Empresarialización

Empresarialización

Miguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla

Miguel López MeleroMiguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla (PDF)
Revista de Estudios, 44, Octubre 2012
Miguel López Melero, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga

Soy partidario de que se hagan las cosas bien y no constantes reformas y contrarreformas que no suelen ser otra cosa que parches o el producto de la vanidad del que ocupa el Ministerio de Educación. Y quien lo está haciendo mal, en estos momentos, es el gobierno del Partido Popular que en menos de un año ha puesto al país ‘patas arriba’ con los recortes económicos y, sobre todo, con los recortes de derechos. Y lo está haciendo mal al hacer caso omiso a las evidencias: es imposible salir de la crisis a través de recortes y más recortes y sin crear empleo y, a pesar de ello, este gobierno y su presidente a la cabeza, se ha puesto al servicio del capital y se ha olvidado completamente de la ciudadanía española. Como muchos economistas han señalado (incluyendo al premio Nobel de economía Paul Krugman) no se soluciona el problema económico sin una decidida política de inversión y, añadiría yo, tampoco se soluciona únicamente con medidas económicas, sino limpiando de nepotismo y corrupción a las instituciones, y a la postre, democratizándolas (algo que afecta a los dos grandes ‘partidos’ PP y PSOE, como es bien sabido). Es un problema de democracia y no sólo de economía el que tenemos y el gobierno, intencionadamente, no sólo mira hacia otro lado, sino que hay toda una premeditada provocación institucional.

Por otra política educativa

POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA

Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:

  1. EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
  2. DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
  3. ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
  4. CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
  5. FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
  6. SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
  7. REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
  8. ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
  9. EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
  10. RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
  11. AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
  12. SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
  13. CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
  14. SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
  15. CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
  16. AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
  17. TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  18. PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
  19. DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
  20. PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.

Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.

Sevilla, a 27 de octubre de 2012

Firmantes

Adell Segura, Jordi. Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Alba Pastor, Carmen. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Álvarez Méndez, Juan Manuel. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Angulo Rasco, Félix. Catedrático de la Universidad de Cádiz

Badía Alcalá, Pedro. Director del periódico Escuela

Ballarín Domingo, Pilar. Catedrática de la Universidad de Granada

Blanco García, Nieves. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Cabello Martínez, Josefa. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Carbonell Sebarroja, Jaume. Director de la revista Cuadernos de Pedagogía

Clemente Linuesa, María. Catedrática de la Universidad de Salamanca

Domínguez Fernández, Guillermo. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide

Feito Alonso, Rafael. Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Fernández Enguita, Mariano. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Fernandez Sierra, Juan. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería

Gimeno Sacristán, José. Catedrático de la Universitat de València

Gutiérrez Del Amo, Pablo. Periódico Escuela

Imbernón Muñoz, Francisco. Catedrático de la Universitat de Barcelona

Jiménez Sánchez, Jesús. Inspector de Educación

López Melero, Miguel. Catedrático de la Universidad de Málaga

López, Begoña. Profesora de Educación Secundaria

López, Pilar. Profesora de Educación Secundaria

Marrero Acosta, Javier. Catedrático de la Universidad de La Laguna

Martín Criado, Enrique. Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide

Martín Rodríguez, Eustaquio. Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Martínez Bonafé, Jaume. Profesor Titular de la Universitat de València

Martínez López, Cándida. Profesora Titular de la Universidad de Granada

Martínez Rodríguez, Juan Bautista. Catedrático de la Universidad de Granada

Moreno, Agustín. Profesor de Educación Secundaria

Murillo, Francisco. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga

De Pablos Pons, Juan. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Pazos Jiménez, José Luis. Presidente de la FAPA Giner de los Rios de Madrid

Pérez Gómez, Ángel I. Catedrático de la Universidad de Málaga

Porlán Ariza, Rafael. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Recio, Miguel. Director de Instituto en la Comunidad de Madrid

Rodríguez Martínez, Carmen. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Rogero Anaya, Julio. Movimientos de Renovación Pedagógica

Sancho Gil, Joana M. Catedrática de la Universitat de Barcelona

Santos Guerra, Miguel A. Catedrático de la Universidad de Málaga

Subirats, Marina. Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona

Sureda, Jaume. Catedrático de la Universitat de les Illes Balears

Tiana Ferrer, Alejandro. Catedrático de la UNED

Torres Santomé, Jurjo. Catedrático de la Universidade da Coruña

Varela Fernández, Julia. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid

Vázquez Recio, Rosa. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz

Viñao, Antonio. Catedrático de la Universidad de Murcia

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: fin de un sistema

FonsecaJosé Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: fin de un sistema

Saben bien los juristas que la función de las leyes no es crear el mundo de la nada, como Dios hizo en el Génesis, sino regular la realidad de tal modo que en ella se puedan minimizar los conflictos. Las leyes son textos genéricos que se aplican en circunstancias concretas, por eso el derecho real no es el que está escrito, sino el que se aplica realmente. Y un sistema legal no es tal si pierde la credibilidad, es decir, si la mayor parte de la gente cree que en realidad ya no se aplica. En general en España y en concreto en sus universidades es esa credibilidad la que se está perdiendo, dando lugar a una sensación colectiva de descrédito y desencanto y suscitando el presentimiento de que se avecina una catástrofe.

Y es que en el momento presente da la impresión de que la única ley que siempre se cumple en las universidades es la ley de la gravedad, pues las leyes genéricas que les conciernen se desarrollan sin cesar en docenas de normativas y reglamentos en los que los legisladores se convierten en jueces, los jueces piden leyes hechas a la carta, y son a la vez parte y todo, encausados y sentenciadores de sí mismos, razón por la cual en las universidades nadie es responsable de nada y todo el mundo no es sólo inocente, sino que además hace que su caso particular se eleve a la categoría de doctrina.

La aplicación de las leyes se llama legalidad, pero como puede hacerse de múltiples modos, a veces quien la aplica puede perder la legitimidad y con ella su credibilidad ante la opinión públlica, si es que la opinión pública puede expresarse libremente. En las universidades españolas ya no hay opinión pública, sino que más bien reina una omertá napolitana ante los machacones mensajes de sus equipos de gobierno, obesionados por demostrar el prestigio de sus instituciones a base de índices elaborados en la China, o más allá. Esos mismos equipos que niegan que las universidades tengan otro problema que la falta de dinero, y que quieren hacer creer a la opinión pública que el dinero invertido en sus instituciones incrementa la riqueza del país, además de sus libros de contabilidad. Dicen que cuanto más se investiga más rico se es y menos paro hay, cuando en realidad lo que ocurre es que quienes más investigan son los que ya eran ricos, y como sus países son más ricos tienen también menos pobres y consecuentemente menos paro, porque en ellos los bueyes suelen ir delante del carro y no detrás, como en España.

Ya se sabe lo que les va ocurrir a las universidades. Se subirán las tasas, en el caso gallego después de las elecciones, se diferenciarán las destinadas a la investigación de las de segunda categoría, se favorecerá la entrada de capital privado y se introducirá el principio de gobernanza, ya incluido en el proyecto de reforma de las enseñanzas medias. Esto último quiere decir que los rectores serán nombrados por la autoridad política, que ellos nombrarán decanos y directores de departamentos, que tendrán que reducir drásticamente sus megaequipos, pagar sus deudas, cortar sus gastos y despedir profesores contratados, administrativos y otro tipo de trabajadores. Para eso se les nombrará, no para que caigan simpáticos. Se incrementará el control sobre sus cuentas y cada vez podrán legislar menos a favor de su propia casa. Y todo se hará casi sin resistencia, pues los no afectados seguirán casi seguro en la omertá, los afectados se quedarán fuera, los nombrados para gobernar en un sistema con menos órganos colegiados se sentirán más fuertes. Y los investigadores privilegiados por el azar y la fortuna se sentirán también a salvo, mientras cumplan los índices que miden su calidad, que pueden modificarse en cualquier momento por parte de quien manda.

Algunos dirán que se acabaron la democracia y la autonomía, porque ya no se puede seguir legislando a demanda y decidir que se tiene derecho a ingresar lo que uno quiere gastar. Sus voces, deslegitimadas por los hechos, apenas tendrán eco en ese nuevo mundo de sálvese quien pueda. Pues les recordarán cómo se gobernaban las universidades con el absentismo generalizado en los órganos de gobierno, con el absentismo docente de parte del profesorado y el escaso peso investigador de otra parte, con la sensación general de que los obsesivos mecanismos de control no controlaban ya nada cuando los aplicaban unos cargos académicos de los que cada vez más gente quería alejarse. Un mundo en el que dio la impresión de que los mejores profesores acabarían siendo empresarios privados dentro de la instituciones públicas, pero siendo solo aprendices de brujo, como lo fueron dos grandes filósofos griegos cuando perdieron el sentido de su oficio.

