Vicenç Navarro

Vicenç NavarroVicenç Navarro

Páxina persoal

Naceu en Barcelona en 1937. Licenciado en Medicina e Cirurxa pola Universidade de Barcelona o 1962. Exiliouse de España no mesmo ano pola súa loita anti-franquista, pasando polas universidades de Suecia (Uppsala e Estocolmo), onde estudou Economía Política; Gran Bretaña (London School of Economics, Oxford e Edinburgo), onde estudou Políticas Públicas e Sociais; e EEUU (John Hopkins University), onde se doctorou en Políticas Públicas e Sociais en 1967. Alí tamén foi nomeado profesor e posteriormente catedrático de Políticas Sanitarias e Sociais, Políticas Públicas e Estudios Políticos desde o ano 1977.

Foi asesor de moitos gobernos de todo o mundo: en canto ás reformas do sistema de saúde, o goberno chileno de Unidade Popular (presidido por Salvador Allende) e o goberno cubano; de varios gobernos estadounidenses e do Congreso de EEUU; así como das Nacións Unidas e de organismos nacionais e internacionais.

Na actualidade é catedrático de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Pompeu Fabra (Barcelona), profesor de Políticas Públicas da Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) e dirixe o Programa en Políticas Públicas e Sociais (Universidade Pompeu Fabra- The Johns Hopkins University).

Bibliografía

  • Navarro López, Vicenç (2000), Neoliberalismo y Estado del Bienestar. Madrid, Ariel Económica. 3ra edición ampliada.
  • Navarro López, Vicenç (2000) Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar. Madrid, Ariel Económica.
  • Navarro López, Vicenç (2002), Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país. XXX Premio Anagrama de Ensayo. Barcelona: Anagrama
  • Navarro López, Vicenç (2002), The Political Economy of Social Inequalities. Consequences for Health and Quality of Life.
  • Navarro López, Vicenç (2003), El estado de Bienestar en España Descarga
  • Navarro López, Vicenç (2003), El estado de Bienestar en Cataluña Desgarga
  • Navarro López, Vicenç (2004), Political and Economic Determinants of Population Health and Well-Being. Baywood (with C. Muntaner)
  • Navarro López, Vicenç (2004), The Political and Social Context of Health. Baywood
  • Navarro López, Vicenç (2006), El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias. Barcelona: Anagrama.

Vicenç Navarro: Las reformas educativas del PP

Vicenç Navarro: Las reformas educativas del PP
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 1 de marzo de 2013
Este artículo critica la reforma educativa del gobierno del Partido Popular que refleja una visión excesivamente economicista y clasista de las políticas públicas necesarias en el sistema educativo español.

Una de las características más negativas de la reforma educativa del Gobierno del Partido Popular es la filosofía que reproduce y expande en sus propuestas y que se centra en la visión de que un objetivo central de tales reformas es aumentar lo que llama el ‘capital humano’ de los alumnos. En sí, adaptar el sistema educativo a las necesidades de recursos humanos de una economía es un objetivo razonable y deseable. Pero lo que distingue el enfoque adoptado en estas reformas es su visión tan reduccionista que pone tal objetivo como el centro de sus propuestas. Lo que tal reforma intenta es hacer de los alumnos, trabajadores productivos para que encajen en la máquina productiva del país, viendo a los alumnos como objetos cuyo valor a la economía exige que tengan, no sólo el conocimiento, sino también la actitud laboral necesaria para incrementar la producción. De ahí que otra característica de tales reformas es su énfasis en la disciplina (con ribetes autoritarios) y en la uniformización. El gran valor que adquieren en la reforma las pruebas test es un indicador de ello. Por lo demás, áreas que no se perciben como contribuyentes a la productividad y creación de capital, como se consideran las “Humanidades”, y en cierta medida también las “Ciencias Sociales”, dejan de tener importancia en la asignación de conocimiento en el currículum escolar. En esta visión, la función fundamental de la educación es servir a la economía, esta categoría conceptual que sirve para ocultar el sistema económico-político actual, que se basa, no en el mérito (como su narrativa falsamente proclama), sino en las relaciones de poder de clase y género que origina y reproduce.

La educación, sin embargo, no debería ser primordialmente un medio para alcanzar un fin económico, sino al revés, el proyecto económico debería ser el medio para facilitar y promover la calidad de vida de la ciudadanía, la cual requiere el pleno desarrollo del ser humano, tanto como persona como ciudadano. Todo ser humano tiene un gran potencial de creatividad que el sistema educativo debe promover. Esta visión economicista lleva también a una visión clasista de la educación, en la que la educación pública debe formar a trabajadores productivos y disciplinados y la privada (donde envían a sus hijos la mayoría de dirigentes del gobierno popular presidido por el señor Rajoy) debe cumplir con su misión de formar las élites gobernantes, bajo la guía espiritual de la Iglesia. La mayoría de las escuelas privadas están gestionadas por tal institución. El favoritismo de las reformas a la escuela privada reproduce tal visión clasista de la educación.

