Privatización

Comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

Comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Los rectores deciden no asistir al Consejo de Universidades
El Consejo de Universidades, presidido por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, estaba previsto que se celebrase esta tarde (23 de mayo) a las 16.00 horas

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), reunida en Asamblea General, el pasado 4 de mayo en Murcia, decidió solicitar, con fecha 7 de mayo, la convocatoria de un Consejo de Universidades Extraordinario, con un único punto en el Orden del Día: analizar y debatir el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, ante la enorme preocupación que la aplicación del mismo produce en las universidades. Esta solicitud fue suscrita, al amparo del Reglamento del Consejo de Universidades, por 59 de los rectores asistentes a dicha reunión, ya que anteriormente fue solicitada por la Presidenta de la CRUE y no fue atendida.

Sorprendentemente, se convocó a los rectores a un Consejo de Universidades ordinario, en el que no figuraba en el orden del día el punto central de su solicitud y en el cual se había incorporando, en cambio, varios asuntos de trámite. Asimismo, se había omitido el punto de Ruegos y Preguntas, entendiendo que se pretendía evitar la reflexión y el debate.

Aún así, la CRUE, tratando nuevamente de buscar soluciones para iniciar el diálogo que tanto viene solicitando, transmitió al Ministro de Educación, Cultura y Deporte su voluntad de asistir a este Consejo de Universidades, previsto para hoy, día 23 de mayo, siempre y cuando manifestase su compromiso de convocar el solicitado Consejo de Universidades Extraordinario para tratar el Real Decreto-Ley 14/2012. Ante su silencio y rechazo, incumpliendo el reglamento del Consejo de Universidades, los rectores han entendido que se trata de una falta de respeto y de atención a toda la comunidad universitaria, - a sus estudiantes, a sus profesores y a su personal de administración y servicios - y, por este motivo, deciden no asistir a la sesión de hoy del Consejo de Universidades.

Finalmente, ante la falta de respuesta, los rectores solicitarán una reunión urgente con el Presidente del Gobierno.

CRUE, 23/05/12

Los rectores dan 'plantón' a Wert por la imposición de los recortes en educación

Los rectores dan 'plantón' a Wert por la imposición de los recortes en educación
El ministro de Educación ha llegado a las 16:00 horas a su cita mientras los rectores permanecen reunidos a puerta cerrada en una sala anexa

Wert

Los rectores querían debatir sobre la subida de tasas y los recortes en educación, pero el ministerio no había incluido este punto del decreto en el orden del día. Su disconformidad ha hecho que los recotres de las unviersidades españolas no hayan asistido a la cita y permanezcan reunidos por su cuenta, mientras preparan un comunicado para reprobar la actitud del ministerio de Educación.

La Asamblea está evidenciando el profundo malestar de los rectores con el ministerio tanto por la aprobación de los recortes que afectan a la universidad como por el hecho de no haber negociado ni consensuado ninguna de esas medidas de las que se enteraron después de su aprobación. Tal es el descontento que los rectores han dado plantón al ministro esta tarde en el Consejo de Universidades, al no haberse incluido en el orden del día el debate sobre la subida de las tasas y resto de medidas que afectan a los campus.

Fuentes del ministerio de Educación señalan que el ministro Wert ha acudido a la cita a las cuatro de la tarde y si tiene alguien con quien reunirse lo hará y si no volverá a su despacho. La presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, se ha presentado a la cita y ha mantenido a puerta cerrada una conversación con el ministro durante 10 minutos, y al salir no ha hecho declaraciones. Esas fuentes indican que no se va a modificar el orden del día y añaden que los rectores conocen perfectamente el decreto porque el ministro se lo detalló a la presidenta y a los dos vicepresidentes de la CRUE en un encuentro que mantuvo con ellos en el ministerio días después de la aprobación del texto en consejo de ministros.

En la cita de estaba previsto que el ministro explicase a los rectores los nuevos requisitos para acceder a las becas universitarias que el gobierno tiene previsto aprobar en las próximas semanas. El texto sube las notas exigidas para lograr una beca y también aumenta los créditos que deben aprobar los alumnos para renovar la ayuda.

Cadena SER, 23/05/12

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Rafa Mateo: 22M – Universidad pública tocada… ¿y hundida?

Rafa Mateo: 22M – Universidad pública tocada… ¿y hundida?

Quizás ya no recordamos aquellos años en que estudiar en la Universidad española era privilegio de unos pocos, todos hijos de familias económicamente bien situadas y de una incipiente clase media que aspiraba a que sus hijos pudieran ser arquitectos, economistas, abogados, médicos, etc. y así poder subir en el escalafón social. Es fácil no recordarlo, muchos no habíamos nacido. Estamos en los años 60, en que ni las familias de trabajadores recién emigrados a las ciudades ni quienes quedaron en el pueblo aspiraban más que a trabajar y sacar adelante a la familia en condiciones humildes. Llegaron los años 70 y la universidad amplió su base social: seguían asistiendo a ella los hijos de familia “bien”, las clases medias continuaban haciendo el esfuerzo económico para asegurar el futuro de sus hijos y, lo más transcendente, muchas familias de trabajadores consiguieron que un hijo llegara a la Universidad, por supuesto soportando el grandísimo esfuerzo de mantener a un miembro de la familia que no aportaría ingresos a ésta hasta los 24 ó 25 años. ¿Por qué ese afán de todos en que los hijos pudieran ser universitarios? Muy sencillo: en unos casos para que pudieran tener una vida mejor que la de sus padres y, en otros, para poder ser don fulano o doña mengana. Sea como fuere, todos coincidían en que pasar por la universidad les daría posibilidades de mejora individual y social.

