Empresarialización

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José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué compro y qué me vende, señor ministro?

WertJosé Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué compro y qué me vende, señor ministro?
Tasas, mentiras y el deshaucio de la Universidad Pública

Por poco que nos asomemos a los medios de comunicación, sea cual sea su tipo, en todas partes nos encontramos con un lema: existen los mercados. Y esos mercados se rigen por leyes casi físicas, como la ley de la gravedad que explica el movimiento de los planetas, unas leyes que estudian con primor las agencias de calificación de riesgos, que periódicamente vaticinan las más o menos inminentes quiebras de algunos países. Dichas agencias, que no fueron capaces de prever el estallido de la burbuja financiera, son capaces de poner de rodillas a la mayor parte de los gobiernos, en tanto que disfrutan de la credibilidad de esos mismos gobiernos y de casi todos los partidos políticos europeos, que están dispuestos a diseñar sus políticas económicas al albur de sus recomendaciones y de sus amenazas.

Una agencia de calificación de riesgos es una empresa privada que analiza las rentabilidades futuras de las inversiones financieras en todo el mundo a un plazo corto o medio. Las agencias de calificación asesoran a los inversores cosmopolitas que invierten su dinero en cualquier parte del mundo, en lo que sea, a condición de que les proporcione una alta rentabilidad. No importa que se trate de compraventa de moneda, de deuda pública, o de todo tipo de acciones y bonos, sean sanos o tóxicos, mientras sean rentables. Las agencias de calificación son una parte esencial del llamado capitalismo de casino, en el que la economía financiera especulativa asfixia a la economía productiva, al consumo, intentando acaparar los beneficios del capital de la forma más rápida y eficaz posible.

Se dice que, como la economía la rigen esos mercados (los financieros, porque la economía solo es inversión de capital), los mercados necesitan confianza, seguridad. Hay que tener tranquilos y contentos a los mercados y diseñar las políticas nacionales en ese sentido. De tal modo que los especuladores financieros internacionales y los grandes bancos – responsables de la crisis financiera – compren la deuda pública de unos estados que reflotaron a esos mismos bancos cuando hizo falta, para que se lucren de los intereses de la deuda que esos mismos estados les venden, con los que los estados se endeudan, desviando cada vez más sus recursos a la emisión de deuda pública y al pago de los intereses de esa misma deuda, a costa de cualquier otro tipo de gasto: social, productivo, sanitario, educativo…

Una de las últimas consecuencias de la necesidad de aplacar la ira de los mercados por parte del gobierno español, aunque quizás no sea la más grave, ha sido la subida de las tasas académicas, llevada a cabo bajo un lema económico muy sencillo: quien compra algo debe pagarlo, y consecuentemente si la educación universitaria tiene un coste deberá pagarlo en su totalidad o en parte quien la adquiere, puesto que, dado que el consumo de la educación superior está reservado a unos pocos ciudadanos, sufragarla totalmente a costa del erario público sería discrimatorio para todos los demás, tal y como ha señalado J.J. Dolado (Dolado, 2010) en un documento presentado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a finales del año 2010.

De acuerdo con este autor y los demás responsables de este estudio sufragado por el PSOE, cuyas ideas sobre la educación superior son idénticas a las del PP, aunque ahora en la oposición intente ocultarlo, hay que conseguir el objetivo de cubrir el coste real de la educación superior con la matrícula o las becas y los préstamos bancarios, que son esencialmente democráticos, según el coordinador socialista de este libro, Daniel Peña (Peña, 2010, p.14), ya que todo el mundo puede pedirlos, aunque unos puedan pagarlos mejor que otros y algunos de ninguna manera.

Hay pues un acuerdo en lo fundamental entre el PSOE, el PP, y la mayoría de los partidos en este sentido y se establece a base simplemente de repetir que el coste real de cada alumno universitario español anualmente es de 6.000 euros, lo que se calcula diviendo el coste total de las universidades públicas por el número de sus alumnos.

Este cálculo es una falacia, ya que si nos situásemos en la perspectiva de los mercados académicos habría que ver qué es lo que el alumno compra realmente y cuál es su precio. Veámoslo.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
BOE, Núm. 96 Sábado 21 de abril de 2012

En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea.

En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público.

Las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos (universitarios y no universitarios) y combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo español.

Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos

Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos
El presidente aboga por ir adaptando el precio “al coste real de la matrícula”
“Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicitó ayer su idea de cómo se debe financiar la educación universitaria. Abogó directamente por “aprovechar para ir equiparando las tasas al coste real de las matrículas universitarias”. Preguntado sobre la idea del Gobierno de encarecer el acceso a una carrera, Feijóo hizo ver que la financiación adicional que vienen reclamando los rectores debe salir del bolsillo de los alumnos y no del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sus palabras sonaron como un ultimátum a las universidades gallegas. “Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”, advirtió.

