Opinión

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José Carlos Bermejo Barrera: ¿Contrato electoral o fraude moral?

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Contrato electoral o fraude moral?

El empobrecimiento del lenguaje político y el auge de las ideas neoliberales, para las que toda la realidad social es y debe explicarse por las leyes económicas, ha dado a luz al marketing político, en el cual se dice que cada voto es un contrato entre dos partes y que la política es un mercado. Nada más lejos de realidad. Un contrato es un acuerdo entre dos personas jurídicas, individuos o colectividades, por el que mutuamente se reconocen unos derechos y obligaciones recíprocas.

Cuando un ciudadano vota en secreto a uno o varios candidatos no puede decirse que esté contratando nada, pues un contrato entre una parte conocida, el candidato, y otra anónima sería evidentemente nulo. Como el voto es secreto y desinteresado ha de ser gratuito, por eso no es legal montar oficinas de compraventa de favores electorales, y además el votante no vota lo que quiere ni elige en realidad a quien él quiera que gobierne, sino que escoge entre lo que hay, y lo hace a medias. En una lista cerrada, por ejemplo, podría preferir a las personas que están en la parte de ella donde tienen plena garantía de no ser elegidas, pero tampoco es él quien la hace. Y además, aunque los técnicos de cada partido redactan un amplio y complejo programa, casi ningún votante puede leerlo, a veces ni entenderlo, y ni siquiera lo hacen los militantes de cada partido que repiten los lemas o consignas que se les ordena repetir, llamándolas argumentario.

Gerardo Pisarello y Jaume Asens: Resistir al miedo, golpear juntos

Gerardo Pisarello y Jaume Asens: Resistir al miedo, golpear juntos
Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas y autores del libro ‘No hay derecho (s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis’ (Ed. Icaria, 2012)

Llevamos casi cinco años conviviendo con un capitalismo desbocado que no acepta límites. Que avanza sin pudor y aspira a mercantilizarlo todo. La vivienda, la sanidad, la educación, el espacio público, las relaciones afectivas. Para avanzar, este proceso necesita quebrar la autonomía individual y colectiva. Aislar a las personas y reducirlas a la servidumbre, a la impotencia. El consumismo dirigido, la alienación programada, son eso: figuras de la impotencia. La otra es el miedo. A ser desahuciado, a perder un empleo, a no poder pagar las deudas, a ser multado en el metro, a ser expulsado por no tener papeles, a ser detenido en una manifestación o en una ocupación. El individualismo, el miedo, la servidumbre voluntaria e involuntaria, son formas de impotencia que se dan la mano. Todas están en la base de la deudocracia.

Esta historia, desde luego, no es nueva. La deudocracia es hija del neoliberalismo. Y este del afán capitalista de soltar amarras. De librarse de las ataduras impuestas por las luchas y resistencias populares. Tras el hundimiento del socialismo irreal, lo sabemos, la bestia no quiere bozal. No tolera los límites jurídicos, los derechos, las leyes. A menos, claro, que sean sus propias leyes. Las que benefician a los bancos, a los grandes evasores fiscales, a la oscura trama de la cleptocracia. Esas leyes, sí. Las que aseguran la “culpabilidad de las sardinas” y la “impunidad de los tiburones”, como decía la gran Rosa Luxemburgo. Lo otro, los derechos humanos, son un incordio. Una atadura inaceptable. Da igual que se trate de los derechos sociales y ambientales que de los civiles y políticos. La bestia no quiere bozal, ni críticas, ni protestas que se le vayan de las manos. Solo consumidores dóciles y atemorizados. Puede aprobar sin inmutarse normas indecentes que dejan a miles de personas sin trabajo, sin casa y sin futuro. Pero ladra indignada contra un piquete sindical o contra las pegatinas de un escrache. Así, mientras estrangula el Estado social, mientras liquida los bienes comunes, monta el Estado penal, la excepcionalidad punitiva, la vigilancia continua.

José Carlos Bermejo Barrera: Ortografía e loita de clases

José Carlos Bermejo Barrera: Ortografía e loita de clases

Naceron as Reais Academias na Europa do despotismo ilustrado, creadas polos poderes políticos para favorecer o estudo das ciencias e permitir o desenvolvemento dos procesos de normalización e regulación das linguas, das leis, e para servir como ferramentas básicas no novo exercicio do poder. A RAG non naceu así, senón como froito dunha reivindicación da dignidade dunha lingua e un pobo, feita con moita ilusión, pero con escasos medios e sendo vítima da incompresión durante moito tempo. A modesta Academia, que levaba unha recatada vida nun caserón dunha sombría rúa coruñesa, actuaba como unha especie de melancólico clube dos poetas mortos, escollendo cada ano un nome para celebrar o Día das Letras Galegas, mantendo o lume, máis pequeno ou máis grande segundo as circunstancias políticas, do seu sentido politico e cultural, que definía a institución como unha peza clave na procura do recoñocemento do pobo galego.

Como en todas as academias das linguas, na galega houbo e debería haber basicamente científicos expertos no estudo da lingua e a literatura propias, creadores da lingua literaria, científica, xurídica do país; o que explica a presenza en todas elas de importantes escritores, xunto a lingüistas, historiadores e outro tipo de expertos. Así seguiu sendo ata que chegaron a Autonomía e o Estatuto, pois con eles xurde un novo escenario. Por unha parte o proceso de normalización ortográfica, léxica e gramatical veuse comprometido pola aparición de diferentes concepcións da regulación da lingua, baseadas en ideoloxías enfrontadas, ata o punto de que en Galicia a fidelidade a unha ou outra desta posturas poido levar a identificalas como mais ou menos radicais pola súa proximidade ou distancia da lingua de Camoens.

José Carlos Bermejo Barrera: Germania-Galicia: dos ciudades de la cultura

José Carlos Bermejo Barrera: Germania-Galicia: dos ciudades de la cultura

Gaiás

Suele decirse que si A. Hitler hubiese aprobado el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes, el futuro de Europa hubiese sido diferente. Y es que él, anodino acuarelista, especializado en el dibujo arquitectónico, siempre se consideró ante todo un artista, y en ese sentido pensó su política. Su más querido proyecto fue la construcción de la ciudad europea de la cultura, que se llamaría Germania, famosa por tener el palacio de la ópera más grande del mundo y por la espectacularidad de sus edificios, que toda Europa acudiría a ver, naturalmente después de que él la hubiese invadido. No podemos dudar de que Alemania era entonces el país más culto y de mayor nivel científico de Europa, por lo que la idea de ser un centro de referencia tampoco era tan descabellada.

