Novas educación

Novas xerais sobre educación

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios
Con las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio bloqueadas, un grupo de países claves de la OMC ha iniciado una serie de diálogos independientes con vistas a establecer un Acuerdo Internacional de Servicios (AIS).

Si tiene éxito, el AIS se basaría y ampliaría el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, arrojaría más sectores de servicios a normas más estrictas sobre el suministro y la inversión transfronterizos, y garantizaría que no se restringiera el comercio.

Sus defensores sostienen que un acuerdo sobre servicios ayudaría a impulsar la debilitada economía mundial, pero otros lo cuestionan y sostienen que el alcance del acuerdo podría perpetuar las presiones de la privatización y debilitar normativas importantes.

"Independientemente de si hablamos de liberalizar servicios financieros o servicios de la educación, están en juego algunos factores fundamentales", dijo David Robinson, asesor especial de la Internacional de la Educación. "Si hemos aprendido algo de la crisis financiera es que necesitamos una mayor supervisión normativa del sector, no al contrario. No deberíamos caminar con los ojos cerrados hacia otro fiasco económico".

Según Robinson, la Unión Europea y Australia han presentado un grupo inicial de 10 sectores y cuestiones como prioritarios para alcanzar "compromisos nuevos y mejorados" bajo el acuerdo AIS propuesto, que incluye servicios financieros, de energía, profesionales y de la información y la comunicación.

Si bien hasta la fecha no se ha identificado la educación y otros servicios públicos como prioritarios, Robinson advierte que los docentes y los trabajadores del sector público deberían seguir de cerca las negociaciones.

"Los países participantes han dicho sistemáticamente que el AIS será muy ambicioso y no se excluirá ningún sector", subrayó. "Además, algunas partes de las negociaciones tratan sobre normas que potencialmente tendrán un impacto en la educación, la sanidad y otros servicios públicos, estén o no incluidos explícitamente".

Por ejemplo, la UE y Australia han planteado como tema de debate la regulación doméstica – todas las normas y medidas que los gobiernos exigen que las compañías cumplan para suministrar un servicio. Estas normas incluyen desde normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad hasta los requisitos de certificación y los permisos.

"En el sector educativo, cualquier restricción nueva sobre la regulación doméstica podría afectar potencialmente a los requisitos de certificación docente, estándares de garantía de calidad y permisos de escuelas e instituciones privadas", sostiene Robinson. 

Durante una ronda de negociaciones a principios de octubre, los negociadores del AIS acordaron que el tratado debería seguir las disposiciones principales del AGCS.

Además de la UE y Australia, los otros participantes del AIS son Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.

Internacional de la Educación, 03/12/12

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, donde dirige la Sección de Sociologia de la Fac. de Educación

No sólo los fármacos producen efectos secundarios. Lo hace también la acción social, y lo hace siempre; es lo que solemos llamar consecuencias imprevistas o no deseadas, o efectos perversos. No se escribirían siquiera artículos como éste si la acción social (sea de las autoridades, de los colectivos o de los individuos) produjera siempre o habitualmente los efectos deseados y sólo éstos.

Toda reforma educativa se hace con las mejores intenciones, pero las soluciones de ayer son a menudo los problemas de hoy. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) quiso poner el sistema educativo a tono con los del mundo desarrollado y democrático, lo que pasaba por acabar con la brutal segregación a los 10-12 años (el acceso y la superación o no del examen de ingreso) y la prolongación del tronco común. La ley no permitía abandonar el sistema hasta los 16 años, de manera que cualquier alumno tenía teóricamente tiempo suficiente para terminar la Educación General Básica (común) más un ciclo secundario (Bachillerato o FP1). Sin embargo, condicionaba el acceso al bachillerato a la terminación con éxito de la EGB (al título de graduado escolar), pero no así el acceso a la Formación Profesional I, para el que bastaba haber permanecido en la escuela hasta los 14 años (certificado de escolaridad). Tal desequilibrio en los requisitos contribuyó al descrédito de cualquier formación profesional alternativa al bachillerato; incluso ulterior, aunque en menor medida. La FP devino el basurero, la vía para los fracasados, produciendo de rebote la opción automática por el Bachillerato por cualquiera con los requisitos.

