Privatización

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

La Nueva España, 14/07/12

International solidarity to defend the public university

International solidarity to defend the public university

In a joint statement, the members of EI, the Quebec Federation of University Professors of Canada (FQPPU) and the national trade union of higher education of France (SNESUP-FSU), undertook to pool their resources to defend public universities.

The FQPPU and the SNESUP share a similar vision of an open, collegial and democratic university, accessible to many students, devoted to meeting social needs and protected from pressure from any political, economic or religious force. In the coming months, the two organisations will cooperate in studies, public meetings and events to bring people together to support their vision.

Pressure from external forces

For years, the fundamental mission of universities in France and in Quebec – to provide a public service for education and research – has undergone major changes. Universities are increasingly subjected to external influences that divert them from the public interest and weaken academic freedom and independence of research, both essential to a university’s mission.

A gradual but notable disengagement by the State is compromising the social and humanistic function of the university, and its capacity to meet collective needs. This impacts on students and allows the private sector a greater influence on the institution. This, in turn, leads to an increase in tuition and registration fees, a targeted and authoritarian guidance of research, and  governance based on commercial principles. 

Union support

FQPPU President Max Roy pointed out that the “current crisis in higher education is an international phenomenon that requires vigorous and concerted action from the academic community. The alliance between the FQPPU and the SNESUP confirms our determination to defend the university as a public service.”

For his part, Stéphane Tassel, General Secretary of the SNESUP-FSU, said that the “situation faced by higher education and research as a public service in France, and the tough battles we are waging, are similar to the situation and struggles faced by our colleagues in Quebec and their students. At a pivotal moment, we wanted to reaffirm our commitment to the public university on either side of the ‘pond’, in its universal dimension and major role in society.”

EI has lent its support to the aspirations of these member organisations. “Higher education and research constitute a public good that is essential for the social, cultural and economic development of communities, nations and regions,” said EI General Secretary, Fred van Leeuwen. “Consequently, it is incumbent upon the States to guarantee sufficient funding for higher education and research institutions.

“EI welcomes wholeheartedly this initiative from member organisations, and will continue to campaign for the full implementation of UNESCO’s 1997 recommendation concerning the status of higher education teaching personnel. The situation of higher education and research in these two countries will undoubtedly be at the heart of the discussions during the higher education and research world conference that will be held on 25-27 September in Buenos Aires, Argentina.”

Guaranteeing the exercise of academic freedoms

The 5th EI World Congress, held in Berlin in July 2007, adopted a resolution on higher education and research as a public service. This emphasises that the exercise of academic freedoms must be guaranteed for higher education teaching personnel and research staff, comprising the:

  • Freedom of instruction and discussion free from any doctrinal constraint
  • Freedom to conduct research and to disseminate and publish the results
  • Right to express freely one’s opinion on the institution or the system in which one works
  • Right not to be subjected to institutional censure
  • Right to take part freely in the activities of professional organisations or representative academic organisations

The same congress also adopted a resolution on fixed-term higher education teaching personnel, which calls on EI to “recognise the value of the service provided by qualified fixed-term higher education teaching personnel, but oppose the overuse and exploitation of fixed-term appointments by higher education institutions”.

This resolution also encourages higher education affiliates to ensure that fixed-term higher education teaching personnel have guaranteed fair and equitable representation at all levels of any association or union, including membership on executive committees, bargaining committees and standing committees. 

The FQPPU/SNESUP joint statement is available here

To read the Resolution on higher education and research as a public service, click here

To read the resolution on fixed-term higher education teaching personnel, click here

To find out more about the next world conference on higher education and research, click here

Internacional de la Educación, 11/07/12

Michael Chessum: The privatisation of higher education is forcing out poorer students

Michael Chessum: The privatisation of higher education is forcing out poorer students
Tuition fees and the government's marketisation of universities mean that bright working class students will no longer apply

Yesterday, the University and Colleges Admissions Service (Ucas) announced a sharp drop in the number of university applicants for the first year of £9,000 fees. The official government narrative – that the 9% drop is merely a readjustment for a similar rise in applications for places before the fee rise – is paper thin. In fact, ministers have offered no serious explanation or sense of reflection at all. Most crucially, no analysis has been offered as to who has chosen not to apply, or why.

The reality, as major studies have suggested ever since tuition fees were introduced, is that rocketing tuition fees have pushed bright students from working-class backgrounds away from university.

This is supported by the fact that the biggest drop to occur is among people over the age of 23 – often among the most disadvantaged set of applicants. These mature students are not the Willetts fantasy of "ill-informed" 18-year-olds, failing to understand that debt repayments are income-linked. The fact is that the government is in the process of creating a system driven by consumer choice, in which the rational money-driven decision could be never to apply to university.

The only possible result of this process will be fewer people going to university, or, to put it more accurately, fewer working-class people going to university. For those not fortunate enough to get good grades at a nice secondary school, a degree in some subjects, costing £27,000 before living costs, will result in a net earning loss over your lifetime. Education as a life-enhancing, horizon-broadening experience – even if only inadvertently and in passing – is being snatched away, both by the ideology of the system, and now by debt and post-graduation data.

Even without this process, the result of the government's programme for education will be the systematic exclusion of many of Britain's less affluent prospective students. The market system – put in motion by Labour's introduction of fees and moved to its logical conclusion by the coalition's higher education white paper – will starve newer universities of teaching grants, concentrating wealth into the hands of whatever the market, regulated by the Research Excellence Framework (REF) and mechanisms like it, decides is best.

A quiet cull of "unprofitable" courses has been taking place for some time: students at London Met, Britain's most working-class university, have lost their history and philosophy departments. A report released by the UCU this year found that the number of courses on offer in England has declined by almost a third in four years.

On the surface, course cuts, fees and marketisation, not to mention the abolition of EMA, appear to be the betrayal of a generation; but in truth they stem from a deeper and more typical Tory agenda. The 9% drop in applicants will not be from the sons and daughters of government ministers, whose parents can pay, or whose knowledge of the system and schooling means that they can be assured that university will be a sound investment, not a financial nightmare.

