Privatización

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)
J. Félix Angulo Rasco, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

Este documento pretende ser una primera reflexión sobre un borrador de una Ley Orgánica que está preparando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una reflexión que quisiera transitar, si todavía es posible, por cauces racionales, basándose en la literatura científica disponible y presentando un conjunto de contra argumentos a unas ideas, objetivos y disposiciones que no son precisamente novedosas, y como luego se especificará, no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado. Medidas que, en el fondo, tienen como claro objetivo desmontar la escolaridad pública y transformar un sistema parcialmente comprensivo en otro selectivo y segregador.

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.

Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.

En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.

El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada --pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.

(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.

Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.

Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.

(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.

(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.

(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.

Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.

Nuevo Desorden, 13/09/12

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

El Gobierno presenta su reforma educativa en la línea de las propuestas que lanzó antes de verano. Aunque abrió una consulta en la web, no ha habido el debate que nos urgía, y en las conclusiones es fácil ver cómo el ministerio lleva el agua a su molino. En los últimos 30 años España ha tenido tres grandes reformas (LOGSE, LOCE y LOE), y cinco en 50 años. Mientras, los países referencia por sus resultados académicos han mantenido sus grandes leyes, y se han limitado a reformas parciales. Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada Gobierno.

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección…). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afín a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

El País, 13/09/12

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Hay situaciones tan graves que el business as usual (seguir haciendo como siempre) se vuelve necesariamente contra nosotros y nosotras. Estamos viviendo una de esas situaciones. Tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es el ataque organizado contra los servicios públicos: contra uno de los pilares básicos de la vida decente en una sociedad democrática. Y dentro de ese ataque, la demolición programada de la educación pública.

El lunes 3 de septiembre, el comienzo oficial del curso académico para las universidades públicas madrileñas no tuvo lugar. Otros septiembres ha sido éste un acto rutinario al que invariablemente acudía la presidenta de la región; se dictaba una lección magistral; se pronunciaban algunos discursos, a veces interesantes, otras veces tediosos; se entonaba ese curioso y hedonista himno universitario llamado GAUDEAMUS IGITUR (donde la enternecida comunidad académica no se priva de lanzar jocundas vivas a la república, así como a las “mujeres tiernas y amables”: aquí la traducción de los versos latinos). Esta vez, sin embargo, en la Facultad de Medicina de la UAM, Esperanza Aguirre no se atrevió a presentarse: envió a dar la cara a su subordinado Jon Juaristi. Y la intensidad de la protesta de estudiantes, profesores, sindicatos y PAS (Personal de Administración y Servicios) fue tal que no hubo ni medidos discursos, ni inauguración oficial, ni sentimental GAUDEAMUS.

El sentido que se desprende de estos hechos es claro, en mi opinión: vivimos una situación tan anómala, el ataque contra la universidad pública (plasmado en la ley 6/ 2011 de la CAM, el Real Decreto-Ley 14/ 2012 del gobierno del Reino de España, y los recortes de fondos) es tan destructivo, que el curso no debe comenzar. Y de hecho en Madrid (y en otras comunidades autónomas) están en marcha iniciativas en ese sentido.

Una de ellas es la convocatoria de una huelga indefinida de docentes (en todos los niveles de enseñanza en la Comunidad de Madrid, desde las escuelas infantiles a la universidad) a partir del 17 de septiembre. Pueden verse detalles de esta iniciativa en este blog. Se presentará en rueda de prensa el 5 de septiembre, a las 17 h., en la librería asociativa Traficantes de Sueños (c/ Embajadores 35, Madrid).

Una segunda iniciativa importante es la campaña de desobediencia civil propuesta desde la UCM y que ha ido elaborándose durante el verano: se hallará información básica en su web. La campaña arrancará el 12 de septiembre, a las 12 h., con una rueda de prensa (también en Traficantes de Sueños).

Llamo a todos mis compañeros y compañeras docentes a presentar las clases universitarias, en este anómalo inicio de curso que no debe comenzar, no con la explicación de ninguna materia curricular sino con un debate franco, crítico y abierto que aborde la situación actual. Desde la UAM hemos elaborado un documento en formato ppt que resume algunos puntos susceptibles de abordarse en tal debate: está a disposición de todo el mundo aquí.

Quienes potencialmente tienen más fuerza en este conflicto son las y los estudiantes. Lo han demostrado estos meses últimos en Chile, en Quebec y en otros lugares. Cada uno de las y los trabajadores públicos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y sin duda se nos pedirá cuentas por ello, en algún momento. Pero la fuerza potencialmente decisiva es la de los estudiantes. Ojalá no falten a su cita con la historia.

MÁSPúblico, 05/09/12

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia
Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía en la UCM y coautor de los libros El Plan Bolonia y Bolonia no existe

Tras las protestas que interrumpieron la apertura del curso universitario de la Comunidad de Madrid, el director general de Universidades, Jon Juaristi, declaró que “no entendía que la gente estuviera cabreada” y que, además, “esa no era la gente de la Universidad”. ¿Quién es la gente de la Universidad? ¿Los que durante diez años de Plan Bolonia protagonizaron en los medios de comunicación una campaña de indigna propaganda plagada de calumnias contra la universidad pública, a la que supuestamente había que reformar de arriba a abajo para ponerla “al servicio de la sociedad”? ¿Gente como Daniel Peña, actual presidente de los rectores madrileños, que hasta hace nada proclamaba a los cuatro vientos que la universidad pública estaba en su mejor momento? ¿Como José Carrillo, que fue vicerrector de Espacio Europeo de la UCM y veía en Bolonia la gran ocasión de crear una universidad de enseñanza personalizada, grupos pequeños, alumnos internacionales que viajarían de aquí para allá con becas y subvenciones, cursando grados y másteres felizmente adaptados a un próspero mercado laboral en nuestra inigualable “sociedad del conocimiento” europea?

Ahora habrá quien diga que el Plan Bolonia era bueno, pero que no pudo aplicarse porque faltaron los medios para ello a causa de la crisis económica. La realidad es muy distinta. Para empezar esta crisis económica es una salvaje revolución neoliberal que está aprovechando la debilidad de los trabajadores para desmantelar todas las conquistas sociales que se habían consolidado en legislaciones e instituciones estatales desde la segunda guerra mundial. Una de estas conquistas era la enseñanza pública. Por tanto, no es que la crisis haya frustrado Bolonia, es que Bolonia era una de las avanzadillas de la crisis. Esto lo denunciaron con clarividencia incontestable los estudiantes que lucharon incansablemente contra el Plan Bolonia desde el año 2000. Se les llamó apocalípticos y antisistema. No eran apocalípticos: se quedaron cortos en sus previsiones más pesimistas. El desastre causado a la enseñanza pública superior supera ya los peores pronósticos. Sí eran, en cambio, antisistema y, en eso, tenían toda la razón, pues el Plan Bolonia no era una reforma educativa; era, como se ha demostrado, un capítulo entre otros de esta brutal revolución capitalista que estamos sufriendo.