Y luego lanzó un mensaje a los universitarios que repiten curso: “Les recomiendo que estudien siempre que pueden, si no las matrículas serán más caras”. Todo venía a cuenta de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Feijóo llama ahora “solución más responsable desde el punto de vista social y financiero en el peor escenario posible” al tijeretazo del Gobierno central. Nada parecido a lo que decía cuando era Zapatero quien proponía recortes en política social, cuando incluso se permitía calcular el gasto de lo que se quitaba a Galicia y teorizar sobre si las medidas del anterior Ejecutivo socialista eran los mayores recortes de la democracia española o una forma de meter la mano en el bolsillo a los gallegos.

Lejos de aquello, tanto el encarecimiento del copago farmacéutico, el cobro a los pensionistas por las medicinas y la subida de las tasas universitarias a los alumnos encuentran ahora justificación en el presidente gallego. Ayer afirmó que “España es una de las naciones europeas con la situación económica más deteriorada y sin embargo será una de las pocas que no cobrará por asistencia médica”. Cifró entre 8 y 18 euros el coste adicional de las medicinas para los jubilados cada mes y entendió que la medida “no agrade a los pensionistas, igual que no le agrada a los responsables políticos” ponerla sobre la mesa.

La Xunta no esconde que la propuesta de incrementar el copago por los fármacos parte del propio Gobierno gallego. No en vano la secretaría general del Ministerio es la que hasta enero ocupaba el cargo de conselleira en Galicia, Pilar Farjas. El presidente glosó ayer sus medidas para “garantizar la viabilidad del sistema de salud”. Y reiteró como el otro día ya hizo Ana Mato que “no se trata de recaudar más sino de desincentivar el consumo de fármacos”. Explicó que los 2,7 millones de gallegos retiraron 67 millones de medicinas con receta en el año 2010 y alertó sobre bolsas de ineficiencia en el caso de los jubilados que utilizan once recetas más de media que los “ciudadanos activos”. Esa “bolsa de ineficiencia” es la que Xunta y Ministerio pretenden atajar con estas medidas preventivas.

Su filosofía sobre el futuro de los servicios sociales la esgrimió el presidente tras la reunión semanal de su Gobierno. El Consello dio para que la Xunta aprobase un registro de comercios, “el primero que hay en Galicia”, se felicitó el jefe del Ejecutivo y para que solicitase la reunión de la Comisión Bilateral Xunta-Estado para buscar una salida al decreto que deja sin primas las energías renovables y dentro de ellas el sector eólico. Desde Galicia se reclama a Madrid que incentiven los parques gallegos capaces de aprovechar más de 2.600 horas de viento al año, lo que garantiza su eficacia.

En su comparecencia también hizo balance de su viaje a Argentina, vendió como un logro haber conseguido que Mariano Rajoy y Felipe Calderón hubieran incluido en sus reuniones la negociación de la petrolera Pemex con astilleros gallegos para renovar su flota. Pidió entre seis y ocho semanas para anunciar un posible acuerdo sobre el que se mostro optimista. Evitó dar pistas sobre la cuantía de la operación, el número de empleos que podría conllevar.

El País, 21/04/12

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Referencia del Consejo de Ministros: REAL DECRETO LEY de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

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Hallar la x

  • El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.
  • Estas medidas de racionalización del gasto no son la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria para llevarla a cabo.
  • El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado una batería de medidas que buscan incrementar la eficiencia dentro del sector universitario.
  • El grado de aplicación de estas medidas corresponde a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito Educativo. El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.

Estas medidas son de carácter dispositivo. Cada Comunidad podrá modular la aplicación de estas medidas dependiendo de su situación financiera.

Concha Caballero: ¿Crisis o estafa?

Concha Caballero: ¿Crisis o estafa?
El Gobierno parece desear que los primeros en desaparecer de las universidades públicas sean los jóvenes con menores ingresos

La nueva moneda española no se llama euro, se llama café. La cosa empezó con el secretario de Administraciones Públicas que ridiculizó a toda la función pública como una panda de desalmados dedicados a tomar cafelito y leer el periódico. Ahora, con las medidas de copago sanitario, el portavoz del PP en la comisión de sanidad, afirma que el coste de esta medida es el equivalente a cuatro o cinco cafés al mes. Los pensionistas pueden perfectamente privarse de ellos y contribuir a pagar el gasto farmacéutico. Me informan de que las grandes empresas inmobiliarias han reorientado su inversión hacia el sector sociosanitario y es que, por lo visto, detrás de estas tazas de café hay mucho negocio a la espera de abrir sus puertas.

En la Universidad, el café será completamente erradicado, porque los 500 euros de aumento en las tasas universitarias supondrán un verdadero hachazo no solo a las bebidas estimulantes, sino a las posibilidades de entrar en la enseñanza superior para miles de jóvenes españoles. El Gobierno parece desear que los primeros en desaparecer de las universidades públicas sean los jóvenes con menores ingresos porque, lejos de prever un sistema compensatorio para estas subidas, han dado un recorte espectacular a las becas. Ni pobres, ni clases medias castigadas serán bien recibidas en la Universidad española. Mientras, en la estrategia soterrada de presentar como despilfarro lo que no lo es y como privilegio lo que es una riqueza para el país, abominan de nuestro sistema universitario y consideran que la existencia de 71 Universidades (50 de ellas públicas) es una prueba de derroche. Nos engañan inmisericordemente, porque en el espacio europeo hay 3.300 universidades, en Norteamérica más de 4.400 y, por ejemplo en Alemania, existen 349 Universidades distribuidas por todos los länder, o sea, cinco veces más que en España.

