Opinión

José Carlos Bermejo Barrera: Gestión honoris causa: recetas para un doctorado

Fue en la Sorbona medieval donde se creó el procedimiento para conceder el doctorado. En él un candidato debía desarrollar una tesis por encargo y bajo la dirección de su maestro y defenderla públicamente de toda objeción posible ante el cuerpo de doctores, garantes de la validez del texto propuesto por el aspirante. Desde entonces el doctorado, máximo grado académico, ha estado siempre bajo el amparo de la responsabilidad y el conocimiento de los especialistas, únicos garantes posibles de su calidad. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. Los profesores de las universidades tenemos la impresión, muy bien fundada, de vivir bajo continua sospecha y ser culpables de algo hasta que demostremos nuestra inocencia ante otros profesores, evaluadores o burócratas que ejercen algunas competencias que les dan las leyes y se atribuyen alguna que otra a mayores en muchos casos, y entre ellos la del doctorado.

La elaboración de una tesis supone un trabajo arduo, que requiere la dirección de un profesor experto y muchas veces medios materiales cuantiosos. Doctorandos y directores trabajan, muchas veces de modo desinteresado, para lograr honradamente algún resultado científico, que unas veces rentabilizan en su curriculum y muchas otras no. Cuando se termina el trabajo, después de ser aprobado el proyecto, tras pasar el filtro del departamento competente y cumplir varios requisitos formales, la tesis ha de pasar varios filtros: se deposita en ese departamento y sus doctores pueden consultarla y, en caso de que observen algo incorrecto o irregular, impugnarla. Luego, siguiendo un poco el trámite medieval, pasa a poder ser consultada por todos los doctores de la universidad, que podrán impugnarla si tienen conocimientos y motivo para ello, y por último se defiende ante un tribunal de especialistas en público. Un tribunal siempre formado por un un número impar de miembros para evitar empates.

Está claro que si se diese el caso de que en una universidad sus profesores formasen un claustro de defraudadores científicos, sus tesis doctorales carecerían de valor, lo que quedaría patente cuando se publicasen y fuesen objeto de crítica por parte de verdaderos científicos. Sólo ellos podrían detectar el supuesto fraude y no los profesores que gobernasen esa universidad, ni sus funcionarios, puesto que no tendrían conocimientos ni competencia para identificar fraudes y defraudadores, por muy perfeccionados que fuesen sus procedimientos. No es esto lo que parece deducirse de las normas vigentes en la Universidad de Santiago en este tema: unas normas prolijas hasta la obsesión y basadas en la idea de que doctorandos y directores de tesis pueden ser siempre sospechosos de fraude científico- al igual que ocurre en las demás universidades españolas-, como veremos a continuación.

Pasados los filtros reales de los departamentos, el director ha de proponer al organismo correspondiente el nombre de diez especialistas, razonando su competencia y méritos, tras consultarlos, pues participar en el tribunal de una tesis es voluntario y no tiene remuneración alguna, y teniendo que decirles que los propone pero que a lo mejor no han de juzgar la tesis ni como titulares ni como suplentes, siendo sólo sobreros. De ellos, la autoridad competente, pero no especialista en el tema, seleccionará a cinco titulares y dos suplentes, que tendrán que hacer informes previos a la lectura de la tesis, pudiendo impugnarla de nuevo, aunque los suplentes no vendrán a la lectura y harán el trabajo gratis et amore. Todo ello en vez de proponer tres miembros y un suplente, como se hace en la mayor parte de las universidades.

Por si todo esto fuera poco, se ha de tener en cuenta que el tribunal sea paritario en el número de especialistas y especialistos, como si en un mundo en el que se publican más de 3.000.0000 de artículos científicos al año, en todos y cada uno de los miles de campos posibles, a priori hubiese el mismo número de hombres que de mujeres; y como si fuese posible que un número impar se dividiese en dos números pares. Dice Goldbach que todo número par es la suma de dos primos; en el doctorado santiagués parece que lo que se quiere es que primos sean los directores de tesis. Ya que además deben tener en cuenta que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de cinco profesores en 2 o 3 días no superen los 800 euros. Podríamos pedirle a nuestro supercomputador que resuelva este problema:

Hallar los nombres de un par de mujeres sabias que, sumado a un número par de hombres sabios, dé un número impar de sabios igual a 5, teniendo que vivir todos ellos a una distancia de Santiago tal que puedan ir y venir a nuestra ciudad a hacer un trabajo gratis, y pernoctar en ella dos días por el máximo de 800 euros.

