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Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades
Albert Corominas, Catedrático de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitari

El pasado 12 de febrero, los miembros de la llamada Comisión de Expertos entregaron su informe (“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”) al ministro Wert, quien los había designado unos meses antes.

Dicho informe ha tenido un eco relativamente escaso en los medios de comunicación, posiblemente a causa del fuerte estruendo de sobres, corrupciones y espionajes. No obstante, contiene diversas recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondrían un vuelco del sistema universitario español.

El elemento central del informe es la propuesta, muy poco argumentada pero muy definida, sobre el gobierno de las universidades. En síntesis, cada universidad sería gobernada por Consejo con entre 21 y 25 miembros, un 50% de los cuales serían elegidos por el Claustro, un 25 % por la comunidad autónoma (no se especifica si por el gobierno o por el parlamento) y el resto por acuerdo entre los dos grupos anteriores. Dado que la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad plural en que se inserta, no es difícil llegar a la conclusión de que la comunidad autónoma tendría asegurada la llave del gobierno de cada universidad, máxime cuando el Consejo elegiría al rector y este designaría secretario general, vicerrectores, decanos y directores de escuela y propondría al Consejo el gerente.

¿Es una propuesta técnica que interesa solo a la comunidad universitaria? ¿Es una sorpresa, un planteamiento inédito que ha resultado del debate entre los miembros de la Comisión? O, por el contrario, ¿es un hito de una campaña mediática persistente orientada a poner las universidades públicas al servicio de los denominados mercados?

De un tiempo a esta parte, el gobierno de las universidades, es objeto de documentos, artículos e intervenciones en medios de comunicación. Mayormente, por parte de representantes de algunos intereses empresariales, los cuales proclaman que la universidad española no funciona, que su principal problema es la gobernanza y que es urgente modificarla, con el fin de implantar un sistema de gobierno jerárquico, cuya máxima autoridad sea nombrada por un órgano no universitario con participación hegemónica empresarial. De tales pretensiones se han hecho eco los representantes políticos de dichos intereses y, así, el gobierno de la Generalitat de Cataluña impulsó, en 2011 y 2012, una comisión con el propósito evidente, aunque no logrado, de dar cobertura, con los lógicos matices (las propuestas procedentes de instancias políticas no suelen coincidir formalmente con las que expresan, ya sin tapujo, las organizaciones empresariales o sus instrumentos) a estos proyectos.

Cabe analizar, y sería interesante hacerlo, los motivos y la pertinencia del uso reiterado del término “gobernanza”, y no “gobierno”, en esta campaña (por cierto, hay que agradecer a la Comisión de Expertos que su informe se refiera al “gobierno” y no a la “gobernanza”). Pero, como más o menos dijo Humpty Dumpty a Alicia, la cuestión no es qué significan las palabras, sino quién manda. Y de esto, simple y llanamente, se trata: de quién ha de mandar en la universidad pública (en las privadas mandan los propietarios pero esto, a pesar de los paupérrimos resultados de la gran mayoría de estas universidades, con muy contadas excepciones, no parece discutirlo nadie).

No se trata, pues, de un debate académico, que interesaría solo a especialistas, sino de una contienda política y social, que concierne a toda la ciudadanía.

Actualmente, en el gobierno de las universidades públicas intervienen la administración pública, autonómica y estatal, los consejos sociales (en los que es hegemónica la cultura empresarial, pese a que, o a causa de que, sus miembros externos a la propia universidad son designados por gobiernos y parlamentos autonómicos, y organizaciones locales, profesionales, patronales y sindicales) y los propios miembros de la universidad. Estos últimos eligen al rector o rectora y a una parte del Consejo de Gobierno (“el órgano de gobierno de la Universidad”, dice la ley), así como otros órganos colegiados que equilibran la indudable preeminencia del rector o rectora en las decisiones internas.

Con este sistema se han obtenido resultados notables (expansión numérica, territorial y social de la enseñanza universitaria; incremento substancial de la cantidad, la calidad y la proyección de la investigación universitaria, que constituye la mayor parte de la que se lleva a cabo en España) pero presenta también inconvenientes relevantes (ineficiencias debidas a una planificación deficiente de centros, títulos y plantillas y a una inadecuada, a veces ambigua, atribución de responsabilidades en lo que respecta a la elaboración de los presupuestos y al control de su ejecución), que requieren las reformas oportunas, lo cual no implica, desde luego, que todas las deficiencias de la universidad deriven de su sistema de gobierno ni que este sea su problema principal.

Pese a ello, lo que se ha venido planteando no es la transformación del sistema actual para mejorarlo, sino, sin diagnóstico y sin argumentación, su revocación y substitución por un sistema jerárquico de corte empresarial.

¿Quién ha intervenido en el debate y con qué objetivos? Algunas organizaciones empresariales y sus supuestos think tanks, con la Fundación Conocimiento y Desarrollo como ariete (el nombre no hace la cosa: se trata del instrumento principal para cuestiones universitarias de un lobby empresarial presidido por Ana P. Botín) y con muchos presidentes de consejos sociales como voceros, reclaman el poder, en las universidades, para los empresarios. Algunos rectores, el poder para los rectores. Esta posición rectoral ha sido jaleada por las organizaciones empresariales interesadas y por sus pregoneros: sentado el principio de que el rector ha de tener amplios poderes, bastará reemplazar el procedimiento para elegirlo por un procedimiento para designarlo. Algunos rectores han visto ahora la jugada y han empezado a clamar (¿demasiado tarde?) que “no es esto, no es esto”.

¿Para qué quieren algunos empresarios mandar en la universidad? Para imponer la orientación de los planes de estudios, mercantilizar la investigación, subir las matrículas y hacer negocio con los préstamos. Se trata de un elemento más, y no el menor, del proceso de privatización de los servicios públicos, pero en este caso, con una singularidad: no se pretende asumir la propiedad del sistema, sino que este siga financiado públicamente o, en todo caso, por las familias, pero gobernado en función de los intereses empresariales. Jugada redonda: poner al servicio de intereses particulares los considerables recursos involucrados en el sistema universitario, ¡y sin invertir un céntimo!