Como su modelo económico es de salarios exiguos y baja cualificación, han emprendido una batalla ideológica contra los estudios universitarios, la utilidad de las titulaciones, su profesorado y su capacidad de investigación. En vez de mejorar el sistema universitario, utilizar mejor los recursos y primar la I+D, la han emprendido a mandobles contra la propia formación universitaria. El ministro se permite insinuar que en la Universidad la investigación es un fraude y la mayor parte de los estudios inútiles. La disminución del presupuesto de investigación, cercano al 26%, es de tal magnitud que alguien escribía en twitter: "con estos presupuestos, en España la próxima vez que veas a alguien con una bata blanca, será un churrero". El más mínimo sentido común nos indica que la salida al túnel de la crisis será más factible si mimamos nuestra ciencia, la formación de nuestros jóvenes y la creación de nuevos talentos. De hecho la aportación de nuestra ciencia en la balanza comercial, es mayor a la de bienes y servicios.

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha hecho una declaración al más puro estilo de Larra. "España es el único país civilizado donde desde el Ministerio de Educación se habla mal de la Educación y parece que se disfruta con ello", ha dicho con pesar.

En la comisión de expertos que debatirán el futuro del sistema universitario, el Ministerio no ha incluido ni un solo representante de las Universidades andaluzas. El café de las autonomías no gusta al Gobierno central, a no ser que proceda de Valencia o de Madrid, donde se aprestan a acabar con el sistema universitario público e imponer frente al democrático café el selecto té de las cinco.

Las universidades no son fábricas de parados, sino de ciencia y saber. El paro en los jóvenes no titulados es tres veces mayor que entre los universitarios. Las universidades no son un costo sino una inversión en el futuro. En los últimos 30 años, se ha amortiguado el clasismo y miles de jóvenes con pocos recursos económicos han desarrollado su talento en sus aulas. Ahora todo está en cuestión por una crisis que, cada vez más, es una simple y pura estafa.

El País, 20/04/12

Adoración Guamán y Héctor Illueca: El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el Trabajo

El huracán neoliberalAdoración Guamán y Héctor Illueca: El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el Trabajo

Sequitur. Madrid, 2012
Formato: 13×21.
Páginas: 200
ISBN: 978-84-95363-20-6

La editorial Sequitur, en colaboración con la Fundación CEPS, publica este libro de Adoración Guamán y Héctor Illueca, miembros de CEPS. Ante el alcance de la destrucción de las bases del Derecho del Trabajo, en el plano tanto individual como colectivo, no caben ya ni los estudios pretendidamente neutrales, ni los comentarios parapetados en la vis técnica, ni, por supuesto, la conformación con las imposiciones de la estructura económica, tras la barrera de la supuesta ausencia de contenido político del Derecho del Trabajo. La reforma laboral de 2012 impuesta por el gobierno del Partido Popular hace necesario cuestionar lo establecido, reflexionar sobre la necesidad de una nueva concepción del Derecho del Trabajo y divulgar un análisis ideológico del mismo. Éste es el objetivo de este libro, desenmascarar las estrategias jurídicas neoliberales que han arrumbado la función más tradicional del Derecho al Trabajo, la búsqueda del equilibrio que permitiera el pacto entre Capital y Trabajo, advirtiendo de sus consecuencias.

Índice

Prólogo. Alberto Montero Soler

Nota preliminar

I. Derecho del Trabajo y crisis económica

II. Normas laborales e involución social: el estado de reforma permanente

III. El fin del Derecho del Trabajo y el nacimiento del Derecho del Emprendedor: la reforma laboral de 2012

IV. Conclusiones: combatiendo la involución social

Fundación CEPS, 19/04/12

Universidad Pública: Tocada y hundida

Universidad Pública: Tocada y hundida

Tocada y hundida

Manuel Pérez Rocha: Reforma educativa: los pedagogos y los economistas

Manuel Pérez Rocha: Reforma educativa: los pedagogos y los economistas

Los candidatos a la Presidencia por el PRI, el PAN y el Panal pregonan que, de ser elegidos, continuarían con el proyecto educativo que los gobiernos del PAN han implantado en los años recientes con la colaboración de la dirección del SNTE y el apoyo de la OCDE y diversos organismos privados. Como se ha señalado, este proyecto tiene una perspectiva meramente gerencial: implantar una eficiente administración de los "recursos humanos" del sistema educativo, esto es, de los maestros y directivos de las escuelas.

Como en una empresa mercantil, los patrones de la SEP quieren que sus empleados trabajen eficientemente y para ello ponen en el centro del problema educativo la imposición de un sistema de estímulos monetarios para maestros y directivos, estímulos basados en los resultados de exámenes estandarizados (a maestros, directivos y estudiantes). Este proyecto educativo es idéntico al que promueven en Estados Unidos tanto el Partido Republicano y la derecha como el Partido Demócrata y es promovido en muchas partes del mundo por organismos internacionales como la OCDE.