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA MUESTRA EL ERROR DE LOS SUPUESTOS DE LA REFORMA

El énfasis en incrementar el capital humano de la sociedad como manera de enriquecer a la ciudadanía, incrementando su productividad, tiene escasa evidencia empírica que la sustente. Veamos los datos. En una excelente presentación en el programa de Políticas Públicas de la Johns Hopkins University, en Baltimore, el economista John Schmitt (del prestigioso Center for Economic and Policy Research, de Washington) mostró como EEUU nunca antes había tenido un nivel educativo tan elevado como el que tiene ahora. El porcentaje de la población con educación universitaria nunca había sido más alto (el 30%) y el de escasa educación tan bajo (9%) como ahora. El incremento del primer grupo y el descenso del segundo grupo habían sido espectaculares en los últimos cuarenta años. Pero lo que es más importante que la evolución de los extremos era el incremento tan notable del nivel educativo de la gran mayoría de la población. Un indicador de ello es que casi el 60% de la población activa utiliza el ordenador en su puesto de trabajo.

Pero a pesar de ello, los salarios por hora (lo que el trabajador y empleado gana por hora) han disminuido entre la gran mayoría de hombres, aumentando sólo ligeramente entre la mayoría de mujeres (cuyo nivel inicial era mucho más bajo que el de los hombres) en los últimos casi cuarenta años (1973-2009). Otro dato presentado por John Schmitt era el notable crecimiento de la productividad, que no ha repercutido en el incremento paralelo de los ingresos de la clase trabajadora, que constituye la mayoría de la población en EEUU, cuyo nivel de educación ha aumentado considerablemente (En aquel país, el término “clases medias” se utiliza para definir primordialmente a la clase trabajadora). En realidad, las reformas neoliberales ampliamente extendidas a partir del mandato del presidente Reagan, tuvieron un impacto negativo para el bienestar de las clases populares, que se vieron en la necesidad de endeudarse para mantener su nivel de vida, origen del enorme endeudamiento de la población estadounidense. El aumento del nivel de renta y riqueza se ha concentrado en un sector muy minoritario de la población, cuyo altísimo nivel de renta no tiene nada que ver ni con mérito ni con la educación.

Una última observación. Nada de lo dicho debería interpretarse como un desmerecimiento que la educación tiene para la eficiencia económica de un país. El mejor ejemplo del valor del sistema educativo dentro de economías eficientes lo muestran la mayoría de países escandinavos, siendo la escuela finlandesa, por ejemplo, un punto de referencia en el mundo educativo. Ahora bien, la función primordial de la educación es formar ciudadanos libres, con capacidad creativa y decisoria en la gobernanza del país. Tal función no se respeta cuando a la educación se la ve primordialmente como un objetivo económico detrás del cual se oculta la reproducción de una sociedad clasista y sexista que dificulta la creatividad en la mayoría de la población.

Vicenç Navarro, 01/03/201

LO QUE ESPAÑA NECESITA: Nuevo libro de V. Navarro, J. Torres y A. Garzón ya disponible en pdf

LO QUE ESPAÑA NECESITA: Nuevo libro de V. Navarro, J. Torres y A. Garzón ya disponible en pdf

Lo que España necesita

En los próximos días se podrá adquirir en librerías nuestro nuevo libro, LO QUE ESPAÑA NECESITA. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP, que ha sido editado por Ediciones Deusto.

De momento, puede leerse en su versión digital descargándolo de aquí: Lo que España necesita.

Rogamos su lectura y difusión. No es posible salir de la situación en la que estamos sin hacer que la población tome conciencia de lo que verdaderamente sucede y de que hay alternativas a las medidas que se están adoptando solo para satisfacer a los de arriba.

Ganas de escribir, 07/06/12

Vicenç Navarro: La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Vicenç Navarro: La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

vnavarro.org, 17/02/12

Vicenç Navarro: Movimiento mundial prodemocracia

Vicenç Navarro: Movimiento mundial prodemocracia

Se está estableciendo un movimiento a nivel mundial, que se manifestará este sábado 15 de octubre en muchos países, que amenaza a las estructuras del poder financiero, económico y político de los estados, no sólo árabes, sino también de Europa y ahora de EEUU. Su demanda es la democracia, es decir, exigir que existan sociedades democráticas en las que sea la ciudadanía la que gobierne su quehacer colectivo. Donde primero aparecieron estos movimientos fue en países árabes. Eran movimientos antidictatoriales que aparecieron como consecuencia de la aplicación por parte de sus gobiernos de medidas neoliberales (promovidas por los gobiernos estadounidenses y europeos) que habían determinado una enorme concentración de poder económico y financiero que había coaptado al poder político. Resultado de ello era una percepción generalizada entre las clases populares de que sus estados eran insensibles a sus necesidades, incluso las más básicas y elementales como la mera subsistencia.