Equally, the winners from the white paper, if there are winners at all, will be "world class" and research-intensive universities. Fees and marketisation may yet boost the global prestige of a handful of Britain's universities, and the collective ego of the likes of universities minister David Willetts and the vice chancellors who inform his thinking, but their broader social implications will be a disaster for the vast majority of ordinary people.

The latest Ucas data is not at its root a lesson in students getting the "wrong information", or the fact that the government's reform programme is often chaotic and dysfunctional, which it is. The truth is that the reforms are having broadly the desired effect: higher education is shrinking and increasingly being privatised, and different tiers of learning are developing – some for the elite, and some for the rest.

The key question as students and trade unions prepare for another autumn of discontent will be "who pays?", and when Ucas releases reports on student numbers, attention is focused on fees. This narrative is in part correct, but if education and other evaporating public services are to be saved, we must also be clear that student numbers are more than statistics; they are the symptoms of a rapidly accelerating class war.

The Guardian, 10/07/12

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?
Informe de la Fundación 1º de Mayo, 49, Julio 2012

Los más de cuatro (larguísimos) años de crisis económica, unidos al integrismo del déficit cero del discurso liberal han pasado factura en forma de drásticos recortes del gasto público en todos los ámbitos de nuestro incompleto (y en algunos ámbitos muy frágil) Estado del Bienestar.

El sistema educativo en todos sus tramos ha sido uno de ellos; pero no conviene llevarse a engaño porque con ser cierto que los recortes en la financiación de la educación tienen un impacto profundamente negativo en su calidad, no es menos cierto que la crisis en este ámbito, como en otros muchos, está sirviendo como coartada para incorporar cambios radicales que afectan a su propia función social, quiebran el principio de igualdad de oportunidades, profundizan en las brechas socio económicas, empobrecen a la ciudadanía (y también a la economía “basada en el conocimiento”) y, en definitiva, socavan el propio concepto de ciudadanía.

El incremento en un 60 por ciento de las tasas universitarias es, sin duda, uno de los elementos más visibles de esta “nueva” universidad pública elitista, cuyos efectos no sólo serán los de expulsar al alumnado que proviene de entornos más desfavorecidos económicamente, sino que además acorta la competencia, vía precios, entre universidad pública y universidad privada o, lo que es lo mismo, favorece a ésta última.

El incremento de la carga docente del profesorado tendrá, por su parte, un triple y pernicioso efecto: de un lado, supondrá el despido de profesorado (al igual que ha ocurrido en la enseñanza pública no universitaria); de otro lado, necesariamente, rebajará la calidad de la docencia. Por último, supondrá un lastre para la actividad investigadora que, por otra parte, también se verá menguada por la escasez de la financiación.

Este proceso de cambio de modelo se superpone, además, a las graves dificultades a que se enfrentaban las universidades para adaptarse sin financiación adicional al conocido como “Plan Bolonia”.

Esta superposición perversa dará, además, un gran protagonismo a las empresas privadas que mediante su “mecenazgo” orientarán la actividad universitaria, sus líneas de investigación, e incluso la contratación de personal investigador en función de sus propios intereses.

Acerca de todo ello se reflexiona en este informe.

Nina Power: Absurd student debt has ended mass inclusion – our future is at risk

Nina Power: Absurd student debt has ended mass inclusion – our future is at risk
Unlike my generation, who left university with little or no debt, graduates must now repay an average of £26,000

When I tell my students that in 1997 I didn't have to pay any fees for my degree, they often look at me in disbelief. This disbelief quickly turns into anger, however, when they reflect on the amount of debt they have had to incur, 15 years down the line, as a result of university fees, the cost of living in London and childcare so they can attend class (many university creches have closed in recent years). While many of my students also work during term time – often more than the university-recommended 16 hours a week maximum – just so they can stay afloat, their student loans quietly pile up, with average debt now standing at £26,000 and post-graduation unemployment beckoning. As students protesting at cuts to the Californian university system in 2009 put it: "We work and we borrow in order to work and to borrow."

One recent graduate, Alice, describes her situation like this:

"I owe just over £30,000, and since graduating two years ago I have not earned over the amount that I need in order to start paying it back. To be honest, I'm glad, because I don't feel like I should have to pay it back. Instead, I can watch the debt grow and grow, and when I receive a letter to tell me how much I owe it just reminds me of the absurdity of the situation."

It is this "absurdity" that students fought to avoid at protests in 2010, and it comes at the culmination of a long wave of fee increases, and what now looks like a historic U-turn on mass inclusion.

How far we have come from the Robbins Report in 1963, which called for a "co-ordinated system of higher education" that "should provide for those who had the qualifications and the willingness to pursue higher education … it should eliminate artificial differences of status and recognise hierarchy only in so far as it was based on function and attainment".

Lionel Robbins was no socialist, and his report was, of course, written in an era before the mass expansion of higher education (participation doubled from 15% in 1988 to over 30% in 1992), but his recognition of the desire of many to gain a university education is at odds with the current government's quotas and extortionate fees. In Grayson Perry's recent Channel 4 series on class and taste, the role of the university in transforming people's lives and aspirations couldn't have been clearer.

In the 20th century we saw a shift from the idea of university for the few to mass expansion in the postwar period, and then again in the 80s and 90s. In 1992, when former polytechnics gained the right to call themselves universities and could award their own degrees, seeds of discontent among some at the existing universities were sown, which culminated in the ongoing call by the Russell Group to be permitted to set their own fees. At the same time, university fees have shifted from £1,000 in 1998 to £3,000 in 2004, rising to £3,290 by 2010-11 before the £9,000 upper limit new students will face later this year.

The mass expansion of higher education, and all the benefits that came with it for individuals and society alike, is over. If today's graduate faces an uncertain future, so do many of the universities. A University College Union report from 2010 suggested that more than a third of UK universities (Higher Education Institutions) – 49 institutions – could close as a result of government funding cuts. Already we have seen the impact of the new regime as arts and humanities departments in post-92 universities close subject after subject, rendering philosophy, history, classics and many others the preserve of the elite.

With the new fee regime due to come into operation this autumn, and the vast majority (86%) of students needing to borrow up to £9,000 a year for fees alone, what kind of future will today's graduate have? With graduate unemployment now at 25% , many, particularly those from poorer backgrounds, will feel that the cost of going to university is too high.