En efecto, Platón, un rico terrateniente ateniense, quiso educar a los tiranos de Sicilia, y por eso creó una ciudad ideal para aplicarla experimentalmente. En su aventura acabó siendo vendido como esclavo por el tirano Dioniso, aunque pudo ser rescatado por su rica familia. Aristóteles, que formó parte de la corte del rey de Macedonia, también acabó siendo un títere del juego de los poderosos y murió en el exilio, acogido por otro tirano, tras haber salido a duras penas de Atenas con su biblioteca a cuestas. Ambos fueron dos gigantes de la filosofía. A nosotros, los profesores de Fonseca, casi enanos a su lado, no nos va a tocar un mejor destino.

Jordi Llovet: La universidad que vendrá

Jordi Llovet: La universidad que vendrá
Caben escasas dudas acerca del auge futuro de las universidades privadas en detrimento de las públicas

Hacer un pronóstico de la universidad que nos espera no es tarea difícil. Basta con analizar todos los datos que poseemos sobre la cuestión educativa en España —secularmente desinteresada por la materia— o en Cataluña —algo más interesada en ella—, y, en especial, los datos que nos ofrece la historia económica reciente de ambos países, y aun del contexto europeo. Un análisis de esos hechos y, en especial de su tendencia, permite forjarse una idea más bien desoladora del horizonte que le espera a la vida universitaria de nuestro país.

Para empezar, caben escasas dudas acerca del auge futuro de las universidades privadas en detrimento de las públicas. La pésima organización de los currículum universitarios, añadida a otros factores que enumeraremos enseguida, hacen prever una mengua de toda enseñanza “de Estado” en favor de cualquier enseñanza de pago —no solo la universitaria, también la secundaria—. La enorme competencia que existe en estos momentos en el mercado laboral hará que los progenitores que puedan permitírselo manden a sus hijos a centros privados —donde la formación, incluso las salidas profesionales, poseen mayores garantías que en los centros públicos—, habida cuenta, encima, de que el número de profesionales egresados de nuestras universidades supera con creces —mucho más que en otros países de nuestro entorno— el porcentaje de los que resultan necesarios. Añadamos, aún, que los salarios de nuestros recién graduados serán en España, por algunos decenios, inferiores a los que pueden percibirse en Estados Unidos, pero también en Francia, Inglaterra o Alemania.

En segundo lugar, las universidades en general, pero más las que dependen del Estado, tienden, desde hace cosa de 10 años, a suprimir la figura de los funcionarios públicos (profesores titulares y catedráticos) en beneficio de los profesores contratados: casi todas las cátedras vacantes, abandonadas por cansancio o por jubilación forzosa en los últimos años, no han sido convocadas como medida de ahorro relativamente sustancial: un catedrático de más de 60 años puede ingresar entre 4.500 y 5.000 € netos al mes, mientras que un profesor asociado, una de las figuras más extendidas en la universidad española de nuestros días, que en algunos centros llega a alcanzar el 50% de la clase docente, ingresa entre 450 y 500 euros por idéntica dedicación: 10 veces menos, como no es difícil calcular. Esta diferencia tan escandalosa no es, sin duda, la mejor manera de estimular a los jóvenes docentes a seguir una carrera académica solvente; ni siquiera es una garantía, sino todo lo contrario, de que ellos mismos (incluso los alumnos) se tomen muy seriamente su trabajo. La universidad española se ha “proletarizado” en los últimos decenios, y en el seno de esta clase de trabajadores los profesores asociados constituyen hoy un verdadero Lumpenproletariat mal tratado, menospreciado y violado en sus derechos más elementales.

Pero hay más. El objetivo no siempre declarado, pero tácito, del desdichado plan Bolonia consiste en dos falacias: ajustar el número de graduados a las exigencias del mercado laboral —algo que, como se ha dicho, en España no se cumple en absoluto, para desengaño de muchos de sus egresados universitarios— y homogeneizar, aunque no unificar (algo inviable cuando se comparan países con una sólida tradición intelectual con el nuestro) las enseñanzas que se reciben. El segundo de estos extremos era algo que podía darse por supuesto antes de que se pusiera en marcha el plan Bolonia: un estudiante alemán que termina el bachillerato, o Gymnasium, está, en todos los sentidos y en todas las materias, igual o mejor preparado que un estudiante salido de las aulas superiores españolas: es una realidad que conocen bien todos los profesores, no solo los de letras, sino también los de ciencias. Es sabido que muchas facultades del ámbito científico de toda España se ven obligadas a impartir un semestre llamado “cero”, si no un curso entero, para elevar la ignorancia de sus alumnos hasta el nivel mínimo que les permita seguir con provecho las enseñanzas de nivel superior. Aquí debería haberse pensado en carreras de cinco o seis años, en lugar de cuatro —las más—, para suplir eficazmente y con realismo las carencias cada vez más ostensibles de nuestra enseñanza secundaria.

Por fin, pero no para acabar con tan espinosa cuestión, la incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza universitaria no hará sino mermar la capacidad de los estudiantes, ya de por sí pequeña, de poseer no solo información, sino el bagaje imprescindible para tener, durante los estudios y a lo largo de toda su vida profesional, amor por el conocimiento y el saber. Se está generando en España una clase profesional muy distinta de aquella que anhelaba la Segunda República: una clase dócil, inculta en términos generales, analfabeta en muchos casos, desinteresada por todo lo que no sea una pequeña parcela de saber e indiferente al desarrollo cultural y civilizatorio del país, que, curiosamente, ha gastado una parte importante de sus energías y de sus presupuestos en formar a esa clase profesional e intelectual.

A decir verdad, no veo más que nubarrones en el panorama universitario que nos espera en el futuro.

El País, 08/10/12

For a Public University!

For a Public University!

On 15 June 2012, the workshop ‘For a Public University’ was held at Nottingham University. The transformation of Higher Education in the UK is at full speed. The cuts in government funding and the simultaneous increase in tuition fees of up to £9000 per year have dramatic implications. While universities emphasise the need to attract private finance, students are pushed towards courses with direct employment possibilities. At the same time, employers ask for closer co-operation with universities not only in relation to research but also in terms of the development of teaching curricula. The main focus is clear: education should be directed towards business interests in order to strengthen the UK economy.

This workshop had the purpose to analyse the underlying dynamics of the transformation of Higher Education in and beyond the UK, to reflect on the social function of Higher Education, as well as develop alternative ways of thinking about how best to deliver Higher Education in the future. The goal is to re-assert ways in which Higher Education can be retained as a public good, available to all.

Panel 1 – Pedagogy and Knowledge
Panel 2 – Restructuring and Marketization
Panel 3 – Contested Visions of the Public University
Blog posts related to the workshop
Blog sites and posts related to Higher Education restructuring

Panel 1 – Pedagogy and Knowledge

Panel 2 – Restructuring and Marketization

Panel 3 – Contested Visions of the Public University

Blog posts related to the workshop

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The workshop was jointly organised by the Local UCU Association at Nottingham University, the Centre for the Study of Social and Global Justice (CSSGJ)/Nottingham University, the Centre for Research in Higher, Adult & Vocational Education (HAVE)/Nottingham University and the International Political Economy Group (IPEG) of the British International Studies Association.

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

Carlos Taibo: Sobre las agresiones que padecen las universidades públicas

El momento en que nos encontramos es singularmente delicado para la enseñanza pública, en general, y para la enseñanza pública universitaria, en particular. Si no somos capaces de articular respuestas convincentes, contundentes e imaginativas contra las agresiones que una y otra padecen, bien podemos asistir a un retroceso cabal que haga que la recuperación sea extremadamente costosa en términos de esfuerzos y de tiempo.

Convengamos en que lo que tenemos que afrontar ahora no es nuevo. Hace mucho tiempo que las universidades públicas padecen agresiones que apuntan en dos grandes direcciones: la mercantilización y la privatización. De ello se han encargado los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Importa subrayarlo porque, a mi entender, nuestra respuesta no debe tomar como horizonte la recuperación de un pasado que en modo alguno debemos idealizar, sino, antes bien, la construcción de un futuro muy diferente.

