Privatización

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.

Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.

En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.

El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada --pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.

(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.

Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.

Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.

(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.

(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.

(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.

Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.

Nuevo Desorden, 13/09/12

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

El Gobierno presenta su reforma educativa en la línea de las propuestas que lanzó antes de verano. Aunque abrió una consulta en la web, no ha habido el debate que nos urgía, y en las conclusiones es fácil ver cómo el ministerio lleva el agua a su molino. En los últimos 30 años España ha tenido tres grandes reformas (LOGSE, LOCE y LOE), y cinco en 50 años. Mientras, los países referencia por sus resultados académicos han mantenido sus grandes leyes, y se han limitado a reformas parciales. Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada Gobierno.

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección…). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afín a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

El País, 13/09/12

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Hay situaciones tan graves que el business as usual (seguir haciendo como siempre) se vuelve necesariamente contra nosotros y nosotras. Estamos viviendo una de esas situaciones. Tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es el ataque organizado contra los servicios públicos: contra uno de los pilares básicos de la vida decente en una sociedad democrática. Y dentro de ese ataque, la demolición programada de la educación pública.

El lunes 3 de septiembre, el comienzo oficial del curso académico para las universidades públicas madrileñas no tuvo lugar. Otros septiembres ha sido éste un acto rutinario al que invariablemente acudía la presidenta de la región; se dictaba una lección magistral; se pronunciaban algunos discursos, a veces interesantes, otras veces tediosos; se entonaba ese curioso y hedonista himno universitario llamado GAUDEAMUS IGITUR (donde la enternecida comunidad académica no se priva de lanzar jocundas vivas a la república, así como a las “mujeres tiernas y amables”: aquí la traducción de los versos latinos). Esta vez, sin embargo, en la Facultad de Medicina de la UAM, Esperanza Aguirre no se atrevió a presentarse: envió a dar la cara a su subordinado Jon Juaristi. Y la intensidad de la protesta de estudiantes, profesores, sindicatos y PAS (Personal de Administración y Servicios) fue tal que no hubo ni medidos discursos, ni inauguración oficial, ni sentimental GAUDEAMUS.

El sentido que se desprende de estos hechos es claro, en mi opinión: vivimos una situación tan anómala, el ataque contra la universidad pública (plasmado en la ley 6/ 2011 de la CAM, el Real Decreto-Ley 14/ 2012 del gobierno del Reino de España, y los recortes de fondos) es tan destructivo, que el curso no debe comenzar. Y de hecho en Madrid (y en otras comunidades autónomas) están en marcha iniciativas en ese sentido.

Una de ellas es la convocatoria de una huelga indefinida de docentes (en todos los niveles de enseñanza en la Comunidad de Madrid, desde las escuelas infantiles a la universidad) a partir del 17 de septiembre. Pueden verse detalles de esta iniciativa en este blog. Se presentará en rueda de prensa el 5 de septiembre, a las 17 h., en la librería asociativa Traficantes de Sueños (c/ Embajadores 35, Madrid).

Una segunda iniciativa importante es la campaña de desobediencia civil propuesta desde la UCM y que ha ido elaborándose durante el verano: se hallará información básica en su web. La campaña arrancará el 12 de septiembre, a las 12 h., con una rueda de prensa (también en Traficantes de Sueños).

Llamo a todos mis compañeros y compañeras docentes a presentar las clases universitarias, en este anómalo inicio de curso que no debe comenzar, no con la explicación de ninguna materia curricular sino con un debate franco, crítico y abierto que aborde la situación actual. Desde la UAM hemos elaborado un documento en formato ppt que resume algunos puntos susceptibles de abordarse en tal debate: está a disposición de todo el mundo aquí.

Quienes potencialmente tienen más fuerza en este conflicto son las y los estudiantes. Lo han demostrado estos meses últimos en Chile, en Quebec y en otros lugares. Cada uno de las y los trabajadores públicos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y sin duda se nos pedirá cuentas por ello, en algún momento. Pero la fuerza potencialmente decisiva es la de los estudiantes. Ojalá no falten a su cita con la historia.

MÁSPúblico, 05/09/12

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia
Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía en la UCM y coautor de los libros El Plan Bolonia y Bolonia no existe

Tras las protestas que interrumpieron la apertura del curso universitario de la Comunidad de Madrid, el director general de Universidades, Jon Juaristi, declaró que “no entendía que la gente estuviera cabreada” y que, además, “esa no era la gente de la Universidad”. ¿Quién es la gente de la Universidad? ¿Los que durante diez años de Plan Bolonia protagonizaron en los medios de comunicación una campaña de indigna propaganda plagada de calumnias contra la universidad pública, a la que supuestamente había que reformar de arriba a abajo para ponerla “al servicio de la sociedad”? ¿Gente como Daniel Peña, actual presidente de los rectores madrileños, que hasta hace nada proclamaba a los cuatro vientos que la universidad pública estaba en su mejor momento? ¿Como José Carrillo, que fue vicerrector de Espacio Europeo de la UCM y veía en Bolonia la gran ocasión de crear una universidad de enseñanza personalizada, grupos pequeños, alumnos internacionales que viajarían de aquí para allá con becas y subvenciones, cursando grados y másteres felizmente adaptados a un próspero mercado laboral en nuestra inigualable “sociedad del conocimiento” europea?

Ahora habrá quien diga que el Plan Bolonia era bueno, pero que no pudo aplicarse porque faltaron los medios para ello a causa de la crisis económica. La realidad es muy distinta. Para empezar esta crisis económica es una salvaje revolución neoliberal que está aprovechando la debilidad de los trabajadores para desmantelar todas las conquistas sociales que se habían consolidado en legislaciones e instituciones estatales desde la segunda guerra mundial. Una de estas conquistas era la enseñanza pública. Por tanto, no es que la crisis haya frustrado Bolonia, es que Bolonia era una de las avanzadillas de la crisis. Esto lo denunciaron con clarividencia incontestable los estudiantes que lucharon incansablemente contra el Plan Bolonia desde el año 2000. Se les llamó apocalípticos y antisistema. No eran apocalípticos: se quedaron cortos en sus previsiones más pesimistas. El desastre causado a la enseñanza pública superior supera ya los peores pronósticos. Sí eran, en cambio, antisistema y, en eso, tenían toda la razón, pues el Plan Bolonia no era una reforma educativa; era, como se ha demostrado, un capítulo entre otros de esta brutal revolución capitalista que estamos sufriendo.

