Organización e planificación

Comunidad Valenciana: La Generalitat suprimirá el 55% de las carreras universitarias para ahorrar

Comunidad Valenciana: La Generalitat suprimirá el 55% de las carreras universitarias para ahorrar
Las universidades públicas suprimirán 219 titulaciones antes del año 2015 con el objetivo de evitar duplicidades; los grados con menos de cincuenta alumnos desaparecen

El nuevo mapa de titulaciones de la Comunidad Valenciana contempla una drástica reducción del 55 por ciento en las carreras ofertadas por las universidades públicas. La Generalitat persigue con esta iniciativa ahondar en la política de reducción de costes y evitar duplicidades. En algunos casos desaparecerán carreras en las que había menos de cincuenta almunos matriculados.

El plan presentado por el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Fabra, prevé que de pasen de los 407 estudios universitarios que se ofrecen en la actualidad entre diplomaturas, licenciaturas, segundo ciclo y grados a 188, lo que supone un descenso cercano al 55 por ciento. El proyecto debe estar completado en el curso 2015-2016 y supondrá adaptar de forma el sistema universitario valenciano al Plan Bolonia.

Cuando se complete el plan se pasará de los 67.500 créditos que se ofertaban en la actualidad a 45.120 créditos.

El próximo curso ya se suprimirán 89 titulaciones por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. El programa presentado este miércoles por Fabra también afecta a los másters que ofertan las universidades públicas valencianas. En este caso, la oferta se reducirá desde los 345 actuales a 282.

Entre los aspectos destacados de este acuerdo, para la implantación de grados, deberán contar con un mínimo de 50 alumnos; no podrán tener duplicidad en la misma provincia salvo que esté justificado por la solicitud de alumnos y se elaborará una relación de grados que favorezca la demanda de tejido productivo y la empleabilidad de los alumnos.

El documento ha sido rubricado este miércoles en el Palau de la Generalitat en un acto presidido por el jefe del Consell, con presencia de los rectores de las universidades, los presidentes de los consejos sociales de estas instituciones y la consellera de Educación, María José Català. Fabra ha destacado el consenso entre administración y universidades para acordar este mapa de titulaciones con el que, según ha dicho, se ha dado "un paso más en este camino para ser eficientes".

ABC, 19/06/13

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José Carlos Bermejo Barrera: Ni hubo ni habrá un sistema universitario gallego

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Hace más de veinte años que la Universidad de Santiago fue dividida para crear un supuesto sistema universitario gallego, planificado y diseñado por las autoridades políticas. La razón fue muy simple: debido al incremento del número de sus alumnos y a las dificultades administrativas, comprensibles en un momento en el que la informática estaba en un estado incipiente, se decidió crear tres universidades, dividiéndose sus territorios de un modo un tanto arbitrario, puesto que a Santiago le correspondió Lugo, a A Coruña, Ferrol, y a Vigo, Ourense y Pontevedra. Y si la distribución territorial no tuvo mucha lógica, menos la tuvo la decisión de disolver los Colegios universitarios - que impartían primeros ciclos y que ahora tendrían asignados sus grados de Bolonia- obligándolos a convertirse en facultades e impartir licenciaturas, añadiendo docenas de licenciaturas más en una loca competencia entre rectores, apoyados y alentados por los políticos provinciales y locales.

Como no se hizo una distribución racional de los campus - convirtiendo por ejemplo a Vigo en la universidad politécnica de Galicia- cada universidad aspiró a tenerlo todo y así se duplicaron y triplicaron titulaciones. Y como además la creación de nuevas plazas de profesor era esencial para la promoción académica de muchas personas, las presiones corporativas del profesorado se sumaron a todas las demás.Se crearon centros apresuradamente y con medios precarios, pero la situación se mantuvo mientras creció el número de alumnos y fluyó el dinero público de la época dorada de la burbuja inmobiliaria. Hasta que llegó la crisis, se colapsaron las sobredimensionadas plantillas de personal, a la vez que caía el número de estudiantes y el paro juvenil llegaba al 55%, llevándose consigo el valor de los títulos universitarios.

Todo el pais se reconvirtió, llovieron los recortes, aunque en Galicia fueron pequeños en sus universidades, comparados con otros sectores educativos, por no decir nada de la sanidad y los sistemas de cobertura del paro o las pensiones. Ante esta situación, y arropado por sus discurso de adelgazamiento del sector público y sus administraciones, presenta el gobierno gallego un anteproyecto de ley de un supuesto sistema universitario de Galicia, que no sólo no corrigue ninguno de los defectos existentes, sino que empeora todavía más la situación de las universidades gallegas.

Resum del document PROPUESTAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL elaborat per la Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español

Resum del document PROPUESTAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL elaborat per la Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español

El propòsit d’aquest Resum és sintetitzar l’extens informe elaborat per la Comissió designada pel ministre Wert i no pas valorar-ne el conjunt ni cada un dels capítols en què es divideix. Els breus comentaris que acompanyen alguns aspectes del resum tenen la finalitat de clarificar-los o de fer-ne ressaltar algun aspecte o mancança que ens ha semblat òbvia. Ha estat elaborat pel col·lectiu SAVA (compost per Albert Corominas, Sergi Fillet, Antoni Ras i Vera Sacristán).

Sumari

  • Introducció
  • Capítol 1: Selecció del PDI
  • Capítol 2: Avaluació de la qualitat de las universitats: excel·lència i competitivitat
  • Capítol 3: Govern de les universitats
  • Capítol 4: Finançament
  • Capítol 5: Estudis i titulacions universitàries

El document complet és accessible a:
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/ministerio-mecd/servicios-al-ciudadano/participacion-publica/sistemauniversitario/propuestas-reforma.pdf 

i els vots particulars a:
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/ministerio-mecd/servicios-al-ciudadano/participacion-publica/sistemauniversitario/adenda-propuestas-reforma.pdf

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades
Albert Corominas, Catedrático de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitari

El pasado 12 de febrero, los miembros de la llamada Comisión de Expertos entregaron su informe (“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”) al ministro Wert, quien los había designado unos meses antes.

Dicho informe ha tenido un eco relativamente escaso en los medios de comunicación, posiblemente a causa del fuerte estruendo de sobres, corrupciones y espionajes. No obstante, contiene diversas recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondrían un vuelco del sistema universitario español.

El elemento central del informe es la propuesta, muy poco argumentada pero muy definida, sobre el gobierno de las universidades. En síntesis, cada universidad sería gobernada por Consejo con entre 21 y 25 miembros, un 50% de los cuales serían elegidos por el Claustro, un 25 % por la comunidad autónoma (no se especifica si por el gobierno o por el parlamento) y el resto por acuerdo entre los dos grupos anteriores. Dado que la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad plural en que se inserta, no es difícil llegar a la conclusión de que la comunidad autónoma tendría asegurada la llave del gobierno de cada universidad, máxime cuando el Consejo elegiría al rector y este designaría secretario general, vicerrectores, decanos y directores de escuela y propondría al Consejo el gerente.

