Coñecemento libre - Open Access

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Harvard pede aos seus cientistas para publicar em revistas de conteúdo livre

Harvard pede aos seus cientistas para publicar em revistas de conteúdo livre
Publicação na ciência

O conselho consultivo da Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, sugeriu aos seus investigadores não só que publicassem os artigos em revistas científicas de conteúdo livre, como abandonassem os conselhos editoriais daquelas que não queiram rever o modo de acesso aos artigos que publicam.

A carta enviada aos membros da universidade explicitava a “situação insustentável” que a biblioteca enfrenta devido à subida de preços das assinaturas das revistas científicas. “Várias grandes editoras de revistas tornaram a comunicação científica finaceiramente insustentável e restritiva a nível académico. A situação é exacerbada devido ao esforço de certos editores de adquirirem, agregarem e aumentarem o preço das revistas”, diz a carta enviada a 17 de Abril.

Segundo o documento, o custo anual que a universidade suporta para ter acesso às revistas é de 3,75 milhões de dólares (2,83 milhões de euros). Em 2010, este valor era um décimo de todas as colecções que a biblioteca adquiria. A carta denunciava ainda que, em apenas seis anos, a assinatura de algumas revistas tinham aumentado em 145%, custando a de algmas 30.200 euros por ano.

“Apesar de a produção científica continuar a aumentar e de a publicação poder ser cara, margens de lucro de 35% ou mais sugerem que os preços que temos de pagar não resultam de um aumento do número de novos artigos”, diz o documento.

Muitos contractos englobam várias revistas diferentes que pertencem a uma editora. Algumas destas revistas têm muita leitura, outras nem tanto. Por isso, o conselho consultivo da universidade quer diminuir assinaturas que envolvem muitas revistas, já que não são comportáveis para a biblioteca. Não fazê-lo “pode erodir seriamente colecções noutras áreas, que já estão comprometidas”, refere a carta.

Para lutar contra o status quo da publicação científica, o documento propõe aos professores e estudantes para considerarem submeter os artigos a revistas de acesso livre, ou que têm custos de assinatura razoáveis. “Desloquem o prestígio para [as publicações de] acesso livre”, sugere o documento.

“Se estiverem num conselho editorial de uma revista, verifiquem se pode ser de acesso livre, ou se pode ser publicada por outras editoras. Se não for assim, considerem a vossa demissão”, diz ainda. Outra proposta é que os cientistas encorajem as associações profissionais a tomarem conta das revistas da sua especialidade.

Público, 27/04/12

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Boicot científico a Elsevier

Boicot científico a Elsevier
Académicos de todo el mundo critican también su apoyo a leyes como SOPA

Los investigadores se han cansado de Elsevier. Con una petición de firmas pública, cientos de científicos han decidido iniciar un boicot al grupo editorial holandés por sus "precios desorbitados", sus prácticas abusivas y "su apoyo a medidas como la SOPA, PIPA y la Ley de Trabajos de Investigación, cuyo espíritu es restringir el intercambio gratuito de información". El caso no alcanzará la fama de Megaupload, pero demuestra que la 'batalla' por el conocimiento tiene varios frentes.

Después de años de protestas estériles contra las prácticas de Elsevier, los académicos han decidido utilizar el potencial de internet para recoger firmas contra este grupo editorial. La campaña, iniciada por un grupo de matemáticos y a la que se van sumando científicos de otras disciplinas como la Biología o la Informática, denuncia lo que cuestan las revistas y la forma en la que se venden, obligando a las librerías a comprar grupos de cabeceras, muchas de las cuales no son de interés.

"Venden las revistas en 'fardos' muy grandes, de modo que las bibliotecas deben comprar grupos grandes con muchos títulos que no quieren. Elsevier logra así grandes beneficios, explotando sus cabeceras más importantes a expensas del resto de revistas", subraya la página en la que ya han firmado más de 1.500 científicos.

A pesar de eso, "cuando las bibliotecas intentan negociar mejores acuerdos, la editorial es implacable a la hora de restringir el acceso a sus cabeceras", señala en su blog Timothy Gowers, matemático británico miembro de la Real Sociedad de Londres y una de las cabezas visibles del movimiento.