Estamos inmersos en una reorganización de la universidad con criterios mercantiles, potenciando lo más rentable y dejando atrofiarse o morir por inanición a las disciplinas, facultades y departamentos que no puedan demostrar su interés mercantil, bien sea atrayendo inversión privada o demostrando su adaptación a las insensatas necesidades de un mercado laboral suicida. El verdadero objetivo del Plan Bolonia era reducir al mínimo la parte de los estudios financiada por el Estado. Para ello, se cortaron las carreras en dos. La primera parte (que pronto será sólo de tres años para muchas de las antiguas licenciaturas) constituye el Grado, que comprende unos estudios mínimos con unas tasas se supone que razonables. Las autoridades académicas del momento, rectores y ministros, pretendían que el objetivo del Grado era adaptar los estudios a una capacitación profesional, es decir, a la inserción en el mercado laboral. Lo decían, sin que se les cayera la cara de vergüenza, justo en el momento en que ese mercado laboral dejaba de existir. Esta sería la parte de los estudios superiores pagada por el Estado. A partir de ese momento, el Plan Bolonia ofrece al estudiante el mundo de los másteres especializados a un precio crecientemente prohibitivo (en el 2012 la matrícula de los másteres estatales ya se ha incrementado en un 235%). Y, en todo caso, como resultaba obvio desde el principio, los másteres que verdaderamente se insertarán en el mercado laboral serán los títulos privados que impartirán las corporaciones económicas a precios de élite.

Tan sólo un botón de muestra: en la Universidad Complutense de Madrid, la Licenciatura de Filosofía comprendía en total 3200 horas lectivas a las que el alumno tenía que asistir. Actualmente, las autoridades académicas reconocen que, cuando el Plan Bolonia termine de implantarse, esas 3200 horas se habrán reducido a 1100, de las que, por cierto, sólo 800 serán estrictamente de filosofía, siendo el resto comunes con los grados de Historia y de Filología. Estas serán las horas que el alumno podrá cursar a un precio estatal razonable (sin descartar un incremento de las tasas muy sustancial). En estas condiciones es imposible lograr que un alumno esté en condiciones de comprender un texto de la historia de la filosofía. El nuevo Grado de Filosofía será inevitablemente una estafa. La filosofía es la disciplina más difícil del mundo y, ante todo, requiere tiempo y profesores. Y no va a haber ninguna de las dos cosas. Eso lo sabía perfectamente el filósofo Ángel Gabilondo, cuando fue nombrado ministro de Educación. Pero lo negó, lo negó y lo negó. Sus amigos todavía nos estamos preguntando si fue un cobarde, un traidor o un idiota.

En general, no se pretendía tan sólo reducir al mínimo la parte de los estudios superiores financiada por el Estado. Se trataba, ante todo, de convertir la universidad pública en un cajero automático para que las empresas pudieran obtener dinero de los impuestos, al mismo tiempo que un ejército de becarios dispuestos a trabajar gratis o cobrando de esos mismos impuestos. Es decir, se trataba de conseguir una idílica “sociedad del conocimiento” en la que las empresas contarían con trabajadores cualificados pagados por otros trabajadores. Si, pongamos por caso, una laboratorio farmacéutico financia una investigación con diez euros, esta “fuente de financiación externa” será el aval para otorgar a ese departamento cien euros de dinero público y unos cuantos becarios. La universidad estatal se convierte así en un aspirador de dinero público para financiar negocios privados. En la medida en que cumpla con esta función, la universidad pública seguirá existiendo.

A este salvajismo neoliberal, esas mismas autoridades académicas que fueron abucheadas el otro día en la UAM le llamaron pomposamente Espacio Europeo de Educación Superior y lo definieron con el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad’. Pese a contar con la complicidad de todos los medios de comunicación y con mucho dinero para propaganda, no consiguieron convencer a nadie. Los referendos que se convocaron en las mayores universidades (y que contaron con una participación muy superior a la habitual en las elecciones a rector), dijeron no a Bolonia con más de un 90 %. Esa era, en realidad, la “gente de la Universidad”, esa gente por la que se pregunta Juaristi: la gente a la que representaban y a la que decidieron ignorar, traicionar y calumniar.

El movimiento estudiantil, tras un heroico y minucioso estudio de los documentos, libros blancos, directrices y borradores del proceso de Bolonia, demostró hace ya años que lo que se escondía tras el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad” era un proyecto de adaptarla a los que tenían la sartén por el mango en esta sociedad: esos que actualmente se llaman a sí mismos “los mercados”. Los rectores, los ministros, los expertos, los mercenarios del periodismo, salían al paso diciendo que la “sociedad” era más amplia que los “mercados” y que el verdadero espíritu de Bolonia tenía que luchar por adaptar la universidad a las necesidades ciudadanas y no a las mercantiles. Era una observación patética, ridícula, grotesca, como los tiempos han demostrado ahora por encima de los peores augurios. Un pestañeo de los mercados basta ya para tirar por la borda leyes, convenios colectivos, instituciones y derechos ciudadanos. Desdichadamente, el movimiento antibolonia tenía razón al profetizar la catástrofe que tenemos por delante.

Público, 05/09/12

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

A few years back, Paul E. Lingenfelter began his report on the defunding of public education by saying, “In 1920 H.G. Wells wrote, ‘History is becoming more and more a race between education and catastrophe.’ I think he got it right. Nothing is more important to the future of the United States and the world than the breadth and effectiveness of education, especially of higher education. I say especially higher education, but not because pre- school, elementary, and secondary education are less important. Success at every level of education obviously depends on what has gone before. But for better or worse, the quality of postsecondary education and research affects the quality and effectiveness of education at every level.”

In the last few years, conversations have been growing like gathering storm clouds about the ways in which our universities are failing. There is talk about the poor educational outcomes apparent in our graduates, the out-of-control tuitions and crippling student loan debt. Attention is finally being paid to the enormous salaries for presidents and sports coaches, and the migrant worker status of the low-wage majority faculty. There are now movements to control tuition, to forgive student debt, to create more powerful “assessment” tools, to offer “free” university materials online, to combat adjunct faculty exploitation. But each of these movements focuses on a narrow aspect of a much wider problem, and no amount of “fix” for these aspects individually will address the real reason that universities in America are dying.

To explain my perspective here, I need to go back in time. Let’s go back to post World War II, 1950s when the GI bill, and the affordability – and sometimes free access – to universities created an upsurge of college students across the country. This surge continued through the ’60s, when universities were the very heart of intense public discourse, passionate learning, and vocal citizen involvement in the issues of the times. It was during this time, too, when colleges had a thriving professoriate, and when students were given access to a variety of subject areas, and the possibility of broad learning. The Liberal Arts stood at the center of a college education, and students were exposed to philosophy, anthropology, literature, history, sociology, world religions, foreign languages and cultures. Of course, something else happened, beginning in the late fifties into the sixties — the uprisings and growing numbers of citizens taking part in popular dissent — against the Vietnam War, against racism, against destruction of the environment in a growing corporatized culture, against misogyny, against homophobia. Where did much of that revolt incubate? Where did large numbers of well-educated, intellectual, and vocal people congregate? On college campuses. Who didn’t like the outcome of the 60s? The corporations, the war-mongers, those in our society who would keep us divided based on our race, our gender, our sexual orientation.

I suspect that, given the opportunity, those groups would have liked nothing more than to shut down the universities. Destroy them outright. But a country claiming to have democratic values can’t just shut down its universities. That would reveal something about that country which would not support the image they are determined to portray – that of a country of freedom, justice, opportunity for all. So, how do you kill the universities of the country without showing your hand? As a child growing up during the Cold War, I was taught that the communist countries in the first half of the 20th Century put their scholars, intellectuals and artists into prison camps, called “re-education camps”. What I’ve come to realize as an adult is that American corporatism despises those same individuals as much as we were told communism did. But instead of doing anything so obvious as throwing them into prison, here those same people are thrown into dire poverty. The outcome is the same. Desperate poverty controls and ultimately breaks people as effectively as prison…..and some research says that it works even MORE powerfully.

