Rafa Mateo: 22M – Universidad pública tocada… ¿y hundida?
Quizás ya no recordamos aquellos años en que estudiar en la Universidad española era privilegio de unos pocos, todos hijos de familias económicamente bien situadas y de una incipiente clase media que aspiraba a que sus hijos pudieran ser arquitectos, economistas, abogados, médicos, etc. y así poder subir en el escalafón social. Es fácil no recordarlo, muchos no habíamos nacido. Estamos en los años 60, en que ni las familias de trabajadores recién emigrados a las ciudades ni quienes quedaron en el pueblo aspiraban más que a trabajar y sacar adelante a la familia en condiciones humildes. Llegaron los años 70 y la universidad amplió su base social: seguían asistiendo a ella los hijos de familia “bien”, las clases medias continuaban haciendo el esfuerzo económico para asegurar el futuro de sus hijos y, lo más transcendente, muchas familias de trabajadores consiguieron que un hijo llegara a la Universidad, por supuesto soportando el grandísimo esfuerzo de mantener a un miembro de la familia que no aportaría ingresos a ésta hasta los 24 ó 25 años. ¿Por qué ese afán de todos en que los hijos pudieran ser universitarios? Muy sencillo: en unos casos para que pudieran tener una vida mejor que la de sus padres y, en otros, para poder ser don fulano o doña mengana. Sea como fuere, todos coincidían en que pasar por la universidad les daría posibilidades de mejora individual y social.
El acceso a la universidad de las clases trabajadoras y su posterior acceso a los puestos donde se tomaban las decisiones políticas y económicas trajo también la democratización de la sociedad, y permitió que el ejercicio del poder tuviera ópticas distintas a la sempiterna visión conservadora y liberal de las clases pudientes. Todo esto ha sido posible gracias al crecimiento del número de campus desde los años 70, al aumento de las dotaciones para becas y a que las tasas académicas fueran mucho más baratas que el coste real de los estudios. ¿Quién ha hecho el esfuerzo económico para que esto sea realidad? Los ciudadanos a través de sus impuestos, y no precisamente los más ricos, sino las clases medias y bajas, que son las que soportan la mayor parte de la carga impositiva.
Los años fueron pasando y nuestro sistema universitario fue creciendo tanto en número de campus y estudios como en calidad. Como muestra, España es el noveno país en investigación gracias a la que se realiza en las universidades públicas de todo el Estado (la investigación privada en nuestro país brilla por su ausencia). Pero llegó la crisis y nuestros gobernantes, otrora despilfarradores, han decidido que el país no puede sostener económicamente su sistema educativo y, por lo tanto, hay que introducir recortes presupuestarios que, como consecuencia, mermarán notablemente la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, los ciudadanos del futuro. Ha sido fácil hacernos creer que todos somos culpables de la situación. Todos los días nos dicen desde el Parlamento, desde la televisión, en la prensa, etc., que hemos llegado a esta situación porque hemos sido manirrotos en el gasto, que tenemos muchas vacaciones, que trabajamos poco. Una mentira que se repite infinitas veces acaba pareciendo verdad. Esta sentencia no es mía, sino de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. El soniquete ha pasado a las conversaciones de cafetería, a los comentarios de sobremesa: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que pagarlo”. Consecuencia: la mayor parte de la población aceptó con resignación que había que recortar en los derechos que se habían conseguido a lo largo de más de 30 años de lucha y que pagamos casi todos los ciudadanos (precisamente los que no los pagan son los que nos los quitan). Ahora bien, ¿de verdad que el objetivo de los recortes es salvar el sistema universitario? Hay actuaciones que demuestran que no, que el motivo no es tan loable, sino que es más una cuestión ideológica, de cómo percibe cada uno el Estado.
En los distintos niveles de poder, tanto central como en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos, gobiernan políticos que no creen en el Estado como proveedor de servicios públicos, y que apuestan por la iniciativa privada. Argumentan que si un servicio se puede dar por una empresa privada, además de que el servicio estará prestado, la empresa obtendrá un beneficio en el negocio, y ahí entran ellos y su entorno. Entienden la sanidad y la educación como sectores donde el margen de negocio está poco explotado y es hora de empezar a sacar el oro de esa mina. Pero ¿Cómo hacerlo sin que los ciudadanos se opongan, sin que lo noten? Los ideólogos neoliberales llevan años esperando una crisis como ésta para tener la excusa perfecta. Cuanto más profunda sea la crisis, más difícil será que los ciudadanos se opongan. Ellos son nuestros salvadores y lo hacen por nuestro bien. Frases como “recortamos porque no tenemos más remedio o nos hundiremos”, “no somos malos gestores, es que Felipe II nos dejó las cuentas así” o fue Zapatero o el Sursum Corda. Son frases que llenan las hemerotecas diariamente. Pero no todo el monte es orégano. Vamos a ver la jugada que están llevando a cabo con la enseñanza universitaria:
- Distintos sectores conservadores, incluidas las administraciones que gobiernan, inician una campaña de desprestigio de la enseñanza universitaria pública, dejando entrever que la Universidad privada es de mayor calidad que la pública (igual que han hecho con todo lo público).