En principio, tales movimientos prodemocráticos contaron con notable simpatía en los centros mediáticos de los países autodefinidos como democráticos. Pronto se dieron cuenta, sin embargo, de que no era una demanda limitada al mundo árabe. Era una demanda que estaba también apareciendo en su mundo, y que señalaba la contradicción clara entre la narrativa oficial, supuestamente democrática, de sus establishments políticos, por un lado, y la experiencia real en la que las mayores decisiones que se estaban tomando por parte de sus instituciones llamadas representativas (y que afectaban y continúan afectando negativamente el bienestar de la mayoría de las poblaciones) se hacían sin la participación o mandato de la ciudadanía. Tales movimientos prodemocracia denunciaron la obvia falsedad del discurso oficial supuestamente “democrático”. El caso más reciente son las medidas de austeridad, altamente impopulares, que se están imponiendo a la población de estos países por parte de gobiernos, sin que la ciudadanía haya tenido la oportunidad de decidir sobre tales medidas.

No es casualidad que las primeras movilizaciones prodemocracia en los países supuestamente democráticos surgieran en España, el país de la UE-15 donde el sistema democrático es más limitado (resultado de una Transición de una dictadura a una democracia que, consecuencia del domino de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado en tal proceso, dio pie a una democracia muy limitada e insuficiente) y donde las consecuencias de las políticas de austeridad han sido más dramáticas. En España, el 42% de la juventud está sin trabajo. Tal movimiento, conocido como el movimiento de los indignados, o 15-M, ha inspirado muchos otros. Todos ellos tienen en común el objetivo de eliminar la enorme influencia que el poder financiero y económico tiene en sus sociedades, incluyendo sus instituciones representativas.

El último caso es el movimiento “Nosotros somos el 99% de la población” de EEUU, que denuncia que las instituciones políticas estadounidenses, así como la vida financiera y económica del país, están controladas sólo por un 1% de la población. Como señaló recientemente Joseph Stiglitz, “lo que vemos en EEUU es el gobierno del 1% de la población, para el 1% de la población y por el 1% de la población”. El poder de este 1% (el poder financiero, económico y político en EEUU) es enorme. Este 1% tiene el 40% de toda la riqueza del país. Este 1% ha adquirido un enorme poder político durante la época neoliberal. Mientas que en los años sesenta pagaban el 51% de sus rentas en impuestos, ahora pagan sólo un 17%. Como consecuencia, tales ingresos, que representaban el 33% de los ingresos al Estado en aquella época, ahora representan sólo un 7%. Grandes corporaciones como Exxon Mobil, que en 2009 consiguieron 45.200 millones de euros en beneficios, no pagaron ni un centavo al Estado.

Mientras tanto, el 22% de los niños en EEUU vive en situación de pobreza, el número de personas que desearía trabajar y no encuentra trabajo representa, según su Ministerio Federal de Trabajo, el 17% de la población adulta, y 48 millones de ciudadanos no tienen cobertura sanitaria. Las políticas seguidas por el Congreso de EEUU, cuyas figuras claves están financiadas en gran parte por este 1% de la población, está siguiendo políticas fiscales que acentúan todavía más la enorme concentración de poder económico y político. De ahí que el 82% de la población no considere que el Congreso de EEUU representa sus intereses.

Estas son las consecuencias políticas del neoliberalismo. Pero es parte de la condición humana la capacidad de rebelión. Y esto es lo está ocurriendo en gran número de países. Tales movimientos están siendo tratados con gran hostilidad por parte de los establishments mediáticos próximos al capital financiero. Así, el corresponsal en EEUU de uno de los rotativos de mayor difusión de España (que se autodefine de centro liberal) definió al movimiento de los indignados estadounidenses como un movimiento que refleja “las viejas aspiraciones hippies de solidaridad” (asumiendo que la solidaridad fuese un objetivo sólo de los hippies), ignorando, por cierto, al movimiento obrero, cuyos sindicatos son definidos por aquel corresponsal “como las instituciones más corruptas de EEUU”.

Tal movimiento se ha extendido a gran número de ciudades en EEUU (Philadelphia, Boston, Baltimore, Washington, Chicago, Los Angeles, Detroit, y muchas otras) e incluye a todos los grupos etarios, a muchos grupos y clases sociales, y han sido apoyados por los sindicatos estadounidenses, cuyo nivel de corrupción es mucho menor que el existente en las instituciones empresariales, políticas y mediáticas de aquel país. En realidad, estos movimientos de indignados son continuadores de aquellos otros que les precedieron en su lucha por un mundo mejor.

Público, 13/10/11

Vicenç Navarro: ¿Existe lucha de clases?

