Privatización

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Muchas de las críticas publicadas hasta ahora han incurrido en el error de analizar el anteproyecto de ley al margen del conjunto de medidas ya adoptadas por los gobiernos central y autonómicos en todos los ámbitos del sistema educativo (recortes de presupuestos y plantillas, aumento de horas lectivas del profesorado, grupos más numerosos, supresión de medidas compensatorias, disminución de becas, subida de matrículas etc. y, como consecuencia lógica, nuevos avances en el proceso de privatización).

Por otra parte, este conjunto de medidas deben entenderse dentro del contexto más general del plan de “austeridad” asumido ahora por Rajoy y antes por Zapatero, bajo la presión de instancias internacionales encabezadas por la "troika" FMI, UE y BCE. Todos ellos dirigidos a la destrucción acelerada de servicios públicos y de conquistas sociales. Planes ya viejos en las altas instancias europeas, pero actualizados y acelerados ahora bajo el pretexto de la "crisis" y del aumento de la deuda soberana resultante de la socialización de las deudas y desfalcos privados.

Pero el hecho de subrayar la continuidad con las políticas anteriores no quita para destacar la dimensión, hasta ahora inédita, de la política destructiva llevada a cabo por el PP en los últimos meses, en particular en educación, y en general en todos los servicios públicos. De hecho, la pretendida reforma educativa del PP ya ha recorrido un inmenso trayecto tras los enormes retrocesos impuestos en un tiempo record a logros históricos que, aunque algunos consideramos parciales e insuficientes, fueron fruto de largas luchas en el terreno educativo.

Como lo demuestra la política educativa seguida los últimos meses, el marco de la LOE de 2006 (falsamente caracterizada como "progresista" por quienes se conceden a sí mismos ese título) era plenamente aprovechable para continuar la aplicación de las políticas neoliberales en la educación. De hecho, como las anteriores LODE, LOGSE y LRU, permitió su progresión con el anterior gobierno y ni impedía, ni ha impedido, al actual adaptarlo a las circunstancias a través de simples decretos, órdenes, instrucciones y anexos presupuestarios, como ya se ha venido haciendo desde el MEC y desde las distintas CCAA.

Francisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación!

Francisco ImbernónFrancisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación! Un año de gobierno del Partido Popular y de recortes educativos. O cómo hundir la educación pública
Francisco Imbernón es catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona

Introducción

El 21 de diciembre de 2011 asume el gobierno de España el Partido Popular con mayoría absoluta. Dentro de pocos días hará un año. En aquel momento el curso escolar estaba empezado y han bastado 12 meses para ver como la educación en España (sobre todo la pública) se ha ido desmoronando poco a poco aunque el gobierno (el central y los autonómicos) han ido hablando eufemísticamente de ajustes debido a la crisis económica, excusa que sirve para todo (ahora no toca hablar de otra cosa excepto en Cataluña que algún tema ha desviado la atención). Y además con la contrarreforma presentada el mes de septiembre se ha vuelto la mirada y los pasos educativos hacia atrás. Y las políticas, las prácticas y las cifras lo demuestran. Este documento pretende demostrarlo o al menos hacerlo patente para todos aquellos que no se lo creen o que dudan que haya un envite ideológico más que una finalidad de mejora de la educación.

En aquel momento (2011) como se tenían que hacer los presupuestos se bajó un 21% menos y lógicamente se traspasó menos a las comunidades autónomas que tienen las competencias educativas y sociales, pero no un 21% sino un 35% menos. Desde la llegada al gobierno del Partido Popular se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013.

En los presupuestos del 2013 se dedica a educación 1944,73 millones de euros (desciende 14,45%) cuando fueron 2.276 millones de euros en 2012 y 2.843 en 2011, o sea que se ha ido reduciendo un tercio desde que gobierna el Partido Popular (31%). Y empezaron los recortes en educación en el Estado y en todas las comunidades autónomas. Unas antes que otras (siempre hay que quiere ser el primero de la clase). Y los recortes presupuestarios van aumentando para cumplir el déficit hasta al 2015 (recortar 10.000 millones de euros antes del 2015 que este año corresponden 3.000 a educación) ya que la intención del gobierno es dejar el PIB del gasto Público en 3,9%. A la altura de países en vías de desarrollo.

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Logo de varios anos de recortes orzamentarios que teñen colocado ás universidades e á investigación realizada desde o seu ámbito (sobre o 60%) nunha situación difícilmente reversibel, o esganamento orzamentario  compleméntase con durísimas medidas de selección do alumnado e redución do persoal.

As enormes diminucións orzamentarias nos fondos dedicados á universidade dentro do plan de financiamento na última lexislatura provocaron despidos e que non se renovaran contratos, severísimas reducións do gasto corrente ou diminucións escandalosas de compra de libros e de suscripción a revistas científicas que levaron mesmo a cortar a continuidade de coleccións que nin a guerra civil fora quen de romper.  Sen convocatorias de proxectos de investigación autonómicos e coas de persoal investigador (en formación, técnicos ou doutores) como unha caricatura do que foron algún día, a investigación estáncase.