Estamos inmersos en una reorganización de la universidad con criterios mercantiles, potenciando lo más rentable y dejando atrofiarse o morir por inanición a las disciplinas, facultades y departamentos que no puedan demostrar su interés mercantil, bien sea atrayendo inversión privada o demostrando su adaptación a las insensatas necesidades de un mercado laboral suicida. El verdadero objetivo del Plan Bolonia era reducir al mínimo la parte de los estudios financiada por el Estado. Para ello, se cortaron las carreras en dos. La primera parte (que pronto será sólo de tres años para muchas de las antiguas licenciaturas) constituye el Grado, que comprende unos estudios mínimos con unas tasas se supone que razonables. Las autoridades académicas del momento, rectores y ministros, pretendían que el objetivo del Grado era adaptar los estudios a una capacitación profesional, es decir, a la inserción en el mercado laboral. Lo decían, sin que se les cayera la cara de vergüenza, justo en el momento en que ese mercado laboral dejaba de existir. Esta sería la parte de los estudios superiores pagada por el Estado. A partir de ese momento, el Plan Bolonia ofrece al estudiante el mundo de los másteres especializados a un precio crecientemente prohibitivo (en el 2012 la matrícula de los másteres estatales ya se ha incrementado en un 235%). Y, en todo caso, como resultaba obvio desde el principio, los másteres que verdaderamente se insertarán en el mercado laboral serán los títulos privados que impartirán las corporaciones económicas a precios de élite.

Tan sólo un botón de muestra: en la Universidad Complutense de Madrid, la Licenciatura de Filosofía comprendía en total 3200 horas lectivas a las que el alumno tenía que asistir. Actualmente, las autoridades académicas reconocen que, cuando el Plan Bolonia termine de implantarse, esas 3200 horas se habrán reducido a 1100, de las que, por cierto, sólo 800 serán estrictamente de filosofía, siendo el resto comunes con los grados de Historia y de Filología. Estas serán las horas que el alumno podrá cursar a un precio estatal razonable (sin descartar un incremento de las tasas muy sustancial). En estas condiciones es imposible lograr que un alumno esté en condiciones de comprender un texto de la historia de la filosofía. El nuevo Grado de Filosofía será inevitablemente una estafa. La filosofía es la disciplina más difícil del mundo y, ante todo, requiere tiempo y profesores. Y no va a haber ninguna de las dos cosas. Eso lo sabía perfectamente el filósofo Ángel Gabilondo, cuando fue nombrado ministro de Educación. Pero lo negó, lo negó y lo negó. Sus amigos todavía nos estamos preguntando si fue un cobarde, un traidor o un idiota.

En general, no se pretendía tan sólo reducir al mínimo la parte de los estudios superiores financiada por el Estado. Se trataba, ante todo, de convertir la universidad pública en un cajero automático para que las empresas pudieran obtener dinero de los impuestos, al mismo tiempo que un ejército de becarios dispuestos a trabajar gratis o cobrando de esos mismos impuestos. Es decir, se trataba de conseguir una idílica “sociedad del conocimiento” en la que las empresas contarían con trabajadores cualificados pagados por otros trabajadores. Si, pongamos por caso, una laboratorio farmacéutico financia una investigación con diez euros, esta “fuente de financiación externa” será el aval para otorgar a ese departamento cien euros de dinero público y unos cuantos becarios. La universidad estatal se convierte así en un aspirador de dinero público para financiar negocios privados. En la medida en que cumpla con esta función, la universidad pública seguirá existiendo.

A este salvajismo neoliberal, esas mismas autoridades académicas que fueron abucheadas el otro día en la UAM le llamaron pomposamente Espacio Europeo de Educación Superior y lo definieron con el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad’. Pese a contar con la complicidad de todos los medios de comunicación y con mucho dinero para propaganda, no consiguieron convencer a nadie. Los referendos que se convocaron en las mayores universidades (y que contaron con una participación muy superior a la habitual en las elecciones a rector), dijeron no a Bolonia con más de un 90 %. Esa era, en realidad, la “gente de la Universidad”, esa gente por la que se pregunta Juaristi: la gente a la que representaban y a la que decidieron ignorar, traicionar y calumniar.

El movimiento estudiantil, tras un heroico y minucioso estudio de los documentos, libros blancos, directrices y borradores del proceso de Bolonia, demostró hace ya años que lo que se escondía tras el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad” era un proyecto de adaptarla a los que tenían la sartén por el mango en esta sociedad: esos que actualmente se llaman a sí mismos “los mercados”. Los rectores, los ministros, los expertos, los mercenarios del periodismo, salían al paso diciendo que la “sociedad” era más amplia que los “mercados” y que el verdadero espíritu de Bolonia tenía que luchar por adaptar la universidad a las necesidades ciudadanas y no a las mercantiles. Era una observación patética, ridícula, grotesca, como los tiempos han demostrado ahora por encima de los peores augurios. Un pestañeo de los mercados basta ya para tirar por la borda leyes, convenios colectivos, instituciones y derechos ciudadanos. Desdichadamente, el movimiento antibolonia tenía razón al profetizar la catástrofe que tenemos por delante.

Público, 05/09/12

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

A few years back, Paul E. Lingenfelter began his report on the defunding of public education by saying, “In 1920 H.G. Wells wrote, ‘History is becoming more and more a race between education and catastrophe.’ I think he got it right. Nothing is more important to the future of the United States and the world than the breadth and effectiveness of education, especially of higher education. I say especially higher education, but not because pre- school, elementary, and secondary education are less important. Success at every level of education obviously depends on what has gone before. But for better or worse, the quality of postsecondary education and research affects the quality and effectiveness of education at every level.”

In the last few years, conversations have been growing like gathering storm clouds about the ways in which our universities are failing. There is talk about the poor educational outcomes apparent in our graduates, the out-of-control tuitions and crippling student loan debt. Attention is finally being paid to the enormous salaries for presidents and sports coaches, and the migrant worker status of the low-wage majority faculty. There are now movements to control tuition, to forgive student debt, to create more powerful “assessment” tools, to offer “free” university materials online, to combat adjunct faculty exploitation. But each of these movements focuses on a narrow aspect of a much wider problem, and no amount of “fix” for these aspects individually will address the real reason that universities in America are dying.