En las universidades públicas son dos, por lo demás, los hitos principales que marcan la situación actual. El primero lo configura, cómo no, el llamado plan de Bolonia, que en todos sus elementos se ha subordinado a ese doble objetivo, ya mencionado, de la mercantilización y la privatización. Si Bolonia fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, su aplicación se ha verificado, en cambio, en un escenario de visibles estrecheces económicas. El efecto final ha sido que, lejos de dar satisfacción de sus metas mayores, se ha traducido ante todo en una formidable expansión del caos en las universidades. Éstas no están formando esos licenciados sumisos y tecnocratizados que se esperaban, de la misma suerte que las empresas privadas no han hecho su aparición, como se preveía, en los campus. En alguna ocasión he manejado la intuición de que Bolonia ilustra de forma fehaciente la corrosión terminal del capitalismo: si éste exhibiese su vitalidad del pasado, habría tenido la inteligencia de frenar, en espera de mejores tiempos, la aplicación del plan. Alguien sentirá la tentación de subrayar, bien es cierto, que en los hechos Bolonia no es sino un primer paso en un camino que debe abocar en la definitiva implantación de la llamada Estrategia Universidad 2015, con una plena entronización del beneficio y de los intereses del sector privado, al que correspondería incluso la designación de los máximos responsables universitarios, y con una formidable operación de desvío de recursos hacia universidades, de nuevo, privadas.

El segundo hito lo configuran, claro, los recortes de los últimos tiempos. Como es sabido, son el resultado de una genuina nacionalización de la deuda privada --pagaremos todas lo que hicieron, en su descarado provecho, unos pocos--, la segunda se ha traducido en el firme de designio de no distinguir entre deuda legítima y aquélla que no lo es. Tomémonos la molestia de identificar las principales secuelas de los recortes aprobados.

(a) Se han producido, en primer lugar, subidas notabilísimas en las tasas que afectan a los grados y a los posgrados universitarios. Por lo que a los primeros se refiere, conforme a los datos que maneja la plataforma de trabajadores de la UAM, y por proponer un ejemplo, en el caso de las Humanidades el incremento de la matrícula ha conducido ésta desde 840 a 1.280 euros entre el curso anterior y el presente; la subida ha sido de un 52%. Los aumentos operados en las Ingenierías son del orden del 30%, de un 28% en las Ciencias Experimentales y de un 24% en Medicina, Enfermería y Nutrición. Más inquietante es, si cabe, la elevación en el coste de la segunda y de las sucesivas matrículas: si en un grado de Ciencias Sociales la tercera matrícula costaba 1.440 euros el curso pasado, en éste reclamará 4.300.

Por lo que respecta a los posgrados, el escenario presente está bien alejado de los ‘precios públicos’ que se prometían años atrás. Si en el caso de los de Profesorado e Idiomas las tasas han pasado de 1.553 a 2.100 euros, en el de las Ingenierías la subida lo ha sido desde 1.975 a 2.580 euros. Y ojo que hay posgrados más caros, toda vez que las sumas anteriores se refieren a los de 60 créditos: los costes son muchos más onerosos cuando hablamos de posgrados de 90 o 120 créditos. Para que nada falte, aún más espectaculares han sido las subidas de tasas que están llamadas a padecer los alumnos extranjeros: los 1.534 euros que costaban los 60 créditos del máster de Estudios Hispánicos de la UAM se han convertido nada menos que en 10.000.

Conviene situar los datos que acabo de manejar en un orden de cosas preciso: cuando muchos alumnos, agobiados por la crisis, tienen por lógica que asumir obligaciones --no precisamente agradables-- en el ámbito laboral, el escenario que se les impone es mucho más duro e ingrato, algo particularmente apreciable al calor de las subidas experimentadas por las segundas o terceras matrículas, y del descenso dramático en el número y en la cuantía de las becas, con graves efectos en materia del ya de por sí descafeinado principio de igualdad de oportunidades.

(b) Estamos asistiendo, en segundo término, a lo que a menudo son rescisiones masivas de contratos de profesores y de personal administrativo y de servicios, en un marco en el que las jubilaciones, por añadidura, no se amortizan. En este orden de cosas hay que preguntarse por el nulo porvenir laboral de los profesores no funcionarios y por el futuro, inquietante, de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Los retrocesos, dramáticos, experimentados por el gasto en investigación y desarrollo anuncian un panorama muy delicado en este terreno.

(c) Una tercera manifestación de los recortes afecta, como es sabido, a los salarios, objeto de sensibles reducciones, y a las jornadas laborales, con frecuencia prolongadas, en un escenario de extensión palpable de la precariedad.

(d) Todo lo anterior se ha visto acompañado, en suma, por lo que es una general expansión de las políticas de privatización de servicios enteros.

Si tengo que mal resumir lo que acabo de señalar, creo que servirán cinco ideas básicas. Son éstas: 1. Estamos asistiendo a agresiones sin cuento contra el principio de igualdad de oportunidades, llamadas a dañar gravemente los derechos de dos generaciones de conciudadanos. 2. La cacareada ‘apertura a la sociedad’ de la que presumen nuestros gobernantes no es otra cosa que una apertura a los negocios de las empresas privadas: los beneficios se hallan claramente por encima de la formación humanística, crítica e integral de las personas. 3. Todas las medidas adoptadas se han desplegado en ausencia de procedimientos democráticos de discusión: la imposición es la regla general que abrazan los responsables del Ministerio de Educación. 4. Se está haciendo valer una vulneración permanente de la autonomía universitaria. El ministro Wert no sólo señala cuánto hay que recortar: se empeña en explicar puntillosa y obsesivamente en dónde deben producirse los recortes. 5. El propósito de las medidas alentadas por el Gobierno español, y en su caso por los Gobiernos autonómicos, no es, con toda evidencia, hacer frente al pago de la deuda: de lo que se trata es de cambiar, con esa excusa, el modelo de la enseñanza pública, y en particular el de la universitaria, y de hacerlo, naturalmente, en provecho de la mercantilización y de la privatización más descarnadas. Éste es el panorama que nos obliga a reaccionar de manera convincente, contundente e imaginativa.

Nuevo Desorden, 13/09/12

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica

Francisco Imbernón: Una reforma ideológica
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.

El Gobierno presenta su reforma educativa en la línea de las propuestas que lanzó antes de verano. Aunque abrió una consulta en la web, no ha habido el debate que nos urgía, y en las conclusiones es fácil ver cómo el ministerio lleva el agua a su molino. En los últimos 30 años España ha tenido tres grandes reformas (LOGSE, LOCE y LOE), y cinco en 50 años. Mientras, los países referencia por sus resultados académicos han mantenido sus grandes leyes, y se han limitado a reformas parciales. Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada Gobierno.

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección…). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afín a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

El País, 13/09/12

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Jorge Riechmann: El curso no debe comenzar

Hay situaciones tan graves que el business as usual (seguir haciendo como siempre) se vuelve necesariamente contra nosotros y nosotras. Estamos viviendo una de esas situaciones. Tiene muchas aristas, pero una de las más importantes es el ataque organizado contra los servicios públicos: contra uno de los pilares básicos de la vida decente en una sociedad democrática. Y dentro de ese ataque, la demolición programada de la educación pública.

El lunes 3 de septiembre, el comienzo oficial del curso académico para las universidades públicas madrileñas no tuvo lugar. Otros septiembres ha sido éste un acto rutinario al que invariablemente acudía la presidenta de la región; se dictaba una lección magistral; se pronunciaban algunos discursos, a veces interesantes, otras veces tediosos; se entonaba ese curioso y hedonista himno universitario llamado GAUDEAMUS IGITUR (donde la enternecida comunidad académica no se priva de lanzar jocundas vivas a la república, así como a las “mujeres tiernas y amables”: aquí la traducción de los versos latinos). Esta vez, sin embargo, en la Facultad de Medicina de la UAM, Esperanza Aguirre no se atrevió a presentarse: envió a dar la cara a su subordinado Jon Juaristi. Y la intensidad de la protesta de estudiantes, profesores, sindicatos y PAS (Personal de Administración y Servicios) fue tal que no hubo ni medidos discursos, ni inauguración oficial, ni sentimental GAUDEAMUS.