¿Es una propuesta técnica que interesa solo a la comunidad universitaria? ¿Es una sorpresa, un planteamiento inédito que ha resultado del debate entre los miembros de la Comisión? O, por el contrario, ¿es un hito de una campaña mediática persistente orientada a poner las universidades públicas al servicio de los denominados mercados?

De un tiempo a esta parte, el gobierno de las universidades, es objeto de documentos, artículos e intervenciones en medios de comunicación. Mayormente, por parte de representantes de algunos intereses empresariales, los cuales proclaman que la universidad española no funciona, que su principal problema es la gobernanza y que es urgente modificarla, con el fin de implantar un sistema de gobierno jerárquico, cuya máxima autoridad sea nombrada por un órgano no universitario con participación hegemónica empresarial. De tales pretensiones se han hecho eco los representantes políticos de dichos intereses y, así, el gobierno de la Generalitat de Cataluña impulsó, en 2011 y 2012, una comisión con el propósito evidente, aunque no logrado, de dar cobertura, con los lógicos matices (las propuestas procedentes de instancias políticas no suelen coincidir formalmente con las que expresan, ya sin tapujo, las organizaciones empresariales o sus instrumentos) a estos proyectos.

Cabe analizar, y sería interesante hacerlo, los motivos y la pertinencia del uso reiterado del término “gobernanza”, y no “gobierno”, en esta campaña (por cierto, hay que agradecer a la Comisión de Expertos que su informe se refiera al “gobierno” y no a la “gobernanza”). Pero, como más o menos dijo Humpty Dumpty a Alicia, la cuestión no es qué significan las palabras, sino quién manda. Y de esto, simple y llanamente, se trata: de quién ha de mandar en la universidad pública (en las privadas mandan los propietarios pero esto, a pesar de los paupérrimos resultados de la gran mayoría de estas universidades, con muy contadas excepciones, no parece discutirlo nadie).

No se trata, pues, de un debate académico, que interesaría solo a especialistas, sino de una contienda política y social, que concierne a toda la ciudadanía.

Actualmente, en el gobierno de las universidades públicas intervienen la administración pública, autonómica y estatal, los consejos sociales (en los que es hegemónica la cultura empresarial, pese a que, o a causa de que, sus miembros externos a la propia universidad son designados por gobiernos y parlamentos autonómicos, y organizaciones locales, profesionales, patronales y sindicales) y los propios miembros de la universidad. Estos últimos eligen al rector o rectora y a una parte del Consejo de Gobierno (“el órgano de gobierno de la Universidad”, dice la ley), así como otros órganos colegiados que equilibran la indudable preeminencia del rector o rectora en las decisiones internas.

Con este sistema se han obtenido resultados notables (expansión numérica, territorial y social de la enseñanza universitaria; incremento substancial de la cantidad, la calidad y la proyección de la investigación universitaria, que constituye la mayor parte de la que se lleva a cabo en España) pero presenta también inconvenientes relevantes (ineficiencias debidas a una planificación deficiente de centros, títulos y plantillas y a una inadecuada, a veces ambigua, atribución de responsabilidades en lo que respecta a la elaboración de los presupuestos y al control de su ejecución), que requieren las reformas oportunas, lo cual no implica, desde luego, que todas las deficiencias de la universidad deriven de su sistema de gobierno ni que este sea su problema principal.

Pese a ello, lo que se ha venido planteando no es la transformación del sistema actual para mejorarlo, sino, sin diagnóstico y sin argumentación, su revocación y substitución por un sistema jerárquico de corte empresarial.

¿Quién ha intervenido en el debate y con qué objetivos? Algunas organizaciones empresariales y sus supuestos think tanks, con la Fundación Conocimiento y Desarrollo como ariete (el nombre no hace la cosa: se trata del instrumento principal para cuestiones universitarias de un lobby empresarial presidido por Ana P. Botín) y con muchos presidentes de consejos sociales como voceros, reclaman el poder, en las universidades, para los empresarios. Algunos rectores, el poder para los rectores. Esta posición rectoral ha sido jaleada por las organizaciones empresariales interesadas y por sus pregoneros: sentado el principio de que el rector ha de tener amplios poderes, bastará reemplazar el procedimiento para elegirlo por un procedimiento para designarlo. Algunos rectores han visto ahora la jugada y han empezado a clamar (¿demasiado tarde?) que “no es esto, no es esto”.

¿Para qué quieren algunos empresarios mandar en la universidad? Para imponer la orientación de los planes de estudios, mercantilizar la investigación, subir las matrículas y hacer negocio con los préstamos. Se trata de un elemento más, y no el menor, del proceso de privatización de los servicios públicos, pero en este caso, con una singularidad: no se pretende asumir la propiedad del sistema, sino que este siga financiado públicamente o, en todo caso, por las familias, pero gobernado en función de los intereses empresariales. Jugada redonda: poner al servicio de intereses particulares los considerables recursos involucrados en el sistema universitario, ¡y sin invertir un céntimo!

¿Y quién debería mandar, pues, en la universidad? Parece razonable que esto dependa de la naturaleza, muy variada en la universidad, de las decisiones de gobierno. En lo que se refiere a la planificación y la financiación del sistema universitario, las administraciones estatal y autonómica, como responsables de la distribución de los recursos públicos y de la ordenación territorial, y como garantes de la igualdad de oportunidades y del servicio público. En el control del gasto y de la gestión, los órganos fiscalizadores de la administración y unos renovados consejos sociales, realmente comprometidos con la universidad y que representen pluralmente a la sociedad en sus vertientes culturales y económicas. La actividad académica, los contenidos y la forma de la docencia y la investigación y su gestión deben corresponder a la comunidad universitaria, que es la cualificada para estas competencias.

Finalmente, ¿a quién importa todo esto? A quienes estudian y estudiarán en la universidad y a sus familias, a quienes trabajan en ella, al empresariado que desea ser competitivo a medio y largo plazo y no pretende solo maximizar el beneficio inmediato. A toda la sociedad, porque toda ella se beneficia directa o indirectamente de una institución que genera y transmite conocimientos y contribuye así a que el país sea más culto y más productivo.

El Diario, 25/02/2013

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

Llamó la atención en su momento que el altivo y desmesurado ministro Wert, que tiene la virtud de saber lo que quiere y decir lo que piensa, aunque se hunda el mundo y las encuestas de opinión, decidiese consultar a un grupo de sabios por él designados qué se podría hacer con las universidades, sobre todo si lo que dijesen coincidiera con lo que pensaba. Así lo han hecho los expertos, competentes en sus campos pero no en el derecho, excepto en los casos de Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que han formulado un voto particular, advirtiendo del peligro de lo que se propone y de la necesidad de llevar a cabo muy importantes reformas en muchos aspectos del derecho público, entrando en dos campos, como el de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, susceptibles de amparo constitucional. Matices todos estos que, como sugieren los autores del voto particular (pág. 5), sus compañeros no saben o no quieren entender.