So: here is the recipe for killing universities, and you tell ME if what I’m describing isn’t exactly what is at the root of all the problems of our country’s system of higher education. (Because what I’m saying has more recently been applied to K-12 public education as well.)

First, you defund public higher education.

Anna Victoria, writing in Pluck Magazine, discusses this issue in a review of Christopher Newfield’s book, Unmaking the Public University: “In 1971, Lewis Powell (before assuming his post as a Supreme Court Justice) authored a memo, now known as the Powell Memorandum, and sent it to the U.S. Chamber of Commerce. The title of the memo was “Attack on the American Free Enterprise System,” and in it he called on corporate America to take an increased role in shaping politics, law, and education in the United States.” How would they do that? One, by increased lobbying and pressure on legislators to change their priorities. “Funding for public universities comes from, as the term suggests, the state and federal government. Yet starting in the early 1980s, shifting state priorities forced public universities to increasingly rely on other sources of revenue. For example, in the University of Washington school system, state funding for schools decreased as a percentage of total public education budgets from 82% in 1989 to 51% in 2011.” That’s a loss of more than 1/3 of its public funding. But why this shift in priorities? U.C. Berkeley English professor, Christopher Newfield, in his new book Unmaking the Public University posits that conservative elites have worked to de-fund higher education explicitly because of its function in creating a more empowered, democratic, and multiracial middle class. His theory is one that blames explicit cultural concern, not financial woes, for the current decreases in funding. He cites the fact that California public universities were forced to reject 300,000 applicants because of lack of funding. Newfield explains that much of the motive behind conservative advocacy for de-funding of public education is racial, pro-corporate, and anti-protest in nature.

Again, from Victoria: “(The) ultimate objective, as outlined in the (Lewis Powell) memo, was to purge respectable institutions such as the media, arts, sciences, as well as college campus themselves of left-wing thoughts. At the time, college campuses were seen as “springboards for dissent,” as Newfield terms it, and were therefore viewed as publicly funded sources of opposition to the interests of the establishment. While it is impossible to know the extent to which this memo influenced the conservative political strategy over the coming decades, it is extraordinary to see how far the principles outlined in his memo have been adopted.”

Under the guise of many “conflicts”, such as budget struggles, or quotas, de-funding was consistently the result. This funding argument also was used to re-shape the kind of course offerings and curriculum focus found on campuses. Victoria writes, “Attacks on humanities curriculums, political correctness, and affirmative action shifted the conversation on public universities to the right, creating a climate of skepticism around state funded schools. State budget debates became platforms for conservatives to argue why certain disciplines such as sociology, history, anthropology, minority studies, language, and gender studies should be de-funded…” on one hand, through the argument that they were not offering students the “practical” skills needed for the job market — which was a powerful way to increase emphasis on what now is seen as vocational focus rather than actual higher education, and to de-value those very courses that trained and expanded the mind, developed a more complete human being, a more actively intelligent person and involved citizen. Another argument used to attack the humanities was “…their so-called promotion of anti-establishment sentiment. Gradually, these arguments translated into real- and often deep- cuts into the budgets of state university systems,” especially in those most undesirable areas that the establishment found to run counter to their ability to control the population’s thoughts and behavior. The idea of “manufactured consent” should be talked about here – because if you remove the classes and the disciplines that are the strongest in their ability to develop higher level intellectual rigor, the result is a more easily manipulated citizenry, less capable of deep interrogation and investigation of the establishment “message”.

Second, you deprofessionalize and impoverish the professors (and continue to create a surplus of underemployed and unemployed Ph.D.s)

V.P. Joe Biden, a few months back, said that the reason tuitions are out of control is because of the high price of college faculty. He has NO IDEA what he is talking about. At latest count, we have 1.5 million university professors in this country, 1 million of whom are adjuncts. One million professors in America are hired on short-term contracts, most often for one semester at a time, with no job security whatsoever – which means that they have no idea how much work they will have in any given semester, and that they are often completely unemployed over summer months when work is nearly impossible to find (and many of the unemployed adjuncts do not qualify for unemployment payments).  So, one million American university professors are earning, on average, $20K a year gross, with no benefits or healthcare, no unemployment insurance when they are out of work. Keep in mind, too, that many of the more recent Ph.Ds have entered this field often with the burden of six figure student loan debt on their backs.

There was recently an article talking about the long-term mental and physical destruction caused when people are faced with poverty and “job insecurity” — precarious employment, or “under-employment”.  The article says that, in just the few short years since our 2008 economic collapse, the medical problems of this group have increased exponentially.  This has been the horrible state of insecurity that America’s college professors have experienced now for thirty years. It can destroy you — breaking down your physical and emotional health. As an example:  the average yearly starting salary of a university professor at Temple University in 1975 was just under $10,000 a year, with full benefits – health, retirement, and educational benefits (their family’s could attend college for free.) And guess what? Average pay for Temple’s faculty is STILL about the same — because adjuncts now make up the majority of faculty, and earn between $8,000 to $14,000 a year (depending on how many courses they are assigned each semester – there is NO guarantee of continued employment) — but unlike the full-time professors of 1975, these adjunct jobs come with NO benefits, no health care, no retirement, no educational benefits, no offices. How many other professions report salaries that have remained at 1975 levels?

This is how you break the evil, wicked, leftist academic class in America — you turn them into low-wage members of the precariat – that growing number of American workers whose employment is consistently precarious. All around the country, our undergraduates are being taught by faculty living at or near the poverty line, who have little to no say in the way classes are being taught, the number of students in a class, or how curriculum is being designed. They often have no offices in which to meet their students, no professional staff support, no professional development support. One million of our college professors are struggling to continue offering the best they can in the face of this wasteland of deteriorated professional support, while living the very worst kind of economic insecurity.  Unlike those communist countries, which sometimes executed their intellectuals, here we are being killed off by lack of healthcare, by stress-related illness like heart-attacks or strokes.  While we’re at it, let’s add suicide to that list of killers — and readers of this blog will remember that I have written at length about adjunct faculty suicide in the past.

Step #3: You move in a managerial/administrative class who take over governance of the university.