¿Y quién debería mandar, pues, en la universidad? Parece razonable que esto dependa de la naturaleza, muy variada en la universidad, de las decisiones de gobierno. En lo que se refiere a la planificación y la financiación del sistema universitario, las administraciones estatal y autonómica, como responsables de la distribución de los recursos públicos y de la ordenación territorial, y como garantes de la igualdad de oportunidades y del servicio público. En el control del gasto y de la gestión, los órganos fiscalizadores de la administración y unos renovados consejos sociales, realmente comprometidos con la universidad y que representen pluralmente a la sociedad en sus vertientes culturales y económicas. La actividad académica, los contenidos y la forma de la docencia y la investigación y su gestión deben corresponder a la comunidad universitaria, que es la cualificada para estas competencias.

Finalmente, ¿a quién importa todo esto? A quienes estudian y estudiarán en la universidad y a sus familias, a quienes trabajan en ella, al empresariado que desea ser competitivo a medio y largo plazo y no pretende solo maximizar el beneficio inmediato. A toda la sociedad, porque toda ella se beneficia directa o indirectamente de una institución que genera y transmite conocimientos y contribuye así a que el país sea más culto y más productivo.

El Diario, 25/02/2013

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Groucho Marx en Fonseca

José Carlos Bermejo Barrera: Groucho Marx en Fonseca

Desaparecido K. Marx del panorama académico, y con él lo que de su legado es ya sentido común, como saber que la economia puede determinar a una sociedad, llevándola a la ruina o garantizando su tranquilidad, y que los intereses sociales suelen ser antagónicos, y que para defenderlos se pueden tramar falsas teorías o simplemente mentir, ya solo nos queda como principal referente universitario su pariente Groucho. Hizo Groucho Marx una memorable aportación al derecho cuando leyó el contrato que decía: “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”, dejando claro lo que de absurdo y redundante puede tener a veces el lenguaje legal. Si las normas académicas solo fuesen redundantes, sería un mal menor, porque además pueden llegar a ser inútiles y estar dictadas para quien no procede y para los casos contrarios a los que se pretenden aplicar.

Solían los curas reñir el domingo a quienes asistían a misa, diciéndoles que otros muchos fieles no acudían, equivocándose de este modo en el destinatario de su reprimenda. Me contaba un colega, que tuvo la suerte, ya hace años, de librar de la mili por bajito, un caso similar. En Madrid, un poco avispado sargento quiso clasificar a los inútiles para el servicio haciendo tres formaciones. En la primera, quiso agrupar a los sordos llamándolos a gritos. En la segunda, a los ciegos, dándoles órdenes por señas. Y en la última, a los locos, ordenándoles imperativamente formar. Cosas similares se dan en nuestra universidad, inagotable generadora de normas inútiles y redundantes. Así, en algún caso y con el fin de combatir el absentismo de algún que otro profesor, se ordena que el profesor que da su clase firme en el aula que la imparte, lo que solo puede hacer evidentemente si ya la está dando. De este modo, “los profesores contratantes de la primera clase serán considerados como los profesores contratantes de la primera clase”. Así, los profesores cumplidores, que son mayoría, se convierten en sus propios vigilantes. No debería ser así, porque todo el mundo sabe si un aula está llena o vacía. Los responsables de controlar la asistencia deberían saberlo, pero si son ellos los que no están, entonces tienen que promover normas redundantes como ésta.

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

Llamó la atención en su momento que el altivo y desmesurado ministro Wert, que tiene la virtud de saber lo que quiere y decir lo que piensa, aunque se hunda el mundo y las encuestas de opinión, decidiese consultar a un grupo de sabios por él designados qué se podría hacer con las universidades, sobre todo si lo que dijesen coincidiera con lo que pensaba. Así lo han hecho los expertos, competentes en sus campos pero no en el derecho, excepto en los casos de Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que han formulado un voto particular, advirtiendo del peligro de lo que se propone y de la necesidad de llevar a cabo muy importantes reformas en muchos aspectos del derecho público, entrando en dos campos, como el de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, susceptibles de amparo constitucional. Matices todos estos que, como sugieren los autores del voto particular (pág. 5), sus compañeros no saben o no quieren entender.

Podríamos resumir los resultados del informe en tres apartados: a)- el modelo de gobierno autoritario, b)- la crítica a gravísimos errores en la implantación del proceso de Bolonia, y c)- la confirmación global del sistema paralegal en el que se mueven las universidades, cuyas anomalías los dos juristas sí comprenden. Y llama la atención en el informe la existencia de dos tipos de textos: a)- los que dan oponiones, a veces muy fundadas, de sus miembros, y b)- el texto articulado casi como borrador de un proyecto de ley sobre el gobierno universitario, en el que Wert sí está oyendo lo que ya sabe y quiere que le confirmen.

Denuncia el informe en su apartado 5 que todos los títulos de ingenierías, el de arquitecto y el de derecho se han implantado erróneamente al convertirlos en grados, y propone volver a carreras de 5 o 6 años en esos títulos, como en el caso de medicina, en el que el sentido común y las presiones del Ministerio de Sanidad ya habían conseguido que el nuevo título tuviese nivel de grado y máster y otorgase competencia profesional, lo que tendría que haberse hecho en todos los casos citados. Del mismo modo se propone volver a reducir a 3 años magisterio y todas las antiguas diplomaturas, dejando sólo los anómalos grados de 4 años en algunos títulos. Todo esto quiere decir que el mismo año en que salen nuevos graduados se considera que sus planes de estudio estuvieron mal diseñados y que deben ser reformados inmediatamente. Es decir, se ha cometido un atropello exigiendo el máster de la abogacía a los licenciados en derecho y el máster docente a miles de licenciados que por ley están exentos de él. No es una broma, todo esto es gravísimo y deberían rodar metafóricamente las cabezas de quienes fueron responsables de ello, de quienes diseñaron una plantilla de 69 competencias universales válidas para fabricar cualquier carrera, sin considerar ni su contenido ni el sentido común.