Muchos años después de que Hitler muriese en su búnker contemplando la maqueta de su ciudad, M. Fraga, antiguo ministro de Franco que nunca lamentó su pasado y que desde luego no fue responsable de crímenes equiparables a los de Hitler, concibió la idea de otra Ciudad de la Cultura que también habría de ser referencia de toda Europa. Escogiendo un monte incomunicado entre una autopista y la vía del AVE, por razones que exceden el entendimiento común, se decidió encargar esta ciudad no a un arquitecto gallego, sino a otro que pudiese exhibir un marchamo más cosmopolita. El afortunado, un teórico que hasta entonces no había construido ningún edificio, presentó un proyecto irrealizable, que sin embargo ganó el concurso, caracterizado por su grandiosidad y guiado por la idea de que en sus edificios huecos no podría haber ningún ángulo recto ni ningún plano ortogonal. Pero tendría que ser algo tan monumental como la cúpula más grande jamás concebida diseñada por A. Speer y A. Hitler para el palacio de la ópera de Germania, cuyo sucesor vendría a ser el palacio de la ópera de Santiago, tan desmesurado que su constructor afirmó que no sería viable ni siquiera en Nueva York.

José Carlos Bermejo Barrera: Instrumento financiero

José Carlos Bermejo Barrera: Instrumento financiero

Hace no muchos años en un país de cuyo nombre podría acordarme, tras acudir a su asesor financiero, Juan Nadie decidió invertir sus únicos 1.000 euros en la compra de un instrumento financiero denominado Star 9 mm. Parabellum. Con él acudió a un banco con el fin de enseñárselo primero al cajero y luego al director de la sucursal, que, a cambio de su contemplación, debían ofrecerle un crédito de alto riesgo y alta rentabilidad reembolsable en plazo infinitamente diferido - o sea, nunca- por valor de un millón de euros. Como todo buen cliente, Juan Nadie fue despedido por el director con un apretón de manos mientras se llevaba su dinero en una bolsa de deportes.

El director bancario, henchido de satisfacción y habituado a llevar una doble contabilidad según el uso consagrado por la costumbre, comunicó a su compañía de seguros que le habían robado dos millones de euros, con lo que consiguió una rentabilidad del 100% en la concesión del crédito de Juan Nadie, que a su vez había obtenido otra del 10.000% con su nuevo instrumento financiero. Asombrado por la rentabilidad obtenida en esta nueva acción de emprendimiento, decidió crear una franquicia en la que los emprededores recibirían los instrumentos de crédito Star 9 mm. Parabellum y a cambio pagarían una comisión anual a la casa madre. Así el negocio creció, los emprendedores conseguían altísimas rentabilidades con sus créditos de devolución infinitamente diferida, los bancos engañaban a las compañías de seguros, que a su vez titulizaban, o sea, emitían acciones de deuda colateralizada, que se vendía en minúsculos paquetes a pequeños ahorradores y pensionistas del todo el mundo empaquetadas con otros instrumentos financieros en hedge funds. Gracias a ello la bolsa conoció años de esplendor y su burbuja se hinchaba a la par que la burbuja inmobiliaria.

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué le pasa a Fonseca?

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué le pasa a Fonseca?

Decía I. Kant que nada bueno puede hacerse con el fuste torcido de la humanidad, pues los seres humanos somos socialmente insociables y vivimos en un equilibrio precario entre nuestros intereses y la aceptación del bien común, regulada gracias a la existencia de las leyes. Siguiéndole podríamos ahora hablar del fuste torcido de la universidad, pues muchos profesores parecen creer que a ella nada le deben, porque cada uno de ellos es muy importante. Por eso abusan de los pronombres personales y siempre dicen yo, lo mío, para mí, hablen de lo que hablen.

La USC está ahora en un proceso de crisis institucional, debido a la falta de un proyecto colectivo y a la pérdida de sus valores propios. Todo comenzó con el nacimiento de la democracia. Gracias a ella las universidades crecieron, se dotaron mucho mejor económicamente, incrementaron su nivel docente e investigador y pasaron a ser equiparables a otras universidades europeas de nivel medio. Sin embargo en su seno anidaban graves contradicciones. La primera de ellas fue creer que su autonomía docente e investigadora las convertía en miniaturas del cuerpo político, que eran nacioncitas con sus miniparlamentos, sus pseudo partidos y que en ellas todo tenía que ser representativo y votable. Sus profesores, además de enseñar e investigar, tendrían también que negociar, pactar, captar votos, formar grupos e intentar estar siempre presentes en los medios de comunicación con sus declaraciones altisonantes.

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: un rectorado para el olvido

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: un rectorado para el olvido

Decía San Agustín, un gran conocedor del alma humana, que todos estamos divididos entre la pasión por el saber y la pasión por dominar. Y a esa pasión llamó libido, un término que otro gran conocedor del alma humana, Sigmund Freud, consagraría en su psicología. Un gran especialista en el estudio de los profesores universitarios, Pierre Bourdieu, utilizó estos dos polos del alma agustiniana como la clave para entender las comunidades académicas y sus contradicciones internas. Y es que cada profesor oscila entre su pasión por el conocimiento y su pasión por el gobierno. Es muy difícil equilibrar estos dos impulsos, y por esa razón muchas veces grandes científicos han sido pésimos administradores, y excelentes administradores no destacaron precisamente por su altura científica. Pues la virtud clave del buen gobernante, según decía el viejo Aristóteles, no es tanto la sabiduría como la prudencia.