Todas las alternativas a la LGE, desde la propuesta que llegó a formular la UCD a comienzos de los ochenta, pasando por la reforma experimentada por el gobierno socialista en esa década, hasta la LOGSE, quisieron acabar con esta perversión. La respuesta en la LOGSE fue plantear los mismos requisitos para acceder a la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Medio (CFGM)— que para acceder al Bachillerato: el título de Graduado en ESO; y no sólo eso, sino otro tanto para acceder a la etapa siguiente de la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Superior (CFGS)—, que a su vez tendría los mismos requisitos que el acceso a la universidad: el título de Bachillerato. De esta manera, se decía, no se establecería la formación profesional como una segunda vía paralela, de menor valor. Si se entiende mejor con una imagen, podemos visualizar el esquema educativo propuesto como un recorrido académico único que tras la ESO, el Bachillerato o la Universidad daría salida al mercado de trabajo, respectivamente, a través de los CFGM, los CFGS y los posgrados. Pero lo que no se previó fue que tres de cada diez alumnos no superasen la ESO y quedasen irremediablemente apartados de la educación formal -y así es: decimos que cuatro de cada diez alumnos han abandonado prematuramente la escuela, pero lo cierto es que tres de ellos no podían continuar aunque lo desearan. Empecemos por lo segundo.

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’
La reforma del Gobierno nos lleva a una educación masificada que repercutirá en la igualdad y la equidad
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y dirige el Observatorio Internacional de la Profesión Docente

En el contexto actual una devaluación de la moneda es imposible, así que el propósito del Gobierno es devaluar el país. ¿Cómo? La reforma laboral es una respuesta. ¿Otra? La disminución del gasto público donde no hay lobbies que puedan impedirlo: educación, sanidad… Los altísimos recortes presupuestarios en educación desde el 2010 pueden herir de muerte el sistema educativo público si, como anuncia el documento presentado a Bruselas (presupuesto bienal 2013-2014), el gasto público en educación se reduce al 3,9% del PIB (debería dedicar el 6% del PIB y entre el 15% y el 20% del total del gasto público según los organismos internacionales).

Resulta complicado valorar las repercusiones de tantos recortes, porque a los del Gobierno central hay que sumar los de las comunidades autónomas y la lista de despropósitos no tiene fin: recortes en el funcionamiento ordinario de los centros; disminución de las becas y más dificultades para conseguirlas (entre un 20% y un 40% de los estudiantes no podrán renovarla); desaparición del presupuesto para el abandono prematuro, para el programa PROA de apoyo a alumnos y alumnas con dificultades, tan importante para el desarrollo de la equidad; desaparición del programa de inversiones en TIC; de las subvenciones para las asociaciones de madres y padres de alumnos; de las ayudas de acogida matinal; reducción de aulas de compensatoria, de cuidadores para el alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera.

Se trata de un programa conservador, ideológico, que nos lleva a una educación masificada, de precarización del trabajo del profesorado y con una reducción de servicios educativos que repercutirán en la igualdad y en la equidad. Es un programa que no conduce a ningún sitio o, en todo caso, a un callejón sin salida. ¿Se puede asegurar con esos recursos la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para preparar a los niños y niñas para la vida adulta?

Y como un gran sarcasmo, o una burla, se nos presenta una reforma educativa. Una reforma educativa outlet, hecha con saldos del siglo pasado, que pretende mejorar la calidad de la enseñanza con menos recursos pero con mucha más demagogia. Porque no solo se trata de mantener los niveles alcanzados, sino de combatir un 30% de fracaso escolar, un 50% de paro juvenil y mejorar los resultados mediocres en exámenes internacionales como el famoso informe PISA. ¿Será eso posible? Con estos presupuestos lo negamos categóricamente.