Pero esto es una discreta recomendación. Los sabios, excepto los dos juristas, proponen ya articulado un modelo autoritario de gobierno, con un rector nombrado por la Autonomía y con dos sueldos: el oficial y el que libremente le conceda la autoridad política, ¡con la que está cayendo en este tema! Un rector con poder unipersonal amplísimo que nombra decanos, controla el nuevo órgano de gobierno, la mitad de cuyos miembros ni pertenecen a la universidad, que se queda con un claustro consultivo y puede contratar un cuerpo de profesores indefinidos que convivirán con los funcionarios a la vez que contemplan su extinción. Un rector que busca patrones externos de su universidad, en la que los órganos de gobierno serán tan reducidos (25 miembros o 60 para el claustro) que estudiantes y Pas se quedarán con una representación simbólica, y en la que todos los cargos y la pertenencia a esos órganos estarán condicionados por los sexenios de investigación: un patrón universal de medida del nivel de los profesores concedidos por los evaluadores de un modo a veces poco claro, como indica el propio informe. Esto es lo que Wert, altivo y desmesurado, quiere, pero es lo mismo que Ángel Gabilondo - que antes que ministro fue fraile y que ama a la par a Rilke y a la fundación Universia del Banco de Santander - y su equipo diseñaron en otro informe del 2011 sobre este tema y lo mismo que propusieron en 2010 la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista, que además deseaban que todo se llevase a cabo sin la profunda reforma legal que Alzaga y Urrea demandan.

Ahora sólo nos queda esperar que en la pornografía política española que sustituye al debate, que pornografía es porque sólo muestra lo más bajo para excitar las pasiones, el PSOE se convierta en defensor de la libertad intelectual y de la dignidad académica, desaparecida hace años, cuando sus evaluadores consiguieron imponer para todo y para todos las mismas varas de medir, a costa de amendrentar a profesores, Pas y alumnos y conceder a cuentagotas mínimos incentivos salariales, ahora restringidos por la crisis. Mientras tanto Wert, altivo y desmesurado, está dispuesto a meter en cintura y recetar jarabe de palo a las ingobernales, disfuncionales y caóticas universidades públicas, poniéndolas firmes a base de recortes y un autoritarismo académico del que serán protagonistas sus nuevos gobernantes, colaboradores necesarios en el viejo y nuevo sistemas.

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria
La ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez y el resultado es el desprecio del conocimiento puro y la seducción por el lenguaje empresarial. La reflexión y la crítica seguirán fuera de las facultades
Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Edita el blog El paseante airado.

Muchos pueden celebrar por fin el cumplimiento de un antiguo deseo: la universidad ya no es una anacrónica rareza ni un cuerpo extraño infiltrado en el tejido social, sino lo que toda mente constructiva y acompasada con los tiempos ha querido desde siempre, a saber, un genuino reflejo de la sociedad. Parecía una utopía y se ha vuelto lo más real de este mundo: por fin universidad y sociedad van de la mano y comparten lo fundamental. Es cierto que lo compartido es la ruina, pero siempre será mejor algo que nada y, además, no está escrito que la miseria vaya a tener que lamentarse en toda ocasión: de sobra se sabe que la prosperidad genera molicie y hace olvidar la urgencia de poner al día instituciones manifiestamente inadaptadas.

La quiebra económica de la universidad pública se ha llevado casi todo por delante y adelgazará la institución hasta reducirla a las dimensiones eficaces y funcionales que desde hace tanto tiempo se han preconizado, pero la primera víctima del huracán ha sido ese sonrojante discurso montado en torno al término “excelencia” que, de no haberse desatado el ciclón, seguiría siendo la palabra más empleada por los gestores universitarios y los aspirantes a serlo. Aunque todo esto, como tantas otras cosas, se haya vuelto de la noche a la mañana una antigualla francamente remota, conviene recordar que estamos hablando de ayer mismo. “Excelencia” era, en efecto, el término más repetido por los hablantes de un newspeak que en muchas universidades había llegado a constituir el único lenguaje en uso. Contrariamente a las reglas de empleo de la palabra “excelente” (que sirve para alabar a personas o cosas a las que se admira o a las que se finge admirar), en la neolengua de la burocracia académica “excelencia” se usaba, más bien, como un atributo de la institución a que el hablante pertenecía, o de la que era rector o gestor. En cualquier ambiente saludable, el que alguien se califique a sí mismo de excelente será motivo de censura y hasta de burla, pero el clima universitario español de la última década había llegado a volverse francamente insalubre, y la adulación a las diversas instancias gestoras y evaluadoras exigía hablar su lenguaje como si ya no quedara otro.

La burbuja de la excelencia crecía sin que apenas nadie temiera su estallido. Las nuevas universidades públicas (y, poco a poco, también las menos nuevas) imitaban a las privadas en todo lo imitable y el fin último de la vida universitaria era converger con la empresa, haciendo de la enseñanza superior una actividad económicamente competitiva, orientada a formar los profesionales demandados por el mercado, y a hacerlo con toda la flexibilidad exigida por éste (a veces con un delicado complemento de confitería humanística). Por suerte o por desgracia, los dineros que habrían hecho falta para el desmantelamiento de la universidad pública designado como plan Bolonia no llegaron nunca, pero el plan en cuestión, de haberse llevado a cabo, habría dado de sí algo muy parecido a lo que la llamada crisis se ha encargado de producir por su cuenta. No volverán, parece, los tiempos en que el erario público sostenía a legiones de matemáticos, filólogos, teóricos sociales, físicos o historiadores entregados a sus propias tareas y sin preocupación ninguna por la rentabilidad de sus resultados. Sobrevivirá quien se adapte a la realidad, y punto, como siempre debería haber sido. La universidad tendrá que ser más pequeña y, sobre todo, deberá estar gobernada por representantes del mundo de la empresa, en lo cual, visto lo visto, quizá no vaya a haber muchas diferencias con la situación presente. Mientras tanto, habrá que despedir a unos millares de profesores, si bien tampoco hay que dejarse engañar en este asunto por las lágrimas de cocodrilo que a menudo vemos derramarse: la flexibilidad contractual fue desde muy antiguo todo un ideal de los sectores universitarios más innovadores, incluidos los exquisitamente progresistas. Como en tantas otras cosas, la crisis viene aquí muy bien, aunque convenga en algunos momentos y compañías disimular la satisfacción.