El acceso a la universidad de las clases trabajadoras y su posterior acceso a los puestos donde se tomaban las decisiones políticas y económicas trajo también la democratización de la sociedad, y permitió que el ejercicio del poder tuviera ópticas distintas a la sempiterna visión conservadora y liberal de las clases pudientes. Todo esto ha sido posible gracias al crecimiento del número de campus desde los años 70, al aumento de las dotaciones para becas y a que las tasas académicas fueran mucho más baratas que el coste real de los estudios. ¿Quién ha hecho el esfuerzo económico para que esto sea realidad? Los ciudadanos a través de sus impuestos, y no precisamente los más ricos, sino las clases medias y bajas, que son las que soportan la mayor parte de la carga impositiva.

Los años fueron pasando y nuestro sistema universitario fue creciendo tanto en número de campus y estudios como en calidad. Como muestra, España es el noveno país en investigación gracias a la que se realiza en las universidades públicas de todo el Estado (la investigación privada en nuestro país brilla por su ausencia). Pero llegó la crisis y nuestros gobernantes, otrora despilfarradores, han decidido que el país no puede sostener económicamente su sistema educativo y, por lo tanto, hay que introducir recortes presupuestarios que, como consecuencia, mermarán notablemente la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, los ciudadanos del futuro. Ha sido fácil hacernos creer que todos somos culpables de la situación. Todos los días nos dicen desde el Parlamento, desde la televisión, en la prensa, etc., que hemos llegado a esta situación porque hemos sido manirrotos en el gasto, que tenemos muchas vacaciones, que trabajamos poco. Una mentira que se repite infinitas veces acaba pareciendo verdad. Esta sentencia no es mía, sino de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. El soniquete ha pasado a las conversaciones de cafetería, a los comentarios de sobremesa: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que pagarlo”. Consecuencia: la mayor parte de la población aceptó con resignación que había que recortar en los derechos que se habían conseguido a lo largo de más de 30 años de lucha y que pagamos casi todos los ciudadanos (precisamente los que no los pagan son los que nos los quitan). Ahora bien, ¿de verdad que el objetivo de los recortes es salvar el sistema universitario? Hay actuaciones que demuestran que no, que el motivo no es tan loable, sino que es más una cuestión ideológica, de cómo percibe cada uno el Estado.

En los distintos niveles de poder, tanto central como en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos, gobiernan políticos que no creen en el Estado como proveedor de servicios públicos, y que apuestan por la iniciativa privada. Argumentan que si un servicio se puede dar por una empresa privada, además de que el servicio estará prestado, la empresa obtendrá un beneficio en el negocio, y ahí entran ellos y su entorno. Entienden la sanidad y la educación como sectores donde el margen de negocio está poco explotado y es hora de empezar a sacar el oro de esa mina. Pero ¿Cómo hacerlo sin que los ciudadanos se opongan, sin que lo noten? Los ideólogos neoliberales llevan años esperando una crisis como ésta para tener la excusa perfecta. Cuanto más profunda sea la crisis, más difícil será que los ciudadanos se opongan. Ellos son nuestros salvadores y lo hacen por nuestro bien. Frases como “recortamos porque no tenemos más remedio o nos hundiremos”, “no somos malos gestores, es que Felipe II nos dejó las cuentas así” o fue Zapatero o el Sursum Corda. Son frases que llenan las hemerotecas diariamente. Pero no todo el monte es orégano. Vamos a ver la jugada que están llevando a cabo con la enseñanza universitaria:

  1. Distintos sectores conservadores, incluidas las administraciones que gobiernan, inician una campaña de desprestigio de la enseñanza universitaria pública, dejando entrever que la Universidad privada es de mayor calidad que la pública (igual que han hecho con todo lo público).
  2. Reducen el número de profesores e incrementan el de alumnos por aula, bajando la calidad de la enseñanza tanto teórica como práctica en la universidad pública (el Real Decreto-ley se convalidó el pasado día 17 de mayo).
  3. Autorizan universidades privadas con los mismos estudios que en la universidad pública que existía en la misma zona, con lo que empiezan a restar alumnos a la pública, reduciendo también sus ingresos (privadas y de la iglesia católica).
  4. La reducción de alumnos que comporta el exceso de oferta hace poco viable económicamente la impartición de algunos estudios, por lo que se obliga a que se dejen de impartir. (Nueva reducción de ingresos para la pública, a la vez que se reduce la oferta de estudios con criterios meramente mercantilistas).
  5. Aumentan exageradamente el coste que deben pagar todos los alumnos de la universidad pública (la primera matrícula sube un 50% para el curso 2012-2013). Los precios se acercan a los de una universidad privada, lo que sirve para disuadir a quienes no tienen recursos suficientes. A la vez, quienes sí disponen de ellos podrán elegir una privada con requisitos menores para el acceso tanto del alumnado como del profesorado y, por supuesto, sin investigación.
  6. No se establece un sistema de becas serio, por lo que quienes no tienen recursos dejan de poder asistir a la universidad (ni a la pública ni a la privada).

Todo esto se está haciendo en este momento. Consecuencia: se va a transformar lo que era un servicio prestado por la universidad pública en un negocio explotado por empresas privadas y la iglesia católica, al mismo tiempo que se aseguran de que los menos afortunados económicamente quedarán fuera del sistema universitario y, por extensión, fuera de los puntos de toma de decisiones políticas y económicas.

¿Hacia dónde nos llevan las decisiones que están tomando nuestros gobiernos, tanto central como autonómico? No es difícil adivinarlo ya que no es un escenario nuevo. Podemos preguntar a nuestros padres y abuelos, ya que vamos hacia la Universidad de los años 50 y 60, hacia una universidad elitista a la que podrán acceder quienes tengan riñón para soportar el enorme peso que será tener un hijo en la universidad. Y lo peor, vamos a toda velocidad hacia una sociedad gobernada por las mismas élites de siempre, porque volverán a ser ellos los que monopolicen la formación universitaria. Los que no tengamos recursos económicos suficientes aprenderemos un oficio para poder serles útiles y que no nos digan que somos vagos y maleantes.

