Resistencia

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Gerardo Pisarello y Jaume Asens: Resistir al miedo, golpear juntos

Gerardo Pisarello y Jaume Asens: Resistir al miedo, golpear juntos
Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas y autores del libro ‘No hay derecho (s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis’ (Ed. Icaria, 2012)

Llevamos casi cinco años conviviendo con un capitalismo desbocado que no acepta límites. Que avanza sin pudor y aspira a mercantilizarlo todo. La vivienda, la sanidad, la educación, el espacio público, las relaciones afectivas. Para avanzar, este proceso necesita quebrar la autonomía individual y colectiva. Aislar a las personas y reducirlas a la servidumbre, a la impotencia. El consumismo dirigido, la alienación programada, son eso: figuras de la impotencia. La otra es el miedo. A ser desahuciado, a perder un empleo, a no poder pagar las deudas, a ser multado en el metro, a ser expulsado por no tener papeles, a ser detenido en una manifestación o en una ocupación. El individualismo, el miedo, la servidumbre voluntaria e involuntaria, son formas de impotencia que se dan la mano. Todas están en la base de la deudocracia.

Esta historia, desde luego, no es nueva. La deudocracia es hija del neoliberalismo. Y este del afán capitalista de soltar amarras. De librarse de las ataduras impuestas por las luchas y resistencias populares. Tras el hundimiento del socialismo irreal, lo sabemos, la bestia no quiere bozal. No tolera los límites jurídicos, los derechos, las leyes. A menos, claro, que sean sus propias leyes. Las que benefician a los bancos, a los grandes evasores fiscales, a la oscura trama de la cleptocracia. Esas leyes, sí. Las que aseguran la “culpabilidad de las sardinas” y la “impunidad de los tiburones”, como decía la gran Rosa Luxemburgo. Lo otro, los derechos humanos, son un incordio. Una atadura inaceptable. Da igual que se trate de los derechos sociales y ambientales que de los civiles y políticos. La bestia no quiere bozal, ni críticas, ni protestas que se le vayan de las manos. Solo consumidores dóciles y atemorizados. Puede aprobar sin inmutarse normas indecentes que dejan a miles de personas sin trabajo, sin casa y sin futuro. Pero ladra indignada contra un piquete sindical o contra las pegatinas de un escrache. Así, mientras estrangula el Estado social, mientras liquida los bienes comunes, monta el Estado penal, la excepcionalidad punitiva, la vigilancia continua.

Juan Torres López: Unidad ciudadana

Juan Torres López: Unidad ciudadana

Hace ya cinco años que la crisis empezó a mostrarse con todo su vigor y que los economistas más críticos comenzamos a advertir de lo que se venía encima. Desde entonces hemos venido analizándola, haciendo propuestas constantes y señalando sus peligros y las circunstancias más favorables que había que tratar de crear para poder hacerle frente mejorando en la mayor medida de lo posible el bienestar de las personas. En un artículo que publiqué el 10 de septiembre de 2007 exponía la que me parecía que la verdadera naturaleza de la crisis y decía que había alternativas pero que no podrían llevarse a cabo “si los ciudadanos no son capaces de negar el estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en donde gobiernan los poderosos y para ello es preciso no solo que sean conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos sino que tengan el poder suficiente para convertir sus intereses en voluntades sociales y éstas en decisiones políticas” (Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones. Mensajes parecidos, si no idénticos, divulgaron otros economistas, asociaciones, sindicatos y organizaciones de todo tipo.

Pero a pesar de saber desde el principio lo que iba a suceder y de disponer de suficiente información y de conocer las alternativas, lo cierto es que no se ha conseguido articular la fuerza social y política suficiente para frenar los recortes sociales y el desmantelamiento de la democracia.

Es cierto que se han llevado a cabo experiencias novedosas y rompedoras, como el 15-M o los movimientos de indignados en otros lugares del mundo, que ha habido más unidad de acción que nunca, que el número de personas que acude a actos, conferencias, seminarios, reuniones en plazas, manifestaciones, etc. es mucho más elevado que antes de la crisis. Y creo que igualmente es cierto (o al menos yo lo percibo) que hay un “deseo” de que la respuesta social vaya a más, de involucrarse y de ayudar a que cuajen alternativas que pongan fin a lo que está pasando.

Hemos avanzado, es verdad pero no lo suficiente. No podemos olvidar que vivimos en situación de emergencia, que muchos de los cambios que está llevando a cabo el Partido Popular (y que empezó a aplicar antes el Partido Socialista) pueden ser irreversibles durante muchos años, y que no hemos sido capaces de evitar casi ni una sola de las grandes agresiones a los trabajadores, a los sectores sociales más débiles o a la ya de por sí débil democracia que tenemos. Que ni siquiera han cesado los desahucios, que la pobreza sigue aumentando, que cierran miles de pequeñas y medianas empresas perdiéndose con ellas miles de puestos de trabajo,… y que, muy posiblemente, todo eso no ha terminado, ni muchísimo menos.

¿Por qué no avanzamos?

Por eso que creo que es fundamental preguntarse por la razón de la impotencia, de la incapacidad para movilizar a toda la gente necesaria y sobre lo que se debería hacer para ser más efectivos frente a la agresión que tanta gente sufre y rechaza.

A mi juicio, la primera razón es que el neoliberalismo ha creado condiciones muy idóneas para multiplicar el número de personas que no se defienden a sí mismas porque el paro, la deuda, el trabajo precario, la pobreza, la doble jornada de las mujeres o la exclusión amedrentan a quienes los sufren. Ha creado seres humanos individualistas, que se aíslan, que actúan ensimismados, sin apenas capacidad para mirarse en los demás para descubrir que cada uno de nosotros es también el otro o la otra de alguien. Han destruido los lazos solidarios y, por tanto, se hace muy difícil que se den la coalición y el compañerismo

En mi opinión, las corrientes progresistas, o simplemente opuestas a todos estos fenómenos de explotación y de deshumanización, no han sabido hacer frente a este nuevo tipo de sociedad y de seres humanos.

Por eso creo prioritario que todos estos sectores opuestos a lo que está pasando hablen y se dirijan de otro modo a la gente, con pedagogía y no desde la abstracción ideológica, para que puedan entender su discurso alternativo no solo los convencidos sino la gente humilde, la inmensa mayoría de la sociedad, enseñándole cómo le roban los bancos, las eléctricas, los políticos corruptos, cómo le mienten los grandes medios de comunicación, por qué le quieren quitar el médico del seguro para ponerle otro de pago o por qué dicen que hay que hacer recortes en aras de una falsa austeridad. Y llevando eso a un programa de acción política alternativa muy elemental, de justicia económica, de auténtica democracia, de independencia frente a potencias extranjeras y de castigo de los culpables.