El hecho decisivo se silencia con el mayor pudor: la burguesía española posee un desinterés congénito por todo lo que sean estudios sin aprovechamiento económico o ideológico contante y sonante. Esto, que es antiquísimo, no ha variado en los últimos tiempos y no amenaza con volverse del revés. Lo único nuevo que ocurrió a partir de cierto momento fue que a los empresarios se les dio toda clase de facilidades para montar pequeños negocios (o no tan pequeños) en la universidad, a medias con profesores dinámicos, ávidos de ingresos extra. Creer que el capital privado puede sostener la universidad española se funda, en el mejor de los casos, en una ignorancia completa de lo que aquí es el capital privado y de lo que en cualquier sitio debe ser la universidad. Pero la ignorancia no es ningún estorbo para el éxito ideológico, y entre nosotros la ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez como un signo ineluctable de los tiempos.

Semejante cuerpo de doctrina no habría triunfado, por cierto, sin la decisiva aportación de ese inconfundible atavismo modernizante (tan rancio como castizo) típico del patriciado intelectual del país. Ya se sabe que un poco de progresismo contestatario en la juventud es la mejor formación para el mandarín tecnócrata, feliz por haber comprendido con los años que debajo del asfalto no estaba la playa, sino el parque empresarial. Reclamar que la Universidad sea socialmente rentable es el primer paso para desprenderse del adverbio de modo y conservar el resto de la frase, una tarea que en los últimos años se ha ejecutado con toda diligencia. La burbuja de la universidad excelente ha estallado por fin, y lo que queda son los vicios que crecieron en la época del autoengaño: el desprecio del conocimiento puro y desinteresado, el amaneramiento de las ideas, la compulsión viajera y grafómana, la seducción por el lenguaje empresarial y la sumisión a la burocracia, aunque todo eso sin dinero y ya sin muchas ganas, a semejanza de quien ni siquiera llegó a nuevo rico y se quedó a medio camino, obligado a combinar grotescamente la poca ropa ostentosa que le dio tiempo a comprarse con la de su viejo armario menestral, ya raída del todo.

Es natural que, en tiempos de tribulación, las buenas gentes se pregunten “qué opinan los intelectuales”, “cuál es el parecer del mundo de la cultura” o cosas por el estilo, y debería llamar la atención (de hecho, no la llama en absoluto) que nadie se preocupe por saber, como antes ocurría tópicamente, “qué piensa la universidad”. Ha de reconocerse que tal desinterés social está más que justificado. Porque, en el ámbito del pensamiento y de las ciencias humanas y sociales, la burbuja universitaria fue, antes que nada, una formidable hinchazón de inanidad intelectual. Cualquier ocupación que no fuese cultivar la ortodoxia académica vigente en cada disciplina y entregarse a la escolástica (por lo común estadounidense) que en cada redil imperase era del todo ineficaz para hacer méritos en la universidad de la burbuja. Lo milagroso ha sido la pugnaz resistencia de muchos universitarios cuya conducta no formaba parte del guion y que, si sobreviven al huracán, lo harán de manera casi heroica. El futuro intelectual de la universidad no está en manos de quienes la gestionaron en los buenos tiempos, sino de quienes se esforzaron entonces en nadar a contracorriente. La burbuja de la universidad de la excelencia no dejará tras de sí ninguna huella intelectual memorable. Pero queda por ver si el malestar por su infatuación produce los frutos de lucidez que las circunstancias presentes reclaman. De lo contrario se repetirá lo que en tantas épocas ha ocurrido: que el pensamiento, la crítica y la reflexión serán fenómenos inequívocamente extrauniversitarios.

El País, 16/03/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

Uno de los conocimientos más sólidos que adquirí en mi infancia fue llegar a saber que “el metro es una barra de platino iridiado que se conserva en el Museo Internacional de Pesas y Medidas de París y se corresponde a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre”. Quedaba claro que el metro patrón era algo muy caro (aunque se podían comprar también en las ferreterías metros de madera plegables a un precio razonable), que era sólido e incommovible, por eso era de platino, como de platino eran las señoras rubias de Hollywood, igualmente lejanas e inalcanzables, y además que medía algo tan real como el meridiano terrestre.

En la actualidad todo lo sólido se desvanece en el aire y mucho más en las universidades, instituciones que claramente ya no forman parte del sistema educativo, según su propia definición que las quiere hacer motores básicos del desarrollo económico. En las que de lo que se trata es de adiestrar o entrenar a sus alumnos para el ejercicio de una supuesta profesión, y a sus profesores para que cumplan disciplinadamente sus nuevos deberes.

En el mundo académico la oscuridad se ilumina con las tinieblas y todo se aclara con números, índices y patrones de medida, que en realidad no se refieren ya a nada. Los profesores, por ejemplo, aceptan con orgullo ser medidos con el llamado índice de citas, que no es más ni menos que el conteo del número de veces que su nombre es citado por otros profesores en determinadas revistas, que son las que cuentan para hacer esas sumas de citas en un interminable juego de ping-pong, válido sólo en las que son carísimas. Está claro que mi nombre o el de otro profesor no tienen nada que ver con las ciencias, porque las ciencias se refieren a determinados tipos de conocimientos válidos y no a sus autores. Si los artículos científicos fuesen anónimos o tuviesen una clave no tendría sentido citar el nombre o el apellido de nadie. Si se hace así, elevando imperecederos monumentos a la vanidad profesional y al narcisismo personal, es porque todo el mundo académico se quiere construir como una pirámide de naipes, en el que uno asciende en su carrrera sumando cartas a su torre. Para lograrlo ha de jugar una partida, controlada por los grandes tahúres que son las editoriales científicas que monopolizan el mercado, y por los nuevos sargentos instructores que enseñan a desfilar a todo el mundo a través de los claustros.