Si Ud., esforzado profesor, no es capaz de hallar la solución, repase la normativa.

José Carlos Bermejo Barrera: Dictado al pie de la tuerca

Suele ser una costumbre de intelectuales y científicos airear viejos recuerdos a través de los cuales quede bien clara la precocidad de su formación o los intensos contactos que en su vida tuvieron con escritores, premios Nobel o grandes pensadores. Seguiré la costumbre y recurriré a continuación a recuerdos de mi infancia, en modo alguno precoz, pero que parecen volver a revivir en el presente.

Llovía mucho en Santiago allá por los años sesenta, y por eso los niños del Colegio La Salle casi nunca hacíamos gimnasia, pues se hacía en el patio y con la ropa de diario. Con la lluvia en los cristales subíamos al aula con Don Benigno, un afable profesor lo más alejado que uno pueda imaginarse del sargento de los marines de las películas, que nos dictaba la clase de gimnasia en el medio del más profundo y general aburrimiento. Copiar tablas de gimnasia en las que se hablaba del tendido supino o prono y de flexión lateral derecha no tenía nada de apasionante, ni siquiera para Don Benigno, pero en sus dictados se emocionaba mucho, llegando a una profundidad casi filosófica cuando teníamos que copiar una mítica frase: “no es lo mismo campeón que plusmarquista”, frase que nos permitía derribar el muro de las apariencias y darnos cuenta de que el que gana no es siempre el mejor.

La diferencia entre campéon y plusmarquista en la gimnasia al dictado era algo tan singular como la copia generalizada del examen de “Formación del Espíritu Nacional”, una asignatura que no se impartía, aunque se compraba el libro, y cuyo examen nos dictaba el profesor Bermúdez. Fuera cual fuera el curso, el dictado siempre era el mismo: “La persona jurídica”, un tema que como es lógico suscitaba el entusiamo general del alumnado, cuando comenzaba diciendo: “César, capturado por los piratas del Mediterráneo es el mismo César que…”. Lo que nos permitía saber básicamente que los piratas a veces se salían del Caribe.

Esos dictados al pie de la letra nos revelaban verdades profundas, al permitirnos comprobar que la apariencia no es siempre real, como ocurría cuando se recitaba el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, una obra cuyo lema todos entendíamos perfectamente si era lunes por la mañana temprano, aunque sin ser capaces de profundizar en la metafísica del barroco.

Casi cuarenta años después mucho se ha mejorado en la enseñanza y en tantos campos en nuestro país, pero la crisis económica y la creciente separación entre lo que se dice y lo que se hace en la política, la educación y la cultura hace posible revivir viejos tiempos.

Se imparte en la ciudad de Santiago un ciclo superior de FP sobre “Automatización y robótica industrial”, en el que los alumnos disponen de pocos ordenadores, teniendo que llevar los suyos, en el que asignaturas de carácter práctico como “Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos”, “Sistemas de medida y regulación” o “Sistemas secuenciales programables” se dictan al pie de la letra, por carecer el centro de los aparatos necesarios para impartirlas correctamente, a pesar de que el ciclo se ha anunciado a bombo y platillo como algo enormemente innovador y clave para la formación avanzada de nuestros futuros técnicos.

En unos casos se dictan apuntes en vez de trabajar con máquinas, pero en este barroco mundo docente en el que “toda la vida es sueño y los sueños, sueños son” podríamos citar ejemplos de facultades con prácticas de laboratorio de bioquímica o biofisica, cuando no hay ni plaza, ni medios y a veces ni siquiera laboratorios. Como el lenguaje administrativo y la realidad son como las rectas paralelas, de las que se decía a los niños que “por mucho que se prolonguen nunca se encuentran”, uno se puede encontrar con un escrito oficial en el que se le pide que diga si las “prácticas de campo”, de una asignatura teórica, las hará dentro de su aula o fuera de ella. No porque las autoridades hayan llegado a creer que las aulas son invernaderos aptos para el cultivo, como lo es el campo, sino porque todo el lenguaje está pervertido y no tiene casi nada que ver con la realidad, cuando palabras carentes de contenido como competencias, habilidades, excelencia y calidad son repetidas por autoridades ventrílocuas.