The loans students are taking out are "not merely income contingent, but future-policy contingent" as Andrew McGettigan points out, meaning that future governments could alter the terms of repayment and the threshold for paying loans back (this has already happened in New Zealand). When David Willetts casually said, ahead of recent policy changes, that "the so-called debt [students] have is more like an obligation to pay higher income tax," and "it's like a tax, you only start paying it if you earn more than £21,000", he neglected to address the uncertainty of these schemes: while student debt is currently written off after 25 years (35 years for Scottish domicile students), rising to 30 years after 2012, the shifting nature of this arrangement adds yet another layer of uncertainty for future students. With little protection over the nature of the loans, who owns them and what the future terms might be, who is in a position to take this kind of gamble on their own future?

Student debt is only one form of this particular kind of economic burden: those borrowing to study are also needing to take out bank loans, overdrafts, credit cards and other forms of borrowing, with the government very recently declaring that: "It has been a longstanding principle of student support that maintenance grants and loans are generally paid as a contribution towards living costs rather than to cover them in their entirety." Those without parental support or other financial security are not able to make up the shortfall without access to rapacious and often brutal forms of credit on top of massive student loans: this kind of borrowing may well pose even more of a problem than fee debt for many.

It is time for serious thinking about the role of debt, and not just in relation to students. As David Graeber argues in his recent book Debt: The First 5,000 Years:

"It seems to me that we are long overdue for some kind of biblical-style jubilee: one that would affect both international debt and consumer debt. It would be salutary not just because it would relieve so much genuine human suffering, but also because it would be our way of reminding ourselves that money is not ineffable, that paying one's debts is not the essence of morality, that all these things are human arrangements and that if democracy is to mean anything, it is the ability to all agree to arrange things in a different way."

As the protesters in Quebec are all too aware, the introduction of tuition fees can only go one way: they have seen the momentous increase in costs in the US, England and elsewhere and realise that the only way to prevent this happening in Quebec is to protest what might seem a rather minimal amount (the proposed fee increase they are protesting against works out at £203, but is set to rise to around C$3,800 (£2,375) by 2016). They are right to protest, and even more so to link student debt to broader immiseration.

As Alice says:

"I have a sister who is 17 and would have been getting EMA [education maintenance allowance] now if it wasn't for the recent changes. Her college are pushing her to apply for university (to keep their stats up presumably) but she's unsure whether to incur the debt when the subject areas that interest her the most don't necessarily lead into secure jobs. Her current part time job in Topshop seems to give her more of a feeling of security than the prospect of university at the moment, and that says something as her job there is as precarious as they come."

The Guardian, 03/07/12

Gobierno de España: Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa

Gobierno de España: Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa

En las últimas décadas se ha alcanzado la universalización de la educación pero el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados.

El sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar la diversidad de talentos que poseen todos los estudiantes.

Mejorar la calidad de la enseñanza requiere el compromiso de toda la comunidad educativa para lo que se abre un periodo de información pública y de diálogo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que modificará la Ley Orgánica de Educación de 2006.

Desde la transición a la democracia España ha alcanzado unas tasas de escolarización desde los tres años prácticamente del 100 por 100. Ha desarrollado, además, los instrumentos necesarios para asegurar unos niveles mínimos de educación, cubriendo las necesidades básicas de los estudiantes para garantizar su asistencia a clase (infraestructura de los colegios, libros de texto, transporte y comedor escolar) y asegurando que el conjunto de los colegios alcanza unos niveles mínimos de calidad mediante el establecimiento de criterios de uniformidad. Se debe, pues, considerar como un logro de las últimas décadas la universalización de la educación.

Sin embargo, el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados. Lo ponen en evidencia las pobres calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA, las elevadas tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. La objetividad de los estudios comparativos internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma práctica, que permita desarrollar al máximo el potencial de cada alumno.

Medida en función de los resultados

El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que ésta debe medirse en función de los resultados de los estudiantes y no de los niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etcétera. Para ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayudando a superar barreras económicas y sociales, y generando aspiraciones y ambiciones realizables para todos.

Principios de la reforma

Los principios en los que se basa esta reforma son dos:

  • En primer lugar, la igualdad de oportunidades que permita a cada estudiante acceder a una educación gratuita y de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y motivar a la mayoría a continuar los estudios post-obligatorios.
  • En segundo lugar, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar el talento que poseen todos los estudiantes.

El reconocimiento de la diversidad entre alumnos en sus habilidades y expectativas es el primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad. Los estudiantes con problemas de rendimiento contarán con programas específicos de apoyo que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.

Diálogo

La reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común. Su puesta en marcha requiere de diálogo para conseguir que, con las aportaciones de todos, seamos capaces de alcanzar un acuerdo que consiga el compromiso de alumnos, familias y profesores. Es fundamental que la reforma educativa sea sostenible en el tiempo, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva de los resultados de los alumnos. Esto permitirá que la educación deje de percibirse como un campo de batalla político y se convierta en un objetivo común.

Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado, básicamente, las siguientes medidas:

  • Simplificar el currículo y reforzar los conocimientos instrumentales.
  • Flexibilizar las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones,
  • Desarrollar sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo.
  • Incrementar la transparencia de los resultados.
  • Promover una mayor autonomía y especialización en los centros.
  • Exigir a los estudiantes, profesores y colegios la rendición de cuentas.
  • Incentivar el esfuerzo.

Líneas de trabajo

Basándose en los resultados de estas experiencias internacionales y una vez analizado el sistema educativo de nuestro país, el primer informe presentado al Consejo de Ministros incluye las siguientes líneas de trabajo:

Reducir el número de materias y vías, y aumentar la carga lectiva de las materias instrumentales, tanto en ESO como en Bachillerato.

  • Cursar, a partir de 2º de la ESO, programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento así como de cualificación profesional.
  • Adelantar a 3º de la ESO la elección de itinerarios a través de la elección de materias y convertir 4º de ESO en un curso de iniciación con dos trayectorias bien diferenciadas: hacia Bachillerato y hacia Formación Profesional.
  • Realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán diseñadas por el Gobierno en la parte de enseñanzas mínimas y por las Comunidades Autónomas en la parte restante.
  • Facilitar el acceso de Formación Profesional de grado medio a Formación Profesional de grado superior.