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y las calificaciones secretas

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y las calificaciones secretas

Fue Alejandría una de las grandes capitales del mundo antiguo. En ella estaban su gran Biblioteca y su Museo y una tercera parte de su población era judía. Uno de los reyes griegos de Egipto, que seguían siendo faraones, decidió un día que, como los judíos de Alejandría ya no hablaban hebreo, sino solo griego y arameo, deberían tener un versión de su libro sagrado en el idioma helénico. Por ello, dice la leyenda, decidió encerrar a 70 sabios en sendas habitaciones y les ordenó redactar de memoria todo el texto del Antiguo Testamento, advirtiéndoles de que no podrían salir hasta haber acabado sus deberes. Concluidos éstos se vió que los 70 textos no se diferenciaban ni en una coma - los griegos dirían una iota suscrita-, gracias la inspiración divina.

Podríamos pensar que este rey fue el inventor de la llamada evaluación a doble ciego, según la cual si dos expertos aislados dicen que un trabajo es cierto es que lo es, aunque el rey hizo las cosas a lo grande y en vez de 2 revisores del texto puso a 70. Quizás el destino de esos 70 sabios encerrados en sus despachos por orden de un rey autoritario sirva hoy como metáfora de la situación de los profesores universitarios: aislados, sometidos a los caprichos de quien manda, y a la espera de que la historia se repita de nuevo y vuelva a dejarlos sin recursos, tal y como ocurrió después en Alejandría cuando un califa decidió quemar todos los libros de la antigua biblioteca porque pensó que si decían lo mismo que El Corán eran inútiles y si decían lo contrario es que eran falsos. Si cambiamos el califa por algunas de nuestras autoridades expertas en inculcar el odio a los libros y responsables del hundimiento de las bibliotecas universitarias en todo el mundo, podríamos imaginarlas diciendo que los libros sobran porque todo lo que dicen ya está en internet o en la wikipedia y por eso podemos dejarlos morir lentamente entre el moho rancio del pasado.

Son nuestras universidades víctimas de un delirio burocrático que las lleva camino a la ruina académica. Todo en ellas se tiende a convertir en burocracia y el método científico parece querer transmutarse en procedimiento administrativo, pues todo ha de seguir la lógica funcionarial. Hay en ellas unos pocos profesores muy destacados, un gran núcleo de buenos profesionales y una minoría de profesores mediocres. Lo mismo ocure con sus funcionarios y trabajadores de todo tipo. Como responsable diez años del gobierno de una facultad, puedo dar fe del buen hacer de funcionarios y personal de servicios, así como de su calidad humana, en ocasiones extraordinaria, estando muy orgulloso de su amistad, y por ello no quiero que se interprete lo que digo como ejemplo de corporativismo sino como muestra del colectivo asalto a la razón. Y otra vez en el caso de la tesis doctorales.

Juan Manuel Escudero: Nos va a caer como una losa

Juan Manuel Escudero: Nos va a caer como una losa
El autor sostiene que la reforma educativa "transpira un afán de cazar y segregar a los más débiles"
Juan Manuel Escudero es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia

Por más vueltas que le demos y pataletas que se organicen, la nueva reforma, LOMCE, va a caer como una losa sobre nuestra educación con la promesa de redimirla.

Igual que está sucediendo con otras reformas (sanidad, servicios sociales, trabajo, justicia…) más obsesionadas en penalizar a las víctimas que en sentar en el banquillo de los acusados a los culpables, a quienes se enriquecen a costa de los demás, a los defraudadores, la LOMCE transpira un afán de cazar y segregar a los más débiles.

Caerá según lo anunciado, quizás con ligeros retoques y algunos guiños oportunistas para aminorar descontentos, limando alguna arista para no enfadar a quienes tienen mayor poder de hacer oír sus voces. Pero dejando sin tocar lo esencial. Y lo esencial e innegociable es que la derecha ha decidido hace tiempo que la educación es un bien para quienes lo merecen (excelencia), no para todos (equidad).

No para quienes, según los promotores de la LOMCE, no quieren estudiar, no pueden hacerlo porque no “tienen capacidades”, como si el talento fuera un don dado y acabado que se tiene o no desde el nacimiento y nadie, menos la escuela, pudiera y debiera hacer algo para cultivarlo, expandirlo, desarrollarlo. Esa es la reforma en curso. La que se quedó en el tintero hace una década (LOCE, 2002) y ahora surge como un aguijón en contra de todas las anteriores, repletas –dicen– de confrontación ideológica y especulaciones.

Bihr, Alain: Crisis en Europa. ¿Sin novedad en el frente?

Bihr, Alain: Crisis en Europa. ¿Sin novedad en el frente?
Bihr, Alain. Profesor de Sociología, Universidad de Franche-Comté, profesor de filosofía en Estrasburgo, Francia. Es doctor en sociología y autor de diversas obras como:
La farce tranquille, Spartacus, 1960. Entre bourgueoisie et prolétariat, L' Harmatta,1989. También es colaborador de Le Monde Diplomatique y de varias otras publicaciones francesas.
, julio de 2012

Hace ya tres años que venimos explicando por qué se tendió la trampa de la austeridad neoliberal y cómo esta estaba estrangulando progresivamente, aunque de modo desigual, a todas las naciones europeas, sobre todo a las clases populares. Aplicadas obstinadamente desde hace más de tres décadas por los gobiernos de cualquier color político, las políticas neoliberales combinaban un alto nivel de desempleo crónico con el desarrollo de puestos de trabajo precarios, la austeridad salarial (aumentos de salarios nominales inferiores a las mejoras de la productividad) y el desmantelamiento progresivo de los mecanismos de protección social, con la consiguiente agravación generalizada de las desigualdades sociales de todo tipo, el alza vertiginosa de las rentas altas y la ampliación de las grandes fortunas. Paralelamente, se produjo una extensión de la pobreza y la miseria al amparo de una internacionalización cada vez mayor de la circulación de capitales en todas sus formas (la llamada “globalización”), que se ha traducido sobre todo en una agudización de la competencia entre los trabajadores de todo el mundo.

Este proceso se vio salpicado por periódicas crisis financieras, la última de las cuales ­­–la de las llamadas subprime– alcanzaría dimensiones históricas (solo comparables a la de 1929-1932), llevando a los Estados afectados a intervenir masivamente para salvar el sistema financiero y evitar que la crisis financiera degenerara en una depresión económica general. El salvamento del crédito privado provocó finalmente una crisis crónica del crédito público: el fuerte aumento de los déficits presupuestarios y de las deudas de los Estados harán que la financiación de estos últimos resulte cada vez más problemática.

