educación pública, necesaria, ahora más que nunca, para atender a todo tipo de alumnado en igualdad de condiciones. Es por ello del todo necesario la movilización para que esta ley no se apruebe, ni por lo que se refiere al ataque a nuestro modelo de escuela catalana, ni por todos los otros aspectos por los que está siendo ya altamente contestada por la comunidad educativa de todo el Estado.

Finalmente Sr. Wert: ¿por qué no deja la educación en paz y se dedica a otros menesteres? Muchos ciudadanos y ciudadanos se lo agradeceríamos.

Público, 05/12/12

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert
Los dirigentes de todas las universidades públicas presentarán el lunes un manifiesto conjunto
Los rectores denuncian “los masivos recortes en la financiación de la I+D”

Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecerán el próximo 10 de diciembre una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto contra los recortes en la educación. En un comunicado, la Universidad Politécnica de Cartagena ha avanzado hoy que el comunicado hará hincapié en que la falta de inversiones en la enseñanza superior y en I+D+i lastrará el funcionamiento de las universidades del país y el propio progreso del país.

Hace un mes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya manifiestó su oposición “a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”, en un comunicado en que alertaba de la difícil situación que afronta la investigación en España y recordaba que la aplicación de esos recortes “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los recursos económicos totales previstos para I+D el año que viene “son claramente insuficientes, menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005, lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología”, recalcaban en su nota los máximos responsables de las universidades.

El descontento de los rectores ha ido en aumento desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comenzó a anunciar sus medidas de ahorro, hasta el punto de que el pasado mayo decidieron dejarle plantado en la reunión del Consejo de Universidades en protesta por la negativa del ministerio a debatir con ellos el decreto ley de los recortes en educación.

El País, 05/12/12

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios
Con las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio bloqueadas, un grupo de países claves de la OMC ha iniciado una serie de diálogos independientes con vistas a establecer un Acuerdo Internacional de Servicios (AIS).

Si tiene éxito, el AIS se basaría y ampliaría el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, arrojaría más sectores de servicios a normas más estrictas sobre el suministro y la inversión transfronterizos, y garantizaría que no se restringiera el comercio.

Sus defensores sostienen que un acuerdo sobre servicios ayudaría a impulsar la debilitada economía mundial, pero otros lo cuestionan y sostienen que el alcance del acuerdo podría perpetuar las presiones de la privatización y debilitar normativas importantes.

"Independientemente de si hablamos de liberalizar servicios financieros o servicios de la educación, están en juego algunos factores fundamentales", dijo David Robinson, asesor especial de la Internacional de la Educación. "Si hemos aprendido algo de la crisis financiera es que necesitamos una mayor supervisión normativa del sector, no al contrario. No deberíamos caminar con los ojos cerrados hacia otro fiasco económico".

Según Robinson, la Unión Europea y Australia han presentado un grupo inicial de 10 sectores y cuestiones como prioritarios para alcanzar "compromisos nuevos y mejorados" bajo el acuerdo AIS propuesto, que incluye servicios financieros, de energía, profesionales y de la información y la comunicación.

Si bien hasta la fecha no se ha identificado la educación y otros servicios públicos como prioritarios, Robinson advierte que los docentes y los trabajadores del sector público deberían seguir de cerca las negociaciones.

"Los países participantes han dicho sistemáticamente que el AIS será muy ambicioso y no se excluirá ningún sector", subrayó. "Además, algunas partes de las negociaciones tratan sobre normas que potencialmente tendrán un impacto en la educación, la sanidad y otros servicios públicos, estén o no incluidos explícitamente".

Por ejemplo, la UE y Australia han planteado como tema de debate la regulación doméstica – todas las normas y medidas que los gobiernos exigen que las compañías cumplan para suministrar un servicio. Estas normas incluyen desde normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad hasta los requisitos de certificación y los permisos.

"En el sector educativo, cualquier restricción nueva sobre la regulación doméstica podría afectar potencialmente a los requisitos de certificación docente, estándares de garantía de calidad y permisos de escuelas e instituciones privadas", sostiene Robinson. 

Durante una ronda de negociaciones a principios de octubre, los negociadores del AIS acordaron que el tratado debería seguir las disposiciones principales del AGCS.

Además de la UE y Australia, los otros participantes del AIS son Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.