El País, 02/12/12

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Muchas de las críticas publicadas hasta ahora han incurrido en el error de analizar el anteproyecto de ley al margen del conjunto de medidas ya adoptadas por los gobiernos central y autonómicos en todos los ámbitos del sistema educativo (recortes de presupuestos y plantillas, aumento de horas lectivas del profesorado, grupos más numerosos, supresión de medidas compensatorias, disminución de becas, subida de matrículas etc. y, como consecuencia lógica, nuevos avances en el proceso de privatización).

Por otra parte, este conjunto de medidas deben entenderse dentro del contexto más general del plan de “austeridad” asumido ahora por Rajoy y antes por Zapatero, bajo la presión de instancias internacionales encabezadas por la "troika" FMI, UE y BCE. Todos ellos dirigidos a la destrucción acelerada de servicios públicos y de conquistas sociales. Planes ya viejos en las altas instancias europeas, pero actualizados y acelerados ahora bajo el pretexto de la "crisis" y del aumento de la deuda soberana resultante de la socialización de las deudas y desfalcos privados.

Pero el hecho de subrayar la continuidad con las políticas anteriores no quita para destacar la dimensión, hasta ahora inédita, de la política destructiva llevada a cabo por el PP en los últimos meses, en particular en educación, y en general en todos los servicios públicos. De hecho, la pretendida reforma educativa del PP ya ha recorrido un inmenso trayecto tras los enormes retrocesos impuestos en un tiempo record a logros históricos que, aunque algunos consideramos parciales e insuficientes, fueron fruto de largas luchas en el terreno educativo.

Como lo demuestra la política educativa seguida los últimos meses, el marco de la LOE de 2006 (falsamente caracterizada como "progresista" por quienes se conceden a sí mismos ese título) era plenamente aprovechable para continuar la aplicación de las políticas neoliberales en la educación. De hecho, como las anteriores LODE, LOGSE y LRU, permitió su progresión con el anterior gobierno y ni impedía, ni ha impedido, al actual adaptarlo a las circunstancias a través de simples decretos, órdenes, instrucciones y anexos presupuestarios, como ya se ha venido haciendo desde el MEC y desde las distintas CCAA.

Francisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación!

Francisco ImbernónFrancisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación! Un año de gobierno del Partido Popular y de recortes educativos. O cómo hundir la educación pública
Francisco Imbernón es catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona

Introducción

El 21 de diciembre de 2011 asume el gobierno de España el Partido Popular con mayoría absoluta. Dentro de pocos días hará un año. En aquel momento el curso escolar estaba empezado y han bastado 12 meses para ver como la educación en España (sobre todo la pública) se ha ido desmoronando poco a poco aunque el gobierno (el central y los autonómicos) han ido hablando eufemísticamente de ajustes debido a la crisis económica, excusa que sirve para todo (ahora no toca hablar de otra cosa excepto en Cataluña que algún tema ha desviado la atención). Y además con la contrarreforma presentada el mes de septiembre se ha vuelto la mirada y los pasos educativos hacia atrás. Y las políticas, las prácticas y las cifras lo demuestran. Este documento pretende demostrarlo o al menos hacerlo patente para todos aquellos que no se lo creen o que dudan que haya un envite ideológico más que una finalidad de mejora de la educación.

En aquel momento (2011) como se tenían que hacer los presupuestos se bajó un 21% menos y lógicamente se traspasó menos a las comunidades autónomas que tienen las competencias educativas y sociales, pero no un 21% sino un 35% menos. Desde la llegada al gobierno del Partido Popular se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013.

En los presupuestos del 2013 se dedica a educación 1944,73 millones de euros (desciende 14,45%) cuando fueron 2.276 millones de euros en 2012 y 2.843 en 2011, o sea que se ha ido reduciendo un tercio desde que gobierna el Partido Popular (31%). Y empezaron los recortes en educación en el Estado y en todas las comunidades autónomas. Unas antes que otras (siempre hay que quiere ser el primero de la clase). Y los recortes presupuestarios van aumentando para cumplir el déficit hasta al 2015 (recortar 10.000 millones de euros antes del 2015 que este año corresponden 3.000 a educación) ya que la intención del gobierno es dejar el PIB del gasto Público en 3,9%. A la altura de países en vías de desarrollo.