This new class takes control of much of the university’s functioning, including funding allocation, curriculum design, course offerings. If you are old enough to remember when medicine was forever changed by the appearance of the ‘HMO’ model of managed medicine, you will have an idea of what has happened to academia. If you are not old enough – let me tell you that Once Upon a Time, doctors ran hospitals, doctors made decisions on what treatment their patients needed. In the 1970s, during the infamous Nixon Administration, HMOs were an idea sold to the American public, said to help reign in medical costs. But once Nixon secured passage of the HMO Act in 1973, the organizations went quickly from operating on a non-profit organization model, focused on high quality health care for controlled costs, to being for-profit organizations, with lots of corporate money funding them – and suddenly the idea of high-quality health care was sacrificed in favor of profits – which meant taking in higher and higher premiums and offering less and less service, more denied claims, more limitations placed on doctors, who became a “managed profession”. You see the state of healthcare in this country, and how disastrous it is. Well, during this same time, there was a similar kind of development — something akin to the HMO — let’s call it an “EMO”, Educational Management Organization, began to take hold in American academia. From the 1970s until today, as the number of full-time faculty jobs continued to shrink, the number of full-time administrative jobs began to explode. As faculty was deprofessionalized and casualized, reduced to teaching as migrant contract workers, administrative jobs now offered good, solid salaries, benefits, offices, prestige and power. In 2012, administrators now outnumber faculty on every campus across the country. And just as disastrous as the HMO was to the practice of medicine in America, so is the EMO model disastrous to the practice of academia in America, and to the quality of our students’ education. Benjamin Ginsburg writes about this in great detail in his book The Fall of the Faculty.  

I’d like to mention here, too, that universities often defend their use of adjuncts – which are now 75% of all professors in the country — claiming that they have no choice but to hire adjuncts, as a “cost saving measure” in an increasingly defunded university. What they don’t say, and without demand of transparency will NEVER say, is that they have not saved money by hiring adjuncts — they have reduced faculty salaries, security and power. The money wasn’t saved, because it was simply re-allocated to administrative salaries, coach salaries and outrageous university president salaries. There has been a redistribution of funds away from those who actually teach, the scholars – and therefore away from the students’ education itself — and into these administrative and executive salaries, sports costs — and the expanded use of “consultants”, PR and marketing firms, law firms. We have to add here, too, that president salaries went from being, in the 1970s, around $25K to 30K, to being in the hundreds of thousands to MILLIONS of dollars – salary, delayed compensation, discretionary funds, free homes, or generous housing allowances, cars and drivers, memberships to expensive country clubs.

Step Four: You move in corporate culture and corporate money

To further control and dominate how the university is ‘used” -a flood of corporate money results in changing the value and mission of the university from a place where an educated citizenry is seen as a social good, where intellect and reasoning is developed and heightened for the value of the individual and for society, to a place of vocational training, focused on profit. Corporate culture hijacked the narrative – university was no longer attended for the development of your mind. It was where you went so you could get a “good job”.  Anything not immediately and directly related to job preparation or hiring was denigrated and seen as worthless — philosophy, literature, art, history.

Anna Victoria writes, on Corporate Culture: “Many universities have relied on private sector methods of revenue generation such as the formation of private corporations, patents, increased marketing strategies, corporate partnerships, campus rentals, and for-profit e-learning enterprises. To cut costs, public universities have employed non-state employee service contractors and have streamlined their financial operations.”

So what is the problem with corporate money, you might ask? A lot. When corporate money floods the universities, corporate values replace academic values. As we said before, humanities get defunded and the business school gets tons of money. Serious issues of ethics begin to develop when corporate money begins to make donations and form partnerships with science departments – where that money buys influence regarding not only the kinds of research being done but the outcomes of that research. Corporations donate to departments, and get the use of university researchers in the bargain — AND the ability to deduct the money as donation while using the labor, controlling and owning the research. Suddenly, the university laboratory is not a place of objective research anymore. As one example, corporations who don’t like “climate change” warnings will donate money and control research at universities, which then publish refutations of global warning proofs. OR, universities labs will be corporate-controlled in cases of FDA-approval research. This is especially dangerous when pharmaceutical companies take control of university labs to test efficacy or safety and then push approval through the governmental agencies. Another example is in economics departments — and movies like “The Inside Job” have done a great job of showing how Wall Street has bought off high-profile economists from Harvard, or Yale, or Stanford, or MIT, to talk about the state of the stock market and the country’s financial stability. Papers were being presented and published that were blatantly false, by well-respected economists who were on the payroll of Goldman Sachs or Merrill Lynch.

Academia should not be the whore of corporatism, but that’s what it has become. Academia once celebrated itself as an independent institution. Academia is a culture, one that offers a long-standing worldview which values on-going, rigorous intellectual, emotional, psychological, creative development of the individual citizen. It respects and values the contributions of the scholar, the intellectual, to society. It treasures the promise of each student, and strives to offer the fullest possible support to the development of that promise. It does this not only for the good of the scholar and the student, but for the social good. Like medicine, academia existed for the social good. Neither should be a purely for-profit endeavor. And yet, in both the case of the HMO and the EMO, we have been taken over by an alien for-profit culture, our sovereignty over our own profession, our own institutions, stripped from us.

A corporate model, where profit depends on 1) maintaining a low-wage work force and 2) charging continually higher pricers for their “services” is what now controls our colleges . Faculty is being squeezed from one end and our students are being squeezed from the other.

Step Five – Destroy the Students

While claiming to offer them hope of a better life, our corporatized universities are ruining the lives of our students.   This is accomplished through a two-prong tactic: you dumb down and destroy the quality of the education so that no one on campus is really learning to think, to question, to reason. Instead, they are learning to obey, to withstand “tests” and “exams”, to follow rules, to endure absurdity and abuse. Our students have been denied full-time available faculty, the ability to develop mentors and advisors, faculty-designed syllabi which changes each semester, a wide variety of courses and options. Instead, more and more universities have core curriculum which dictates a large portion of the course of study, in which the majority of classes are administrative-designed “common syllabi” courses, taught by an army of underpaid, part-time faculty in a model that more closely resembles a factory or the industrial kitchen of a fast food restaurant than an institution of higher learning.

The Second Prong:  You make college so insanely unaffordable that only the wealthiest students from the wealthiest of families can afford to go to the school debt free. Younger people may not know that for much of the 20th Century many universities in the U.S. were free – including the CA state system – you could establish residency in six months and go to Berkeley for free, or at very low cost. When I was an undergraduate student in the mid to late 1970s, tuition at Temple University was around $700 a year. Today, tuition is nearly $15,000 a year. Tuitions have increased, using CA as an example again, over 2000% since the 1970s. 2000%! This is the most directly dangerous situation for our students: pulling them into crippling debt that will follow them to the grave.

Another dangerous aspect of what is happening can be found in the shady partnership that has formed between the lending institutions and the Financial Aid Departments of universities.  This is an unholy alliance. I have had students in my classes who work for Financial Aid. They tell me that they are trained to say NOT “This is what you need to borrow,” but to say “This is what you can get,” and to always entice the student with the highest possible number. There have been plenty of kick-back scandals between colleges and lenders — and I’m sure there is plenty undiscovered shady business going on. So, tuition costs are out of control because of administrative, executive and coach salaries, and the loan numbers keep growing, risking a life of indebtedness for most of our students. Further, there is absolutely no incentive on the part of this corporatized university to care.

The propaganda machine here has been powerful.  Students, through the belief of their parents, their K-12 teachers, their high school counselors, are convinced by constant repetition that they HAVE to go to college to have a promising, middle class life, they are convinced that this tuition debt is “worth it” — and learn too late that it will indenture them.  Let’s be clear: this is not the fault of the parents, or K-12 teachers or counselors.  This is an intentional message that has been repeated year in and year out that aims to convince us all about the essential quality of a college education.

So, there you have it.