A burbulla orzamentaria, comezada nos últimos mandatos do PSOE e mantida polo PP, cun financiamento da investigación cada vez máis polarizado cara os créditos á investigación, conduciu ás universidades a un endebedamento irresponsabel nunha carreira sen saída de infraestruturas, campus de excelencia e demais artefactos ligados á moda do emprendemento. Pincha agora coa crise e unha boa parte dos fondos de investigación (o 40% no último exercicio) quedan sen gastar precisamente porque non hai centro público de investigación que poida achegar a parte coa que debería complementar o orzamentado e financiar os intereses.

Fálase igualmente de reducir aínda un ano máis as titulacións -tres anos- nunha lóxica clara de redución da formación do estudantado e apertura dun mercado para os masters, cada vez máis selectivos económicamente debido á enorme subida das súas taxas e nos que, ademáis, concentra a súa oferta unha boa parte dos centros de ensino privados.  Con solícito apoio de gobernos autonómicos, como os de Madrid ou Murcia, que brindan edificios públicos, axudas e apoio á implantación de universidades privadas.

Defending universities: engaging the public

Defending universities: engaging the public

The Campaign for the Public University welcomes the launch of the Council for the Defence of British Universities. The two campaigns share common values. These values were articulated in a critique of the Government’s White Paper in July 2011, and developed subsequently in an Alternative White Paper, both written together with other campaign groups. The Government has avoided debate, but the issues are pressing and vital to the future of higher education.

Those of us who are academics are deeply concerned about university autonomy, the reduction of higher education to training and the damaging consequences of audit culture. However, we also need to engage with wider publics and how and why they might value higher education. What is at issue is the role of education in the global knowledge economy and the reproduction of advantage, where the only public interest is understood to be the interest of the taxpayer. As Holmwood and Bhambra have argued, under this neo-liberal conception of education it is transformed from a social right into a positional good.

Yet the British Social Attitude Survey has consistently shown that the public values higher education as providing more than the means of getting a better job. They also believe that fees were too high under the previous funding system and are against differential fees for the same courses. The most recent survey shows a small shifting of attitudes. In general, the public continues to regard university education as valuable. However, those with degree-level qualifications (graduates of previous funding systems) tend now to favour fees and also a reduction in student numbers graduates. This indicates a shift toward the defence of market position against the social mission that public higher education previously served.

We are at a pivotal moment. As the CDBU argues, Vice-Chancellors have been supine and quiet in the face of the transformation of higher education in England. University mission groups have also not represented the system as a whole. However, the latter are breaking up and what is emerging is the first sign of a new, restricted Ivy League, potentially willing to go it alone and wrapped in the mantle of traditional university values. We should all heed the warning posted by the Chair of CDBU’s steering committee, Howard Hotson, not to look to the Ivy League. A system in which a few universities flourish at the expense of the rest, is not in the public interest. Nor is it one that the majority of academic and other staff in universities could support.

Campaign for the Public University, 14/11/12

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them
Frantic, unprecedented reform is threatening fundamental academic principles and the purpose of higher education itself

Universities are among the UK's most successful institutions. Collectively, they enjoy a global reputation that few British institutions can match. Their research produces innovations of the highest order. Their teaching attracts a hugely disproportionate share of the world's international students.

Yet their future is being gambled on an unprecedented programme of radical reforms. Nothing similar has been tried elsewhere. No democratic mandate has been sought. These changes are grounded in wishful ideological assumptions. Evidence suggests they will do more harm than good.

Such is the frantic pace of this revolution that few outside universities are aware of its gigantic scope. Its financial dimension is familiar in outline to the general public. Domestic tuition fees, unheard of only 15 years ago, have been trebled this academic year, while 80% of direct public funding has been withdrawn from undergraduate teaching. Even before these changes, public spending on higher education was lower in the UK than almost any other developed country, while business spending on research and development was equally low and falling. Now, tuition fees in England are, on average, the highest in the world.

Yet as public and corporate money is withdrawn, the priorities and preconceptions of politics and business are being imposed on universities more forcefully than ever. Research funding in the sciences is diverted to meet the demands of industry; funding for the humanities is explicitly tied to party-political slogans. Universities, once regarded as self-governing communities of students and teachers seeking deeper understanding, are now line-managed like private corporations, devoted to maximising performance metrics which do not remotely capture what universities aspire to achieve.

These management models impoverish teaching, undermine creativity, trivialise research, and alienate teachers. Worse still, this market system transforms students from active apprentices in the craft of higher learning to passive consumers attempting to leverage their purchasing power into high lifetime earnings. Despite public homage to the knowledge economy, this new regime seems designed to make the careers of the next generation of academics as precarious and unrewarding as possible.