César Coll: La LOMCE: un cambio innecesario en la dirección equivocada

César CollCésar Coll: La LOMCE: un cambio innecesario en la dirección equivocada
César Coll, Profesor de Psicología de la Educación Universidad de Barcelona

En un libro publicado en 2011 por la editorial norteamericana Teachers College Press dedicado a analizar las causas de los buenos resultados obtenidos por los estudiantes finlandeses en las pruebas PISA (P. Sahlberg. Finnish lessons: what can the world learn from educational change in Finland), su autor llama la atención sobre un hecho que, a su entender, está en la base de estos resultados: la transformación del sistema educativo finlandés acometida en la segunda mitad del siglo XX mediante un esfuerzo sostenido y consistente de reforma educativa de prácticamente 40 años: 25 años para sentar sus bases, concitar acuerdos, aunar voluntades, diseñarla e implementarla, y 15 años más para empezar a ver sus frutos y poder evaluarlos. Algunas características destacadas del sistema educativo finlandés surgido de esta reforma, que Sahlberg identifica como otros tantos factores relevantes para explicar su éxito, son los siguientes: la implantación de una educación básica comprensiva de 9 cursos de duración, seguida de una educación secundaria con dos vías formativas diferenciadas, una académica y otra profesional, de aproximadamente tres años de duración ; la inexistencia de evaluaciones externas de rendimiento (con excepción de un examen al término de la educación secundaria de orientación académica); un profesorado relativamente bien pagado, muy seleccionado y bien formado y con un altísimo nivel de valoración social; la inexistencia de actuaciones o medidas de rendición de cuentas centradas en el profesorado; la inexistencia de rankings entre las escuelas basadas en el rendimiento del alumnado; la colaboración constante y respetuosa de todos los actores implicados –consejos escolares, familias, sindicatos, empresarios, administradores, políticos–; y muy especialmente, el compromiso con un sistema educativo que potencia por igual la excelencia y la equidad como los dos componentes básicos de la calidad en educación.

Esta referencia inicial al sistema educativo finlandés encuentra su justificación en la insistencia con la que el anteproyecto de la LOMCE alude a

"los pobres resultados obtenidos por los alumnos [españoles] en las pruebas de evaluación internacionales como PISA (...), las elevadas tasas de abandono temprano de la educación y la formación y el reducido número de estudiantes que alcanzan la excelencia" (Anteproyecto, p. 1, líneas 37-41)

para argumentar la necesidad de una nueva reforma. Lo sorprendente es que las propuestas del anteproyecto para conseguir un sistema educativo capaz de hacer frente a estas carencias apunten en una dirección no ya distinta, sino totalmente opuesta, a la de algunos sistemas educativos como el finlandés que parecen haberlas superado con éxito.

Miguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla

Miguel López MeleroMiguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla (PDF)
Revista de Estudios, 44, Octubre 2012
Miguel López Melero, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga

Soy partidario de que se hagan las cosas bien y no constantes reformas y contrarreformas que no suelen ser otra cosa que parches o el producto de la vanidad del que ocupa el Ministerio de Educación. Y quien lo está haciendo mal, en estos momentos, es el gobierno del Partido Popular que en menos de un año ha puesto al país ‘patas arriba’ con los recortes económicos y, sobre todo, con los recortes de derechos. Y lo está haciendo mal al hacer caso omiso a las evidencias: es imposible salir de la crisis a través de recortes y más recortes y sin crear empleo y, a pesar de ello, este gobierno y su presidente a la cabeza, se ha puesto al servicio del capital y se ha olvidado completamente de la ciudadanía española. Como muchos economistas han señalado (incluyendo al premio Nobel de economía Paul Krugman) no se soluciona el problema económico sin una decidida política de inversión y, añadiría yo, tampoco se soluciona únicamente con medidas económicas, sino limpiando de nepotismo y corrupción a las instituciones, y a la postre, democratizándolas (algo que afecta a los dos grandes ‘partidos’ PP y PSOE, como es bien sabido). Es un problema de democracia y no sólo de economía el que tenemos y el gobierno, intencionadamente, no sólo mira hacia otro lado, sino que hay toda una premeditada provocación institucional.