La tecnología se dicta al pie de la letra, o de la tuerca, el aula es un campo y la práctica es teoría en laboratorios que pueden no existir. Da la impresión de que Calderón de la Barca haya redactado todos los planes de estudio. En el fondo, sin embargo, algunos profesores podemos estar tranquilos, puesto que sabemos, como enseñaba Don Beningo, que a pesar de lo que digan las autoridades, “no es lo mismo campeón que plusmarquista”.

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y la muralla china

Construyeron los emperadores chinos una muralla que tenía como fin evitar que en su imperio penetrasen los bárbaros. Se hizo a mano, movilizando millones de personas en régimen de trabajos forzados, gracias a un sistema burocrático controlado por los mandarines, letrados y funcionarios, orgullosos de su saber, su eficacia y obsesionados con sus rituales y sus mecanismos de promoción profesional. Los filósofos chinos decían que el mejor gobernante es el que no gobierna nada, porque gobernar es siempre cobrar más impuestos, gastar más dinero y hacer obras, como la Gran Muralla, para mantener a un país aislado del mundo, como lo estuvo China hasta el siglo XIX, cuando los bárbaros ocidentales se infiltraron en el país desde el mar, haciéndola inútil.

Los estudiosos de la historia de las universidades bautizaron a sus profesores con el nombre de mandarines, es decir, letrados chinos, porque muchas veces, como ocurre ahora, creían poder estar al margen del mundo y sus turbulencias económicas, sociales o militares, a pesar de no ser más que frágiles peones en el juego del poder y de la historia, escondidos solo tras una muralla imaginaria. Los mandarines, chinos y académicos, creen tener un sistema racional y perfecto en el que todo está regulado en los papeles, en las normas y en los procedimientos burocráticos, no importándoles si ese sistema atenta contra el sentido común o niega la realidad. Como creen que su sistema es perfecto, todo tiene en él su razón de ser, todo está justificado por una normativa y ha de hacerse siempre de la misma manera, y cuanto más complicada mejor, porque así harán falta más mandarines para controlar la realidad y para espiarse a sí mismos. Esto es lo que está ocurriendo hoy en lo que los economistas y juristas llaman la universidad omniadministrativa. Una universidad también defendida de la realidad por una gran muralla y en la que la pasión por hacer obras y dictar normas infinitas salta a la vista.

Hay cosas dificiles de comprender para el común de los mortales, pero que en la universidad siempre tienen explicación. Pueden hacerse edificios que es necesario ampliar antes de su inauguración porque ya no sirven, como el caso de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago, edificio del tamaño de un gran chalet cuya planta baja exenta tuvo que ser cerrada para acoger a duras penas a profesores y alumnos, teniendo que ser derivados departamentos a otro edificio que nació muerto, a pesar de su nombre, como fue el caso del hospital materno infantil, construido en el campus de Santiago, sin parking y casi sin accesos, y que por suerte fue reconvertido en residencia universitaria. También pueden hacerse facultades en las que no caben los libros disponibles el día de su imauguración, teniendo que reconvertir a toda prisa en depósito de la biblioteca lo que en plano era un garaje, el caso de la Facultad de Filología, cuyo rápido crecimiento hizo igualmente que su profesores acabasen por quedar amontonados en sus despachos. Hubo también proyectos faraónicos, por suerte no realizados, como la idea de situar el depósito de libros de la Facultad de Geografía e Historia en la planta noble y hacer aulas en un piso abuhardillado bajo cubierta. Y hay por suerte proyectos efímeros revisables, gracias al pladur y las mamparas que hacen que algunos edificios vayan cambiando sus paredes como si estuvieran vivos. Así se tabica y destabica, a pesar de la crisis, se cierran unos pasillos para abrir otros, para que quede eterna memoria de quien manda gracias a las murallas chinas de yeso y cristal.

Es difícil de explicar por qué se pretenden trasladar fotocopiadoras a los puntos más alejados de alguna biblioteca, o por qué se derriban los servicios de una planta con ocho aulas repletas de alumnos el día antes del comienzo de las clases. También lo es saber por qué las pruebas de acceso a la universidad se celebran quince después del comienzo del curso, o por qué un festivo como la inauguración del curso es laborable porque hay exámenes en un centro, o por qué el plazo de matrícula de algunas asignaturas se abre casi un mes después de su inicio. Naturalmente todo ello obedece a una razón, porque siempre hay una normativa que explica que es la realidad lo que está mal porque todo es perfecto e inmutable para quienes viven tras la Gran Muralla.