Mis padres, trabajadores humildes y emigrantes, lucharon para que sus hijos pudieran tener una formación que les permitiera lo que ellos llamaban “ser alguien” y yo no voy a estar callado mientras hunden el esfuerzo de su vida y el de tantos durante tantos años. Yo no voy a estar quieto esperando que llegue un día en que mis hijos y mis nietos me pidan cuentas de qué hice yo para evitar que les quitaran sus derechos, para evitar volver al “dime cuánto tienes y te diré quién eres”. Yo no tengo redaños suficientes para mirar para otro lado mientras quienes más tienen, los de siempre, nos quitan lo que estamos pagando con nuestros impuestos. No tengo la flema suficiente para ver pasar el cadáver de la universidad, de la educación en general, y limitarme a dedicarle un responso. Por cierto, la iglesia católica podrá darle la extremaunción gracias a que es la única institución que no ha visto recortada la generosa partida de cientos de millones de euros que graciosamente le abona el Estado; aunque éste es otro tema, también sangrante.

Todos somos responsables de lo que nos está pasando y de lo que pueda venir. Unos por acción y otros por omisión están llevándonos al desastre social. Ante esto no nos podemos quedar parados. Todos debemos saber en qué lado hemos de estar y ser consecuentes con ello. Yo voy a hacer huelga el día 22 de mayo por tres motivos:

1º. Por agradecimiento a la lucha de mis mayores, que nos dejaron un mundo en el que parecía existir la igualdad de oportunidades (qué pena que despertáramos).

2º. Para defender la sociedad en la que creo, una sociedad solidaria en la que todos aportamos para cubrir las necesidades de los que tienen menos.

3º. Y para que mis hijos tengan los mismos derechos que nuestros padres, con todo su esfuerzo, pero también su orgullo, nos dejaron a nosotros.

Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Alicante, 21/05/12

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Málaga: Comunicado del equipo de dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con relación a la convocatoria de huelga en la enseñanza del próximo 22 de mayo

Málaga: Comunicado del equipo de dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con relación a la convocatoria de huelga en la enseñanza del próximo 22 de mayo

El Equipo de Dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación comunica su adhesión a la huelga de enseñanza convocada el próximo martes día 22 de mayo.

Manifiesta así su rechazo tanto en los contenidos como en las formas por las cuales diferentes legislaciones y normativas se pretenden imponer a las universidades. Dichas actuaciones suponen un ataque frontal contra el propio concepto de servicio público y la viabilidad de la universidad pública, reduciéndola a un elemento más del mercado y apostando de manera clara por su mercantilización.

El derecho a la huelga es un derecho individual recogido en el art. 28.2. de la Constitución Española. Por ello se informa a todo los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Estudiantes, PAS, y PDI)  que, sin perjuicio de la decisión individual de cada uno de ellos, faciliten el ejercicio de dicho derecho para quienes determinen ejercerlo, no imponiendo como obligatorias determinadas actividades que entrarían en confrontación con la libertad reconocida en la Constitución, todo ello sin menoscabo del que quiera ejercer su derecho al trabajo, y para ello velando por el cumplimiento de los servicios mínimos determinados por la Universidad de Málaga.

Equipo de Dirección  de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

UMA, 21/05/12

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Madrid: La Comunidad recortará 175 millones de euros en transferencias a las Universidades públicas

Madrid: La Comunidad recortará 175 millones de euros en transferencias a las Universidades públicas
La Comunidad de Madrid considera poder ahorrarse las transferencias gracias al aumento de ingresos que generarán las nuevas tasas
El Plan económico y fianciero del Gobierno regional prevé ajustar en tres años las cuentas de los cuatro centros que presentan déficit

El Plan económico y financiero 2012-2014 de la Comunidad de Madrid prevé recortar en transferencias a las universidades públicas. Según detalla el Plan, citado por Europa Press, será gracias al aumento de ingresos en los centros generado por a la subida de tasas (hasta 540 euros anuales por alumno) aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que la Comunidad podrá ahorrar 175 millones de euros en transferencias a las universidades públicas.  

De los centros madrileños, la Universidad Complutense, Carlos III, Politécnica y Autónoma suman un déficit de más de 79,8 millones de euros, algo que el Gobierno regional pretende coregir en tres años. Para el saneamiento de sus cuentas será propuesto un plan de reequilibrio presupuestario a tres años: 54,8 millones de euros este año, 15 millones de euros el año que viene y otros diez en 2014. 

La universidad con mayor déficit es la Politécnica, que cuenta con 34,8 millones de déficit. Sigue la Carlos III de Madrid, con un desfase entre ingresos y gastos de 23,6 millones de euros. La tercera universidad con más déficit es la Autónoma, con 13,7 millones de euros, partiendo de unos ingresos en 2011 que alcanzaron los 230,4 millones de euros y unos gastos de 244,2 millones. Por su parte, la Complutense cuenta en 2011 con un déficit de 7,6 millones de euros (518,6 millones de ingresos y 526,2 millones de gastos). Según el plan que le va a proponer el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, podría acabar con este déficit en solo un año, el presente 2012.

Según establece el Plan, las universidades que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario tendrán la obligación de aprobar en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto un plan económico financiero de reequilibrio que se llevará efecto en un plazo máximo de tres años. Si tuivera que incumplirlo, la Comunidad retendrá cada mes el 10% derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo consignadas a favor de los centros educativos.

madrid2noticias, 20/05/12

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Universidad de Sevilla: Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura

Universidad de Sevilla: Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura

El Consejo del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura, reunido en sesión extraordinaria el viernes 18 de mayo de 2012, quiere manifestar su desacuerdo con el marco reglamentario aprobado por el Gobierno como Real Decreto Ley 14/2012, tanto por sus contenidos, que entendemos como una declarada desintegración de la universidad pública, como por el procedimiento con el que se ha elaborado, al proceder de un estudio parcial de una empresa privada, que manifiesta un profundo desconocimiento de la realidad universitaria pública española. Por todo ello, este Departamento exige la retirada inmediata del Real Decreto. En la misma línea manifestada el 8 de mayo por el Claustro de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Comunicación muestra su deseo y apuesta por una UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD.