Con estas políticas, que sitúan los trabajos científicos detrás de un 'muro de pago', el grupo, que publica unas 2.000 revistas y 20.000 libros y es la compañía editorial académica más grande del mundo, obtuvo 724 millones de libras (unos 865 millones de euros) en beneficios, lo que supone un 36% de un total de 2.000 millones de ingresos en 2010.

Una ley que pone en peligro la ciencia

Además de estas prácticas abusivas, los científicos también critican el apoyo del grupo holandés a leyes como la Stop Online Piracy Act, SOPA, mundialmente famosa tras el cierre de Megaupload, la PROTECT IP Act (PIPA) y la Research Works Act (Ley de Trabajos Científicos o RWA).

Esta última, introducida en el Congreso de EEUU el pasado mes de diciembre y aún a debate, incluye la prohibición expresa del acceso abierto y gratuito a las investigaciones financiadas con dinero público. Es decir, todos los estudios y ensayos financiados por organismos como los Institutos Nacionales de Salud del país americano, los NIH, serían accesibles sólo bajo pago.

Eso significa que todo el conocimiento científico que ésta y otras organizaciones generan dejaría de estar al alcance de todos. No sólo en EEUU, sino en todo el mundo. ONGs, organizaciones internacionales, países pobres, fundaciones... ¿Quién se beneficiaría? Las editoriales. De hecho, varias publicaciones han denunciado que los dos congresistas que presentaron el texto, la demócrata Carolyn Maloney y el republicano Darrell Issa, recibieron dinero de Elsevier.

Un editorial del último número de 'The Lancet' criticaba duramente la RWA. "Esta lesgilación breve y escrita a toda prisa no va en beneficio ni de la ciencia ni del público [...] La publicación médica y científica beneficia a la sociedad identificando y dando espacio a conceptos nuevos y olvidados en la medicina, haciendo discriminación positiva en pos de aquellos que no tienen voz en la salud y oponiéndose a las fuerzas que socavan los valores de nuestra profesión. La RWA no hace nada de eso [...] Esta mala ley debe ser rechazada".

El proyecto, que ha recibido el respaldo de Asociación Americana de Editores (AAP, por sus siglas en inglés) y la Alianza Copyright, cuenta con la clara oposición de instituciones universitarias, la Asociación Americana de Bibliotecas y la Sociedad Internacional de Biología Computacional. Además, algunos miembros de la AAP, como el Grupo Editoral de la revista 'Nature' o MIT Press, han hecho pública su disconformidad aunque no han abandonado la asociación.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/01/30/noticias/1327952591.html

Rebelión, 01/02/12

George Monbiot: Academic publishers make Murdoch look like a socialist

George Monbiot: Academic publishers make Murdoch look like a socialist
Academic publishers charge vast fees to access research paid for by us. Down with the knowledge monopoly racketeers

Who are the most ruthless capitalists in the western world? Whose monopolistic practices make Walmart look like a corner shop and Rupert Murdoch a socialist? You won't guess the answer in a month of Sundays. While there are plenty of candidates, my vote goes not to the banks, the oil companies or the health insurers, but – wait for it – to academic publishers. Theirs might sound like a fusty and insignificant sector. It is anything but. Of all corporate scams, the racket they run is most urgently in need of referral to the competition authorities.

Everyone claims to agree that people should be encouraged to understand science and other academic research. Without current knowledge, we cannot make coherent democratic decisions. But the publishers have slapped a padlock and a "keep out" sign on the gates.

You might resent Murdoch's paywall policy, in which he charges £1 for 24 hours of access to the Times and Sunday Times. But at least in that period you can read and download as many articles as you like. Reading a single article published by one of Elsevier's journals will cost you $31.50. Springer charges €34.95, Wiley-Blackwell, $42. Read 10 and you pay 10 times. And the journals retain perpetual copyright. You want to read a letter printed in 1981? That'll be $31.50.

Of course, you could go into the library (if it still exists). But they too have been hit by cosmic fees. The average cost of an annual subscription to a chemistry journal is $3,792. Some journals cost $10,000 a year or more to stock. The most expensive I've seen, Elsevier's Biochimica et Biophysica Acta, is $20,930. Though academic libraries have been frantically cutting subscriptions to make ends meet, journals now consume 65% of their budgets, which means they have had to reduce the number of books they buy. Journal fees account for a significant component of universities' costs, which are being passed to their students.