The culmination of this policy is the introduction into Britain of the for-profit university model which has proved so catastrophic to students and taxpayers in the US. Commercial firms are lobbying for the legal redefinition of what it means to be a "university" in England. Why? Because their future profits depend on debasing the very institution they pretend to emulate.

No organisation exists to defend academic values and the institutional arrangements best suited to fostering them. The numerous "mission groups" – the Russell Group, Universities UK, University Alliance, and the rest – do not represent universities as such. They represent senior university administrators, whose primary task is to advance financial interests. Academic unions defend the working conditions of academics, not the values that make their work worthwhile. Learned societies promote individual disciplines, not learning as such. In such conditions, proposals which subvert fundamental academic principles meet no effective opposition.

Many of Britain's most eminent academics and public intellectuals have watched these developments with mounting alarm. Scores have come together to consider how best to resist these changes before the damage they cause is beyond repair. Among their number are past and current presidents of Britain's academies of arts and sciences, Nobel prize winners, and a former poet laureate.

The inaugural meeting of the Council for the Defence of British Universities takes place on Tuesday. The question it confronts is of vital national importance. Will the UK continue to enjoy one of its most outstanding assets? Many of those most able to judge have concluded that it will not, unless strenuous efforts are made to reverse the radical reform of a fundamentally sound system.

The Guardian, 12/11/12

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL
Comunicado do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

Ao longo dos últimos dois anos as universidades públicas portuguesas têm conseguido manter padrões de elevada qualidade de funcionamento e têm, com grande sentido de responsabilidade, acompanhado o país no combate à grave crise nacional.

Durante este período o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) tem vindo a manifestar publicamente as suas posições face à crise e, ao mesmo tempo que aponta dificuldades, tem conseguido, até aqui, apresentar soluções. Apesar da crise, as universidades conseguiram, graças às suas receitas próprias e ao apoio estatal, manter níveis de qualidade no ensino, na investigação científica e na cooperação internacional de inegável valor.

Contudo, a eventual aprovação da proposta de Orçamento de Estado para 2013 (OE 2013) ao reduzir, num valor médio de 9,4%, as dotações a atribuir às universidades, em comparação com o ano corrente, terá efeitos imprevisíveis e irreversíveis em todo o sistema universitário, inviabilizando o desenvolvimento de atividades essenciais para o seu funcionamento. Recorde-se que o financiamento público das universidades já foi reduzido em 144 milhões entre 2005 e 2012, podendo este valor atingir os 200 milhões no caso do OE 2013 vier a ser aprovado sem alterações.

O novo modelo de governação do ensino superior, que se iniciou em 2007, possibilitou, através dos Conselhos Gerais, o envolvimento de personalidades da sociedade na gestão estratégica das universidades e no acompanhamento dos respetivos percursos. Trata-se de um modelo praticado com sucesso e há largos anos em vários países, dentro e fora da Europa.

Os Conselhos Gerais das universidades, que integram essas personalidades externas às instituições, passaram assim a deter a competência de aprovar o orçamento de cada universidade bem como o respetivo plano de atividades.

Neste contexto, e tendo em conta a situação de especial gravidade com que as universidades serão confrontadas no próximo ano, realizou-se hoje uma reunião conjunta entre os presidentes dos Conselhos Gerais e os reitores, a primeira a ter lugar desde que o novo modelo de governação entrou em vigor.

Nesta reunião foi efetuada uma análise da situação financeira que irá ocorrer no próximo ano, caso se confirme o estipulado na atual proposta de Lei do OE para 2013. Concluiu-se que, nestas condições, será inviável o funcionamento das universidades públicas.

Os Presidentes dos Conselhos Gerais afirmaram a sua profunda preocupação com esta situação que, ao comprometer a qualificação dos portugueses, inibe o desenvolvimento económico do país e afeta gravemente o bem estar dos seus cidadãos.

Face ao iminente quadro de rotura na rede universitária, numa altura em que se avizinham grandes desafios internacionais, como é o caso da Estratégia 2020 da União Europeia, os reitores decidiram solicitar, com caráter de urgência, uma audiência aos membros do governo envolvidos, bem como a Sua Excelência o Presidente da República.

O CRUP mantém, como até aqui, uma total disponibilidade para, em diálogo, ajudar a resolver este grave problema financeiro e tudo fará para garantir um futuro sustentável para as universidades. Se as universidades perderem qualidade ficarão igualmente em risco a investigação científica, a inovação tecnológica e a qualificação de nível superior. Todos perderemos a mais importante arma que um país pode deter: a criação e a aplicação de novos conhecimentos.

Dada a gravidade da situação será apresentada em simultâneo em todas as universidades, ao meio dia da próxima sexta-feira dia 9, perante as respetivas comunidades universitárias, uma declaração dos reitores das universidades públicas portuguesas sobre a inexequibilidade do quadro orçamental para 2013.