Fdo.: La Directora, en nombre de los sesenta y cuatro miembros del Consejo.

Manifiesto común de las plataformas de trabajadorxs de universidades públicas de Madrid

Manifiesto común de las plataformas de trabajadorxs de universidades públicas de Madrid
(Aprobado en Asamblea el 16 de mayo de 2012)

Lxs TRABAJADORXS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (profesorxs, personal administrativo y de servicios, investigadorxs y trabajadorxs de las subcontratas) somos conscientes de que las universidades públicas están sufriendo desde hace años una ofensiva desreguladora que pretende acabar con el derecho a una educación pública de calidad y accesible a todxs lxs ciudadanxs (y que en el medio plazo se concreta en la Estrategia Universidad 2015/2020). Durante años se han adoptado medidas para estrangular económicamente a las universidades públicas, se han deteriorado las condiciones laborales de todxs sus trabajadorxs y ha aumentado el coste de la educación universitaria para los alumnos. Se han abierto las puertas a las empresas privadas y al sector financiero que, bajo la consigna de la búsqueda de financiación, la rentabilidad y la eficacia, está poniendo en manos de intereses particulares el futuro de las universidades.

Consideramos que los recortes presupuestarios que llevamos sufriendo y que se agudizan en los últimos años a golpe de decreto responden a dos objetivos. Por un lado, deteriorar las condiciones de funcionamiento de la universidad para alimentar la imagen de que la Universidad pública da una educación de mala calidad. Se transmite la idea de que la universidad pública es un gasto que la sociedad no puede soportar mientras el dinero público se destina por ejemplo al rescate de entidades financieras o a la financiación de las guerras. Por otro lado, se trata de implantar un modelo que permita a las empresas privadas hacer negocio con los estudios superiores.

Los trabajadorxs de las universidades públicas denunciamos que estamos sufriendo una agresión sin precedentes en la misma línea que el resto de los sectores públicos y por ello acordamos implicarnos activamente en la defensa de la Universidad Pública agrupados en Plataformas creadas al efecto y coordinados en la lucha por una

UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, AUTÓNOMA Y DE CALIDAD así como coordinar nuestras luchas con otros trabajadorxs públicos, tratando de implicar a toda la sociedad.

Defendemos una educación:

PÚBLICA: que garantice el acceso universal a la enseñanza universitaria y la igualdad de oportunidades.

DEMOCRÁTICA: que garantice la adecuada participación de todos los sectores que la componen.

AUTÓNOMA: en su planificación y gobierno garantizando así el mandato constitucional desarrollado en la LOU.

DE CALIDAD: dotada de los recursos de personal, materiales y financieros que garanticen la calidad docente, de investigación y de prestación de servicios.

En la defensa de estos principios de Servicio Público, Democracia, Autonomía y Calidad, REIVINDICAMOS:

  • Matrículas gratuitas y una política de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación universitaria.
     
  • Políticas de personal de administración y servicios que garanticen los derechos laborales, el mantenimiento de las condiciones laborales pactadas por convenio, la estabilidad laboral y la negociación colectiva, y asegure la promoción y formación imprescindibles para la mejora del servicio público prestado.
     
  • Políticas de promoción, estabilización y reconocimiento de la labor docente e investigadora que respete las condiciones laborales del personal docente e investigador y los becarios de colaboración en aras de una docencia de calidad y una universidad pública de excelencia.

James Courtney Flaks: The American Corp-University Complex

James Courtney Flaks: The American Corp-University Complex

I swore on my doctoral degree paper that I would never teach another university course as a part-timer, or more honestly called — as an adjunct or ‘adjunk.’

For those unfamiliar with the American University Corporate Complex, the adjunks are the people with higher degrees: Masters, ABDs, All But Dissertations, (have completed all of their doctoral course work including exams, or referred to secretly as unemployable Doctors in the Humanities), which teach regular university courses as professors do, and most importantly — work for wages that are comparable to prison labor stipends. So why do such people with advanced university degrees do such things?

I too crawled back into such dignity killing adjunk work after receiving my doctorate degree. The reason I sacrificed my self-respect was for starting up my ‘new career’ in welding after receiving a useless six-year doctoral degree in history. I chose a community college that offered a course in the manual arts, where there are still some jobs left under monopoly capitalism, and where the pay is often a lot better than many first year assistant professorships. I mean a starting wage at around 50,000 dollars per year. I thought that I would receive one of my manual arts courses for free if I taught an adjunk course for the community college administrators. Well, this used to be the case in the past, but this time around, I only got a few hundred dollars subtracted from my expensive welding course tuition.

I taught the adjunk course for the community college administrators thinking that it would be easy with little or no supervision. They forced me to use their own pre-made course syllabus and their own pre-ordered course textbook. I ignored both during that semester of teaching, but I was soon harassed on all sides by the administration. When they offered me a course for a later semester in my area of doctoral specialty, I was deeply shocked with the new requirements. The dean told me honestly that I had to cover the over 30 plus ‘course outcomes’ for the class. In my previous educational experience, I had never heard of such state mandated ‘course outcomes’ for a university level course. She printed out the course outcomes for me, and told me that I should look them over.

I looked over the ‘course outcomes’ for about ten minutes and I didn’t know whether to laugh or to rip them up. I actually placed the copies in my personal fraud and scam folder. After reading over those outcomes, it was obvious to me that some state bureaucratic hack had written the course outcomes for an area of study that he or she knew nothing about. The person who wrote them obviously knew nothing about the recent historiography in my field. The many outcome themes related to a bad Social Studies course that they tend to give in American public high schools.