Juan Casares Long retornó a Santiago trayendo consigo un gran prestigio como ingeniero químico, habiendo ejercido su profesión en lugares tan importantes para esta industria como los países del Golfo, y como muchos profesores, quiso aunar su labor como científico con su labor como administrador académico. Llegó el rector Casares a Fonseca tras unas complejas elecciones en las que compitió con otros seis candidatos, de diferentes características. Había una ex conselleira dispuesta a descender en la escala jerárquica, dando a entender que a la hora de ejercer un cargo podía servir a la vez para un roto o un descosido. También había un vicerrector del equipo del rector Senén Barro, que parecía querer dar a entender que no había conocido al rector anterior y que él no tenía ninguna responsabilidad en la compleja situación en la que se encontraba la USC. Junto a ellos había otros profesores y profesoras, todos ellos muy competentes en sus campos, una de ellas con una gran experiencia administrativa, y los restantes con alguna o ninguna.

En una segunda vuelta regida por la compleja matemática electoral, resultó elegido Juan Casares Long, queriendo transmitir un mensaje de reconstrucción de la vida y el gobierno universitarios, necesario tras unas largas etapas en las que, bien o mal, habían estado en manos de grupos muy definidos. Fue quizás un cierto cansancio, del que se resiente cualquier largo gobierno, el que llevó a muchos votantes a inclinarse por su candidatura, pensando quizás que con ella llegaría una cierta transparencia y equidad que algunos estaban echando de menos.

Desde el comienzo de su gobierno, estas esperanzas formuladas con el poco acertado lema de “Retorno a las esencias”, se vieron poco a poco defraudadas, a partir del momento en que varias personas que habían sido sus principales apoyos y compañeros en las lizas académicas durante los años de oposición, fueron abandonando el equipo rectoral, un equipo que parecía que el propio rector quería hacer trizas. Dejando atrás a su equipo y sus apoyos, intentó buscar alianzas con las personas y los grupos a los que había criticado, y elementos claves de su discurso académico en relación con temas como el Campus Vida cambiaron rápidamente de sentido. Si a esta marcha atrás en sus planteamientos y sus propósitos unimos una trayectoria errática en sus orientaciones y sus decisiones, llegaremos a la complejísima situación en la que ahora se encuentra la USC.

Enfrentándose a una importantísima deuda, de la que él no fue responsable y de la que nadie quiso hablar en la campaña electoral, su capacidad de maniobra estaba desde un principio muy limitada. Y, al cortar amarras con quien lo apoyaba, y no conseguir que los cabos lanzados a quienes se oponían a él se fijasen al muelle, poco a poco fue complicando su mandato hasta el punto de no conseguir aprobar sus presupuestos, ganándose la enemistad, justificada o no, de casi todos los sectores académicos.

Ahora, solo entre aquellos con los que se enfrentó, y sin tener casi el apoyo de quienes eran sus bases, le toca al rector Casares bailar con la más fea y tener que hacer, sí o sí, los recortes que sucesivamente irán cayendo sobre las universidades españolas, a la vez que en ellas se va liquidando todo el sistema electoral y de gobierno que hizo su candidatura posible. Cuando acabe su mandato, que no está dispuesto a acortar, quizás haciendo gala del significado de su segundo apellido, probablemente no quedará de sus cuatro años de gobierno nada bueno ni nada malo de lo que pueda hacerse personalmente acreedor. Su nombre y su recuerdo se borrarán en la memoria académica como el viento borra las huellas de los caminantes en las arenas del desierto desde el que llegó a Santiago.

Juan Torres López: Unidad ciudadana

Juan Torres López: Unidad ciudadana

Hace ya cinco años que la crisis empezó a mostrarse con todo su vigor y que los economistas más críticos comenzamos a advertir de lo que se venía encima. Desde entonces hemos venido analizándola, haciendo propuestas constantes y señalando sus peligros y las circunstancias más favorables que había que tratar de crear para poder hacerle frente mejorando en la mayor medida de lo posible el bienestar de las personas. En un artículo que publiqué el 10 de septiembre de 2007 exponía la que me parecía que la verdadera naturaleza de la crisis y decía que había alternativas pero que no podrían llevarse a cabo “si los ciudadanos no son capaces de negar el estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en donde gobiernan los poderosos y para ello es preciso no solo que sean conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos sino que tengan el poder suficiente para convertir sus intereses en voluntades sociales y éstas en decisiones políticas” (Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones. Mensajes parecidos, si no idénticos, divulgaron otros economistas, asociaciones, sindicatos y organizaciones de todo tipo.

Pero a pesar de saber desde el principio lo que iba a suceder y de disponer de suficiente información y de conocer las alternativas, lo cierto es que no se ha conseguido articular la fuerza social y política suficiente para frenar los recortes sociales y el desmantelamiento de la democracia.

Es cierto que se han llevado a cabo experiencias novedosas y rompedoras, como el 15-M o los movimientos de indignados en otros lugares del mundo, que ha habido más unidad de acción que nunca, que el número de personas que acude a actos, conferencias, seminarios, reuniones en plazas, manifestaciones, etc. es mucho más elevado que antes de la crisis. Y creo que igualmente es cierto (o al menos yo lo percibo) que hay un “deseo” de que la respuesta social vaya a más, de involucrarse y de ayudar a que cuajen alternativas que pongan fin a lo que está pasando.

Hemos avanzado, es verdad pero no lo suficiente. No podemos olvidar que vivimos en situación de emergencia, que muchos de los cambios que está llevando a cabo el Partido Popular (y que empezó a aplicar antes el Partido Socialista) pueden ser irreversibles durante muchos años, y que no hemos sido capaces de evitar casi ni una sola de las grandes agresiones a los trabajadores, a los sectores sociales más débiles o a la ya de por sí débil democracia que tenemos. Que ni siquiera han cesado los desahucios, que la pobreza sigue aumentando, que cierran miles de pequeñas y medianas empresas perdiéndose con ellas miles de puestos de trabajo,… y que, muy posiblemente, todo eso no ha terminado, ni muchísimo menos.

¿Por qué no avanzamos?

Por eso que creo que es fundamental preguntarse por la razón de la impotencia, de la incapacidad para movilizar a toda la gente necesaria y sobre lo que se debería hacer para ser más efectivos frente a la agresión que tanta gente sufre y rechaza.