Esteban Magnani: La reforma digital

Esteban Magnani: La reforma digital

La tecnología expande el horizonte de lo posible y, por lo tanto, fuerza discusiones éticas que antes ni se imaginaban. En los ‘80, por ejemplo, uno de los campos que se abrían imponiendo debates nuevos lo daba la fecundación in vitro y la posibilidad de implantar óvulos en otro útero, lo que obligaba a plantear cuestiones tan básicas como los cánones aceptados de “familia” (niños con dos madres, por ejemplo). Con el tiempo, las prácticas (y el deseo de procrear como fuera) relegaron los debates a un segundo plano. De alguna manera es lo que está ocurriendo con otro tipo de paternidad, la intelectual, que viene ocupando el centro de la escena gracias al nuevo corrimiento de lo posible que ha generado la digitalización de la información. Pero el potencial de Internet se contradice con una lógica de negocios que se agrieta y se apoya en la propiedad privada como axioma que justifica todo lo demás. Pero empecemos por el principio de un nuevo capítulo en esta lucha.

TRANSACCIONES FILOSOFICAS

Philosophical Transactions of the Royal Society es la revista científica más antigua de todos los tiempos. Comenzó a publicarse en 1666, y sigue hasta nuestros días, e incluyó trabajos de los grandes pensadores de la revolución científica y posteriores, desde Robert Hooke hasta Charles Darwin, pasando por Isaac Newton. Sin duda esta revista es uno de los grandes patrimonios culturales de la humanidad.

En la era digital la materia resulta un estorbo. Por eso, luego de un acuerdo entre la Royal Society y la empresa Jstor (que se dedica, justamente, a archivar digitalmente publicaciones científicas), esta última procesó los números de los Philosophical... de los últimos 350 años. El objetivo, seguramente trabajoso, fue logrado en 2010, cuando se publicaron 18.592 papers online. Una simple visita al sitio de la Royal Society permite descubrir que para ver la dedicatoria del primer número de la revista (de 5 párrafos) es necesario pagar US$ 8, aunque la mayoría de los papers cuestan US$ 19, dinero que seguramente compensa muy satisfactoriamente el esfuerzo de la digitalización, sobre todo teniendo en cuenta que el grueso del trabajo se hace un sola vez y luego solo queda facturar. Un poco de matemática simple indica que con que se descargue una vez cada paper, a un promedio de US$ 15, se obtendrían US$ 278.880. De más está decir que la ganancia queda limpia, ya que los derechos de autor caducaron hace siglos. En cualquier caso es muy probable que rápidamente se cubra la inversión y luego sea todo rentabilidad neta. Jstor es una empresa sin fines de lucro y la Royal Society asegura que entre sus misiones está “incrementar el acceso a la mejor ciencia internacionalmente”. ¿Entonces por qué una vez cubiertos los costos de la digitalización no liberar esa información, que es parte de la historia cultural mundial? El precio puede no parecer mucho para los científicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estudiantes del tercer mundo usando el material para sus trabajos escolares?

Como era de esperar, a muchos no les gustó la idea de pagar por algo que consideraban patrimonio de la humanidad. Uno de ellos es un joven de 24 años llamado Aaron Swartz, conocido activista y empresario informático con varias campañas en su haber (ver recuadro). En un manifiesto de 2008 que se le atribuye, advertía: “La información es poder. Pero como todo poder hay quienes quieren quedárselo para sí mismos”. Un poco más abajo explicaba que era necesario apelar a la desobediencia civil y descargar “revistas científicas y subirlas a las redes que comparten información”, es decir a las redes P2P (o peer to peer), en las que se comparten archivos digitales entre usuarios, como permiten hacer numerosos sistemas, desde el iniciador Napster hasta los actuales torrent.

35 años de cárcel por consultar demasiados papers

35 años de cárcel por consultar demasiados papers

Support Aaron

35 años de prisión y una multa de hasta un millón de dólares, es una posible condena que podría enfrentar Aaron Swartz, un activista informático de 24 años.