Vicenç Navarro: ¿Existe lucha de clases?
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Warren Buffet es uno de los ricos más superricos de EEUU y del mundo. Se caracteriza por ser inteligente, por conocer muy bien la realidad que le rodea y por hablar muy claro, frecuentemente en contra de la clase social a la que pertenece. Es, como The Wall Street Journal lo define, un “traidor a su clase”. Entre sus declaraciones, la más citada por los no ricos es aquella en la que indicó que, en contra de aquellos que creen que ya no hay clases sociales en EEUU (y que, por lo tanto, asumen que el concepto de lucha de clases es anticuado e irrelevante), la realidad que él conoce es que sí que hay clases sociales y que también existe una lucha entre ellas en la que su clase –los superricos– gana cada día a costa de los intereses de la mayoría de la población, que consigue sus rentas a partir del trabajo en lugar del capital.

Tal señor escribió recientemente un artículo en The New York Times, Stop Coddling the Super-Rich (Basta de mimar a los superricos, 15-08-11), en el que explicaba los impuestos que él paga comparándolos con los que pagan los empleados de su compañía (él es un inversor financiero). Señala que pagó este año en impuestos 6.938.744 dólares, lo cual, señala, es una cifra más que respetable. Pero tal cantidad es menos del 17% de sus ingresos anuales, un porcentaje mucho menor que el de sus empleados, cuyo porcentaje varía desde el 33% al 41%, con un promedio (de los empleados de su despacho) de un 36%. Considera, con razón, que ello no es justo. Y subraya que los superricos no están contribuyendo al sacrificio general que el Gobierno federal de EEUU está pidiendo de todos los ciudadanos para salir de la crisis. A ninguno de los superricos se le ha pedido hasta recientemente que haga ningún sacrificio, y ello a pesar de que –tal como señala Buffet– la crisis les ha ido muy bien a los superricos.

¿Y cómo puede ser que paguen mucho menos en impuestos que la clase trabajadora y que las clases medias? Buffet lo dice claramente. La mayoría de su renta deriva de los beneficios que consigue de sus inversiones (la mayoría inversiones financieras). Es decir, es dinero de lo que antes se llamaba el capital financiero. Subraya Buffet que los impuestos sobre las rentas del capital (como el Impuesto de Sociedades) gravan mucho menos que las rentas del trabajo, lo cual le parece una profunda injusticia. Según él, todas las rentas, tanto las derivadas del capital como las derivadas del trabajo, deberían gravarse por igual, sin privilegios (como ocurre ahora) a las rentas del capital, que se gravan mucho menos. En realidad, no sólo gravan menos, sino que incluso han ido descendiendo más y más, bajo el argumento de que disminuir tales impuestos al capital facilita la creación de puestos de trabajo. La sabiduría convencional en el conocimiento económico –que, en general, está sesgado a favor de las rentas del capital– promueve políticas que favorecen estas últimas a costa de las rentas del trabajo, argumentando que es necesario incentivarlas para conseguir más inversión y más empleo. Pero, como Buffet señala en su artículo en The New York Times, los ingresos derivados del capital han crecido astronómicamente para los superricos, a la vez que los impuestos sobre tales rentas han ido disminuyendo y, sin embargo, la creación de puestos de trabajo en EEUU ha sido menor que antes (de 1950 a 1980) cuando las rentas del capital se gravaban mucho más que ahora.

En realidad, las políticas fiscales que definen quién paga impuestos y en qué cantidad no vienen definidas por factores económicos, sino por factores políticos, lo cual quiere decir por el poder e influencia que distintos colectivos de personas tienen en nuestras sociedades sobre las instituciones políticas (y mediáticas). Y de estos colectivos, los ricos y superricos (lo que solía llamarse la clase capitalista o burguesa, términos hoy abandonados por considerárseles anticuados) son los más influyentes. El hecho de que no se hable de clases sociales y lucha de clases en España se debe precisamente a su enorme poder sobre las instituciones políticas y mediáticas. Como consecuencia, la versión convencional de la estructura social de nuestros países afirma que las clases sociales básicamente han desaparecido, puesto que la mayoría de ciudadanos pertenece a la clase media, aceptando que por encima están los ricos –la clase alta– y por debajo los pobres –la clase baja–. Por lo demás, hablar de clase capitalista o burguesía, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora (la mayoría de la población) se considera ser muy anticuado. Las ciencias sociales, sin embargo, son ciencias. Y la clase social es una categoría científica. Y en ciencia no debe confundirse antiguo con anticuado. La ley de la gravedad es muy antigua, pero no es anticuada. Si lo duda, salte de un cuarto piso y lo verá. Y esto es lo que está ocurriendo a gran parte de las izquierdas gobernantes. Están saltando del cuarto piso y están cayendo en picado.

El famoso dicho del presidente Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”, continuando unas políticas iniciadas en España por el Partido Popular, ha favorecido enormemente a la clase capitalista (es decir, aquel colectivo que deriva sus rentas del capital), que como bien dice Buffet, existe. Y los datos de la Agencia Tributaria española así lo documentan. Mientras que los ingresos al Estado derivados de la gravación a las rentas del trabajo han ido aumentando desde 2006 (pasando de representar 430.428 millones de euros en 2006 a 494.431 millones de euros en 2010), las derivadas del capital han descendido considerablemente, pasando de 75.027 millones de euros a 53.455 millones de euros, y ello en gran parte, como consecuencia de las bajadas de impuestos, sobre todo a las rentas superiores y del Impuesto de Sociedades. ¿Dónde está la versión española de Buffet?