To explain my perspective here, I need to go back in time. Let’s go back to post World War II, 1950s when the GI bill, and the affordability – and sometimes free access – to universities created an upsurge of college students across the country. This surge continued through the ’60s, when universities were the very heart of intense public discourse, passionate learning, and vocal citizen involvement in the issues of the times. It was during this time, too, when colleges had a thriving professoriate, and when students were given access to a variety of subject areas, and the possibility of broad learning. The Liberal Arts stood at the center of a college education, and students were exposed to philosophy, anthropology, literature, history, sociology, world religions, foreign languages and cultures. Of course, something else happened, beginning in the late fifties into the sixties — the uprisings and growing numbers of citizens taking part in popular dissent — against the Vietnam War, against racism, against destruction of the environment in a growing corporatized culture, against misogyny, against homophobia. Where did much of that revolt incubate? Where did large numbers of well-educated, intellectual, and vocal people congregate? On college campuses. Who didn’t like the outcome of the 60s? The corporations, the war-mongers, those in our society who would keep us divided based on our race, our gender, our sexual orientation.

I suspect that, given the opportunity, those groups would have liked nothing more than to shut down the universities. Destroy them outright. But a country claiming to have democratic values can’t just shut down its universities. That would reveal something about that country which would not support the image they are determined to portray – that of a country of freedom, justice, opportunity for all. So, how do you kill the universities of the country without showing your hand? As a child growing up during the Cold War, I was taught that the communist countries in the first half of the 20th Century put their scholars, intellectuals and artists into prison camps, called “re-education camps”. What I’ve come to realize as an adult is that American corporatism despises those same individuals as much as we were told communism did. But instead of doing anything so obvious as throwing them into prison, here those same people are thrown into dire poverty. The outcome is the same. Desperate poverty controls and ultimately breaks people as effectively as prison…..and some research says that it works even MORE powerfully.

So: here is the recipe for killing universities, and you tell ME if what I’m describing isn’t exactly what is at the root of all the problems of our country’s system of higher education. (Because what I’m saying has more recently been applied to K-12 public education as well.)

First, you defund public higher education.

Anna Victoria, writing in Pluck Magazine, discusses this issue in a review of Christopher Newfield’s book, Unmaking the Public University: “In 1971, Lewis Powell (before assuming his post as a Supreme Court Justice) authored a memo, now known as the Powell Memorandum, and sent it to the U.S. Chamber of Commerce. The title of the memo was “Attack on the American Free Enterprise System,” and in it he called on corporate America to take an increased role in shaping politics, law, and education in the United States.” How would they do that? One, by increased lobbying and pressure on legislators to change their priorities. “Funding for public universities comes from, as the term suggests, the state and federal government. Yet starting in the early 1980s, shifting state priorities forced public universities to increasingly rely on other sources of revenue. For example, in the University of Washington school system, state funding for schools decreased as a percentage of total public education budgets from 82% in 1989 to 51% in 2011.” That’s a loss of more than 1/3 of its public funding. But why this shift in priorities? U.C. Berkeley English professor, Christopher Newfield, in his new book Unmaking the Public University posits that conservative elites have worked to de-fund higher education explicitly because of its function in creating a more empowered, democratic, and multiracial middle class. His theory is one that blames explicit cultural concern, not financial woes, for the current decreases in funding. He cites the fact that California public universities were forced to reject 300,000 applicants because of lack of funding. Newfield explains that much of the motive behind conservative advocacy for de-funding of public education is racial, pro-corporate, and anti-protest in nature.

Again, from Victoria: “(The) ultimate objective, as outlined in the (Lewis Powell) memo, was to purge respectable institutions such as the media, arts, sciences, as well as college campus themselves of left-wing thoughts. At the time, college campuses were seen as “springboards for dissent,” as Newfield terms it, and were therefore viewed as publicly funded sources of opposition to the interests of the establishment. While it is impossible to know the extent to which this memo influenced the conservative political strategy over the coming decades, it is extraordinary to see how far the principles outlined in his memo have been adopted.”

Under the guise of many “conflicts”, such as budget struggles, or quotas, de-funding was consistently the result. This funding argument also was used to re-shape the kind of course offerings and curriculum focus found on campuses. Victoria writes, “Attacks on humanities curriculums, political correctness, and affirmative action shifted the conversation on public universities to the right, creating a climate of skepticism around state funded schools. State budget debates became platforms for conservatives to argue why certain disciplines such as sociology, history, anthropology, minority studies, language, and gender studies should be de-funded…” on one hand, through the argument that they were not offering students the “practical” skills needed for the job market — which was a powerful way to increase emphasis on what now is seen as vocational focus rather than actual higher education, and to de-value those very courses that trained and expanded the mind, developed a more complete human being, a more actively intelligent person and involved citizen. Another argument used to attack the humanities was “…their so-called promotion of anti-establishment sentiment. Gradually, these arguments translated into real- and often deep- cuts into the budgets of state university systems,” especially in those most undesirable areas that the establishment found to run counter to their ability to control the population’s thoughts and behavior. The idea of “manufactured consent” should be talked about here – because if you remove the classes and the disciplines that are the strongest in their ability to develop higher level intellectual rigor, the result is a more easily manipulated citizenry, less capable of deep interrogation and investigation of the establishment “message”.

Second, you deprofessionalize and impoverish the professors (and continue to create a surplus of underemployed and unemployed Ph.D.s)

V.P. Joe Biden, a few months back, said that the reason tuitions are out of control is because of the high price of college faculty. He has NO IDEA what he is talking about. At latest count, we have 1.5 million university professors in this country, 1 million of whom are adjuncts. One million professors in America are hired on short-term contracts, most often for one semester at a time, with no job security whatsoever – which means that they have no idea how much work they will have in any given semester, and that they are often completely unemployed over summer months when work is nearly impossible to find (and many of the unemployed adjuncts do not qualify for unemployment payments).  So, one million American university professors are earning, on average, $20K a year gross, with no benefits or healthcare, no unemployment insurance when they are out of work. Keep in mind, too, that many of the more recent Ph.Ds have entered this field often with the burden of six figure student loan debt on their backs.

There was recently an article talking about the long-term mental and physical destruction caused when people are faced with poverty and “job insecurity” — precarious employment, or “under-employment”.  The article says that, in just the few short years since our 2008 economic collapse, the medical problems of this group have increased exponentially.  This has been the horrible state of insecurity that America’s college professors have experienced now for thirty years. It can destroy you — breaking down your physical and emotional health. As an example:  the average yearly starting salary of a university professor at Temple University in 1975 was just under $10,000 a year, with full benefits – health, retirement, and educational benefits (their family’s could attend college for free.) And guess what? Average pay for Temple’s faculty is STILL about the same — because adjuncts now make up the majority of faculty, and earn between $8,000 to $14,000 a year (depending on how many courses they are assigned each semester – there is NO guarantee of continued employment) — but unlike the full-time professors of 1975, these adjunct jobs come with NO benefits, no health care, no retirement, no educational benefits, no offices. How many other professions report salaries that have remained at 1975 levels?