Está claro que la prosecución de las políticas de austeridad anteriores, ahora reforzadas por la necesidad de hacer frente a la degradación de las finanzas públicas a golpe de recortes del gasto y de aumento de los ingresos, sobre todo a través del aumento de los impuestos indirectos, no ha hecho más que agravar la situación, conteniendo o incluso reduciendo el poder adquisitivo de la mayoría de la población. De este modo, la economía de la Unión Europea se ha instalado en un régimen de exiguo crecimiento, por no decir de estancamiento, entrecortado por fases de recesión, lo que ha provocado inevitablemente el aumento de los déficit presupuestarios y, por consiguiente, de la deuda pública, justo lo que la austeridad pretendía evitar.

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

De acuerdo con la lógica aristotélica, se denomina falacia a una argumentación intencionadamente falsa. Una característica esencial de la falacia es que es relativamente fácil de descubrir, porque la capacidad de argumentación de quien la construye es también relativamente débil. No debemos confundir la noción de falacia con la noción de ideología, tal y como fue definida por la filosofía del siglo XIX y consagrada como concepto por parte de Karl Marx. Una ideología es una construcción o visión del mundo muy compleja, y tiene que tener un carácter sistemático, ya que tiene que dar cuenta de una gran cantidad de hechos mediante la construcción de modelos explicativos, ya sea en el campo de la economía, de la política o de la sociología (Plamenatz, 1983; Eagleton, 1997; Zizek, 2003).

De lo que vamos a tratar a continuación es de una falacia construida dentro del marco académico español. Una falacia que ha sido posible gracias a lo que podríamos llamar la destrucción de la esfera pública en la Universidad española.

En la Universidad española ha desaparecido la capacidad de análisis y autocrítica por parte de la mayoría de sus miembros, y sobre todo de los que más deberían tenerla por su profesión: los profesores. Estos son incapaces de planificar sus acciones institucionales de un modo racional debido a que han decidido aceptar sin ningún espíritu crítico todo un lenguaje basado en palabras vacías y conceptos huecos que nadie ni siquiera intenta definir. Es el caso de términos como “competencia”, “habilidad”, “eficacia”, “excelencia”, “productividad”, “gestión”, “gobernanza”…

Toda esta serie de términos, que llevan consigo la renuncia al desarrollo de un pensamiento racional, tiene en realidad como misión imponer un discurso disciplinario que se basa en la idea de que toda la educación y la investigación científica han de reducirse a un mero proceso de adiestramiento o instrucción, un proceso en el cual unos sujetos pasivos (los alumnos y los investigadores científicos) han de aprender e interiorizar una serie de normas y patrones de conducta que les permitan ejercer una actividad limitada, planificada y regulada por un pequeño grupo minoritario en cuyas manos queda la capacidad de elegir los términos con los que se puede hablar, de diseñar los programas informáticos que todo el mundo ha de seguir, y de establecer los objetivos institucionales y económicos a los que ha de subordinarse toda la actividad académica.

La destrucción de la esfera pública y la anulación de la acción comunicativa, tal y como la definió Jürgen Habermas (Habermas, 1999), es la que ha hecho posible la imposición del discurso disciplinario asociado a los valores del pensamiento económico neoliberal en todos los campos académicos, que deberían encontrar, de acuerdo con él, siempre una justificación económica, y medirse de acuerdo con los patrones de la rentabilidad. Un caso particular de todo este proceso sería el de la investigación científica y los procesos de creación de conocimiento, a los que se intenta regular, controlar y medir hasta el milímetro, llegándose casi al absurdo de pretender planificar la innovación, como si la innovación, y cuanto más radical mejor, pudiese derivarse de un algoritmo perfectamente definido. En la Universidad española, la investigación científica aparece concebida como una parte más del proceso administrativo, lo que es posible debido al poder y a la influencia que los mecanismos de control burocrático y político han alcanzado tanto en los procesos de financiación de la investigación como en el control y planificación de las vidas académicas y personales de los profesores e investigadores.

Diego Llanes: Asalto a la universidad

Diego Llanes: Asalto a la universidad
Diego Llanes, catedrático de Genética de la UCO

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y Lomlou, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias, y creo que sólo tenían un fin: abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la Lomlou, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades. La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los consejos sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil no se dota de la suficiente fuerza como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades de la sociedad.

La Universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la Universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la autosatisfacción. Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y autosatisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la autosatisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante.

El Día de Córdoba, 14/12/12

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

José Carlos Bermejo Barrera: Pataleta Honoris Causa

Decía el Dr. Freud que los niños creen en la omnipotencia del pensamiento. El niño no distingue el principio de realidad del principio del placer y por eso se cree merecedor de todo y no entiende qué pasa cuando algo se le niega. Su explosiva reacción en este caso suele llamarse pataleta por el público poco lector de Freud, siendo las características de la misma su teatralidad, su brevedad y sus nulas consecuencias. Nuestros rectores, a la vez buenos profesionales y malos dirigentes académicos, han protagonizado dos actos de este tipo: el plantón dado a un desmesurado ministro, que confiesa sin rubor su pertenencia a la especie bovina, junto a sus compañeros el toro enamorado de la luna y el toro de Soberano - plantón evitable si se hubiesen leído la ley correspondiente en lo que se refiere a la introducción extraordinaria de puntos del orden del día; y el comunicado leído como proclama el pasado día 10, en el que parecen sostener que las universidades no han hecho nunca nada mal y no son culpables de nada, siendo el único malo el gobierno.