El sentido que se desprende de estos hechos es claro, en mi opinión: vivimos una situación tan anómala, el ataque contra la universidad pública (plasmado en la ley 6/ 2011 de la CAM, el Real Decreto-Ley 14/ 2012 del gobierno del Reino de España, y los recortes de fondos) es tan destructivo, que el curso no debe comenzar. Y de hecho en Madrid (y en otras comunidades autónomas) están en marcha iniciativas en ese sentido.

Una de ellas es la convocatoria de una huelga indefinida de docentes (en todos los niveles de enseñanza en la Comunidad de Madrid, desde las escuelas infantiles a la universidad) a partir del 17 de septiembre. Pueden verse detalles de esta iniciativa en este blog. Se presentará en rueda de prensa el 5 de septiembre, a las 17 h., en la librería asociativa Traficantes de Sueños (c/ Embajadores 35, Madrid).

Una segunda iniciativa importante es la campaña de desobediencia civil propuesta desde la UCM y que ha ido elaborándose durante el verano: se hallará información básica en su web. La campaña arrancará el 12 de septiembre, a las 12 h., con una rueda de prensa (también en Traficantes de Sueños).

Llamo a todos mis compañeros y compañeras docentes a presentar las clases universitarias, en este anómalo inicio de curso que no debe comenzar, no con la explicación de ninguna materia curricular sino con un debate franco, crítico y abierto que aborde la situación actual. Desde la UAM hemos elaborado un documento en formato ppt que resume algunos puntos susceptibles de abordarse en tal debate: está a disposición de todo el mundo aquí.

Quienes potencialmente tienen más fuerza en este conflicto son las y los estudiantes. Lo han demostrado estos meses últimos en Chile, en Quebec y en otros lugares. Cada uno de las y los trabajadores públicos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y sin duda se nos pedirá cuentas por ello, en algún momento. Pero la fuerza potencialmente decisiva es la de los estudiantes. Ojalá no falten a su cita con la historia.

MÁSPúblico, 05/09/12

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia

Carlos Fernández Liria: Gente anti Bolonia
Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía en la UCM y coautor de los libros El Plan Bolonia y Bolonia no existe

Tras las protestas que interrumpieron la apertura del curso universitario de la Comunidad de Madrid, el director general de Universidades, Jon Juaristi, declaró que “no entendía que la gente estuviera cabreada” y que, además, “esa no era la gente de la Universidad”. ¿Quién es la gente de la Universidad? ¿Los que durante diez años de Plan Bolonia protagonizaron en los medios de comunicación una campaña de indigna propaganda plagada de calumnias contra la universidad pública, a la que supuestamente había que reformar de arriba a abajo para ponerla “al servicio de la sociedad”? ¿Gente como Daniel Peña, actual presidente de los rectores madrileños, que hasta hace nada proclamaba a los cuatro vientos que la universidad pública estaba en su mejor momento? ¿Como José Carrillo, que fue vicerrector de Espacio Europeo de la UCM y veía en Bolonia la gran ocasión de crear una universidad de enseñanza personalizada, grupos pequeños, alumnos internacionales que viajarían de aquí para allá con becas y subvenciones, cursando grados y másteres felizmente adaptados a un próspero mercado laboral en nuestra inigualable “sociedad del conocimiento” europea?

Ahora habrá quien diga que el Plan Bolonia era bueno, pero que no pudo aplicarse porque faltaron los medios para ello a causa de la crisis económica. La realidad es muy distinta. Para empezar esta crisis económica es una salvaje revolución neoliberal que está aprovechando la debilidad de los trabajadores para desmantelar todas las conquistas sociales que se habían consolidado en legislaciones e instituciones estatales desde la segunda guerra mundial. Una de estas conquistas era la enseñanza pública. Por tanto, no es que la crisis haya frustrado Bolonia, es que Bolonia era una de las avanzadillas de la crisis. Esto lo denunciaron con clarividencia incontestable los estudiantes que lucharon incansablemente contra el Plan Bolonia desde el año 2000. Se les llamó apocalípticos y antisistema. No eran apocalípticos: se quedaron cortos en sus previsiones más pesimistas. El desastre causado a la enseñanza pública superior supera ya los peores pronósticos. Sí eran, en cambio, antisistema y, en eso, tenían toda la razón, pues el Plan Bolonia no era una reforma educativa; era, como se ha demostrado, un capítulo entre otros de esta brutal revolución capitalista que estamos sufriendo.

Estamos inmersos en una reorganización de la universidad con criterios mercantiles, potenciando lo más rentable y dejando atrofiarse o morir por inanición a las disciplinas, facultades y departamentos que no puedan demostrar su interés mercantil, bien sea atrayendo inversión privada o demostrando su adaptación a las insensatas necesidades de un mercado laboral suicida. El verdadero objetivo del Plan Bolonia era reducir al mínimo la parte de los estudios financiada por el Estado. Para ello, se cortaron las carreras en dos. La primera parte (que pronto será sólo de tres años para muchas de las antiguas licenciaturas) constituye el Grado, que comprende unos estudios mínimos con unas tasas se supone que razonables. Las autoridades académicas del momento, rectores y ministros, pretendían que el objetivo del Grado era adaptar los estudios a una capacitación profesional, es decir, a la inserción en el mercado laboral. Lo decían, sin que se les cayera la cara de vergüenza, justo en el momento en que ese mercado laboral dejaba de existir. Esta sería la parte de los estudios superiores pagada por el Estado. A partir de ese momento, el Plan Bolonia ofrece al estudiante el mundo de los másteres especializados a un precio crecientemente prohibitivo (en el 2012 la matrícula de los másteres estatales ya se ha incrementado en un 235%). Y, en todo caso, como resultaba obvio desde el principio, los másteres que verdaderamente se insertarán en el mercado laboral serán los títulos privados que impartirán las corporaciones económicas a precios de élite.

Tan sólo un botón de muestra: en la Universidad Complutense de Madrid, la Licenciatura de Filosofía comprendía en total 3200 horas lectivas a las que el alumno tenía que asistir. Actualmente, las autoridades académicas reconocen que, cuando el Plan Bolonia termine de implantarse, esas 3200 horas se habrán reducido a 1100, de las que, por cierto, sólo 800 serán estrictamente de filosofía, siendo el resto comunes con los grados de Historia y de Filología. Estas serán las horas que el alumno podrá cursar a un precio estatal razonable (sin descartar un incremento de las tasas muy sustancial). En estas condiciones es imposible lograr que un alumno esté en condiciones de comprender un texto de la historia de la filosofía. El nuevo Grado de Filosofía será inevitablemente una estafa. La filosofía es la disciplina más difícil del mundo y, ante todo, requiere tiempo y profesores. Y no va a haber ninguna de las dos cosas. Eso lo sabía perfectamente el filósofo Ángel Gabilondo, cuando fue nombrado ministro de Educación. Pero lo negó, lo negó y lo negó. Sus amigos todavía nos estamos preguntando si fue un cobarde, un traidor o un idiota.

En general, no se pretendía tan sólo reducir al mínimo la parte de los estudios superiores financiada por el Estado. Se trataba, ante todo, de convertir la universidad pública en un cajero automático para que las empresas pudieran obtener dinero de los impuestos, al mismo tiempo que un ejército de becarios dispuestos a trabajar gratis o cobrando de esos mismos impuestos. Es decir, se trataba de conseguir una idílica “sociedad del conocimiento” en la que las empresas contarían con trabajadores cualificados pagados por otros trabajadores. Si, pongamos por caso, una laboratorio farmacéutico financia una investigación con diez euros, esta “fuente de financiación externa” será el aval para otorgar a ese departamento cien euros de dinero público y unos cuantos becarios. La universidad estatal se convierte así en un aspirador de dinero público para financiar negocios privados. En la medida en que cumpla con esta función, la universidad pública seguirá existiendo.

A este salvajismo neoliberal, esas mismas autoridades académicas que fueron abucheadas el otro día en la UAM le llamaron pomposamente Espacio Europeo de Educación Superior y lo definieron con el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad’. Pese a contar con la complicidad de todos los medios de comunicación y con mucho dinero para propaganda, no consiguieron convencer a nadie. Los referendos que se convocaron en las mayores universidades (y que contaron con una participación muy superior a la habitual en las elecciones a rector), dijeron no a Bolonia con más de un 90 %. Esa era, en realidad, la “gente de la Universidad”, esa gente por la que se pregunta Juaristi: la gente a la que representaban y a la que decidieron ignorar, traicionar y calumniar.