This is how you break the evil, wicked, leftist academic class in America — you turn them into low-wage members of the precariat – that growing number of American workers whose employment is consistently precarious. All around the country, our undergraduates are being taught by faculty living at or near the poverty line, who have little to no say in the way classes are being taught, the number of students in a class, or how curriculum is being designed. They often have no offices in which to meet their students, no professional staff support, no professional development support. One million of our college professors are struggling to continue offering the best they can in the face of this wasteland of deteriorated professional support, while living the very worst kind of economic insecurity.  Unlike those communist countries, which sometimes executed their intellectuals, here we are being killed off by lack of healthcare, by stress-related illness like heart-attacks or strokes.  While we’re at it, let’s add suicide to that list of killers — and readers of this blog will remember that I have written at length about adjunct faculty suicide in the past.

Step #3: You move in a managerial/administrative class who take over governance of the university.

This new class takes control of much of the university’s functioning, including funding allocation, curriculum design, course offerings. If you are old enough to remember when medicine was forever changed by the appearance of the ‘HMO’ model of managed medicine, you will have an idea of what has happened to academia. If you are not old enough – let me tell you that Once Upon a Time, doctors ran hospitals, doctors made decisions on what treatment their patients needed. In the 1970s, during the infamous Nixon Administration, HMOs were an idea sold to the American public, said to help reign in medical costs. But once Nixon secured passage of the HMO Act in 1973, the organizations went quickly from operating on a non-profit organization model, focused on high quality health care for controlled costs, to being for-profit organizations, with lots of corporate money funding them – and suddenly the idea of high-quality health care was sacrificed in favor of profits – which meant taking in higher and higher premiums and offering less and less service, more denied claims, more limitations placed on doctors, who became a “managed profession”. You see the state of healthcare in this country, and how disastrous it is. Well, during this same time, there was a similar kind of development — something akin to the HMO — let’s call it an “EMO”, Educational Management Organization, began to take hold in American academia. From the 1970s until today, as the number of full-time faculty jobs continued to shrink, the number of full-time administrative jobs began to explode. As faculty was deprofessionalized and casualized, reduced to teaching as migrant contract workers, administrative jobs now offered good, solid salaries, benefits, offices, prestige and power. In 2012, administrators now outnumber faculty on every campus across the country. And just as disastrous as the HMO was to the practice of medicine in America, so is the EMO model disastrous to the practice of academia in America, and to the quality of our students’ education. Benjamin Ginsburg writes about this in great detail in his book The Fall of the Faculty.  

I’d like to mention here, too, that universities often defend their use of adjuncts – which are now 75% of all professors in the country — claiming that they have no choice but to hire adjuncts, as a “cost saving measure” in an increasingly defunded university. What they don’t say, and without demand of transparency will NEVER say, is that they have not saved money by hiring adjuncts — they have reduced faculty salaries, security and power. The money wasn’t saved, because it was simply re-allocated to administrative salaries, coach salaries and outrageous university president salaries. There has been a redistribution of funds away from those who actually teach, the scholars – and therefore away from the students’ education itself — and into these administrative and executive salaries, sports costs — and the expanded use of “consultants”, PR and marketing firms, law firms. We have to add here, too, that president salaries went from being, in the 1970s, around $25K to 30K, to being in the hundreds of thousands to MILLIONS of dollars – salary, delayed compensation, discretionary funds, free homes, or generous housing allowances, cars and drivers, memberships to expensive country clubs.

Step Four: You move in corporate culture and corporate money

To further control and dominate how the university is ‘used” -a flood of corporate money results in changing the value and mission of the university from a place where an educated citizenry is seen as a social good, where intellect and reasoning is developed and heightened for the value of the individual and for society, to a place of vocational training, focused on profit. Corporate culture hijacked the narrative – university was no longer attended for the development of your mind. It was where you went so you could get a “good job”.  Anything not immediately and directly related to job preparation or hiring was denigrated and seen as worthless — philosophy, literature, art, history.

Anna Victoria writes, on Corporate Culture: “Many universities have relied on private sector methods of revenue generation such as the formation of private corporations, patents, increased marketing strategies, corporate partnerships, campus rentals, and for-profit e-learning enterprises. To cut costs, public universities have employed non-state employee service contractors and have streamlined their financial operations.”

So what is the problem with corporate money, you might ask? A lot. When corporate money floods the universities, corporate values replace academic values. As we said before, humanities get defunded and the business school gets tons of money. Serious issues of ethics begin to develop when corporate money begins to make donations and form partnerships with science departments – where that money buys influence regarding not only the kinds of research being done but the outcomes of that research. Corporations donate to departments, and get the use of university researchers in the bargain — AND the ability to deduct the money as donation while using the labor, controlling and owning the research. Suddenly, the university laboratory is not a place of objective research anymore. As one example, corporations who don’t like “climate change” warnings will donate money and control research at universities, which then publish refutations of global warning proofs. OR, universities labs will be corporate-controlled in cases of FDA-approval research. This is especially dangerous when pharmaceutical companies take control of university labs to test efficacy or safety and then push approval through the governmental agencies. Another example is in economics departments — and movies like “The Inside Job” have done a great job of showing how Wall Street has bought off high-profile economists from Harvard, or Yale, or Stanford, or MIT, to talk about the state of the stock market and the country’s financial stability. Papers were being presented and published that were blatantly false, by well-respected economists who were on the payroll of Goldman Sachs or Merrill Lynch.

Academia should not be the whore of corporatism, but that’s what it has become. Academia once celebrated itself as an independent institution. Academia is a culture, one that offers a long-standing worldview which values on-going, rigorous intellectual, emotional, psychological, creative development of the individual citizen. It respects and values the contributions of the scholar, the intellectual, to society. It treasures the promise of each student, and strives to offer the fullest possible support to the development of that promise. It does this not only for the good of the scholar and the student, but for the social good. Like medicine, academia existed for the social good. Neither should be a purely for-profit endeavor. And yet, in both the case of the HMO and the EMO, we have been taken over by an alien for-profit culture, our sovereignty over our own profession, our own institutions, stripped from us.

A corporate model, where profit depends on 1) maintaining a low-wage work force and 2) charging continually higher pricers for their “services” is what now controls our colleges . Faculty is being squeezed from one end and our students are being squeezed from the other.

Step Five – Destroy the Students

While claiming to offer them hope of a better life, our corporatized universities are ruining the lives of our students.   This is accomplished through a two-prong tactic: you dumb down and destroy the quality of the education so that no one on campus is really learning to think, to question, to reason. Instead, they are learning to obey, to withstand “tests” and “exams”, to follow rules, to endure absurdity and abuse. Our students have been denied full-time available faculty, the ability to develop mentors and advisors, faculty-designed syllabi which changes each semester, a wide variety of courses and options. Instead, more and more universities have core curriculum which dictates a large portion of the course of study, in which the majority of classes are administrative-designed “common syllabi” courses, taught by an army of underpaid, part-time faculty in a model that more closely resembles a factory or the industrial kitchen of a fast food restaurant than an institution of higher learning.