Within one generation, in five easy steps, not only have the scholars and intellectuals of the country been silenced and nearly wiped out, but the entire institution has been hijacked, and recreated as a machine through which future generations will ALL be impoverished, indebted and silenced. Now, low wage migrant professors teach repetitive courses they did not design to students who travel through on a kind of conveyor belt, only to be spit out, indebted and desperate into a jobless economy. The only people immediately benefitting inside this system are the administrative class – whores to the corporatized colonizers, earning money in this system in order to oversee this travesty. But the most important thing to keep in mind is this: The real winners, the only people truly benefitting from the big-picture meltdown of the American university are those people who, in the 1960s, saw those vibrant college campuses as a threat to their established power. They are the same people now working feverishly to dismantle other social structures, everything from Medicare and Social Security to the Post Office.

Looking at this wreckage of American academia, we have to acknowledge:  They have won.

BUT these are victors who will never declare victory — because the carefully-maintained capitalist illusion of the “university education” still benefits them. Never, ever, admit that the university is dead. No, no. Quite the opposite. Instead, continue to insist that the university is the ONLY way to gain a successful, middle class life. Say that the university is mandatory for happiness in adulthood. All the while, maintain this low-wage precariate class of edu-migrants, continually mis-educate and indebt in the students to ensure their docility, pimp the institution out to corporate interests. It’s a win-win for those right wingers – they’ve crippled those in the country who would push back against them, and have so carefully and cleverly hijacked the educational institutions that they can now be turned into part of the neoliberal/neocon machinery, further benefitting the right-wing agenda.

So now what?

This ruination has taken about a generation. Will we be able to undo this damage? Can we force refunding of our public educational system? Can we professionalize faculty, drive out the administrative glut and corporate hijackers? Can we provide free or low-cost tuition and high-quality education to our students in a way that does NOT focus only on job training, but on high-level personal and intellectual development? I believe we can. But only if we understand this as a big picture issue, and refuse to allow those in government, or those corporate-owned media mouthpieces to divide and conquer us further. This ruinous rampage is part of the much larger attack on progressive values, on the institutions of social good. The battle isn’t only to reclaim the professoriate, to wipe out student debt, to raise educational outcomes — although each of those goals deserve to be fought for. But we will win a Pyrrhic victory at best unless we understand the nature of the larger war, and fight back in a much, much bigger way to reclaim the country’s values for the betterment of our citizens.

I am eager to hear from those of you who have been involved in this battle, or are about to enter it.  We have a big job ahead of us, and are facing a very powerful foe in a kind of David and Goliath battle.  I’m open to hearing ideas about how to build a much, much better slingshot.

The Homeless Adjunct, 12/08/12

Andrew McGettigan: Who let the dogs out? The privatization of higher education

Andrew McGettigan: Who let the dogs out? The privatization of higher education
Radical Philosophy 174(July/August 2012

In April last year, I framed my article on ‘New Providers’ in relation to the delay surrounding the publication of the government’s White Paper for Higher Education (HE). That was caused by a combination of factors, but chiefly the need to fix a hole in the proposals for student loan financing; and additional preparation for the marketization of HE in England. The government is now fully committed to removing the legislative restrictions that prevent new, cheaper operators from entering the sector. These ‘operators’ are the eponymous ‘new providers’ that the government is keen to see enter the English HE landscape in order to undercut established provision.

The White Paper finally appeared at the end of June 2011 under the title Students at the Heart of the System, outlining a series of consultations and a programme of implementation that was supposed to lead to a Higher Education Bill in 2012. It introduced a ‘core/margin’ model in an effort to drive down average fees reducing the recruitment allocations institutions received (the ‘core’) and encouraging reduced fees by creating a pool of 20,000 places (the ‘margin’) to which only those charging below £7,500 (after waivers) could bid. In addition, the document and accompanying ‘Technical Consultation’ (published in August 2011) outlined measures to lower the barriers to ‘market entry’ by relaxing eligibility conditions on institutions applying for degree-awarding powers and use of the protected title of ‘university’.

One year further on, delay is again the theme. Though a Bill was drafted, any reference to HE was absent from the Queen’s Speech at the beginning of May. It is now therefore extremely unlikely that there will be any further attempt in 2012 to enact primary legislation introducing the regulatory framework outlined in the White Paper and the Technical Consultation. David Willetts, Minister for Universities and Science, has indicated that a draft bill may be published later in the year. This would open further consultation and prepare for legislation in 2013. So what explains these further delays?

Carlos Sevilla Alonso: Un plan de ajuste estructural para las universidades públicas

Carlos Sevilla Alonso: Un plan de ajuste estructural para las universidades públicas
Del “proceso de Bolonia” al RD-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

En este artículo trataré de mostrar las conexiones entre la política educativa de la Unión Europea en materia de educación superior e investigación y las directrices para la política económica emanadas de la denominada Estrategia de Lisboa y de la Estrategia UE 2020. La educación superior y la investigación forman parte de las competencias exclusivas de cada uno de los estados miembros. Sin embargo, el desarrollo del método de “coordinación abierta” para la armonización europea de la política educativa, ha cristalizado por el momento en dos iniciativas de gran calado que se han convertido ya en derecho interno de muchos estados miembros (soft law). Estas dos iniciativas son, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nacido a través del “proceso de Bolonia” y la propuesta de creación por parte de la Comisión Europa del Espacio Europeo de Investigación (EEI). Ambas iniciativas empiezan a consolidarse a partir del año 2000. En otra parte, he desarrollado un estudio dedicado íntegramente al desarrollo del EEES y sus conexiones con la Estrategia de Lisboa, al que remito para profundizar en sus aspectos sustanciales.

En este trabajo me detendré en la agenda “modernizadora” para la universidad pública, entendida como la segunda ola de reformas derivadas del proceso de Bolonia, que se puede resumir en la siguiente triada: financiación competitiva de las universidades, gobernanza corporativa y transferencia de los resultados de la investigación al entorno productivo. Estas reformas estructurales sellarán el tránsito de la universidad de masas a la universidad-empresa. La crisis constituye la oportunidad política para implementar estos ajustes estructurales en las universidades públicas a nivel Europeo y, en particular, en el Estado español, a través de la Estrategia 2015.

David Medina y Luis Gómez Llorente: Neoliberalismo y educación

Luis Gómez LlorenteDavid Medina y Luis Gómez Llorente: Neoliberalismo y educación
Jornadas Neoliberalismo, autonomía y gestión escolar, Madrid, Barcelona - 29,30,31 de marzo y 1 de abril de 2006

1. La deconstrucción de la escuela pública

Como parte de la extensión del credo neoliberal en pro del Estado mínimo, la consigna de privatizar los servicios públicos ha llegado a la enseñanza. Hasta ahora el principal obstáculo que había tenido que afrontar la escuela pública era —y continúa siendo— la falta de los recursos necesarios para su buen funcionamiento. Y de esta situación ha resultado beneficiada la red de escuelas concertadas.