A mi juicio, la primera razón es que el neoliberalismo ha creado condiciones muy idóneas para multiplicar el número de personas que no se defienden a sí mismas porque el paro, la deuda, el trabajo precario, la pobreza, la doble jornada de las mujeres o la exclusión amedrentan a quienes los sufren. Ha creado seres humanos individualistas, que se aíslan, que actúan ensimismados, sin apenas capacidad para mirarse en los demás para descubrir que cada uno de nosotros es también el otro o la otra de alguien. Han destruido los lazos solidarios y, por tanto, se hace muy difícil que se den la coalición y el compañerismo

En mi opinión, las corrientes progresistas, o simplemente opuestas a todos estos fenómenos de explotación y de deshumanización, no han sabido hacer frente a este nuevo tipo de sociedad y de seres humanos.

Por eso creo prioritario que todos estos sectores opuestos a lo que está pasando hablen y se dirijan de otro modo a la gente, con pedagogía y no desde la abstracción ideológica, para que puedan entender su discurso alternativo no solo los convencidos sino la gente humilde, la inmensa mayoría de la sociedad, enseñándole cómo le roban los bancos, las eléctricas, los políticos corruptos, cómo le mienten los grandes medios de comunicación, por qué le quieren quitar el médico del seguro para ponerle otro de pago o por qué dicen que hay que hacer recortes en aras de una falsa austeridad. Y llevando eso a un programa de acción política alternativa muy elemental, de justicia económica, de auténtica democracia, de independencia frente a potencias extranjeras y de castigo de los culpables.

La segunda causa de nuestra impotencia es la desunión. Es inconcebible que los sectores que están enfrentándose a la agresión neoliberal no logran ponerse acuerdo. ¿Como es posible que ahora mismo estén funcionando en España, cada uno por un lado, los sindicatos, las mesas de convergencia, las asambleas constituyentes, el Foro Cívico de Anguita, la cumbre social, los socialistas de izquierda, la convocatoria social de Izquierda Unida y otros partidos progresistas, el 15-M, las Mareas, el Partido X, más alguna otra plataforma que quizá no conozca, cuando en realidad todas proponen prácticamente lo mismo, es decir, frenar las agresiones que se están produciendo, evitar los recortes de derechos sociales y hacer que la crisis la paguen quienes la han provocado?

Es imprescindible que dejemos de lado lo que nos diferencia para hacer frente a un enemigo común, sobre todo, cuando también es un hecho que todos contemplamos al mismo enemigo: el capital financiero, los bancos, las grandes corporaciones empresariales, los grupos políticos, mediáticos, judiciales, etc. que los apoyan, y algo a lo que llaman democracia pero que no lo es.

Es impostergable promover ya la más amplia unidad ciudadana, de las plataformas, sindicatos, partidos, movimientos, organizaciones y personas que están en contra de la agresión que se viene realizando contra “los de abajo” para apoyar un acción unitaria de respuesta y de cambio.

Finalmente, no avanzamos porque quienes se enfrentan a las agresiones y recortes de derechos no terminan de articular una respuesta política efectiva capaz de frenarlas. Para conseguirlo no basta con organizar respuestas fuera de las instituciones. El poder “de la calle”  es insustituible pero también insuficiente. Los poderes que hoy día nos oprimen se quedan tan anchos si salen millones de personas a la calle un domingo y el lunes pueden seguir en el parlamento y el gobierno elaborando y aplicando sus leyes.

Tenemos que salir a la calle pero también tenemos que llevar la voluntad de la gente a los parlamentos y llegar al gobierno. Tenemos que ocupar el Congreso pero de verdad, haciendo que entren en él docenas de parlamentarias y parlamentarios de nuevo tipo para denunciar el poder oculto de banqueros y patronales que no se presentan nunca a las elecciones, para bloquear las agresiones legales que hacen desde allí y para promover y asegurar que se hagan otras más favorables para los trabajadores, para las gentes humildes, para la naturaleza, y para los pueblos más pobres del planeta.

Hay que meter al menos a 150 o 200 diputados y diputadas en el Congreso como auténticos representantes de la calle y de una nueva mayoría ciudadana. La inmensa mayoría de los que están allí no nos representan y se pueden echar fuera si nace un sujeto político que sea “otra cosa”, de nuevo tipo, participativo, sometido a la voluntad colectiva y ajeno a los vicios de las viejas burocracias partidistas, si se organizan candidaturas ciudadanas con elecciones primarias de candidatos, con estatuto del diputado o diputada que contenga sus derechos económicos, políticos, los periodos de mandatos, el procedimiento de revocación, etc. y si no se forman como una simple sopas de letras sino como expresión de la movilización y del empoderamiento de la gente en la calle.

Propuestas

Los promotores de todas las plataformas que se han ido creado en estos últimos tiempos para hacer frente (estoy seguro de que con la mejor voluntad) a esta agresión deben acordar su disolución para promover la creación desde las bases de un nuevo espacio unitario de encuentro y movilización que recoja las actividades de todas las anteriores, que se abra en la mayor medida de lo posible a toda las sociedad y que obligue a que dimita un gobierno que incumple su programa y que es incapaz de solucionar los problemas de España.

Se debe elaborar y proponer un programa de mínimos que plantee la desobediencia civil ante tanta injusticia, que señale todo aquello por donde no estamos dispuestos a pasar y ofrezca alternativas.

Y hay que llamar y al mismo tiempo auto convocarse para que la gente se organice desde la base para generar una auténtica red de ciudadanía comprometida y activa, protagonista de la vida política, que culmine en la preparación de nuevos modelos de candidaturas en todas las provincias con el objetivo de estar preparados para participar en las próximas elecciones con protocolos de actuación que salvaguarden la democracia deliberativa (que no tiene por qué entenderse como galimatías asambleario), la participación efectiva, elecciones primarias y que garanticen un nuevo modo de ejercer la representación ciudadana.

Finalmente, es muy importante que quienes promuevan estas acciones sean conscientes de que sus propuestas no deben hacerse pensando solo en las mujeres y hombres de izquierdas o de sus misma sensibilidad ideológica o política sino para toda la sociedad.

De hecho, es materialmente imposible que las reformas urgentes que hoy día necesita España se puedan llevar a cabo solo por lo que tradicionalmente se sitúa en el campo de la izquierda. Hay sectores sociales y miles de personas que no tienen por qué sentirse ideológicamente identificados con los planteamientos filosóficos o políticos de quienes somos de izquierdas, pero que coinciden totalmente con las propuestas de regeneración y reconquista de los derechos que planteamos: que quieren que se pidan responsabilidades, que no se permita robar, que se combata la corrupción, que se garantice la financiación a la economía antes que los privilegios de la banca privada, que se facilite la creación de empresas y de empleo eliminando nuestra dependencia de las grandes multinacionales y grupos bancarios, que las instituciones se corresponsabilicen con el cuidado de los dependientes a través del gasto social o que se respete el medio natural por encima de todo.