Por lo que respecta a los centros docentes, el informe incluye medidas tendentes a:

  • Promover la especialización de los centros docentes.
  • Una mayor autonomía para la gestión de los centros docentes, para impulsar y desarrollar acciones orientadas a la mejora de la calidad.
  • Promover el uso de las TIC como recursos de apoyo, la utilización compartida de plataformas digitales por autoridades educativas, centros docentes, profesores y alumnos, y la selección de recursos digitales de calidad.
  • Potenciar el plurilingüismo.

La Moncloa, 29/06/12

UCM: Comunicado del rector ante el recorte presupuestario de la Comunidad de Madrid

UCM: Comunicado del rector ante el recorte presupuestario de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid recorta el presupuesto de la UCM y de las demás universidades públicas de la región
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comunicado a las seis universidades públicas madrileñas el alcance de los recortes presupuestarios que quiere imponer durante el presente ejercicio de 2012. Concretamente, la Universidad Complutense de Madrid se vería afectada por una rebaja en las dotaciones que le transfiere la Comunidad de 67 millones de euros, de los cuales 44 millones incidirían directamente en el actual presupuesto de 2012.
 
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid pretende justificar los mencionados recortes en la aplicación de recientes normativas de ámbito regional, como la Ley 6/2011, y de ámbito nacional, como el Real Decreto-Ley14/2012.  El Gobierno regional estima que la ampliación en la Universidad Complutense de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que establece la Ley 6/2011 supondrá un ahorro de 8,90 millones de euros y que la aplicación de las nuevas cargas docentes contempladas en el Real Decreto-Ley 14/2012 proporcionarán otro ahorro de 8,94 millones de euros.
 
Paralelamente, el Gobierno regional pretende sustentar los citados recortes a las universidades públicas de Madrid en la subida de tasas que recoge el Real Decreto-Ley 14/2012. Los cálculos del ejecutivo madrileño prevén un incremento de ingresos para la UCM de 49,22 millones de euros con la aplicación de las nuevas tasas.
 
Ante estas medidas, el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid quiere manifestar su profunda preocupación y su total desacuerdo con las mismas al entender que no hay margen razonable para aplicar dichos recortes ni es previsible el aumento de ingresos provenientes de las nuevas tasas que plantea el Gobierno regional. Además sería profundamente injusto hacer recaer el recorte en la financiación sobre los estudiantes y sus familias. Desde el Rectorado de la UCM se considera de especial gravedad que una de las medidas que se pretenden adoptar para la contención del gasto público de las Administraciones Públicas sea la rebaja en la financiación de la educación superior, cuando la misma se encuentra hoy muy alejada de la media europea y es, a todas luces, insuficiente.
 
La Universidad Complutense ha hecho grandes esfuerzos para afrontar sus problemas económico-financieros con el objetivo de tener un presupuesto equilibrado en 2012. Sin embargo, el camino emprendido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid hace inútiles todos esos esfuerzos y nos colocan ante el mayor recorte que ha sufrido nunca  la Universidad.
 
Desde el Rectorado de la UCM entendemos que se está utilizando la crisis para imponer medidas restrictivas a las universidades públicas, lo que incrementará aún más los graves problemas de desarrollo de nuestro país. Precisamente, no es casualidad que sean Grecia, Irlanda, Portugal, Italia y España -los países que menos han invertido en educación superior e investigación-, los que peor están soportando la crisis que afecta a toda la UE mientras que países que han mantenido una fuerte inversión en educación superior, como Francia o Alemania, están en una situación mucho mejor.
 
De aplicarse finalmente las medidas incorporadas a lo que hoy por hoy es un Proyecto de Ley, la Universidad Complutense se verá abocada a una asfixia económica que imposibilitará el desempeño de su función esencial de prestación del servicio público de la educación superior.
 
El Rectorado de la Universidad Complutense quiere ratificar, una vez más, su decidida apuesta por la continuidad de la Universidad Pública, cuyo papel fundamental es colaborar en el desarrollo y bienestar de todo el país y para ello muestra su disposición a negociar con quien corresponda.
 
Madrid, 27 de Junio de 2012
 
José Carrillo
Rector de la UCM

 

UCM, 27/06/12

Daniel Mark Fogel & Elizabeth Malson-Huddle (Eds.): Precipice or Crossroads? Where America's Great Public Universities Stand and Where They Are Going Midway through Their Second Century

Precipice or Crossroads?Daniel Mark Fogel & Elizabeth Malson-Huddle (Eds.): Precipice or Crossroads? Where America's Great Public Universities Stand and Where They Are Going Midway through Their Second Century

SUNY Press
Price: $24.95 
Paperback - 362 pages
Release Date: June 2012
ISBN13: 978-1-4384-4492-5

Comprehensive treatment of the challenges faced by America’s public research universities, and of what those challenges may mean for the nation.

President Lincoln signed the Morrill Land-grant Act in 1862, launching a nationwide project in public higher education that would build democracy, prosperity, and competitiveness to levels undreamed of 150 years ago. As student costs skyrocket, driven by steep drops in public funding, the viability of that project, like the nation itself, is under threat. In Precipice or Crossroads? top experts in higher education address a broad range of issues central to the question of whether the quality of these institutions—and of American life and democracy—can be sustained.

“America’s land-grant and other great public universities have played a vital role in our nation, but they face extraordinary financial stress and a very uncertain future. In this important book, some of our nation’s most distinguished current and past public higher education leaders paint a clear picture of the problems confronting these institutions and suggest how they must evolve to continue to benefit the nation. This is a must read for anyone concerned about public higher education.” — Ronald G. Ehrenberg, Director, Cornell Higher Education Research Institute and editor of What’s Happening to Public Higher Education? The Shifting Financial Burden

At the University of Vermont, Daniel Mark Fogel is Professor of English and former President, and Elizabeth Malson-Huddle is Lecturer in English.