La segunda causa de nuestra impotencia es la desunión. Es inconcebible que los sectores que están enfrentándose a la agresión neoliberal no logran ponerse acuerdo. ¿Como es posible que ahora mismo estén funcionando en España, cada uno por un lado, los sindicatos, las mesas de convergencia, las asambleas constituyentes, el Foro Cívico de Anguita, la cumbre social, los socialistas de izquierda, la convocatoria social de Izquierda Unida y otros partidos progresistas, el 15-M, las Mareas, el Partido X, más alguna otra plataforma que quizá no conozca, cuando en realidad todas proponen prácticamente lo mismo, es decir, frenar las agresiones que se están produciendo, evitar los recortes de derechos sociales y hacer que la crisis la paguen quienes la han provocado?

Es imprescindible que dejemos de lado lo que nos diferencia para hacer frente a un enemigo común, sobre todo, cuando también es un hecho que todos contemplamos al mismo enemigo: el capital financiero, los bancos, las grandes corporaciones empresariales, los grupos políticos, mediáticos, judiciales, etc. que los apoyan, y algo a lo que llaman democracia pero que no lo es.

Es impostergable promover ya la más amplia unidad ciudadana, de las plataformas, sindicatos, partidos, movimientos, organizaciones y personas que están en contra de la agresión que se viene realizando contra “los de abajo” para apoyar un acción unitaria de respuesta y de cambio.

Finalmente, no avanzamos porque quienes se enfrentan a las agresiones y recortes de derechos no terminan de articular una respuesta política efectiva capaz de frenarlas. Para conseguirlo no basta con organizar respuestas fuera de las instituciones. El poder “de la calle”  es insustituible pero también insuficiente. Los poderes que hoy día nos oprimen se quedan tan anchos si salen millones de personas a la calle un domingo y el lunes pueden seguir en el parlamento y el gobierno elaborando y aplicando sus leyes.

Tenemos que salir a la calle pero también tenemos que llevar la voluntad de la gente a los parlamentos y llegar al gobierno. Tenemos que ocupar el Congreso pero de verdad, haciendo que entren en él docenas de parlamentarias y parlamentarios de nuevo tipo para denunciar el poder oculto de banqueros y patronales que no se presentan nunca a las elecciones, para bloquear las agresiones legales que hacen desde allí y para promover y asegurar que se hagan otras más favorables para los trabajadores, para las gentes humildes, para la naturaleza, y para los pueblos más pobres del planeta.

Hay que meter al menos a 150 o 200 diputados y diputadas en el Congreso como auténticos representantes de la calle y de una nueva mayoría ciudadana. La inmensa mayoría de los que están allí no nos representan y se pueden echar fuera si nace un sujeto político que sea “otra cosa”, de nuevo tipo, participativo, sometido a la voluntad colectiva y ajeno a los vicios de las viejas burocracias partidistas, si se organizan candidaturas ciudadanas con elecciones primarias de candidatos, con estatuto del diputado o diputada que contenga sus derechos económicos, políticos, los periodos de mandatos, el procedimiento de revocación, etc. y si no se forman como una simple sopas de letras sino como expresión de la movilización y del empoderamiento de la gente en la calle.

Propuestas

Los promotores de todas las plataformas que se han ido creado en estos últimos tiempos para hacer frente (estoy seguro de que con la mejor voluntad) a esta agresión deben acordar su disolución para promover la creación desde las bases de un nuevo espacio unitario de encuentro y movilización que recoja las actividades de todas las anteriores, que se abra en la mayor medida de lo posible a toda las sociedad y que obligue a que dimita un gobierno que incumple su programa y que es incapaz de solucionar los problemas de España.

Se debe elaborar y proponer un programa de mínimos que plantee la desobediencia civil ante tanta injusticia, que señale todo aquello por donde no estamos dispuestos a pasar y ofrezca alternativas.

Y hay que llamar y al mismo tiempo auto convocarse para que la gente se organice desde la base para generar una auténtica red de ciudadanía comprometida y activa, protagonista de la vida política, que culmine en la preparación de nuevos modelos de candidaturas en todas las provincias con el objetivo de estar preparados para participar en las próximas elecciones con protocolos de actuación que salvaguarden la democracia deliberativa (que no tiene por qué entenderse como galimatías asambleario), la participación efectiva, elecciones primarias y que garanticen un nuevo modo de ejercer la representación ciudadana.

Finalmente, es muy importante que quienes promuevan estas acciones sean conscientes de que sus propuestas no deben hacerse pensando solo en las mujeres y hombres de izquierdas o de sus misma sensibilidad ideológica o política sino para toda la sociedad.

De hecho, es materialmente imposible que las reformas urgentes que hoy día necesita España se puedan llevar a cabo solo por lo que tradicionalmente se sitúa en el campo de la izquierda. Hay sectores sociales y miles de personas que no tienen por qué sentirse ideológicamente identificados con los planteamientos filosóficos o políticos de quienes somos de izquierdas, pero que coinciden totalmente con las propuestas de regeneración y reconquista de los derechos que planteamos: que quieren que se pidan responsabilidades, que no se permita robar, que se combata la corrupción, que se garantice la financiación a la economía antes que los privilegios de la banca privada, que se facilite la creación de empresas y de empleo eliminando nuestra dependencia de las grandes multinacionales y grupos bancarios, que las instituciones se corresponsabilicen con el cuidado de los dependientes a través del gasto social o que se respete el medio natural por encima de todo.

Por eso es igualmente fundamental que ese nuevo sujeto político se abra a otras opciones que desean salir del régimen caduco de una transición que mantuvo prácticamente intacto el poder de los grupos oligárquicos y que ha ido degenerando la vida política y la democracia poco a poco. Hay que buscar y conformar alianzas amplias para regenerar nuestra sociedad y para avanzar hacia una institucionalidad diferente y plena y realmente democrática.

Me parece que todo esto es urgente y que para ponerlo en marcha solo hace falta que las personas normales y corrientes quieran comprometerse y actuar como lo que son, dueñas de sus destinos. En Sevilla y en otros puntos de España nos hemos empezado a auto convocar personas de diversas procedencia y sensibilidades que queremos cambiar y fomentar la unidad ciudadana. ¿Por qué no intentarlo cada vez con más gente y en más lugares?

ganas de escribir, 16/03/13

Defending universities: engaging the public

Defending universities: engaging the public

The Campaign for the Public University welcomes the launch of the Council for the Defence of British Universities. The two campaigns share common values. These values were articulated in a critique of the Government’s White Paper in July 2011, and developed subsequently in an Alternative White Paper, both written together with other campaign groups. The Government has avoided debate, but the issues are pressing and vital to the future of higher education.