Lisboa / 07 de novembro de 2012

CRUP, 09/11/12

Outras novas realcionadas:

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities
Purpose of university is being 'grossly distorted by the attempt to create a market in higher education', says one CDBU founder

Some of Britain's most high-profile public intellectuals have formed a coalition to defend universities against the erosion of academic freedom and the marketisation of higher education.

Lord Bragg, Alan Bennett, Sir David Attenborough and Richard Dawkins are among 65 writers, broadcasters and thinkers who have jointly founded the Council for the Defence of British Universities (CDBU), to be launched next week.

The group's manifesto, also backed by former poet laureate Sir Andrew Motion, Booker prize-winner Dame AS Byatt, playwright Michael Frayn and astronomer royal Lord Rees, claims the basis of a degree is under threat.

Writing in the Times Higher Education supplement, historian and former British Academy president Sir Keith Thomas said "the very purpose of the university" was being "grossly distorted by the attempt to create a market in higher education".

Students, he wrote were "regarded as 'consumers' and encouraged to invest in the degree course they think most likely to enhance their earning prospects".

Academics, he added, were now viewed as "producers, whose research is expected to focus on topics of commercial value and whose output is measured against a single scale and graded like sacks of wheat".

The organisation is expected to campaign for the abolition of government funding bodies and propose a move to fully independent grant councils free from political interference.

Last year, dozens of academics resigned from one such funding body, the Arts and Humanities Research Council (AHRC), in a row over academic freedom when the "big society" was introduced as a research priority.

Thomas also took a swipe at "remarkably supine" university leaders who were only concerned about gaining "local advantage" from government reforms rather than opposing them. "Deep dissatisfaction pervades the university sector. Its primary cause is not the lack of adequate funding, for it is appreciated that higher education is expensive and times are hard. Rather, it arises from the feeling that an understandable concern to improve the nation's economic performance, coupled with an ideological faith in the virtues of the market, has meant that the central values of the university are being sidelined or forgotten."

He said the task of the council was "not just to challenge a series of short-term political expedients: it must also combat a whole philosophy", adding: "British universities are a precious feature of our national life and enjoy a high international reputation. They should not be imperilled by misconceived government policies, however well-intentioned."

Writing in the same publication, Rees said morale among staff was being damaged. "I am lucky to have spent many years in one in the University of Cambridge. But even there, morale is falling," said the cosmologist and former head of the Royal Society.

"Coffee-time conversations are less about ideas and more about grants, the research excellence framework, job security and suchlike. Prospects of sustaining excellence will plummet if such concerns prey unduly on the minds of even the best young academics."

The Guardian, 08/11/12

Miguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla

Miguel López MeleroMiguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla (PDF)
Revista de Estudios, 44, Octubre 2012
Miguel López Melero, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga

Soy partidario de que se hagan las cosas bien y no constantes reformas y contrarreformas que no suelen ser otra cosa que parches o el producto de la vanidad del que ocupa el Ministerio de Educación. Y quien lo está haciendo mal, en estos momentos, es el gobierno del Partido Popular que en menos de un año ha puesto al país ‘patas arriba’ con los recortes económicos y, sobre todo, con los recortes de derechos. Y lo está haciendo mal al hacer caso omiso a las evidencias: es imposible salir de la crisis a través de recortes y más recortes y sin crear empleo y, a pesar de ello, este gobierno y su presidente a la cabeza, se ha puesto al servicio del capital y se ha olvidado completamente de la ciudadanía española. Como muchos economistas han señalado (incluyendo al premio Nobel de economía Paul Krugman) no se soluciona el problema económico sin una decidida política de inversión y, añadiría yo, tampoco se soluciona únicamente con medidas económicas, sino limpiando de nepotismo y corrupción a las instituciones, y a la postre, democratizándolas (algo que afecta a los dos grandes ‘partidos’ PP y PSOE, como es bien sabido). Es un problema de democracia y no sólo de economía el que tenemos y el gobierno, intencionadamente, no sólo mira hacia otro lado, sino que hay toda una premeditada provocación institucional.

Por otra política educativa

POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA

Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:

  1. EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
     
  2. DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
     
  3. ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
     
  4. CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
     
  5. FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
     
  6. SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
     
  7. REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
     
  8. ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
     
  9. EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
     
  10. RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
     
  11. AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
     
  12. SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
     
  13. CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
     
  14. SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
     
  15. CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
     
  16. AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
     
  17. TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
     
  18. PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
     
  19. DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
     
  20. PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.

Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.