Pronunciamiento del Claustro de la UPCT contra las reformas y medidas de ajuste en materia de Universidades

Pronunciamiento del Claustro de la UPCT contra las reformas y medidas de ajuste en materia de Universidades

El Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena, reunido hoy con carácter extraordinario, para analizar, debatir y adoptar acuerdos sobre el actual marco normativo y presupuestario que afecta a la UPCT, ha acordado por unanimidad pronunciarse en los siguientes términos:

COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

El Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena, reunido en sesión extraordinaria el día 18 de mayo de 2012 para analizar el actual marco normativo y presupuestario que afecta a nuestra Universidad, ha acordado manifestar lo siguiente:

Rechazar, tanto en el contenido como en el procedimiento seguido para su aprobación, el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. En él se incluyen medidas que afectan vitalmente al funcionamiento del sistema universitario público sin haber contado previamente con la opinión de las universidades, por lo que este Claustro solicita su derogación.

Oponerse a la subida de precios públicos y tasas en unas circunstancias tan difíciles para la sociedad española. El Claustro opina que se debe garantizar una educación universitaria pública accesible a todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos, por lo que debe mantenerse un adecuado sistema de becas y ayudas al estudio.

Rechazar el sistema de asignación de dedicación docente del profesorado, en función únicamente de ciertos méritos investigadores, que propone el citado RD-ley. El Claustro expresa que se debe tener en cuenta, para establecer el régimen de dedicación docente de los profesores, criterios mucho más amplios que la mera superación de un número de evaluaciones de su actividad investigadora; teniéndose en cuenta su dedicación a muy diversas funciones además de la docente, como investigación y desarrollo, transferencia de conocimiento y tecnología, gestión, transmisión y difusión del conocimiento científico y técnico a la sociedad, participación en la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, etc.

Rechazar que se menoscabe gravemente la autonomía universitaria aduciendo circunstancias coyunturales excepcionales para adoptar medidas sobre regulación de centros y estructuras universitarias y sobre gestión de las universidades que son de carácter claramente estructural.

Respecto a los recortes presupuestarios que puedan afectar a la Universidad Politécnica de Cartagena, en el marco del plan de reequilibrio presentado por nuestra Comunidad Autónoma ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Claustro manifiesta que nuestra Universidad ya ha asumido considerables recortes en los últimos años y ha seguido una política de rigor, contención y austeridad en el gasto; al mismo tiempo que ha realizado un importante esfuerzo en la obtención de recursos externos para realizar actividades formativas y de investigación y desarrollo en ámbitos de interés para nuestra Región. Es fundamental que nuestra Universidad cuente con un presupuesto adecuado para desempeñar eficazmente sus funciones de enseñanza superior, investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento y tecnología; imprescindibles para el progreso de nuestra sociedad. Estas funciones, así como el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, se vienen realizando con una financiación muy por debajo de lo que se destina a educación superior en otros países de la Unión Europea. Por los mismos motivos, es urgente e indispensable que el gobierno regional ejecute el pago de la deuda que mantiene con nuestra Universidad. El Claustro da su respaldo al equipo rectoral para que realice las gestiones que considere convenientes para lograr estos objetivos.

Finalmente, considerando la importancia y repercusión que, tanto la aprobación del Real Decreto-ley aludido como los posibles recortes presupuestarios, pueden tener en la Universidad, el Claustro hace un llamamiento al resto de la sociedad, para que exija el mantenimiento de un sistema universitario público capaz de contribuir a la transformación e integración efectiva de nuestro país y nuestra región en una sociedad más dinámica y cohesionada y con una economía más competitiva y sostenible basada en el conocimiento. En este sentido el Claustro anima a la comunidad universitaria y al resto de la sociedad a participar en las movilizaciones convocadas para el próximo día 22 de mayo en contra de los recortes en Educación.

Declaración de la USAL contra los Reales Decretos de Wert

Declaración de la USAL contra los Reales Decretos de Wert

El Claustro de la Universidad de Salamanca, reunido en sesión ordinaria el 15 de mayo, acuerda refrendar la siguiente declaración:

Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno -en concreto los Reales Decretos-Leyes de medidas urgentes de 30 de Diciembre de 2011 y de 20 de Abril de 2012- afectan decisivamente a todo el sistema universitario español y abren la puerta a sistemas que quiebran imprudentemente la estructura de funcionamiento de las universidades, por cuanto tienen efectos imprevisibles sobre el sistema de financiación de las universidades públicas, el régimen de dedicación de su profesorado, dificultan, cuando no impiden, la convocatoria de plazas de profesorado y la larga carrera formativa de un profesor universitario y modifican la dedicación docente del profesorado en un modo que, si bien va en la línea aprobada por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad de pedir menos esfuerzo docente a quien dedica más tiempo a la investigación, adolece de defectos que pueden agravar los problemas de las universidades.

Incomprensiblemente, una norma con influencia tan grande en el sistema universitario en su conjunto, que pudiera vulnerar el principio constitucional de autonomía universitaria y que modifica la LOM-LOU, ha sido publicado incumpliendo el requisito legal de solicitar informe al Consejo de Universidades, contemplado en dicha ley orgánica.

El aspecto más preocupante de la nueva legislación es el desplazamiento, por vía de aumento de las tasas, de una parte sustancial de la financiación ordinaria de las universidades públicas desde los recursos del Estado, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, a los estudiantes. Quienes creemos en una universidad pública financiada de manera apropiada y suficiente no podemos estar de acuerdo con el nuevo modelo, por cuanto incrementa lo que tienen que pagar los estudiantes por los estudios universitarios en momentos en que se endurecen los requisitos para obtener o conservar una beca y en que las familias pasan por crecientes dificultades económicas para sostener los estudios de sus hijos, repentinamente encarecidos.

El Gobierno justifica las medidas por razones económicas urgentes, pero sus previsiones de ahorro están sobrevaloradas, lo que hace dudar de su efecto real de contención del gasto. Las medidas impuestas supondrán un ahorro muy pequeño en el año en curso a cambio de un efecto académico que, por las previsiones que destruye y por el momento en que se han aprobado, podemos calificar de absolutamente demoledor.