Those of us who are academics are deeply concerned about university autonomy, the reduction of higher education to training and the damaging consequences of audit culture. However, we also need to engage with wider publics and how and why they might value higher education. What is at issue is the role of education in the global knowledge economy and the reproduction of advantage, where the only public interest is understood to be the interest of the taxpayer. As Holmwood and Bhambra have argued, under this neo-liberal conception of education it is transformed from a social right into a positional good.

Yet the British Social Attitude Survey has consistently shown that the public values higher education as providing more than the means of getting a better job. They also believe that fees were too high under the previous funding system and are against differential fees for the same courses. The most recent survey shows a small shifting of attitudes. In general, the public continues to regard university education as valuable. However, those with degree-level qualifications (graduates of previous funding systems) tend now to favour fees and also a reduction in student numbers graduates. This indicates a shift toward the defence of market position against the social mission that public higher education previously served.

We are at a pivotal moment. As the CDBU argues, Vice-Chancellors have been supine and quiet in the face of the transformation of higher education in England. University mission groups have also not represented the system as a whole. However, the latter are breaking up and what is emerging is the first sign of a new, restricted Ivy League, potentially willing to go it alone and wrapped in the mantle of traditional university values. We should all heed the warning posted by the Chair of CDBU’s steering committee, Howard Hotson, not to look to the Ivy League. A system in which a few universities flourish at the expense of the rest, is not in the public interest. Nor is it one that the majority of academic and other staff in universities could support.

Campaign for the Public University, 14/11/12

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them
Frantic, unprecedented reform is threatening fundamental academic principles and the purpose of higher education itself

Universities are among the UK's most successful institutions. Collectively, they enjoy a global reputation that few British institutions can match. Their research produces innovations of the highest order. Their teaching attracts a hugely disproportionate share of the world's international students.

Yet their future is being gambled on an unprecedented programme of radical reforms. Nothing similar has been tried elsewhere. No democratic mandate has been sought. These changes are grounded in wishful ideological assumptions. Evidence suggests they will do more harm than good.

Such is the frantic pace of this revolution that few outside universities are aware of its gigantic scope. Its financial dimension is familiar in outline to the general public. Domestic tuition fees, unheard of only 15 years ago, have been trebled this academic year, while 80% of direct public funding has been withdrawn from undergraduate teaching. Even before these changes, public spending on higher education was lower in the UK than almost any other developed country, while business spending on research and development was equally low and falling. Now, tuition fees in England are, on average, the highest in the world.

Yet as public and corporate money is withdrawn, the priorities and preconceptions of politics and business are being imposed on universities more forcefully than ever. Research funding in the sciences is diverted to meet the demands of industry; funding for the humanities is explicitly tied to party-political slogans. Universities, once regarded as self-governing communities of students and teachers seeking deeper understanding, are now line-managed like private corporations, devoted to maximising performance metrics which do not remotely capture what universities aspire to achieve.

These management models impoverish teaching, undermine creativity, trivialise research, and alienate teachers. Worse still, this market system transforms students from active apprentices in the craft of higher learning to passive consumers attempting to leverage their purchasing power into high lifetime earnings. Despite public homage to the knowledge economy, this new regime seems designed to make the careers of the next generation of academics as precarious and unrewarding as possible.

The culmination of this policy is the introduction into Britain of the for-profit university model which has proved so catastrophic to students and taxpayers in the US. Commercial firms are lobbying for the legal redefinition of what it means to be a "university" in England. Why? Because their future profits depend on debasing the very institution they pretend to emulate.

No organisation exists to defend academic values and the institutional arrangements best suited to fostering them. The numerous "mission groups" – the Russell Group, Universities UK, University Alliance, and the rest – do not represent universities as such. They represent senior university administrators, whose primary task is to advance financial interests. Academic unions defend the working conditions of academics, not the values that make their work worthwhile. Learned societies promote individual disciplines, not learning as such. In such conditions, proposals which subvert fundamental academic principles meet no effective opposition.

Many of Britain's most eminent academics and public intellectuals have watched these developments with mounting alarm. Scores have come together to consider how best to resist these changes before the damage they cause is beyond repair. Among their number are past and current presidents of Britain's academies of arts and sciences, Nobel prize winners, and a former poet laureate.

The inaugural meeting of the Council for the Defence of British Universities takes place on Tuesday. The question it confronts is of vital national importance. Will the UK continue to enjoy one of its most outstanding assets? Many of those most able to judge have concluded that it will not, unless strenuous efforts are made to reverse the radical reform of a fundamentally sound system.

The Guardian, 12/11/12

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities
Purpose of university is being 'grossly distorted by the attempt to create a market in higher education', says one CDBU founder

Some of Britain's most high-profile public intellectuals have formed a coalition to defend universities against the erosion of academic freedom and the marketisation of higher education.

Lord Bragg, Alan Bennett, Sir David Attenborough and Richard Dawkins are among 65 writers, broadcasters and thinkers who have jointly founded the Council for the Defence of British Universities (CDBU), to be launched next week.

The group's manifesto, also backed by former poet laureate Sir Andrew Motion, Booker prize-winner Dame AS Byatt, playwright Michael Frayn and astronomer royal Lord Rees, claims the basis of a degree is under threat.

Writing in the Times Higher Education supplement, historian and former British Academy president Sir Keith Thomas said "the very purpose of the university" was being "grossly distorted by the attempt to create a market in higher education".

Students, he wrote were "regarded as 'consumers' and encouraged to invest in the degree course they think most likely to enhance their earning prospects".

Academics, he added, were now viewed as "producers, whose research is expected to focus on topics of commercial value and whose output is measured against a single scale and graded like sacks of wheat".

The organisation is expected to campaign for the abolition of government funding bodies and propose a move to fully independent grant councils free from political interference.

Last year, dozens of academics resigned from one such funding body, the Arts and Humanities Research Council (AHRC), in a row over academic freedom when the "big society" was introduced as a research priority.

Thomas also took a swipe at "remarkably supine" university leaders who were only concerned about gaining "local advantage" from government reforms rather than opposing them. "Deep dissatisfaction pervades the university sector. Its primary cause is not the lack of adequate funding, for it is appreciated that higher education is expensive and times are hard. Rather, it arises from the feeling that an understandable concern to improve the nation's economic performance, coupled with an ideological faith in the virtues of the market, has meant that the central values of the university are being sidelined or forgotten."

He said the task of the council was "not just to challenge a series of short-term political expedients: it must also combat a whole philosophy", adding: "British universities are a precious feature of our national life and enjoy a high international reputation. They should not be imperilled by misconceived government policies, however well-intentioned."

Writing in the same publication, Rees said morale among staff was being damaged. "I am lucky to have spent many years in one in the University of Cambridge. But even there, morale is falling," said the cosmologist and former head of the Royal Society.

"Coffee-time conversations are less about ideas and more about grants, the research excellence framework, job security and suchlike. Prospects of sustaining excellence will plummet if such concerns prey unduly on the minds of even the best young academics."