Table of Contents
A Note on References

Foreword
Peter McPherson

Acknowledgments

Introduction
Daniel Mark Fogel

Democracy, the West, and Land-Grant Colleges
Coy F. Cross II

The 1890 Institutions in African American and American Life
Carolyn R. Mahoney

The Modern Public University: Its Land-Grant Heritage, Its Land-Grant Horizon
E. Gordon Gee

Commitments: Enhancing the Public Purposes and Outcomes of Public Higher Education
Mark G. Yudof and Caitlin Callaghan

Challenges to Viability and Sustainability: Public Funding, Tuition, College Costs, and Affordability
David E. Shulenburger

University-Based R&D and Economic Development: The Morrill Act and the Emergence of the American Research University
Michael M. Crow and William B. Dabars

From a Land-Grant to a World-Grant Ideal: Extending Public Higher Education Core Values to a Global Frame
John Hudzik and Lou Anna K. Simon

Statewide University Systems: Taking the Land-Grant Concept to Scale in the Twenty-First Century
Nancy L. Zimpher and Jessica Fisher Neidl

Creating the Future: The Promise of Public Research Universities for America
James J. Duderstadt

Challenges to Equilibrium: The Place of the Arts and Humanities in Public Research Universities
Daniel Mark Fogel

References
Notes on Contributors
Index

María José Guerra Palmero: Crisis y desmantelamiento de la universidad española

María José Guerra Palmero: Crisis y desmantelamiento de la universidad española
María José Guerra Palmero es profesora de filosofía moral de la Universidad de La Laguna

"Bolonia es el final de la universidad de siempre… La universidad de siempre era la que se hacía para saber, la que se estudiaba para desprenderse de prejuicios, la que confirmaba que imperaba la razón. Ahora se pretende una universidad para hacer, para ofrecer productividad. Hoy las tres diosas del capitalismo son la productividad, la competitividad y la innovación. La universidad se hizo para pensar. Hoy hablamos de la necesidad de la libertad de expresión, ¿pero qué pensamiento va a usted a expresar? La libertad de pensamiento es esencial para pensar por cuenta propia, para apartarse de un pensamiento dogmático” José Luis Sampedro

“…la universidad está siendo interpelada por cuestiones complejas para las que hasta el momento sólo ha producido respuestas simples. Esas cuestiones van hasta la raíz de la identidad histórica y la vocación de la universidad, no tanto para cuestionar los detalles del futuro universitario, sino para poner en tela de juicio el hecho mismo de si la universidad, tal como la conocemos, tiene un futuro. Son, por tanto, cuestiones que despiertan una perplejidad muy particular.” Boaventura de Sousa Santos.

Las voces de José Luis Sampedro, un referente del pensamiento crítico en España, y la de Boaventura de Sousa Santos [1], uno de los pensadores más creativos en teoría social hoy, me invitan a pensar las transformaciones en la Universidad Española en una coyuntura no sólo marcada por Bolonia, la creación de un espacio europeo de educación superior, sino, en los cuatro últimos años por una crisis económica tan profunda que está amenazando peligrosamente, a través de los recortes del gasto público en educación e investigación, la misma supervivencia y no sólo la calidad del sistema universitario español.

Comunicado de la UGT al rector de la UGR

Comunicado de la UGT al rector de la UGR

Sr. Rector de la Universidad de Granada,

Los trabajadores y estudiantes de la Universidad de Granada, convocados hoy día 9 de mayo de 2012, por FETE-UGT, ante la Sede del Rectorado le hacemos entrega del siguiente comunicado:

El carácter público de las universidades resulta imprescindible para que toda la ciudadanía, independientemente del origen socioeconómico, pueda acceder a la Educación Superior. Por eso la Universidad Pública es una conquista ciudadana a la que no podemos renunciar y que debemos potenciar.

El Decreto-ley 14/2012; constituye un paso en la dirección contraria, en él se aumentan las tasas universitarias y se altera gravemente la condiciones de trabajo del profesorado, iniciando el camino para hacia la privatización de las universidades. El decreto muestra el deseo del gobierno de volver hacia atrás, a las universidades elitistas. Les molesta que el hijo de un trabajador pueda acceder a la universidad. Les molesta el papel crítico y creativo de las universidades en la sociedad.

Se ha publicado sin negociar, ni siquiera consultar, con los agentes sociales. Sorteando nuestras leyes y colocándose en los límites del Estado de Derecho. Convirtiéndose en un precedente gravísimo para todos los trabajadores y para la autonomía universitaria.

Con la subida de tasas, los que más tienen podrán acceder y repetir todo lo necesiten, podrán permanecer el tiempo que deseen en la universidad, porque podrán pagarlo. El número de estudiantes disminuirá significativamente en las universidades públicas.

Esta norma no beneficia la investigación en las universidades, tan solo castiga retroactivamente a una parte del profesorado sobrecargándolo de docencia hasta unos extremos que convierten en ridículo cualquier objetivo de excelencia. Sacraliza la evaluación de los sexenios, como única forma de valorar la investigación, ignorando su papel originario como complemento retributivo. Convierte a las Agencias de Evaluación en arbitrarios órganos de control.

El objetivo del Real Decreto-ley no es establecer dos perfiles para el profesorado universitario (uno investigador y otro docente), y mucho menos fomentar y afianzar la investigación, sino simplemente "hacer caja", sentando las bases para poder reducir la plantilla de profesorado laboral y del PAS de la universidad pública.

El aumento de la carga docente, sobre una parte del profesorado funcionario, unido a una oferta menor de títulos, y una disminución del número de alumnos, provocará que el PDI temporal e incluso todo el laboral, dejará de ser necesario. Con menos alumnos, títulos y profesorado la plantilla del PAS sufrirá, igualmente, una reducción drástica.

El decreto tiene demasiadas lagunas y es deliberadamente ambiguo, incluso calculadamente ambiguo. Con esta norma el Gobierno espera pacientemente que sean las propias universidades las que asuman el coste social de los recortes.

Si la Universidad de Granada modifica para el próximo curso la carga docente del profesorado lo hará sin base jurídica, atribuyéndose funciones para las que no tiene competencia. Si aplica ahora el decreto lo hará antes de que el Gobierno regule dichas bases, cuando ni siquiera existen los informes pertinentes de las Comunidades Autónomas ni del Consejo de Universidades.

Las prisas no son buenas, y menos cuando lo que se pretende aplicar es una norma que inicia el desmantelamiento de la Universidad Pública.