Entramos a partir de ahora en un sistema de financiación de las universidades que tiene mucho de incertidumbre y evidentes elementos de preocupación. En una universidad pública, al menos los salarios de su personal y algunas inversiones estratégicas deben estar siempre sufragados por el Estado, por la sociedad a la que servimos. Conseguir ese objetivo fue uno de los mecanismos que devolvieron solvencia y estabilidad presupuestaria a esta Universidad y a otras. Este modelo se rompe ahora y se pasa a otro que hace depender de las tasas una parte de los gastos de personal, lo que puede generar déficits estructurales a las universidades, como ya ha sucedido en el pasado.

El Claustro de la Universidad de Salamanca manifiesta su desacuerdo con estas medidas y su preocupación por sus efectos negativos para el sistema público universitario. Por todo ello, insta al Gobierno a desarrollar una nueva legislación con la preceptiva colaboración de las universidades que corrija los defectos de las medidas recientemente adoptadas y favorezca una universidad pública de calidad.

Manifiesto de la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad

Manifiesto de la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad

Las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad ante los recientes cambios legislativos introducidos por el Gobierno, que tanto afectan a la Universidad  Pública. Teniendo en cuenta que el sistema público de educación universitaria es uno de los servicios públicos más exitosos de nuestra democracia, y que la Universidad Pública es —además de un espacio para el conocimiento y la divulgación científica— un mecanismo de equidad social que permite a la sociedad progresar con iguales oportunidades. La Universidad Pública contribuye de manera decisiva a un desarrollo económico basado en el conocimiento, que es la puerta principal para salir de la crisis económica. Presentamos el siguiente

MANIFIESTO

  1. Rechazamos frontalmente todas las medidas aprobadas con objeto de recortar el gasto público en la educación superior pública:
     
    • La brutal subida de precios públicos que tiene por objeto el equilibrio presupuestario de las Comunidades Autónomas, y que no va acompañada de ninguna medida de contraprestación positiva para las Universidades Públicas y sus estudiantes.Las medidas que afectan al Personal Docente Investigador que lastran su carrera investigadora y que suponen una minoración de la calidad docente.
       
    • Las distintas actuaciones destinadas a reducir la autonomía universitaria como los procedimientos para la contratación de nuevo personal, ahondando de nuevo en una rebaja de la calidad de nuestro sistema universitario.
       
    • Los errores de las últimas normas aprobadas que reflejan un profundo desconocimiento, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del funcionamiento de la Universidad Pública.
       
  2. Rechazamos que se interprete el gasto público en la Universidad Pública como un coste y no como una inversión de futuro.
     
  3. Rechazamos las críticas interesadamente pesimistas que sobre la Universidad Pública ha hecho el Gobierno.
     
  4. Rechazamos la actitud autoritaria del Gobierno al aprobar estas medidas sin contar con la comunidad universitaria representada por sus rectores, representantes de estudiantes y los representantes de los trabajadores.

Por todo lo expresado en este manifiesto, EXIGIMOS la retirada inmediata del Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión en la Universidad Pública, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.

Consejeros y Consejeras Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid: Manifiesto por la Universidad Pública

Consejeros y Consejeras Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid: Manifiesto por la Universidad Pública

Los Consejeros y Consejeras Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid que firmamos este Manifiesto afirmamos que la Universidad Pública es protagonista esencial del progreso que ha experimentado nuestro país y ha contribuido en un alto grado al desarrollo económico y social de España. Y ello a pesar de estar sometida últimamente a unas políticas económicas tan extraordinariamente restrictivas, por parte del gobierno nacional y de numerosos gobiernos autonómicos, que la han condenado a una permanente insuficiencia financiera con la voluntad no declarada de deteriorar su calidad académica. Al mismo tiempo se autorizan y potencian universidades privadas, promoviéndose asimismo la privatización de servicios en las públicas, impulsando una concepción mercantil de la enseñanza superior, anteponiendo la noción de negocio, aunque invoque que establece la supuesta autorregulación del mercado como garantía de excelencia académica.

Esta misma Universidad Pública es la que, a pesar de la absoluta limitación de recursos, ha asumido el reto de la innovación y mejora de su calidad, en la búsqueda del máximo nivel de excelencia que desde los poderes públicos y la sociedad se demandaba. Los resultados alcanzados, en conjunto, son inapelables: el número de egresados universitarios y su nivel de formación resultan ventajosamente equiparables a los de otros países de nuestro entorno.

Nadie cuestiona que los profundos cambios sociales y económicos a los que asistimos y las nuevas y múltiples demandas que de ellos se derivan, obligan a una nueva adaptación y a una revisión del papel de la Universidad y de las políticas públicas. Y ello aprovechando el papel de las Universidades como generadoras y transmisoras de conocimiento; como espacios críticos de reflexión y pensamiento; y como centros neurálgicos de investigación de base y aplicada, además de formar para la vida laboral a los profesionales del futuro en muy variadas disciplinas. La Universidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entre la ciudadanía.

En este contexto, las medidas contenidas tanto en los Presupuestos Generales del estado como en el Real Decreto-Ley 14/2012, representan un ataque frontal contra el propio concepto de servicio público y la viabilidad de la Universidad Pública, reduciéndola a un elemento más del mercado y apostando de manera clara por su mercantilización. En este sentido, resulta totalmente inaceptable que la reforma de la enseñanza superior pase por:

  • Modificar sustancialmente el actual modelo de universidad pública, basado en la autonomía universitaria, en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación.
     
  • Reducir la autonomía universitaria a un elemento meramente retórico al quedar en manos de la Administración la estructura y contratación de sus plantillas, la creación y modificación de centros así como otros elementos de la estructura organizativa y académica de las universidades. Todo ello habiéndose negado además la propia Administración a incluir a la Universidad en el ámbito de la Mesa General de Negociación de los Empleados de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
     
  • Dar entrada, de manera incontrolada, a la empresa privada mediante la capacidad de proponer y desarrollar conjuntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. De forma paralela, se favorece la privatización de los servicios universitarios en la Universidad Pública.
     