The Guardian, 08/11/12

Por otra política educativa

POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA

Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:

  1. EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
  2. DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
  3. ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
  4. CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
  5. FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
  6. SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
  7. REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
  8. ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
  9. EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
  10. RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
  11. AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
  12. SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
  13. CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
  14. SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
  15. CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
  16. AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
  17. TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
  18. PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
  19. DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
  20. PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.

Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.

Sevilla, a 27 de octubre de 2012

Firmantes

Adell Segura, Jordi. Profesor Titular de la Universitat Jaume I

Alba Pastor, Carmen. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Álvarez Méndez, Juan Manuel. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Angulo Rasco, Félix. Catedrático de la Universidad de Cádiz

Badía Alcalá, Pedro. Director del periódico Escuela

Ballarín Domingo, Pilar. Catedrática de la Universidad de Granada

Blanco García, Nieves. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Cabello Martínez, Josefa. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Carbonell Sebarroja, Jaume. Director de la revista Cuadernos de Pedagogía

Clemente Linuesa, María. Catedrática de la Universidad de Salamanca

Domínguez Fernández, Guillermo. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide

Feito Alonso, Rafael. Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Fernández Enguita, Mariano. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Fernandez Sierra, Juan. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería

Gimeno Sacristán, José. Catedrático de la Universitat de València

Gutiérrez Del Amo, Pablo. Periódico Escuela

Imbernón Muñoz, Francisco. Catedrático de la Universitat de Barcelona

Jiménez Sánchez, Jesús. Inspector de Educación

López Melero, Miguel. Catedrático de la Universidad de Málaga

López, Begoña. Profesora de Educación Secundaria

López, Pilar. Profesora de Educación Secundaria

Marrero Acosta, Javier. Catedrático de la Universidad de La Laguna

Martín Criado, Enrique. Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide

Martín Rodríguez, Eustaquio. Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Martínez Bonafé, Jaume. Profesor Titular de la Universitat de València

Martínez López, Cándida. Profesora Titular de la Universidad de Granada

Martínez Rodríguez, Juan Bautista. Catedrático de la Universidad de Granada

Moreno, Agustín. Profesor de Educación Secundaria

Murillo, Francisco. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga

De Pablos Pons, Juan. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Pazos Jiménez, José Luis. Presidente de la FAPA Giner de los Rios de Madrid

Pérez Gómez, Ángel I. Catedrático de la Universidad de Málaga

Porlán Ariza, Rafael. Catedrático de la Universidad de Sevilla

Recio, Miguel. Director de Instituto en la Comunidad de Madrid

Rodríguez Martínez, Carmen. Profesora Titular de la Universidad de Málaga

Rogero Anaya, Julio. Movimientos de Renovación Pedagógica

Sancho Gil, Joana M. Catedrática de la Universitat de Barcelona

Santos Guerra, Miguel A. Catedrático de la Universidad de Málaga

Subirats, Marina. Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona

Sureda, Jaume. Catedrático de la Universitat de les Illes Balears

Tiana Ferrer, Alejandro. Catedrático de la UNED

Torres Santomé, Jurjo. Catedrático de la Universidade da Coruña

Varela Fernández, Julia. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid

Vázquez Recio, Rosa. Profesora Titular de la Universidad de Cádiz

Viñao, Antonio. Catedrático de la Universidad de Murcia

Carlos Sevilla, Joseba Fernández y Miguel Urbán (ed.): ¡Ocupemos el mundo!

Ocupemos el mundoCarlos Sevilla, Joseba Fernández y Miguel Urbán (ed.): ¡Ocupemos el mundo!
Occupy the world!

Icaria Editorial
Antrazyt, 367
Análisis contemporáneo
Participación democrática
ISBN: 978-84-9888-407-4
Año Publicación: 2012
Páginas: 208
PVP: 16 €

En 2011, se ha dado una exten­sión imparable de las luchas populares que han alumbrado un nuevo “ciclo rebelde global”, en el que hemos sido, de algún modo, un huelguista por­turario de Oakland, una estudiante griega okupando su facultad, un islandés cacerola en mano frente a un banco, una activista egipcia enfrentando a Mubarak y a la Junta Militar, un precario portugués organizándose contra el miedo y la inseguridad.

La “dictadura de los mercados” ha sido ese elemento necesario para re­co­nocernos en el “otro”. Somos la misma cosa: el mismo objeto de explotación. Pero también somos el mismo sujeto, el mismo cuerpo capaz de negar lo existente como inevitable: Es por eso que hemos apren­dido juntos y juntas a vencer el miedo individual para encontrar la fuerza en lo colectivo y ocupar el espacio público. Cada práctica de resistencia está siendo un estímulo. Se difunden y se readaptan a contextos apa­ren­temente desconectados y lo ha­cen para trasladar, casi cada día, el cen­tro del movimiento de un escenario a otro: hoy Egipto, mañana alguna ciudad de EEUU, pasado Atenas o Moscú. El mes siguiente un nuevo país. Este libro recoge y analiza este crisol de experiencias con escritos de autores de todo el mundo.

Barcelona, Madrid, Atenas, Túnez, El Cairo, Lisboa, Islandia, Oakland, Wall Street, Londres, Moscú, Tel Aviv...

Esto solo ha sido el principio, no hay vuelta de hoja.

"Se nos dice que [...] la única manera de salvarnos en estos tiempos difíciles es empobrecer más a los pobres y enriquecer más a los ricos. ¿Qué deberían hacer los pobres? ¿Qué pueden hacer?"Slavoj Žižek

Autores:

Joseba Fernández, Carlos Sevilla, Miguel Urbán, Eric Toussaint, Sandra Ezquerra, Andrés Antebi, Jose Sánchez, Colectivo Madrilonia, Guillermo Zapata, Josep Maria Antentas, Esther Vivas, Cinzia Arruzza, Víctor Sampedro, Santiago Alba Rico, Panagiotis Sotiris, Diego Crenzel, Sergio Yahni, Adriano Campos, Marco Marques, Daniel Alcalde y Slavoj Žižek.

Información Relacionada

Ocupemos el mundo - presentación

Noam Chomsky: Occupy

OccupyNoam Chomsky: Occupy

Zucotti Park Press
ISBN: 978-1-884519-01-7
128-pages | $9.95
Available May 1, 2012 | Perfect-bound print and e-book editions
Distributed by Consortium Book Sales and Distribution

Foreign Policy in Focus Pick.
Read the review here.

“The Occupy movements have been a remarkable success,” says Chomsky. “They’ve changed the national discourse. They have introduced into public view crucial concerns that had been hidden. They’ve created communities of mutual support and solidarity.... In fact, one sign of their success is the nature of the repression against them.”