Podríamos resumir los resultados del informe en tres apartados: a)- el modelo de gobierno autoritario, b)- la crítica a gravísimos errores en la implantación del proceso de Bolonia, y c)- la confirmación global del sistema paralegal en el que se mueven las universidades, cuyas anomalías los dos juristas sí comprenden. Y llama la atención en el informe la existencia de dos tipos de textos: a)- los que dan oponiones, a veces muy fundadas, de sus miembros, y b)- el texto articulado casi como borrador de un proyecto de ley sobre el gobierno universitario, en el que Wert sí está oyendo lo que ya sabe y quiere que le confirmen.

Denuncia el informe en su apartado 5 que todos los títulos de ingenierías, el de arquitecto y el de derecho se han implantado erróneamente al convertirlos en grados, y propone volver a carreras de 5 o 6 años en esos títulos, como en el caso de medicina, en el que el sentido común y las presiones del Ministerio de Sanidad ya habían conseguido que el nuevo título tuviese nivel de grado y máster y otorgase competencia profesional, lo que tendría que haberse hecho en todos los casos citados. Del mismo modo se propone volver a reducir a 3 años magisterio y todas las antiguas diplomaturas, dejando sólo los anómalos grados de 4 años en algunos títulos. Todo esto quiere decir que el mismo año en que salen nuevos graduados se considera que sus planes de estudio estuvieron mal diseñados y que deben ser reformados inmediatamente. Es decir, se ha cometido un atropello exigiendo el máster de la abogacía a los licenciados en derecho y el máster docente a miles de licenciados que por ley están exentos de él. No es una broma, todo esto es gravísimo y deberían rodar metafóricamente las cabezas de quienes fueron responsables de ello, de quienes diseñaron una plantilla de 69 competencias universales válidas para fabricar cualquier carrera, sin considerar ni su contenido ni el sentido común.

Pero esto es una discreta recomendación. Los sabios, excepto los dos juristas, proponen ya articulado un modelo autoritario de gobierno, con un rector nombrado por la Autonomía y con dos sueldos: el oficial y el que libremente le conceda la autoridad política, ¡con la que está cayendo en este tema! Un rector con poder unipersonal amplísimo que nombra decanos, controla el nuevo órgano de gobierno, la mitad de cuyos miembros ni pertenecen a la universidad, que se queda con un claustro consultivo y puede contratar un cuerpo de profesores indefinidos que convivirán con los funcionarios a la vez que contemplan su extinción. Un rector que busca patrones externos de su universidad, en la que los órganos de gobierno serán tan reducidos (25 miembros o 60 para el claustro) que estudiantes y Pas se quedarán con una representación simbólica, y en la que todos los cargos y la pertenencia a esos órganos estarán condicionados por los sexenios de investigación: un patrón universal de medida del nivel de los profesores concedidos por los evaluadores de un modo a veces poco claro, como indica el propio informe. Esto es lo que Wert, altivo y desmesurado, quiere, pero es lo mismo que Ángel Gabilondo - que antes que ministro fue fraile y que ama a la par a Rilke y a la fundación Universia del Banco de Santander - y su equipo diseñaron en otro informe del 2011 sobre este tema y lo mismo que propusieron en 2010 la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista, que además deseaban que todo se llevase a cabo sin la profunda reforma legal que Alzaga y Urrea demandan.

Ahora sólo nos queda esperar que en la pornografía política española que sustituye al debate, que pornografía es porque sólo muestra lo más bajo para excitar las pasiones, el PSOE se convierta en defensor de la libertad intelectual y de la dignidad académica, desaparecida hace años, cuando sus evaluadores consiguieron imponer para todo y para todos las mismas varas de medir, a costa de amendrentar a profesores, Pas y alumnos y conceder a cuentagotas mínimos incentivos salariales, ahora restringidos por la crisis. Mientras tanto Wert, altivo y desmesurado, está dispuesto a meter en cintura y recetar jarabe de palo a las ingobernales, disfuncionales y caóticas universidades públicas, poniéndolas firmes a base de recortes y un autoritarismo académico del que serán protagonistas sus nuevos gobernantes, colaboradores necesarios en el viejo y nuevo sistemas.

¿En qué son expertos los "expertos"?

¿En qué son expertos los "expertos"?

Teresa Miras Portugal

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y directora del departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Experta en neurotransmisores, es la Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Miembro de numerosas sociedades científicas, habiendo ocupado cargos de responsabilidad en sus directivas, entre otras: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), European Society for Neurochemistry (ESN), International Society for Neurochemistry (ISN), Advisory Board of Chromaffin Cells, Purinergic Club, Editorial Board del Journal of Neurochemistry, etc

Óscar Alzaga Villaamil

Catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualmente es número uno en el escalafón del cuerpo de catedráticos de Derecho Constitucional, Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset y presidente de la Fundación Luis Vives. Entre 1977 y 1986 fue diputado por Madrid (primero por UCD y después en coalición con AP-PDP), presidió el Partido Demócrata Popular. Tuvo una destacada participación en los debates de las Cortes constituyentes. En 1986 se retiró de la política.

José A. de Azcárraga

Licenciado por la Universidad Complutense, y doctor por la de Barcelona (1968). Ha realizado numerosas estancias en el extranjero especialmente en Cambridge y Oxford. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Es miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG). Ha escrito numerosas publicaciones de carácter divulgativo.

Salvador Barberá

Doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con algunas de las más relevantes distinciones en investigación: Premio Rey Juan Carlos de Economía, Fellow de la Econometric Society, y Distinción de la Generalitat de Cataluña por la promoción de la investigación universitaria. Ha sido presidente de la Social Choice and Welfare Society y de la Southern European Economic Association (ASSET). Entre 2000 y 2004 fue Director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y de 2004 a 2006 ocupó la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia.

José Capmany

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó la Tesis en el University College de Londres. Es Catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Fue nombrado 'Fellow Member' del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) en reconocimiento a su liderazgo internacional y contribución en el campo de la fotónica de microondas. Está considerado uno de los más destacados expertos en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel internacional y sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas como Optics Express o Nature Photonics.

Elisa Chuliá Rodrigo

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (RFA), y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y desde diciembre de 2007 ocupa el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Universidad. Es miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Sus principales investigaciones se han centrado en el control de los medios de comunicación y la opinión pública en las dictaduras, el papel de la familia en la sociedad española y los desafíos políticos y sociales derivados del envejecimiento de la población, en particular.

Luis Garicano Gabilondo

Licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad de Valladolid. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Catedrático de Economía y Estrategia, en el Departamento de Empresas y Economía, en la London School of Economics. Ha sido co-director de un programa del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. También ha sido profesor de la Universidad de Chicago. Director de la Cátedra FEDEA McKinsey.