Sevilla, a 27 de octubre de 2012

Firmantes

Adell Segura, Jordi. Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Alba Pastor, Carmen. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Álvarez Méndez, Juan Manuel. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Angulo Rasco, Félix. Catedrático de la Universidad de Cádiz

Badía Alcalá, Pedro. Director del periódico Escuela

Ballarín Domingo, Pilar. Catedrática de la Universidad de Granada

Blanco García, Nieves. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Cabello Martínez, Josefa. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Carbonell Sebarroja, Jaume. Director de la revista Cuadernos de Pedagogía

Clemente Linuesa, María. Catedrática de la Universidad de Salamanca

Domínguez Fernández, Guillermo. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide

Feito Alonso, Rafael. Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Fernández Enguita, Mariano. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Fernandez Sierra, Juan. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería

Gimeno Sacristán, José. Catedrático de la Universitat de València

Gutiérrez Del Amo, Pablo. Periódico Escuela

Imbernón Muñoz, Francisco. Catedrático de la Universitat de Barcelona

Jiménez Sánchez, Jesús. Inspector de Educación

López Melero, Miguel. Catedrático de la Universidad de Málaga

López, Begoña. Profesora de Educación Secundaria

López, Pilar. Profesora de Educación Secundaria

Marrero Acosta, Javier. Catedrático de la Universidad de La Laguna

Martín Criado, Enrique. Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide

Martín Rodríguez, Eustaquio. Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Martínez Bonafé, Jaume. Profesor Titular de la Universitat de València

Martínez López, Cándida. Profesora Titular de la Universidad de Granada

Martínez Rodríguez, Juan Bautista. Catedrático de la Universidad de Granada

Moreno, Agustín. Profesor de Educación Secundaria

Murillo, Francisco. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga

De Pablos Pons, Juan. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Pazos Jiménez, José Luis. Presidente de la FAPA Giner de los Rios de Madrid

Pérez Gómez, Ángel I. Catedrático de la Universidad de Málaga

Porlán Ariza, Rafael. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Recio, Miguel. Director de Instituto en la Comunidad de Madrid

Rodríguez Martínez, Carmen. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Rogero Anaya, Julio. Movimientos de Renovación Pedagógica

Sancho Gil, Joana M. Catedrática de la Universitat de Barcelona

Santos Guerra, Miguel A. Catedrático de la Universidad de Málaga

Subirats, Marina. Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona

Sureda, Jaume. Catedrático de la Universitat de les Illes Balears

Tiana Ferrer, Alejandro. Catedrático de la UNED

Torres Santomé, Jurjo. Catedrático de la Universidade da Coruña

Varela Fernández, Julia. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid

Vázquez Recio, Rosa. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz

Viñao, Antonio. Catedrático de la Universidad de Murcia

Francisco José Quiles Flor: ¿Futuro para la UCLM?

Francisco José Quiles Flor: ¿Futuro para la UCLM?
Francisco José Quiles Flor, catedrático de Universidad de la UCLM (ex vicerrector de Investigación de la UCLM)

Con el anuncio de la propuesta de presupuestos regionales para el próximo año se ha cerrado cualquier duda que pudiera existir sobre los planes de futuro para la Universidad de Castilla-La Mancha. Creo que todo el mundo debe ser consciente de que una institución académica que hace tan solo dos años tenía un presupuesto de 165 millones de euros no puede sobrevivir tal y como la conocemos con 98.  Esta reducción no tiene posible comparación con lo que está sucediendo en el resto de las Universidades públicas españolas. Es cierto que todas ellas están sometidas a recortes, necesarios como esfuerzo solidario con la sociedad, pero estos son incomparables con los que está exigiendo el gobierno regional: en el peor de los casos en otras comunidades este recorte no supera el veinte por ciento y en la mayoría es inferior al quince, mientras que en nuestro caso alcanza el cuarenta por ciento. 

Ante estos datos, es evidente que el gobierno regional y el de la Universidad de Castilla-La Mancha se proponen un cambio sustancial en nuestra Universidad, de modo que, tarde o temprano, el Consejero de Educación y el Rector anunciarán una profunda transformación de la institución. Teniendo en cuenta la dimensión del recorte propuesto, es de ilusos suponer que dicha transformación consistirá en ligeros retoques de maquillaje, supondrá el cierre de titulaciones y de centros docentes y de investigación. En algún momento, ambos gobiernos, el regional y el de la Universidad, tendrán que dejarse de eufemismos y metáforas y comunicar a la sociedad castellano-manchega la dura realidad a la que esto nos lleva: en el futuro muchos jóvenes castellano-manchegos tendrán que volver a estudiar en otros territorios, y además ello llevará consigo el despido de muchos de los profesores mas jóvenes de la Universidad, que pese a haber obtenido sus acreditaciones a nivel nacional y haber superado las oposiciones correspondientes, ahora van a tener que marchar a otras universidades o centros de investigación, la mayoría en el extranjero. Nuestra tierra perderá así todo el potencial de estos profesores, en cuya formación se ha invertido mucho dinero en forma de becas, estancias en el extranjero, proyectos de investigación, etc..