Es un decreto injusto e innecesario. Los sindicatos y otros agentes sociales, como los rectores españoles (a través de la CRUE) y los andaluces se han opuesto a él.

Por ello, le pedimos que no caiga en la tentación de su precipitada aplicación. Le pedimos que se sume a los Rectores españoles y andaluces, y que abra una vía de diálogo con los representantes de los trabajadores para decidir conjuntamente lo que más convenga a los trabajadores de nuestra Universidad. Sería un buen momento para que cumpla definitivamente su compromiso de crear la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada.

FETE-UGT, 12/06/12

Informe CYD 2011

Informe CYD 2011

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), presidida por Ana Patricia Botín, hija de Emilio Botín, directora de la filial del Grupo Santander en Reino Unido y asidua participante en las reuniones del Grupo Bilderberg, presenta el Informe CYD 2011, que recoge los análisis y las propuestas de los grandes grupos empresariales y financieros españoles en relación con la universidad. Entre los patronos de la fundación figuran:

Dña. Isabel Atkinson ATKINSON, BERMÚDEZ Y ASOCIADOS
D. Manuel Teruel Izquierdo CÁMARAS DE COMERCIO
D. Joaquim Molins CIMENTS MOLINS
D. Joaquín Moya-Angeler CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA
D. Emilio Cuatrecasas CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
D. Antoni Esteve ESTEVE
D. José Luis Bonet FREIXENET
D. Ángel Simón FUNDACIÓN AGBAR
D. Francesc Fajula FUNDACIÓN BANESTO
D. Basilio Baltasar FUNDACIÓN SANTILLANA
D. Juan Casado FUNDACIÓN UNIVERSIDADES CASTILLA Y LEÓN
D. Olaf Díaz-Pintado GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
D. Fernando Tejerina GRUPO SANTANDER
D. Alfonso Rodés HAVAS MEDIA
D. Juan Antonio Zufiria IBM
D. Antonio Abril INDITEX
D. Javier Monzón INDRA
D. Juan Antonio Germán MERCADONA
D. Ramon Roca ROS ROCA GROUP
D. Luis Miguel Gilpérez TELEFÓNICA
D. Javier de la Cuerda TELVENT

Empresas Colaboradoras:
Iberia
Make a Team

INDICE y PRESENTACIÓN
Índice del Informe CYD 2011

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo del Informe CYD 2011

INTRODUCCIÓN
Introdución del Informe CYD 2011

CAPÍTULO 1.
La universidad en España: oferta y demanda universitaria

CAPÍTULO 2.
Análisis económico del sistema universitario español

CAPÍTULO 3.
Graduados universitarios y mercado de trabajo

CAPÍTULO 4.
Investigación, cultura emprendedora y empresa

CAPÍTULO 5.
Rankings universitarios

MONOGRAFÍA.
Monografía La transferencia de tecnología y conocimiento universidad-empresa en España: estado actual, retos y oportunidades

ANEXO
La regulación de la universidad y la investigación en el Estado autonómico, 2011. El modelo universitario y de investigación de Portugal.

José Carlos Bermejo Barrera: Rectores, promotores y profesores: La batalla perdida de la Universidad Pública

LupusJosé Carlos Bermejo Barrera: Rectores, promotores y profesores: La batalla perdida de la Universidad Pública

 Hemos visto en los últimos meses un nuevo escenario público en el que los dos grandes partidos que conforman el espectro político español se aprestan a escenificar un enfrentamiento verbal, que en muchos casos no es más que una apariencia, debido a que ambos comparten en lo esencial la misma visión de la economía, la sociedad y los asuntos públicos. En este enfrentamiento el PSOE acusa al PP de hacer lo que él mismo había hecho, aunque eso sí, por estricto sentido de deber y no porque lo creyese justo en cada caso, mientras que el PP reprocha al PSOE el no haber hecho lo suficientemente bien aquello en lo que el PP cree y el PSOE no creía mientras lo iba haciendo. Razón por la cual el PP en realidad casi nunca apoyaba aparentemente la forma en la que el partido en el gobierno hasta fines del año 2011 iba ejecutando minuciosamente el programa político de su opocisión parlamentaria.

Ello fue así en el terreno de la economía y de la banca, de los recortes sociales y de la política de empleo y, naturalmente, también en el campo de la política educativa y de la política universitaria, a pesar de que por ellas lloren ahora el PSOE y los rectores de las universidades públicas unas más que fingidas lágrimas de cocodrilo.

Hace más de un año podía descargarse en internet, y concretamente en la web Fírgoa el libro editado por D. Peña Propuestas para la reforma de la universidad española, publicado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en el 2010. Pues bien, este libro, que presenta un claro diseño de adelgazamiento de la universidad pública, no deja de ser ahora citado por el ministro Wert, al que ahora le toca desempeñar el papel de algo así como la Madrastra de Blancanieves, por compartir, expresar y poner en práctica las medidas contenidas en ese libro, sobre todo las de J. J. Dolado, el economista que participó en él y al que Wert suele llamar “mi amigo Juanjo”.

FETE-UGT: Nuevo ataque al sector público

FETE-UGT: Nuevo ataque al sector público

En la tarde de ayer, día 6 de junio de 2012, la Administración madrileña convocó urgentemente a los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-up y CSI-F a una reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid en la que se nos plantearon los nuevos recortes previstos para los trabajadores públicos. En síntesis las medidas son las siguientes:

1. Recorte de la masa salarial de un 3,3 %, que según colectivos se cifra en:

a. Funcionarios: reducción de un 6 % del complemento específico mensual y de un 25 % en el complemento específico de las pagas extraordinarias.

b. Laborales: reducción de un 3,3 % en sus retribuciones.

c. En enseñanza concertada se prevé un recorte similar en las retribuciones según manifestó la Consejera de Presidencia y Justicia, tras una pregunta al respecto de UGT.

d. Altos cargos: reducción de un 10 %.

2. Reducción de un 10 % en jornada y salario para todo el personal interino que no preste servicio directo a los ciudadanos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

3. Amortización de las vacantes que ya tengan sólo el 50 % de la jornada o menos.

4. Supresión de las subvenciones directas a Sindicatos, Patronales, Fundaciones, etc.

5. Planteamiento de la supresión en el futuro de las aportaciones a la acción social: ayudas al transporte, colaboradoras, etc.