  • Reducir el presupuesto y permitir la intervención económica de las Universidades. Cuando en toda Europa se incrementan los recursos económicos de las Universidades como condición necesaria para los cambios estructurales que exige nuestro sistema productivo y, en consecuencia, para la propia superación de la crisis, el recorte de la financiación universitaria no se presenta como la medida más adecuada.
     
  • Apostar por sustituir el principio de la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior por el de que se pague lo que cuesta, sin más consideraciones. El aumento de los precios públicos de la universidad española, en torno al 66 %, que ya se encuentran por encima de la media europea, la reducción de la cuantía destinada a becas en un 11,6% en los Presupuestos Generales del Estado, y la modificación de los criterios en la concesión de las mismas (incrementando el peso de los resultados académicos en detrimento de las condiciones económicas) incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores. De esta manera queda brutalmente cercenado el derecho universal a la formación de las personas, ya que los sectores económico-sociales más favorecidos serán los únicos que puedan ejercer el derecho fundamental de toda persona a la formación y promoción personal mediante el conocimiento.
     
  • Dañar drásticamente la calidad de la docencia y la investigación, que se consideran como compartimentos estancos, lo que impedirá que la docencia se beneficie de la lógica retroalimentación del avance científico. En este sentido, la reducción de la actividad investigadora del personal docente e investigador (con un recorte del 25%) supondrá una merma considerable de las posibilidades que tenemos para la recuperación económica. Igualmente, el aumento de más del 33% de docencia para el profesorado sin un 'sexenio activo' supondrá un recorte de plantilla y la condena a no poder investigar para una parte importante del personal docente e investigador.

Contra estos recortes y en defensa de una Universidad Pública que profundice en los principios cívicos de democracia, igualdad y progreso, los Consejeros Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid solicitamos la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012.

Cuando desde la administración educativa se afirma que el sistema universitario español necesita una profunda reforma para ganar eficacia pero, sobre todo, para ganar prestigio y calidad, se olvida que el prestigio y la calidad se logran a través de una financiación adecuada y un marco normativo estable que no ponga patas arriba a las Universidades cada vez que se produce un cambio de gobierno.

Por lo tanto, reclamamos el inicio de un proceso de diálogo con la comunidad universitaria para dar una solución efectiva a los problemas que en este momento tiene el sistema universitario español como servicio público que garantiza el progreso y la cohesión social.

Por todas estas razones, llamamos a toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad madrileña a sumarse a este Manifiesto, y a realizar cuantas iniciativas institucionales y de movilización sean precisas para garantizar un servicio público de enseñanza superior eficaz, no excluyente, democrático y vertebrador del esfuerzo que la sociedad civil está realizando para superar la actual coyuntura de crisis social y económica.

Comunicado del Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga a la comunidad universitaria

Comunicado del Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga a la comunidad universitaria

Ante la situación de cierta confusión que en la comunidad universitaria están produciendo las noticias relacionadas con los efectos que en la Universidad de Málaga pueda producir la aplicación de las normas aprobadas por el Gobierno de la Nación (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit publico, Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo), la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por las Cortes Generales, y el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período 2012-2014, presentado por el Gobierno Andaluz al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en lo que afecta a las Universidades, el Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga quiere manifestar lo siguiente:

PRIMERO.- La Universidad de Málaga y sus órganos de gobierno estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las normas que, en el ámbito de sus competencias, dicten tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía, así como las leyes aprobadas por el Parlamento.

SEGUNDO.- El Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga defenderá el derecho de autonomía universitaria en todos los ámbitos y con todos los instrumentos que la Ley establece para la mejor defensa de sus derechos y los de los universitarios.

TERCERO.- El Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga rechaza el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno al regular materias que afectan a las universidades, sin contar con su opinión, ni con la de los órganos y asociaciones que las representan. Asimismo, consideramos inadecuada e inoportuna y no apoyaremos la propuesta de subida de precios públicos de las matrículas correspondientes a enseñanzas de Grado y Máster, por considerar que en época de crisis es injusto hacer recaer un mayor esfuerzo en los estudiantes.

CUARTO.- Consideramos injustas y desproporcionadas las medidas establecidas, tanto en el Real Decreto-Ley 20/2011, como en el Real Decreto-Ley 14/2012, porque perjudican y deterioran el servicio público de la educción superior, que se realiza a través del estudio, la docencia y la investigación. Las medidas restrictivas que afectan a la oferta de empleo público y a la contratación temporal de personal docente e investigador y de administración y servicios deterioran la calidad de los servicios que se prestan desde la Universidad y limitan las expectativas profesionales y la consolidación de empleo de nuestro personal.

QUINTO.- Nos oponemos a estas medidas porque, además, limitan las posibilidades de desarrollo económico y social que, a través de las Universidades y de los Campus de Excelencia Internacional podían ayudar a crear un nuevo modelo productivo y de crecimiento, basado en el conocimiento y en la innovación, que mejoraría el bienestar de los ciudadanos.

SEXTO.- En relación al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período 2012-2014, entendemos que se trata de un proyecto, que deberá articularse a través de las correspondientes normas legales y, por tanto, su aplicación y sus efectos, que también consideramos perjudiciales para los empleados públicos y para el servicio público de la educación superior, no son de aplicación inmediata, ni las medidas que contiene pueden considerarse como definitivas. En el propio documento se advierte que aquellas medidas que afecten a las universidades se llevarán a cabo de manera concertada con las propias instituciones académicas.

En cualquier caso, estando de acuerdo en la necesidad de establecer un plan de ahorro para corregir el déficit público, no se puede hacer perjudicando el estudio, la docencia y la investigación y recortando los salarios de los empleados públicos.