Entre las peligrosas acciones y causas subversivas que figuran en su prontuario pueden mencionarse: la coautoría (a los 14 años) de la especificación RSS (el sistema más popular para compatir la publicación de noticias en la red), la colaboración con Tim Berners Lee (uno de los inventores de la World Wide Web) en el desarrollo y promoción de estándares de Internet, la fundación del grupo de acción "Demand Progress" (que atiende causas como la lucha contra la censura en Internet, contra la corrupción corporativa, la defensa de la privacidad, etc.), la creación del sitio watchdog.net (para facilitar el acceso a la información gubernamental), la publicación de artículos sobre cómo las corporaciones corrompen a instituciones científicas, ONG y medios (como ésta realizada a traves del "Harvard Ethics Center Lab on Institutional Corruption"), y la colaboración en proyectos como el popular sitio de noticias Reddit.net (y la liberación de su framework) o en el ambicioso "Open Library" de Internet Archive.

Emir Sader: Groucho Marx e os Direitos de Autor

Una noche en CasablancaEmir Sader: Groucho Marx e os Direitos de Autor

Quando os irmãos Marx iam filmar Uma noite em Casabranca (1946), receberam a ameaça de uma ação legal por parte da Warner Brothers que, cinco anos antes, tinham filmado uma película chamada Casabranca (com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman como protagonistas). Groucho, em seu nome e no de seus irmãos, respondeu em carta, que começa desta forma:

“Queridos Warner Brothers:

Parece que existe mais de uma forma de conquistar uma cidade e mantê-la sob seu domínio. Por exemplo, até o momento em que pensamos fazer este filme, não tinha a menor ideia de que a cidade de Casabranca pertencia exclusivamente a Warner Brothers. No entanto, poucos dias depois de anunciar nosso filme recebemos um largo e duro documento legal em que se nos impunha não utilizar o nome de Casabranca.

Parece que em 1471, Ferdinand Balboa Warner, seu tataravô, ao buscar um atalho para a cidade de Burbank, tropeçou com as costas da África e, levantando seu bastão (que mais tarde mudou por uma centena de ações na Bolsa), a chamou Casabranca.

Sinceramente não entendo sua atitude. Mesmo quando pensassem na reposição do seu filme, estou seguro que o espectador médio do cinema aprenderia oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman e Harpo. Não sei se eu poderia, mas claro que eu gostaria de tentá-lo.

Vocês reivindicam seu Casabranca e pretendem que ninguém mais possa utilizar esse nome sem sua autorização. E o que me dizem de “Warner Brothers”? É de sua propriedade também? Provavelmente vocês têm o direito de usar o nome de Warner, mas e o do Brothers? Profissionalmente nós éramos “brothers” muito antes que vocês.”

E citam outros usos do nome, anteriores todos aos da Warner, como Os irmãos Karamazov, entre outros.

Carta Maior, 08/05/11

Andrés E. Carrasco: La ciencia y el modelo de apropiación

Andrés E. Carrasco: La ciencia y el modelo de apropiación
Andrés E. Carrasco, investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA)

En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.

Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.

Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.

En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.

Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.

Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.

Hideyo Saito: A luta entre ricos e pobres em torno da propriedade intelectual

Hideyo Saito: A luta entre ricos e pobres em torno da propriedade intelectual

Enquanto avança na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) a chamada “agenda de desenvolvimento”, que procura flexibilizar as políticas nacionais de proteção intelectual, adequando-as ao nível efetivo de desenvolvimento de cada país, as nações dominantes preparam um tratado antipirataria que reafirma a tendência à absolutização dos direitos de patente, em favor dos oligopólios. Este acordo vem sendo negociado a portas fechadas por Estados Unidos e alguns seletos aliados, à revelia das organizações internacionais que cuidam do assunto. O artigo é de Hideyo Saito.

A “Agenda de Desenvolvimento” foi adotada em 2007 pela Assembléia-Geral da OMPI, atendendo proposta apresentada três anos antes por Brasil e Argentina, com apoio dos países subdesenvolvidos e oposição liderada pelos Estados Unidos. Ela parte do pressuposto de que, apesar dos progressos científicos e tecnológicos do último século, há um crescente abismo entre os países ricos e os pobres nesses campos. Por isso, defende a alteração da atual política de proteção da propriedade intelectual, para que possibilite a transferência e a disseminação de tecnologias em favor dos últimos. São ao todo 45 recomendações sobre assistência técnica e capacitação, políticas públicas e domínio público, transferência de tecnologia, acesso ao conhecimento, questões institucionais e outras (1).