En resumen, todo lo conseguido en dos décadas y media de duro trabajo, en las cuales Castilla-La Mancha por fin había logrado situarse en el mapa de la educación superior y de la investigación, va a esfumarse como si de un espejismo se hubiera tratado debido al recorte en el presupuesto de la UCLM. Si los castellano-manchegos aceptamos mansamente dicho recorte, estamos renunciando a que muchos de nuestros hijos puedan desarrollar sus estudios en nuestra tierra y a que nuestras empresas se puedan ver beneficiadas del impulso innovador y de profesionales preparados que supone tener cerca una Universidad fuerte y competitiva. ¿Alguien piensa que empresas como Eurocopter estarían en Castilla-La Mancha si no tuviéramos Universidad? La posición alcanzada en investigación es imposible de mantener sin presupuestos regionales y sin apoyo para la transferencia a la empresa. No nos podemos engañar respecto a la investigación, que es como un campo de frutales: si se deja de regar un año, no se recupera regando al siguiente, necesita más de una década para la recuperación de sus árboles.

Por tanto, la sociedad castellano-manchega debe decidir si este es el futuro que quiere para nuestra tierra y reclamar, si así lo considera, otro trato y otros esfuerzos para la Universidad pública regional. En particular, la comunidad universitaria debe ser consciente del futuro inmediato al que nos enfrentamos y luchar para que desde los órganos de gobierno que tenemos, se impulse una postura clara de defensa del futuro de la institución. Si no lo hacemos ya, seguro que terminarán anunciando una nueva y mermada Universidad de Castilla-La Mancha con nocturnidad, alevosía y en vacaciones.

Lanza, 12/10/12

Jordi Llovet: La universidad que vendrá

Jordi Llovet: La universidad que vendrá
Caben escasas dudas acerca del auge futuro de las universidades privadas en detrimento de las públicas

Hacer un pronóstico de la universidad que nos espera no es tarea difícil. Basta con analizar todos los datos que poseemos sobre la cuestión educativa en España —secularmente desinteresada por la materia— o en Cataluña —algo más interesada en ella—, y, en especial, los datos que nos ofrece la historia económica reciente de ambos países, y aun del contexto europeo. Un análisis de esos hechos y, en especial de su tendencia, permite forjarse una idea más bien desoladora del horizonte que le espera a la vida universitaria de nuestro país.

Para empezar, caben escasas dudas acerca del auge futuro de las universidades privadas en detrimento de las públicas. La pésima organización de los currículum universitarios, añadida a otros factores que enumeraremos enseguida, hacen prever una mengua de toda enseñanza “de Estado” en favor de cualquier enseñanza de pago —no solo la universitaria, también la secundaria—. La enorme competencia que existe en estos momentos en el mercado laboral hará que los progenitores que puedan permitírselo manden a sus hijos a centros privados —donde la formación, incluso las salidas profesionales, poseen mayores garantías que en los centros públicos—, habida cuenta, encima, de que el número de profesionales egresados de nuestras universidades supera con creces —mucho más que en otros países de nuestro entorno— el porcentaje de los que resultan necesarios. Añadamos, aún, que los salarios de nuestros recién graduados serán en España, por algunos decenios, inferiores a los que pueden percibirse en Estados Unidos, pero también en Francia, Inglaterra o Alemania.

En segundo lugar, las universidades en general, pero más las que dependen del Estado, tienden, desde hace cosa de 10 años, a suprimir la figura de los funcionarios públicos (profesores titulares y catedráticos) en beneficio de los profesores contratados: casi todas las cátedras vacantes, abandonadas por cansancio o por jubilación forzosa en los últimos años, no han sido convocadas como medida de ahorro relativamente sustancial: un catedrático de más de 60 años puede ingresar entre 4.500 y 5.000 € netos al mes, mientras que un profesor asociado, una de las figuras más extendidas en la universidad española de nuestros días, que en algunos centros llega a alcanzar el 50% de la clase docente, ingresa entre 450 y 500 euros por idéntica dedicación: 10 veces menos, como no es difícil calcular. Esta diferencia tan escandalosa no es, sin duda, la mejor manera de estimular a los jóvenes docentes a seguir una carrera académica solvente; ni siquiera es una garantía, sino todo lo contrario, de que ellos mismos (incluso los alumnos) se tomen muy seriamente su trabajo. La universidad española se ha “proletarizado” en los últimos decenios, y en el seno de esta clase de trabajadores los profesores asociados constituyen hoy un verdadero Lumpenproletariat mal tratado, menospreciado y violado en sus derechos más elementales.