El movimiento estudiantil, tras un heroico y minucioso estudio de los documentos, libros blancos, directrices y borradores del proceso de Bolonia, demostró hace ya años que lo que se escondía tras el lema ‘Una universidad al servicio de la sociedad” era un proyecto de adaptarla a los que tenían la sartén por el mango en esta sociedad: esos que actualmente se llaman a sí mismos “los mercados”. Los rectores, los ministros, los expertos, los mercenarios del periodismo, salían al paso diciendo que la “sociedad” era más amplia que los “mercados” y que el verdadero espíritu de Bolonia tenía que luchar por adaptar la universidad a las necesidades ciudadanas y no a las mercantiles. Era una observación patética, ridícula, grotesca, como los tiempos han demostrado ahora por encima de los peores augurios. Un pestañeo de los mercados basta ya para tirar por la borda leyes, convenios colectivos, instituciones y derechos ciudadanos. Desdichadamente, el movimiento antibolonia tenía razón al profetizar la catástrofe que tenemos por delante.

Público, 05/09/12

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

How The American University was Killed, in Five Easy Steps

A few years back, Paul E. Lingenfelter began his report on the defunding of public education by saying, “In 1920 H.G. Wells wrote, ‘History is becoming more and more a race between education and catastrophe.’ I think he got it right. Nothing is more important to the future of the United States and the world than the breadth and effectiveness of education, especially of higher education. I say especially higher education, but not because pre- school, elementary, and secondary education are less important. Success at every level of education obviously depends on what has gone before. But for better or worse, the quality of postsecondary education and research affects the quality and effectiveness of education at every level.”

In the last few years, conversations have been growing like gathering storm clouds about the ways in which our universities are failing. There is talk about the poor educational outcomes apparent in our graduates, the out-of-control tuitions and crippling student loan debt. Attention is finally being paid to the enormous salaries for presidents and sports coaches, and the migrant worker status of the low-wage majority faculty. There are now movements to control tuition, to forgive student debt, to create more powerful “assessment” tools, to offer “free” university materials online, to combat adjunct faculty exploitation. But each of these movements focuses on a narrow aspect of a much wider problem, and no amount of “fix” for these aspects individually will address the real reason that universities in America are dying.

To explain my perspective here, I need to go back in time. Let’s go back to post World War II, 1950s when the GI bill, and the affordability – and sometimes free access – to universities created an upsurge of college students across the country. This surge continued through the ’60s, when universities were the very heart of intense public discourse, passionate learning, and vocal citizen involvement in the issues of the times. It was during this time, too, when colleges had a thriving professoriate, and when students were given access to a variety of subject areas, and the possibility of broad learning. The Liberal Arts stood at the center of a college education, and students were exposed to philosophy, anthropology, literature, history, sociology, world religions, foreign languages and cultures. Of course, something else happened, beginning in the late fifties into the sixties — the uprisings and growing numbers of citizens taking part in popular dissent — against the Vietnam War, against racism, against destruction of the environment in a growing corporatized culture, against misogyny, against homophobia. Where did much of that revolt incubate? Where did large numbers of well-educated, intellectual, and vocal people congregate? On college campuses. Who didn’t like the outcome of the 60s? The corporations, the war-mongers, those in our society who would keep us divided based on our race, our gender, our sexual orientation.

I suspect that, given the opportunity, those groups would have liked nothing more than to shut down the universities. Destroy them outright. But a country claiming to have democratic values can’t just shut down its universities. That would reveal something about that country which would not support the image they are determined to portray – that of a country of freedom, justice, opportunity for all. So, how do you kill the universities of the country without showing your hand? As a child growing up during the Cold War, I was taught that the communist countries in the first half of the 20th Century put their scholars, intellectuals and artists into prison camps, called “re-education camps”. What I’ve come to realize as an adult is that American corporatism despises those same individuals as much as we were told communism did. But instead of doing anything so obvious as throwing them into prison, here those same people are thrown into dire poverty. The outcome is the same. Desperate poverty controls and ultimately breaks people as effectively as prison…..and some research says that it works even MORE powerfully.

So: here is the recipe for killing universities, and you tell ME if what I’m describing isn’t exactly what is at the root of all the problems of our country’s system of higher education. (Because what I’m saying has more recently been applied to K-12 public education as well.)

First, you defund public higher education.

Anna Victoria, writing in Pluck Magazine, discusses this issue in a review of Christopher Newfield’s book, Unmaking the Public University: “In 1971, Lewis Powell (before assuming his post as a Supreme Court Justice) authored a memo, now known as the Powell Memorandum, and sent it to the U.S. Chamber of Commerce. The title of the memo was “Attack on the American Free Enterprise System,” and in it he called on corporate America to take an increased role in shaping politics, law, and education in the United States.” How would they do that? One, by increased lobbying and pressure on legislators to change their priorities. “Funding for public universities comes from, as the term suggests, the state and federal government. Yet starting in the early 1980s, shifting state priorities forced public universities to increasingly rely on other sources of revenue. For example, in the University of Washington school system, state funding for schools decreased as a percentage of total public education budgets from 82% in 1989 to 51% in 2011.” That’s a loss of more than 1/3 of its public funding. But why this shift in priorities? U.C. Berkeley English professor, Christopher Newfield, in his new book Unmaking the Public University posits that conservative elites have worked to de-fund higher education explicitly because of its function in creating a more empowered, democratic, and multiracial middle class. His theory is one that blames explicit cultural concern, not financial woes, for the current decreases in funding. He cites the fact that California public universities were forced to reject 300,000 applicants because of lack of funding. Newfield explains that much of the motive behind conservative advocacy for de-funding of public education is racial, pro-corporate, and anti-protest in nature.

Again, from Victoria: “(The) ultimate objective, as outlined in the (Lewis Powell) memo, was to purge respectable institutions such as the media, arts, sciences, as well as college campus themselves of left-wing thoughts. At the time, college campuses were seen as “springboards for dissent,” as Newfield terms it, and were therefore viewed as publicly funded sources of opposition to the interests of the establishment. While it is impossible to know the extent to which this memo influenced the conservative political strategy over the coming decades, it is extraordinary to see how far the principles outlined in his memo have been adopted.”

Under the guise of many “conflicts”, such as budget struggles, or quotas, de-funding was consistently the result. This funding argument also was used to re-shape the kind of course offerings and curriculum focus found on campuses. Victoria writes, “Attacks on humanities curriculums, political correctness, and affirmative action shifted the conversation on public universities to the right, creating a climate of skepticism around state funded schools. State budget debates became platforms for conservatives to argue why certain disciplines such as sociology, history, anthropology, minority studies, language, and gender studies should be de-funded…” on one hand, through the argument that they were not offering students the “practical” skills needed for the job market — which was a powerful way to increase emphasis on what now is seen as vocational focus rather than actual higher education, and to de-value those very courses that trained and expanded the mind, developed a more complete human being, a more actively intelligent person and involved citizen. Another argument used to attack the humanities was “…their so-called promotion of anti-establishment sentiment. Gradually, these arguments translated into real- and often deep- cuts into the budgets of state university systems,” especially in those most undesirable areas that the establishment found to run counter to their ability to control the population’s thoughts and behavior. The idea of “manufactured consent” should be talked about here – because if you remove the classes and the disciplines that are the strongest in their ability to develop higher level intellectual rigor, the result is a more easily manipulated citizenry, less capable of deep interrogation and investigation of the establishment “message”.

Second, you deprofessionalize and impoverish the professors (and continue to create a surplus of underemployed and unemployed Ph.D.s)

V.P. Joe Biden, a few months back, said that the reason tuitions are out of control is because of the high price of college faculty. He has NO IDEA what he is talking about. At latest count, we have 1.5 million university professors in this country, 1 million of whom are adjuncts. One million professors in America are hired on short-term contracts, most often for one semester at a time, with no job security whatsoever – which means that they have no idea how much work they will have in any given semester, and that they are often completely unemployed over summer months when work is nearly impossible to find (and many of the unemployed adjuncts do not qualify for unemployment payments).  So, one million American university professors are earning, on average, $20K a year gross, with no benefits or healthcare, no unemployment insurance when they are out of work. Keep in mind, too, that many of the more recent Ph.Ds have entered this field often with the burden of six figure student loan debt on their backs.

