¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la LOMCE? Entrevista a Beatriz Quirós
Entrevistamos a Beatriz Quirós, profesora en el IES Rosario Acuña de
Xixón, en Asturies, y miembro del Consejo Escolar del Estado.
P. Sabemos que la voluntad del Ministro Wert era que la LOMCE
se hubiera aprobado a finales de 2012 para forzar su aplicación en el curso
2013-2014. Sin embargo, los plazos parecen estarse alargando. ¿Puedes
explicarnos cuáles son los trámites que ha de pasar la LOMCE antes de su
aprobación (o no) en el Congreso? ¿De qué tiempos estamos hablando?
El Anteproyecto de LOMCE, en su tercera versión, está en estos
momentos en el Consejo de Estado tras su paso por el Consejo Escolar del Estado
el 24 de enero. El Consejo de Estado no tiene un tiempo límite para emitir el
informe preceptivo. Tras ese informe del Consejo de Estado iría al Consejo de
Ministros, paso previo a su remisión como Proyecto de Ley al Parlamento. El
texto que ahora figura como tercera versión del Anteproyecto contiene algunas
modificaciones procedentes tanto del Consejo Escolar como algunas surgidas por
parte de las CCAA en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación.
En ellas se han expresado divergencias que se refieren sobre
todo a aspectos económicos, ya que en última reunión de la Conferencia Sectorial
de Educación, donde están representadas todas las Consejerías del Estado,
algunas de las gobernadas por el PP ya expresaron su oposición a asumir la
financiación de la implantación de la LOMCE. Las otras CCAA también rechazaron
este aspecto y muchos otros de los que plantea la reforma.
Una vez que el proyecto esté en el Parlamento, su tramitación
depende del número de comparecencias en comisión, de la presentación o no de
nuevas enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y del momento político
en que se esté.
Por lo tanto, la Ley podría llegar a aprobarse en este año o
bien prolongarse su debate después del verano y entonces ser aprobada el curso
próximo, como sugería Soraya Saénz de Santamaría.
El Consejo de Estado no debería dar paso, por ejemplo, a
aspectos relacionados con la creación de una Asignatura Alternativa a la
Religión, ya que el Tribunal Supremo ya declaró discriminatorio que hubiera una
materia con contenido curricular cursada por el alumnado que no está inscrito en
Religión.
P. ¿Cuál es en estos momentos la postura del Consejo Escolar
del Estado?
El Consejo Escolar del Estado emitió dos informes sobre la LOMCE
—algo totalmente inusitado— ya que el gobierno cambió sustancialmente el texto
que se había remitido para ser dictaminado en el Consejo Escolar del Estado de
octubre de 2012. En aquella ocasión, los representantes de los sindicatos
contrarios a la LOMCE, entre ellos STEs-i, y representantes de padres, madres y
alumnado de la escuela pública y representantes de la Federación de Municipios y
Provincias abandonamos el Pleno del Consejo al impedirse por parte la
presidencia del mismo la defensa del Informe alternativo presentado por STEs-i.
El informe sobre aquel anteproyecto, así como el correspondiente al Pleno que
dictaminó el nuevo anteproyecto presentado por Wert —curiosamente a los pocos
días de haberse tratado en el Consejo el primero— fueron aprobados por la
mayoría conservadora del Consejo Escolar. En el segundo Pleno, —el 24 de enero—
los representantes de sindicatos, CEAPA, asociaciones estudiantiles, etc,
defendimos nuestros respectivos informes alternativos pero no entramos a votar
las enmiendas al anteproyecto, por considerar imposible mejorar un texto como el
actual. Así pues, la mayoría del Consejo Escolar del Estado aprobó una serie de
enmiendas que en muchos casos empeoran el texto original —caso de algunas de las
presentadas por las distintas patronales con representación en el CEE—, aunque
alguna de las aprobadas iba contra la línea ministerial, concretamente en lo
relativo a no recortar las competencias de los Consejos Escolares de los
centros.
P. ¿Cuál es la postura de los partidos políticos de la
oposición frente a la LOMCE?
Respecto a la posición de los diferentes partidos políticos que
rechazan la LOMCE parece que todos los de la oposición en mayor o menor medida
se están oponiendo al anteproyecto. Desde los partidos de ámbito estatal como
PSOE o IU se plantean iniciativas parlamentarias o la integración en plataformas
contra la LOMCE.
La oposición en los partidos de la derecha nacionalista se basa
fundamentalmente en la invasión de competencias o en la cuestión lingüística en
el caso de Catalunya. Pero algunas de las medidas incluidas en la LOMCE ya están
siendo aplicadas allí, como el beneficio a las empresas privadas, el refuerzo a
los centros concertados o la introducción de medidas de gestión empresarial en
la escuela pública.
En el caso vasco, el PNV parece menos beligerante en este
ámbito. Lo que es cierto es que la política de refuerzo de la red concertada
coincide con la tendencia en este territorio, donde la red concertada supone una
buena parte de la oferta educativa, en mayor medida que las de otras CCAA.
En el caso de partidos como UPyD, su posición no ha aparecido
claramente en la escena pública. No obstante, su carácter marcadamente
centralista apoya las pretensiones claramente recentralizadoras defendidas por
Wert y que han puesto en pie de guerra a las fuerzas que defienden el derecho de
los pueblos del estado a ser escolarizados en su lengua materna, cuyas
enseñanzas hoy por hoy están en peligro a causa de la LOMCE.