Félix Goñi

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres (Royal Free Hospital). En 1978 se incorporó a la UPV/EHU, en cuya Facultad de Ciencia y Tecnología comenzó a desarrollar lo que luego sería el Grupo de Biomembranas y la Unidad de Biofísica. Su grupo es uno de los grupos de alto rendimiento del Gobierno Vasco y de la UPV/EHU. Su trabajo de investigación se centra en las interacciones moleculares en las membranas celulares. Ha publicado 6 libros y 282 artículos e impartido numerosas conferencias invitadas y plenarias en congresos internacionales y en universidades de todo el mundo. Es coautor de 3 patentes y ha dirigido 16 tesis doctorales. Fue director de Política Científico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y desde 2006 es presidente del Comité de Publicaciones de FEBS (Federation of European Biochemical Societies) y también fundador y presidente de la Fundación Biofísica Bizkaia presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Sociedad Americana de Biofísica

Rafael Puyol

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue Rector de la misma desde 1995 hasta 2003, donde continúa su labor docente como profesor de Geografía Humana. Es Vicepresidente de Relaciones Institucionales del IE Bussines School, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa  y Presidente del Patronato de la IE Universidad (privada) de Segovia. Asimismo, es profesor del área de Entorno Económico en IE. Es miembro del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), grupo que presidió desde 1986 hasta 2000, asimismo ostenta el cargo de Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica; Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma; Vicepresidente 1º de la Real Sociedad Geográfica. Está especializado en Demografía, ha publicado 17 libros, más de 100 artículos y es colaborador habitual de prensa y radio.

Matías Rodríguez Inciarte

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario y Nacional Fin de Carrera. Realizó estudios empresariales en el M.I.T. de Boston. Es Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Presidente del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias desde 2008. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre la que destaca la Gran Cruz de Carlos III. En 1981, fue Secretario de Estado Adjunto al Presidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia. En 1984 se incorpora al Banco de Santander donde ocupa la Subdirección general en 1986 y la Vicepresidencia segunda en 1994 cargo que ocupa en la actualidad.

Mariola Urrea

Licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de La Rioja, de la que además es profesora titular de Derecho Internacional Público en el Departamento de Derecho, del que ha sido secretaria (2001-2004). Desde abril de 2010, es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y ha sido Presidenta de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España. Ha realizado distintas estancias investigadoras, entre otras en el Centro Jean Monet de Derecho Económico Regional e Internacional y Justicia de Nueva York y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Colabora con distintos medios de comunicación escritos y radiofónicos.

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Expertocracia: poder de conocer los intereses de los demás mejor de lo que podrían hacerlo ellos mismos

Moisés

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha hecho entrega al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert de un documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo.

La Comisión de Expertos fue nombrada, por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro.

El documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” ha sido suscrito por la totalidad de los miembros de la Comisión que han participado en la misma hasta la conclusión de sus trabajos (dos de sus miembros: el profesor Barberá y la profesora Chuliá causaron baja en el grupo de trabajo, por razones personales, hace unos meses).

El profesor Alzaga y la profesora Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, han suscrito una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe, los atinentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

El Ministro y su equipo se han reunido con los comisionados a quienes han agradecido su desinteresado esfuerzo a lo largo de estos meses. El Ministro ha subrayado que los trabajos realizados serán objeto de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria en la línea que se señalaba en el Acuerdo de Consejo de Ministros que dio origen a esta Comisión.

Los miembros de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que han elaborado y firmado este informe son:

Presidenta:

María Teresa Miras-Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.

Vocales:

Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

José Adolfo de Azcárraga Feliu, Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-UVEG), Profesor Emérito de la Universidad de Valencia.

José Campmany Francoy, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Garicano Gabilondo, Catedrático de Economía y Estrategia, London School of Economics and Political Science.

Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Director Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU)

Rafael Puyol Antolín, Catedrático de Geografía Humana, Universidad Complutense, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa.

Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Vicepresidente tercero del Banco de Santander.

Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de la Rioja.

Los documentos podrán consultarse en la página web del Ministerio.

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

José Carlos Bermejo Barrera: La falacia del I+D académico: Una economía política de la Universidad española

De acuerdo con la lógica aristotélica, se denomina falacia a una argumentación intencionadamente falsa. Una característica esencial de la falacia es que es relativamente fácil de descubrir, porque la capacidad de argumentación de quien la construye es también relativamente débil. No debemos confundir la noción de falacia con la noción de ideología, tal y como fue definida por la filosofía del siglo XIX y consagrada como concepto por parte de Karl Marx. Una ideología es una construcción o visión del mundo muy compleja, y tiene que tener un carácter sistemático, ya que tiene que dar cuenta de una gran cantidad de hechos mediante la construcción de modelos explicativos, ya sea en el campo de la economía, de la política o de la sociología (Plamenatz, 1983; Eagleton, 1997; Zizek, 2003).

De lo que vamos a tratar a continuación es de una falacia construida dentro del marco académico español. Una falacia que ha sido posible gracias a lo que podríamos llamar la destrucción de la esfera pública en la Universidad española.

En la Universidad española ha desaparecido la capacidad de análisis y autocrítica por parte de la mayoría de sus miembros, y sobre todo de los que más deberían tenerla por su profesión: los profesores. Estos son incapaces de planificar sus acciones institucionales de un modo racional debido a que han decidido aceptar sin ningún espíritu crítico todo un lenguaje basado en palabras vacías y conceptos huecos que nadie ni siquiera intenta definir. Es el caso de términos como “competencia”, “habilidad”, “eficacia”, “excelencia”, “productividad”, “gestión”, “gobernanza”…

Toda esta serie de términos, que llevan consigo la renuncia al desarrollo de un pensamiento racional, tiene en realidad como misión imponer un discurso disciplinario que se basa en la idea de que toda la educación y la investigación científica han de reducirse a un mero proceso de adiestramiento o instrucción, un proceso en el cual unos sujetos pasivos (los alumnos y los investigadores científicos) han de aprender e interiorizar una serie de normas y patrones de conducta que les permitan ejercer una actividad limitada, planificada y regulada por un pequeño grupo minoritario en cuyas manos queda la capacidad de elegir los términos con los que se puede hablar, de diseñar los programas informáticos que todo el mundo ha de seguir, y de establecer los objetivos institucionales y económicos a los que ha de subordinarse toda la actividad académica.

La destrucción de la esfera pública y la anulación de la acción comunicativa, tal y como la definió Jürgen Habermas (Habermas, 1999), es la que ha hecho posible la imposición del discurso disciplinario asociado a los valores del pensamiento económico neoliberal en todos los campos académicos, que deberían encontrar, de acuerdo con él, siempre una justificación económica, y medirse de acuerdo con los patrones de la rentabilidad. Un caso particular de todo este proceso sería el de la investigación científica y los procesos de creación de conocimiento, a los que se intenta regular, controlar y medir hasta el milímetro, llegándose casi al absurdo de pretender planificar la innovación, como si la innovación, y cuanto más radical mejor, pudiese derivarse de un algoritmo perfectamente definido. En la Universidad española, la investigación científica aparece concebida como una parte más del proceso administrativo, lo que es posible debido al poder y a la influencia que los mecanismos de control burocrático y político han alcanzado tanto en los procesos de financiación de la investigación como en el control y planificación de las vidas académicas y personales de los profesores e investigadores.