Público, 22/09/11

Vicenç Navarro: Carta a diputados y senadores

Vicenç Navarro: Carta a diputados y senadores

Querido diputado y/o senador de las Cortes Españolas:

Hace unos días, antes de que las Cortes aprobaran la reforma constitucional y la Ley Orgánica que la complementa, le escribí una carta en la que, considerando la enorme importancia de la medida que se iba a discutir en las Cortes españolas, le pedía que en caso de que se aprobara, usted permitiera con su voto que tal medida fuera sometida a un referéndum para su ratificación, tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución. Colgué tal carta en la red y, con la ayuda de Actuable, en pocos días casi 150.000 ciudadanos añadieron su firma a tal petición. Desde entonces, la respuesta ha sido enorme. Y las encuestas muestran que la gran mayoría de la ciudadanía española es partidaria de que haya un referéndum que le permita no sólo dar su opinión, sino decidir sobre tal medida, pues, como señala la Constitución, tal referéndum sería vinculante.

Ahora, cuando la reforma constitucional ha sido aprobada por las Cortes, es más necesario que nunca que sea refrendada –bien aprobada, bien rechazada– por la ciudadanía española de la cual deriva todo el poder que tienen las Cortes en su responsabilidad delegada. Cuando un ciudadano vota a una opción política, lo hace en base a su programa electoral. Si una medida de tal envergadura es aprobada por mayoría en las Cortes por miembros de partidos políticos, cuando ninguno de ellos había propuesto esta medida en su programa electoral, esta debiera ser refrendada por la ciudadanía. Tiene que ofrecérsele a esta una oportunidad para expresar su deseo y mandato, pues forzándole sólo a que exprese su oposición o aprobación a tal medida en las próximas elecciones es –espero que usted esté de acuerdo– tener una visión excesivamente limitada y reduccionista de lo que es democracia. El escaso desarrollo de referendos en España, no sólo a nivel central, sino también autonómico y local, parece reflejar un temor a la ciudadanía que no puede justificarse, como lo ha hecho uno de los escritores de la Constitución en unas declaraciones recientes, en base a querer evitar el ejemplo de los plebiscitos durante la dictadura. La homologación de referendos en democracia con plebiscitos bajo la dictadura es, además de ofensivo para la democracia, ignorar y/o confundir la enorme diferencia entre participación ciudadana en una democracia e imposición de una medida gubernamental en una dictadura.

De ahí que no permitir a la ciudadanía que decida en una materia de tal trascendencia es contribuir a la percepción, ampliamente sostenida, de que existe una enorme distancia en España entre los gobernantes y los gobernados. Usted habrá leído que, según las encuestas, la clase política es el tercer problema que la población española indica que existe en España. Admitirá, pues, que ello es un síntoma de que algo no funciona suficientemente bien en nuestra democracia, percibiéndose a los representantes limitados en su representatividad, excesivamente influenciados por intereses ajenos a los de la ciudadanía a la que representa. La toma de decisiones ahora que afectan enormemente a la vida de los ciudadanos, sin haber estos sido consultados, sería un error enorme que aumentaría, todavía más, esta distancia entre gobernantes y gobernados que, según la ciudadanía, existe en la insuficiente y limitada democracia española.

La democracia ha costado muchísimo en España. La democracia no fue, como sectores conservadores señalan, una democracia otorgada, sino una democracia ganada por la presión popular. Costó mucho llegar a donde estamos y no podemos permitirnos que se desacredite y se deslegitime la democracia existente. Cuando usted vote, en un momento histórico, para permitir que haya o no un referéndum, piense por un momento en los miles y miles de españoles fusilados, torturados, prisioneros y exiliados para que usted tenga el honor de representar al pueblo español. Pero este honor conlleva responsabilidades. Y una de ellas no puede ser que usted vote en contra de permitir al pueblo español que sea consultado y sea él el que decida.

Permítame, por último, una nota de aclaración que incluí en el preámbulo de mi carta anterior. Algunos defensores de la medida aprobada niegan que, en sí, la reducción del déficit del Estado que se exige en la medida aprobada afecte negativamente el Estado del bienestar de los españoles. Pero la experiencia histórica muestra que ello será así. Cuando las Cortes españolas decidieron la integración de España en la eurozona, se acordó llevar a cabo el mandato de Maastricht, que exigía que el déficit público del Estado fuera menos de un 3% del PIB. En sí, esta medida no tenía por qué afectar negativamente al bienestar de la población española, pues la reducción del déficit no tiene por qué disminuir el gasto público (la mayoría del cual es gasto social) o incluso evitar su expansión. Los impuestos, por ejemplo, pueden aumentarse, reduciéndose el déficit, y, si los ingresos al Estado se incrementan notablemente, se puede, incluso, aumentar el gasto público social.