There was recently an article talking about the long-term mental and physical destruction caused when people are faced with poverty and “job insecurity” — precarious employment, or “under-employment”.  The article says that, in just the few short years since our 2008 economic collapse, the medical problems of this group have increased exponentially.  This has been the horrible state of insecurity that America’s college professors have experienced now for thirty years. It can destroy you — breaking down your physical and emotional health. As an example:  the average yearly starting salary of a university professor at Temple University in 1975 was just under $10,000 a year, with full benefits – health, retirement, and educational benefits (their family’s could attend college for free.) And guess what? Average pay for Temple’s faculty is STILL about the same — because adjuncts now make up the majority of faculty, and earn between $8,000 to $14,000 a year (depending on how many courses they are assigned each semester – there is NO guarantee of continued employment) — but unlike the full-time professors of 1975, these adjunct jobs come with NO benefits, no health care, no retirement, no educational benefits, no offices. How many other professions report salaries that have remained at 1975 levels?

This is how you break the evil, wicked, leftist academic class in America — you turn them into low-wage members of the precariat – that growing number of American workers whose employment is consistently precarious. All around the country, our undergraduates are being taught by faculty living at or near the poverty line, who have little to no say in the way classes are being taught, the number of students in a class, or how curriculum is being designed. They often have no offices in which to meet their students, no professional staff support, no professional development support. One million of our college professors are struggling to continue offering the best they can in the face of this wasteland of deteriorated professional support, while living the very worst kind of economic insecurity.  Unlike those communist countries, which sometimes executed their intellectuals, here we are being killed off by lack of healthcare, by stress-related illness like heart-attacks or strokes.  While we’re at it, let’s add suicide to that list of killers — and readers of this blog will remember that I have written at length about adjunct faculty suicide in the past.

Step #3: You move in a managerial/administrative class who take over governance of the university.

This new class takes control of much of the university’s functioning, including funding allocation, curriculum design, course offerings. If you are old enough to remember when medicine was forever changed by the appearance of the ‘HMO’ model of managed medicine, you will have an idea of what has happened to academia. If you are not old enough – let me tell you that Once Upon a Time, doctors ran hospitals, doctors made decisions on what treatment their patients needed. In the 1970s, during the infamous Nixon Administration, HMOs were an idea sold to the American public, said to help reign in medical costs. But once Nixon secured passage of the HMO Act in 1973, the organizations went quickly from operating on a non-profit organization model, focused on high quality health care for controlled costs, to being for-profit organizations, with lots of corporate money funding them – and suddenly the idea of high-quality health care was sacrificed in favor of profits – which meant taking in higher and higher premiums and offering less and less service, more denied claims, more limitations placed on doctors, who became a “managed profession”. You see the state of healthcare in this country, and how disastrous it is. Well, during this same time, there was a similar kind of development — something akin to the HMO — let’s call it an “EMO”, Educational Management Organization, began to take hold in American academia. From the 1970s until today, as the number of full-time faculty jobs continued to shrink, the number of full-time administrative jobs began to explode. As faculty was deprofessionalized and casualized, reduced to teaching as migrant contract workers, administrative jobs now offered good, solid salaries, benefits, offices, prestige and power. In 2012, administrators now outnumber faculty on every campus across the country. And just as disastrous as the HMO was to the practice of medicine in America, so is the EMO model disastrous to the practice of academia in America, and to the quality of our students’ education. Benjamin Ginsburg writes about this in great detail in his book The Fall of the Faculty.  

I’d like to mention here, too, that universities often defend their use of adjuncts – which are now 75% of all professors in the country — claiming that they have no choice but to hire adjuncts, as a “cost saving measure” in an increasingly defunded university. What they don’t say, and without demand of transparency will NEVER say, is that they have not saved money by hiring adjuncts — they have reduced faculty salaries, security and power. The money wasn’t saved, because it was simply re-allocated to administrative salaries, coach salaries and outrageous university president salaries. There has been a redistribution of funds away from those who actually teach, the scholars – and therefore away from the students’ education itself — and into these administrative and executive salaries, sports costs — and the expanded use of “consultants”, PR and marketing firms, law firms. We have to add here, too, that president salaries went from being, in the 1970s, around $25K to 30K, to being in the hundreds of thousands to MILLIONS of dollars – salary, delayed compensation, discretionary funds, free homes, or generous housing allowances, cars and drivers, memberships to expensive country clubs.

Step Four: You move in corporate culture and corporate money

To further control and dominate how the university is ‘used” -a flood of corporate money results in changing the value and mission of the university from a place where an educated citizenry is seen as a social good, where intellect and reasoning is developed and heightened for the value of the individual and for society, to a place of vocational training, focused on profit. Corporate culture hijacked the narrative – university was no longer attended for the development of your mind. It was where you went so you could get a “good job”.  Anything not immediately and directly related to job preparation or hiring was denigrated and seen as worthless — philosophy, literature, art, history.

Anna Victoria writes, on Corporate Culture: “Many universities have relied on private sector methods of revenue generation such as the formation of private corporations, patents, increased marketing strategies, corporate partnerships, campus rentals, and for-profit e-learning enterprises. To cut costs, public universities have employed non-state employee service contractors and have streamlined their financial operations.”

So what is the problem with corporate money, you might ask? A lot. When corporate money floods the universities, corporate values replace academic values. As we said before, humanities get defunded and the business school gets tons of money. Serious issues of ethics begin to develop when corporate money begins to make donations and form partnerships with science departments – where that money buys influence regarding not only the kinds of research being done but the outcomes of that research. Corporations donate to departments, and get the use of university researchers in the bargain — AND the ability to deduct the money as donation while using the labor, controlling and owning the research. Suddenly, the university laboratory is not a place of objective research anymore. As one example, corporations who don’t like “climate change” warnings will donate money and control research at universities, which then publish refutations of global warning proofs. OR, universities labs will be corporate-controlled in cases of FDA-approval research. This is especially dangerous when pharmaceutical companies take control of university labs to test efficacy or safety and then push approval through the governmental agencies. Another example is in economics departments — and movies like “The Inside Job” have done a great job of showing how Wall Street has bought off high-profile economists from Harvard, or Yale, or Stanford, or MIT, to talk about the state of the stock market and the country’s financial stability. Papers were being presented and published that were blatantly false, by well-respected economists who were on the payroll of Goldman Sachs or Merrill Lynch.

Academia should not be the whore of corporatism, but that’s what it has become. Academia once celebrated itself as an independent institution. Academia is a culture, one that offers a long-standing worldview which values on-going, rigorous intellectual, emotional, psychological, creative development of the individual citizen. It respects and values the contributions of the scholar, the intellectual, to society. It treasures the promise of each student, and strives to offer the fullest possible support to the development of that promise. It does this not only for the good of the scholar and the student, but for the social good. Like medicine, academia existed for the social good. Neither should be a purely for-profit endeavor. And yet, in both the case of the HMO and the EMO, we have been taken over by an alien for-profit culture, our sovereignty over our own profession, our own institutions, stripped from us.

A corporate model, where profit depends on 1) maintaining a low-wage work force and 2) charging continually higher pricers for their “services” is what now controls our colleges . Faculty is being squeezed from one end and our students are being squeezed from the other.

Step Five – Destroy the Students

While claiming to offer them hope of a better life, our corporatized universities are ruining the lives of our students.   This is accomplished through a two-prong tactic: you dumb down and destroy the quality of the education so that no one on campus is really learning to think, to question, to reason. Instead, they are learning to obey, to withstand “tests” and “exams”, to follow rules, to endure absurdity and abuse. Our students have been denied full-time available faculty, the ability to develop mentors and advisors, faculty-designed syllabi which changes each semester, a wide variety of courses and options. Instead, more and more universities have core curriculum which dictates a large portion of the course of study, in which the majority of classes are administrative-designed “common syllabi” courses, taught by an army of underpaid, part-time faculty in a model that more closely resembles a factory or the industrial kitchen of a fast food restaurant than an institution of higher learning.

The Second Prong:  You make college so insanely unaffordable that only the wealthiest students from the wealthiest of families can afford to go to the school debt free. Younger people may not know that for much of the 20th Century many universities in the U.S. were free – including the CA state system – you could establish residency in six months and go to Berkeley for free, or at very low cost. When I was an undergraduate student in the mid to late 1970s, tuition at Temple University was around $700 a year. Today, tuition is nearly $15,000 a year. Tuitions have increased, using CA as an example again, over 2000% since the 1970s. 2000%! This is the most directly dangerous situation for our students: pulling them into crippling debt that will follow them to the grave.