Por eso es igualmente fundamental que ese nuevo sujeto político se abra a otras opciones que desean salir del régimen caduco de una transición que mantuvo prácticamente intacto el poder de los grupos oligárquicos y que ha ido degenerando la vida política y la democracia poco a poco. Hay que buscar y conformar alianzas amplias para regenerar nuestra sociedad y para avanzar hacia una institucionalidad diferente y plena y realmente democrática.

Me parece que todo esto es urgente y que para ponerlo en marcha solo hace falta que las personas normales y corrientes quieran comprometerse y actuar como lo que son, dueñas de sus destinos. En Sevilla y en otros puntos de España nos hemos empezado a auto convocar personas de diversas procedencia y sensibilidades que queremos cambiar y fomentar la unidad ciudadana. ¿Por qué no intentarlo cada vez con más gente y en más lugares?

ganas de escribir, 16/03/13

José Carlos Bermejo Barrera: Ni hubo ni habrá un sistema universitario gallego

José Carlos Bermejo Barrera: Ni hubo ni habrá un sistema universitario gallego

Hace más de veinte años que la Universidad de Santiago fue dividida para crear un supuesto sistema universitario gallego, planificado y diseñado por las autoridades políticas. La razón fue muy simple: debido al incremento del número de sus alumnos y a las dificultades administrativas, comprensibles en un momento en el que la informática estaba en un estado incipiente, se decidió crear tres universidades, dividiéndose sus territorios de un modo un tanto arbitrario, puesto que a Santiago le correspondió Lugo, a A Coruña, Ferrol, y a Vigo, Ourense y Pontevedra. Y si la distribución territorial no tuvo mucha lógica, menos la tuvo la decisión de disolver los Colegios universitarios - que impartían primeros ciclos y que ahora tendrían asignados sus grados de Bolonia- obligándolos a convertirse en facultades e impartir licenciaturas, añadiendo docenas de licenciaturas más en una loca competencia entre rectores, apoyados y alentados por los políticos provinciales y locales.

Como no se hizo una distribución racional de los campus - convirtiendo por ejemplo a Vigo en la universidad politécnica de Galicia- cada universidad aspiró a tenerlo todo y así se duplicaron y triplicaron titulaciones. Y como además la creación de nuevas plazas de profesor era esencial para la promoción académica de muchas personas, las presiones corporativas del profesorado se sumaron a todas las demás.Se crearon centros apresuradamente y con medios precarios, pero la situación se mantuvo mientras creció el número de alumnos y fluyó el dinero público de la época dorada de la burbuja inmobiliaria. Hasta que llegó la crisis, se colapsaron las sobredimensionadas plantillas de personal, a la vez que caía el número de estudiantes y el paro juvenil llegaba al 55%, llevándose consigo el valor de los títulos universitarios.

Todo el pais se reconvirtió, llovieron los recortes, aunque en Galicia fueron pequeños en sus universidades, comparados con otros sectores educativos, por no decir nada de la sanidad y los sistemas de cobertura del paro o las pensiones. Ante esta situación, y arropado por sus discurso de adelgazamiento del sector público y sus administraciones, presenta el gobierno gallego un anteproyecto de ley de un supuesto sistema universitario de Galicia, que no sólo no corrigue ninguno de los defectos existentes, sino que empeora todavía más la situación de las universidades gallegas.

José Carlos Bermejo Barrera: Maquiavelo en Fonseca

Maquiavelo en FonsecaJosé Carlos Bermejo Barrera: Maquiavelo en Fonseca

Quizá el que la Universidad de Santiago se fundase en el Renacimiento, en medio de un batiburrillo de fechas que dió lugar a polémicas entre historiadores, pueda explicar por qué sobre ella se extiende la alargada y astuta sombra de Maquiavelo. Encarna Maquiavelo la idea de la pasión del poder y el valor de la intriga y la astucia como métodos para conseguirlo, conservarlo y aumentarlo. Por ello en cierto modo podríamos decir que si fuese un santo, debería ser el patrono de las universidades, ocupando el lugar de Santo Tomás de Aquino.

Y es que desde el final del catedráticocentrismo, que tradicionalmente venía siendo el principio sobre el que se asentaban las universiades españolas, y su sustitución por un gobierno basado en un complejo sistema de órganos colegiados superpuestos y en conflicto permanente entre sí, tuvo lugar el nacimiento de un nuevo tipo de institución y de un nueva figura académica: el académico político, experto en conseguir votos, manejar órganos de gobierno a los que puede acceder por este método, y hacerlo a la vez en pos del bien común y de su particular provecho, no necesariamente económico.

Todos los elementos de los sistemas parlamentarios se trasladaron a la universidad: campañas electorales, grupos de presión o lobbies académicos, propaganda electoral, discursos banales y todo lo que sea necesario para conseguir, mantener e incrementar el poder personal, un arte al que Maquiavelo denominó virtú. Pero, eso sí, en las universidades todo es como en la política pero en opaco. Hubo en ellas comprometidos militantes de partidos y sindicatos, que en otros tiempos asumieron el riesgo de unas militancias ilegales, pero la mayoría eran ya mucho más jóvenes y sólo utilizaron el pasado sufrimiento de los demás como un capital expropiado. Son mayoritariamente estos académicos entrecuzados con partidos y sindicatos quienes en este nuevo mundo opaco, aparentemente presidido por la búsqueda del saber y los valores propios de la universidad, se hicieron con el control de las universidades.

Vicenç Navarro: Las reformas educativas del PP

Vicenç Navarro: Las reformas educativas del PP
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 1 de marzo de 2013
Este artículo critica la reforma educativa del gobierno del Partido Popular que refleja una visión excesivamente economicista y clasista de las políticas públicas necesarias en el sistema educativo español.