Internacional de la Educación, 03/12/12

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, donde dirige la Sección de Sociologia de la Fac. de Educación

No sólo los fármacos producen efectos secundarios. Lo hace también la acción social, y lo hace siempre; es lo que solemos llamar consecuencias imprevistas o no deseadas, o efectos perversos. No se escribirían siquiera artículos como éste si la acción social (sea de las autoridades, de los colectivos o de los individuos) produjera siempre o habitualmente los efectos deseados y sólo éstos.

Toda reforma educativa se hace con las mejores intenciones, pero las soluciones de ayer son a menudo los problemas de hoy. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) quiso poner el sistema educativo a tono con los del mundo desarrollado y democrático, lo que pasaba por acabar con la brutal segregación a los 10-12 años (el acceso y la superación o no del examen de ingreso) y la prolongación del tronco común. La ley no permitía abandonar el sistema hasta los 16 años, de manera que cualquier alumno tenía teóricamente tiempo suficiente para terminar la Educación General Básica (común) más un ciclo secundario (Bachillerato o FP1). Sin embargo, condicionaba el acceso al bachillerato a la terminación con éxito de la EGB (al título de graduado escolar), pero no así el acceso a la Formación Profesional I, para el que bastaba haber permanecido en la escuela hasta los 14 años (certificado de escolaridad). Tal desequilibrio en los requisitos contribuyó al descrédito de cualquier formación profesional alternativa al bachillerato; incluso ulterior, aunque en menor medida. La FP devino el basurero, la vía para los fracasados, produciendo de rebote la opción automática por el Bachillerato por cualquiera con los requisitos.

Todas las alternativas a la LGE, desde la propuesta que llegó a formular la UCD a comienzos de los ochenta, pasando por la reforma experimentada por el gobierno socialista en esa década, hasta la LOGSE, quisieron acabar con esta perversión. La respuesta en la LOGSE fue plantear los mismos requisitos para acceder a la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Medio (CFGM)— que para acceder al Bachillerato: el título de Graduado en ESO; y no sólo eso, sino otro tanto para acceder a la etapa siguiente de la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Superior (CFGS)—, que a su vez tendría los mismos requisitos que el acceso a la universidad: el título de Bachillerato. De esta manera, se decía, no se establecería la formación profesional como una segunda vía paralela, de menor valor. Si se entiende mejor con una imagen, podemos visualizar el esquema educativo propuesto como un recorrido académico único que tras la ESO, el Bachillerato o la Universidad daría salida al mercado de trabajo, respectivamente, a través de los CFGM, los CFGS y los posgrados. Pero lo que no se previó fue que tres de cada diez alumnos no superasen la ESO y quedasen irremediablemente apartados de la educación formal -y así es: decimos que cuatro de cada diez alumnos han abandonado prematuramente la escuela, pero lo cierto es que tres de ellos no podían continuar aunque lo desearan. Empecemos por lo segundo.

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’
La reforma del Gobierno nos lleva a una educación masificada que repercutirá en la igualdad y la equidad
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y dirige el Observatorio Internacional de la Profesión Docente

En el contexto actual una devaluación de la moneda es imposible, así que el propósito del Gobierno es devaluar el país. ¿Cómo? La reforma laboral es una respuesta. ¿Otra? La disminución del gasto público donde no hay lobbies que puedan impedirlo: educación, sanidad… Los altísimos recortes presupuestarios en educación desde el 2010 pueden herir de muerte el sistema educativo público si, como anuncia el documento presentado a Bruselas (presupuesto bienal 2013-2014), el gasto público en educación se reduce al 3,9% del PIB (debería dedicar el 6% del PIB y entre el 15% y el 20% del total del gasto público según los organismos internacionales).

Resulta complicado valorar las repercusiones de tantos recortes, porque a los del Gobierno central hay que sumar los de las comunidades autónomas y la lista de despropósitos no tiene fin: recortes en el funcionamiento ordinario de los centros; disminución de las becas y más dificultades para conseguirlas (entre un 20% y un 40% de los estudiantes no podrán renovarla); desaparición del presupuesto para el abandono prematuro, para el programa PROA de apoyo a alumnos y alumnas con dificultades, tan importante para el desarrollo de la equidad; desaparición del programa de inversiones en TIC; de las subvenciones para las asociaciones de madres y padres de alumnos; de las ayudas de acogida matinal; reducción de aulas de compensatoria, de cuidadores para el alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera.