Another dangerous aspect of what is happening can be found in the shady partnership that has formed between the lending institutions and the Financial Aid Departments of universities.  This is an unholy alliance. I have had students in my classes who work for Financial Aid. They tell me that they are trained to say NOT “This is what you need to borrow,” but to say “This is what you can get,” and to always entice the student with the highest possible number. There have been plenty of kick-back scandals between colleges and lenders — and I’m sure there is plenty undiscovered shady business going on. So, tuition costs are out of control because of administrative, executive and coach salaries, and the loan numbers keep growing, risking a life of indebtedness for most of our students. Further, there is absolutely no incentive on the part of this corporatized university to care.

The propaganda machine here has been powerful.  Students, through the belief of their parents, their K-12 teachers, their high school counselors, are convinced by constant repetition that they HAVE to go to college to have a promising, middle class life, they are convinced that this tuition debt is “worth it” — and learn too late that it will indenture them.  Let’s be clear: this is not the fault of the parents, or K-12 teachers or counselors.  This is an intentional message that has been repeated year in and year out that aims to convince us all about the essential quality of a college education.

So, there you have it.

Within one generation, in five easy steps, not only have the scholars and intellectuals of the country been silenced and nearly wiped out, but the entire institution has been hijacked, and recreated as a machine through which future generations will ALL be impoverished, indebted and silenced. Now, low wage migrant professors teach repetitive courses they did not design to students who travel through on a kind of conveyor belt, only to be spit out, indebted and desperate into a jobless economy. The only people immediately benefitting inside this system are the administrative class – whores to the corporatized colonizers, earning money in this system in order to oversee this travesty. But the most important thing to keep in mind is this: The real winners, the only people truly benefitting from the big-picture meltdown of the American university are those people who, in the 1960s, saw those vibrant college campuses as a threat to their established power. They are the same people now working feverishly to dismantle other social structures, everything from Medicare and Social Security to the Post Office.

Looking at this wreckage of American academia, we have to acknowledge:  They have won.

BUT these are victors who will never declare victory — because the carefully-maintained capitalist illusion of the “university education” still benefits them. Never, ever, admit that the university is dead. No, no. Quite the opposite. Instead, continue to insist that the university is the ONLY way to gain a successful, middle class life. Say that the university is mandatory for happiness in adulthood. All the while, maintain this low-wage precariate class of edu-migrants, continually mis-educate and indebt in the students to ensure their docility, pimp the institution out to corporate interests. It’s a win-win for those right wingers – they’ve crippled those in the country who would push back against them, and have so carefully and cleverly hijacked the educational institutions that they can now be turned into part of the neoliberal/neocon machinery, further benefitting the right-wing agenda.

So now what?

This ruination has taken about a generation. Will we be able to undo this damage? Can we force refunding of our public educational system? Can we professionalize faculty, drive out the administrative glut and corporate hijackers? Can we provide free or low-cost tuition and high-quality education to our students in a way that does NOT focus only on job training, but on high-level personal and intellectual development? I believe we can. But only if we understand this as a big picture issue, and refuse to allow those in government, or those corporate-owned media mouthpieces to divide and conquer us further. This ruinous rampage is part of the much larger attack on progressive values, on the institutions of social good. The battle isn’t only to reclaim the professoriate, to wipe out student debt, to raise educational outcomes — although each of those goals deserve to be fought for. But we will win a Pyrrhic victory at best unless we understand the nature of the larger war, and fight back in a much, much bigger way to reclaim the country’s values for the betterment of our citizens.

I am eager to hear from those of you who have been involved in this battle, or are about to enter it.  We have a big job ahead of us, and are facing a very powerful foe in a kind of David and Goliath battle.  I’m open to hearing ideas about how to build a much, much better slingshot.

The Homeless Adjunct, 12/08/12

Miren Etxezarreta: Neoliberalismo a ritmo acelerado

Miren Etxezarreta: Neoliberalismo a ritmo acelerado
Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics.

Desde mayo de 2010 la economía española, debido a su importante problema de endeudamiento, está sometida a fuertes presiones externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un endeudamiento privado, pues el endeudamiento público del Estado español está todavía hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.

A partir de entonces la economía española está tutelada principalmente por la UE, que se ha convertido en el eje central y dominante en la gestión de la economía española. Desde entonces, la UE exige la implantación de una serie de duras medidas de austeridad y ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el paro crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de la actividad económica se intensifica y la deuda pública aumenta.

Hace muy poco -los acontecimientos se suceden a tal velocidad que dos meses parecen un largo periodo-, el caso Bankia hizo imposible disimular por más tiempo el deterioro de la situación de los bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión de su crisis, han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para que plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión pública de la forma del engaño más burdo que se pueda imaginar, pretendiendo hacer creer que dicho rescate no iba a tener consecuencias negativas para la población. Además, tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio se presentó como un gran triunfo que el rescate concedido para los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo (MEDE) que irá directamente a los bancos y  estos serán los responsables del mismo, por lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.

La UE, tras conceder la línea de rescate hasta 100.000 millones de euros para auxiliar a las finanzas privadas de este país, alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de reducción del déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la deuda del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho al Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que exige al Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate con 32 condiciones bien detalladas para el ámbito financiero y algunas más de tipo fiscal. Y queda claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la actuación del sector público y las finanzas de este país.

El deterioro de la situación, la prima de riesgo que no para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la situación, han obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11de julio, las medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones impuestas por la troika formada por los mercados, el FMI y la UE, y que esta última lidera. Hasta el punto de que es lícito preguntarse cuánta autonomía le queda al Gobierno español (ahora PP) para gestionar los asuntos del país.

Todos estos acontecimientos, y especialmente los que están teniendo lugar desde que salió a la luz la crisis de Bankia, están generando una sucesión de medidas y noticias que han motivado en la población una situación de desconcierto, preocupación y temor muy acusados. No me dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los medios de comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a algunos comentarios sobre todo este proceso:

Muchas y muy variadas medidas que llegan a un recorte de 65.000 millones en dos años: desde la disminución del número de funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras, pasando por la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin embargo, todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo neoliberal de gestión de la economía: liberalización, desregulación, privatización, impuestos a pagar por la mayoría de la población indiscriminadamente, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la línea fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población en sus condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más privatizaciones, menos derechos sociales, unos impuestos indirectos totalmente injustos mientras no se tocan de ninguna manera los ingresos de los más ricos, a quienes se acaba de conceder una escandalosa amnistía fiscal casi total. Y un aspecto particularmente preocupante: la disminución de las cotizaciones sociales que sólo favorece a los empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos digan que los derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero, probablemente preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la UE: todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros, estrechando todavía más las opciones posibles para  estos y convirtiéndose, de paso, en la vanguardia del neoliberalismo mundial.

Pero no hay que considerar que, dentro del estrecho marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no tiene ningún margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias hay alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica, eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma fiscal que gravara a quienes realmente concentran el dinero de este país. Las exigencias de la troika transcurren por la misma estrategia de los planteamientos de los gobiernos sucesivos de este país, que acogen aquellas con docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les viene muy bien insistir en los requerimientos externos para llevar a cabo muchas medidas que integran sus propios planes.

Lo peor de todo esto es que estas medidas no sirven para resolver los problemas del país. Es dudoso que se pueda reducir el déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se ve obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos sobre el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica alguna que obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es impagable. La banca europea y los inversores institucionales que son nuestros principales acreedores y probablemente instigadores de las medidas exigidas, habrán de aceptar esta realidad en algún momento. Es decir, los dos objetivos supuestamente claves para exigir las medidas no se pueden cumplir. Pero, además, estas medidas empeoran la situación económica del país al hacer más difícil todavía el crecimiento (el programa futuro de 120.000 millones de euros para estimular el crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen los duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones no fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una sola medida que impulse el crecimiento y la mejora de la situación productiva ni comercial del país. Al contrario, caerá todavía más la demanda, disminuye la inversión y la investigación, se desmotiva totalmente la mano de obra, excepto por el miedo al paro. Se concentra todo el estimulo al aumento de competitividad en el deterioro de los salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la devaluación interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción de pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la ciudadanía ha de ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con estos planteamientos?

Un pequeño comentario marginal: escuchando la sesión parlamentaria de presentación de las medidas que se propondrán para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes, me ha impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una situación tan tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se utiliza en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se entiende es absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la naturaleza de las medidas que se están tomando, el pretender justificarlas cuando se saben injustificables, la floritura de las referencias… “Se rebajará el subsidio de paro para no desincentivar la búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco millones de parados que buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos funcionarios para hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos, maestros, bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se convierte en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el ambiente y el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría lograr un ambiente de cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que es un detalle menor, pero es todo un símbolo de la vida política de un país.