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.

Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.

En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.

El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada --pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.

(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.

Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.

Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.

(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.

(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.

(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.

Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.

Nuevo Desorden, 13/09/12

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

A few years back, Paul E. Lingenfelter began his report on the defunding of public education by saying, “In 1920 H.G. Wells wrote, ‘History is becoming more and more a race between education and catastrophe.’ I think he got it right. Nothing is more important to the future of the United States and the world than the breadth and effectiveness of education, especially of higher education. I say especially higher education, but not because pre- school, elementary, and secondary education are less important. Success at every level of education obviously depends on what has gone before. But for better or worse, the quality of postsecondary education and research affects the quality and effectiveness of education at every level.”

In the last few years, conversations have been growing like gathering storm clouds about the ways in which our universities are failing. There is talk about the poor educational outcomes apparent in our graduates, the out-of-control tuitions and crippling student loan debt. Attention is finally being paid to the enormous salaries for presidents and sports coaches, and the migrant worker status of the low-wage majority faculty. There are now movements to control tuition, to forgive student debt, to create more powerful “assessment” tools, to offer “free” university materials online, to combat adjunct faculty exploitation. But each of these movements focuses on a narrow aspect of a much wider problem, and no amount of “fix” for these aspects individually will address the real reason that universities in America are dying.

To explain my perspective here, I need to go back in time. Let’s go back to post World War II, 1950s when the GI bill, and the affordability – and sometimes free access – to universities created an upsurge of college students across the country. This surge continued through the ’60s, when universities were the very heart of intense public discourse, passionate learning, and vocal citizen involvement in the issues of the times. It was during this time, too, when colleges had a thriving professoriate, and when students were given access to a variety of subject areas, and the possibility of broad learning. The Liberal Arts stood at the center of a college education, and students were exposed to philosophy, anthropology, literature, history, sociology, world religions, foreign languages and cultures. Of course, something else happened, beginning in the late fifties into the sixties — the uprisings and growing numbers of citizens taking part in popular dissent — against the Vietnam War, against racism, against destruction of the environment in a growing corporatized culture, against misogyny, against homophobia. Where did much of that revolt incubate? Where did large numbers of well-educated, intellectual, and vocal people congregate? On college campuses. Who didn’t like the outcome of the 60s? The corporations, the war-mongers, those in our society who would keep us divided based on our race, our gender, our sexual orientation.

I suspect that, given the opportunity, those groups would have liked nothing more than to shut down the universities. Destroy them outright. But a country claiming to have democratic values can’t just shut down its universities. That would reveal something about that country which would not support the image they are determined to portray – that of a country of freedom, justice, opportunity for all. So, how do you kill the universities of the country without showing your hand? As a child growing up during the Cold War, I was taught that the communist countries in the first half of the 20th Century put their scholars, intellectuals and artists into prison camps, called “re-education camps”. What I’ve come to realize as an adult is that American corporatism despises those same individuals as much as we were told communism did. But instead of doing anything so obvious as throwing them into prison, here those same people are thrown into dire poverty. The outcome is the same. Desperate poverty controls and ultimately breaks people as effectively as prison…..and some research says that it works even MORE powerfully.

So: here is the recipe for killing universities, and you tell ME if what I’m describing isn’t exactly what is at the root of all the problems of our country’s system of higher education. (Because what I’m saying has more recently been applied to K-12 public education as well.)

First, you defund public higher education.

Anna Victoria, writing in Pluck Magazine, discusses this issue in a review of Christopher Newfield’s book, Unmaking the Public University: “In 1971, Lewis Powell (before assuming his post as a Supreme Court Justice) authored a memo, now known as the Powell Memorandum, and sent it to the U.S. Chamber of Commerce. The title of the memo was “Attack on the American Free Enterprise System,” and in it he called on corporate America to take an increased role in shaping politics, law, and education in the United States.” How would they do that? One, by increased lobbying and pressure on legislators to change their priorities. “Funding for public universities comes from, as the term suggests, the state and federal government. Yet starting in the early 1980s, shifting state priorities forced public universities to increasingly rely on other sources of revenue. For example, in the University of Washington school system, state funding for schools decreased as a percentage of total public education budgets from 82% in 1989 to 51% in 2011.” That’s a loss of more than 1/3 of its public funding. But why this shift in priorities? U.C. Berkeley English professor, Christopher Newfield, in his new book Unmaking the Public University posits that conservative elites have worked to de-fund higher education explicitly because of its function in creating a more empowered, democratic, and multiracial middle class. His theory is one that blames explicit cultural concern, not financial woes, for the current decreases in funding. He cites the fact that California public universities were forced to reject 300,000 applicants because of lack of funding. Newfield explains that much of the motive behind conservative advocacy for de-funding of public education is racial, pro-corporate, and anti-protest in nature.

Again, from Victoria: “(The) ultimate objective, as outlined in the (Lewis Powell) memo, was to purge respectable institutions such as the media, arts, sciences, as well as college campus themselves of left-wing thoughts. At the time, college campuses were seen as “springboards for dissent,” as Newfield terms it, and were therefore viewed as publicly funded sources of opposition to the interests of the establishment. While it is impossible to know the extent to which this memo influenced the conservative political strategy over the coming decades, it is extraordinary to see how far the principles outlined in his memo have been adopted.”

Under the guise of many “conflicts”, such as budget struggles, or quotas, de-funding was consistently the result. This funding argument also was used to re-shape the kind of course offerings and curriculum focus found on campuses. Victoria writes, “Attacks on humanities curriculums, political correctness, and affirmative action shifted the conversation on public universities to the right, creating a climate of skepticism around state funded schools. State budget debates became platforms for conservatives to argue why certain disciplines such as sociology, history, anthropology, minority studies, language, and gender studies should be de-funded…” on one hand, through the argument that they were not offering students the “practical” skills needed for the job market — which was a powerful way to increase emphasis on what now is seen as vocational focus rather than actual higher education, and to de-value those very courses that trained and expanded the mind, developed a more complete human being, a more actively intelligent person and involved citizen. Another argument used to attack the humanities was “…their so-called promotion of anti-establishment sentiment. Gradually, these arguments translated into real- and often deep- cuts into the budgets of state university systems,” especially in those most undesirable areas that the establishment found to run counter to their ability to control the population’s thoughts and behavior. The idea of “manufactured consent” should be talked about here – because if you remove the classes and the disciplines that are the strongest in their ability to develop higher level intellectual rigor, the result is a more easily manipulated citizenry, less capable of deep interrogation and investigation of the establishment “message”.