José Carlos Bermejo Barrera: La culpa es de los abuelos

Cuando los historiadores estudien la España actual se darán cuenta de que fue un país en el que triunfaron las palabras huecas, los lemas vacíos y en el que camparon a sus anchas los engaños, las trampas, las maquinaciones más torticeras y las mentiras. Y es que en España, al contrario de lo que decía en el siglo XVIII el viejo obispo Butler, las cosas nunca son como son, sino de otra manera. Y por eso nadie es culpable ni responsable de nada.

Tras haber reventado la burbuja financiera y quedar destartalada la banca, hemos visto a politicos y banqueros en el Congreso casi negando que hubiese existido tal burbuja, y afirmando que ellos no fueron responsables de nada. La cosa esa no era de su competencia, al parecer, o no se enteraron de casi nada en muchos casos, porque da la impresión de que los directivos de la gran banca iban por sus despachos sólo de visita. Como nadie es culpable de nada y la culpa siempre la tuvo el de antes, o el que estuvo antes del de antes, podríamos ir tirando del hilo y decir que la culpa última la tuvo nuestra requetetatarabuela Eva, inventora del pecado original. Por eso sería lógico pensar que algunas limpiadoras de los grandes edificios bancarios, ya jubiladas por supuesto, programaron a escondidas los ordenadores para crear las Preferentes, para hinchar los balances de Bankia y emitir acciones fraudulentas sobrevaloradas, llevando a la ruina a sus inversores y quizás a todo un país, a la par que iban desplumando a muchos pensionistas modestos ahorradores.

Los Estados deficitarios emiten deuda para que la compren los bancos, la vendan y revendan y jueguen con ella y con sus depósitos, jugandose en algún caso el dinero de los fondos de pensiones y llevando a la ruina a sus jubilados. Hasta que al final el banco quebrado es rescatado por el Estado para que le vuelva a comprar la deuda pública con el dinero que el Estado le presta. A esto se le llama “los mercados”, que son científicos, racionales y no tienen culpa de nada, porque los culpables de todo son los abuelos pensionistas.

Como la mayor partida del gasto público son las pensiones, para cuyo cobro el trabajador cotiza toda su vida laboral, y hay pensionistas porque la gente no se muere pronto para llevarle la contraria al FMI, ni quiere trabajar hasta los ochenta, en contra de lo que piensa un ministro alemán, los pensionistas son culpables del déficit público. Como además los mayores de 65 son los que necesitan más medicamentos, se dice que abusan de ellos, por eso se retiran 400 de la sanidad pública y se crean listas de genéricos ahorrando en algunos casos sólo centimos. Todo para conseguir que esos jubilados que salen con su bolsa de pastillas de colores por gusto, como niños con tubo de Lacasitos, no acaben por arruinarnos.

Y por si todo esto fuera poco ahora los abuelos son los responsables legales de mantener a los parados con el nuevo plan Prepara, que parece suponer que todo lo que paga el Estado es una limosna. Y que atenta contra normas legales básicas y el sentido común al definir la unidad familiar.

Se entendía por unidad familiar a un matrimonio y sus hijos, o bien a una pareja de hecho reconocida legalmente. Los cónyuges en España pueden tener separación de bienes, hacer declaraciones de renta individuales y han de mantener a sus hijos hasta cierta edad, razón por la cual pueden aplicar una desgravación fiscal por ellos o familiares dependientes. A partir de ahora sin embargo, cuando algunos afortunados premiados con el paro de larga duración pasen a cobrar por 6 meses sus últimos 400 euros, y 50 más si tienen dos familiares a su cargo (a los que podrán mantener con 83 céntimos diarios), deben saber a qué unidad familiar pertenecen, porque en el nuevo cálculo se incluyen las rentas de los padres, hijos, y abuelos que se suman y dividen por el número de miembros de la familia. Si es legal. Si en vez de un matrimonio tenemos una pareja que vive junta sin declararlo entonces el afortunado parado puede cobrar la suculenta ayuda. Lo que deja claro que en España es recomendable que las familias pasen a la clandestinidad. Si el Estado quiere crear nuevas unidades familiares de abuelos, padres, nietos, ampliables a hermanos con rentas sumables, o primos, cuñados, yernos y nueras – que mantienen a parados sin tener derecho a desgravar por ello -, que cree una nueva especialidad policial rastreadora de unidades familiares e incremente así el empleo público.