Tanta coincidencia podría sugerir que se trata de una solución adecuada a la crisis mundial de la educación. Sin embargo, este proyecto constituye lo que con tino el educador finlandés Pasi Sahlberg ha denominado "Movimiento global de reforma educativa" y ha caracterizado como la causa del deterioro de la educación en muchos países. Múltiples estudios han demostrado que lejos de ser una solución, ese proyecto está causando estragos. Los ejemplos abundan. La doctora Diane Ravitch (a quien me referí aquí el pasado primero de diciembre, investigadora de la Universidad de Nueva York y subsecretaria de Educación en los gobiernos de George Bush y Bill Clinton, autora de una decena de libros) puso a su libro más reciente un título que lo dice todo: La muerte y la vida del gran sistema escolar estadunidense. Cómo los exámenes y la elección están destruyendo la educación (con el término "elección" se refiere al sistema de bonos públicos que se ofrecen a las familias para que elijan la escuela de su preferencia). Este libro ha merecido el amplio reconocimiento de la prensa especializada, de muy diversas orientaciones políticas e ideológicas.

¿Por qué continúan aplicándose esas políticas a pesar de tantas evidencias de sus efectos destructivos? No porque tengan virtudes, sino sencillamente porque coinciden con la ideología de los intereses dominantes y porque la correlación de fuerzas beneficia a quienes las impulsan (principalmente economistas que están en los puestos de gobierno) y no a quienes denuncian sus efectos perniciosos (educadores y pedagogos). El año pasado, el Consejo Nacional de la Investigación (NRC), de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, publicó los resultados de un amplio estudio sobre los Los incentivos y la rendición de cuentas en educación basada en exámenes. El estudio del NRC se enfocó a revisar las investigaciones "teóricas provenientes de la economía" y las " investigaciones experimentales provenientes de la sicología" (la sicología educativa). El comité encontró una "contradicción entre el optimismo de los economistas y el pesimismo de los sicólogos" acerca del potencial de los "sistemas de incentivos basados en exámenes para mejorar el desempeño académico", y concluye que antes de implantar sistemas de estímulos con "consecuencias", deben hacerse más investigaciones.

El Gobierno no puede poner en la picota el sistema universitario español con un recorte de 250 millones de euros

El Gobierno no puede poner en la picota el sistema universitario español con un recorte de 250 millones de euros
UGT reclama un Pacto Político y Social en Educación

Ante los recortes aprobados en Consejo de Ministros en la enseñanza universitaria, UGT reclama un Pacto Político y Social en Educación, mediante la convocatoria de la Mesa de Diálogo Social que aborde estas reformas. El sindicato considera que el Gobierno, con estas políticas, pone en la picota el sistema universitario español con un recorte de casi 250 millones de euros, un 62,5% menos que el año pasado, y demanda un sistema universitario democrático, participativo, público, laico y de calidad, que asuma un claro protagonismo en el desarrollo de las políticas necesarias para contribuir al crecimiento de la economía y el empleo.

Ante el anuncio de recorte aprobado en Educación el pasado Consejo de Ministros, UGT considera que el Gobierno no puede poner en la picota el sistema universitario español con un recorte de casi 250 millones de euros, lo que supone un 62,5% menos que el año pasado, y manifiesta la necesidad de plantear las reformas en los ámbitos de representación establecidos.

El sindicato reclama un Pacto Político y Social en Educación que se aleje de una vez por todas de las contiendas políticas, ya que es un error partir del informe que ofrece la recién nombrada Comisión de Expertos sin contar con la comunidad educativa, los interlocutores sociales, los representantes legales de de los trabajadores, la CRUE, y menos aún sin la participación de los representantes legítimos del personal que trabaja en ella.

José Carlos Bermejo Barrera: Parches para la academia

LaberintoJosé Carlos Bermejo Barrera: Parches para la academia

Había en Atenas un viejo barco varado que se creía la nave del héroe Teseo. Según se iba pudriendo se le cambiaban las piezas, de modo que al final no quedó nada del antiguo barco. Aristóteles se preguntó: «¿Es acaso la misma nave si en ella ya no queda nada del original?».

El ministro de Educación propone ahora, con el fin de solucionar la grave situación de la universidad española, una medida similar a la ateniense: en vez de reformarla globalmente con una ley orgánica actualizada y racionalmente redactada por el Parlamento, ha decidido nombrar una comisión de variopintos expertos, con o sin experiencia en el gobierno académico, con conocimientos en economía y en campos tan diversos como la física teórica, la óptica, el control de los medios de comunicación, las membranas celulares o el derecho internacional (pero ninguno de ellos en humanidades), que dictaminen cómo será mejor poner parches.