A proposta brasileiro-argentina favorece o acesso a novas tecnologias pelos países subdesenvolvidos, que tem sido cada vez mais dificultado pela ação dos cartéis e pela imposição de patentes por longo período de tempo. Denuncia as regras vigentes e seu impacto sobre os preços de bens essenciais como medicamentos, softwares educativos e livros. Trata ainda de bloquear a apropriação de conhecimento tradicional e de recursos genéticos por parte das potências. Por outro lado, um dos aspectos da proposta que suscita maior oposição dos países dominantes é a preservação do domínio público, fundamental como fonte de informação geradora de inovação e criatividade.

La Universidad de California planta cara a la revista 'Nature'

La Universidad de California planta cara a la revista 'Nature'
La institución estadounidense amenaza con un boicoteo ante el aumento del precio de las publicaciones que le ha anunciado el grupo editorial

Lo que debía haber sido una discreta negociación sobre el precio de la suscripción a las 67 revistas científicas del grupo Nature para la Universidad de California (UC) se ha convertido en una bronca abierta, con acusaciones y amenazas entre los editores y los responsables de la biblioteca de la prestigiosa universidad estadounidense. La UC está considerando un boicoteo total a las revistas del grupo Nature, incluida la publicación de resultados científicos por parte de los californianos, cualquier actividad de revisión de textos y de asesoría, así como la inserción de anuncios en sus páginas. Es más, mientras se soluciona el conflicto, la biblioteca de la universidad sugiere a sus investigadores que publiquen sus trabajos en alguna revista competidora y de acceso abierto, como las Plos.

Según la UC, el incremento que pide el grupo Nature para renovar la suscripción en 2011 es de un 400%, "un incremento de magnitud sin precedentes", afirman los responsables de la biblioteca en una carta abierta que han dirigido a todos los miembros de la universidad. Si el precio medio actual de una revista de este grupo es de 4,465 dólares (3,70 euros), el precio propuesto para el año que viene sería de 17,479 dólares (14,52 euros). La aceptación de la nueva tarifa supondría un coste superior a un millón de dólares al año.

El ‘lobby’ estadounidense del copyright califica el ’software’ libre como “amenaza al capitalismo”

El ‘lobby’ estadounidense del copyright califica el ’software’ libre como “amenaza al capitalismo”

La Alianza internacional de la propiedad intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés) estadounidense publicó recientemente su lista ‘Special 301′, que señala a los países que no protegen suficientemente el ‘copyright’, y donde figura España. Además, ha incluido a otros países como Indonesia, Brasil e India por promover el uso de ’software libre’.

La lista de la IIPA (un grupo financiado por organizaciones gestoras de derechos como la MPAA, RIAA y otras) ‘Special 301′ se utiliza en muchas ocasiones como medida de presión comercial para que los gobiernos extranjeros cambien su postura. Normalmente, se centra en asuntos relacionados con las farmacéuticas o productos falsificados en general. En esta ocasión el ’software’ libre ha sido también considerado como un “elemento debilitador” de la industria.

El gobierno estadounidense no tiene la necesidad de legislar sobre este asunto ya que una simple recomendación de la IIPA a través de la ‘Special 301′ introduce a ciertos países en una “lista negra“.

El último ejemplo, que ha hecho saltar las alarmas, ha sido el de Indonesia. El gobierno de Yakarta envió el pasado año una carta a todos los departamentos y negocios estatales recomendando la utilización del llamado ‘open source software’, programas de código libre cuyo uso y distribución entra dentro de los márgenes de la ley.

Esta recomendación, según la IIPA, ha hecho merecedor al país asiático de formar parte del informe ‘Special 301′ por debilitar la industria y “fallar a la hora de hacer crecer el respeto por los derechos de propiedad intelectual”.