Second, you deprofessionalize and impoverish the professors (and continue to create a surplus of underemployed and unemployed Ph.D.s)

V.P. Joe Biden, a few months back, said that the reason tuitions are out of control is because of the high price of college faculty. He has NO IDEA what he is talking about. At latest count, we have 1.5 million university professors in this country, 1 million of whom are adjuncts. One million professors in America are hired on short-term contracts, most often for one semester at a time, with no job security whatsoever – which means that they have no idea how much work they will have in any given semester, and that they are often completely unemployed over summer months when work is nearly impossible to find (and many of the unemployed adjuncts do not qualify for unemployment payments).  So, one million American university professors are earning, on average, $20K a year gross, with no benefits or healthcare, no unemployment insurance when they are out of work. Keep in mind, too, that many of the more recent Ph.Ds have entered this field often with the burden of six figure student loan debt on their backs.

There was recently an article talking about the long-term mental and physical destruction caused when people are faced with poverty and “job insecurity” — precarious employment, or “under-employment”.  The article says that, in just the few short years since our 2008 economic collapse, the medical problems of this group have increased exponentially.  This has been the horrible state of insecurity that America’s college professors have experienced now for thirty years. It can destroy you — breaking down your physical and emotional health. As an example:  the average yearly starting salary of a university professor at Temple University in 1975 was just under $10,000 a year, with full benefits – health, retirement, and educational benefits (their family’s could attend college for free.) And guess what? Average pay for Temple’s faculty is STILL about the same — because adjuncts now make up the majority of faculty, and earn between $8,000 to $14,000 a year (depending on how many courses they are assigned each semester – there is NO guarantee of continued employment) — but unlike the full-time professors of 1975, these adjunct jobs come with NO benefits, no health care, no retirement, no educational benefits, no offices. How many other professions report salaries that have remained at 1975 levels?

This is how you break the evil, wicked, leftist academic class in America — you turn them into low-wage members of the precariat – that growing number of American workers whose employment is consistently precarious. All around the country, our undergraduates are being taught by faculty living at or near the poverty line, who have little to no say in the way classes are being taught, the number of students in a class, or how curriculum is being designed. They often have no offices in which to meet their students, no professional staff support, no professional development support. One million of our college professors are struggling to continue offering the best they can in the face of this wasteland of deteriorated professional support, while living the very worst kind of economic insecurity.  Unlike those communist countries, which sometimes executed their intellectuals, here we are being killed off by lack of healthcare, by stress-related illness like heart-attacks or strokes.  While we’re at it, let’s add suicide to that list of killers — and readers of this blog will remember that I have written at length about adjunct faculty suicide in the past.

Step #3: You move in a managerial/administrative class who take over governance of the university.

This new class takes control of much of the university’s functioning, including funding allocation, curriculum design, course offerings. If you are old enough to remember when medicine was forever changed by the appearance of the ‘HMO’ model of managed medicine, you will have an idea of what has happened to academia. If you are not old enough – let me tell you that Once Upon a Time, doctors ran hospitals, doctors made decisions on what treatment their patients needed. In the 1970s, during the infamous Nixon Administration, HMOs were an idea sold to the American public, said to help reign in medical costs. But once Nixon secured passage of the HMO Act in 1973, the organizations went quickly from operating on a non-profit organization model, focused on high quality health care for controlled costs, to being for-profit organizations, with lots of corporate money funding them – and suddenly the idea of high-quality health care was sacrificed in favor of profits – which meant taking in higher and higher premiums and offering less and less service, more denied claims, more limitations placed on doctors, who became a “managed profession”. You see the state of healthcare in this country, and how disastrous it is. Well, during this same time, there was a similar kind of development — something akin to the HMO — let’s call it an “EMO”, Educational Management Organization, began to take hold in American academia. From the 1970s until today, as the number of full-time faculty jobs continued to shrink, the number of full-time administrative jobs began to explode. As faculty was deprofessionalized and casualized, reduced to teaching as migrant contract workers, administrative jobs now offered good, solid salaries, benefits, offices, prestige and power. In 2012, administrators now outnumber faculty on every campus across the country. And just as disastrous as the HMO was to the practice of medicine in America, so is the EMO model disastrous to the practice of academia in America, and to the quality of our students’ education. Benjamin Ginsburg writes about this in great detail in his book The Fall of the Faculty.  

I’d like to mention here, too, that universities often defend their use of adjuncts – which are now 75% of all professors in the country — claiming that they have no choice but to hire adjuncts, as a “cost saving measure” in an increasingly defunded university. What they don’t say, and without demand of transparency will NEVER say, is that they have not saved money by hiring adjuncts — they have reduced faculty salaries, security and power. The money wasn’t saved, because it was simply re-allocated to administrative salaries, coach salaries and outrageous university president salaries. There has been a redistribution of funds away from those who actually teach, the scholars – and therefore away from the students’ education itself — and into these administrative and executive salaries, sports costs — and the expanded use of “consultants”, PR and marketing firms, law firms. We have to add here, too, that president salaries went from being, in the 1970s, around $25K to 30K, to being in the hundreds of thousands to MILLIONS of dollars – salary, delayed compensation, discretionary funds, free homes, or generous housing allowances, cars and drivers, memberships to expensive country clubs.

Step Four: You move in corporate culture and corporate money

To further control and dominate how the university is ‘used” -a flood of corporate money results in changing the value and mission of the university from a place where an educated citizenry is seen as a social good, where intellect and reasoning is developed and heightened for the value of the individual and for society, to a place of vocational training, focused on profit. Corporate culture hijacked the narrative – university was no longer attended for the development of your mind. It was where you went so you could get a “good job”.  Anything not immediately and directly related to job preparation or hiring was denigrated and seen as worthless — philosophy, literature, art, history.

Anna Victoria writes, on Corporate Culture: “Many universities have relied on private sector methods of revenue generation such as the formation of private corporations, patents, increased marketing strategies, corporate partnerships, campus rentals, and for-profit e-learning enterprises. To cut costs, public universities have employed non-state employee service contractors and have streamlined their financial operations.”

So what is the problem with corporate money, you might ask? A lot. When corporate money floods the universities, corporate values replace academic values. As we said before, humanities get defunded and the business school gets tons of money. Serious issues of ethics begin to develop when corporate money begins to make donations and form partnerships with science departments – where that money buys influence regarding not only the kinds of research being done but the outcomes of that research. Corporations donate to departments, and get the use of university researchers in the bargain — AND the ability to deduct the money as donation while using the labor, controlling and owning the research. Suddenly, the university laboratory is not a place of objective research anymore. As one example, corporations who don’t like “climate change” warnings will donate money and control research at universities, which then publish refutations of global warning proofs. OR, universities labs will be corporate-controlled in cases of FDA-approval research. This is especially dangerous when pharmaceutical companies take control of university labs to test efficacy or safety and then push approval through the governmental agencies. Another example is in economics departments — and movies like “The Inside Job” have done a great job of showing how Wall Street has bought off high-profile economists from Harvard, or Yale, or Stanford, or MIT, to talk about the state of the stock market and the country’s financial stability. Papers were being presented and published that were blatantly false, by well-respected economists who were on the payroll of Goldman Sachs or Merrill Lynch.

