Comunicado
del Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga a la comunidad universitaria
Ante la situación de cierta confusión que en la comunidad
universitaria están produciendo las noticias relacionadas con los efectos que en
la Universidad de Málaga pueda producir la aplicación de las normas aprobadas
por el Gobierno de la Nación (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit publico, Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo),
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, aprobada por las Cortes Generales, y el Plan
Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período
2012-2014, presentado por el Gobierno Andaluz al Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en lo que afecta a las Universidades, el Equipo de Gobierno de la
Universidad de Málaga quiere manifestar lo siguiente:
PRIMERO.- La Universidad de
Málaga y sus órganos de gobierno estamos
obligados a cumplir y hacer cumplir las normas
que, en el ámbito de sus competencias, dicten tanto el
Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía, así como las leyes aprobadas
por el Parlamento.
SEGUNDO.- El Equipo de
Gobierno de la Universidad de Málaga
defenderá el derecho de autonomía universitaria
en todos los ámbitos y con todos los instrumentos que
la Ley establece para la mejor defensa de sus derechos y los de los
universitarios.
TERCERO.- El Equipo de
Gobierno de la Universidad de Málaga
rechaza el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno al regular materias que
afectan a las universidades, sin contar con
su opinión, ni con la de los órganos y asociaciones que las representan.
Asimismo, consideramos inadecuada e inoportuna y no apoyaremos la propuesta de
subida de precios públicos de las matrículas correspondientes a enseñanzas de
Grado y Máster, por considerar que en época de crisis es injusto hacer recaer un
mayor esfuerzo en los estudiantes.
CUARTO.- Consideramos
injustas y desproporcionadas las medidas establecidas, tanto en el Real
Decreto-Ley 20/2011, como en el Real Decreto-Ley 14/2012, porque perjudican y
deterioran el servicio público de la educción superior, que se realiza a través
del estudio, la docencia y la investigación. Las medidas restrictivas que
afectan a la oferta de empleo público y a la contratación temporal de personal
docente e investigador y de administración y servicios deterioran la calidad de
los servicios que se prestan desde la Universidad y limitan las expectativas
profesionales y la consolidación de empleo de nuestro personal.
QUINTO.- Nos oponemos a
estas medidas porque, además, limitan las posibilidades de desarrollo económico
y social que, a través de las Universidades y de los Campus de Excelencia
Internacional podían ayudar a crear un nuevo modelo productivo y de crecimiento,
basado en el conocimiento y en la innovación, que mejoraría el bienestar de los
ciudadanos.
SEXTO.- En relación al Plan
Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, para el período
2012-2014, entendemos que se trata de un proyecto, que deberá articularse a
través de las correspondientes normas legales y, por tanto, su aplicación y sus
efectos, que también consideramos perjudiciales para los empleados públicos y
para el servicio público de la educación superior, no son de aplicación
inmediata, ni las medidas que contiene pueden considerarse como definitivas. En
el propio documento se advierte que aquellas medidas que afecten a las
universidades se llevarán a cabo de manera concertada con las propias
instituciones académicas.
En cualquier caso,
estando de acuerdo en la necesidad de establecer un plan de ahorro para corregir
el déficit público, no se puede hacer perjudicando el estudio, la docencia y la
investigación y recortando los salarios de los empleados públicos.
SÉPTIMO.- Respecto a la
aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo, de acuerdo con lo que se establece en
el citado documento, será aplicado concertadamente con las universidades cuando
se produzca su desarrollo reglamentario. Además, aquellos aspectos que afecten
al personal se discutirán y analizarán en la mesa general de negociación
sindical para universidades en Andalucía. Y las cuestiones que inciden en la
dedicación del profesorado se analizarán con el resto de las universidades para
adoptar una postura común. Por todo lo cual,
en la Universidad de Málaga se suspende la
aplicación del proceso de asignación docente que se había iniciado para el curso
2012/2013, a la espera de que se adopten las correspondientes medidas.
No obstante, es preciso señalar que las universidades, aunque se
consideran parte del sector “administraciones públicas” de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, tienen un régimen jurídico singular que se basa en el derecho
constitucional de autonomía universitaria, que les otorga capacidad propia para
la selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de
administración y servicios, así como para la determinación de las condiciones en
las que han de desarrollar sus actividades (Artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
OCTAVO.- Las disposiciones
que afecten a estos derechos serán analizadas por los Servicios Jurídicos de la
Universidad y sólo se aplicarán cuando así lo establezca una disposición legal
en la que se regulen competencias propias de las Administraciones que las
dicten. En el supuesto de que se trate de competencias de la Universidad de
Málaga, serán sus órganos de gobierno los que decidan que aspectos afectan a las
condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Universidad y, por tanto,
deben ser negociadas con los representantes de los trabajadores, las que se
aplican y las que no tendrán efectos en el ámbito universitario.
Finalmente, el Equipo de
Gobierno de la Universidad de Málaga manifiesta su defensa a ultranza de la
Universidad pública, su apuesta por mejorar la docencia y la investigación y su
defensa de los derechos de la comunidad universitaria.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio responsable de los
derechos constitucionales que amparan a todos los ciudadanos.
Concha Caballero: 