Por otra política educativa

POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA

Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:

  1. EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
  2. DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
  3. ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
  4. CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
  5. FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
  6. SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
  7. REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
  8. ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
  9. EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
  10. RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
  11. AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
  12. SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
  13. CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
  14. SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
  15. CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
  16. AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
  17. TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  18. PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
  19. DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
  20. PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.

Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.

Sevilla, a 27 de octubre de 2012

Firmantes

Adell Segura, Jordi. Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Alba Pastor, Carmen. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Álvarez Méndez, Juan Manuel. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Angulo Rasco, Félix. Catedrático de la Universidad de Cádiz

Badía Alcalá, Pedro. Director del periódico Escuela

Ballarín Domingo, Pilar. Catedrática de la Universidad de Granada

Blanco García, Nieves. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Cabello Martínez, Josefa. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Carbonell Sebarroja, Jaume. Director de la revista Cuadernos de Pedagogía

Clemente Linuesa, María. Catedrática de la Universidad de Salamanca

Domínguez Fernández, Guillermo. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide

Feito Alonso, Rafael. Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Fernández Enguita, Mariano. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Fernandez Sierra, Juan. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería

Gimeno Sacristán, José. Catedrático de la Universitat de València

Gutiérrez Del Amo, Pablo. Periódico Escuela

Imbernón Muñoz, Francisco. Catedrático de la Universitat de Barcelona

Jiménez Sánchez, Jesús. Inspector de Educación

López Melero, Miguel. Catedrático de la Universidad de Málaga

López, Begoña. Profesora de Educación Secundaria

López, Pilar. Profesora de Educación Secundaria

Marrero Acosta, Javier. Catedrático de la Universidad de La Laguna

Martín Criado, Enrique. Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide

Martín Rodríguez, Eustaquio. Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Martínez Bonafé, Jaume. Profesor Titular de la Universitat de València

Martínez López, Cándida. Profesora Titular de la Universidad de Granada

Martínez Rodríguez, Juan Bautista. Catedrático de la Universidad de Granada

Moreno, Agustín. Profesor de Educación Secundaria

Murillo, Francisco. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga

De Pablos Pons, Juan. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Pazos Jiménez, José Luis. Presidente de la FAPA Giner de los Rios de Madrid

Pérez Gómez, Ángel I. Catedrático de la Universidad de Málaga

Porlán Ariza, Rafael. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Recio, Miguel. Director de Instituto en la Comunidad de Madrid

Rodríguez Martínez, Carmen. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Rogero Anaya, Julio. Movimientos de Renovación Pedagógica

Sancho Gil, Joana M. Catedrática de la Universitat de Barcelona

Santos Guerra, Miguel A. Catedrático de la Universidad de Málaga

Subirats, Marina. Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona

Sureda, Jaume. Catedrático de la Universitat de les Illes Balears

Tiana Ferrer, Alejandro. Catedrático de la UNED

Torres Santomé, Jurjo. Catedrático de la Universidade da Coruña

Varela Fernández, Julia. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid

Vázquez Recio, Rosa. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz

Viñao, Antonio. Catedrático de la Universidad de Murcia

José Carlos Bermejo Barrera: Dictado al pie de la tuerca

José Carlos Bermejo Barrera: Dictado al pie de la tuerca

Suele ser una costumbre de intelectuales y científicos airear viejos recuerdos a través de los cuales quede bien clara la precocidad de su formación o los intensos contactos que en su vida tuvieron con escritores, premios Nobel o grandes pensadores. Seguiré la costumbre y recurriré a continuación a recuerdos de mi infancia, en modo alguno precoz, pero que parecen volver a revivir en el presente.