Pero al menos se venía respetando el carácter propio de la enseñanza pública, esto es, su gratuidad, su aconfesionalidad y pluralismo ideológico, así como su estar abierta a todos los estamentos sociales, lo que ciertamente le hacía acreedora de su título de servicio público, tanto por transmitir una cultura compartible por toda la ciudadanía, como por ser el instrumento más adecuado para compensar las desigualdades de origen, contribuyendo de este modo a aumentar la cohesión social.

Stephen J. Ball y Deborah Youdell: Privatización encubierta en la educación pública (PDF)

Stephen J. BallStephen J. Ball y Deborah Youdell: Privatización encubierta en la educación pública (PDF)
Instituto de Educación, Universidad de Londres
Internacional de la Educación

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En todo el mundo se están introduciendo formas de privatización en nuestros sistemas de educación pública. Muchos de esos cambios son consecuencia de una política deliberada, a menudo bajo el lema de la “reforma educativa”, y sus efectos pueden ser de muy amplio alcance en cuanto a la educación de los alumnos, a la equidad y a las condiciones del personal docente y de otras personas dedicadas a la educación. Asimismo, podrían adoptarse otros cambios inesperados, a saber, cambios en la forma en que los centros educativos son gestionados, que podrían presentarse como una forma de “adaptarse a los tiempos que corren”, pero que en realidad son reflejo de una orientación cada vez más basada en el mercado, competitiva y consumista, que caracteriza a nuestras sociedades actuales.

En ambos casos, la tendencia hacia la privatización de la educación pública está encubierta. Se camufla mediante un lenguaje que habla de la “reforma educativa”, o bien se va introduciendo a hurtadillas en forma de “modernización”. De esas razones precisamente se deriva el título del presente estudio: “PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA”.

Pierre Bourdieu: Neoliberalismo: la lucha de todos contra todos

Pierre Bourdieu: Neoliberalismo: la lucha de todos contra todos

Lunes 13 de abril 1998. El nuevo orden económico trae aparejada una lógica social egoísta y altamente competitiva · Para el autor, esto implica la transformación y destrucción de toda estructura colectiva capaz de obstaculizar el despliegue del mercado, como el Estado, las asociaciones intermedias e incluso la familia

Cabe preguntarse si el mundo económico es en verdad, como pretende el discurso dominante, un orden puro y perfecto que despliega implacablemente la lógica de sus consecuencias previsibles, dispuesto a reprimir todos los incumplimientos mediante las sanciones que inflige, ya sea de manera automática o, más excepcionalmente, por intermedio de su brazo armado, el FMI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sus políticas: baja del costo de mano de obra, reducción de los gastos públicos y flexibilización laboral. ¿Y si, en realidad, sólo fuera la implementación de una utopía, el neoliberalismo, convertido así en programa político, una utopía que se imagina como la descripción científica de lo real? Esta teoría tutelar es pura ficción matemática basada en una abstracción formidable, que consiste en poner entre paréntesis las condiciones y las estructuras económicas y sociales que son la condición de su ejercicio. Basta con pensar en el sistema de enseñanza, que nunca se tuvo en cuenta como tal en un momento en que desempeña un rol determinante tanto en la producción de bienes y servicios como en la producción de los productores. De esta suerte de falla original, inscripta en el mito de la teoría pura, derivan todas las faltas y todas los incumplimientos de la disciplina económica y la obstinación fatal con la cual se aferra a la oposición arbitraria que hace existir entre la lógica meramente económica, basada en la competencia, y la lógica social, sometida a la regla de la igualdad. Un discurso diferente. Dicho esto, esta teoría originariamente desocializada y deshistorizada cuenta hoy más que nunca con los medios para volverse verdadera, empíricamete verificable.

En efecto, el discurso neoliberal no es un discurso como los otros. A la manera del discurso psiquiátrico del asilo, según Erving Goffman, es un discurso fuerte, tan fuerte y tan difícil de combatir precisamente porque tiene a su disposición todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza a cuyas características contribuye, sobre todo orientando las opciones económicas de quienes dominan las relaciones económicas y agregando a estas relaciones de fuerza la propia. En nombre de este programa científico de conocimiento convertido en programa político de acción, se lleva a cabo un inmenso trabajo político que apunta a crear las condiciones de realización y de funcionamiento de la teoría; un programa de destrucción metódica de los colectivos. El movimiento, posible gracias a la política de desregulación financiera, hacia la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto se logra a través de la acción transformadora y destructiva de todas las estructuras colectivas capaces de obstaculizar la lógica del mercado puro: la nación, cuyo margen de maniobras es cada vez más limitado; grupos de trabajo, por ejemplo con la individualización de los salarios y de las carreras en función de las competencias individuales y la consiguiente atomización de los trabajadores; los colectivos de defensa de los derechos de los trabajadores -sindicatos, asociaciones, cooperativas-; la familia misma que, a través de la constitución de mercados por clases de edad, pierde una parte de su control sobre el consumo.

El programa neoliberal, que extrae su fuerza social de la fuerza político- económica de aquellos cuyos intereses expresa -accionistas, operadores financieros, industriales, políticos conservadores y socialdemócratas convertidos a las dimisiones reconfortantes del laissez-faire, altos funcionarios de las finanzas-, tiende globalmente a favorecer la ruptura entre la economía y las realidades sociales. Y a construir así, en la realidad, un sistema económico conforme a la descripción teórica. Es decir, una suerte de máquina lógica que se presenta como una cadena de limitaciones que generan los agentes económicos.La mundialización de los mercados financieros, junto con el progreso de las técnicas de información, asegura una movilidad sin precedentes de los capitales y ofrece a los inversores sociales una rentabilidad a corto plazo de sus inversiones, la posibilidad de comparar de manera permanente la rentabilidad de las más grandes empresas y de sancionar los fracasos relativos. Las mismas empresas, bajo amenaza permanente, deben ajustarse rápidamente a las exigencias de los mercados, con el riesgo de perder, como se dice, la confianza de los mercados y el respaldo de los accionistas que, preocupados por obtener una rentabilidad a corto plazo, cada vez son más capaces de imponer su voluntad a los gerentes, de exigirles normas y de orientar sus políticas en materia de contratación, empleo y salario.Así se instaura el reinado absoluto de la flexibilidad, con los contratos temporarios o las pasantías y la instauración, en el seno de la empresa, de la competencia entre filiales autónomas, entre equipos y entre individuos a través de la individualización de la relación salarial.

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: fin de un sistema

FonsecaJosé Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: fin de un sistema

Saben bien los juristas que la función de las leyes no es crear el mundo de la nada, como Dios hizo en el Génesis, sino regular la realidad de tal modo que en ella se puedan minimizar los conflictos. Las leyes son textos genéricos que se aplican en circunstancias concretas, por eso el derecho real no es el que está escrito, sino el que se aplica realmente. Y un sistema legal no es tal si pierde la credibilidad, es decir, si la mayor parte de la gente cree que en realidad ya no se aplica. En general en España y en concreto en sus universidades es esa credibilidad la que se está perdiendo, dando lugar a una sensación colectiva de descrédito y desencanto y suscitando el presentimiento de que se avecina una catástrofe.