Since it’s appearance in Zuccotti Park in September 2011, the Occupy movement has spread to hundreds towns, cities and college campuses across the United States. To date, more than 6,700 people have been arrested in 112 U.S. cities, a number that grows daily. No longer occupying small tent camps, the movement now occupies the national conscience as its messages spread organically from street protests, to op-ed pages to the halls of power. From the movement’s onset, Noam Chomsky has supported its critique of corporate corruption and encouraged its efforts to increase civic participation, economic equality, democracy and freedom for the 99%.

Chomsky argues that if we continue to follow the model of growth set for us by the 1%, we'll be like lemmings walking off a cliff. The only alternative is to get involved, an opportunity being multiplied by the Occupy movement in hundreds of cities, towns, college campuses, and inner city neighboods. If not now, when? If not us, who?

In Occupy, Chomsky comments on the cornerstone issues, questions and demands that have been driving ordinary Americans into the streets.

How did we get to this point?
How have the wealthiest 1% waged class war against everyone else for the past 30 years?
How can we get money out of politics?
What would a genuinely democratic election look like?
How can we redefine basic concepts like “growth” to increase equality and quality of life for all? What can we learn from past struggles?
How can we sustain the movement and turn this country around?

As a call to action, Chomsky encourages the movement to continue organizing, to continue struggling and to continue reaching out and building community around proposals for a better world.

Occupy features cover art by R. Black, photography by Alex Fradkin and Stanley Rogouski, and a "What To Do If You Get Arrested" guide for protestors written by The National Lawyers Guild.

Noam Chomsky is known throughout the world for his groundbreaking work in linguistics and his relentless advocacy for democracy, freedom and self-determination. Author of dozens of books, among his most recent are Interventions; Hopes and Prospects; 9-11: Was There an Alternative? and Making the Future: Occupations, Interventions, Empire and Resistance. In 1988, Chomsky received the Kyoto Prize in Basic Science, given “to honor those who have contributed significantly to the scientific, cultural, and spiritual development of mankind.” The prize noted that “Dr. Chomsky’s theoretical system remains an outstanding monument of twentieth century science and thought. He can certainly be said to be one of the great academicians and scientists of this century.” Chomsky has supported the initiatives of the Occupy movement from its first weeks. He lives in Lexington, Massachusetts.

Copies of Occupy are available for $10 (free shipping) from Zuccotti Park Press
c/o Adelante Alliance
405 61st Street Brooklyn, NY 11220

Order Occupy Here:

Dave Hill: Fighting neo-liberalism with education and activism

Dave Hill: Fighting neo-liberalism with education and activism

This is a revolutionary period in world history. The collapse of finance capitalism, the bankers’ bailouts across the globe, the continuing bankers’ bonuses, and the intrinsic problems of finance capitalism have, under current `bourgeois’ parliamentarist rule, resulted in ordinary families, workers and communities,`paying for the crisis’. All this, while the national and international capitalist classes and organisations impose austerity capitalism on a reeling public and public educational, social, health and welfare systems. This `austerity capitalism’ has led to an eruption of discontent-against political, economic and financial dictatorship, through the Arab Spring, the indignados in Spain, the Occupy movements throughout the world, and the million strong protests against the 13 Feb 2012 austerity programme enforced by the international capitalist `troika’ (European Central bank, International Monetary Fund, and the European Commission) on the Greek people.

These developments raise questions about the nature of bourgeois capitalist parliamentarist democracy as much as they do about the nature and morality and cruel impacts of capitalist economy -- of life under/within capitalism. They also raise questions about social and economic inequality, meritocracy, equality and egalitarianism, and the role of education and of political activism. 

A question that must be asked is how does the socio-economic and political system of a country work in complicity with the corporate media and how does this impact the school system? There is no automatic mechanistic and deterministic relationship between an economic structure, such as the capitalist economic structure and resulting social relationships on the one hand, and society’s social and political structures on the other. But there is a relationship, even if not mechanistic and unproblematic. There is resistance, at various levels, by individuals, by groups, in what is a permanent `culture war’ between the ideas of the ruling capitalist class and their mouthpieces, and resistant, counter-hegemonic individuals and groups, such as students, critical intellectuals, and organizations such as workers’ organizations (though many have been `incorporated’ into the system).

Appel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche aux candidats à l’élection présidentielle et aux citoyens

Appel de l’Enseignement SupérieurAppel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche aux candidats à l’élection présidentielle et aux citoyens
Appel du 23 février 2012. Cet appel concerne tous les citoyens

Sauvons l’Université vous invite à signer cette pétition et à la faire signer à vos collègues. C’est en ligne ici.

L’actuel gouvernement présente la réforme de l’Université comme l’une des grandes réussites du quinquennat. Il prétend avoir donné aux universités leur autonomie, avoir fait, en faveur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « des efforts financiers sans précédent », avoir engagé une politique de l’excellence qui commencerait à porter ses fruits au niveau international et avoir réformé la formation des maîtres pour parvenir à une « meilleure formation des enseignants ».

Tout cela est faux !

Vous avez dit « autonomie » ?

Les universités subissent une tutelle du Ministère toujours plus tatillonne et dépendent de plus en plus de financements privés et d’impératifs de rentabilité immédiate. L’attribution des crédits récurrents de l’État est toujours aussi parcimonieuse et opaque. Et les « Responsabilités et Compétences Élargies » imposées aux universités ne contribuent en rien à leur autonomie puisque l’État leur délègue de nouvelles charges financières sans les compenser.

Alors que le gouvernement affiche l’Enseignement comme secteur prioritaire, aucun poste d’enseignant n’a été créé dans le supérieur depuis 2008. Le budget des universités, hors inflation, est en baisse d’environ 1 %. La liste des universités en déficit structurel ne cesse de s’allonger, imposant à l’État une mise sous tutelle contraire à l’autonomie qu’il prétend donner. Partout le développement des emplois précaires sert de variable d’ajustement à des budgets très contraints.

L’indépendance scientifique et les libertés académiques des universités, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ne sont plus respectées.

Vous avez dit « excellence » ?

Le culte de l’excellence – mot magique jamais défini – ne peut faire oublier comment la recherche est malmenée dans notre pays : diminution des financements récurrents des universités et des organismes de recherche (jusqu’à – 90 % dans certains laboratoires), suppression de 10 % des emplois administratifs du CNRS, sans lesquels les chercheurs ne peuvent travailler.

L’application de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) ravale des établissements de recherche comme le CNRS ou l’INSERM, que le monde entier nous envie, au rang de simples « agences de moyens ».

Pour faire remonter les universités dans des classements internationaux aux critères très discutables, le gouvernement a poussé aux regroupements en tous genres. Cette course au gigantisme a fait naître un système à plusieurs vitesses. Les disparités entre universités se creusent et menacent les équilibres inter et intra-régionaux, obligeant les étudiants à une mobilité qui pénalise les moins favorisés.