Esta claro que los abuelos son un tesoro para el Estado. Por eso lo lógico sería que todos los gobiernos existentes en España, los parlamentarios y políticos de todo tipo, se quedasen sin sueldo y pasasen también a vivir de las pensiones de sus propios abuelos, que hacen ya años les compraban sus chuches.

Antonio Pérez Casas: Carta aberta á comunidade universitaria

Se quedaba algunha raia vermella sen atravesar nas políticas de recortes e destrución de dereitos dos traballadores e traballadoras, é evidente que quedou atrás o pasado 13 de xullo coa aprobación do Real Decreto Lei 20/2012 xa que afecta ao conxunto da sociedade de xeito moi grave: perda dos dereitos laborais que tanto custou gañar, baixada na prestación do desemprego, subas no IVE de até o 13% e tantas outras medidas que afectan ao conxunto da economía e o emprego. Unha parte relevante delas afecta directamente ao emprego público.

Outro día nefasto, neste caso para a Universidade de Santiago de Compostela e o motivo polo que escribo esta carta aberta, foi o pasado 20 de xullo. Foi entón, no Consello de Goberno celebrado en dita data, que a equipa reitoral tivo a oportunidade de elixir: poñerse do lado das persoas que conformamos a Universidade ou poñerse ao lado dos recortes. E escolleu a segunda opción. Paso a dar a miña versión do que alí aconteceu.

Nese Consello, a xerenta da USC describiu, nunha longa ladaíña e cun fervor case relixioso, as medidas que nos afectan do RD Lei 20/2012 e como ía ser a súa aplicación para o persoal da USC.

No referido á eliminación das pagas extraordinarias, ou porcentaxe equivalente, explicounos que sería de aplicación para todo o persoal da USC e entidades dependentes e que no caso do persoal laboral sería de aplicación inmediata, tan pronto os procesos técnicos o permitiran. Indicóuselle que era unha reforma ilegal pois afectaba a períodos de traballo xa realizados (é porcentaxe anual e non só dos meses dende a aprobación do Real Decreto até final de ano), ilegal por modificar contratos de traballo vixentes e suxeitos a convenios e acordos colectivos, ilegal e inxusta por aplicar porcentaxes distintas de xeito arbitrario a distintas persoas da mesma institución en función do case azar que é o xeito de distribución do salario en soldos mensuais e pagas extras; as diferenzas neste caso van dende o 4% ao 7,14% tendo en xeral unha maior porcentaxe de desconto, aquelas persoas de menor soldo e categoría, o mundo ao revés!.

Informou tamén que no caso do PAS laboral se descontaría o 17,85% en todas as pagas dende setembro a final de ano, ao que se lle replicou que non deberamos permitir que compañeiros e compañeiras con contrato a tempo completo e con xornais de menos de 1.100 euros actualmente vexan reducida a súa paga a pouco máis de 900 €. A resposta foi sempre a mesma: “somos uns mandados”.

Con respecto ao artigo 8, que elimina para todo o persoal da USC a capacidade de negociación dos permisos e vacacións e que suprime os asuntos propios agás 3 días ao ano e os días extras de vacacións por antigüidade, informounos que sería de estrito cumprimento a partir do 1 de xaneiro de 2013. Temos que explicar que estes días de asuntos propios foron unha compensación a cambio de minguas salariais en diferentes momentos da democracia española (pódese mirar a hemeroteca do ano 1983, por exemplo). Tamén que na Universidade ninguén lembra a última vez que se contratou a alguén para substituír a quen estivera gozando destes días pois a norma interna impide celebralos se as necesidades do servizo non o permiten nese momento. Si, son días que se collen para facer pontes, pero tamén para levar aos maiores ao médico ou atender a fillos e fillas enfermos.

Informou tamén que a partir do 15 de outubro se reducirá a nómina en caso de enfermidade nun 50% nos primeiros 3 días e un 25% entre o cuarto e vixésimo día pero tampouco neste punto se fixo unha excepción ou matización.

Lembrou que segundo as novas normas temos que adaptar a xornada de traballo de todo o persoal a trinta e sete horas e media e informou que moi “eficientemente” xa están convocando os xefes de servizos e unidades con motivo da reorganización dos horarios.