Pero hay más. El objetivo no siempre declarado, pero tácito, del desdichado plan Bolonia consiste en dos falacias: ajustar el número de graduados a las exigencias del mercado laboral —algo que, como se ha dicho, en España no se cumple en absoluto, para desengaño de muchos de sus egresados universitarios— y homogeneizar, aunque no unificar (algo inviable cuando se comparan países con una sólida tradición intelectual con el nuestro) las enseñanzas que se reciben. El segundo de estos extremos era algo que podía darse por supuesto antes de que se pusiera en marcha el plan Bolonia: un estudiante alemán que termina el bachillerato, o Gymnasium, está, en todos los sentidos y en todas las materias, igual o mejor preparado que un estudiante salido de las aulas superiores españolas: es una realidad que conocen bien todos los profesores, no solo los de letras, sino también los de ciencias. Es sabido que muchas facultades del ámbito científico de toda España se ven obligadas a impartir un semestre llamado “cero”, si no un curso entero, para elevar la ignorancia de sus alumnos hasta el nivel mínimo que les permita seguir con provecho las enseñanzas de nivel superior. Aquí debería haberse pensado en carreras de cinco o seis años, en lugar de cuatro —las más—, para suplir eficazmente y con realismo las carencias cada vez más ostensibles de nuestra enseñanza secundaria.

Por fin, pero no para acabar con tan espinosa cuestión, la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza universitaria no hará sino mermar la capacidad de los estudiantes, ya de por sí pequeña, de poseer no solo información, sino el bagaje imprescindible para tener, durante los estudios y a lo largo de toda su vida profesional, amor por el conocimiento y el saber. Se está generando en España una clase profesional muy distinta de aquella que anhelaba la Segunda República: una clase dócil, inculta en términos generales, analfabeta en muchos casos, desinteresada por todo lo que no sea una pequeña parcela de saber e indiferente al desarrollo cultural y civilizatorio del país, que, curiosamente, ha gastado una parte importante de sus energías y de sus presupuestos en formar a esa clase profesional e intelectual.

A decir verdad, no veo más que nubarrones en el panorama universitario que nos espera en el futuro.

El País, 08/10/12

For a Public University!

For a Public University!

On 15 June 2012, the workshop ‘For a Public University’ was held at Nottingham University. The transformation of Higher Education in the UK is at full speed. The cuts in government funding and the simultaneous increase in tuition fees of up to £9000 per year have dramatic implications. While universities emphasise the need to attract private finance, students are pushed towards courses with direct employment possibilities. At the same time, employers ask for closer co-operation with universities not only in relation to research but also in terms of the development of teaching curricula. The main focus is clear: education should be directed towards business interests in order to strengthen the UK economy.

This workshop had the purpose to analyse the underlying dynamics of the transformation of Higher Education in and beyond the UK, to reflect on the social function of Higher Education, as well as develop alternative ways of thinking about how best to deliver Higher Education in the future. The goal is to re-assert ways in which Higher Education can be retained as a public good, available to all.

Panel 1 – Pedagogy and Knowledge
Panel 2 – Restructuring and Marketization
Panel 3 – Contested Visions of the Public University
Blog posts related to the workshop
Blog sites and posts related to Higher Education restructuring

Panel 1 – Pedagogy and Knowledge

Panel 2 – Restructuring and Marketization

Panel 3 – Contested Visions of the Public University

Blog posts related to the workshop

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The workshop was jointly organised by the Local UCU Association at Nottingham University, the Centre for the Study of Social and Global Justice (CSSGJ)/Nottingham University, the Centre for Research in Higher, Adult & Vocational Education (HAVE)/Nottingham University and the International Political Economy Group (IPEG) of the British International Studies Association.

La marchandisation de l'enseignement supérieur dans le monde

La marchandisation de l'enseignement supérieur dans le monde
Colloque international de l’ARESER (Association de réflexion sur les enseignements supérieur et la recherche)
Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Vendredi 5 octobre 2012 (13h-19h), salle 216

Le vendredi 5 octobre 2012, l'ARESER organise à Paris 1 un colloque international intitulé: "L'Université à l'heure de la marchandisation des savoirs". En voici l'argument:

Depuis le milieu des années 1990, l’histoire des universités s’est accélérée. L’emprise croissante de la doxa néolibérale sur tous les secteurs de la vie sociale aboutit à l’université, comme dans le monde de la recherche, à une dévaluation progressive des valeurs académiques comme à un recul de l’autonomie scientifique. Dans la plupart des pays, la marchandisation des savoirs se manifeste par l’explosion des frais d’inscription (et corrélativement l’endettement des étudiants et de leurs parents), une diminution des budgets pérennes des laboratoires au profit de concours sur appels d’offre, une relégation croissante de la recherche fondamentale comme de la pensée critique, une précarisation accrue des personnels notamment débutants, administratifs, techniques ou d'enseignement, un renforcement des inégalités entre établissements au nom de la course à l’excellence et au classement international, une pression accrue sur les étudiants pour une formation finalisée et accélérée. Ces politiques se traduisent aussi par un recul de la démocratie universitaire au profit d’une gouvernance autoritaire calquée sur le modèle de l’entreprise ou des administrations gérées selon les normes du New Public Management. Le désengagement de l’Etat et les divisions croissantes du monde académique s’accompagnent d’une colonisation par de nouveaux modes de gestion avec notamment la prolifération d’une novlangue managériale vectrice de nouvelles procédures d’évaluation et de classement plus ou moins arbitraires et gaspilleuses de temps et de personnel. Et - malgré leur indigence intellectuelle reconnue même par certains responsables - ces classements  prennent un ascendant croissant sur des « décideurs » pressés et de plus en plus sommés par les marchés financiers de réduire à sa plus simple expression l’Etat providence, redistributeur, mais aussi éducateur, pour faire advenir un univers concurrentiel, source supposée de tous les bienfaits économiques, sociaux, intellectuels comme politiques à venir.