Una de las características más negativas de la reforma educativa del Gobierno del Partido Popular es la filosofía que reproduce y expande en sus propuestas y que se centra en la visión de que un objetivo central de tales reformas es aumentar lo que llama el ‘capital humano’ de los alumnos. En sí, adaptar el sistema educativo a las necesidades de recursos humanos de una economía es un objetivo razonable y deseable. Pero lo que distingue el enfoque adoptado en estas reformas es su visión tan reduccionista que pone tal objetivo como el centro de sus propuestas. Lo que tal reforma intenta es hacer de los alumnos, trabajadores productivos para que encajen en la máquina productiva del país, viendo a los alumnos como objetos cuyo valor a la economía exige que tengan, no sólo el conocimiento, sino también la actitud laboral necesaria para incrementar la producción. De ahí que otra característica de tales reformas es su énfasis en la disciplina (con ribetes autoritarios) y en la uniformización. El gran valor que adquieren en la reforma las pruebas test es un indicador de ello. Por lo demás, áreas que no se perciben como contribuyentes a la productividad y creación de capital, como se consideran las “Humanidades”, y en cierta medida también las “Ciencias Sociales”, dejan de tener importancia en la asignación de conocimiento en el currículum escolar. En esta visión, la función fundamental de la educación es servir a la economía, esta categoría conceptual que sirve para ocultar el sistema económico-político actual, que se basa, no en el mérito (como su narrativa falsamente proclama), sino en las relaciones de poder de clase y género que origina y reproduce.

La educación, sin embargo, no debería ser primordialmente un medio para alcanzar un fin económico, sino al revés, el proyecto económico debería ser el medio para facilitar y promover la calidad de vida de la ciudadanía, la cual requiere el pleno desarrollo del ser humano, tanto como persona como ciudadano. Todo ser humano tiene un gran potencial de creatividad que el sistema educativo debe promover. Esta visión economicista lleva también a una visión clasista de la educación, en la que la educación pública debe formar a trabajadores productivos y disciplinados y la privada (donde envían a sus hijos la mayoría de dirigentes del gobierno popular presidido por el señor Rajoy) debe cumplir con su misión de formar las élites gobernantes, bajo la guía espiritual de la Iglesia. La mayoría de las escuelas privadas están gestionadas por tal institución. El favoritismo de las reformas a la escuela privada reproduce tal visión clasista de la educación.

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA MUESTRA EL ERROR DE LOS SUPUESTOS DE LA REFORMA

El énfasis en incrementar el capital humano de la sociedad como manera de enriquecer a la ciudadanía, incrementando su productividad, tiene escasa evidencia empírica que la sustente. Veamos los datos. En una excelente presentación en el programa de Políticas Públicas de la Johns Hopkins University, en Baltimore, el economista John Schmitt (del prestigioso Center for Economic and Policy Research, de Washington) mostró como EEUU nunca antes había tenido un nivel educativo tan elevado como el que tiene ahora. El porcentaje de la población con educación universitaria nunca había sido más alto (el 30%) y el de escasa educación tan bajo (9%) como ahora. El incremento del primer grupo y el descenso del segundo grupo habían sido espectaculares en los últimos cuarenta años. Pero lo que es más importante que la evolución de los extremos era el incremento tan notable del nivel educativo de la gran mayoría de la población. Un indicador de ello es que casi el 60% de la población activa utiliza el ordenador en su puesto de trabajo.

Pero a pesar de ello, los salarios por hora (lo que el trabajador y empleado gana por hora) han disminuido entre la gran mayoría de hombres, aumentando sólo ligeramente entre la mayoría de mujeres (cuyo nivel inicial era mucho más bajo que el de los hombres) en los últimos casi cuarenta años (1973-2009). Otro dato presentado por John Schmitt era el notable crecimiento de la productividad, que no ha repercutido en el incremento paralelo de los ingresos de la clase trabajadora, que constituye la mayoría de la población en EEUU, cuyo nivel de educación ha aumentado considerablemente (En aquel país, el término “clases medias” se utiliza para definir primordialmente a la clase trabajadora). En realidad, las reformas neoliberales ampliamente extendidas a partir del mandato del presidente Reagan, tuvieron un impacto negativo para el bienestar de las clases populares, que se vieron en la necesidad de endeudarse para mantener su nivel de vida, origen del enorme endeudamiento de la población estadounidense. El aumento del nivel de renta y riqueza se ha concentrado en un sector muy minoritario de la población, cuyo altísimo nivel de renta no tiene nada que ver ni con mérito ni con la educación.

Una última observación. Nada de lo dicho debería interpretarse como un desmerecimiento que la educación tiene para la eficiencia económica de un país. El mejor ejemplo del valor del sistema educativo dentro de economías eficientes lo muestran la mayoría de países escandinavos, siendo la escuela finlandesa, por ejemplo, un punto de referencia en el mundo educativo. Ahora bien, la función primordial de la educación es formar ciudadanos libres, con capacidad creativa y decisoria en la gobernanza del país. Tal función no se respeta cuando a la educación se la ve primordialmente como un objetivo económico detrás del cual se oculta la reproducción de una sociedad clasista y sexista que dificulta la creatividad en la mayoría de la población.

Vicenç Navarro, 01/03/201

José Carlos Bermejo Barrera: Os demos familiares da cultura galega

José Carlos Bermejo Barrera: Os demos familiares da cultura galega

A partir do século XVIII, cando en Europa se crearon os conceptos de cultura e civilización, fóronse desenvolvendo diferentes ideas do que podería e debería ser unha cultura. Se tivésemos que buscar en todas elas un trazo común seríao sen dúbida ningunha o feito de que a idea de cultura foi progresivamente transformándose desde unha formulación basicamente letrada, literaria e cosmopolita a outra de carácter histórico e social.

No cosmopolitismo ilustrado a cultura formábana os sistemas das «Belas artes» e as «Belas letras». Os seus destinatarios eran a minoría de persoas letradas, capaces de apreciar o valor estético da literatura, da música, das belas artes ou dos coñecementos que proporcionaban a filosofía e as novas ciencias. Uns coñecementos que a Europa das Luces difundía a través da creación das súas Academias, nas que intelectuais como Voltaire ou Diderot podían servir o rei de Prusia ou a emperatriz de Rusia nunha Europa na que a lingua da cultura era o francés. Os intelectuais e a cultura da Ilustración formaron o que se denominou a «República das Letras», unha cidade platónica ideal na que todos os europeos alfabetizados, cultos, e coa suficiente riqueza e lecer para ter o tempo de apreciar a cultura crían poder vivir nun novo Monte Olimpo.