SÉPTIMO.- Respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, de acuerdo con lo que se establece en el citado documento, será aplicado concertadamente con las universidades cuando se produzca su desarrollo reglamentario. Además, aquellos aspectos que afecten al personal se discutirán y analizarán en la mesa general de negociación sindical para universidades en Andalucía. Y las cuestiones que inciden en la dedicación del profesorado se analizarán con el resto de las universidades para adoptar una postura común. Por todo lo cual, en la Universidad de Málaga se suspende la aplicación del proceso de asignación docente que se había iniciado para el curso 2012/2013, a la espera de que se adopten las correspondientes medidas.

No obstante, es preciso señalar que las universidades, aunque se consideran parte del sector “administraciones públicas” de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen un régimen jurídico singular que se basa en el derecho constitucional de autonomía universitaria, que les otorga capacidad propia para la selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como para la determinación de las condiciones en las que han de desarrollar sus actividades (Artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

OCTAVO.- Las disposiciones que afecten a estos derechos serán analizadas por los Servicios Jurídicos de la Universidad y sólo se aplicarán cuando así lo establezca una disposición legal en la que se regulen competencias propias de las Administraciones que las dicten. En el supuesto de que se trate de competencias de la Universidad de Málaga, serán sus órganos de gobierno los que decidan que aspectos afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Universidad y, por tanto, deben ser negociadas con los representantes de los trabajadores, las que se aplican y las que no tendrán efectos en el ámbito universitario.

Finalmente, el Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga manifiesta su defensa a ultranza de la Universidad pública, su apuesta por mejorar la docencia y la investigación y su defensa de los derechos de la comunidad universitaria. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio responsable de los derechos constitucionales que amparan a todos los ciudadanos.

El Gobierno saca adelante en el Congreso el mayor recorte de la historia en solitario

El Gobierno saca adelante en el Congreso el mayor recorte de la historia en solitario
Hasta el último momento el Ejecutivo ha estado negociando el respaldo de CiU
El PSOE augura el despido de 40.000 profesores
Wert afirma que lo hace "con sufrimiento" y que es una "respuesta excepcional"

Garrote vil

“Lo hacemos con sufrimiento" y "esta es la respuesta excepcional del Gobierno a unas circunstancias excepcionales, desafortunadas”, ha dicho José Ignacio Wert, ministro de Educación, en la tribuna del Congreso para defender uno de los decretos que contiene el mayor recorte de gasto de la historia constitucional. En el hemiciclo se esperaba la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para votar a última hora, una vez descartado que sea él el que públicamente defienda los recortes que, por primera vez, afectan a la sanidad y la educación.

Salvo cambio sorprendente de última hora, el Pleno del Congreso convalidará dos decretos con un recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, solo con los votos del PP, suficientes aritméticamente, pero insuficientes políticamente para una decisión de tal magnitud. El Ejecutivo ha intentado hasta el último momento que CiU apoye los decretos, mientras que ni siquiera lo ha intentado con el resto de grupos.

Durante toda la mañana, casi hasta el momento de iniciarse el debate, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha mantenido conversaciones cruzadas con el conseller de Sanidad de Cataluña y con el portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre. El principio, el Gobierno rechaza tramitar el decreto como proyecto de ley y que, por tanto, puedan incluirse cambios, lo que hacía difícil el acuerdo.

El miércoles la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, contactó en dos ocasiones con Alfonso Alonso, portavoz del PP, para saber si era posible sentarse a negociar los decretos, forzando su tramitación como proyectos de ley. El popular le trasladó la imposibilidad de dar marcha atrás en los recortes y su voluntad de sacarlos adelante tal cual, aunque sea solo con los votos del PP.

Wert abrió la defensa de los recortes, a la que siguió luego la intervención de la ministra de Sanidad, Ana Mato, con un tono de “no hay más remedio”. Casi con intención de pedir disculpas a los ciudadanos y explicando que no son las medidas que les gustaría haber tomado, pero que las circunstancias obligan a hacerlo. Ambos ministros traen preparados discursos que sostienen que, pese a los recortes, se preservan la educación y la sanidad públicas.

“Lo hacemos con sufrimiento y pesar” y "son temporales y desde luego no forman parte de nuestro programa de reforma educativa, con lo que tan pronto como mejore la situación económica", aseguró Wert desde la tribuna del Congreso. El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera, le ha respondido que el recorte de 3.736 millones de euros contemplado en este real decreto se suman a los 487 millones del acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre y a los 663 millones de recorte en los presupuestos para 2012.

“No nos hable de eficacia, de eficiencia y mucho menos de mantener la calidad del sistema educativo cuando en menos de cinco meses ha hecho recortes por un total de 4.886 millones de euros. Está usted recortando una media de 1.000 millones por mes”, le ha dicho al ministro, antes de asegurar que van a provocar el despido masivo de profesorado —más de 40.000 despidos—.

El ministro le ha respondido que "hace una hipótesis sobre el despido de profesores que son interinos y no funcionarios" y ha reprochado al socialista que "dé a entender que todas las comunidades van a ejecutar el máximo y que van a ejecutar todas las medidas del decreto".

Todos los grupos han lamentado en la tribuna que el Gobierno ni siquiera se haya sentado a dialogar previamente sobre el contenido de los decretos que, además, deben ser aplicados por las comunidades. De hecho, la mayor crítica de los partidos nacionalistas es que invade las competencias autonómicas.

El País, 17/05/12

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También se analiza la situación financiera en España, después de la segunda reforma para las entidades bancarias. El gobierno les ha pedido que se aprovisionen mejor para evitar problemas y los bancos están haciendo sus cuentas.

Además en el plató de El debate de La 1 están el director de 20 minutos, Arsenio Escolar, la adjunta al director de La Razón Esther Palomera, el periodista de la Cadena Ser Isaías Lafuente, el periodista Ernesto Ekaizer, el columnista de ABC Ignacio Camacho y el columnista de La Vanguardia Fernando Ónega para hablar sobre la situación de nuestra economía en Europa y especialmente sobre el futuro de Grecia en el euro.

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