Parches para recortar la financiación, restringir el número de alumnos, retocar sin cambiar radicalmente los criterios de selección del profesorado, o mejorar la calidad docente que el sistema de Bolonia se está encargando de degradar aún más. Se quiere mantener todo el sistema legal de las universidades subvirtiéndolo desde dentro, como en el caso de los órganos de gobierno y cargos académicos que pasarían de ser elegidos a nombrados, cambiando artículos o trozos de artículos de la ley fundamental para implantar el sistema de la gobernanza, con el fin de evitar el debate público de la comunidad educativa. Y se pretende hacerlo en aras de ideas vacías como la eficacia empresarial en la función pública, la internacionalización de una supuesta docencia cosmopolita en la que los alumnos anglosajones vendrían a España a estudiar mejor en inglés y el cosmopolitismo de unos profesores a los que se le ha negado el derecho de traslado como funcionarios y que están secuestrados en sus correspondientes autonomías. Con tal coherencia, cabe esperar que el resultado obtenido por los variopintos expertos nombrados por el ministro coincida con lo que él mismo ya sabía desde el principio.

La Voz de Galicia, 14/04/12

El Gobierno aprueba la creación de una Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario español

El Gobierno aprueba la creación de una Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario español
Consejo de Ministros
El órgano estará presidido por Teresa Miras Portugal
¿Expertos en qué?

"Triste y sóoola, sóla se queda Fonse-eca
triste y lloro-osa queda la universida-a-a-a
y los libros, y los libros empeña-ados
en el Monte, en el Monte de Pieda-a-a-a"

Para conocer al elefante

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert, ha aprobado la creación de una Comisión de Expertos que se encargará de la reforma del sistema universitario español. El sistema universitario español es fundamental para el desarrollo del capital humano y la innovación en nuestro país. De su éxito depende la capacidad de crecimiento y la competitividad de nuestra economía. Sin embargo, existen una serie de ineficiencias que contrastan con el esfuerzo inversor que se está realizando en este ámbito.

El gasto público en Instituciones de Educación Superior respecto al PIB en España se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por estudiante respecto al PIB per cápita en el 40%, casi al nivel del 41% de la OCDE.
A pesar de esta notable inversión, los resultados son insatisfactorios:

  • No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.
  • Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media europea, lo que supone una pérdida de 2.960 M€ invertidos en capital humano sin retorno.
  • Sólo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su título sin repetir curso. La media de la OCDE y de la UE es de 38%.

Como consecuencia de todo ello, el sistema no resulta muy eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni a la hora de favorecer su empleabilidad. Los universitarios de 25 a 29 años sin trabajo representan ya el 20.8% de los parados en ese rango de edad.

El sistema universitario necesita un cambio

Este desequilibrio entre inversión y resultados denota que el sistema universitario es ineficiente y necesita un cambio importante.

Una de las razones que explica esa falta de eficiencia es que su crecimiento y desarrollo en muchos casos ha estado regido por criterios de oportunismo político. Y por este motivo nuestro país cuenta actualmente con 79 universidades y 236 campus universitarios ubicados en municipios diferentes, que ofrecen 2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680 doctorados.

Esto trae consigo algunas consecuencias:

  • Un 30% de los títulos tienen menos de 50 alumnos de nuevo ingreso, el número mínimo de alumnos de referencia para su optimización económica.
  • Una escasa movilidad de los estudiantes españoles, así como de los profesores universitarios. El 93,3% de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001 ya trabajaban en ese mismo centro antes de que se les fuera concedida.
  • El modelo de gobernanza de las universidades consagrado por la LOU no ha rendido los frutos deseados. Sólo hay que ver las graves dificultades económicas e irregularidades que se han detectado en la gestión de algunas universidades para comprobar que la autonomía universitaria no ha ido acompañada de un adecuado sistema de rendición de cuentas.

Todo lo expuesto anteriormente evidencia que el sistema universitario español necesita una profunda reforma para ganar eficacia pero, sobre todo, para ganar prestigio y calidad. El Comité de Expertos de Alto Nivel que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se encargará de elaborar en los próximos meses una propuesta de reforma del sistema universitario español. Una reforma que queremos que orbite sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización.

Esta Comisión está formada por 11 miembros:

Teresa Miras Portugal

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y directora del departamento de Bioquímica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Experta en neurotransmisores, es la Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia. Miembro de numerosas sociedades científicas, habiendo ocupado cargos de responsabilidad en sus directivas, entre otras: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), European Society for Neurochemistry (ESN), International Society for Neurochemistry (ISN), Advisory Board of Chromaffin Cells, Purinergic Club, Editorial Board del Journal of Neurochemistry, etc

Óscar Alzaga Villaamil

Catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Actualmente es número uno en el escalafón del cuerpo de catedráticos de Derecho Constitucional, Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset y presidente de la Fundación Luis Vives. Entre 1977 y 1986 fue diputado por Madrid (primero por UCD y después en coalición con AP-PDP), presidió el Partido Demócrata Popular. Tuvo una destacada participación en los debates de las Cortes constituyentes. En 1986 se retiró de la política.

José A. de Azcárraga

Licenciado por la Universidad Complutense, y doctor por la de Barcelona (1968). Ha realizado numerosas estancias en el extranjero especialmente en Cambridge y Oxford. Catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia. Es miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG). Ha escrito numerosas publicaciones de carácter divulgativo.