Co nacemento dos estados nación na Europa do século XIX, uns estados que na actualidade dun modo ou doutro seguen plenamente vixentes, a cultura cosmopolita pasou a converterse en cultura nacional e os seus suxeitos creadores deixaron de ser os «filósofos» (que eran á súa vez literatos e científicos), polo menos no papel, ao considerarse esas culturas nacentes como froitos dunha creación colectiva que encarnarían o Volk alemán, o Folk inglés, o popolo italiano, e o peuple francés ou o pueblo español.

Quixeron os intelectuais europeos que eses pobos creadores de culturas nacionais estivesen encarnados nos campesiños, pescadores ou artesáns, retratados por Michelet en Francia, e decidiron recompilar o seu saber, o seu folk-lore (sabedoría popular), plasmado na súa lingua, nos seus relatos orais ou na súa música tradicional.

En todo este esforzo de recompilación deuse, con todo, unha contradición, e é que, como sinalou J. G. Fichte, os que saben, o «pobo para-el mesmo» (ou sexa, o pobo que ten conciencia da súa identidade) en realidade non son pobo, non son «pobo nel-mesmo». O pobo nel mesmo, o que de verdade o é, son o campesiño analfabeto, o pastor, o pescador ou o artesán, que sendo auténtico pobo con todo non poden ter conciencia de que o son, porque non ten cultura.

Scott Sherman: University Presidents—Speak Out!

Scott Sherman: University Presidents—Speak Out!
“Once upon a time, university leaders were seen as sculptors of society.” Now they “are chiefly technocrats, agile climbers who reach the top without making too many enemies or mistakes.”

In May 1943, James B. Conant, the president of Harvard University, published an essay in The Atlantic Monthly titled “Wanted: American Radicals.” Conant was on the lookout for “a group of modern radicals in the American tradition,” whose ideas would encompass Thoreau and Whitman, Emerson and Marx, and who would be “lusty in wielding the axe against the root of inherited privilege” so as to prevent the growth of “a caste system.” His proposal? The imposition of “really effective inheritance and gift taxes and the breaking up of trust funds and estates.” Conant, whose essay infuriated Harvard’s well-heeled trustees, was hardly a radical himself; he was, and would always remain, a man of the establishment. But in those days, college and university presidents did not limit their activities to fundraising, shmoozing, paper-pushing and administration. They had access to bully pulpits, and they occupied them.

Think about it: When was the last time a college or university president produced an edgy piece of commentary, or took a daring stand on a contentious matter? 

It’s a familiar lament. The university president, Upton Sinclair wrote in The Goose-Step, was “the most universal faker and the most variegated prevaricator that has yet appeared in the civilized world.” William Honan, writing in The New York Times in 1994, wondered why college presidents no longer “cut striking figures on the public stage.” “Small Men on Campus: The Shrinking College President” was the headline of a New Republic cover story in 1998. In their 2010 book Higher Education?, Andrew Hacker and Claudia Dreifus declared, “Once upon a time, university leaders were seen as sculptors of society.” Now they “are chiefly technocrats, agile climbers who reach the top without making too many enemies or mistakes.” 

Recently the old concerns about higher education leadership were revived by controversies concerning two Ivy League presidents: Ruth Simmons of Brown and Lee Bollinger of Columbia. Not so long ago, both were seen as public-spirited, visionary leaders: Bollinger, when he led the University of Michigan, spearheaded the fight for affirmative action in college admissions; and Simmons, in 2003, initiated a far-reaching investigation into Brown’s historic connection to slavery and the slave trade. (She stepped down last year.) 

Those actions won praise, but serious questions have since been raised about what these people do in their spare time. In 2010, the Times reported that Simmons had served on the board of Goldman Sachs and was partly responsible for a $68 million pay package awarded to its chairman, Lloyd Blankfein, in 2007. (Simmons ultimately left the Goldman Sachs board with stock worth $4.3 million.) In June, Bollinger, the chairman of the Federal Reserve Bank of New York’s board of directors, defended the right of Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase, to remain a member of that same board, despite the fact that Dimon’s bank had contributed money to Columbia. Those who thought Dimon should resign, Bollinger reportedly said, were “foolish.” Criticism came quickly: economist Simon Johnson, in blog posts for the Times, lashed Bollinger for serving on the Fed’s board, for sidestepping an obvious conflict of interest and for lacking the credentials to serve. (Bollinger’s term ended December 31.) 

Why should we fret about the presidents of our colleges and universities? Because American higher education is plagued by severe difficulties on many fronts—from soaring tuition and runaway student debt to the loss of public funding, the endemic corruption in college athletics and the erosion of the liberal arts—and the presidents won’t resolve those issues by kibitzing in the gilded suites of Wall Street. The time has come to demand more from them, and to hold them to more elevated standards. The finest presidents of the past—Conant, Robert Hutchins, Kingman Brewster, Clark Kerr—were not perfect men, but they exercised potent leadership, and sometimes they were quite courageous. 

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades
Albert Corominas, Catedrático de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitari

El pasado 12 de febrero, los miembros de la llamada Comisión de Expertos entregaron su informe (“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”) al ministro Wert, quien los había designado unos meses antes.

Dicho informe ha tenido un eco relativamente escaso en los medios de comunicación, posiblemente a causa del fuerte estruendo de sobres, corrupciones y espionajes. No obstante, contiene diversas recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondrían un vuelco del sistema universitario español.

El elemento central del informe es la propuesta, muy poco argumentada pero muy definida, sobre el gobierno de las universidades. En síntesis, cada universidad sería gobernada por Consejo con entre 21 y 25 miembros, un 50% de los cuales serían elegidos por el Claustro, un 25 % por la comunidad autónoma (no se especifica si por el gobierno o por el parlamento) y el resto por acuerdo entre los dos grupos anteriores. Dado que la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad plural en que se inserta, no es difícil llegar a la conclusión de que la comunidad autónoma tendría asegurada la llave del gobierno de cada universidad, máxime cuando el Consejo elegiría al rector y este designaría secretario general, vicerrectores, decanos y directores de escuela y propondría al Consejo el gerente.