The Second Prong:  You make college so insanely unaffordable that only the wealthiest students from the wealthiest of families can afford to go to the school debt free. Younger people may not know that for much of the 20th Century many universities in the U.S. were free – including the CA state system – you could establish residency in six months and go to Berkeley for free, or at very low cost. When I was an undergraduate student in the mid to late 1970s, tuition at Temple University was around $700 a year. Today, tuition is nearly $15,000 a year. Tuitions have increased, using CA as an example again, over 2000% since the 1970s. 2000%! This is the most directly dangerous situation for our students: pulling them into crippling debt that will follow them to the grave.

Another dangerous aspect of what is happening can be found in the shady partnership that has formed between the lending institutions and the Financial Aid Departments of universities.  This is an unholy alliance. I have had students in my classes who work for Financial Aid. They tell me that they are trained to say NOT “This is what you need to borrow,” but to say “This is what you can get,” and to always entice the student with the highest possible number. There have been plenty of kick-back scandals between colleges and lenders — and I’m sure there is plenty undiscovered shady business going on. So, tuition costs are out of control because of administrative, executive and coach salaries, and the loan numbers keep growing, risking a life of indebtedness for most of our students. Further, there is absolutely no incentive on the part of this corporatized university to care.

The propaganda machine here has been powerful.  Students, through the belief of their parents, their K-12 teachers, their high school counselors, are convinced by constant repetition that they HAVE to go to college to have a promising, middle class life, they are convinced that this tuition debt is “worth it” — and learn too late that it will indenture them.  Let’s be clear: this is not the fault of the parents, or K-12 teachers or counselors.  This is an intentional message that has been repeated year in and year out that aims to convince us all about the essential quality of a college education.

So, there you have it.

Within one generation, in five easy steps, not only have the scholars and intellectuals of the country been silenced and nearly wiped out, but the entire institution has been hijacked, and recreated as a machine through which future generations will ALL be impoverished, indebted and silenced. Now, low wage migrant professors teach repetitive courses they did not design to students who travel through on a kind of conveyor belt, only to be spit out, indebted and desperate into a jobless economy. The only people immediately benefitting inside this system are the administrative class – whores to the corporatized colonizers, earning money in this system in order to oversee this travesty. But the most important thing to keep in mind is this: The real winners, the only people truly benefitting from the big-picture meltdown of the American university are those people who, in the 1960s, saw those vibrant college campuses as a threat to their established power. They are the same people now working feverishly to dismantle other social structures, everything from Medicare and Social Security to the Post Office.

Looking at this wreckage of American academia, we have to acknowledge:  They have won.

BUT these are victors who will never declare victory — because the carefully-maintained capitalist illusion of the “university education” still benefits them. Never, ever, admit that the university is dead. No, no. Quite the opposite. Instead, continue to insist that the university is the ONLY way to gain a successful, middle class life. Say that the university is mandatory for happiness in adulthood. All the while, maintain this low-wage precariate class of edu-migrants, continually mis-educate and indebt in the students to ensure their docility, pimp the institution out to corporate interests. It’s a win-win for those right wingers – they’ve crippled those in the country who would push back against them, and have so carefully and cleverly hijacked the educational institutions that they can now be turned into part of the neoliberal/neocon machinery, further benefitting the right-wing agenda.

So now what?

This ruination has taken about a generation. Will we be able to undo this damage? Can we force refunding of our public educational system? Can we professionalize faculty, drive out the administrative glut and corporate hijackers? Can we provide free or low-cost tuition and high-quality education to our students in a way that does NOT focus only on job training, but on high-level personal and intellectual development? I believe we can. But only if we understand this as a big picture issue, and refuse to allow those in government, or those corporate-owned media mouthpieces to divide and conquer us further. This ruinous rampage is part of the much larger attack on progressive values, on the institutions of social good. The battle isn’t only to reclaim the professoriate, to wipe out student debt, to raise educational outcomes — although each of those goals deserve to be fought for. But we will win a Pyrrhic victory at best unless we understand the nature of the larger war, and fight back in a much, much bigger way to reclaim the country’s values for the betterment of our citizens.

I am eager to hear from those of you who have been involved in this battle, or are about to enter it.  We have a big job ahead of us, and are facing a very powerful foe in a kind of David and Goliath battle.  I’m open to hearing ideas about how to build a much, much better slingshot.

The Homeless Adjunct, 12/08/12

La Comunidad de Madrid aprueba las nuevas tasas universitarias para los títulos oficiales de Máster

La Comunidad de Madrid aprueba las nuevas tasas universitarias para los títulos oficiales de Máster

Ya se conocen los precios de tasas en Madrid para los Masters 2012-2013.

En ANTROPOLOGÍA (o FILOSOFÍA) el crédito costaba el curso pasado 25,89 euros. La CAM lo ha puesto en el extremo máximo que permitía la horquilla del RD: ahora costarán 86,03 euros. Si un Master (de los baratos, sin ser de los obligatorios para ejercer una profesión, como el de Secundaria o alguno de Derecho) costaba el año pasado 1.553 euros, ahora costará 5.178 euros (sin contar otras tasas). La subida ha sido de un 235,6%.

Esto para ciudadanxs UE. Para latinoamericanxs, africanxs, asiáticos, se pondrá en unos 10.000 euros

(Recibido por correo electrónico)

Inverno na USC

Inverno na USC

Duro inverno

O pasado día 23 de xullo celebrouse unha reunión do Reitor e membros do Equipo  de Goberno cos Decanos e Directores de Departamentos da USC.

A previsión de ingresos e gastos para o presente exercicio presenta un panorama desolador. Como as medidas tomadas ata o de agora para conter o gasto (retencións dun 25 % no capítulo II, Gasto corrente, dun 50 % no capítulo IV, Transferencias correntes, e dun 80% no capítulo VI, Inversións reais) non foron suficientes, contémplase agora a necesidade de reducir o gasto corrente en Subministracións (electricidade, gas, gasóleo, auga, ...), para o que se contempla a adopción de diversas medidas, entre as que se atopa a redución en dúas horas o horario de apertura dos centros.

O inverno será duro na USC.

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

El objetivo principal de esta encuesta es el estudio de las características estructurales y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada reglada, ofreciendo información tanto en el ámbito nacional como autonómico.

La información obtenida debe cumplir un conjunto de requisitos básicos, tales como ser comparable a escala internacional, cubrir las necesidades de información demandada por diversos usuarios, tanto nacionales como internacionales y ser un instrumento útil para la Contabilidad Nacional.