Como los universitarios son profesionales del pensamiento, es lógico que sobreestimen su importancia, pero no deberían creer en su omnipotencia, como a veces proclaman por escrito. Así en el informe European Commission: The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report se puede comprobar con los datos que las universidades aportan que España es el único país de Europa en el que el proceso de Bolonia ha sido perfecto de cabo a rabo. Tenemos 1.500.000 de estudiantes cursando grados y licenciaturas en extinción. Se supone que porque son necesarios, aunque en las listas del INEM haya más de 900.000 licenciados en paro. Se puede decir que los licenciados se emplean mejor que los no titulados, ya que al fin y al cabo hay más parados sin titulación, y prácticamente eso se insinúa. España es el único país que ha diseñado grados de 4 años de modo perfecto, pero ya se empieza a decir que han de ser de 3, ante el asombro de los nuevos graduados que finalizan sus estudios este año. Nuestros másteres de un año no tienen valor en el mercado laboral, aunque el sufrido estudiante los coleccione y los pague cada vez más caros. Pero no hay ninguna disfunción en esto ni en nada.

No importa que tengamos la ratio profesor-alumno más alta de Europa, titulaciones multiplicadas sin ton ni son y que las universidades se sientan orgullosas de su autonomía, felices de estar secuestradas a la vez por la Autonomías y la Agencia de Evaluación (ANECA) que les impone todos sus criterios, porque eso es perfecto. Ni tampoco que muchas universidades o el CSIC se hayan endeudado hasta lo inconcebible, pues en el comunicado solo se habla de la deuda de las Autonomías. Y se da a entender que todos los recortes son igual de dramáticos, ya sean en sanidad, pensiones, o educación no universitaria, donde su peso es real. Y es que lo único que importa es el I+D+i, el dinero de los investigadores, notoriamente mal administrado, según el Tribunal de Cuentas. Se dice que ese dinero no es un gasto. Para las universidades no, claro, es un ingreso; para las arcas públicas es uno de tantos, entre las pensiones, las pagas de sus funcionarios y la deuda pública, cuyo monto es mayor que el sueldo de todos los funcionarios de las administraciones públicas a la vez. Resulta que la inversión en investigación es la misma que en 2005, y el número de publicaciones de calidad también, a pesar de que el gasto se había triplicado. Y se da a entender que publicar artículos es fuente de riqueza. Para los editores de las revistas, cuyas suscripciones tienen precios astronómicos, sí. Para los profesores es un mérito académico y para quien paga las suscripciones, otro gasto.

Las universidades disfrutaron de los beneficios de la burbuja inmobiliaria y son culpables de muchas cosas: de la proliferación de sus centros, de sus gastos absurdos en gestión que no paran de crecer, de sus endeudamientos y su caos interno. Muchos rectores creían que su cargo era un híbrido entre un promotor inmobiliario que hace edificios públicos y un agente de autoempleo en su propia institución. Fue bonito mientras duró, mientras el principio de placer gobernó al de realidad. Tras comprobar que ni frenaron la burbuja inmobiliaria ni pueden dar ninguna alternativa económica eficaz y coherente, ya que ni les corresponde ni podrían lograrlo a pesar de su omnipotencia de pensamiento, sería hora de que nuestros rectores, todos ellos científicos, y por lo tanto investigadores escépticos y críticos por oficio, confesasen públicamente sus culpas.

Las generaciones de los rectores, a las que pertenecemos ya muchos profesores, fuimos educadas con el catecismo que decía que el sacramento de la penitencia se compone de tres partes: propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. La hora de la penintencia de nuestra infancia nos llega ahora ya muy adultos en la universidad. Habrá que cumplirla, con o sin confesión de pecados y con o sin propósito de la enmienda. Aunque el Dr. Freud, severo médico y pediatra, nos recomendaría cambiar poco a poco el principio de placer por el de realidad. De lo contrario nos esperan muchas pataletas.

Rosa Cañadell: La irracionalidad del ministro Wert

Rosa Cañadell: La irracionalidad del ministro Wert
Rosa Cañadell, psicóloga, profesora y portavoz del sindicato USTEC·STEs

En momentos en que nuestra educación pública está en “cuidados intensivos” por culpa de los recortes que contra ella han hecho las administraciones centrales y autonómicas, ¿tiene algún sentido aumentar las dificultades con nuevos cambios que en nada mejoran pero, sí, crean polémica? En momentos en que el proyecto de Ley del Sr. Wert (LOMCE) ya ha sido ampliamente contestado, por remitirnos a tiempos predemocráticos (reválidas estatales, direcciones autoritarias, religión como asignatura, privatización, etc.), ¿tiene algún sentido aumentar el rechazo de la comunidad educativa con nuevas medidas cada vez más polémicas? En un momento en que el grito de independencia suena más fuerte que nunca en Cataluña, ¿tiene algún sentido aumentar la tensión con un añadido al proyecto de ley que es un ataque frontal al modelo de escuela catalana?

¿Es pura provocación? ¿Se trata de azuzar el tema nacional para poder tapar las vergüenzas de los recortes y demás medidas que plantea la ley? ¿O realmente estamos asistiendo a unos planteamientos totalmente retrógrados respecto a la educación? No tengo respuestas, pero todo ello es altamente preocupante.

Nuestro sistema educativo tiene en este momento suficientes problemas para que el máximo responsable de la educación actúe con este grado de irresponsabilidad.

El modelo de inmersión lingüística, que durante más de 30 años se viene aplicando en Cataluña, ha tenido un éxito total, tanto por lo que se refiere a los resultados escolares en lengua castellana (nuestros alumnos terminan la educación obligatoria con un nivel de competencia en lengua castellana igual o superior al del resto de alumnos/as de otras comunidades del estado), como en su objetivo de ser una herramienta imprescindible para la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todo el alumnado. En Cataluña existe un porcentaje muy alto de alumnado que proviene de familias que no tienen el catalán como lengua propia, los cuales sin inmersión nunca podrán tener la competencia suficiente en un idioma oficial Cataluña. Así pues,  desmantelar este modelo implica, no solamente un ataque a la lengua catalana, sino un ataque a la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Proponer, como ha hecho el Sr. Wert, la posibilidad de escolarización en castellano en centros privados, pagados con dinero público, es otra de las irracionalidades de nuestro ministro. Si no hay dinero para el funcionamiento correcto de los centros públicos, ¿de dónde saldrá el dinero para subvencionar estas nuevas escuelas privadas? ¿No tenemos ya suficiente con pagar con el dinero de todos y todas centros privados que segregan por razón de sexo y/o de clase social, como para añadir nuevas segregaciones por cuestión de lengua? Esta nueva propuesta, además de profundizar en la privatización, abre las puertas a un sistema fracturado en la educación: escuelas en catalán y escuelas en castellano.