6. Incremento de las Tasas.

La Administración afirmó que adelgazar el sector público es una demanda de Bruselas y de los ciudadanos; que su compromiso por el mantenimiento del empleo es diferente con los trabajadores fijos que con los temporales, los cuales, según la Consejera ascienden a unos 40.000 y que estas son medidas que no reducen la calidad del servicio. Todas estas medidas irán hoy 7 de junio al Consejo de Gobierno y posteriormente a la Asamblea de Madrid para ser tramitadas como una Ley que reforma los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 2012. Su aprobación definitiva tras el trámite parlamentario se verificará durante el mes de julio.

UGT manifestó su rechazo frontal a las propuestas de la Administración por considerarlas inaceptables por las siguientes razones:

  • Adelgazar el Sector Público no es una demanda de la sociedad. La sociedad lo que demanda es eficacia en la gestión y medidas que supriman puestos de trabajo innecesarios, como, por ejemplo, los cientos de asesores a dedo nombrados por las Administraciones madrileñas, cuyas retribuciones, además, son notablemente superiores a las de los trabajadores laborales y funcionarios que les prestan un servicio.
     
  • Son ya muchas las voces que contradicen la receta de Angela Merkel y las ideas de los neocon de Bruselas para salir de la crisis. Políticos de peso como François Holland y Barack Obama están señalando otro camino muy diferente al que sigue Mariano Rajoy y su maestra Esperanza Aguirre.
     
  • Una reducción de un 10 % en las retribuciones de los altos cargos es una burla a los trabajadores de la Administración. Sobre un sueldo de 6000 €mes un 10 % supone pasar a percibir 5.400 €mes, pero el 3,3 % sobre un sueldo de 1000 €mes, el que ganan muchos trabajadores de la Administración, supone pasar a 967 €mes. 33 €mes pueden ser vitales para cualquier familia pues los gastos ordinarios son básicamente lineales.
     
  • Respecto a las subvenciones sindicales se debe señalar que a FETE-UGT Madrid ya se le suprimieron en el año 2010, por la aplicación del apartado h de la Disposición Adicional Cuarta, de la Ley 4/2010 (BOCM 29/06/2010) pero que no se cobraban desde 2006. FETE-UGT Madrid financia la acción sindical exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.
     
  • UGT denuncia que no son medidas que mantengan el empleo y en Educación tenemos una prueba fehaciente de ello. Se vienen perdiendo puestos de trabajo desde hace años por la política de la CM: supresión de CAPs, reducción de la orientación educativa, congelación y posterior reducción de cupos para profesorado de apoyo, incremento de horario lectivo de los docentes e incremento de ratio alumnado/aula. Estas medidas que denuncia UGT desde 2008 se han traducido siempre en el despido del personal interino.
     
  • Para UGT es evidente la reducción de la calidad en el servicio, no por la baja productividad del personal en el sector público, sino por la reducción imparable del personal que lo atiende a medida que se incrementa el número de demandantes del mismo: al tiempo que se produce un incremento de alumnado se reducen los efectivos de profesorado.
     
  • Son medidas que atentan contra la equidad y la calidad del estado de bienestar, ya que uno de los mecanismos fundamentales para garantizarlo son los Servicios Públicos iguales para todos. Es una falacia pensar que cada uno debe de pagar lo que consume. Los Servicios Públicos se financian mediante los impuestos de forma que debe de pagar más el que más tiene y así el servicio llega al que no puede pagarlo por estar en situación de desventaja.
     
  • UGT denuncia que estas nuevas medidas siguen el mismo camino que las anteriores, exclusivamente reducción de gasto en servicios esenciales para la ciudadanía: Educación, Sanidad y Servicios Sociales. No se habla para nada de los ingresos por la vía progresividad en el IRPF, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio o la lucha contra el fraude fiscal. La Administración madrileña sigue en la dinámica del Robin Hood neocon: quitar a los pobres para dar a los ricos.
     
  • Es una imposición más de la Administración madrileña elaborada a espaldas de los trabajadores, de sus representantes y de la sociedad. No ha habido negociación alguna.

Esta tarde se realizará una reunión de las Organizaciones Sindicales de la Mesa General: UGT, CCOO. CSIT-up y CSI-F para estudiar las movilizaciones en contra de estas medidas.

CRUE: Reunión de los rectores con el ministro de Educación, Cultura y Deporte para analizar el Real Decreto Ley 14/2012

CRUE: Reunión de los rectores con el ministro de Educación, Cultura y Deporte para analizar el Real Decreto Ley 14/2012

Los rectores de las universidades españolas se reunieron ayer en una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades presidida por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

La celebración de esta sesión se realizó retomando el diálogo, el debate y la búsqueda del consenso que históricamente había sido la forma de funcionar del Consejo de Universidades.

Esta sesión respondía a la petición que realizaron los rectores al Ministerio con el fin de convocar una reunión en la que, como único punto a tratar, se analizase el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Los rectores trasladaron al ministro distintas cuestiones que se regulan en este Real Decreto-ley, como las tasas y precios públicos de los estudios universitarios, el régimen de dedicación del profesorado y la rendición de cuentas ante el órgano de fiscalización.

Incremento de tasas

Tras un largo debate, la CRUE y el Ministerio no alcanzaban un acuerdo, ya que los rectores solicitaban una moratoria en la aplicación del incremento de tasas hasta que las condiciones económicas lo permitan. No siendo aceptada, se discutió la propuesta de que, al menos, no se aplicara ese aumento de tasas a los alumnos ya matriculados, tanto en los Grados como en los Másteres, así como en el plan de estudios antiguo, ya que esta medida puede ocasionar que muchos estudiantes no puedan hacer frente a las matrículas del próximo curso.

El ministro les trasladó la imposibilidad de llevar a cabo estas propuestas, y remitió a los gobiernos autonómicos la determinación del valor de los costes dentro de la horquilla de los precios públicos.