¿Es una propuesta técnica que interesa solo a la comunidad universitaria? ¿Es una sorpresa, un planteamiento inédito que ha resultado del debate entre los miembros de la Comisión? O, por el contrario, ¿es un hito de una campaña mediática persistente orientada a poner las universidades públicas al servicio de los denominados mercados?

De un tiempo a esta parte, el gobierno de las universidades, es objeto de documentos, artículos e intervenciones en medios de comunicación. Mayormente, por parte de representantes de algunos intereses empresariales, los cuales proclaman que la universidad española no funciona, que su principal problema es la gobernanza y que es urgente modificarla, con el fin de implantar un sistema de gobierno jerárquico, cuya máxima autoridad sea nombrada por un órgano no universitario con participación hegemónica empresarial. De tales pretensiones se han hecho eco los representantes políticos de dichos intereses y, así, el gobierno de la Generalitat de Cataluña impulsó, en 2011 y 2012, una comisión con el propósito evidente, aunque no logrado, de dar cobertura, con los lógicos matices (las propuestas procedentes de instancias políticas no suelen coincidir formalmente con las que expresan, ya sin tapujo, las organizaciones empresariales o sus instrumentos) a estos proyectos.

Cabe analizar, y sería interesante hacerlo, los motivos y la pertinencia del uso reiterado del término “gobernanza”, y no “gobierno”, en esta campaña (por cierto, hay que agradecer a la Comisión de Expertos que su informe se refiera al “gobierno” y no a la “gobernanza”). Pero, como más o menos dijo Humpty Dumpty a Alicia, la cuestión no es qué significan las palabras, sino quién manda. Y de esto, simple y llanamente, se trata: de quién ha de mandar en la universidad pública (en las privadas mandan los propietarios pero esto, a pesar de los paupérrimos resultados de la gran mayoría de estas universidades, con muy contadas excepciones, no parece discutirlo nadie).

No se trata, pues, de un debate académico, que interesaría solo a especialistas, sino de una contienda política y social, que concierne a toda la ciudadanía.

Actualmente, en el gobierno de las universidades públicas intervienen la administración pública, autonómica y estatal, los consejos sociales (en los que es hegemónica la cultura empresarial, pese a que, o a causa de que, sus miembros externos a la propia universidad son designados por gobiernos y parlamentos autonómicos, y organizaciones locales, profesionales, patronales y sindicales) y los propios miembros de la universidad. Estos últimos eligen al rector o rectora y a una parte del Consejo de Gobierno (“el órgano de gobierno de la Universidad”, dice la ley), así como otros órganos colegiados que equilibran la indudable preeminencia del rector o rectora en las decisiones internas.

Con este sistema se han obtenido resultados notables (expansión numérica, territorial y social de la enseñanza universitaria; incremento substancial de la cantidad, la calidad y la proyección de la investigación universitaria, que constituye la mayor parte de la que se lleva a cabo en España) pero presenta también inconvenientes relevantes (ineficiencias debidas a una planificación deficiente de centros, títulos y plantillas y a una inadecuada, a veces ambigua, atribución de responsabilidades en lo que respecta a la elaboración de los presupuestos y al control de su ejecución), que requieren las reformas oportunas, lo cual no implica, desde luego, que todas las deficiencias de la universidad deriven de su sistema de gobierno ni que este sea su problema principal.

Pese a ello, lo que se ha venido planteando no es la transformación del sistema actual para mejorarlo, sino, sin diagnóstico y sin argumentación, su revocación y substitución por un sistema jerárquico de corte empresarial.

¿Quién ha intervenido en el debate y con qué objetivos? Algunas organizaciones empresariales y sus supuestos think tanks, con la Fundación Conocimiento y Desarrollo como ariete (el nombre no hace la cosa: se trata del instrumento principal para cuestiones universitarias de un lobby empresarial presidido por Ana P. Botín) y con muchos presidentes de consejos sociales como voceros, reclaman el poder, en las universidades, para los empresarios. Algunos rectores, el poder para los rectores. Esta posición rectoral ha sido jaleada por las organizaciones empresariales interesadas y por sus pregoneros: sentado el principio de que el rector ha de tener amplios poderes, bastará reemplazar el procedimiento para elegirlo por un procedimiento para designarlo. Algunos rectores han visto ahora la jugada y han empezado a clamar (¿demasiado tarde?) que “no es esto, no es esto”.

¿Para qué quieren algunos empresarios mandar en la universidad? Para imponer la orientación de los planes de estudios, mercantilizar la investigación, subir las matrículas y hacer negocio con los préstamos. Se trata de un elemento más, y no el menor, del proceso de privatización de los servicios públicos, pero en este caso, con una singularidad: no se pretende asumir la propiedad del sistema, sino que este siga financiado públicamente o, en todo caso, por las familias, pero gobernado en función de los intereses empresariales. Jugada redonda: poner al servicio de intereses particulares los considerables recursos involucrados en el sistema universitario, ¡y sin invertir un céntimo!

¿Y quién debería mandar, pues, en la universidad? Parece razonable que esto dependa de la naturaleza, muy variada en la universidad, de las decisiones de gobierno. En lo que se refiere a la planificación y la financiación del sistema universitario, las administraciones estatal y autonómica, como responsables de la distribución de los recursos públicos y de la ordenación territorial, y como garantes de la igualdad de oportunidades y del servicio público. En el control del gasto y de la gestión, los órganos fiscalizadores de la administración y unos renovados consejos sociales, realmente comprometidos con la universidad y que representen pluralmente a la sociedad en sus vertientes culturales y económicas. La actividad académica, los contenidos y la forma de la docencia y la investigación y su gestión deben corresponder a la comunidad universitaria, que es la cualificada para estas competencias.

Finalmente, ¿a quién importa todo esto? A quienes estudian y estudiarán en la universidad y a sus familias, a quienes trabajan en ella, al empresariado que desea ser competitivo a medio y largo plazo y no pretende solo maximizar el beneficio inmediato. A toda la sociedad, porque toda ella se beneficia directa o indirectamente de una institución que genera y transmite conocimientos y contribuye así a que el país sea más culto y más productivo.

El Diario, 25/02/2013

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

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