Es evidente que, desde los centros escolares, el profesorado y toda la comunidad educativa está cada vez más soliviantado. Necesitamos recursos y un poco de paz en nuestras escuelas e institutos. Necesitamos que las luchas partidistas no terminen por desmantelar definitivamente nuestra educación pública, necesaria, ahora más que nunca, para atender a todo tipo de alumnado en igualdad de condiciones. Es por ello del todo necesario la movilización para que esta ley no se apruebe, ni por lo que se refiere al ataque a nuestro modelo de escuela catalana, ni por todos los otros aspectos por los que está siendo ya altamente contestada por la comunidad educativa de todo el Estado.

Finalmente Sr. Wert: ¿por qué no deja la educación en paz y se dedica a otros menesteres? Muchos ciudadanos y ciudadanos se lo agradeceríamos.

Público, 05/12/12

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y el desbarre legal

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y el desbarre legal

Son las universidades una parte, sin duda importante, del mundo que las rodea. A él se deben y de él reciben lo mejor y lo peor, aunque es su especial deber servir como orientadoras de la opinión. En el campo del derecho vivimos una situación magistralmente analizada por el profesor Alejandro Nieto en sus libros de los años 2008 y 2010, que define como “desgobierno de lo público”. Parte esencial de él sería la multiplicación hasta el infinito de decretos y normativas cada vez más alambicadas que no solo contradicen leyes superiores, sino que se contradicen entre sí, dando a quien gobierna una discrecionalidad que podría decirse que pone en peligro el propio estado de derecho. Como no podía ser menos, las universidades están siendo afectadas por este mismo mal, como ahora veremos.

Conviene comenzar por aclarar que en el derecho administrativo se regulan dos clases de órganos de gobierno: los unipersonales y los colegiados. Cada órgano posee las competencias que la ley le asigna, y no puede excederlas ni invadir las de otros órganos, teniendo siempre que respetar el conjunto de las leyes vigentes. Pues bien, dice la Ley de Universidades, y así recogen los Estatutos de la USC, que los estudios de doctorado son competencia de los Departamentos, y que los títulos de validez estatal, como el de Doctor, tienen que ser impartidos por centros que han de ser facultades, escuelas técnicas, departamentos o institutos de investigación.

Sin embargo, el 10 de febrero de 2011 el BOE publica un Real Decreto que viola la Ley de Universidades, por el que se pueden crear las Escuelas de Doctorado, que dejarían sin competencias en materia de enseñanzas de doctorado a sus legítimos dueños: los departamentos y centros que la Ley dictamina. Las Escuelas de Doctorado tienen una lógica y un sentido. Sus protagonistas son los grupos de investigación de excelencia, que poseen muchos recursos y se agruparían en los Campus de Excelencia. Ellos organizarían los estudios, gobernarían las nuevas escuelas, tras ser aprobadas por los Consejos de Gobierno de sus universidades. Y estos grupos deberían asociarse con sus afines, buscar recursos y establecer lazos con empresas. En este modelo el doctorado pasaría a ser priorizado en muy pocos campos de conocimiento y dejaría de ser un café para todos. Todo lo que es muy discutible.

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, donde dirige la Sección de Sociologia de la Fac. de Educación

No sólo los fármacos producen efectos secundarios. Lo hace también la acción social, y lo hace siempre; es lo que solemos llamar consecuencias imprevistas o no deseadas, o efectos perversos. No se escribirían siquiera artículos como éste si la acción social (sea de las autoridades, de los colectivos o de los individuos) produjera siempre o habitualmente los efectos deseados y sólo éstos.

Toda reforma educativa se hace con las mejores intenciones, pero las soluciones de ayer son a menudo los problemas de hoy. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) quiso poner el sistema educativo a tono con los del mundo desarrollado y democrático, lo que pasaba por acabar con la brutal segregación a los 10-12 años (el acceso y la superación o no del examen de ingreso) y la prolongación del tronco común. La ley no permitía abandonar el sistema hasta los 16 años, de manera que cualquier alumno tenía teóricamente tiempo suficiente para terminar la Educación General Básica (común) más un ciclo secundario (Bachillerato o FP1). Sin embargo, condicionaba el acceso al bachillerato a la terminación con éxito de la EGB (al título de graduado escolar), pero no así el acceso a la Formación Profesional I, para el que bastaba haber permanecido en la escuela hasta los 14 años (certificado de escolaridad). Tal desequilibrio en los requisitos contribuyó al descrédito de cualquier formación profesional alternativa al bachillerato; incluso ulterior, aunque en menor medida. La FP devino el basurero, la vía para los fracasados, produciendo de rebote la opción automática por el Bachillerato por cualquiera con los requisitos.

Todas las alternativas a la LGE, desde la propuesta que llegó a formular la UCD a comienzos de los ochenta, pasando por la reforma experimentada por el gobierno socialista en esa década, hasta la LOGSE, quisieron acabar con esta perversión. La respuesta en la LOGSE fue plantear los mismos requisitos para acceder a la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Medio (CFGM)— que para acceder al Bachillerato: el título de Graduado en ESO; y no sólo eso, sino otro tanto para acceder a la etapa siguiente de la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Superior (CFGS)—, que a su vez tendría los mismos requisitos que el acceso a la universidad: el título de Bachillerato. De esta manera, se decía, no se establecería la formación profesional como una segunda vía paralela, de menor valor. Si se entiende mejor con una imagen, podemos visualizar el esquema educativo propuesto como un recorrido académico único que tras la ESO, el Bachillerato o la Universidad daría salida al mercado de trabajo, respectivamente, a través de los CFGM, los CFGS y los posgrados. Pero lo que no se previó fue que tres de cada diez alumnos no superasen la ESO y quedasen irremediablemente apartados de la educación formal -y así es: decimos que cuatro de cada diez alumnos han abandonado prematuramente la escuela, pero lo cierto es que tres de ellos no podían continuar aunque lo desearan. Empecemos por lo segundo.

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