Academia should not be the whore of corporatism, but that’s what it has become. Academia once celebrated itself as an independent institution. Academia is a culture, one that offers a long-standing worldview which values on-going, rigorous intellectual, emotional, psychological, creative development of the individual citizen. It respects and values the contributions of the scholar, the intellectual, to society. It treasures the promise of each student, and strives to offer the fullest possible support to the development of that promise. It does this not only for the good of the scholar and the student, but for the social good. Like medicine, academia existed for the social good. Neither should be a purely for-profit endeavor. And yet, in both the case of the HMO and the EMO, we have been taken over by an alien for-profit culture, our sovereignty over our own profession, our own institutions, stripped from us.

A corporate model, where profit depends on 1) maintaining a low-wage work force and 2) charging continually higher pricers for their “services” is what now controls our colleges . Faculty is being squeezed from one end and our students are being squeezed from the other.

Step Five – Destroy the Students

While claiming to offer them hope of a better life, our corporatized universities are ruining the lives of our students.   This is accomplished through a two-prong tactic: you dumb down and destroy the quality of the education so that no one on campus is really learning to think, to question, to reason. Instead, they are learning to obey, to withstand “tests” and “exams”, to follow rules, to endure absurdity and abuse. Our students have been denied full-time available faculty, the ability to develop mentors and advisors, faculty-designed syllabi which changes each semester, a wide variety of courses and options. Instead, more and more universities have core curriculum which dictates a large portion of the course of study, in which the majority of classes are administrative-designed “common syllabi” courses, taught by an army of underpaid, part-time faculty in a model that more closely resembles a factory or the industrial kitchen of a fast food restaurant than an institution of higher learning.

The Second Prong:  You make college so insanely unaffordable that only the wealthiest students from the wealthiest of families can afford to go to the school debt free. Younger people may not know that for much of the 20th Century many universities in the U.S. were free – including the CA state system – you could establish residency in six months and go to Berkeley for free, or at very low cost. When I was an undergraduate student in the mid to late 1970s, tuition at Temple University was around $700 a year. Today, tuition is nearly $15,000 a year. Tuitions have increased, using CA as an example again, over 2000% since the 1970s. 2000%! This is the most directly dangerous situation for our students: pulling them into crippling debt that will follow them to the grave.

Another dangerous aspect of what is happening can be found in the shady partnership that has formed between the lending institutions and the Financial Aid Departments of universities.  This is an unholy alliance. I have had students in my classes who work for Financial Aid. They tell me that they are trained to say NOT “This is what you need to borrow,” but to say “This is what you can get,” and to always entice the student with the highest possible number. There have been plenty of kick-back scandals between colleges and lenders — and I’m sure there is plenty undiscovered shady business going on. So, tuition costs are out of control because of administrative, executive and coach salaries, and the loan numbers keep growing, risking a life of indebtedness for most of our students. Further, there is absolutely no incentive on the part of this corporatized university to care.

The propaganda machine here has been powerful.  Students, through the belief of their parents, their K-12 teachers, their high school counselors, are convinced by constant repetition that they HAVE to go to college to have a promising, middle class life, they are convinced that this tuition debt is “worth it” — and learn too late that it will indenture them.  Let’s be clear: this is not the fault of the parents, or K-12 teachers or counselors.  This is an intentional message that has been repeated year in and year out that aims to convince us all about the essential quality of a college education.

So, there you have it.

Within one generation, in five easy steps, not only have the scholars and intellectuals of the country been silenced and nearly wiped out, but the entire institution has been hijacked, and recreated as a machine through which future generations will ALL be impoverished, indebted and silenced. Now, low wage migrant professors teach repetitive courses they did not design to students who travel through on a kind of conveyor belt, only to be spit out, indebted and desperate into a jobless economy. The only people immediately benefitting inside this system are the administrative class – whores to the corporatized colonizers, earning money in this system in order to oversee this travesty. But the most important thing to keep in mind is this: The real winners, the only people truly benefitting from the big-picture meltdown of the American university are those people who, in the 1960s, saw those vibrant college campuses as a threat to their established power. They are the same people now working feverishly to dismantle other social structures, everything from Medicare and Social Security to the Post Office.

Looking at this wreckage of American academia, we have to acknowledge:  They have won.

BUT these are victors who will never declare victory — because the carefully-maintained capitalist illusion of the “university education” still benefits them. Never, ever, admit that the university is dead. No, no. Quite the opposite. Instead, continue to insist that the university is the ONLY way to gain a successful, middle class life. Say that the university is mandatory for happiness in adulthood. All the while, maintain this low-wage precariate class of edu-migrants, continually mis-educate and indebt in the students to ensure their docility, pimp the institution out to corporate interests. It’s a win-win for those right wingers – they’ve crippled those in the country who would push back against them, and have so carefully and cleverly hijacked the educational institutions that they can now be turned into part of the neoliberal/neocon machinery, further benefitting the right-wing agenda.

So now what?

This ruination has taken about a generation. Will we be able to undo this damage? Can we force refunding of our public educational system? Can we professionalize faculty, drive out the administrative glut and corporate hijackers? Can we provide free or low-cost tuition and high-quality education to our students in a way that does NOT focus only on job training, but on high-level personal and intellectual development? I believe we can. But only if we understand this as a big picture issue, and refuse to allow those in government, or those corporate-owned media mouthpieces to divide and conquer us further. This ruinous rampage is part of the much larger attack on progressive values, on the institutions of social good. The battle isn’t only to reclaim the professoriate, to wipe out student debt, to raise educational outcomes — although each of those goals deserve to be fought for. But we will win a Pyrrhic victory at best unless we understand the nature of the larger war, and fight back in a much, much bigger way to reclaim the country’s values for the betterment of our citizens.

I am eager to hear from those of you who have been involved in this battle, or are about to enter it.  We have a big job ahead of us, and are facing a very powerful foe in a kind of David and Goliath battle.  I’m open to hearing ideas about how to build a much, much better slingshot.

The Homeless Adjunct, 12/08/12

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?
Informe de la Fundación 1º de Mayo, 49, Julio 2012

Los más de cuatro (larguísimos) años de crisis económica, unidos al integrismo del déficit cero del discurso liberal han pasado factura en forma de drásticos recortes del gasto público en todos los ámbitos de nuestro incompleto (y en algunos ámbitos muy frágil) Estado del Bienestar.

El sistema educativo en todos sus tramos ha sido uno de ellos; pero no conviene llevarse a engaño porque con ser cierto que los recortes en la financiación de la educación tienen un impacto profundamente negativo en su calidad, no es menos cierto que la crisis en este ámbito, como en otros muchos, está sirviendo como coartada para incorporar cambios radicales que afectan a su propia función social, quiebran el principio de igualdad de oportunidades, profundizan en las brechas socio económicas, empobrecen a la ciudadanía (y también a la economía “basada en el conocimiento”) y, en definitiva, socavan el propio concepto de ciudadanía.