Esto es la teoría. Pero, en la práctica, la solución que se escogió fue reducir el gasto público, incluyendo el social. España, que tenía y continúa teniendo el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 en 1993, cuando se iniciaron las medidas de reducción del déficit, vio aumentar su déficit de gasto público social (medido por la diferencia existente de gasto público social per cápita entre España y el promedio de la UE-15) de una manera muy notable. Y lo mismo está ocurriendo ahora. De ahí que tal medida impedirá corregir el enorme déficit social de España. Es probable que usted tenga otra opinión sobre ello. Y respeto su postura. Pero no puede negar la necesidad imperiosa en una democracia de que tal medida se debata y sea aprobada por la ciudadanía de la cual deriva su poder delegado. Espero que en esto esté de acuerdo.

Atentamente.

Público, 15/09/11

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución
Acción promovida por Vicenç Navarro

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado

Señorías,

El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.

Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.

Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.

Atentamente,

actuable, 23/08/11

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Vicenç Navarro: Las falacias del neoliberalismo

Vicenç Navarro: Las falacias del neoliberalismo

Este artículo señala que el monopolio existente en los medios de mayor difusión del país (que influencian en gran manera la cultura política de España) por parte del dogma neoliberal explica la falta de rigor científico de muchos de sus supuestos que se reproducen sin ninguna crítica en aquellos medios. Este artículo muestra datos empíricos (sistemáticamente ignorados) que cuestionan cada uno de aquellos supuestos. Hoy se están realizando políticas públicas neoliberales que dañan enormemente a las clases populares sin que exista ninguna base científica que apoye su postulado. No es, pues, el conocimiento científico sino la defensa de intereses financieros y económicos lo que está guiando tales políticas.

El monopolio del pensamiento económico por parte del neoliberalismo en España es casi absoluto. La falta de diversidad en los medios de información económica y en los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión) es abrumadora, lo cual explica que posturas claramente ideológicas, sin ninguna base empírica que los apoye, se presentan como verdades científicas sin que exista la oportunidad de cuestionarlas y mostrar su falacia o error. La impermeabilidad del dogma neoliberal a los datos es una de las consecuencias de un dominio casi total en la literatura económica, lo cual les permite sostener tesis altamente cuestionables o ampliamente erróneas sin haber sido sometidas a un escrutinio y debate con posturas más críticas de la sabiduría convencional que reproducen.

Una de tales falacias es que la única manera posible de salir de la crisis en la que se encuentra España es a base de las políticas de recortes del gasto público social, reduciendo todavía más su escasamente desarrollado estado del bienestar. De esta manera se están imponiendo unos enormes recortes de tal gasto y del empleo público en el país que tiene el gasto público social (que financia las transferencias públicas –como las pensiones- y los servicios públicos –como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, la vivienda social, entre otros-) más bajo de la UE-15, el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico que el nuestro. Y todo ello justificado con el argumento de que hay que reducir el gasto público social a fin de salir de la crisis. El “gran debate mediático” se centra, pues, en como recortarlo, y ello a pesar de la enorme evidencia que existe de que estas medidas son totalmente contraproducentes, tal como muestra lo que está ocurriendo en Grecia y en Irlanda, donde tales recortes están empeorando espectacularmente la recuperación económica. En realidad, lo que debiera hacerse es la expansión muy marcada de ta gasto público para estimular la economía y la creación de empleo.

Vicenç Navarro: El porqué del declive de la Nueva Vía en el socialismo español

Vicenç Navarro: El porqué del declive de la Nueva Vía en el socialismo español

Este artículo analiza las causas del declive del partido gobernante, el PSOE, incluyendo el dominio de la sensibilidad Nueva Vía en la configuración de las políticas económicas, fiscales y sociales del gobierno Zapatero. Su declive es semejante al ocurrido en la Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia, países en los cuales las izquierdas gobernantes han abandonado principios básicos de la socialdemocracia, antagonizando así a sus bases electorales.  La crisis de la socialdemocracia en Europa es consecuencia del abandono de las políticas que caracterizaron a la socialdemocracia sustituyéndolas por políticas neoliberales altamente impopulares entre sus bases electorales y muy en especial entre las clases trabajadoras.

La socialdemocracia europea (cuya máxima expresión fue la socialdemocracia sueca) se había caracterizado durante el periodo que abarcó desde el fin de la II Guerra Mundial hasta los años setenta por su estrategia política que consistía en expandir su base electoral, basada hasta entonces en la clase trabajadora, para incluir también a las clases medias, lo cual consiguió mediante el desarrollo de programas universales (es decir, programas que cubrían a toda la ciudadanía), con expansión de derechos sociales y laborales. Tal expansión fue la base del Estado del bienestar socialdemócrata, que incluía las transferencias públicas y los servicios públicos que el estado (bien central, regional o autonómico, o municipal) garantizaba a todos los ciudadanos. El concepto de ciudadanía incluía derechos sociales y laborales. Y el Estado (como representante de la ciudadanía y a su servicio) garantizaba la universalidad de tales derechos.