La educación privada obtuvo unos beneficios corrientes de 674 millones de euros durante el curso escolar 2009-2010. Esta cifra supuso un incremento del 13,1% respecto al curso 2004-2005, cuando se realizó la encuesta anterior. Esta Encuesta se enmarca dentro de las operaciones estadísticas de periodicidad quinquenal por lo que la última edición de la encuesta está referida al curso escolar 2004-2005.

Los beneficios por alumno se mantuvieron estables respecto a la encuesta precedente en la educación no universitaria (200 euros por alumno) y bajaron 15 euros en la universitaria (hasta 718 euros por alumno).

La enseñanza no universitaria privada generó el 72,7% de estos resultados y la universitaria el 27,3% restante.

La Administración Pública aportó el 58,8% de los ingresos corrientes de los centros de educación no universitaria y el 5,8% de los centros privados universitarios. Ambos porcentajes fueron similares a los del curso 2004-2005.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada no universitaria supuso un coste medio de 1.541 euros por alumno en el curso 2009-2010. Por su parte, el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 4.718 euros.

INE, 25/07/12

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Se quedaba algunha raia vermella sen atravesar nas políticas de recortes e destrución de dereitos dos traballadores e traballadoras, é evidente que quedou atrás o pasado 13 de xullo coa aprobación do Real Decreto Lei 20/2012 xa que afecta ao conxunto da sociedade de xeito moi grave: perda dos dereitos laborais que tanto custou gañar, baixada na prestación do desemprego, subas no IVE de até o 13% e tantas outras medidas que afectan ao conxunto da economía e o emprego. Unha parte relevante delas afecta directamente ao emprego público.

Outro día nefasto, neste caso para a Universidade de Santiago de Compostela e o motivo polo que escribo esta carta aberta, foi o pasado 20 de xullo. Foi entón, no Consello de Goberno celebrado en dita data, que a equipa reitoral tivo a oportunidade de elixir: poñerse do lado das persoas que conformamos a Universidade ou poñerse ao lado dos recortes. E escolleu a segunda opción. Paso a dar a miña versión do que alí aconteceu.

Nese Consello, a xerenta da USC describiu, nunha longa ladaíña e cun fervor case relixioso, as medidas que nos afectan do RD Lei 20/2012 e como ía ser a súa aplicación para o persoal da USC.

No referido á eliminación das pagas extraordinarias, ou porcentaxe equivalente, explicounos que sería de aplicación para todo o persoal da USC e entidades dependentes e que no caso do persoal laboral sería de aplicación inmediata, tan pronto os procesos técnicos o permitiran. Indicóuselle que era unha reforma ilegal pois afectaba a períodos de traballo xa realizados (é porcentaxe anual e non só dos meses dende a aprobación do Real Decreto até final de ano), ilegal por modificar contratos de traballo vixentes e suxeitos a convenios e acordos colectivos, ilegal e inxusta por aplicar porcentaxes distintas de xeito arbitrario a distintas persoas da mesma institución en función do case azar que é o xeito de distribución do salario en soldos mensuais e pagas extras; as diferenzas neste caso van dende o 4% ao 7,14% tendo en xeral unha maior porcentaxe de desconto, aquelas persoas de menor soldo e categoría, o mundo ao revés!.

Informou tamén que no caso do PAS laboral se descontaría o 17,85% en todas as pagas dende setembro a final de ano, ao que se lle replicou que non deberamos permitir que compañeiros e compañeiras con contrato a tempo completo e con xornais de menos de 1.100 euros actualmente vexan reducida a súa paga a pouco máis de 900 €. A resposta foi sempre a mesma: “somos uns mandados”.

Con respecto ao artigo 8, que elimina para todo o persoal da USC a capacidade de negociación dos permisos e vacacións e que suprime os asuntos propios agás 3 días ao ano e os días extras de vacacións por antigüidade, informounos que sería de estrito cumprimento a partir do 1 de xaneiro de 2013. Temos que explicar que estes días de asuntos propios foron unha compensación a cambio de minguas salariais en diferentes momentos da democracia española (pódese mirar a hemeroteca do ano 1983, por exemplo). Tamén que na Universidade ninguén lembra a última vez que se contratou a alguén para substituír a quen estivera gozando destes días pois a norma interna impide celebralos se as necesidades do servizo non o permiten nese momento. Si, son días que se collen para facer pontes, pero tamén para levar aos maiores ao médico ou atender a fillos e fillas enfermos.

Informou tamén que a partir do 15 de outubro se reducirá a nómina en caso de enfermidade nun 50% nos primeiros 3 días e un 25% entre o cuarto e vixésimo día pero tampouco neste punto se fixo unha excepción ou matización.

Lembrou que segundo as novas normas temos que adaptar a xornada de traballo de todo o persoal a trinta e sete horas e media e informou que moi “eficientemente” xa están convocando os xefes de servizos e unidades con motivo da reorganización dos horarios.

En xeral, e no noso caso concreto, quedan anulados tamén numerosos dereitos sindicais, capítulos enteiros dos convenios colectivos, acordos do persoal funcionario e outros numerosos dereitos. A xerencia e a equipa de goberno non procuran alternativas.

Tampouco se presenta proposta algunha por parte da dirección da Universidade de compensación polo incremento do IVE nos gastos propios da USC, sendo como somos parte tamén do estado que vai a recadalo, nin tan sequera a reclamación de que os aforros producidos na aplicación das medidas de recorte podan ser utilizados para a redución da nosa propia débeda en vez de reducir só a débeda da Xunta de Galicia. Algo que en cambio si esixe a Xunta de Galicia ao Estado.

Aínda quedaban outros despropósitos antes de rematar este último consello de goberno. Ao igual que fixemos con dous compañeiros PAS do campus de Lugo fai un par de meses, tomouse a decisión -con numerosos votos en contra- de despedir por causas económicas ¿? a 5 profesores asociados a tempo completo con entre 15 e 30 anos de traballo na USC, a maioría a moi poucos anos da xubilación.

Todo isto sucedeu sen que houbera espazo a cuestionar o que estabamos a facer, á protección da comunidade universitaria fronte a estas ameazas, á defensa do valor que ten o servizo que prestamos á sociedade.

Malia ter sido interpelados en numerosas ocasións e terlles sido lembrada a nosa autonomía, lembrando que estabamos nun órgano de goberno da USC e non nunha sección menor dun departamento da Xunta, que non ten máis cometido que actuar segundo as instrucións recibidas, a equipa reitoral no seu conxunto non fixo un mínimo aceno de rebeldía, de recurso destas decisións ante órganos superiores, de obstaculización da aplicación dunha lei que todos entendemos inxusta e ilegal, de amortecemento das medidas naqueles casos máis sangrantes ou esperpénticos, ... mais ben sucedeu todo o contrario, preferindo en todo momento o cumprimento estrito e inmediato das medidas de recorte.

Só ao final e con moitas dificultades, algún dos presentes conseguiu que polo menos se aprobara o desacordo do Consello de Goberno co contido do Real Decreto Lei 20/2012.