Salvador Barberá

Doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con algunas de las más relevantes distinciones en investigación: Premio Rey Juan Carlos de Economía, Fellow de la Econometric Society, y Distinción de la Generalitat de Cataluña por la promoción de la investigación universitaria. Ha sido presidente de la Social Choice and Welfare Society y de la Southern European Economic Association (ASSET). Entre 2000 y 2004 fue Director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y de 2004 a 2006 ocupó la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia.

José Capmany

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó la Tesis en el University College de Londres. Es Catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV. Fue nombrado 'Fellow Member' del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) en reconocimiento a su liderazgo internacional y contribución en el campo de la fotónica de microondas. Está considerado uno de los más destacados expertos en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel internacional y sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas como Optics Express o Nature Photonics.

Elisa Chuliá Rodrigo

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (RFA), y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y desde diciembre de 2007 ocupa el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma Universidad. Es miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Sus principales investigaciones se han centrado en el control de los medios de comunicación y la opinión pública en las dictaduras, el papel de la familia en la sociedad española y los desafíos políticos y sociales derivados del envejecimiento de la población, en particular.

Luis Garicano Gabilondo

Licenciado en Económicas y Derecho por la Universidad de Valladolid. Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Catedrático de Economía y Estrategia, en el Departamento de Empresas y Economía, en la London School of Economics. Ha sido co-director de un programa del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. También ha sido profesor de la Universidad de Chicago. Director de la Cátedra FEDEA McKinsey.

Félix Goñi

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres (Royal Free Hospital). En 1978 se incorporó a la UPV/EHU, en cuya Facultad de Ciencia y Tecnología comenzó a desarrollar lo que luego sería el Grupo de Biomembranas y la Unidad de Biofísica. Su grupo es uno de los grupos de alto rendimiento del Gobierno Vasco y de la UPV/EHU. Su trabajo de investigación se centra en las interacciones moleculares en las membranas celulares. Ha publicado 6 libros y 282 artículos e impartido numerosas conferencias invitadas y plenarias en congresos internacionales y en universidades de todo el mundo. Es coautor de 3 patentes y ha dirigido 16 tesis doctorales. Fue director de Política Científico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y desde 2006 es presidente del Comité de Publicaciones de FEBS (Federation of European Biochemical Societies) y también fundador y presidente de la Fundación Biofísica Bizkaia presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Sociedad Americana de Biofísica

Rafael Puyol

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Fue Rector de la misma desde 1995 hasta 2003, donde continúa su labor docente como profesor de Geografía Humana. Es Vicepresidente de Relaciones Institucionales del IE Bussines School, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa  y Presidente del Patronato de la IE Universidad (privada) de Segovia. Asimismo, es profesor del área de Entorno Económico en IE. Es miembro del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), grupo que presidió desde 1986 hasta 2000, asimismo ostenta el cargo de Vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica; Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma; Vicepresidente 1º de la Real Sociedad Geográfica. Está especializado en Demografía, ha publicado 17 libros, más de 100 artículos y es colaborador habitual de prensa y radio.

Matías Rodríguez Inciarte

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario y Nacional Fin de Carrera. Realizó estudios empresariales en el M.I.T. de Boston. Es Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Presidente del Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias desde 2008. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre la que destaca la Gran Cruz de Carlos III. En 1981, fue Secretario de Estado Adjunto al Presidente del Gobierno y Ministro de la Presidencia. En 1984 se incorpora al Banco de Santander donde ocupa la Subdirección general en 1986 y la Vicepresidencia segunda en 1994 cargo que ocupa en la actualidad.

Mariola Urrea

Licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de La Rioja, de la que además es profesora titular de Derecho Internacional Público en el Departamento de Derecho, del que ha sido secretaria (2001-2004). Desde abril de 2010, es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y ha sido Presidenta de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España. Ha realizado distintas estancias investigadoras, entre otras en el Centro Jean Monet de Derecho Económico Regional e Internacional y Justicia de Nueva York y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Colabora con distintos medios de comunicación escritos y radiofónicos.

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Christian Laval: Le sinistre bilan du sarkozysme scolaire

Christian Laval: Le sinistre bilan du sarkozysme scolaire
Christian Laval, sociologue, est coauteur de La nouvelle école capitaliste, La Découverte, août 2011

« Laura a trouvé le poste de ses rêves » et « Julien », lui, « a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions ». La campagne de recrutement, par voie de presse et à grands frais (1,35 million d’euros), du ministère de l’Éducation nationale au printemps 2011, ne dit pas seulement la vision sexiste d’un monde social dans lequel les femmes ont des « rêves » et les hommes de l’« ambition », elle constitue un parfait déni de réalité. C’est à un affaiblissement inédit de l’enseignement public que se livre un gouvernement acharné à réduire le nombre d’heures de cours, à diminuer le nombre d’adultes dans les établissements scolaires, à liquider la formation des nouveaux enseignants et à déstabiliser la condition enseignante dans son ensemble par le recours à la précarité généralisée.