Llovía mucho en Santiago allá por los años sesenta, y por eso los niños del Colegio La Salle casi nunca hacíamos gimnasia, pues se hacía en el patio y con la ropa de diario. Con la lluvia en los cristales subíamos al aula con Don Benigno, un afable profesor lo más alejado que uno pueda imaginarse del sargento de los marines de las películas, que nos dictaba la clase de gimnasia en el medio del más profundo y general aburrimiento. Copiar tablas de gimnasia en las que se hablaba del tendido supino o prono y de flexión lateral derecha no tenía nada de apasionante, ni siquiera para Don Benigno, pero en sus dictados se emocionaba mucho, llegando a una profundidad casi filosófica cuando teníamos que copiar una mítica frase: “no es lo mismo campeón que plusmarquista”, frase que nos permitía derribar el muro de las apariencias y darnos cuenta de que el que gana no es siempre el mejor.

La diferencia entre campéon y plusmarquista en la gimnasia al dictado era algo tan singular como la copia generalizada del examen de “Formación del Espíritu Nacional”, una asignatura que no se impartía, aunque se compraba el libro, y cuyo examen nos dictaba el profesor Bermúdez. Fuera cual fuera el curso, el dictado siempre era el mismo: “La persona jurídica”, un tema que como es lógico suscitaba el entusiamo general del alumnado, cuando comenzaba diciendo: “César, capturado por los piratas del Mediterráneo es el mismo César que…”. Lo que nos permitía saber básicamente que los piratas a veces se salían del Caribe.

Esos dictados al pie de la letra nos revelaban verdades profundas, al permitirnos comprobar que la apariencia no es siempre real, como ocurría cuando se recitaba el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, una obra cuyo lema todos entendíamos perfectamente si era lunes por la mañana temprano, aunque sin ser capaces de profundizar en la metafísica del barroco.

Casi cuarenta años después mucho se ha mejorado en la enseñanza y en tantos campos en nuestro país, pero la crisis económica y la creciente separación entre lo que se dice y lo que se hace en la política, la educación y la cultura hace posible revivir viejos tiempos.

Se imparte en la ciudad de Santiago un ciclo superior de FP sobre “Automatización y robótica industrial”, en el que los alumnos disponen de pocos ordenadores, teniendo que llevar los suyos, en el que asignaturas de carácter práctico como “Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos”, “Sistemas de medida y regulación” o “Sistemas secuenciales programables” se dictan al pie de la letra, por carecer el centro de los aparatos necesarios para impartirlas correctamente, a pesar de que el ciclo se ha anunciado a bombo y platillo como algo enormemente innovador y clave para la formación avanzada de nuestros futuros técnicos.

En unos casos se dictan apuntes en vez de trabajar con máquinas, pero en este barroco mundo docente en el que “toda la vida es sueño y los sueños, sueños son” podríamos citar ejemplos de facultades con prácticas de laboratorio de bioquímica o biofisica, cuando no hay ni plaza, ni medios y a veces ni siquiera laboratorios. Como el lenguaje administrativo y la realidad son como las rectas paralelas, de las que se decía a los niños que “por mucho que se prolonguen nunca se encuentran”, uno se puede encontrar con un escrito oficial en el que se le pide que diga si las “prácticas de campo”, de una asignatura teórica, las hará dentro de su aula o fuera de ella. No porque las autoridades hayan llegado a creer que las aulas son invernaderos aptos para el cultivo, como lo es el campo, sino porque todo el lenguaje está pervertido y no tiene casi nada que ver con la realidad, cuando palabras carentes de contenido como competencias, habilidades, excelencia y calidad son repetidas por autoridades ventrílocuas.

La tecnología se dicta al pie de la letra, o de la tuerca, el aula es un campo y la práctica es teoría en laboratorios que pueden no existir. Da la impresión de que Calderón de la Barca haya redactado todos los planes de estudio. En el fondo, sin embargo, algunos profesores podemos estar tranquilos, puesto que sabemos, como enseñaba Don Beningo, que a pesar de lo que digan las autoridades, “no es lo mismo campeón que plusmarquista”.

