Novas educación

José Carlos Bermejo Barrera: Dictado al pie de la tuerca

Suele ser una costumbre de intelectuales y científicos airear viejos recuerdos a través de los cuales quede bien clara la precocidad de su formación o los intensos contactos que en su vida tuvieron con escritores, premios Nobel o grandes pensadores. Seguiré la costumbre y recurriré a continuación a recuerdos de mi infancia, en modo alguno precoz, pero que parecen volver a revivir en el presente.

Llovía mucho en Santiago allá por los años sesenta, y por eso los niños del Colegio La Salle casi nunca hacíamos gimnasia, pues se hacía en el patio y con la ropa de diario. Con la lluvia en los cristales subíamos al aula con Don Benigno, un afable profesor lo más alejado que uno pueda imaginarse del sargento de los marines de las películas, que nos dictaba la clase de gimnasia en el medio del más profundo y general aburrimiento. Copiar tablas de gimnasia en las que se hablaba del tendido supino o prono y de flexión lateral derecha no tenía nada de apasionante, ni siquiera para Don Benigno, pero en sus dictados se emocionaba mucho, llegando a una profundidad casi filosófica cuando teníamos que copiar una mítica frase: “no es lo mismo campeón que plusmarquista”, frase que nos permitía derribar el muro de las apariencias y darnos cuenta de que el que gana no es siempre el mejor.

La diferencia entre campéon y plusmarquista en la gimnasia al dictado era algo tan singular como la copia generalizada del examen de “Formación del Espíritu Nacional”, una asignatura que no se impartía, aunque se compraba el libro, y cuyo examen nos dictaba el profesor Bermúdez. Fuera cual fuera el curso, el dictado siempre era el mismo: “La persona jurídica”, un tema que como es lógico suscitaba el entusiamo general del alumnado, cuando comenzaba diciendo: “César, capturado por los piratas del Mediterráneo es el mismo César que…”. Lo que nos permitía saber básicamente que los piratas a veces se salían del Caribe.

Esos dictados al pie de la letra nos revelaban verdades profundas, al permitirnos comprobar que la apariencia no es siempre real, como ocurría cuando se recitaba el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, una obra cuyo lema todos entendíamos perfectamente si era lunes por la mañana temprano, aunque sin ser capaces de profundizar en la metafísica del barroco.

Casi cuarenta años después mucho se ha mejorado en la enseñanza y en tantos campos en nuestro país, pero la crisis económica y la creciente separación entre lo que se dice y lo que se hace en la política, la educación y la cultura hace posible revivir viejos tiempos.

Se imparte en la ciudad de Santiago un ciclo superior de FP sobre “Automatización y robótica industrial”, en el que los alumnos disponen de pocos ordenadores, teniendo que llevar los suyos, en el que asignaturas de carácter práctico como “Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos”, “Sistemas de medida y regulación” o “Sistemas secuenciales programables” se dictan al pie de la letra, por carecer el centro de los aparatos necesarios para impartirlas correctamente, a pesar de que el ciclo se ha anunciado a bombo y platillo como algo enormemente innovador y clave para la formación avanzada de nuestros futuros técnicos.

En unos casos se dictan apuntes en vez de trabajar con máquinas, pero en este barroco mundo docente en el que “toda la vida es sueño y los sueños, sueños son” podríamos citar ejemplos de facultades con prácticas de laboratorio de bioquímica o biofisica, cuando no hay ni plaza, ni medios y a veces ni siquiera laboratorios. Como el lenguaje administrativo y la realidad son como las rectas paralelas, de las que se decía a los niños que “por mucho que se prolonguen nunca se encuentran”, uno se puede encontrar con un escrito oficial en el que se le pide que diga si las “prácticas de campo”, de una asignatura teórica, las hará dentro de su aula o fuera de ella. No porque las autoridades hayan llegado a creer que las aulas son invernaderos aptos para el cultivo, como lo es el campo, sino porque todo el lenguaje está pervertido y no tiene casi nada que ver con la realidad, cuando palabras carentes de contenido como competencias, habilidades, excelencia y calidad son repetidas por autoridades ventrílocuas.

La tecnología se dicta al pie de la letra, o de la tuerca, el aula es un campo y la práctica es teoría en laboratorios que pueden no existir. Da la impresión de que Calderón de la Barca haya redactado todos los planes de estudio. En el fondo, sin embargo, algunos profesores podemos estar tranquilos, puesto que sabemos, como enseñaba Don Beningo, que a pesar de lo que digan las autoridades, “no es lo mismo campeón que plusmarquista”.