On sait pourtant que le système scolaire français, qui reste l’un des plus inégalitaires parmi les pays développés, a besoin de tout autres mesures pour se redresser. Et ce n’est pas l’annonce du recrutement de « 17000 personnes » (dont seulement 11 000 enseignants) qui peut faire oublier les chiffres dont le ministère se glorifiait encore hier : la suppression de 16 000 postes d’enseignants en 2011 et en 2012, avec pour objectif la destruction de 80 000 postes dans l’enseignement primaire et secondaire en cinq ans, soit presque 10 % du corps enseignant. Nicolas Sarkozy avait dit son souhait dans sa Lettre aux éducateurs de septembre 2007 d’une école avec « moins de professeurs ». Cette véritable saignée suscite colère et inquiétude chez les enseignants, mais aussi de plus en plus chez les parents d’élèves, et maintenant chez les maires de France, y compris UMP. Même l’enseignement privé, pourtant moins touché en proportion par ces coupes budgétaires, se met à donner de la voix. Les occupations d’écoles par les parents ont commencé à se multiplier dès le printemps 2011, en particulier dans les quartiers populaires et dans les communes rurales. « Plus d’élèves par classe, c’est moins de chances pour nos enfants », « on ne peut pas concevoir l’éducation de nos enfants selon un simple rapport comptable » : quand ce ne sont plus les syndicats d’enseignants qui le disent, mais les parents « ordinaires », c’est-à-dire les électeurs, la chose devient plus risquée pour le gouvernement. L’école primaire n’est pas la seule touchée : les effectifs en 6e vont « crever le plafond » dans beaucoup de collèges dès la rentrée 2011. Après les réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (Rased), après la suppression de l’année de formation des nouveaux enseignants stagiaires, la poursuite d’une telle politique est de plus en plus insupportable au regard de ce que vivent les personnels et les usagers de l’Education nationale. Il n’est donc pas sûr que l’annonce très électoraliste faite le 21 juin par Nicolas Sarkozy du gel des fermetures de classes « hors démographie » pour 2012 dans le primaire suffise à effacer le tragique bilan de 5 ans de sarkozysme scolaire.

Eric Marty: La réforme de l'université, une catastrophe

Eric Marty: La réforme de l'université, une catastrophe
Eric Marty, professeur de littérature contemporaine à l'université Paris-Diderot

Depuis la loi d'autonomie de l'université de la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Pécresse, jamais les universitaires ne se sont à ce point trouvés dans la servitude. Ce diagnostic empirique pourrait être une petite leçon de philosophie politique : le pouvoir ne donne des libertés que pour mieux se faire obéir, et l'autonomie aura été, en grande partie, un processus par lequel désormais les enseignants du supérieur se surveillent, s'asservissent, se soumettent eux-mêmes, obéissent par anticipation aux menaces par crainte d'être exclus des lieux de décision.

Dure et impitoyable leçon qu'on espère falsifiable : c'est lorsque les universités étaient soumises à un pouvoir centralisé, vertical, "soviétique" disaient certains, que nous étions réellement libres. Libres de travailler, libres d'enseigner, de chercher, de publier, de diriger des thèses sans les entraves normatives, bureaucratiques, asphyxiantes que les pouvoirs horizontaux n'ont, depuis, cessé de multiplier.

Ce constat est d'autant plus amer qu'il est peu question de l'université depuis le début de la campagne électorale. Si Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche, est l'un des rares à proposer la remise en cause radicale des réformes, il ne semble pas déployer, hélas, une vision réellement refondatrice de l'enseignement supérieur et il se limite, en cela comme ailleurs, à une politique exclusivement corporatiste. Plus grave cependant est le flou dans lequel François Hollande, candidat du Parti socialiste, se situe jusqu'à présent. De ses propositions ne ressort qu'une simple amélioration de la loi d'autonomie, visant à atténuer les risques - il est vrai, réels - d'autocratie des présidents.

A peine l'autonomie des universités a-t-elle été mise en place dans les établissements que le gouvernement procédait à une succession de réformes et de restructurations autoritaires. La "mastérisation des concours" a été la première étape. Loi absurde visant, pour le recrutement des enseignants, à fusionner, dans un même parcours, un travail de recherche (master) et des épreuves sélectives de concours. Les universitaires étaient chargés, dans l'urgence, de produire de nouvelles maquettes des formations à partir d'informations floues et contradictoires pour un dispositif dont tout le monde savait à l'avance qu'il ne pouvait fonctionner.

On connaît ces techniques de management qui visent à déstabiliser le personnel concerné par une restructuration, en le plaçant dans une succession d'impasses. Cette réforme, inventée par Xavier Darcos, a échoué après avoir fait perdre un temps considérable aux enseignants, et avoir déstabilisé durablement les unités de formation (UFR). François Hollande veut apparemment revenir sur cette réforme. Mais il n'expose à aucun moment sa doctrine sur les concours de recrutement, dont toute la logique est désormais à repenser.