Y es que en el momento presente da la impresión de que la única ley que siempre se cumple en las universidades es la ley de la gravedad, pues las leyes genéricas que les conciernen se desarrollan sin cesar en docenas de normativas y reglamentos en los que los legisladores se convierten en jueces, los jueces piden leyes hechas a la carta, y son a la vez parte y todo, encausados y sentenciadores de sí mismos, razón por la cual en las universidades nadie es responsable de nada y todo el mundo no es sólo inocente, sino que además hace que su caso particular se eleve a la categoría de doctrina.

La aplicación de las leyes se llama legalidad, pero como puede hacerse de múltiples modos, a veces quien la aplica puede perder la legitimidad y con ella su credibilidad ante la opinión públlica, si es que la opinión pública puede expresarse libremente. En las universidades españolas ya no hay opinión pública, sino que más bien reina una omertá napolitana ante los machacones mensajes de sus equipos de gobierno, obesionados por demostrar el prestigio de sus instituciones a base de índices elaborados en la China, o más allá. Esos mismos equipos que niegan que las universidades tengan otro problema que la falta de dinero, y que quieren hacer creer a la opinión pública que el dinero invertido en sus instituciones incrementa la riqueza del país, además de sus libros de contabilidad. Dicen que cuanto más se investiga más rico se es y menos paro hay, cuando en realidad lo que ocurre es que quienes más investigan son los que ya eran ricos, y como sus países son más ricos tienen también menos pobres y consecuentemente menos paro, porque en ellos los bueyes suelen ir delante del carro y no detrás, como en España.

Ya se sabe lo que les va ocurrir a las universidades. Se subirán las tasas, en el caso gallego después de las elecciones, se diferenciarán las destinadas a la investigación de las de segunda categoría, se favorecerá la entrada de capital privado y se introducirá el principio de gobernanza, ya incluido en el proyecto de reforma de las enseñanzas medias. Esto último quiere decir que los rectores serán nombrados por la autoridad política, que ellos nombrarán decanos y directores de departamentos, que tendrán que reducir drásticamente sus megaequipos, pagar sus deudas, cortar sus gastos y despedir profesores contratados, administrativos y otro tipo de trabajadores. Para eso se les nombrará, no para que caigan simpáticos. Se incrementará el control sobre sus cuentas y cada vez podrán legislar menos a favor de su propia casa. Y todo se hará casi sin resistencia, pues los no afectados seguirán casi seguro en la omertá, los afectados se quedarán fuera, los nombrados para gobernar en un sistema con menos órganos colegiados se sentirán más fuertes. Y los investigadores privilegiados por el azar y la fortuna se sentirán también a salvo, mientras cumplan los índices que miden su calidad, que pueden modificarse en cualquier momento por parte de quien manda.

Algunos dirán que se acabaron la democracia y la autonomía, porque ya no se puede seguir legislando a demanda y decidir que se tiene derecho a ingresar lo que uno quiere gastar. Sus voces, deslegitimadas por los hechos, apenas tendrán eco en ese nuevo mundo de sálvese quien pueda. Pues les recordarán cómo se gobernaban las universidades con el absentismo generalizado en los órganos de gobierno, con el absentismo docente de parte del profesorado y el escaso peso investigador de otra parte, con la sensación general de que los obsesivos mecanismos de control no controlaban ya nada cuando los aplicaban unos cargos académicos de los que cada vez más gente quería alejarse. Un mundo en el que dio la impresión de que los mejores profesores acabarían siendo empresarios privados dentro de la instituciones públicas, pero siendo solo aprendices de brujo, como lo fueron dos grandes filósofos griegos cuando perdieron el sentido de su oficio.

En efecto, Platón, un rico terrateniente ateniense, quiso educar a los tiranos de Sicilia, y por eso creó una ciudad ideal para aplicarla experimentalmente. En su aventura acabó siendo vendido como esclavo por el tirano Dioniso, aunque pudo ser rescatado por su rica familia. Aristóteles, que formó parte de la corte del rey de Macedonia, también acabó siendo un títere del juego de los poderosos y murió en el exilio, acogido por otro tirano, tras haber salido a duras penas de Atenas con su biblioteca a cuestas. Ambos fueron dos gigantes de la filosofía. A nosotros, los profesores de Fonseca, casi enanos a su lado, no nos va a tocar un mejor destino.

La Comunidad de Madrid aprueba las nuevas tasas universitarias para los títulos oficiales de Máster

La Comunidad de Madrid aprueba las nuevas tasas universitarias para los títulos oficiales de Máster

Ya se conocen los precios de tasas en Madrid para los Masters 2012-2013.

En ANTROPOLOGÍA (o FILOSOFÍA) el crédito costaba el curso pasado 25,89 euros. La CAM lo ha puesto en el extremo máximo que permitía la horquilla del RD: ahora costarán 86,03 euros. Si un Master (de los baratos, sin ser de los obligatorios para ejercer una profesión, como el de Secundaria o alguno de Derecho) costaba el año pasado 1.553 euros, ahora costará 5.178 euros (sin contar otras tasas). La subida ha sido de un 235,6%.

Esto para ciudadanxs UE. Para latinoamericanxs, africanxs, asiáticos, se pondrá en unos 10.000 euros

(Recibido por correo electrónico)

Inverno na USC

Inverno na USC

Duro inverno

O pasado día 23 de xullo celebrouse unha reunión do Reitor e membros do Equipo  de Goberno cos Decanos e Directores de Departamentos da USC.

A previsión de ingresos e gastos para o presente exercicio presenta un panorama desolador. Como as medidas tomadas ata o de agora para conter o gasto (retencións dun 25 % no capítulo II, Gasto corrente, dun 50 % no capítulo IV, Transferencias correntes, e dun 80% no capítulo VI, Inversións reais) non foron suficientes, contémplase agora a necesidade de reducir o gasto corrente en Subministracións (electricidade, gas, gasóleo, auga, ...), para o que se contempla a adopción de diversas medidas, entre as que se atopa a redución en dúas horas o horario de apertura dos centros.

O inverno será duro na USC.

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

El objetivo principal de esta encuesta es el estudio de las características estructurales y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada reglada, ofreciendo información tanto en el ámbito nacional como autonómico.

La información obtenida debe cumplir un conjunto de requisitos básicos, tales como ser comparable a escala internacional, cubrir las necesidades de información demandada por diversos usuarios, tanto nacionales como internacionales y ser un instrumento útil para la Contabilidad Nacional.

La educación privada obtuvo unos beneficios corrientes de 674 millones de euros durante el curso escolar 2009-2010. Esta cifra supuso un incremento del 13,1% respecto al curso 2004-2005, cuando se realizó la encuesta anterior. Esta Encuesta se enmarca dentro de las operaciones estadísticas de periodicidad quinquenal por lo que la última edición de la encuesta está referida al curso escolar 2004-2005.

Los beneficios por alumno se mantuvieron estables respecto a la encuesta precedente en la educación no universitaria (200 euros por alumno) y bajaron 15 euros en la universitaria (hasta 718 euros por alumno).

La enseñanza no universitaria privada generó el 72,7% de estos resultados y la universitaria el 27,3% restante.