Es obligado concluir que en esta estrategia existen otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y estos no pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con grandes sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No pueden entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para nada importe el bienestar de la mayoría de la población, están suponiendo la destrucción de la capacidad productiva de los países y una enorme concentración de la actividad económica en ciertas zonas y bajo la propiedad de muy pocos capitales. No se podría entender el entusiasmo de la patronal y los grandes empresarios por estas medidas de otra manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a la actividad económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna, que está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas, al vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que camina al endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que en el contexto de una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito continental; la cual, según Warren Buffet (uno de los mayores millonarios estadounidenses), están ganando los propietarios del capital.

Público, 13/07/12

International solidarity to defend the public university

International solidarity to defend the public university

In a joint statement, the members of EI, the Quebec Federation of University Professors of Canada (FQPPU) and the national trade union of higher education of France (SNESUP-FSU), undertook to pool their resources to defend public universities.

The FQPPU and the SNESUP share a similar vision of an open, collegial and democratic university, accessible to many students, devoted to meeting social needs and protected from pressure from any political, economic or religious force. In the coming months, the two organisations will cooperate in studies, public meetings and events to bring people together to support their vision.

Pressure from external forces

For years, the fundamental mission of universities in France and in Quebec – to provide a public service for education and research – has undergone major changes. Universities are increasingly subjected to external influences that divert them from the public interest and weaken academic freedom and independence of research, both essential to a university’s mission.

A gradual but notable disengagement by the State is compromising the social and humanistic function of the university, and its capacity to meet collective needs. This impacts on students and allows the private sector a greater influence on the institution. This, in turn, leads to an increase in tuition and registration fees, a targeted and authoritarian guidance of research, and  governance based on commercial principles. 

Union support

FQPPU President Max Roy pointed out that the “current crisis in higher education is an international phenomenon that requires vigorous and concerted action from the academic community. The alliance between the FQPPU and the SNESUP confirms our determination to defend the university as a public service.”

For his part, Stéphane Tassel, General Secretary of the SNESUP-FSU, said that the “situation faced by higher education and research as a public service in France, and the tough battles we are waging, are similar to the situation and struggles faced by our colleagues in Quebec and their students. At a pivotal moment, we wanted to reaffirm our commitment to the public university on either side of the ‘pond’, in its universal dimension and major role in society.”

EI has lent its support to the aspirations of these member organisations. “Higher education and research constitute a public good that is essential for the social, cultural and economic development of communities, nations and regions,” said EI General Secretary, Fred van Leeuwen. “Consequently, it is incumbent upon the States to guarantee sufficient funding for higher education and research institutions.

“EI welcomes wholeheartedly this initiative from member organisations, and will continue to campaign for the full implementation of UNESCO’s 1997 recommendation concerning the status of higher education teaching personnel. The situation of higher education and research in these two countries will undoubtedly be at the heart of the discussions during the higher education and research world conference that will be held on 25-27 September in Buenos Aires, Argentina.”

Guaranteeing the exercise of academic freedoms

The 5th EI World Congress, held in Berlin in July 2007, adopted a resolution on higher education and research as a public service. This emphasises that the exercise of academic freedoms must be guaranteed for higher education teaching personnel and research staff, comprising the:

  • Freedom of instruction and discussion free from any doctrinal constraint
  • Freedom to conduct research and to disseminate and publish the results
  • Right to express freely one’s opinion on the institution or the system in which one works
  • Right not to be subjected to institutional censure
  • Right to take part freely in the activities of professional organisations or representative academic organisations

The same congress also adopted a resolution on fixed-term higher education teaching personnel, which calls on EI to “recognise the value of the service provided by qualified fixed-term higher education teaching personnel, but oppose the overuse and exploitation of fixed-term appointments by higher education institutions”.

This resolution also encourages higher education affiliates to ensure that fixed-term higher education teaching personnel have guaranteed fair and equitable representation at all levels of any association or union, including membership on executive committees, bargaining committees and standing committees. 

The FQPPU/SNESUP joint statement is available here

To read the Resolution on higher education and research as a public service, click here

To read the resolution on fixed-term higher education teaching personnel, click here

To find out more about the next world conference on higher education and research, click here

Internacional de la Educación, 11/07/12

Andrew McGettigan: Who let the dogs out? The privatization of higher education

Andrew McGettigan: Who let the dogs out? The privatization of higher education
Radical Philosophy 174(July/August 2012

In April last year, I framed my article on ‘New Providers’ in relation to the delay surrounding the publication of the government’s White Paper for Higher Education (HE). That was caused by a combination of factors, but chiefly the need to fix a hole in the proposals for student loan financing; and additional preparation for the marketization of HE in England. The government is now fully committed to removing the legislative restrictions that prevent new, cheaper operators from entering the sector. These ‘operators’ are the eponymous ‘new providers’ that the government is keen to see enter the English HE landscape in order to undercut established provision.

The White Paper finally appeared at the end of June 2011 under the title Students at the Heart of the System, outlining a series of consultations and a programme of implementation that was supposed to lead to a Higher Education Bill in 2012. It introduced a ‘core/margin’ model in an effort to drive down average fees reducing the recruitment allocations institutions received (the ‘core’) and encouraging reduced fees by creating a pool of 20,000 places (the ‘margin’) to which only those charging below £7,500 (after waivers) could bid. In addition, the document and accompanying ‘Technical Consultation’ (published in August 2011) outlined measures to lower the barriers to ‘market entry’ by relaxing eligibility conditions on institutions applying for degree-awarding powers and use of the protected title of ‘university’.

One year further on, delay is again the theme. Though a Bill was drafted, any reference to HE was absent from the Queen’s Speech at the beginning of May. It is now therefore extremely unlikely that there will be any further attempt in 2012 to enact primary legislation introducing the regulatory framework outlined in the White Paper and the Technical Consultation. David Willetts, Minister for Universities and Science, has indicated that a draft bill may be published later in the year. This would open further consultation and prepare for legislation in 2013. So what explains these further delays?

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?

Llopis, E.S., Sevilla, C., Marugán, B. y Cruces, J.: Universidad: ¿Hacia un cambio de modelo?
Informe de la Fundación 1º de Mayo, 49, Julio 2012

Los más de cuatro (larguísimos) años de crisis económica, unidos al integrismo del déficit cero del discurso liberal han pasado factura en forma de drásticos recortes del gasto público en todos los ámbitos de nuestro incompleto (y en algunos ámbitos muy frágil) Estado del Bienestar.

El sistema educativo en todos sus tramos ha sido uno de ellos; pero no conviene llevarse a engaño porque con ser cierto que los recortes en la financiación de la educación tienen un impacto profundamente negativo en su calidad, no es menos cierto que la crisis en este ámbito, como en otros muchos, está sirviendo como coartada para incorporar cambios radicales que afectan a su propia función social, quiebran el principio de igualdad de oportunidades, profundizan en las brechas socio económicas, empobrecen a la ciudadanía (y también a la economía “basada en el conocimiento”) y, en definitiva, socavan el propio concepto de ciudadanía.

El incremento en un 60 por ciento de las tasas universitarias es, sin duda, uno de los elementos más visibles de esta “nueva” universidad pública elitista, cuyos efectos no sólo serán los de expulsar al alumnado que proviene de entornos más desfavorecidos económicamente, sino que además acorta la competencia, vía precios, entre universidad pública y universidad privada o, lo que es lo mismo, favorece a ésta última.

El incremento de la carga docente del profesorado tendrá, por su parte, un triple y pernicioso efecto: de un lado, supondrá el despido de profesorado (al igual que ha ocurrido en la enseñanza pública no universitaria); de otro lado, necesariamente, rebajará la calidad de la docencia. Por último, supondrá un lastre para la actividad investigadora que, por otra parte, también se verá menguada por la escasez de la financiación.

Este proceso de cambio de modelo se superpone, además, a las graves dificultades a que se enfrentaban las universidades para adaptarse sin financiación adicional al conocido como “Plan Bolonia”.

Esta superposición perversa dará, además, un gran protagonismo a las empresas privadas que mediante su “mecenazgo” orientarán la actividad universitaria, sus líneas de investigación, e incluso la contratación de personal investigador en función de sus propios intereses.

Acerca de todo ello se reflexiona en este informe.

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