Se trata de un programa conservador, ideológico, que nos lleva a una educación masificada, de precarización del trabajo del profesorado y con una reducción de servicios educativos que repercutirán en la igualdad y en la equidad. Es un programa que no conduce a ningún sitio o, en todo caso, a un callejón sin salida. ¿Se puede asegurar con esos recursos la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para preparar a los niños y niñas para la vida adulta?

Y como un gran sarcasmo, o una burla, se nos presenta una reforma educativa. Una reforma educativa outlet, hecha con saldos del siglo pasado, que pretende mejorar la calidad de la enseñanza con menos recursos pero con mucha más demagogia. Porque no solo se trata de mantener los niveles alcanzados, sino de combatir un 30% de fracaso escolar, un 50% de paro juvenil y mejorar los resultados mediocres en exámenes internacionales como el famoso informe PISA. ¿Será eso posible? Con estos presupuestos lo negamos categóricamente.

El País, 02/12/12

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

A few years ago, when I was still teaching at Yale, I was approached by a student who was interested in going to graduate school. She had her eye on Columbia; did I know someone there she could talk with? I did, an old professor of mine. But when I wrote to arrange the introduction, he refused to even meet with her. “I won’t talk to students about graduate school anymore,” he explained. “Going to grad school’s a suicide mission.”

The policy may be extreme, but the feeling is universal. Most professors I know are willing to talk with students about pursuing a PhD, but their advice comes down to three words: don’t do it. (William Pannapacker, writing in the Chronicle of Higher Education as Thomas Benton, has been making this argument for years. See “The Big Lie About the ‘Life of the Mind,’” among other essays.) My own advice was never that categorical. Go if you feel that your happiness depends on it—it can be a great experience in many ways—but be aware of what you’re in for. You’re going to be in school for at least seven years, probably more like nine, and there’s a very good chance that you won’t get a job at the end of it.

At Yale, we were overjoyed if half our graduating students found positions. That’s right—half. Imagine running a medical school on that basis. As Christopher Newfield points out in Unmaking the Public University (2008), that’s the kind of unemployment rate you’d expect to find among inner-city high school dropouts. And this was before the financial collapse. In the past three years, the market has been a bloodbath: often only a handful of jobs in a given field, sometimes fewer, and as always, hundreds of people competing for each one.

It wasn’t supposed to be like this. When I started graduate school in 1989, we were told that the disastrous job market of the previous two decades would be coming to an end because the large cohort of people who had started their careers in the 1960s, when the postwar boom and the baby boom combined to more than double college enrollments, was going to start retiring. Well, it did, but things kept getting worse. Instead of replacing retirees with new tenure-eligible hires, departments gradually shifted the teaching load to part-timers: adjuncts, postdocs, graduate students. From 1991 to 2003, the number of full-time faculty members increased by 18 percent. The number of part-timers increased by 87 percent—to almost half the entire faculty.

But as Jack Schuster and Martin Finkelstein point out in their comprehensive study The American Faculty (2006), the move to part-time labor is already an old story. Less visible but equally important has been the advent and rapid expansion of full-time positions that are not tenure-eligible. No one talks about this transformation—the creation of yet another academic underclass—and yet as far back as 1993, such positions already constituted the majority of new appointees. As of 2003, more than a third of full-time faculty were working off the tenure track. By the same year, tenure-track professors—the “normal” kind of academic appointment—represented no more than 35 percent of the American faculty.

The reasons for these trends can be expressed in a single word, or buzzword: efficiency. Contingent academic labor, as non-tenure-track faculty, part-time and full-time, are formally known, is cheaper to hire and easier to fire. It saves departments money and gives them greater flexibility in staffing courses. Over the past twenty years, in other words—or really, over the past forty—what has happened in academia is what has happened throughout the American economy. Good, secure, well-paid positions—tenured appointments in the academy, union jobs on the factory floor—are being replaced by temporary, low-wage employment.