En xeral, e no noso caso concreto, quedan anulados tamén numerosos dereitos sindicais, capítulos enteiros dos convenios colectivos, acordos do persoal funcionario e outros numerosos dereitos. A xerencia e a equipa de goberno non procuran alternativas.

Tampouco se presenta proposta algunha por parte da dirección da Universidade de compensación polo incremento do IVE nos gastos propios da USC, sendo como somos parte tamén do estado que vai a recadalo, nin tan sequera a reclamación de que os aforros producidos na aplicación das medidas de recorte podan ser utilizados para a redución da nosa propia débeda en vez de reducir só a débeda da Xunta de Galicia. Algo que en cambio si esixe a Xunta de Galicia ao Estado.

Aínda quedaban outros despropósitos antes de rematar este último consello de goberno. Ao igual que fixemos con dous compañeiros PAS do campus de Lugo fai un par de meses, tomouse a decisión -con numerosos votos en contra- de despedir por causas económicas ¿? a 5 profesores asociados a tempo completo con entre 15 e 30 anos de traballo na USC, a maioría a moi poucos anos da xubilación.

Todo isto sucedeu sen que houbera espazo a cuestionar o que estabamos a facer, á protección da comunidade universitaria fronte a estas ameazas, á defensa do valor que ten o servizo que prestamos á sociedade.

Malia ter sido interpelados en numerosas ocasións e terlles sido lembrada a nosa autonomía, lembrando que estabamos nun órgano de goberno da USC e non nunha sección menor dun departamento da Xunta, que non ten máis cometido que actuar segundo as instrucións recibidas, a equipa reitoral no seu conxunto non fixo un mínimo aceno de rebeldía, de recurso destas decisións ante órganos superiores, de obstaculización da aplicación dunha lei que todos entendemos inxusta e ilegal, de amortecemento das medidas naqueles casos máis sangrantes ou esperpénticos, ... mais ben sucedeu todo o contrario, preferindo en todo momento o cumprimento estrito e inmediato das medidas de recorte.

Só ao final e con moitas dificultades, algún dos presentes conseguiu que polo menos se aprobara o desacordo do Consello de Goberno co contido do Real Decreto Lei 20/2012.

Vivimos tempos difíciles e todos temos que decidir como os afrontamos. A Universidade e o seu Reitor teñen que elixir se van a estar do lado da comunidade universitaria e do lado dos milleiros de galegos e galegas que o mesmo día anterior ao consello de goberno ateigabamos as rúas e prazas de Galicia, ou si van a limitarse a facer de burócratas de Rajoy e Feijóo e aplicar as medidas de recorte actuais -e as que nos cheguen- de xeito automático.

De optaren por esta última vía e asumiren a totalidade dos recortes, a desaparición da autonomía da universidade e o desmantelamento da universidade pública, eu lles pediría que, por dignidade, dimitan antes da súa aplicación e deixen que dirixa a universidade un liquidador, de traxe escuro, nomeado pola Xunta de Galicia. Así, as cousas estarían claras e todos e todas saberíamos a que atermos.

Praza, 24/07/12

Miren Etxezarreta: Neoliberalismo a ritmo acelerado
Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics.

Desde mayo de 2010 la economía española, debido a su importante problema de endeudamiento, está sometida a fuertes presiones externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un endeudamiento privado, pues el endeudamiento público del Estado español está todavía hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.

A partir de entonces la economía española está tutelada principalmente por la UE, que se ha convertido en el eje central y dominante en la gestión de la economía española. Desde entonces, la UE exige la implantación de una serie de duras medidas de austeridad y ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el paro crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de la actividad económica se intensifica y la deuda pública aumenta.

Hace muy poco -los acontecimientos se suceden a tal velocidad que dos meses parecen un largo periodo-, el caso Bankia hizo imposible disimular por más tiempo el deterioro de la situación de los bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión de su crisis, han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para que plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión pública de la forma del engaño más burdo que se pueda imaginar, pretendiendo hacer creer que dicho rescate no iba a tener consecuencias negativas para la población. Además, tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio se presentó como un gran triunfo que el rescate concedido para los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo (MEDE) que irá directamente a los bancos y  estos serán los responsables del mismo, por lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.

La UE, tras conceder la línea de rescate hasta 100.000 millones de euros para auxiliar a las finanzas privadas de este país, alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de reducción del déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la deuda del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho al Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que exige al Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate con 32 condiciones bien detalladas para el ámbito financiero y algunas más de tipo fiscal. Y queda claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la actuación del sector público y las finanzas de este país.