El incremento en un 60 por ciento de las tasas universitarias es, sin duda, uno de los elementos más visibles de esta “nueva” universidad pública elitista, cuyos efectos no sólo serán los de expulsar al alumnado que proviene de entornos más desfavorecidos económicamente, sino que además acorta la competencia, vía precios, entre universidad pública y universidad privada o, lo que es lo mismo, favorece a ésta última.

El incremento de la carga docente del profesorado tendrá, por su parte, un triple y pernicioso efecto: de un lado, supondrá el despido de profesorado (al igual que ha ocurrido en la enseñanza pública no universitaria); de otro lado, necesariamente, rebajará la calidad de la docencia. Por último, supondrá un lastre para la actividad investigadora que, por otra parte, también se verá menguada por la escasez de la financiación.

Este proceso de cambio de modelo se superpone, además, a las graves dificultades a que se enfrentaban las universidades para adaptarse sin financiación adicional al conocido como “Plan Bolonia”.

Esta superposición perversa dará, además, un gran protagonismo a las empresas privadas que mediante su “mecenazgo” orientarán la actividad universitaria, sus líneas de investigación, e incluso la contratación de personal investigador en función de sus propios intereses.

Acerca de todo ello se reflexiona en este informe.

Gobierno de España: Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa

Gobierno de España: Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la mejora de la calidad educativa

En las últimas décadas se ha alcanzado la universalización de la educación pero el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados.

El sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar la diversidad de talentos que poseen todos los estudiantes.

Mejorar la calidad de la enseñanza requiere el compromiso de toda la comunidad educativa para lo que se abre un periodo de información pública y de diálogo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que modificará la Ley Orgánica de Educación de 2006.

Desde la transición a la democracia España ha alcanzado unas tasas de escolarización desde los tres años prácticamente del 100 por 100. Ha desarrollado, además, los instrumentos necesarios para asegurar unos niveles mínimos de educación, cubriendo las necesidades básicas de los estudiantes para garantizar su asistencia a clase (infraestructura de los colegios, libros de texto, transporte y comedor escolar) y asegurando que el conjunto de los colegios alcanza unos niveles mínimos de calidad mediante el establecimiento de criterios de uniformidad. Se debe, pues, considerar como un logro de las últimas décadas la universalización de la educación.

Sin embargo, el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados. Lo ponen en evidencia las pobres calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA, las elevadas tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano y el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. La objetividad de los estudios comparativos internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años. Es necesaria una reforma práctica, que permita desarrollar al máximo el potencial de cada alumno.

Medida en función de los resultados

El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que ésta debe medirse en función de los resultados de los estudiantes y no de los niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etcétera. Para ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayudando a superar barreras económicas y sociales, y generando aspiraciones y ambiciones realizables para todos.

Principios de la reforma

Los principios en los que se basa esta reforma son dos:

  • En primer lugar, la igualdad de oportunidades que permita a cada estudiante acceder a una educación gratuita y de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y motivar a la mayoría a continuar los estudios post-obligatorios.
  • En segundo lugar, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar el talento que poseen todos los estudiantes.

El reconocimiento de la diversidad entre alumnos en sus habilidades y expectativas es el primer paso de cara al desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad. Los estudiantes con problemas de rendimiento contarán con programas específicos de apoyo que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.

Diálogo

La reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común. Su puesta en marcha requiere de diálogo para conseguir que, con las aportaciones de todos, seamos capaces de alcanzar un acuerdo que consiga el compromiso de alumnos, familias y profesores. Es fundamental que la reforma educativa sea sostenible en el tiempo, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva de los resultados de los alumnos. Esto permitirá que la educación deje de percibirse como un campo de batalla político y se convierta en un objetivo común.

Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado, básicamente, las siguientes medidas:

  • Simplificar el currículo y reforzar los conocimientos instrumentales.
  • Flexibilizar las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones,
  • Desarrollar sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo.
  • Incrementar la transparencia de los resultados.
  • Promover una mayor autonomía y especialización en los centros.
  • Exigir a los estudiantes, profesores y colegios la rendición de cuentas.
  • Incentivar el esfuerzo.

Líneas de trabajo

Basándose en los resultados de estas experiencias internacionales y una vez analizado el sistema educativo de nuestro país, el primer informe presentado al Consejo de Ministros incluye las siguientes líneas de trabajo:

Reducir el número de materias y vías, y aumentar la carga lectiva de las materias instrumentales, tanto en ESO como en Bachillerato.

  • Cursar, a partir de 2º de la ESO, programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento así como de cualificación profesional.
  • Adelantar a 3º de la ESO la elección de itinerarios a través de la elección de materias y convertir 4º de ESO en un curso de iniciación con dos trayectorias bien diferenciadas: hacia Bachillerato y hacia Formación Profesional.
  • Realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán diseñadas por el Gobierno en la parte de enseñanzas mínimas y por las Comunidades Autónomas en la parte restante.
  • Facilitar el acceso de Formación Profesional de grado medio a Formación Profesional de grado superior.

Por lo que respecta a los centros docentes, el informe incluye medidas tendentes a:

  • Promover la especialización de los centros docentes.
  • Una mayor autonomía para la gestión de los centros docentes, para impulsar y desarrollar acciones orientadas a la mejora de la calidad.
  • Promover el uso de las TIC como recursos de apoyo, la utilización compartida de plataformas digitales por autoridades educativas, centros docentes, profesores y alumnos, y la selección de recursos digitales de calidad.
  • Potenciar el plurilingüismo.

La Moncloa, 29/06/12

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Menos latín y más deporte?

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Menos latín y más deporte?

En el año 1974, el Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, afirmó que lo que España necesitaba era menos latín y más deporte. Algo se había mejorado desde 1936, año en el que Millán Astray gritó en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca a Miguel de Unanumo, catedrático jubilado de griego: “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”. Por lo menos el ministro valoraba la salud. Pero ¿por qué en un país en el que se creía que el latín solo servía para decir misa el ministro dijo esto? Pues porque el latín simbolizaba lo que de subversiva podía tener la propia universidad: el estudio, unido a la inteligencia, y a la capacidad de desarrollar el espíritu crítico frente a la autoridad establecida.

En la Galicia del 2012 se pone en duda el valor de una titulación única, filología clásica, basándose en unos índices absurdos y en la apelación al mercado. Veamos por qué. En primer lugar porque la filología clásica española, aun siendo un campo minoritario, fue de los primeros en los que se consiguió un nivel de internacionalización, ya desde fines de los años 50 del pasado siglo. Al ser el latín y el griego estudiados en todos los países y su bibliografía trilingüe en alemán, francés e inglés, los propios estudios exigieron un gran esfuerzo para poder moverse en esos ámbitos a nivel internacional.

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