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università
Marco Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori Università Italiane

Il mondo universitario sta seguendo con angoscia gli sviluppi della legge di stabilità per il 2013. Lunedì sera la situazione è precipitata in Commissione Bilancio. Dopo una sequela di promesse, presenti nella prima versione del Ddl, agli Atenei nulla è stato dato. Il Presidente della Repubblica pochi giorni fa era stato il primo a lanciare l’allarme. Con la consueta lucidità ha colto il nodo del problema: «L’intervento pubblico e privato in tutti i settori della ricerca - ha dichiarato Napolitano - è una priorità da far valere ancora più in tempi di crisi come quella attuale». È del tutto evidente che quando in Europa si spende mediamente il 2,1 del Pil in ricerca (il 2,2 in Francia, il 2,8 in Germania) si sta finanziando lo sviluppo. Dalla crisi si esce solo favorendo l’innovazione e investendo in quel capitale d’intelligenze che dell’innovazione è l’asse portante. Ma le risorse per ricerca e sviluppo in Italia sono appena l’1,26% del Pil, la metà della media europea. Dobbiamo competere nel mercato internazionale. E a questa competizione ci arriviamo già in crisi profonda. Con meno risorse, meno personale, docenti più anziani e meno studenti.

Questi i risultati di anni di tagli al comparto. Ci era stato detto di pazientare: abbiamo responsabilmente fatto la nostra parte. Abbiamo tagliato, ridotto, risparmiato. Oggi, nonostante la buona volontà del Ministro, c’è chi, al governo, sta riuscendo là dove non era riuscito neppure Tremonti: la distruzione dell’Università pubblica. Nel 2008 l’allora Ministro delle Finanze pianificò un taglio progressivo pluriennale del Fondo per le Università. Siamo passati dai 7,5 miliardi di euro del 2009 ai 7 miliardi del 2012.

Sulla quota fissata da Tremonti per il 2013 il governo non intende intervenire: dai 7 miliardi del 2012 precipiteremo a 6,5 con un calo di più del 6% rispetto al 2012 (e del ben -13% rispetto al 2009). Una vera e propria catastrofe, insostenibile per il sistema universitario, già duramente provato da provvedimenti restrittivi e da tagli su borse post lauream, borse di studio, fondi per la ricerca, fondi per l’internazionalizzazione, tagli sull’acquisto di materiali e attrezzature.

Questo è ciò che si annuncia in Commissione Bilancio. L’unico segnale, certo apprezzabile, è che si sia ritagliata dal «fondo Catricalà» una piccola quota per il diritto allo studio pari a 50mln di euro. Ma alle Università nulla.

E così, per la prima volta nella storia degli atenei italiani, le spese stipendiali saranno pari al 95% dei trasferimenti dallo Stato. Con conseguenze facilmente immaginabili sui beni intermedi che nell’Università significano servizi, infrastrutture per la ricerca e la didattica: non solo molti bilanci non si chiuderanno ma formazione e ricerca ne risentiranno in modo esiziale. O si pensa che le Università andranno avanti con quel misero 5%? Non ci si può stupire che, dopo un quindicennio di crescita, si assista oggi a un calo dell’11% in pochi anni del numero delle matricole. Le famiglie si sono accorte dei danni che stanno subendo gli atenei. Solo il governo sembra sordo e cieco.

La soglia fatale del 95% delle spese stipendiali è il segno della fine. Peraltro ci si arriva per soli motivi aritmetici, non essendo affatto aumentati gli organici. Anzi. L’Italia ha uno dei numeri più bassi di ricercatori rapportati alla popolazione (3,7 contro una media Ocse del 7,6) e in soli quattro anni i docenti sono diminuiti del 10%. Con questi numeri, fra l’altro, cancelliamo ogni speranza per i giovani ricercatori in attesa delle abilitazioni. Nessuno potrà chiamarli.

È stato più volte detto che servono 400 milioni di euro per riallineare il finanziamento universitario del 2013 al 2012. Non per incrementarlo si badi – ma solo per riallinearlo all’anno corrente. Niente. Da questa situazione occorre trarre le debite conseguenze: il problema non è più di numeri, ma schiettamente politico. Non si vuole assegnare a Università e Ricerca il ruolo che altrove nel mondo industrializzato gli compete? Non si vuole favorire il ricambio dei giovani ricercatori? Gli atenei si fermeranno, agonizzeranno e assieme agli atenei si fermeranno sviluppo e capacità competitive. Una responsabilità inaudita graverà sulle spalle dei tecnici. Facciamo appello alle forze parlamentari: intervengano prima che sia troppo tardi.

l'Unità, 14/11/12

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