Une concurrence généralisée s’est instaurée, entretenue par deux agences de pilotage et d’évaluation très coûteuses, au fonctionnement opaque : l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Les universitaires et les chercheurs gaspillent désormais une part considérable de leur temps à rédiger rapports d’activité, dossiers de demande de financement et appels à projets, au détriment de leurs missions fondamentales de recherche et d’enseignement.

Vous avez dit « une meilleure formation des enseignants » ?

Des rapports de l’Assemblée nationale et de la Cour des comptes l’ont désormais établi : la réforme de la formation des enseignants des premier et second degrés est un échec flagrant.

Elle aura finalement provoqué la chute du nombre de candidats aux concours, le démantèlement ou l’affaiblissement des IUFM et la désorganisation des UFR, l’augmentation du nombre d’enseignants précaires, et conduit de jeunes professeurs à exercer à temps plein sans formation professionnelle suffisante.

Nos concitoyens doivent savoir que le monde de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est au bord de l’asphyxie.

C’est pourquoi nous, enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé, étudiants, lançons un appel solennel pour que soit mis un terme à toutes ces réformes, dont les effets sont dévastateurs.

Nous demandons une nouvelle politique pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, en rupture avec les réformes destructrices que nous subissons depuis des années. Celle-ci devrait reposer sur les dix principes et objectifs suivants :

1 Remplacer la loi LRU (loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités, qui n’est pas amendable car inspirée par une politique contraire aux principes d’indépendance, de collégialité et de démocratie qui sont ceux des universitaires et des chercheurs. La Conférence des Présidents d’Universités (CPU) porte une responsabilité historique dans les désordres causés par cette fausse autonomie. Elle ne saurait parler au nom des universitaires et doit cesser d’être le principal interlocuteur du Ministère.

2 Abroger le décret du 23 avril 2009 modifiant le statut des enseignants-chercheurs. Garantir aux enseignants-chercheurs qu’au moins 50% de leur temps de travail sera consacré à la recherche, proscrire toute modulation à la hausse de leurs services et supprimer la nouvelle évaluation individuelle quadriennale.

3 Rouvrir en urgence le dossier de la formation des maîtres, assurée conjointement par les IUFM (dont c’est la mission) et les UFR, non pour en réduire le coût par tous les moyens mais en donnant une réelle priorité à l’amélioration de l’enseignement primaire et secondaire, dans un cadre national fondé sur le recrutement par concours de fonctionnaires d’État à la hauteur des besoins.

4 Élaborer un plan pluriannuel de création de postes et un programme de résorption de la précarité pour les universités et les organismes de recherche (administration, services techniques, enseignement, laboratoires, équipes de recherche).

5 Garantir à tous nos organismes de recherche les moyens humains et financiers nécessaires à leur indépendance, leur développement et leur rôle national de structuration sur tout le territoire de la recherche à court et à long terme.

6 Revenir à un traitement équitable entre universités pour satisfaire à l’exigence d’un enseignement et d’une recherche de qualité sur tout le territoire, au service des étudiants.

7 Doter tous les établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche de conseils décisionnaires où les élus des personnels et des étudiants soient largement majoritaires et limiter l’empilement des structures, afin de rester au plus près de ceux qui assurent effectivement la mission de service public qui leur est confiée.

8 Redonner confiance à tous les personnels en mettant fin aux dispositifs qui créent des discriminations et un climat de concurrence permanente : agences de pilotage et d’évaluation, recours massif aux statuts précaires (y compris pour les doctorants et les jeunes docteurs), différenciation des carrières par le jeu de primes dont l’attribution relève le plus souvent du clientélisme.

9 Améliorer les conditions de vie des étudiants par une politique ambitieuse et de long terme, impulsée par l’État et les Régions. Trop d’entre eux vivent et étudient aujourd’hui dans des conditions indignes d’un pays qui souhaite augmenter le nombre de ses diplômés de haut niveau.

10 Abroger le décret Guéant du 31 mai 2011 et son récent complément. En finir avec la politique inique de sélection et de restriction de l’accueil des étudiants étrangers dans nos universités.

Nous entendons défendre des valeurs républicaines :

  • droit à la connaissance pour tous
  • droit de choisir sa filière sans discrimination financière ni territoriale
  • droit de s’engager dans des études ou de mener des recherches qui ne sont pas immédiatement rentables.

Il y va de l’avenir de notre société et des générations futures.

Nous nous adressons aux candidats à l’élection présidentielle, afin qu’ils répondent aux attentes non seulement de la grande majorité des personnels et des étudiants de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi des Français.

Nous nous adressons à tous nos concitoyens et leur demandons d’apporter leur suffrage aux candidats qui, soucieux de l’intérêt à long terme, prendront les engagements qui s’imposent afin que l’Enseignement supérieur et la Recherche retrouvent équilibre et sérénité, remplissent leurs missions et puissent contribuer à l’effort national destiné à répondre à tous les défis humains, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés.

Collectif de rédaction :

Michel BERNARD, PR, université Paris 3, Coordination Nationale des Universités ; Brendan CHABANNES, étudiant, université du Havre, Coordination Nationale des Universités ; Pascale DUBUS, MCF, Paris 1, Coordination Nationale des Universités ; Sarah HATCHUEL, PR, université du Havre, Coordination Nationale des Universités ; Pascal MAILLARD, professeur agrégé, université de Strasbourg, C.A. de Sauvons L’Université ; Christine NOILLE, PR, université Stendhal Grenoble 3, porte-parole de Sauvons L’Université ; Catherine PELLENQ, MCF, IUFM / université Joseph Fourier de Grenoble, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Céline RUET, MCF, Paris 13, Coordination Nationale des Universités ; Emmanuel SAINT-JAMES, MCF, université Paris 6, président de Sauvons La Recherche ; Marie-Albane de SUREMAIN, MCF, UPEC-IUFM de l’académie de Créteil, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Nathalie VIENNE-GUERRIN, PR, université Montpellier 3, Coordination Nationale des Universités.