Vivimos tempos difíciles e todos temos que decidir como os afrontamos. A Universidade e o seu Reitor teñen que elixir se van a estar do lado da comunidade universitaria e do lado dos milleiros de galegos e galegas que o mesmo día anterior ao consello de goberno ateigabamos as rúas e prazas de Galicia, ou si van a limitarse a facer de burócratas de Rajoy e Feijóo e aplicar as medidas de recorte actuais -e as que nos cheguen- de xeito automático.

De optaren por esta última vía e asumiren a totalidade dos recortes, a desaparición da autonomía da universidade e o desmantelamento da universidade pública, eu lles pediría que, por dignidade, dimitan antes da súa aplicación e deixen que dirixa a universidade un liquidador, de traxe escuro, nomeado pola Xunta de Galicia. Así, as cousas estarían claras e todos e todas saberíamos a que atermos.

Praza, 24/07/12

Miren Etxezarreta: Neoliberalismo a ritmo acelerado

Miren Etxezarreta: Neoliberalismo a ritmo acelerado
Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics.

Desde mayo de 2010 la economía española, debido a su importante problema de endeudamiento, está sometida a fuertes presiones externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un endeudamiento privado, pues el endeudamiento público del Estado español está todavía hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.

A partir de entonces la economía española está tutelada principalmente por la UE, que se ha convertido en el eje central y dominante en la gestión de la economía española. Desde entonces, la UE exige la implantación de una serie de duras medidas de austeridad y ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el paro crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de la actividad económica se intensifica y la deuda pública aumenta.

Hace muy poco -los acontecimientos se suceden a tal velocidad que dos meses parecen un largo periodo-, el caso Bankia hizo imposible disimular por más tiempo el deterioro de la situación de los bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión de su crisis, han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para que plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión pública de la forma del engaño más burdo que se pueda imaginar, pretendiendo hacer creer que dicho rescate no iba a tener consecuencias negativas para la población. Además, tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio se presentó como un gran triunfo que el rescate concedido para los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo (MEDE) que irá directamente a los bancos y  estos serán los responsables del mismo, por lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.

La UE, tras conceder la línea de rescate hasta 100.000 millones de euros para auxiliar a las finanzas privadas de este país, alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de reducción del déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la deuda del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho al Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que exige al Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate con 32 condiciones bien detalladas para el ámbito financiero y algunas más de tipo fiscal. Y queda claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la actuación del sector público y las finanzas de este país.

El deterioro de la situación, la prima de riesgo que no para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la situación, han obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11de julio, las medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones impuestas por la troika formada por los mercados, el FMI y la UE, y que esta última lidera. Hasta el punto de que es lícito preguntarse cuánta autonomía le queda al Gobierno español (ahora PP) para gestionar los asuntos del país.

Todos estos acontecimientos, y especialmente los que están teniendo lugar desde que salió a la luz la crisis de Bankia, están generando una sucesión de medidas y noticias que han motivado en la población una situación de desconcierto, preocupación y temor muy acusados. No me dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los medios de comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a algunos comentarios sobre todo este proceso:

Muchas y muy variadas medidas que llegan a un recorte de 65.000 millones en dos años: desde la disminución del número de funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras, pasando por la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin embargo, todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo neoliberal de gestión de la economía: liberalización, desregulación, privatización, impuestos a pagar por la mayoría de la población indiscriminadamente, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la línea fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población en sus condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más privatizaciones, menos derechos sociales, unos impuestos indirectos totalmente injustos mientras no se tocan de ninguna manera los ingresos de los más ricos, a quienes se acaba de conceder una escandalosa amnistía fiscal casi total. Y un aspecto particularmente preocupante: la disminución de las cotizaciones sociales que sólo favorece a los empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos digan que los derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero, probablemente preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la UE: todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros, estrechando todavía más las opciones posibles para  estos y convirtiéndose, de paso, en la vanguardia del neoliberalismo mundial.

Pero no hay que considerar que, dentro del estrecho marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no tiene ningún margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias hay alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica, eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma fiscal que gravara a quienes realmente concentran el dinero de este país. Las exigencias de la troika transcurren por la misma estrategia de los planteamientos de los gobiernos sucesivos de este país, que acogen aquellas con docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les viene muy bien insistir en los requerimientos externos para llevar a cabo muchas medidas que integran sus propios planes.

Lo peor de todo esto es que estas medidas no sirven para resolver los problemas del país. Es dudoso que se pueda reducir el déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se ve obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos sobre el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica alguna que obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es impagable. La banca europea y los inversores institucionales que son nuestros principales acreedores y probablemente instigadores de las medidas exigidas, habrán de aceptar esta realidad en algún momento. Es decir, los dos objetivos supuestamente claves para exigir las medidas no se pueden cumplir. Pero, además, estas medidas empeoran la situación económica del país al hacer más difícil todavía el crecimiento (el programa futuro de 120.000 millones de euros para estimular el crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen los duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones no fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una sola medida que impulse el crecimiento y la mejora de la situación productiva ni comercial del país. Al contrario, caerá todavía más la demanda, disminuye la inversión y la investigación, se desmotiva totalmente la mano de obra, excepto por el miedo al paro. Se concentra todo el estimulo al aumento de competitividad en el deterioro de los salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la devaluación interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción de pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la ciudadanía ha de ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con estos planteamientos?

Un pequeño comentario marginal: escuchando la sesión parlamentaria de presentación de las medidas que se propondrán para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes, me ha impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una situación tan tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se utiliza en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se entiende es absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la naturaleza de las medidas que se están tomando, el pretender justificarlas cuando se saben injustificables, la floritura de las referencias… “Se rebajará el subsidio de paro para no desincentivar la búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco millones de parados que buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos funcionarios para hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos, maestros, bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se convierte en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el ambiente y el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría lograr un ambiente de cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que es un detalle menor, pero es todo un símbolo de la vida política de un país.

Es obligado concluir que en esta estrategia existen otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y estos no pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con grandes sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No pueden entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para nada importe el bienestar de la mayoría de la población, están suponiendo la destrucción de la capacidad productiva de los países y una enorme concentración de la actividad económica en ciertas zonas y bajo la propiedad de muy pocos capitales. No se podría entender el entusiasmo de la patronal y los grandes empresarios por estas medidas de otra manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a la actividad económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna, que está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas, al vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que camina al endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que en el contexto de una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito continental; la cual, según Warren Buffet (uno de los mayores millonarios estadounidenses), están ganando los propietarios del capital.

Público, 13/07/12

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

La Nueva España, 14/07/12

International solidarity to defend the public university

International solidarity to defend the public university

In a joint statement, the members of EI, the Quebec Federation of University Professors of Canada (FQPPU) and the national trade union of higher education of France (SNESUP-FSU), undertook to pool their resources to defend public universities.