Red S@stenible

Red S@ostenibleRed S@stenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 - Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 - Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);

2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);

3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);

4 - La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Red S@stenible, 12/01/10

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Los internautas anuncian una campaña para hacer frente a lo que consideran un engaño del Gobierno

Los internautas anuncian una campaña para hacer frente a lo que consideran un engaño del Gobierno

La sede madrileña de la editorial Traficantes de Sueños fue ayer el escenario de una reunión de representantes de diferentes asociaciones de internautas españoles, que esperan conocer el lunes el texto íntegro del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para plantear posibles acciones contra la norma que establece el control judicial de las páginas webs de descargas e intercambio de archivos. La Asociación de Internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios considera que la medida «nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista». «Partimos de las declaraciones que hizo tras el Consejo de Ministros el ministro de Justicia, porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido», señaló Javier Maestre, abogado y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas. Los internautas harán frente a una norma que, en su opinión es «todo un engaño por parte del Gobierno», en declaraciones de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Según Domingo, «hay una firme decisión de dar una respuesta contundente [a la ley], y para hacer una amplia campaña de difusión pública sobre el engaño del Gobierno».

La Voz de Galicia, 10/01/10

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En defensa de una red libre: Autores y juristas españoles piden una red libre también de los grandes intereses empresariales

En defensa de una red libre: Autores y juristas españoles piden una red libre también de los grandes intereses empresariales

El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y simples usuarios de la Red de un muy amplio abanico político. Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.

La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.

Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se trata de que los autores cambien de amos. La cultura libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchos los creadores que se definen como trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.

Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.

Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender la democratización de toda la economía. No parece razonable aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas.

Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.

En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina.

Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.

Suscriben:

Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor, Carlos Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago Alba, escritor, Ignacio Ramonet, periodista y escritor, Alex de la Nuez, músico, Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa, escritor, Mercé Molist, periodista, Constantino Bértolo, editor, Carlo Frabetti, escritor y matemático, Rosa Regás, escritora, Irene Amador, antropóloga, Antonio Arco, músico.

Rebelión, 23/12/09

Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento

Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento: los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital

Índice

1 Introducción
2 Demandas legales
3 Directrices para la educación y el acceso al conocimiento (omitidas en esta versión - consúltese en http://fcforum.net)
4 Necesidades estructurales para una sociedad del conocimiento de todos/as y para todos/as
5 Referencias

  • 5.1 Política
  • 5.2 Documentos y fuentes legales
  • 5.3 Declaraciones pasadas en relación con la educación y el acceso al conocimiento

6 Licencia dual

Introducción


La sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y, sobre todo, en la forma de acceder a ellos. Ciudadanos/as, artistas y consumidores/as han dejado de ser sujetos pasivos y aislados/as frente a la industria de producción y distribución de contenidos. Ahora cada persona colabora, participa y decide.

La tecnología, como puente, permite que las ideas y el conocimiento fluyan; acabando así con muchas de las barreras geográficas y tecnológicas que impedían compartir; proporcionado, además, nuevas herramientas educativas y propiciando la aparición de nuevas fórmulas de organización sociales, económicas y políticas. Esta revolución es comparable a la que provocó la imprenta.

A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de la escasez. Y todo esto violando los derechos de los/as ciudadanos/as a la educación, al acceso a la información, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y de la privacidad. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público.

No todas las instituciones, estructuras y convenciones del sistema actual sobrevivirán si no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Las que sobrevivan se verán alteradas y redefinidas por la nueva realidad, y es posible que para ello necesiten esquemas de funcionamiento totalmente distintos.

ACTA o el fin de la privacidad en Internet

Top secretACTA o el fin de la privacidad en Internet
La libertad y privacidad está en peligro y pocos parecen estar dispuestos a defenderla

El reciente acuerdo de la Unión Europeo que facilita el bloqueo del acceso a Internet va mucho más lejos que la simple descarga de ficheros P2P.

Poco a poco, los países están poniendo cerco a la libertad que se vive en Internet. De derechas o de izquierdas, liberales o verdes, poner fin a la privacidad y libertad en Internet parece ser un objetivo que se han fijado.

Los medios han destacado solamente una parte del acuerdo alcanzado por la Unión Europea para bloquear el acceso a Internet, la descarga de ficheros P2P, obviando la parte más significativa: para determinar que esa descarga se produce "alguien" puede estar investigando cual es tu conducta en la red.

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