Premiers signataires :

Etienne BOISSERIE, INALCO, président de Sauvons L’Université (SLU) ; Julien BROSSARD, IR, CNRS, C.A. de SLR ; Mathieu BRUNET, MCF, université d’Aix Marseille, C.A. de SLU ; Cécile CABANTOUS, Journaliste, Coordination Nationale des Universités ; Alain CANTILLON, Paris 3, C.A. de SLU ; Marie-France CARNUS, IUFM Midi-Pyrénées, école interne de l’Université de Toulouse 2-Le Mirail, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Alain CASTANEDA, Enseignant/Formateur IUFM de Versailles, Université de Cergy-Pontoise, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Sylvie CLABECQ, "Responsable Politiques et Pratiques Éducatives", Ceméa Pays de la Loire, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Hélène CONJEAUD, Chercheure CNRS, Paris Diderot (P7), C.A. de SLU ; Natacha COQUERY, PR, Université Lyon 2, Coordination Nationale des Universités ; Mariannick DAGOIS, PRAG, université Paris VIII, C.A. de SLU ; Aude DONTENWILLE-GERBAUD, Maître de conférences, IUFM/Université Paris-Est Créteil, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Jean-Louis FOURNEL, université de Paris VIII, C.A. de SLU ; Didier FRYDMAN, professeur agrégé d’histoire et géographie, formateur à l’IUFM de l’académie de Créteil, Université Paris-Est Créteil, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Laurence GIAVARINI, université de Bourgogne, C.A. de SLU ; Jean-Christophe GIMEL, CR, CNRS-Université du Maine, Coordination Nationale des Universités ; Alexis GRELOIS, MCF, université de Rouen, porte-parole de Sauvons L’Université ; Michaël GUTNIC, MCF, Université de Strasbourg, Coordination Nationale des Universités ; Elie HADDAD, chercheur CNRS (Paris), C.A. de SLU ; Josyane HELAYEL, professeur d’IUFM, UCP, IUFM de Versailles, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Ruben IBANEZ, Professeur d’IUFM, Université de Cergy-Pontoise, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Anne JOLLET, MCF, Université de Poitiers, Coordination Nationale des Universités ; François JOUVE, PR, Université Paris 7, Coordination Nationale des Universités ; Angélica KELLER, Chercheur CNRS retraitée, Sauvons La Recherche ; Cécile KOVACSHAZY, MCF, Université de Limoges, Coordination Nationale des Universités ; Olivier LONG, MCF, Université Paris 1, Coordination Nationale des Universités ; Jean-Marie MAILLARD, DR CNRS, Paris 6, C.A. de SLU ; Corine MAITTE, EC, université Marne-la-Vallée, C.A. de SLU ; Etienne MATHERON, PR, Université d’Artois, Coordination Nationale des Universités ; Monica MICHLIN, MCF, Université Paris 4, Coordination Nationale des Universités ; Christophe MILESCHI, PR, Université Paris Ouest Nanterre, Coordination Nationale des Universités ; Olga MOLL, PRAG, université Paris VIII, C.A. de SLU ; Christophe MOUCHIROUD, MCF, Université René Descartes, Coordination Nationale des Universités ; Frédéric NEYRAT, MCF, Université de Limoges, Coordination Nationale des Universités ; Michelle NOTA, MCF, Université de Bourgogne, Coordination Nationale des Universités ; Nicole ORTHOUS, Professeur d’IUFM, Université de Lyon, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Abderrahmane OUAQQA, MCF, Université de Picardie, Coordination Nationale des Universités ; André OUZOULIAS, professeur honoraire, Université de Cergy-Pontoise, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Yann PHILIPPE, MCF, université de Reims, C.A. de SLU ; Sylvain PIRON, MCF, EHESS, Coordination Nationale des Universités ; Marie-Domitille PORCHERON, MCF, Université de Picardie Jules Verne, Amiens ; Joël POTHIER, MCF, Université Paris 6, Coordination Nationale des Universités ; Évelyne RICCI, MCF, Université de Bourgogne, Coordination Nationale des Universités ; Giuseppe SANGIRARDI, PR, Université de Bourgogne, Coordination Nationale des Universités ; Jean-Paul SAUVAGE, MCF en chimie, IUFM/université de Rouen, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Nicolas SCHAPIRA, université Paris-Est Marne-la-Vallée, C.A. de SLU ; Caroline SCHREIBER, Maîtresse de Conférences (obstiné-e) en Psychologie à l’IUFM/UJF de Grenoble, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Yann SECQ, enseignant-chercheur, Lille 1, C.A. de SLU ; Christine SELLIN-CATTA, MCF, Université Paris Ouest Nanterre, Coordination Nationale des Universités ; Michel SOLONEL, Professeur d’IUFM, Université de Paris Est Créteil, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Sylvie STEINBERG, MCF, université de Rouen, C.A. de SLU ; Gérard STRELETSKI, MCF Lyon 2, C.A. de SLU, SLR, C.A. du SNESUP ; François THERON, IGE, UVSQ, C.A. de SLU ; Patricia TUTOY, chargée d’enseignement vacataire, C.A. de SLU ; Vincent-Emmanuel VALETTE, Université de Bretagne Sud, Coordination Nationale des Universités ; Marie-France WINGHARDT, Directrice d’école, maître formateur, IUFM/université de Cergy-Pontoise, secrétariat CNFDE 2009-2010 ; Hassina ZEGHLACHE, PR, Université Lille 1, Coordination Nationale des Universités ; Caroline ZEKRI, MCF, Université Paris-Est Créteil, Coordination Nationale des Universités ; Fatima ZENATI, Assistant Ingénieur, université de Paris VIII, C.A. de SLU

Signez la pétition

Sauvons l'Université, 26/02/12

Vicenç Navarro: La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Vicenç Navarro: La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

vnavarro.org, 17/02/12

Galicia: Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

Galicia: Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

Diversos colectivos de estudantes, PAS e PDI e numerosas persoas a título individual coincidimos nesta plataforma, desde unha grande variedade de posicións políticas, co obxectivo de defendermos a universidade pública en canto que servizo público. Axuntámonos nesta plataforma porque entendemos que a educación e a investigación públicas serven aos intereses xerais da sociedade, polo que o papel da universidade pública, en tanto que tal, é insubstituíble. Cómpre, xa que logo, mobilizar todos os esforzos necesarios na súa defensa.

As universidades galegas, xunto con outros bens e servizos públicos, están a ser obxecto dun estrangulamento económico que pon en perigo a súa continuidade no tempo, xa queas deixa incapacitadas para daren respostas satisfactoriamente ás obrigas, tanto de docencia como de investigación, que constitúen os seus fins. Somos conscientes de que este non é un feito illado, nin se trata dunha situación transitoria determinada exclusivamente pola actual crise económica.

As políticas socioeconómicas deseñadas e aplicadas polos gobernos, baixo presión dun mercado que cobiza o substancioso negocio dos servizos públicos, levan á privatización e á mercantilización de todo o que é público. Educación, sanidade ou pensións forman parte das súas expectativas de mercado e este aproveita a actual crise económica para acelerar drasticamente o proceso que supón o desmantelamento do chamado estado do Benestar.

Neste grave contexto no que nos atopamos, afirmamos que diante da crise que actúa como coartada para os recortes, a educación e a investigación deveñen un recurso estratéxico e fundamental para superala, para contribuír a mudar o modelo produtivo e as condicións socioeconómicas que a causaron.