Deux questions importantes sont laissées dans le plus grand flou. Alors que jusqu'alors les enseignants étaient évalués individuellement par un unique organisme, le Conseil national des universités, qui a le grand mérite d'être composé d'enseignants élus, de toutes tendances, et qui, de ce fait, parvient à une forme d'équilibre, le gouvernement a inventé des procédures supplémentaires très coûteuses de contrôle tout à fait parasitaires, parmi lesquelles un organisme intitulé Agence d'évaluation de la recherche dans l'enseignement supérieur (Aeres), dont les membres sont nommés et cooptés dans des conditions opaques et chargés d'évaluer les équipes de recherche, les enseignements...

L'évaluation permanente, accompagnée d'incitations à l'autoévaluation, selon des normes, des protocoles inventés par des technocrates et doublés par l'enfer informatique, semble davantage avoir pour fonction de justifier l'existence des évaluateurs et de l'institution Aeres que de permettre de dresser un véritable tableau de la recherche en France. Des méthodes bornées peuvent quantifier des résultats mais, en aucun cas, permettre de saisir ce que font réellement les universitaires dont, en outre, le temps est dévoré par ces tâches stériles et abêtissantes d'évaluation. Sur ce point, François Hollande n'a, pour l'instant, lâché que des propos extraordinairement vagues.

Plus grave encore est le projet en voie de réalisation de créer des méga-universités par la fusion forcée des établissements actuels, sous l'apparent prétexte de pouvoir concurrencer les universités étrangères sélectionnées par le fameux classement de Shanghaï, alors même que celles-ci n'ont rien des mastodontes que l'on veut créer.

Il s'agit en réalité de supprimer des universités, des enseignements, sous le prétexte de doublons, voire sans doute des disciplines jugées non rentables. Sur ce point, la discrétion de François Hollande est d'autant plus inquiétante que, parmi les agents actifs de cette restructuration par bien des côtés destructrice, nombreux sont les jeunes loups sociaux-démocrates de l'université.

La confusion a été un outil puissant dans les opérations réformatrices, confusion pratique (accélération du tempo des prises de décision et des délais infantilisants d'exécution, opacité des lieux de décision et filtrage de l'information), confusion politique sur les objectifs des réformes et sur le rôle même des universitaires dans les choix opérés, c'est pourquoi, sans doute, plus que jamais, la clarté est nécessaire.

Comment, dans ces conditions, ne pas réclamer du principal opposant à la politique qui a été suivie pendant cinq ans dans l'université qu'il déclare, clairement, quelle est sa philosophie politique pour l'université de demain.

Le Monde, 11/04/12

Luis de Guindos, el Gran Recortador

VerdugoLuis de Guindos, el Gran Recortador

Luis de Guindos Jurado (Madrid, 16 de enero de 1960), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Ha sido Socio-Consejero de AB Asesores (1988-1996), secretario de la revista Información Comercial Española, vocal asesor del Secretario de Estado de Economía y Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Comercio. En diciembre de 1996 fue nombrado Director General de Política Económica y Defensa de la Competencia. Ha formado parte del consejo directivo de Renfe entre los años 1997 y 2000, del Instituto de Crédito Oficial desde 2000 a 2002, en mayo de 2000 fue designado Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Fue Secretario de Estado de Economía en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004).

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En 2006 fue nombrado Consejero asesor para Europa de Lehman Brothers y Presidente Ejecutivo de la filial del banco en España y Portugal, donde estuvo hasta la quiebra y bancarrota de éste en 2008. Lehman Brothers fue uno de los principales responsables de la crisis económica mundial. La quiebra de este banco de inversión el 15 de septiembre de 2008 ha sido la mayor de la historia, causando un agujero de 613.000 millones de dólares. Presidente Ejecutivo para España y Portugal de Nomura Securities, primer banco de inversión del mundo de nacionalidad japonesa (Sep 2008 - Dic 2008). Posteriormente, desde el año 2008, fue Director del Centro del Sector Financiero de la auditora PricewaterhouseCoopers hasta su incorporación como ministro. En el año 2005 había ejercido como docente (profesor visitante) en la Facultad de CC. Económicas de la Universidad de Navarra, del Opus Dei. Presidente del Aula de Dirigentes del IE Business School, escuela de negocios privada. Miembro de los Consejos de Administración de las siguientes empresas: Endesa, S.A.; Endesa Chile; Unedisa (editora de El Mundo y Expansión, entre otros medios) y Logista. En 2011 trabajaba para el consejo de administración de Banco Mare Nostrum (BMN, encabezado por la antigua Caja Murcia) hasta su dimisión para entrar a formar parte del gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de ese año.

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En 2010 fue coordinador del libro promovido por la fundación FAES España, claves de prosperidad, que puede ser considerado como la base ideológica de la política económica del PP y que se mueve entre dos ejes fundamentales: contención drástica del gasto en las administraciones públicas y reformas en ámbitos como el laboral y el sector financiero.

El 22 de diciembre de 2011 juró el cargo de ministro de Economía y Competitividad, después de haber sido designado por Mariano Rajoy para formar parte del Gobierno del PP tras el triunfo popular en las elecciones generales de 2011.

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