- Reducen el número de profesores e incrementan el de alumnos por aula, bajando la calidad de la enseñanza tanto teórica como práctica en la universidad pública (el Real Decreto-ley se convalidó el pasado día 17 de mayo).
- Autorizan universidades privadas con los mismos estudios que en la universidad pública que existía en la misma zona, con lo que empiezan a restar alumnos a la pública, reduciendo también sus ingresos (privadas y de la iglesia católica).
- La reducción de alumnos que comporta el exceso de oferta hace poco viable económicamente la impartición de algunos estudios, por lo que se obliga a que se dejen de impartir. (Nueva reducción de ingresos para la pública, a la vez que se reduce la oferta de estudios con criterios meramente mercantilistas).
- Aumentan exageradamente el coste que deben pagar todos los alumnos de la universidad pública (la primera matrícula sube un 50% para el curso 2012-2013). Los precios se acercan a los de una universidad privada, lo que sirve para disuadir a quienes no tienen recursos suficientes. A la vez, quienes sí disponen de ellos podrán elegir una privada con requisitos menores para el acceso tanto del alumnado como del profesorado y, por supuesto, sin investigación.
- No se establece un sistema de becas serio, por lo que quienes no tienen recursos dejan de poder asistir a la universidad (ni a la pública ni a la privada).
Todo esto se está haciendo en este momento. Consecuencia: se va a transformar lo que era un servicio prestado por la universidad pública en un negocio explotado por empresas privadas y la iglesia católica, al mismo tiempo que se aseguran de que los menos afortunados económicamente quedarán fuera del sistema universitario y, por extensión, fuera de los puntos de toma de decisiones políticas y económicas.
¿Hacia dónde nos llevan las decisiones que están tomando nuestros gobiernos, tanto central como autonómico? No es difícil adivinarlo ya que no es un escenario nuevo. Podemos preguntar a nuestros padres y abuelos, ya que vamos hacia la Universidad de los años 50 y 60, hacia una universidad elitista a la que podrán acceder quienes tengan riñón para soportar el enorme peso que será tener un hijo en la universidad. Y lo peor, vamos a toda velocidad hacia una sociedad gobernada por las mismas élites de siempre, porque volverán a ser ellos los que monopolicen la formación universitaria. Los que no tengamos recursos económicos suficientes aprenderemos un oficio para poder serles útiles y que no nos digan que somos vagos y maleantes.
Mis padres, trabajadores humildes y emigrantes, lucharon para que sus hijos pudieran tener una formación que les permitiera lo que ellos llamaban “ser alguien” y yo no voy a estar callado mientras hunden el esfuerzo de su vida y el de tantos durante tantos años. Yo no voy a estar quieto esperando que llegue un día en que mis hijos y mis nietos me pidan cuentas de qué hice yo para evitar que les quitaran sus derechos, para evitar volver al “dime cuánto tienes y te diré quién eres”. Yo no tengo redaños suficientes para mirar para otro lado mientras quienes más tienen, los de siempre, nos quitan lo que estamos pagando con nuestros impuestos. No tengo la flema suficiente para ver pasar el cadáver de la universidad, de la educación en general, y limitarme a dedicarle un responso. Por cierto, la iglesia católica podrá darle la extremaunción gracias a que es la única institución que no ha visto recortada la generosa partida de cientos de millones de euros que graciosamente le abona el Estado; aunque éste es otro tema, también sangrante.
Todos somos responsables de lo que nos está pasando y de lo que pueda venir. Unos por acción y otros por omisión están llevándonos al desastre social. Ante esto no nos podemos quedar parados. Todos debemos saber en qué lado hemos de estar y ser consecuentes con ello. Yo voy a hacer huelga el día 22 de mayo por tres motivos:
1º. Por agradecimiento a la lucha de mis mayores, que nos dejaron un mundo en el que parecía existir la igualdad de oportunidades (qué pena que despertáramos).
2º. Para defender la sociedad en la que creo, una sociedad solidaria en la que todos aportamos para cubrir las necesidades de los que tienen menos.
3º. Y para que mis hijos tengan los mismos derechos que nuestros padres, con todo su esfuerzo, pero también su orgullo, nos dejaron a nosotros.
Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Alicante, 21/05/12
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