A fin de mantener la lealtad de las clases medias (cuyas expectativas eran mayores que las de la clase trabajadora), este estado del bienestar tenía que estar bien financiado, lo cual requería una política fiscal progresiva, es decir, unos elevados impuestos, altamente progresivos y redistributivos, basados en una elevada población empleada. Trabajo significaba riqueza y pagar impuestos. Y de ahí la necesidad de facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante una amplia red de servicios de ayuda a las familias que permitieran a la mujer compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional (además de cambiar la cultura del varón, corresponsabilizándole de las responsabilidades familiares).

Vicenç Navarro: Los ricos y la deuda pública

Vicenç Navarro: Los ricos y la deuda pública

Los ricos son muy pocos en cualquier país, pero tienen un enorme poder. Y un indicador de este poder es lo que está pasando con la deuda pública tanto en EEUU como en la Unión Europea, incluyendo España. Su influencia sobre el Estado de tales países implica que sus impuestos han ido descendiendo durante los últimos 30 años (en España durante los últimos 15) de una manera muy notable, haciéndose cada vez más ricos. Esta gran reducción de ingresos a los estados ha significado que estos han tenido que endeudarse, pidiendo préstamos a los bancos donde los ricos depositan e invierten su dinero. O sea que los ricos, en lugar de pagar al Estado (en impuestos), le prestan el dinero que han ahorrado al evitar pagar impuestos al Estado, el cual les tiene que pagar unos intereses. El sistema es perfecto para los ricos (y para los bancos donde los ricos depositan su dinero), transfiriendo así una gran cantidad de fondos del sector público a los ricos y a sus bancos.

Veamos los datos, comenzando por EEUU. Según Robert Reich, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Clinton, el tipo máximo de gravamen de los ricos (el 1% de la población con mayor renta) de EEUU era, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, casi un 70%. O sea, por cada dólar que ingresaba la gente más rica, tenía que pagar 70 centavos al Estado en impuestos. En aquellos tiempos incluso presidentes republicanos como Dwight Eisenhower creían que no era bueno para la sociedad que hubiera desigualdades extremas. Esta creencia respondía a la fuerza que tenían las izquierdas que configuraban la cultura política dominante durante el período 1950-1980. Ni que decir tiene que los ricos intentaban escabullirse de pagar ese 70%. De ahí que, a base de deducciones y otras medidas, este 70% bajaba al 50%. Por otra parte, el impuesto sobre el rendimiento del capital era del 35%.

Todo esto cambió con el presidente Reagan, que inició la revolución reaccionaria neoliberal. Tal presidente bajó los impuestos de los ricos de una manera muy notable (aunque subió los impuestos de todos los demás; en realidad fue el presidente que más subió los impuestos en tiempos de paz en EEUU). Se inició así toda una serie de políticas que han llevado a una situación en la que los ricos pagan ahora sólo un 36% al Estado. Del 50% al 36% durante el periodo 1980-2011. Y los impuestos sobre el rendimiento del capital bajaron del 35% al 15%. Tales ventajas fiscales alcanzaron tal nivel que, en 2010, 18.000 familias ricas no pagaron ningún impuesto. En realidad, las 400 familias más ricas de EEUU han pagado únicamente el 18% de sus ingresos en impuestos al Estado federal. Como consecuencia de estas políticas, el 1% de renta superior que en los años setenta ingresaba el 9% de toda la renta nacional, en 2010, ingresó nada menos que un 20% de la renta nacional.

Tal concentración de las rentas crea un enorme problema económico: la falta de demanda que estimule la economía y cree empleo. Los ricos tienen tanto dinero que, cuando consiguen más dinero, en lugar de aumentar su consumo, lo invierten, a fin de acumular más y más dinero, creando un problema grave. En momentos de recesión, se necesita que la gente consuma para que crezca la demanda. Pero si el 20% de la renta nacional la tiene el 1% de la población que (en términos proporcionales) consume menos, se crea un gran vacío en la demanda.

Vicenç Navarro: El fracaso del neoliberalismo en el mundo y en la Unión Europea

Vicenç Navarro: El fracaso del neoliberalismo en el mundo y en la Unión Europea

Este artículo muestra datos empíricos que claramente señalan el fracaso del neoliberalismo, promocionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a nivel mundial y por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo a nivel de la Unión Europea.

Desde los años ochenta del siglo XX hemos visto la aplicación de políticas neoliberales en muchas parte del mundo (impulsadas por organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), políticas que han sido también impulsadas por la Unión Europea (por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo).

Este artículo analiza el impacto de estas políticas, a nivel mundial y a nivel de la UE.