Modificaciones de la dedicación docente

Los rectores realizaron propuestas de reconocimiento de las actividades docentes que desempeñan los profesores universitarios, donde se incorporara, además de la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la gestión académica científica, entendiendo además que la investigación no solamente puede medirse a través de los sexenios, sino que existen otros parámetros de igual valor como los anteriormente descritos.

Asimismo, se comentó la contradicción que puede suponer con la Ley de la Ciencia, que establece en su artículo 32 que las universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la distribución de la dedicación del personal docente e investigador.

 

Ante las numerosas propuestas de reconocimiento de la actividad universitaria que lleva a cabo el profesorado, la Presidenta de la CRUE propuso la creación de una comisión mixta, presidida por la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, y formada por siete rectores en representación de la CRUE y los miembros que determine el Ministerio. La comisión va a tener como finalidad clarificar estos aspectos del Real Decreto-ley relativos a la dedicación del Personal Docente e Investigador.

De igual forma, se solicitó que la reunión de esta comisión se realice con suma celeridad.

Esta comisión va a analizar también algunas cuestiones técnicas planteadas en el artículo 81.5, relativas a la liquidación del presupuesto de las universidades.

El ministro comentó que a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos se va a incluir al personal docente e investigador dentro del ámbito de aplicación de la tasa de reposición de efectivos, lo que permitirá la incorporación de hasta un 10 por ciento de personal a las plazas que se extinguen.

En el turno de ruegos y preguntas, los rectores solicitaron al titular de Educación conocer cuáles son las líneas maestras de este Gobierno en referencia al ámbito universitario. En este sentido, el ministro se comprometió a informarles de ello en una próxima sesión del Consejo de Universidades.

Los rectores se comprometen a seguir trabajando, como hasta ahora, en la defensa de los intereses de la comunidad universitaria: estudia

CRUE, 08/06/12

Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?

Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?
O estudo de Luísa Cerdeira, “Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?”, revela que as Universidades Portuguesas estão mais elitizadas, há mais estudantes excluídos do Ensino Superior, em Portugal os direitos pagam-se. E pagam-se caro

O recente estudo de Luísa Cerdeira, intitulado “Quanto custa estudar no Ensino Superior Português?” revela dados preocupantes sobre o grau da democraticidade do Ensino Superior em Portugal. Os dados confirmam a tendência que se previa: as Universidades Portuguesas estão mais elitizadas, há mais estudantes excluídos do Ensino Superior, em Portugal os direitos pagam-se. E pagam-se caro.

Uma família gastou em média no Ensino Superior, em 2010/2011, 5841 euros. O aumento das propinas, que já ultrapassa na realidade os 1.000 euros no 1º ciclo, e o completo descontrolo das propinas de 2º ciclo, que por não terem um teto igual ao da licenciatura podem chegar a dezenas de milhares de euros, associado ao aumento do custo de vida e às dificuldades das famílias, produz a exclusão objetiva dos estudantes com mais dificuldades. Exclusão dos que já estão no Ensino Superior e se veem obrigados a abandonar e exclusão antes mesmo de entrada, porque há milhares de estudantes que nem ponderam como opção estudar no Ensino Superior. É uma exclusão que fica à porta.

Os cortes nas bolsas de estudo, cujos níveis de atribuição se encontram hoje semelhantes ao início do anos 2000, apesar do número de estudantes ter aumentado, associados às regras de atribuição de bolsa que deliberadamente excluem os estudantes mais pobres, produzem, de facto, mais abandono escolar. Segundo o estudo, as bolsas de estudo só suportam um quarto das despesas totais dos estudantes. E numa altura de grave crise económica para as famílias é demasiado evidente que o sistema de ação social não consegue contrariar a lógica desigualitária de acesso ao Ensino Superior.

O estudo refere que “O contributo privado foi significativamente mais elevado do que o esforço público”. O Orçamento do Estado dedicou 3601 euros por cada aluno. “Este valor é menos 13 por cento da despesa por aluno de 2005, no valor de 4151 euros”, revela o estudo. De facto, os dados são preocupantes: os portugueses gastam em média 63,6 % do seu salário para ter um filho na universidade. Dos 16 países comparados no estudo, Portugal é o 5º país em que maior percentagem do rendimento é destinada a custear as despesas de frequência do Ensino Superior. O Ensino Superior absorve mais de um quinto dos rendimentos das famílias portuguesas com filhos em universidades, um dos valores mais altos entre 16 países analisados. Estes dados significam uma alteração fundamental na democracia portuguesa: o Estado demite-se da sua função de garantir que os estudantes têm acesso ao Ensino Superior independentemente da sua condição económica, passa a responsabilidade para as famílias e fecha os olhos às desigualdades que deliberadamente acentua.

O desinvestimento e a desresponsabilização do Estado tem uma conclusão óbvia: o aumento do número de estudantes a recorrer a empréstimos bancários para estudar. Nuno Crato, mal tomou posse como ministro, não esteve sequer preocupado em pensar a desigualdade no acesso ao Ensino Superior. A sua preocupação foi a de reativar a linha de crédito para estudar. Segundo o estudo, o número de alunos do Ensino Superior que pediu empréstimo bancário aumentou de 1,6 por cento, em 2004/2005, para 4,9% no último ano letivo. Em média, o valor do empréstimo é de 9.851 euros. Segundo a SPGM, 12 mil estudantes já devem 200 milhões de euros à banca em empréstimos bancários para estudar. Em Portugal, os direitos pagam-se. E pagam-se caro.

A conclusão parece evidente e é sublinhada por Luísa Cerdeira em declarações à Agência Lusa: "Apesar do grande crescimento que aconteceu, [os estudantes] ainda são hoje em maior número oriundos de estratos favorecidos (…) Desde a década de 2000 que estudo estes valores e há não só uma constância como um acentuar deste padrão: ter um filho no ensino superior continua a absorver um valor muitíssimo alto dos rendimentos das famílias, estando Portugal mais próximo até de países em que custa muito estudar no ensino superior, como os Estados Unidos e o Japão".

A elitização das Universidade Portuguesas e a desresponsabilização do Estado e do Governo na democracia no acesso ao Ensino Superior é completamente evidenciada neste estudo. Nesta altura, não há fábulas que se possam inventar para mascarar a realidade. Os responsáveis pela situação continuarão a assobiar para o lado?

Esquerda.net, 07/06/12

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