Ces évolutions structurelles se répercutent sur la production des savoirs. De nouvelles disciplines adaptées au nouveau cours se développent fortement (gestion, informatique, études pluridisciplinaires centrées autour de l’étude d’un objet empirique socialement préconstruit, etc.), tandis que les humanités et disciplines les plus gratuites et théoriques sont contestées ou s’étiolent, alors que les décideurs se font pourtant les chantres de la « société de la connaissance ». De même, la volonté de faire advenir des centres de recherche « d’excellence » à tout prix en plus d’une bureaucratisation croissante du métier d’enseignant-chercheur comme de chercheur aboutit à la constitution de véritables déserts scientifiques dans les lieux qui n’ont pas été distingués. Elle se révèle être aussi une puissante source de conformisme intellectuel que peine à masquer un internationalisme de façade et qui privilégie les circulations entre les pôles dominants de la société universitaire : Etats-Unis/Europe du nord-ouest/Chine/Japon/Inde comme l’indique le dernier rapport sur la science de l’UNESCO.

Cette mutation des savoirs comme de leurs conditions de production et de diffusion s’accompagne aussi, à la faveur de la récente massification universitaire, d’une reconfiguration des modalités de transmission. Si les institutions dominantes continuent toujours à dispenser, comme à produire, des savoirs généralistes à des fractions d’étudiants avancés de plus en plus privilégiés et assurés d’occuper ensuite une position élevée dans la société future, les établissements accueillant un public moyen ou plus populaire sont sommés de « s’adapter » à leur nouveau public en développant des filières professionnalisées et spécialisées censées mieux répondre aux attentes des employeurs comme de leurs étudiants. A l’instar de l’autonomie scientifique, la vocation historique à la fois généraliste, critique, voire émancipatrice, de l’université recule donc peu à peu, contribuant ainsi à l’appauvrissement généralisé de la culture comme du débat démocratique.

Afin de faire le point sur ces évolutions, de définir les spécificités nationales ou disciplinaires, comme de rendre compte des résistances qu’elles rencontrent un  peu partout dans le monde, l’ARESER organise donc le 5 octobre 2012 un colloque international à Paris à l'Ecole normale supérieure qui tirera de la comparaison et du débat les fondements d’une critique rationnelle de l’état des choses et d’une  redéfinition alternative d’un nouvel idéal académique. 

Le programme provisoire du colloque est disponible ci-dessous.

13h Ouverture : Charles Soulié (Paris 8), secrétaire de l’ARESER

13h15 : Eli Thorkelson (Chicago) :« L’usage politique des modèles d’universités étrangères : l’université américaine aux yeux des Français »

13h45 : Alexandre Bikbov (Moscou) : « L’université en Russie : le prix de la réussite »

14h15 : Aurore Merle (Hong Kong) : « L’université en Chine : une institution sous tension »

14h45 : Pierre Vermeren (Paris 1) : « Les universités publiques au Maghreb peuvent-elles s’aligner sur la mondialisation universitaire ? »

15h15 : Discussion, pause

16h30 : Donald Broady et Mikael Börjesson (Uppsala) :« Oraison funèbre du modèle suédois »

17h : Annick Lempérière (Paris 1, IUF) « L’éducation supérieure comme business. Le modèle néolibéral chilien »

17h30 : Hans Ulrich Jost (Lausanne) : « La révolution oblique des universités suisses »

18h : Discussion

18h30 : Essai de conclusion, Christophe Charle (Paris 1, IUF), président de l’ARESER

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)
J. Félix Angulo Rasco, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

Este documento pretende ser una primera reflexión sobre un borrador de una Ley Orgánica que está preparando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una reflexión que quisiera transitar, si todavía es posible, por cauces racionales, basándose en la literatura científica disponible y presentando un conjunto de contra argumentos a unas ideas, objetivos y disposiciones que no son precisamente novedosas, y como luego se especificará, no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado. Medidas que, en el fondo, tienen como claro objetivo desmontar la escolaridad pública y transformar un sistema parcialmente comprensivo en otro selectivo y segregador.

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.

Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.

En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.

El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada --pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.

(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.

Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.

Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.

(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.

(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.

(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.

Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.

Nuevo Desorden, 13/09/12

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