Francisco J. Bastida: El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
Francisco J. Bastida, catedrático de Derecho Constitucional

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

La Nueva España, 14/07/12

Gobierno de España: Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa

En las últimas décadas se ha alcanzado la universalización de la educación pero el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados.

El sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar la diversidad de talentos que poseen todos los estudiantes.

Mejorar la calidad de la enseñanza requiere el compromiso de toda la comunidad educativa para lo que se abre un periodo de información pública y de diálogo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que modificará la Ley Orgánica de Educación de 2006.

Desde la transición a la democracia España ha alcanzado unas tasas de escolarización desde los tres años prácticamente del 100 por 100. Ha desarrollado, además, los instrumentos necesarios para asegurar unos niveles mínimos de educación, cubriendo las necesidades básicas de los estudiantes para garantizar su asistencia a clase (infraestructura de los colegios, libros de texto, transporte y comedor escolar) y asegurando que el conjunto de los colegios alcanza unos niveles mínimos de calidad mediante el establecimiento de criterios de uniformidad. Se debe, pues, considerar como un logro de las últimas décadas la universalización de la educación.

Sin embargo, el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados. Lo ponen en evidencia las pobres calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA, las elevadas tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. La objetividad de los estudios comparativos internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma práctica, que permita desarrollar al máximo el potencial de cada alumno.

Medida en función de los resultados

El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que ésta debe medirse en función de los resultados de los estudiantes y no de los niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etcétera. Para ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayudando a superar barreras económicas y sociales, y generando aspiraciones y ambiciones realizables para todos.

Principios de la reforma

Los principios en los que se basa esta reforma son dos:

• En primer lugar, la igualdad de oportunidades que permita a cada estudiante acceder a una educación gratuita y de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y motivar a la mayoría a continuar los estudios post-obligatorios.
• En segundo lugar, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar el talento que poseen todos los estudiantes.

El reconocimiento de la diversidad entre alumnos en sus habilidades y expectativas es el primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad. Los estudiantes con problemas de rendimiento contarán con programas específicos de apoyo que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.

Diálogo

La reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común. Su puesta en marcha requiere de diálogo para conseguir que, con las aportaciones de todos, seamos capaces de alcanzar un acuerdo que consiga el compromiso de alumnos, familias y profesores. Es fundamental que la reforma educativa sea sostenible en el tiempo, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva de los resultados de los alumnos. Esto permitirá que la educación deje de percibirse como un campo de batalla político y se convierta en un objetivo común.

Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado, básicamente, las siguientes medidas:

• Simplificar el currículo y reforzar los conocimientos instrumentales.
• Flexibilizar las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones,
• Desarrollar sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo.
• Incrementar la transparencia de los resultados.
• Promover una mayor autonomía y especialización en los centros.
• Exigir a los estudiantes, profesores y colegios la rendición de cuentas.
• Incentivar el esfuerzo.

Líneas de trabajo

Basándose en los resultados de estas experiencias internacionales y una vez analizado el sistema educativo de nuestro país, el primer informe presentado al Consejo de Ministros incluye las siguientes líneas de trabajo:

Reducir el número de materias y vías, y aumentar la carga lectiva de las materias instrumentales, tanto en ESO como en Bachillerato.

• Cursar, a partir de 2º de la ESO, programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento así como de cualificación profesional.
• Adelantar a 3º de la ESO la elección de itinerarios a través de la elección de materias y convertir 4º de ESO en un curso de iniciación con dos trayectorias bien diferenciadas: hacia Bachillerato y hacia Formación Profesional.
• Realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán diseñadas por el Gobierno en la parte de enseñanzas mínimas y por las Comunidades Autónomas en la parte restante.
• Facilitar el acceso de Formación Profesional de grado medio a Formación Profesional de grado superior.

Por lo que respecta a los centros docentes, el informe incluye medidas tendentes a:

• Promover la especialización de los centros docentes.
• Una mayor autonomía para la gestión de los centros docentes, para impulsar y desarrollar acciones orientadas a la mejora de la calidad.
• Promover el uso de las TIC como recursos de apoyo, la utilización compartida de plataformas digitales por autoridades educativas, centros docentes, profesores y alumnos, y la selección de recursos digitales de calidad.
• Potenciar el plurilingüismo.

La Moncloa, 29/06/12