Sobre la ratio de alumnos por aula

Sobre la ratio de alumnos por aula
Dossier de actualidad, Número 1. Septiembre de 2012
Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación
Universitat de les Illes Balears

Dossier de Actualidad

Índice

El número de alumnos por aula en otros países 4
Los beneficios de las clases pequeñas según la investigación educativa 6
Las voces del profesorado 8
Para saber más 12
Referencias 13
Notas 15

Recientemente, a través del Real decreto ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE de 21 de abril), se ha dispuesto que las administraciones educativas puedan ampliar hasta un veinte por ciento la ratio de alumnos por aula que, hasta ahora, estaba regulada por el artículo 157.1.a) de la «Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación», para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Este artículo de la LOE garantizaba que el número máximo de alumnos por aula en Primaria y en la ESO no fuese superior a 25 y 30, respectivamente. Ahora el número de alumnos por aula podrá ser de 30 en Primaria y de 36 en la ESO. Con esta medida, y en nombre la «racionalización del gasto», se abandona una estrategia de mejora del sistema educativo que hasta el momento parecía consistente.

Este dossier es el resultado de un debate entre el profesorado del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la UIB y de centros de Primaria y Secundaria de la Comunitat de les Illes Balears

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)

J. Félix Angulo Rasco: La educación que quiere la derecha española: Reflexiones críticas sobre la propuesta para el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación)
J. Félix Angulo Rasco, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

Este documento pretende ser una primera reflexión sobre un borrador de una Ley Orgánica que está preparando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una reflexión que quisiera transitar, si todavía es posible, por cauces racionales, basándose en la literatura científica disponible y presentando un conjunto de contra argumentos a unas ideas, objetivos y disposiciones que no son precisamente novedosas, y como luego se especificará, no han dado los resultados supuestamente esperables en aquellos países en los que se han aplicado. Medidas que, en el fondo, tienen como claro objetivo desmontar la escolaridad pública y transformar un sistema parcialmente comprensivo en otro selectivo y segregador.

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

El Gobierno presenta su reforma educativa en la línea de las propuestas que lanzó antes de verano. Aunque abrió una consulta en la web, no ha habido el debate que nos urgía, y en las conclusiones es fácil ver cómo el ministerio lleva el agua a su molino. En los últimos 30 años España ha tenido tres grandes reformas (LOGSE, LOCE y LOE), y cinco en 50 años. Mientras, los países referencia por sus resultados académicos han mantenido sus grandes leyes, y se han limitado a reformas parciales. Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada Gobierno.

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección…). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afín a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

El País, 13/09/12

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada: Curso 2009-2010

El objetivo principal de esta encuesta es el estudio de las características estructurales y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada reglada, ofreciendo información tanto en el ámbito nacional como autonómico.

La información obtenida debe cumplir un conjunto de requisitos básicos, tales como ser comparable a escala internacional, cubrir las necesidades de información demandada por diversos usuarios, tanto nacionales como internacionales y ser un instrumento útil para la Contabilidad Nacional.

La educación privada obtuvo unos beneficios corrientes de 674 millones de euros durante el curso escolar 2009-2010. Esta cifra supuso un incremento del 13,1% respecto al curso 2004-2005, cuando se realizó la encuesta anterior. Esta Encuesta se enmarca dentro de las operaciones estadísticas de periodicidad quinquenal por lo que la última edición de la encuesta está referida al curso escolar 2004-2005.

Los beneficios por alumno se mantuvieron estables respecto a la encuesta precedente en la educación no universitaria (200 euros por alumno) y bajaron 15 euros en la universitaria (hasta 718 euros por alumno).

La enseñanza no universitaria privada generó el 72,7% de estos resultados y la universitaria el 27,3% restante.

La Administración Pública aportó el 58,8% de los ingresos corrientes de los centros de educación no universitaria y el 5,8% de los centros privados universitarios. Ambos porcentajes fueron similares a los del curso 2004-2005.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada no universitaria supuso un coste medio de 1.541 euros por alumno en el curso 2009-2010. Por su parte, el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 4.718 euros.

INE, 25/07/12

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

La Nueva España, 14/07/12

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