The FQPPU and the SNESUP share a similar vision of an open, collegial and democratic university, accessible to many students, devoted to meeting social needs and protected from pressure from any political, economic or religious force. In the coming months, the two organisations will cooperate in studies, public meetings and events to bring people together to support their vision.

Pressure from external forces

For years, the fundamental mission of universities in France and in Quebec – to provide a public service for education and research – has undergone major changes. Universities are increasingly subjected to external influences that divert them from the public interest and weaken academic freedom and independence of research, both essential to a university’s mission.

A gradual but notable disengagement by the State is compromising the social and humanistic function of the university, and its capacity to meet collective needs. This impacts on students and allows the private sector a greater influence on the institution. This, in turn, leads to an increase in tuition and registration fees, a targeted and authoritarian guidance of research, and  governance based on commercial principles. 

Union support

FQPPU President Max Roy pointed out that the “current crisis in higher education is an international phenomenon that requires vigorous and concerted action from the academic community. The alliance between the FQPPU and the SNESUP confirms our determination to defend the university as a public service.”

For his part, Stéphane Tassel, General Secretary of the SNESUP-FSU, said that the “situation faced by higher education and research as a public service in France, and the tough battles we are waging, are similar to the situation and struggles faced by our colleagues in Quebec and their students. At a pivotal moment, we wanted to reaffirm our commitment to the public university on either side of the ‘pond’, in its universal dimension and major role in society.”

EI has lent its support to the aspirations of these member organisations. “Higher education and research constitute a public good that is essential for the social, cultural and economic development of communities, nations and regions,” said EI General Secretary, Fred van Leeuwen. “Consequently, it is incumbent upon the States to guarantee sufficient funding for higher education and research institutions.

“EI welcomes wholeheartedly this initiative from member organisations, and will continue to campaign for the full implementation of UNESCO’s 1997 recommendation concerning the status of higher education teaching personnel. The situation of higher education and research in these two countries will undoubtedly be at the heart of the discussions during the higher education and research world conference that will be held on 25-27 September in Buenos Aires, Argentina.”

Guaranteeing the exercise of academic freedoms

The 5th EI World Congress, held in Berlin in July 2007, adopted a resolution on higher education and research as a public service. This emphasises that the exercise of academic freedoms must be guaranteed for higher education teaching personnel and research staff, comprising the:

  • Freedom of instruction and discussion free from any doctrinal constraint
  • Freedom to conduct research and to disseminate and publish the results
  • Right to express freely one’s opinion on the institution or the system in which one works
  • Right not to be subjected to institutional censure
  • Right to take part freely in the activities of professional organisations or representative academic organisations

The same congress also adopted a resolution on fixed-term higher education teaching personnel, which calls on EI to “recognise the value of the service provided by qualified fixed-term higher education teaching personnel, but oppose the overuse and exploitation of fixed-term appointments by higher education institutions”.

This resolution also encourages higher education affiliates to ensure that fixed-term higher education teaching personnel have guaranteed fair and equitable representation at all levels of any association or union, including membership on executive committees, bargaining committees and standing committees. 

The FQPPU/SNESUP joint statement is available here

To read the Resolution on higher education and research as a public service, click here

To read the resolution on fixed-term higher education teaching personnel, click here

To find out more about the next world conference on higher education and research, click here

Internacional de la Educación, 11/07/12

Michael Chessum: The privatisation of higher education is forcing out poorer students

Michael Chessum: The privatisation of higher education is forcing out poorer students
Tuition fees and the government's marketisation of universities mean that bright working class students will no longer apply

Yesterday, the University and Colleges Admissions Service (Ucas) announced a sharp drop in the number of university applicants for the first year of £9,000 fees. The official government narrative – that the 9% drop is merely a readjustment for a similar rise in applications for places before the fee rise – is paper thin. In fact, ministers have offered no serious explanation or sense of reflection at all. Most crucially, no analysis has been offered as to who has chosen not to apply, or why.

The reality, as major studies have suggested ever since tuition fees were introduced, is that rocketing tuition fees have pushed bright students from working-class backgrounds away from university.

This is supported by the fact that the biggest drop to occur is among people over the age of 23 – often among the most disadvantaged set of applicants. These mature students are not the Willetts fantasy of "ill-informed" 18-year-olds, failing to understand that debt repayments are income-linked. The fact is that the government is in the process of creating a system driven by consumer choice, in which the rational money-driven decision could be never to apply to university.

The only possible result of this process will be fewer people going to university, or, to put it more accurately, fewer working-class people going to university. For those not fortunate enough to get good grades at a nice secondary school, a degree in some subjects, costing £27,000 before living costs, will result in a net earning loss over your lifetime. Education as a life-enhancing, horizon-broadening experience – even if only inadvertently and in passing – is being snatched away, both by the ideology of the system, and now by debt and post-graduation data.

Even without this process, the result of the government's programme for education will be the systematic exclusion of many of Britain's less affluent prospective students. The market system – put in motion by Labour's introduction of fees and moved to its logical conclusion by the coalition's higher education white paper – will starve newer universities of teaching grants, concentrating wealth into the hands of whatever the market, regulated by the Research Excellence Framework (REF) and mechanisms like it, decides is best.

A quiet cull of "unprofitable" courses has been taking place for some time: students at London Met, Britain's most working-class university, have lost their history and philosophy departments. A report released by the UCU this year found that the number of courses on offer in England has declined by almost a third in four years.

On the surface, course cuts, fees and marketisation, not to mention the abolition of EMA, appear to be the betrayal of a generation; but in truth they stem from a deeper and more typical Tory agenda. The 9% drop in applicants will not be from the sons and daughters of government ministers, whose parents can pay, or whose knowledge of the system and schooling means that they can be assured that university will be a sound investment, not a financial nightmare.

Equally, the winners from the white paper, if there are winners at all, will be "world class" and research-intensive universities. Fees and marketisation may yet boost the global prestige of a handful of Britain's universities, and the collective ego of the likes of universities minister David Willetts and the vice chancellors who inform his thinking, but their broader social implications will be a disaster for the vast majority of ordinary people.

The latest Ucas data is not at its root a lesson in students getting the "wrong information", or the fact that the government's reform programme is often chaotic and dysfunctional, which it is. The truth is that the reforms are having broadly the desired effect: higher education is shrinking and increasingly being privatised, and different tiers of learning are developing – some for the elite, and some for the rest.

The key question as students and trade unions prepare for another autumn of discontent will be "who pays?", and when Ucas releases reports on student numbers, attention is focused on fees. This narrative is in part correct, but if education and other evaporating public services are to be saved, we must also be clear that student numbers are more than statistics; they are the symptoms of a rapidly accelerating class war.

The Guardian, 10/07/12

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