El deterioro de la situación, la prima de riesgo que no para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la situación, han obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11de julio, las medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones impuestas por la troika formada por los mercados, el FMI y la UE, y que esta última lidera. Hasta el punto de que es lícito preguntarse cuánta autonomía le queda al Gobierno español (ahora PP) para gestionar los asuntos del país.

Todos estos acontecimientos, y especialmente los que están teniendo lugar desde que salió a la luz la crisis de Bankia, están generando una sucesión de medidas y noticias que han motivado en la población una situación de desconcierto, preocupación y temor muy acusados. No me dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los medios de comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a algunos comentarios sobre todo este proceso:

Muchas y muy variadas medidas que llegan a un recorte de 65.000 millones en dos años: desde la disminución del número de funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras, pasando por la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin embargo, todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo neoliberal de gestión de la economía: liberalización, desregulación, privatización, impuestos a pagar por la mayoría de la población indiscriminadamente, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la línea fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población en sus condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más privatizaciones, menos derechos sociales, unos impuestos indirectos totalmente injustos mientras no se tocan de ninguna manera los ingresos de los más ricos, a quienes se acaba de conceder una escandalosa amnistía fiscal casi total. Y un aspecto particularmente preocupante: la disminución de las cotizaciones sociales que sólo favorece a los empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos digan que los derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero, probablemente preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la UE: todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros, estrechando todavía más las opciones posibles para  estos y convirtiéndose, de paso, en la vanguardia del neoliberalismo mundial.

Pero no hay que considerar que, dentro del estrecho marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no tiene ningún margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias hay alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica, eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma fiscal que gravara a quienes realmente concentran el dinero de este país. Las exigencias de la troika transcurren por la misma estrategia de los planteamientos de los gobiernos sucesivos de este país, que acogen aquellas con docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les viene muy bien insistir en los requerimientos externos para llevar a cabo muchas medidas que integran sus propios planes.

Lo peor de todo esto es que estas medidas no sirven para resolver los problemas del país. Es dudoso que se pueda reducir el déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se ve obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos sobre el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica alguna que obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es impagable. La banca europea y los inversores institucionales que son nuestros principales acreedores y probablemente instigadores de las medidas exigidas, habrán de aceptar esta realidad en algún momento. Es decir, los dos objetivos supuestamente claves para exigir las medidas no se pueden cumplir. Pero, además, estas medidas empeoran la situación económica del país al hacer más difícil todavía el crecimiento (el programa futuro de 120.000 millones de euros para estimular el crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen los duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones no fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una sola medida que impulse el crecimiento y la mejora de la situación productiva ni comercial del país. Al contrario, caerá todavía más la demanda, disminuye la inversión y la investigación, se desmotiva totalmente la mano de obra, excepto por el miedo al paro. Se concentra todo el estimulo al aumento de competitividad en el deterioro de los salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la devaluación interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción de pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la ciudadanía ha de ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con estos planteamientos?

Un pequeño comentario marginal: escuchando la sesión parlamentaria de presentación de las medidas que se propondrán para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes, me ha impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una situación tan tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se utiliza en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se entiende es absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la naturaleza de las medidas que se están tomando, el pretender justificarlas cuando se saben injustificables, la floritura de las referencias… “Se rebajará el subsidio de paro para no desincentivar la búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco millones de parados que buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos funcionarios para hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos, maestros, bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se convierte en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el ambiente y el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría lograr un ambiente de cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que es un detalle menor, pero es todo un símbolo de la vida política de un país.

Es obligado concluir que en esta estrategia existen otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y estos no pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con grandes sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No pueden entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para nada importe el bienestar de la mayoría de la población, están suponiendo la destrucción de la capacidad productiva de los países y una enorme concentración de la actividad económica en ciertas zonas y bajo la propiedad de muy pocos capitales. No se podría entender el entusiasmo de la patronal y los grandes empresarios por estas medidas de otra manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a la actividad económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna, que está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas, al vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que camina al endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que en el contexto de una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito continental; la cual, según Warren Buffet (uno de los mayores millonarios estadounidenses), están ganando los propietarios del capital.

Público, 13/07/12