La Administración Pública aportó el 58,8% de los ingresos corrientes de los centros de educación no universitaria y el 5,8% de los centros privados universitarios. Ambos porcentajes fueron similares a los del curso 2004-2005.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada no universitaria supuso un coste medio de 1.541 euros por alumno en el curso 2009-2010. Por su parte, el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 4.718 euros.

INE, 25/07/12

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Se quedaba algunha raia vermella sen atravesar nas políticas de recortes e destrución de dereitos dos traballadores e traballadoras, é evidente que quedou atrás o pasado 13 de xullo coa aprobación do Real Decreto Lei 20/2012 xa que afecta ao conxunto da sociedade de xeito moi grave: perda dos dereitos laborais que tanto custou gañar, baixada na prestación do desemprego, subas no IVE de até o 13% e tantas outras medidas que afectan ao conxunto da economía e o emprego. Unha parte relevante delas afecta directamente ao emprego público.

Outro día nefasto, neste caso para a Universidade de Santiago de Compostela e o motivo polo que escribo esta carta aberta, foi o pasado 20 de xullo. Foi entón, no Consello de Goberno celebrado en dita data, que a equipa reitoral tivo a oportunidade de elixir: poñerse do lado das persoas que conformamos a Universidade ou poñerse ao lado dos recortes. E escolleu a segunda opción. Paso a dar a miña versión do que alí aconteceu.

Nese Consello, a xerenta da USC describiu, nunha longa ladaíña e cun fervor case relixioso, as medidas que nos afectan do RD Lei 20/2012 e como ía ser a súa aplicación para o persoal da USC.

No referido á eliminación das pagas extraordinarias, ou porcentaxe equivalente, explicounos que sería de aplicación para todo o persoal da USC e entidades dependentes e que no caso do persoal laboral sería de aplicación inmediata, tan pronto os procesos técnicos o permitiran. Indicóuselle que era unha reforma ilegal pois afectaba a períodos de traballo xa realizados (é porcentaxe anual e non só dos meses dende a aprobación do Real Decreto até final de ano), ilegal por modificar contratos de traballo vixentes e suxeitos a convenios e acordos colectivos, ilegal e inxusta por aplicar porcentaxes distintas de xeito arbitrario a distintas persoas da mesma institución en función do case azar que é o xeito de distribución do salario en soldos mensuais e pagas extras; as diferenzas neste caso van dende o 4% ao 7,14% tendo en xeral unha maior porcentaxe de desconto, aquelas persoas de menor soldo e categoría, o mundo ao revés!.

Informou tamén que no caso do PAS laboral se descontaría o 17,85% en todas as pagas dende setembro a final de ano, ao que se lle replicou que non deberamos permitir que compañeiros e compañeiras con contrato a tempo completo e con xornais de menos de 1.100 euros actualmente vexan reducida a súa paga a pouco máis de 900 €. A resposta foi sempre a mesma: “somos uns mandados”.

Con respecto ao artigo 8, que elimina para todo o persoal da USC a capacidade de negociación dos permisos e vacacións e que suprime os asuntos propios agás 3 días ao ano e os días extras de vacacións por antigüidade, informounos que sería de estrito cumprimento a partir do 1 de xaneiro de 2013. Temos que explicar que estes días de asuntos propios foron unha compensación a cambio de minguas salariais en diferentes momentos da democracia española (pódese mirar a hemeroteca do ano 1983, por exemplo). Tamén que na Universidade ninguén lembra a última vez que se contratou a alguén para substituír a quen estivera gozando destes días pois a norma interna impide celebralos se as necesidades do servizo non o permiten nese momento. Si, son días que se collen para facer pontes, pero tamén para levar aos maiores ao médico ou atender a fillos e fillas enfermos.

Informou tamén que a partir do 15 de outubro se reducirá a nómina en caso de enfermidade nun 50% nos primeiros 3 días e un 25% entre o cuarto e vixésimo día pero tampouco neste punto se fixo unha excepción ou matización.

Lembrou que segundo as novas normas temos que adaptar a xornada de traballo de todo o persoal a trinta e sete horas e media e informou que moi “eficientemente” xa están convocando os xefes de servizos e unidades con motivo da reorganización dos horarios.

En xeral, e no noso caso concreto, quedan anulados tamén numerosos dereitos sindicais, capítulos enteiros dos convenios colectivos, acordos do persoal funcionario e outros numerosos dereitos. A xerencia e a equipa de goberno non procuran alternativas.

Tampouco se presenta proposta algunha por parte da dirección da Universidade de compensación polo incremento do IVE nos gastos propios da USC, sendo como somos parte tamén do estado que vai a recadalo, nin tan sequera a reclamación de que os aforros producidos na aplicación das medidas de recorte podan ser utilizados para a redución da nosa propia débeda en vez de reducir só a débeda da Xunta de Galicia. Algo que en cambio si esixe a Xunta de Galicia ao Estado.

Aínda quedaban outros despropósitos antes de rematar este último consello de goberno. Ao igual que fixemos con dous compañeiros PAS do campus de Lugo fai un par de meses, tomouse a decisión -con numerosos votos en contra- de despedir por causas económicas ¿? a 5 profesores asociados a tempo completo con entre 15 e 30 anos de traballo na USC, a maioría a moi poucos anos da xubilación.

Todo isto sucedeu sen que houbera espazo a cuestionar o que estabamos a facer, á protección da comunidade universitaria fronte a estas ameazas, á defensa do valor que ten o servizo que prestamos á sociedade.

Malia ter sido interpelados en numerosas ocasións e terlles sido lembrada a nosa autonomía, lembrando que estabamos nun órgano de goberno da USC e non nunha sección menor dun departamento da Xunta, que non ten máis cometido que actuar segundo as instrucións recibidas, a equipa reitoral no seu conxunto non fixo un mínimo aceno de rebeldía, de recurso destas decisións ante órganos superiores, de obstaculización da aplicación dunha lei que todos entendemos inxusta e ilegal, de amortecemento das medidas naqueles casos máis sangrantes ou esperpénticos, ... mais ben sucedeu todo o contrario, preferindo en todo momento o cumprimento estrito e inmediato das medidas de recorte.

Só ao final e con moitas dificultades, algún dos presentes conseguiu que polo menos se aprobara o desacordo do Consello de Goberno co contido do Real Decreto Lei 20/2012.

Vivimos tempos difíciles e todos temos que decidir como os afrontamos. A Universidade e o seu Reitor teñen que elixir se van a estar do lado da comunidade universitaria e do lado dos milleiros de galegos e galegas que o mesmo día anterior ao consello de goberno ateigabamos as rúas e prazas de Galicia, ou si van a limitarse a facer de burócratas de Rajoy e Feijóo e aplicar as medidas de recorte actuais -e as que nos cheguen- de xeito automático.

De optaren por esta última vía e asumiren a totalidade dos recortes, a desaparición da autonomía da universidade e o desmantelamento da universidade pública, eu lles pediría que, por dignidade, dimitan antes da súa aplicación e deixen que dirixa a universidade un liquidador, de traxe escuro, nomeado pola Xunta de Galicia. Así, as cousas estarían claras e todos e todas saberíamos a que atermos.

Praza, 24/07/12

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