P. ¿Cabe pensar en la posibilidad de algún acuerdo o incluso
de un pacto de Estado entre PP y PSOE?
Respecto a la posibilidad de un pacto entre el PSOE y el PP en
estos momentos pienso que sería probable en otros ámbitos más generales,
vinculados al mantenimiento del status quo y no en el estrictamente educativo.
Recordemos que el intento de pacto por la educación propuesto bajo el Ministerio
de Ángel Gabilondo tuvo como consecuencia la inclusión de algunas de las medidas
negativas propuestas por el PP y acordadas con el PSOE que fueron introducidas
en la Ley de Economía Sostenible y que ya modificaban la LOE en el sentido que
pedía el PP ( itinerarios en ESO, FP al servicio de los intereses empresariales,
entre otras medidas). Para mí la propuesta de pacto por la educación es un arma
engañosa que busca legitimar las propuestas más reaccionarias; el único pacto
admisible es el que situara a la escuela pública y laica como prioridad total
tanto en inversión como en concepción del sistema educativo. La LOE, recordemos,
concibe que el sistema público de educación puede ser prestado por la red
pública y la concertada, a las que pone en el mismo nivel. Pero la derecha
educativa es insaciable, como vemos con la LOMCE y como previsiblemente veremos
en el trámite parlamentario.
P. Caso de aprobarse la LOMCE, ¿qué va a pasar con su
aplicación? ¿Cuáles son los posibles escenarios que nos podemos encontrar de
puesta en marcha?
De aprobarse, su aplicación exigiría la modificación de la
situación legislativa actual, es decir, se debería modificar, entre otras leyes,
la LOE para que en ella apareciera lo que introduce la LOMCE. Recordemos que la
LOMCE no es una ley nueva sino que lo que hace es, dentro de la estructura de la
LOE, modificarla; es cierto que de forma radical. Pero es significativo que el
Ministro aproveche la estructura de una Ley como la LOE y no haya hecho una
entera nueva. Lo cierto es que la LOE contiene ya elementos que favorecen la
privatización y la mercantilización de la educación, y que ello llevó a algunas
organizaciones, como los STEs-i a oponerse a ella en su momento. La publicación
de la Ley resultante deberá ser seguida por el desarrollo legislativo a través
de la elaboración de varios Decretos como por ejemplo, los que desarrollen los
nuevos curricula de los distintos niveles educativos, así como los
correspondientes a la implantación de las evaluaciones- reválidas y sobre la
modificación del acceso a la Universidad; recordemos que la PAU desaparecería,
habría una reválida sin la cual no se aprobará 2º de Bachillerato y sería cada
universidad la que organizara dicho acceso.
En la propia ley se prevé la puesta en marcha del llamado
Estatuto Docente, que sería el marco legislativo en el que se desarrollarían,
entre otras, las atribuciones del director/a para conformar el claustro de
profesorado a su medida, como plantea la LOMCE. También se habría de modificar
el Real decreto que regula el Concurso de Traslados —que quedaría casi en papel
mojado gracias a las atribuciones del director y supondría traslados forzosos
para el profesorado— y el Reglamento de Acceso a la función pública docente, que
podría suponer el despido de miles de docentes interinos al implantar un sistema
nuevo tanto de acceso como de provisión de plazas.
Otra modificación sustancial estaría vinculada a la evaluación
docente que tendría como consecuencia la puesta en marcha del sistema de
rendición de cuentas contemplado en el anteproyecto. En versión LOMCE esto
significaría que el salario del profesorado y la estabilidad en el puesto de
trabajo dependerían de la evaluación docente, basada entre otros aspectos en los
resultados del alumnado. Algunas organizaciones no sólo no rechazan esta
cuestión sino que defienden la implantación de la llamada carrera docente. Ese
Estatuto cuyo recorrido comenzaría tras la aprobación de la LOMCE, sería una
vuelta de tuerca más en esta carrera hacia la gestión empresarial de los centros
públicos.
La libertad de elección de centro se plasmaría en decretos
autonómicos sobre la creación del llamado distrito único y se modificarían las
normativas autonómicas sobre conciertos facilitando su ampliación. Miles de
puestos de trabajo podrían desaparecer en la enseñanza pública por esta razón y
también como consecuencia de la “compactación” del bachillerato (unos 4000
docentes, según estimaciones).
En los aspectos vinculados a la enseñanza en las lenguas
maternas, estas sufrirían un retroceso en pocos años ya que se verían relegadas
en sus respectivos territorios.
Por otra parte, las CCAA donde no gobierna el PP intentarían
recurrir aspectos del desarrollo de la Ley, llegando incluso a la insumisión,
como algunas plantean ya en determinados ámbitos. Con lo que la implantación de
la Ley supondría, dependiendo del mapa político autonómico, un conflicto
permanente, pues también las CCAA donde el PP gobierna plantearían problemas
derivados del coste de la implantación de la misma.
Yo estudié en la pública, s.f.
Enrique Javier Díez y Adoración Guamán (coords.):
Francisco
Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación! Un año de gobierno del Partido
Popular y de recortes educativos. O cómo hundir la educación pública 
César Coll: La
LOMCE:
un
cambio
innecesario
en
la
dirección
equivocada