Constituímonos en Plataforma cos obxectivos de:

  • Explicarmos o que significa contarmos con universidades públicas ao servizo da sociedade civil e non dos intereses do mercado. Explicarlle ao conxunto da cidadanía como se financian e como se xestionan a súas universidades. Explicarmos que a educación e a investigación están na base da mellora das condicións de vida das familias galegas e son a única posibilidade de xerar coñecemento e innovar, de xerar futuro e riqueza.
  • Promovermos a coordinación, o entendemento e posición unívoca das tres universidades galegas para esixirmos un financiamento que non poña en perigo a propia existencia da universidade pública. Cómpre eludir as disputas que promove o actual Goberno galego ao facelas competir e confrontar por uns recursos que reparte para aliviar a agonía financeira e compensar a submisión, en lugar de adxudicalos con base en criterios obxectivos e transparentes.
  • Defendermos unha universidade democrática e democratizadora, á que toda a cidadanía teña a posibilidade de acceder. Negarmos a subida de taxas como elemento corrector dos recortes de financiamento promovidos pola Xunta de Galicia, para que estas nunca supoñan un motivo de discriminación para os cidadáns e as cidadás con menos recursos económicos.
  • Esixirmos a garantía do financiamento público para a investigación, xunto con regulamentacións que canalicen o financiamento privado, para que nunca se relegue o interese xeral nin se poña en risco a liberdade do investigador/a.
  • Demandármoslles aos gobernos das universidades galegas contundencia na denuncia diante da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria pola insuficiencia do actual plan de financiamento (2011-2015), na defensa da autonomía e a suficiencia financeira.
  • Promovermos unha universidade transparente, aberta á sociedade e ás súas necesidades, autocrítica, que renda contas da súa xestión e dos resultados académicos, investigadores e da difusión do coñecemento, que promova unhas condicións de acceso e permanencia que ofrezan as máximas oportunidades ao estudantado, respectuosa cos seus compromisos de estabilización do persoal… co obxecto de procurar o máximo apoio posible da cidadanía galega no cumprimento dos fins que lle son propios.

Para isto actuaremos tratando de mobilizar conciencias que acheguen apoio social e político a prol da universidade pública, realizando actividades de debate e difusión sobre o valor social do ensino superior e da investigación, denunciando os recortes e promovendo unha gran mobilización nos estudantes, PAS e PDI das tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG), que sexa quen de convencer e mobilizar a cidadanía e de obrigar o goberno a ter en conta a nosa razón e esixencia irrenunciable.

Nestes obxectivos propoñémonos confluír con plataformas ou movementos na defensa doutros servizos públicos, co fin de crearmos unha gran mobilización social en defensa do Estado do Benestar.

Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

http://www.pudup.org

Henry Giroux: Why Faculty Should Join Occupy Movement Protesters on College Campuses

Henry Giroux: Why Faculty Should Join Occupy Movement Protesters on College Campuses

In both the United States and  many other countries, students are protesting against rising tuition fees, the increasing financial burdens they are forced to assume, and the primacy of market models in shaping higher education while emphasizing private benefits to individuals and the economy. Many students view these policies and for-profit industries as part of an assault on not just the public character of the university but also as an attack on civic society and their future. 

For many young people in the Occupy movement, higher education has defaulted on its promise to provide them with both a quality education and the prospects of a dignified future. They resent the growing instrumentalization and accompanying hostility to critical and oppositional ideas within the university. They have watched over the years as the university is losing ground as a place to think, dissent, and develop a culture of questioning, dialogue, and civic enlightenment. They are rethinking what should be the role of the university in a world caught in a nightmarish blend of war, massive economic inequities and ecological destruction.

What role should the university play at a time when politics is being emptied out of any connection to a civic literacy, informed judgment, and critical dialogue, further deepening a culture of illiteracy, cruelty, hypermasculinity and disposability? Young people are not only engaging in a great refusal; they are also arguing for the social benefits and public value of higher education while deeply resenting the fact that, as conservative politicians defund higher education and cut public spending, they do so in order to be able to support tax breaks for corporations and the rich and to ensure ample funds for sustaining and expanding the warfare state.

The Occupy protesters view the assault on the programs that emerged out of the New Deal and the Great Society as being undermined as society increasingly returns to a Second Gilded Age, in which youth have to bear the burden of an attack on the welfare state, social provisions, and a huge wealth and income inequality gap. Young people recognize that they have become disposable, and that higher education, which always embodied the ideal, though in damaging terms, of a better life, has now become annexed to the military-academic-industrial complex. 

What is important about the Occupy protesters' criticism of being saddled with onerous debt, viewed as a suspect generation, subjected to the demands of an audit culture that confuses training with critical education and their growing exclusion from higher education is that such concerns situate the attack on higher education as part of a broader criticism against the withering away of the public realm, public values and any viable notion of the public good. To paraphrase William Greider, they have come to recognize in collective fashion that higher education has increasingly come to resemble "an ecological dead zone" where social relevance and engaged scholarship perishes in a polluted, commercial, market-driven environment. The notion of the university as a center of critique and a vital democratic public sphere that cultivates the knowledge, skills, and values necessary for the production of a democratic polity is giving way to a view of the university as a marketing machine essential to the production of identities in which the only obligation of citizenship is to be a consumer.

In Defence of Public Higher Education

In Defence of Public Higher Education
Hundreds of academics have signed a document that warns of the dire consequences of the government's white paper on higher education. Their names are below

In Defence of Public Higher Education was prepared by a working party of academics and students representing the following campaigns:

Campaign for the Public University,

Oxford University Campaign for Higher Education,

Sussex University Defends Higher Education,

Warwick University Campaign for Higher Education,

Humanities Matter,

No Confidence Campaign,

Cambridge Academic Campaign for Higher Education.

The document was drafted by John Holmwood.

The members of the working party were:

David Barclay, Bruce Beckles, Gurminder K. Bhambra, Thomas Docherty, Naomi Eilan, Robert Gildea, Juliet Henderson, Tim Horder, Howard Hotson, Laura Kirkley, James Ladyman, William McEvoy, Andrew McGettigan, Martha Mackenzie, Dave Legg, David Mond, Kate Tunstall, Simon Szreter, Bernard Sufrin.

Additional contributions from:

Stephen McKay

Claire Callender.

Groups and associations

As well as the above campaigns, the document was endorsed by the following groups and associations:

British Association for American Studies (BAAS);

British International Studies Association Board of Trustees (BISA);

British Philosophical Association (BPA);

Committee of the Free University of Liverpool;

Education Activist Network Steering Committee;

Feminist and Women's Studies Association (FWSA);

Goldsmiths UCU Executive;

Institute of Education UCU Branch;

International Relations Department, University of Sussex;

Justice Violence and Rights Centre, University of Sussex;

King's College London Branch of the University and College Union;

Local Schools Network;

National Campaign Against Fees and Cuts;

Political Studies Association Media and Politics Specialist Group.

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