El impacto del neoliberalismo en el mundo

Uno de los centros de investigación económica de EEUU, el Center for Economic and Policy Research (CEPR), ubicado en Washington, acaba de publicar el estudio más detallado que haya existido sobre la evolución de los indicadores económicos y sociales de los países de las Naciones Unidas desde 1960 a 2000, dividiéndolo en dos periodos, 1960-1980 y 1980-2000. Esta división se basa en el cambio de paradigma económico que ha dominado el Fondo Monetario Internacional, pasando de keynesianismo en la época 1960-1980 al neoliberalismo en el periodo 1980-2000. De esta manera el estudio hace también una evaluación de las políticas seguidas en el primer periodo (que se caracterizaron por un intervencionismo público en la economía, acompañado de una regulación de los mercados, incluyendo los mercados financieros) con las seguidas en el segundo periodo (una priorización de las fuerzas del mercado con inhibición del papel del estado y desregulación de los mercados, incluyendo los mercados financieros).

El estudio agrupa a los países en cinco grupos según su nivel de desarrollo económico al inicio de cada periodo es decir, 1960 y 1980. Los resultados del estudio rompen con muchos supuestos de la sabiduría convencional (y doctrina oficial del FMI), incluido el supuesto éxito de las políticas neoliberales. El informe muestra como los indicadores económicos y sociales sufrieron un retraso en su mejoramiento durante la segunda época 1980-2000 y ello no como resultado de que el rápido mejoramiento de tales indicadores en el periodo 1960-1980 hubiera agotado las posibilidades de continuar mejorando durante el periodo 1980-2000, sino que la ralentización se debía a las políticas neoliberales que obstaculizaron la continuación de tal progreso. Precisamente para evitar el efecto llamado en inglés “The diminishing returns” (es decir que a mejores niveles de bienestar es más difícil continuar mejorando tal bienestar), se estandarizó el nivel de desarrollo económico comparando países con el mismo desarrollo económico al inicio de la aplicación de las políticas neoliberales con otros países de igual nivel de desarrollo económico al inicio de las aplicaciones de las políticas keynesianas.

Vicenç Navarro: ¡Rebélate!

Vicenç Navarro: ¡Rebélate!

Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.

Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.

Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen, promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso, los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de “externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.

Vicenç Navarro: Recuperar la democracia

Vicenç Navarro: Recuperar la democracia

Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.

Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.

Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.

La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.

Vicenç Navarro: La banca, Fedea y la cultura económica dominante

Vicenç Navarro: La banca, Fedea y la cultura económica dominante

Este artículo señala las semejanzas en la manera como la industria farmacéutica configura la cultura médica y como la banca influencia la cultura económica. El artículo alerta del peligro que supone para la sociedad, la instrumentalización de las Universidades por grupos de presión como la banca a fin de promover su ideario político. El artículo muestra casos de cómo el capital financiero ha influenciado las políticas financieras del estado y como ha instrumentalizado el mundo universitario para reproducir la ideología económica sensible a sus intereses.

Uno de los mayores escándalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de que varios científicos, que estaban asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la bondad de la vacunación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que estaba fabricando tal vacuna, hecho que tales científicos no habían declarado. Como era de esperar, hubo una protesta generalizada, no sólo en la comunidad científica, sino también en la gran mayoría de medios de información, sobre la falta de neutralidad y objetividad de aquellos científicos que, al trabajar para la compañía farmacéutica que se beneficiaría de la decisión que tomó la OMS, estaban sesgando su asesoramiento a la OMS con el fin de favorecer otros intereses económicos.

En realidad, tal conflicto de intereses ha sido una práctica constante en la cultura científico-sanitaria, lo cual ha motivado toda una serie de medidas, tales como la necesidad de que los científicos tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan beneficiarse del trabajo del científico. Y, en muchos casos, deben también excusarse y no participar en funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales grupos económicos.

Es curioso (y preocupante) que tales políticas sostenedoras de la integridad científica y de la protección del interés público no se respeten en las áreas económicas. Así, en EEUU, 13 de los 19 economistas que han estado trabajando en el equipo económico del Presidente Obama, o que le han estado asesorando, estaban también asesorando a la banca sobre la cual el gobierno federal estaba actuando. Un tanto semejante ocurre en la rama legislativa del gobierno federal. De los 96 testimonios producidos por economistas frente a los dos comités más importantes del Congreso de EEUU en temas de regulación bancaria (Senate Committee of Banking y Finantial Services Committee), un tercio de las declaraciones se realizaban por economistas próximos a la banca que no declararon tal relación en la presentación de su testimonio. Todos ellos se presentaron como economistas (la gran mayoría universitarios), científicos objetivos, comprometidos con el bienestar de la población. Como bien señaló más tarde un Senador de tal Comité, que se indignó al descubrir estas conexiones, “no puede asumirse automáticamente que el bienestar de la banca y el bienestar de la población coincidan”. De ahí la necesidad de que las conexiones y simpatías de los economistas debieran declararse.

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